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Chiclayo. Según informó el presidente de la comunidad campesina de San Juan Cañaris y actual presidente de las Rondas Campesinas y Urbanas de Lambayeque, Cristóbal Barrios, representantes de la empresa Candente Cooper, encargada del proyecto de exploración minera en la zona, habrían anunciado que las actividades se retomarán a partir del 15 de enero.
Por esto, Barrios sostuvo que en una asamblea realizada en la comunidad campesina se decidió que desde el 17 de febrero se iniciarán nuevamente las protestas contra el desarrollo de la actividad minera en Cañaris.
El dirigente de la comunidad sostuvo que la resistencia contra la actividad minera continúa en Cañaris, por lo que la empresa está realizando “trabajo social” con la intención de convencer a los comuneros de aceptar el desarrollo de Cañariaco.
Añadió que la comunidad no obtuvo ningún beneficio de las mesas de diálogo y que por el contrario, aseguró que estas se hicieron para paralizar las protestas de la comunidad. “Las mesas de diálogo solo buscaban engañarnos y congelar la lucha”, indicó Barrios.

CLAVES
El proyecto de exploración minera de Cañariaco, que está a cargo de la empresa Candente Cooper, lleva paralizado más de un año.
Campesinos aseguran que no se ha aprobado ningún proyecto de desarrollo propuesto en las mesas de diálogo. 

 



Martes, 20 de Agosto de 2013 20:30


Fiscalía dice que garitas no afectan el bien público y Gregorio Santos no acompañó a dirigentes.

20 de agosto|07:10pm. Ronderos y dirigentes que se oponen al proyecto minero Conga (Yanacocha) retiraron, hoy en horas de la tarde, una tranquera ubicada cerca de la laguna Namocoha, pues advierten está construida dentro de caminos ancestrales.

El presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Idelso Hernández dijo que las tranqueras obstaculizan el libre tránsito y los comuneros que viven por la zona no pueden ingresar ni a sus propios terrenos.

“Hoy en el retiro de la primera tranquera quiero decir que los fiscales y policías que estuvieron presentes quedaron notificados para asistir a la asamblea de rondas y ahí tendrán que responder”, manifestó el dirigente.

En tanto Eddy Benavides, integrante de Comando Unitario de Lucha, señaló que el retiro de las tranqueras es el producto de una serie de acciones legales que están dentro del marco normativo y continuarán con el retiro de las tranqueras ubicadas en la laguna Azul y Cortada.

Ante estas declaraciones la presidenta de la Junta de Fiscales de Cajamarca, Esperanza León Deza, afirmó que las garitas de control no afectan el bien público.

En retiro de las garitas no se registró ningún enfrentamiento, mientras tanto un fuerte resguardo policial permanece en la zona con el propósito de evitar desmanes o alteración del orden público.

Goyo no fue

Por su parte, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se excusó por no estar presente en la zona de Conga en su cuenta de twitter escribió: “Desgarro muscular impide acompañar como veedor a ronderos y comuneros a exigir libre tránsito de sus vías”.

En un comunicado Yanacocha lamentó los hechos ocurridos y, dijo que como empresa continuará con las acciones legales correspondientes, con el fin de que las autoridades puedan identificar y en su momento sancionar a los responsables de las acciones ilegales registradas hoy.

Fuente: Lanuevaprensa.pe – http://lanuevaprensa.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1111%3Aronderos-retiran-tranquera-del-proyecto-minero-conga&catid=35%3Alocal&Itemid=27


– Asamblea de ronderos y organizaciones de defensa adoptaron importantes acuerdos.

Servindi, 12 de agosto, 2013.- El 20 de agosto es la fecha fijada por las autoridades ronderiles, organizaciones sociales y frentes de defensa de Cajamarca para retirar las tranqueras colocadas ilegalmente por la empresa minera Yanacocha y que obstruyen vías ancestrales entre las comunidades.

Las tranqueras son un malestar social por que obstruyen caminos ancestrales entre los pueblos, que se conectan a Cajamarca, Hualgayoc-Bambamarca y Celendín.

Los impulsores solicitan la presencia de las autoridades nacionales del Poder Judicial, Ministerio Público, del Interior, Defensoría del Pueblo, así como la presencia de las autoridades regionales.

De igual modo, esperan la concurrencia de los medios de información y veedores nacionales e internacionales para la transparencia de la acción.

Ese y otros acuerdos se adoptaron en la asamblea extraordinaria llevada a cabo el 7 de agosto con la participación de autoridades de ronderos y frentes de defensa de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, San Pablo.

Asimismo, concurrieron representantes de la Federación Regional de Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas; el Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca, el Comando Unitario de Lucha, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) y la Plataforma Institucional Celendina (PIC).


Respaldo al paro del 29 de agosto

Otro de los acuerdos fue apoyar con un paro de 24 horas la medida de protesta acordada a nivel regional por las rondas campesinas a realizarse el 29 de agosto en las provincias de San Miguel, Chota, Hualgayoc-Bambamarca y Santa Cruz.

El acuerdo regional de las rondas campesinas adoptado el 14 de julio en Cutervo y su finalidad principal es rechazar la actividad minera en las cabeceras de cuenca.

Advierten que empresas mineras están poniendo en riesgo los recursos hídricos de las lagunas y colchones acuíferos que alimentan los ríos Chancay Lambayeque.

Para tal fecha realizarán piquetes de protesta en lugares estratégicos y si no hay solución a sus reclamos se irán a un paro indefinido.


Castigar a los ladrones de agua

Otro de los acuerdos es que se juzgará de acuerdo a la justicia de las rondas campesinas a los ladrones de agua de la empresa Yanacocha.

Señalan que la empresa extrae un promedio de 20 cisternas diarias de agua de la laguna de Conga para sus operaciones y asimismo abastecer con agua al Río Grande y proporcionar agua a la ciudad de Cajamarca.

Dicha actividad se realiza en complicidad con malas autoridades que están a tiempo completo al servicio de la empresa como fiscales y efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DINOES).

Tales autoridades serán citadas ante la justicia ronderil de Hualgayoc-Bambamarca y Celendín, para que den su manifestación sobre los hechos.

La asamblea de ronderos también denunció a la empresa Yanacocha por los daños ambientales que está causando con sus actividades en la calera China Linda.

Responsabilizó a la empresa y al gobierno central del clima de violencia e intimidación que se vive en la zona de Conga y que puede derivar en cualquier represión o costo social.

Finalmente, instaron a las autoridades ronderas a rechazar la acción de los malos gobernadores, policías, fiscales y autoridades que intentan dividir a las rondas campesinas chantajeándolas con la firma de convenios para ser beneficiarias de programas de asistencia social.


Fortalecimiento de las bases

Del 12 al 15 de agosto las rondas campesinas de Celendín y la Plataforma Interinstitucional Celendina-PIC realizarán una inspección sobre las centrales hidroenergéticas que se pretende construir en la cuenca del Marañón, y el día 17 se realizará un foro sobre el tema en Celendín.

Asimismo, se trabaja para garantizar el éxito de los congresos distritales de rondas campesinas del distrito de Sorochuco-Celendín que se realizará el 10 y 11 de noviembre, y del distrito de la Encañada-Cajamarca en setiembre.

Del mismo modo se buscará asegurar la elección de los delegados para el I Congreso Nacional Estatutario Rondero de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) a realizarse el 4 y 5 de octubre en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

Otro evento en perspectiva es el Congreso de la Federación Regional de Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas de la región Cajamarca, que se realizara en Celendín los días 26 y 27 de enero de 2014.

 

Cañaris. El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró que el pueblo quechua de Cañaris no sería objeto de consulta previa.
 
Perú cuenta con un reglamento para la consulta previa desde abril de 2012. Desde entonces, 2 viceministros de Interculturalidad han renunciado y todavía no se publica la base de datos de Pueblos Indígenas.

Por: Beatriz Jiménez

Perú celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con un viceministerio de Interculturalidad acéfalo y un reglamento para aplicar la consulta previa entrampado por la no publicación de una base de datos que defina quiénes son y dónde están nuestros pueblos indígenas.

La postura enarbolada por un sector del Ejecutivo de no incluir a las comunidades andinas como sujetos de derecho a la consulta previa parece haber ganado en una pugna con casi dos años de historia que ha enfrentado al viceministerio de Interculturalidad con el resto del gabinete .

Tras la renuncia de Paulo Vilca, el pasado 25 de julio, el Ministerio de Cultura no encuentra hasta el cierre de esta nota quien quiera sustituirlo. Este viceministerio es uno de los más calientes del gobierno. Todos los que lo han ocupado se han quemado con la consulta previa.

El primer viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, fue destituido en octubre de 2011 junto con la entonces jefa del Indepa, Raquel Yrigoyen. Tras su abrupta salida, esta última denunció presiones de Pluspetrol para que se permita realizar trabajos de ampliación de la exploración en el lote 88, superpuesto a la reserva territorial Kugapakori.

La gestión de Iván Lanegra fue más fructífera. El vice- ministerio logró aprobar unReglamento de la Ley de Consulta Previa en abril de 2012 y elaboró una base de datos de pueblos indígenas hasta ahora nunca publicada. Esta base incluía a 52 pueblos indígenas: 48 amazónicos y 4 andinos (quechuahablante, aymara, uro y jacaru).

