Posts etiquetados ‘Policía Nacional del Perú’


Cajamarca, la primera región minera del País, 21 años extrayendo oro de sus entrañas, 21 años enriqueciendo a los Roque Benevides, 21 años aportando canon al país, para que se lo roben los fujimori, los garcía, los toledo, los humala, 21 años contaminando, el agua, las tierras y a las personas. 21 años de desarrollo capitalista, neoliberal; 21 años de desprecio a los cajamarquinos.

Ayer en este paraíso minero un ciudadano Cajamarquino como tú, no pudo cumplir con su deuda impagable ante un banco protegido por el Gobierno; tienes que trabajar sólo para pagarle al banco, para enriquecer a los banqueros que gozan con todas las facilidades del Gobierno para asegurar que trabajes para ellos. Si no pagas; simplemente la policía  te mata. Esto es terrorismo de Estado en nuestro país de mierda.

El sistema está contra nosotros. Bancos sin regulación, con préstamos impagables, el Estado que pone la policía y la justicia al servicio de los banqueros y mineros para asegurar que nos sigan exprimiendo y ellos enriqueciéndose. Aquí vemos el modelo capitalista en su máxima expresión.


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23 de enero de 2014

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana expresa su preocupación por la entrada en vigor el 14 de enero de 2014 de la Ley Nº 30151, la cual modifica el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal de dicho país. Conforme a la nueva redacción de esta norma legal, que ha sido ampliamente cuestionada por muchas organizaciones de la sociedad civil y por la Defensoría del Pueblo del Perú, “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”, se encontraría exento de responsabilidad penal.

La CIDH recuerda que Perú, como Estado Parte de la Convención Americana, tiene la obligación de investigar de forma efectiva la privación del derecho a la vida o la afectación del derecho a la integridad personal, y en su caso, castigar a todos sus responsables, especialmente cuando puedan estar involucrados agentes estatales. Estos deberes amparan los derechos de las víctimas o sus familiares a la protección judicial y a las garantías judiciales. De no ser así, se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida o a la integridad personal.

Asimismo, la Comisión Interamericana ya indicó en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos que los Estados Miembros, en su legislación y procedimientos internos, deben operar sobre la base de que los instrumentos que integran los Sistemas Universal y Regional sobre derechos humanos permiten aplicar medidas para enfrentar las amenazas a la seguridad ciudadana dentro del marco del Estado de Derecho, sin desatender el respeto a las garantías básicas, no derogables, previstas por el derecho internacional. En este sentido, la CIDH considera que la nueva legislación adoptada implica un grave retroceso en materia de derechos humanos y en la construcción de una política de seguridad ciudadana, ya que como sostuvo en dicho informe, tal política “debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado”.

En consecuencia, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado peruano a adecuar de manera urgente las normas jurídicas y administrativas, así como los procedimientos y los planes operativos de las instituciones con competencia en la política de seguridad ciudadana a fin de que se fortalezca su capacidad para prevenir, investigar y sancionar cualquier violación de los derechos humanos que resulte del uso ilegítimo o excesivo de la fuerza, a través de la acción u omisión de los agentes estatales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/004.asp


– Informe presentado hoy en las Naciones Unidas exige anular convenios secretos entre la Policía Nacional y empresas mineras.

Servindi, 2 de diciembre, 2013.- Un informe publicado hoy revela como operadores mineros han suscrito en los últimos años convenios con la Policía Nacional del Perú (PNP) que atentan contra la independencia de las fuerzas de seguridad pública en una practica similar al mercenarismo.

El informe: Policía mercenaria al servicio de las Empresas Mineras fue publicado el lunes 2 de diciembre por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación para los Pueblos Amenazados, Derechos Humanos Sin Fronteras y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

El documento presentado simultáneamente en Ginebra, en el marco de las reuniones de las Naciones Unidas, argumenta cómo esos convenios socavan el monopolio del uso de la fuerza por Estado.

Además, lejos de contribuir a la solución pacífica de los conflictos, han agudizado la violencia y producido severas vulneraciones de los derechos humanos como sucedió en los conflictos con minera Yanacocha en Cajamarca y con la minera Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco.

En ambos casos las protestas ciudadanas fueron respondidas con una represión muy violenta, y detrás de la acción policial existen convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras.

Las cuatro organizaciones exigen la inmediata anulación de los convenios entre las fuerzas de seguridad peruanas y las empresas mineras y exigen al gobierno respetar los derechos de la población y garantizar su protección.

Asimismo, demandan la instalación de una Comisión de la Verdad sobre los derechos humanos y la minería en el Perú.

La colaboración de la PNP con las empresas mineras contradice las directrices para la Economía y los Derechos Humanos, así como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, dos iniciativas internacionales impulsadas por las Naciones Unidas.

Es una gran contradicción que la empresa matriz de minera Yanacocha, Newmont Mining Corporation se adhiere a los principios voluntarios y tenga a la vez convenios con la policía peruana. Igual sucede con la empresa Xtrata Tintaya, con sede en Suiza, comprometida también con el cumplimiento de los principios voluntarios.

Los autores del informe requieren que los Estados y mecanismos de la ONU promuevan una reforma de los principios voluntarios y se cree un marco normativo conforme a las directrices para la Economía y los Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales.

En casos de violaciones de derechos humanos y grave destrucción del medio ambiente los afectados deben poder reclamar sus derechos vulnerados tanto en el país anfitrión (host country) de la empresa como en el país que es sede de su casa matriz (home country).

Acceda al informe completo con un clic en los siguientes enlaces: