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Imagen del Valle de Tambo


María Chauca Castillo.

Semanas previas a la audiencia final del proyecto Tía María, el municipio de Deán Valdivia organizó talleres informativos para los pobladores de la zona. El ingeniero geólogo Otto Hito Urquizo, agricultor del valle, analizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera y acá le hace cuestionamientos.

¿Cómo califica el nuevo EIA de Tía María?
Existen contradicciones y falsedad de datos. En la metodología hay un sesgo para minimizar la contaminación en diferentes formas.

¿Cómo se minimiza?
En el caso de la pluviometría, el EIA considera la estación del Senamhi de La Joya, a 45 Km del campamento, teniendo la estación de Pampa Blanca a 10 Km. En La Joya precipita 2.18 milímetros y en Pampa Blanca por encima de los 7 milímetros. La minera dice que en esta zona no llueve y no hay humedad. Por eso dejarán el ripio (material de desperdicio de la extracción) a la intemperie, sin geomembranas que lo cubran solo arcilla compactada en la base de las quebradas.

¿Qué pasa con el ripio a la intemperie?
Según el EIA, cuando la roca pasa por el proceso de lixiviación, el ácido sulfúrico mezclado con el agua separa el cobre y deja la roca inerte. Esto no es así. La eficiencia del ácido llega al 67%. Más de 30% de contenido de cobre metálico se queda en la piedra. Ahora, todo el proyecto está encima de un acuífero que no es grande como para extraer agua o generar una irrigación, pero es importante. Cuando hay precipitaciones, el ácido y metal que quedan en la roca se drenarán por el acuífero, contaminando y llegando a su vez al río Tambo y el mar. Va a afectar los suelos, las plantas y el camarón.

¿Cuántas toneladas de ripio se van a acumular?
Hablamos de más de 400 millones de toneladas en los 18 años que durará la explotación. Va a quedar un pasivo ambiental que no podrá neutralizarse en miles de años. El problema es la calidad del agua. Con el funcionamiento del proyecto la agricultura se vendrá abajo.

¿En qué va a afectar el agua contaminada?
Se va a percibir en el bajo rendimiento de la producción. En vez de producir, por ejemplo entre 7 mil u 8 mil kilos de arroz por hectárea, bajará a 5 mil o 4 mil. Y otra consecuencia será el inicio de enfermedades, como el cáncer. La gente del valle consume esta agua y no solo hablamos de que esté contaminada con cobre, sino también, en menor proporción, con arsénico, cromo, cadmio y otros metales pesados que se generarán en el proceso de extracción.

Southern asegura que el ácido sulfúrico no se evaporará. ¿Es cierto?
El ácido diluido con agua en el proceso de lixiviación se evapora con mayor facilidad que un ácido puro. Dentro de sus características el ácido es un líquido higroscópico, es decir que atrapa la humedad. En consecuencia se evapora. La minera colocará un sistema de irrigación para limpiar el aire durante el proceso, pero eso no va a impedir que se evapore.

La minera asegura que esta zona es desértica, sin humedad.
No es cierto. La calidad de los suelos en ese lugar es óptima a consecuencia del clima, con las garúas, lluvias, a través de los años. Hay buenos suelos inclusive para la agricultura. La prueba fehaciente es que al costado está la irrigación de San Camilo.

¿Y los vientos? La minera asegura que solo se volará cuando corran de sur a norte…
En el capítulo 4 del EIA que explica la línea base, se concluye que la rosa de vientos está en todas direcciones. Hay un predominio durante el día hacia una dirección, pero cambia en momentos. Se puede concluir que el material particulado que quedará después de las explosiones y los gases del mismo serán llevados de forma indistinta.  

 

 
Foto: Perú 21

Escribe: José De Echave C.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.

La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.

Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.

El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.

Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.

Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.

El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.

Escrito: Dic 21, 2013 Actualizado: Dic 22, 2013




Protestas. En el primer taller donde exponían el EIA de Tía María hubo protestas que dejaron heridos a diez policías. Protestas. En el primer taller donde exponían el EIA de Tía María hubo protestas que dejaron heridos a diez policías.
Conflicto. Hasta el cierre de edición, Southern confirmó que el segundo taller será en la misma fecha. Alcaldes y dirigentes que se oponen al proyecto plantean reuniones previas.

Cecilia Mendoza.
Arequipa.

El primer taller participativo sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) delproyecto Tía María de Southern Perú prendió la mecha del conflicto social. Esta actividad terminó en medio de protestas de un grupo de pobladores que rechazan la operación minera.