Tras discrepancias abiertas con Jorge Merino, Lanegra renunció después de que el presidente Ollanta Humala declarara en una entrevista televisiva el pasado 28 de abril que la mayor parte de comunidades andinas eran “comunidades agrarias producto de la reforma agraria”, negando así su carácter indígena.

El hasta entonces Director de Interculturalidad, Paulo Vilca, pasó a ocupar su lugar. En su gestión, se avanzó en la primera consulta previa: la realizada al pueblo Maijuna. Sin embargo, el Lote 88 entró en juego. Vilca finalmente renunció después de que el gobierno desconociera las 83 observaciones que realizó al Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol.

En medio de este escenario de inestabilidad política en el viceministerio de Intercultural, las organizaciones indígenas no han jugado un buen partido. Tanto Aidesep, la principal organización de Pueblos Amazónicos, como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, están viviendo este proceso inmersas en disputas internas.

PRESIONES ECONÓMICAS

La ventana abierta en septiembre de 2011 con la aprobación de la Ley de la Consulta Previa podría cerrarse empujada por el descenso del precio de los metales y las presiones que según nuestras fuentes ejercen la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo(SNMP) y la Confiep.

“El derecho a la consulta no tiene que ser visto como un obstáculo para el desarrollo”, insiste Lilian Landeo, Coordinadora del Programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover el Convenio 169. “Nos da la impresión de que hay mucho temor en aplicar un proceso serio de consulta. ¿Qué mejor que tener concesiones mineras y petroleras consultadas con las comunidades indígenas locales?”.

La OIT reconoce los avances de Perú al promulgar la consulta previa y su reglamento, convirtiéndose en el primer país de la región en crear estos instrumentos para cumplir con el Convenio 169. Sin embargo, pide a Perú ponerlos en práctica.

Este organismo de Naciones Unidas recuerda que el Convenio 169 no plantea la necesidad de una base de datos para realizar un proceso de consulta . “Para nosotros es una discusión que no tiene sentido”, explica la representante de OIT. “Basta que una medida del Estadoafecte a los pueblos indígenas para realizar una consulta en busca de un consentimiento libre, previo e informado”.

Lilian Landeo informó a La República de que el Estado Peruano, en informes ante órganos de control de la OIT, reconoce que las comunidades campesinas son pueblos indígenas. “El convenio dice que independientemente de la denominación que tengan en el país, basta que el gobierno las identifique como indígenas para que sean reconocidas así”, explica tras citar el caso de Colombia, que reconoce el derecho a consulta previa de los pueblos afrodescendientes.

CONSULTAS

Área de conservación maijuna. Comunidades nativas Maijuna de Loreto proponen la creación de un Área de Conservación Regional de casi 400 mil hectáreas. Este proceso de consulta es el primero llevado a cabo en el país y está a cargo del Gobierno Regional de Loreto. Todavía sigue en curso.

Lote 192. Perupetro es el encargado de iniciar el proceso de consulta de este lote petrolero en Loreto.

26 lotes petroleros. Perupetro ha anunciado que este año licitará 26 lotes petroleros que serán objeto de consulta previa.

Ley forestal. A cargo del Ministerio de Agricultura. El reglamento de la Ley Forestal va a ser sometido a un proceso participativo.

Ley de lenguas. El Ministerio de Educación está elaborando un reglamento de la Ley de Lenguas que será sometido a consulta.

Salud intercultural. El Ministerio de Salud tiene a su cargo la elaboración de una política en Salud Intercultural.

 

Por César Gamboa Balbín*

14 de febrero, 2013.- No puede ser que la historia vuelva a repetirse. El 2012 fue marcado por un tema de la agenda indígena: el diseño de la consulta y este año es el de la implementación. Pero el problema de la legitimidad y el magro marco legal siguen rondando como factores que no permitirán un proceso de consulta idóneo para lograr una mejor gobernanza de nuestros recursos naturales.

Aquí cuatro casos: la consulta en minería durante el Estudio de Impacto Ambiental – EIA (con cambios de dos Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA); la consulta en energía antes de la concesión (Hidrocarburos y electricidad); la consulta en Kañaris, que pone en debate la transparencia del proceso; y la consulta en el lote 1 AB ó 192 que se encuentra en idas y venidas.

Anteriormente ya hemos mencionado que el momento de la consulta previa debe ser antes de la decisión política que afecte derechos de los pueblos indígenas, pero el problema surge porque cada sector tiene la discrecionalidad de colocarla donde mejor le acomode. Incluso hasta hoy hay algunos sectores que ni siquiera han presentado una propuesta de consulta previa.

“Podemos concluir que no tenemos autoridad ‘rectora’ de la consulta pues son las decisiones políticas las que gobiernan el marco legal, muy seguro desde la PCM”

Otro problema con la implementación de la consulta es que no hay ente rector, solo una entelequia y comparsa burocrática que se viene definiendo según los vaivenes o pujas entre el movimiento indígena local y las autoridades. Veamos, este año con las justas habrá una consulta en Hidrocarburos en una negociación entre Perupetro y las organizaciones indígenas, que va más allá del marco legal (ley 29785 y su reglamento) y bajo una norma que no ha sido publicada (RM 350-2012-MEM/DM). En esta puja ahora se ha logrado que la consulta sea antes de la licitación y que el plan de consulta sea consensuado entre autoridad y organizaciones indígenas.

Otra puja es Kañaris. Ya hasta la Defensoría del Pueblo, otrora aliada del Viceministerio de Interculturalidad, ha salido a pedir a la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM –única autoridad- que considere a los pobladores de Kañaris como pueblo indígena. ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué no hay metodología ni base de datos? Simplemente porque no hay claridad legal ni transparencia. No la hay porque no haya autoridad, sino nuevamente la comparsa sinuosa en el tema.

Ante estos problemas podemos concluir que no tenemos autoridad “rectora” de la consulta pues son las decisiones políticas las que gobiernan el marco legal, muy seguro desde la PCM; mirar a futuro significa corregir el magro y deficiente marco legal e invertir en un aparato estatal más comprometido en estos procesos, porque está claro que esta incertidumbre es por la falta de claridad política del Ministerio de Cultura; y si existe un hálito de desconfianza en el tema, es precisamente esa incertidumbre la que aleja las inversiones y mantiene en vilo a propios y extraños.


* César Gamboa Balvín es director de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

 

Mapa de concesiones en el distrito de Cañaris a junio 2012. Elaboración de CooperAcción

– El 96 por ciento del distrito de Cañaris está concesionado a la minería.

Servindi, 11 de febrero, 2013.- Decenas de especies protegidas, algunas endémicas y otras probablemente nuevas para la ciencia, así como bosques montanos en buen estado de conservación son algunos de los bienes comunes que identifica el resumen delestudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Cañariaco que opera en la zona.Este es uno de las muchas concesiones mineras que cubren el 96.16 por ciento del distrito de Cañaris, en la provincia de Lambayeque, al norte del Perú.

Una lectura del mencionado estudio revela la gran riqueza ecológica que sería afectada con las operaciones del proyecto en tierras de la comunidad de San Juan de Cañaris, en Lambayeque. Así como los posibles impactos en los ecosistemas y comunidades de la zona a intervenirse.

Mapa de perforaciones del proyecto Cañariaco
(dar clic para ampliar la imagen)

Biodiversidad en juego

El estudio realizado en el área comprendida desde la cuenca alta del río Cañariaco, llamado Jatun Yacu en sus partes altas, hasta la confluencia de la quebrada Achicamonte determinó que el 52% del territorio donde operará la minera corresponde a terrenos con bosques y el 45.8% a praderas naturales.

En cuanto a la diversidad animal en el área de estudio, el EIA halló 143 especies de aves de las que 34 están incluidas en listas de conservación. Entre ellas destacan la Penelopebarbata o “Pava barbada” y la Coeligena iris conocida como “Inca Arcoiris” cuyos hábitats en otros bosques montanos se encuentran altamente degradados, explica el informe.

Asimismo, el estudio halló al “cóndor” Vultur gryphus que está considerado“en peligro” por la legislación nacional.

De las 19 especies de mamíferos, siete están en alguna categoría nacional o internacional de protección. Dos de ellas son el tapir andino Tapirus pinchaque y el oso andino llamado también “oso de anteojos”, Tremarctos ornatos. Ambas especies son consideradas por la legislación nacional como “en peligro crítico” y “en peligro”, respectivamente.

Igualmente, se registró al “majaz de montaña” o Cuniculus taczanowskii que es considerado“vulnerable”; así como el zorro Lycalopex culpaeus y el puma Puma concolorincluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El documento informa del hallazgo de una posible nueva especie para la ciencia. Se trata del insectívoro Cryptotis sp cuya situación de amenaza es desconocida, aseguran los autores.

Acerca de los anfibios, el EIA señala que nueve de las diez especies identificadas como sensibles son endémicas, lo que significa que sólo se las puede hallar de forma natural en este lugar. Tres del total son potencialmente nuevas para la ciencia o para registros del Perú.