El dirigente Jaime de la Cruz y el alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale, justificaron las manifestaciones en contra. Aseguran que los participantes del taller -requisito exigido para aprobar el EIA- no eran pobladores del Valle del Tambo. Y que a varios de los interesados en escuchar detalles del proyecto no los dejaron ingresar.

De la Cruz confirmó que el miércoles 30 a las 00:00 horas iniciarán un paro de 24 horas contra la compañía minera, a la que acusan de sacar Tía María contra viento y marea.

Según el dirigente, la mayoría de pobladores de la zona de influencia tiene temor de la actividad extractiva. “Ellos (la mina) dicen que la mayoría los apoya, si eso fuera verdad ellos mismos hubieran echado a los manifestantes que fueron a protestar en el primer taller”, indicó.

Para De la Cruz, quienes apoyan a la mina aún son pocos y esto lo consiguen a base de regalos.

PROPUESTA

De la Cruz pidió hablar con las autoridades para que estas alcancen a Southern las preocupaciones ambientales y de ordenamiento territorial, y un mapa que zonifique en donde se dará cada actividad.

En esta reunión se debe tomar acuerdos, refirió el dirigente, y después de ella se consultaría si se quiere escuchar a la mina. El lugar por tanto debe ser grande. La única condición es que los asistentes tengan voz y voto.

Por su parte, Richard Ale solicitó a los empresarios suspender el segundo taller participativo hasta que exista un ambiente de paz social.

Este mismo pedido lo realizó un día antes el presidente regional Juan Manuel Guillén. La autoridad solicitó a la empresa minera no precipitarse con la obtención de la licencia social, la luz verde de la ciudadanía para operar.

REUNIÓN PREVIA

Guillén propuso que antes de realizar los talleres se pacten las condiciones para estas reuniones con los alcaldes y dirigentes.

“Tengan por favor una reunión, un diálogo sobre las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el taller, me parece que es lo más prudente”, dijo la autoridad.

El presidente Guillén Benavides pidió a la minera tomar en cuenta que hay personas (contra la minería) que están dispuestas a poner en riesgo su vida y otras vidas.

Durante el primer taller participativo del proyecto, una turba de manifestantes encapuchados intentaron quemar el local y lanzaron piedras hacia la zona donde representantes de la mina exponían el EIA. Los policías fueron los más perjudicados


Los conflictos sociales han dejado en los últimos cinco años la alarmante cifra de 218 muertos y 3,000 mil heridos, señala el Defensor Adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque. La mayoría de conflictos en el país son producidos por la actividad minera, que tiene una legislación que impulsa dicha actividad, pero que no prevé con la misma disposición los derechos de las comunidades y poblaciones con respecto al agua, la agricultura y los bosques.

¿Cuál es su análisis de los conflictos sociales surgidos este año en el país?
—Los conflictos socioambientales, como en años anteriores, pueden llegar a niveles de escalamiento de violencia muy serios. Nos sigue preocupando la cifra de personas muertas y heridas, de enero de 2007 a la fecha han muerto 218 personas en conflictos sociales y más de 3 mil personas resultaron heridas. El año también estuvo marcado por el caso Conga, principalmente por el caso Espinar y el proyecto minero Quellaveco, en Moquegua.

—¿Qué conflictos acumulados nos traerían más problemas para el próximo año?
—El caso Majes Siguas, que explica una disputa por el recurso hídrico entre Cusco y Arequipa. También lo sería el caso Kañaris en la sierra de Lambayeque, que enfrenta actualmente a las comunidades de Kañaris y la compañía minera canadiense Candente Cooper (por el proyecto minero “Cañariaco”). Otro es el caso Conga, que está cerrado y exigirá al Estado tomar decisiones adicionales.

—¿Por qué hay serias diferencias en los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales del Ejecutivo? La PCM dice que son 20 conflictos resueltos y ustedes 5 casos.
—Hay diferencias en la forma de entender la conflictividad y las formas de medirla. En primer lugar, la Oficina de Diálogo considera que hay diferencias, controversias y conflictos sociales, eso lo ubicamos en la etapa temprana del conflicto, es decir, cuando identificamos que las partes tienen intereses contradictorios. Es importante considerarlo así para identificar el conflicto lo más temprano posible y encausarlo por la vía del diálogo o de la ley.

Consideramos también conflictos latentes, que son los que no se han manifestado de forma pública o que, habiéndolo hecho, han decaído el interés de ambas partes por mantenerlo vivo.