Por otro lado, el estudio afirma que halló 195 especies hidrobiológicas, de las cuales sólo hay una especie de pez: la trucha Oncorhynchus mykiss.

Respecto a la diversidad vegetal, se registraron en total 438 especies de plantas repartidas en 85 familias botánicas, de las que la Orchidaceae es la más representativa con 55 especies (13% del total).

Los autores informan que 67 especies son protegidas por la legislación nacional e internacional, la mayor parte son orquídeas incluidas en el apéndice II de la CITES. Dos de ellas se encuentran consideradas en “peligro crítico”, mientras que 23 son endémicas del Perú.

 
Imagen: Candente Copper

Actividades e impactos del proyecto

Perforaciones

El proyecto estima en 17 meses la duración de sus actividades de exploración. Estas implican la remoción de 1,710 metros cúbicos de suelos para instalar 114 plataformas -de 30 metros cuadrados cada una- que harán perforaciones con maquinarias especializadas.

Según el estudio, el suelo removido será utilizado en la “nivelación y acondicionamiento del terreno durante la etapa de rehabilitación y cierre”.

En total, se calcula intervenir un área (área de huella) de aproximadamente 5.6 hectáreas y un movimiento de tierras de aproximadamente 26,749 metros cúbicos generado por la construcción de las instalaciones.

Asimismo, explica el informe, cada plataforma contará con dos pozas de sedimentación. “Las pozas estarán revestidas con una membrana impermeabilizante para evitar la filtración del agua al terreno”, indica el EIA.

El proyecto realizará 5 líneas sísmicas que “no requerirán la remoción de terreno ni de suelo orgánico”, asegura la empresa.

Usarán agua de cursos naturales

Para las actividades de perforación, el proyecto prevé usar agua de cursos naturales en las cabeceras de cuenca “que tengan una caudal suficiente”.

“El agua requerida para la ejecución de las perforaciones y demás actividades del Proyecto se trasladará de las quebradas Norte, Oso, Verde, Sorón y río Jatun Yacu a la zona de operaciones mediante mangueras y con la utilización de bombas de agua” explica el estudio.

Por día, cada máquina consumirá 0.5 litros por segundo de agua que significan 43 metros cúbicos del recurso. Cada máquina usará un sistema de recirculación del agua.

El documento asegura que no generará vertimientos en la exploración. Sin embargo, afirma que los impactos serán “moderados” y se podrán extender “hasta el límite del área de influencia directa”.

Se advierte también que los cursos de agua superficiales “serán afectados en su calidad por el arrastre de sedimentos que ocurrirá debido a los trabajos de remoción de la cubierta vegetal y los suelos y el consiguiente movimiento de tierras”, señala el EIA.

Asimismo, indica que los ecosistemas acuáticos serán afectados con una “disminución en caudales de agua y sedimentación de cursos”, efecto que duraría un “corto plazo”, es decir, una duración de hasta doce meses. Al respecto, la empresa asegura que establecerá medidas de “mitigación”.

“Se ha propuesto la implementación de medidas de control de erosión para evitar el arrastre de sedimentos y la implementación del cierre progresivo de las áreas donde se hayan completado los trabajos de perforación”, indican.

Impactos en la vegetación

El estudio asegura que el impacto sobre la cobertura vegetal se deberá a la instalación de vías e infraestructura, así como al “manejo de insumos, residuos sólidos y efluentes; el mantenimiento de equipos y el transporte en general”, anota.

Igualmente explica que el impacto será “moderado” por limitarse a la zona de huella del proyecto y por tratarse de especies sensibles.

“La cobertura vegetal demorará más de un año en recuperarse de manera estable sobre los suelos rehabilitados”, asegura el EIA.

Fauna desplazada

Por otra parte, se advierte en el estudio que el proyecto ocasionará el desplazamiento de fauna -incluyendo la que se encuentra bajo categorías de protección- a causa de la remoción de su hábitat, la generación de ruido y la presencia humana en la zona.

Entre las especies afectadas están el tapir andino, la musaraña de orejas cortas y los sapos del género Pristimantis sp. Los dos últimos serían especies nuevas para la ciencia o registros nuevos para el Perú.

El impacto en la fauna tendría una duración de “mediano plazo”, es decir, de uno a tres años, y una extensión que abarcaría el área de influencia directa ambiental, según el estudio.

Las actividades de mitigación que el proyecto plantea son planes de rescate y traslocación de especies, inspecciones previas a la instalación de plataformas y la rehabilitación de hábitats disturbados, entre otras.

Impacto Social

En el aspecto socioeconómico, el EIA prevé posibles impactos en la “salud y el bienestar de las personas residentes en el área del Proyecto”, debido a la “inseguridad” y “desconfianza” generada por la presencia de foráneos en las comunidades.