—¿Qué otros sistemas de medición consideran a diferencia de la oficina de conflictos del Ejecutivo?
—La segunda diferencia es que la Defensoría considera los conflictos comunales por límites, electorales y de gestión pública, como la utilización adecuada del canon, infraestructura educativa y casos de corrupción, que hay en gobiernos regionales y locales.

Una tercera diferencia es que la Defensoría hace un recojo de la información más completa porque tenemos 38 oficinas a nivel nacional y unidades móviles que se desplazan hasta los pueblos más alejados. La PCM recién está terminando de conformar sus equipos a nivel nacional y se sustentan principalmente en lo que les proporciona el Servicio de Inteligencia o los gobernadores.

—Pero la PCM usa como referencia las cifras de sus informes y se supone que tiene personal capacitado para dar una cifra verídica.

saludamos que la Oficina de Diálogo haya presentado un informe, antes de ello no se tenía conocimiento de cuántos eran los conflictos y de qué trataban. Como acto de transparencia y rendición de cuentas frente a la población, es un paso muy importante. La Defensoría pone mayor acento en los derechos de las personas porque nos preocupan las demandas sociales, y la Presidencia del Consejo de Ministros, más en el tema político.

MINERÍA

—En diciembre de 2011, 126 casos fueron conflictos socioambientales y en noviembre de este año, 107 por minería. ¿Esas cifras han variado?
—Los conflictos por lo general se incrementan, pero de junio a diciembre de 2012 han disminuido en 17 casos. Cuando se produce el fin de año disminuye el conflicto porque los dirigentes sociales antes de iniciarlo hacen un análisis de cuál es la mejor oportunidad, por ejemplo, antes o después del mensaje presidencial.

—Son 107 casos que indican que los conflictos sociambientales por minería tienen el más alto índice. ¿Por qué?
—Porque hay un marco legal que facilita las inversiones en el país y en consecuencia las empresas llegan para hacer los análisis sociales y económicos. Las inversiones son cuantiosas y van de 100 millones dedólares para arriba, ello implica una confrontación de intereses con los sectores que buscan proteger su actividad agrícola, ganadera, fuentes de agua y bosques.

—Justamente el Ministerio de energía y Minas prevé una inversión de más de US$ 50 mil millones solo en el sector minero, ¿por qué a mayor inversión minera en el país hemos tenido como resultado mayores conflictos sociales?
—La inversión por lo general despierta dos reacciones: de expectativa respecto a lo que la inversión puede generar como proyecto de vida y de temor a que los derechos de los pobladores a un ambiente sano, a lasalud y Educación, no sean respetados y protegidos.

—Con los daños inminentes de la actividad extractiva y el alto impacto social y ambiental, ¿cuál es el rol del Estado?
—El Estado debe ser fuerte en su capacidad de supervisar y fiscalizar la actividad minera o cualquier otra actividad extractiva. Un Estado débil no es un Estado que convenga a la inversión. Si el Estado es débil y la legislación incompleta, las compañías mineras deben autorregularse elevando sus estándares ambientales y sociales para alcanzar mayores niveles de confianza.

CASO CONGA

—¿El conflicto de Conga ha disminuido por causas naturales o por un proceso real de solución?
—Tanto la empresa como el gobierno tomaron la decisión de suspender el proyecto, pero no existe una expresión legal ni formal de esa decisión. El diálogo se rompió en diciembre del año pasado y hasta ahora las partes no se han sentado a dialogar, al contrario fue un año de enfrentamiento público y político, con muertos y heridos, eso debe dar paso a una demostración de responsabilidad y diálogo.

—Hubo acuerdo, pero eso no es sinónimo de estar camino a la solución del conflicto, pues las protestas continúan.
—El caso Conga no se ha resuelto. Las movilizaciones han disminuido ostensiblemente y los grupos ahora son más pequeños, pero siempre están atentos a lo que pasa en Cajamarca.

—Pero aún hay más de 500 ronderos vigilando lagunas y representantes de Yanacocha, según testimonios de los pobladores, azuzan a los cajamarquinos para desalojar tierras.

—Todavía hay un factor de tensión en la zona porque el caso no se ha resuelto, se ha estabilizado de algún modo y se está evitando la confrontación violenta entre la población y las fuerzas del orden.

CASO TÍA MARÍA

Southern Cooper anunció la viabilidad del proyecto Tía María y la comunidad de Islay lo rechazó. Días antes el ministro Merino dijo que es un proyecto irrenunciable. ¿Cómo tiene previsto la Defensoría neutralizar un conflicto eminente entre las partes?

—En términos condicionales, si la empresa muestra información transparentemente, presenta sus estudios de impacto ambiental conforme a las exigencias establecidas en la ley y demuestra que no habrá impacto grave en el ambiente, se puede iniciar una nueva relación entre la empresa y la población de Islay.