Como medida de mitigación, el proyecto asegura que evaluará a su personal en los aspectos físico y mental. Igualmente les exigirá seguir un protocolo de conducta.

Respecto al empleo, el proyecto contratará a 235 trabajadores no calificados por un corto plazo, provenientes de los caseríos cercanos al proyecto, mayormente.

Por otra parte, se informa también que el proyecto podría afectar los hábitos y costumbres locales de la población “donde las formas de organización, las prácticas culturales, la toma de decisiones y la división social del trabajo tienen una dinámica particular”, observa el estudio.

Para evitar disturbar a la comunidad campesina y las organizaciones locales, Cañariaco aplicaría un “Protocolo de Relacionamiento” que “contribuirá a la creación de un clima de confianza y cooperación con la población, y con ello minimizar las molestias o perturbaciones generadas a la población local”, señala.

Consulta
En el rubro de “Consulta y participación ciudadana”, el EIA informa que fue llevada a cabo de acuerdo al reglamento del sector minero, y según normas del Ministerio de Energía y Minas.

Al respecto, indica que “se han llevado a cabo reuniones, procesos de consulta y talleres con la población local”.

 

El ministro Jorge Merino dijo que el Estado “no defiende a la empresa”, sino que busca el desarrollo de la zona. Mal tiempo obligó a pobladores a retirarse y transportistas desbloquearon vía.

(USI)

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que no se aceptará como condición previa al diálogo en Cañaris el retiro de las operaciones de la empresa Candente Copper, a cargo del proyecto Cañariaco, pedido que ha generado una serie de protestas por parte de un grupo de comuneros del distrito San Juan de Cañaris, en la sierra de Lambayeque.

“No podemos permitir que a una empresa que está cumpliendo el orden legal, el compromiso de las comunidades se le diga que se retire porque un pequeño grupo quiere condicionar un diálogo, no podemos aceptar eso, estaríamos dando una muy mala señal”, afirmó en entrevista al programa Agenda Política.

Además, Merino hizo hincapié en las actividades de Candente en este distrito de Lambayeque. “Esta es una actividad de exploración, aquí no hay explotación minera”. Señaló también que la minera viene trabajando hace más de diez años en Cañaris, “explorando en perfecta armonía con las comunidades”.

“La última autorización oficial ha sido en el mes de julio, donde ha habido una asamblea escrita en los registros públicos que autorizó continuar con las exploraciones porque también está generando trabajo”, agregó Merino.

MAL TIEMPO

Los pobladores que bloqueaban la vía desde Marayhuaca hacia el campamento minero del proyecto Cañariaco se retiraron debido al mal tiempo en la zona. Los transportistas que se encontraban en la zona aprovecharon y desbloquearon la vía.

Fuente: Peru21 – http://peru21.pe/politica/gobierno-no-aceptara-retiro-candente-dialogo-canaris-2114578?href=nota_rel


Lunes 28 de enero del 2013 | 16:33

 (USI)

Fiscalía de Lambayeque exhortó a los campesinos a deponer esta medida de fuerza ilegal. En tanto, fuentes oficiales descartaron que las protestas contra el proyecto Cañariaco hayan cobrado su primera víctima mortal.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lambayeque, Carmen Miranda, informó que un grupo de comuneros volvió a tomar esta tarde la carretera de Marayhuaca hacia el campamento minero del proyecto Cañariaco, a cargo de Candente Cooper.

Por la mañana, los manifestantes se habían retirado de la zona por el mal tiempo, lo que fue aprovechado por los transportistas para despejar la vía.

La magistrada exhortó a los manifestantes a deponer esta medida y advirtió que procederá a realizar las acciones que correspondan contra quienes persistan en dicha posición, ya que eso está previsto como delito en el Código Penal.

En tanto, fuentes oficiales aseguraron a Perú21 que las protestas en Cañaris no han cobrado ninguna víctima mortal hasta ahora, con lo que negaron la información que proporcionó la dirigente Rosa Huamán, quien informó que el comunero Jacinto Santiago Bernilla (48) falleció ayer en el hospital donde estaba internado.


Ideeleradio.- El Estado incumplió el Convenio 169 en Cañaris al no haber realizado el mecanismo de consulta previa a la concesión del proyecto minero Cañariaco y una acción de amparo podría suspender el proceso porque toda decisión que viole un derecho fundamental es nula, estimó Juan Carlos Ruiz, integrante del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Si partimos de la premisa de que el Convenio 169 exige la consulta previa de todo acto administrativo o normativo que afecta a los pueblos indígenas está vigente desde el año 95 y, luego, advertimos que esta no se ha realizado, quien está en falta en realidad es Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), es decir esta instancia del Ministerio de Energía y Minas que hace las concesiones. Ellos están en falta por no haber hecho la consulta previa en el caso de Cañaris”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Un primer punto que habría que preguntarnos es dónde están los que quiebran el Estado de Derecho: ¿están en Cañaris o están en la Presidencia del Consejo de Ministros? […] La idea es reconducir esto a un proceso de amparo, como es que se están litigando ahora los casos. Es pedirle al juez que [declare que] la omisión de INGEMMET de consultar esto es incompatible con el derecho a la consulta, por favor suspenda esta concesión y ordene que se consulte”, apuntó.

Toda decisión que viola un derecho fundamental es nula

Explicó que toda decisión que viole un derecho fundamental con rango constitucional, como el derecho a la consulta, debe declararse nula. Apuntó que a Cañaris, sea como pueblo indígena o como ronda campesina, le corresponde exigir un mecanismo de consulta previa.

“El Convenio 169 de alguna manera viene a incorporarse a la Constitución [que dice que la consulta es un derecho fundamental] toda decisión que viola un derecho fundamental es nula. Es decir, que si yo tomo una decisión y eso afecta un derecho fundamental, esa decisión tiene un vicio de nulidad. Acá el problema es la omisión de consulta del Ministerio de Energía de esa concesión, que es incompatible absolutamente con el Convenio 169 y eso es lo que no se quiere ver”, refirió.

“Puede ser que se diga que no está claro que sean pueblos indígenas, puede ser que sean rondas [campesinas]. La ley de rondas dice que se les aplica a las rondas todos los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en cuanto se les favorezca. En consecuencia, en el caso de Cañaris, el Gobierno es el que está en falta, el Gobierno es el que ha incumplido el Convenio 169, que es parte del Estado de Derecho”, declaró.

Compatibilizar explotación con derechos indígenas

Ruiz Molleda subrayó que el tema central es que se consulte la primera decisión del Estado susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y estimó que la idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos de estas comunidades.

“[¿El momento para consultar es este o no?] Allí hay un debate, lo que dice es consulta previa y previa es antes, la idea es que se consulte la primera decisión del Estado, susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y la idea es que se consulte y se les dé a los pueblos indígenas el Estudio de Impacto Ambiental. En el caso de Perú, el Convenio 169 parece que es desconocido, no se le toma en serio. No es que la gente de Cañaris es violentista o que está pidiendo cosas irracionales, está pidiendo que se cumpla el Estado de Derecho”, indicó.

“Si yo no le doy información a esa comunidad sobre los impactos reales que la minería va a ocasionar en sus territorios, si yo cumplo con el derecho de las comunidades a participar de los beneficios, si yo escondo la información, ¿qué están esperando? Ante el miedo, la dudad y la falta de confianza, no solo es de necesidad pública generar más ingresos para el Estado, también lo es proteger el medioambiente, los derechos de los pueblos indígenas. La idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos indígenas”, concluyó.

 

Atentos. La Policía llegó al lugar para evitar desmanes.

Por: Rocio Silva Santisteban

El domingo 20 de enero de 2013 comenzó en la alejada sierra de Cañaris en Lambayeque una movilización y paro de los comuneros e indígenas de la zona para apoyar el resultado de la consulta que realizarán el año pasado. Con una intensa lluvia y un clima durísimo, los comuneros con estas acciones sustentan su rechazo a la “mesa de desarrollo” decretada por resolución ministerial y presidida por el presidente de la Oficina de Diálogo Nacional del Perú, Vladimiro Huaroc, con la participación de funcionarios del gobierno central y regional, delegados de la comunidad Túpac Amaru (no afecta al proyecto minero) y dos representantes de la comunidad de San Juan de Cañaris, así como funcionarios de Candente Cooper. La mesa que se llevó a cabo a puerta cerrada en un hotel de Chiclayo fue considerada por los comuneros de San Juan de Cañaris como “la manera que ellos aseguran implementar sus planes de desarrollo para favorecer a la minera”.

En realidad, con esta mesa se está desconociendo la consulta comunal realizada el 30 de setiembre del 2012 con la participación de más de dos mil comuneros empadronados. El proceso fue resguardado por la Policía Nacional, y durante el mismo estuvo presente el Gobernador Regional Jacinto Millones, diversos gerentes regionales del Ministerio de Energía y Minas y otros veedores que llegaron desde la capital. En esta consulta el 97% de los pobladores votaron por no darle licencia social al Proyecto Minero Cañariaco de la minera canadiense Candente Cooper. Vladimiro Huaroc ha sostenido este sábado durante la mesa que el proyecto Cañariaco “no está parado y que no va a parar”. Además ha declarado que la “mesa de desarrollo” se mantiene porque “no todos están en contra del proyecto en esta etapa de exploración sino un grupo de anti mineros en la zona que buscan frenar la inversión extranjera”.