—No es lo que piensa la población sobre la credibilidad de la compañía Southern Cooper y la Defensoría debería estar preparada para un conflicto.
—Sí, frente a estos casos sabemos perfectamente cuál es la situación en Islay y estamos preparados para una intervención, pero a la vez tenemos que tener buena fe para ver si hay una posibilidad de entendimiento.

—Es poco probable que los pobladores de Islay crean que Southern Cooper presentará un nuevo EIA transparente, ¿qué acciones tomarán como intermediarios ante una eventual confrontación?

-Revisaremos, dentro de nuestras posibilidades, el Estudio de Impacto Ambiental, a qué distancia se tomarán las aguas y qué tipo de tecnologías utilizarán. Haremos lo posible para que el estudio sea difundido de forma sencilla y el Ministerio de Economía y Finanzas diseñe formas de discusión del documento. Además, tomaremos suma precaución sobre el comportamiento de la Policía Nacional, ya que el uso de su fuerza en el país dejó demasiados muertos y heridos.

MIRANDO EL 2013
Conflictos en la mira

CONGA. El proyecto Conga tiene una inversión de 4,800 millones de dólares y extraerá principalmente oro. Las protestas han cobrado la vida de 5 personas y se trajo abajo a 2 gabinetes ministeriales. Actualmente está en la etapa de construcción de reservorios y momentáneamente suspendido.

MAJES SIGUAS. La región de Arequipa y la provincia de Espinar, en Cusco, mantienen una disputa sobre la puesta en marcha de la construcción de la represa de Angostura para el proyecto Majes Siguas y que, según el Gobierno del Cusco, pondría en peligro la disponibilidad del recurso hídrico para Espinar.

TÍA MARÍA. El proyecto Tía María de SouthernPerú Cooper está en la quebrada Cachuyo, en la provincia de Islay, en Arequipa. Los cuestionamientos al proyecto son por la contaminación que implicaría al valle del río Tambo, principal zona de irrigación, por extraer cobre.

KAÑARIS. Pobladores de Kañaris, en Lambayeque, rechazan que la compañía Candente Cooper extraiga cobre, oro y plata porque afectaría principalmente la cabecera de cuenca del río Kañaris. Una consulta popular de octubre de este año arrojó que el 95% de los comuneros rechazó el proyecto minero Cañariaco.

OPTIMISMO
Consulta previa

-¿Qué nos traerá la aplicación de la Ley de Consulta Previa?
-La consulta previa es el mecanismo de inclusión política y social más grande que hubo. Por primera vez en la historia las comunidades relegadas tendrán la oportunidad de intervenir respecto a un proyecto o norma y el Estado tiene que prepararse para que el mecanismo funcione con una base de datos actualizada para saber cuáles son pueblos indígenas, con estudios sobre cómo funciona la cultura de las 75 etnias que hay en el país y entrenando a los funcionarios del Estado en diálogo intercultural.

-Pero la Ley de Consulta Previa tiene serios cuestionamientos que fueron llevados ante la Comisión Interamericana de derechos humanos por los indígenas que no creen que se cumplirá. ¿Existe un real proceso de consulta?
-Hay que verlo prácticamente. Tenemos un marco jurídico que ha sido cuestionado y observado, primero pasemos por la experiencia de la consulta previa y ello nos indicará si la ley necesita ser reformada.

-Con el inicio de la buena pro de los lotes petroleros (segundo semestre de 2013) habrá consulta previa ¿La Defensoría del Pueblo realizará algún informe para el gobierno sobre las comunidades a consultar?
-La Defensoría estará presente en los procesos de diálogo, haremos una etapa de evaluación del derecho de consulta y seremos un factor de equilibrio en los procesos de diálogo intercultural. También seremos el garante moral del cumplimiento de la norma dentro de los estándares planteados por la Organización Internacional del Trabajo.

Marita Samanez
Redacción

 

21 Dic. Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, señaló que la producción de cobre en Perú podría duplicarse en los próximos dos años, gracias a los nuevos proyectos mineros y a la ampliación de grandes complejos liderados por gigantescas firmas extranjeras. Recalcó que el país no puede renunciar al millonario emprendimiento de oro del proyecto minero Conga, […]
 
jorgemerino

Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, señaló que la producción de cobre en Perú podría duplicarse en los próximos dos años, gracias a los nuevos proyectos mineros y a la ampliación de grandes complejos liderados por gigantescas firmas extranjeras.
Recalcó que el país no puede renunciar al millonario emprendimiento de oro del proyecto minero Conga, ni al proyecto de cobre Tía María, de Southern Copper, paralizados por el rechazo de las comunidades locales, debido a la situación ambiental en riesgo.

Asimismo, Merino manifestó que “con proyectos como la ampliación de Antamina, la ampliación de Cerro Verde, los proyectos de Antapaccay, Constancia, Toromocho (de la china Chinalco), creo que vamos sumando y podemos estar pensando entre el 2013 y 2014 en un 1 millón más de toneladas de cobre por año”.

Según Merino, la producción anual del metal rojo, en la actualidad, es de unas 1,3 millones de toneladas.

Con información de Reuters


La meta es recibir US$10.000 millones cada año en inversiones mineras y se impulsará ventanilla única para agilizar proyectos, dijo titular del MEM

ÁLVARO GASTAÑADUÍ R.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, aseguró ayer que el Gobiernose ha propuesto impulsar los proyectos Tía María y Conga el 2013, que fueron suspendidos ante las violentas protestas en Arequipa y Cajamarca, respectivamente.

Asimismo, adelantó que en la aprobación del nuevo estudio de impacto ambiental de Tía María se incluirán mesas de desarrollo similares a las que permitieron la aprobación del proyecto Quellaveco, en Moquegua. Además, indicó que se espera que para finales del 2013 el proyecto Conga concluya los reservorios y canales de riego para impulsar un nuevo relacionamiento con su comunidad.

Estos proyectos, según refirió, forman parte del objetivo del Estado de concretar inversiones mineras por US$10 mil millones al año, US$3 mil millones más de lo ejecutado este año.

El ministro también adelantó que en el primer trimestre del 2013 estará definido un nuevo plan estratégico de política minera, que reunirá la visión del Estado y los inversionistas, así como los parámetros para facilitar los acuerdos con las comunidades.

Asimismo, señaló que ese plan establecerá una ventanilla única para centralizar los trámites e incluirá el silencio positivo en el caso de consultas a otros sectores del Estado.

Al respecto, el consultor en temas energéticos, Aurelio Ochoa, aseguró que el Gobierno debe agilizar los trámites, porque ya están retrasando las inversiones en minería e hidrocarburos.

En tanto, el ex ministro de Energía, Pedro Sánchez, agregó que losconflictos sociales ya están paralizando los proyectos de inversión, como en el caso de Conga, por lo que deben ameritar una mayor preocupación del Estado.

Al respecto, Merino aseguró que hay voluntad de diálogo en todos los niveles de gobierno.

EXISTE RIESGO ELÉCTRICO
En otro momento de la entrevista que ofreció ayer a El Comercio, el ministro Merino admitió que el Gobierno había elaborado un plan de contingencia con el sistema interconectado y con el sector privado en caso de que la demanda eléctrica sobrepase la oferta. No obstante, aseguró que este año entrarán en operaciones centrales térmicas e hidroeléctricas con 1.700 megavatios.

Asimismo, anunció una licitación en enero para proyectos hidroeléctricos por 1.500 megavatios.

Al respecto, el ex ministro Sánchez advirtió de retrasos en proyectos eléctricos, como en la concesión de la línea de transmisión Machu Picchu-Tintaya y en la hidroeléctrica del Molloco.

GASODUCTO PARA EL 2014

De otro lado, Merino confirmó que para el verano del 2014 se espera que concluya la instalación de compresoras que elevarán el transporte de gas de Camisea de 1.200 millones de pies cúbicos a 1.600 millones.

También aseguró que gracias a la nueva Ley de Seguridad Energética el 2013 se elaborará el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano para que pueda ejecutarse desde el primer trimestre del 2014. Al respecto, Ochoa aseguró que ese plan ha generado gran expectativa en el sur del Perú.

EMPRESAS EN LA BVL

Merino anunció que en el primer semestre del 2013 cotizarán en la Bolsa de Valores de Lima Petro-Perú, Electro-Perú y posiblemente Distriluz.

Aseguró que en los primeros meses del año se incorporarán prácticas de buen gobierno corporativo en dichas empresas y se terminará de revalorar sus activos a partir de su participación en proyectos de inversión. Por ejemplo, Petro-Perú participará en la modernización de la refinería de Talara y en el Gasoducto del Sur Peruano y Electro-Perú en el desarrollo de un nodo energético en Quillabamba e Ilo y Distriluz en la renovación de transformadores y circuitos.

Fuente: El Comercio – http://elcomercio.pe/economia/1512662/noticia-gobierno-impulsara-ejecucion-tia-maria-conga-2013