¿El gobierno aprendió algo del fracaso de Víctor Caballero en la Oficina de Resolución de Conflictos? No, definitivamente no. Se sigue creyendo que el tema de las marchas, las protestas y las diversas resistencias son productos de cuatro radicales “antimineros”. ¿Por qué no se quiere reconocer la consulta? Según me informa Rosa Rivero, del Comando Unitario de Lucha, porque Cañaris no se encuentra en la lista del viceministerio de interculturalidad para realizar una consulta indígena. No he verificado la información, pero en todo caso, como sabemos, el reglamento de la Ley de Consulta, así como el listado, deberían de ser solo referenciales. La Ley de Consulta aprobada por unanimidad no le gusta ahora a nadie: ni a los indígenas que saben que no es vinculante ni a los gremios empresariales que pretenden demorar y demorar su entrada en vigor.

Mientras escribo estas líneas 300 policías ya están apostados en los caminos y más de 500 comuneros suben desde los diversos valles hacia el campamento para tomarlo. ¿Cuál va a ser el resultado de esta situación? No se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta que será un desastre y, como siempre, esperamos que tanto los líderes de las protestas como los responsables de los comandos de la policía sean lo suficientemente cautos e inteligentes para poder frenar un derramamiento de sangre.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 22/01/2013


Servindi, 23 de febrero, 2012.- El reconocido abogado Juan C. Ruiz Molleda nos ofrece un valiosa obra: se trata de la Guía de interpretación de la Ley de consulta previa de los pueblos indígenas (Ley N° 29785): Análisis, comentarios y concordancias de cada uno de los artículos.(descargar libro con un clic en el enlace o en la imagen)

El objetivo del volumen es “proporcionar un marco interpretativo indispensable para la aplicación e implementación de la Ley a favor de los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Sseñala que “las diferentes normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre las que se encuentran las que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, son normas de derecho interno y que en consecuencia son de aplicación inmediata”.

“No lo decimos nosotros, -agrega- lo dice el artículo 55 de la Constitución que prescribe “[l]os tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho”, señala el libro.

“Por todo ello, resulta preocupante la persistencia del desconocimiento y la subutilización de un cuerpo de derechos de los pueblos indígenas de origen internacional”, en referencia a la norma y al actual proceso de reglamentación.

Contenido del libro

Capítulo 1. Nociones básicas sobre la interpretación de normas de rango constitucional sobre pueblos indígenas

Capítulo 2. El derecho a la consulta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte IDH y de la Corte Constitucional de Colombia

Capítulo 3. Reconocimiento de los pueblos indígenas por el Estado peruano

Capítulo 4. Comentarios a la Ley N° 29785 que desarrolla el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT

Capítulo 5. Jurisprudencia nacional y extranjera relevante para la defensa de derechos de los pueblos indígenas
 

Anexos.

Servindi, 21 de febrero, 2012.- Las organizaciones indígenas reunidas en el Pacto de Unidad anunciaron este último lunes que presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la Ley de Consulta Previa “viola derechos indígenas ya ganados”.

Gladis Vila, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres indígenas y Amazónicas del Perú (Onamiap) que forma parte del Pacto, expuso ante la prensa nacional y extranjera las razones de la medida.

En un inicio se le dio un plazo de 30 días (a partir del último día del encuentro nacional para evaluar el reglamento, 15 de febrero) al Gobierno para que se pronuncie sobre la modificación de la norma, sin embargo, el Ejecutivo continúa en conversaciones con dirigentes indígenas que no forman parte de la Comisión Multisectorial, explicó Vila Pihue.

En este sentido señaló que el Gobierno está buscando el apoyo de dirigentes al margen de la Comisión para conseguir así el respaldo que necesitan para la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta.

Los dirigentes del Pacto reafirmaron que lo único que le piden al Estado es que se respete las conclusiones a las que se llegó en los seis encuentros macroregionales donde se evaluó el borrador del reglamento así como la propia Ley de Consulta.

Los encuentros observaron los artículos 1, 2, 4, 7, 15, 19 y algunas disposiciones complementarias. El artículo más polémico es el referido a que el Ejecutivo es quien tendrá la decisión final en caso de que los pueblos indígenas y el Gobierno no lleguen a un acuerdo.

El Pacto de Unidad lo conforman además de Onamiap, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).