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Jueza Mercedes Caballero acogió pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 14 meses para Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, al considerar que si hay peligro de fuga por la gravedad de la pena que recibiría.

Luego del dictamen de la jueza, personal de la policía se acercó rápidamente donde se encontraba Santos, quien levantó los brazos antes de ser retirado a la fuerza de la sala.

Durante la audiencia, que se inició poco después de las 9 de la mañana, el fiscal Walter Delgado presentó un material que sería la prueba de los actos de corrupción que pesan sobre Santos. En esta grabación se puede oír una conversación, según un testigo, entre Gregorio Santos Guerrero, Gilmer Idrogo Cruzado y Percy Flores del Castillo.

Gregorio Santos, quien es acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión agravada contra el Estado, deberá permanecer 14 meses en prisión. Hasta el momento no se conoce a que centro penitenciario será trasladado.


(Foto: Twitter / @Caligari_Macs)

Fuente: Espacio 360 – http://espacio360.pe/noticia/actualidad/detenido-ordenan-prision-preventiva-para-gregorio-santos-0a0d#.U6ssDfl5MSN


Javier Velarde y “Coco” Salazar. Foto: Facebook

Estos días un polémico paquete de medidas para la reactivación de la economía está siendo discutido en el Congreso. Uno de los principales afectados es el Ministerio del Ambiente. En medio del debate, el propio ministro Manuel Pulgar Vidal ha señalado que la minera Yanacocha “intenta desaparecer” a la OEFA, el organismo fiscalizador del MinAm.

¿Tan grave está la cosa como para que el ministro de Ambiente se haya enfrentado directamente a Yanacocha? Al parecer sí.

En este contexto, es hora de echarle una mirada a Facebook.
Dos amigos pasean en moto

Jorge ‘Coco’ Salazar es uno de los hombres más importantes de Nadine Heredia. Aunque él diga que se trata de un mito más que de una realidad, lo cierto es que en Palacio su importancia y efectividad son más que conocidas.

Jorge Salazar, junto a Roxana Altuna, fueron quienes conversaron con Isabel Miró Quesada, la editora de la revista Cosas, para solicitarle que ciertas partes de la famosa entrevista a Nadine no se publiquen. La posición de “Coco” –como lo conocen sus amigos periodistas– al lado de la Primera Dama es privilegiada.

– Lo que pasa es que me han visto en más eventos públicos con ella que con el presidente –nos dijo. Todo es un mito, insiste.

Para alimentar el mito de ser un hombre todoterreno, hay personas que aseguran haberlo visto salir de Palacio de Gobierno, en la madrugada, manejando una Harley-Davidson a toda velocidad, rumbo a Barranco.

Coco y Javier hacen un alto en la carretera para una foto. Foto: Facebook.

Javier Velarde es el Gerente General de Yanacocha. También es el responsable de Asuntos Corporativos y Vice Presidente de Newmont.

Velarde es, además, uno de los más íntimos amigos del asesor de Nadine Heredia. Ambos pasaron juntos la fiesta de Año Nuevo y cada cierto tiempo se reúnen para disfrutar de alguna paella en un almuerzo familiar. Sin embargo, lo que más comparten es el amor por las Harley-Davidson.

Otra foto de Facebook.

Salazar y Velarde pertenecen a un grupo de aficionados a estas lujosas motocicletas que suelen dejarse ver por las calles limeñas del sur de la ciudad.

Todo indica que su amistad es más fuerte que nunca.


Miércoles 11 de julio del 2012 | 07:09

Abogado presenta singular hábeas corpus porque cree que quieren desestabilizar al presidente. Acción habría sido admitida por titular del 22 Juzgado Penal de Lima, que notificará a implicados.

Hábeas corpus busca 'librar’ al presidente Humala de su propia familia. (USI) 
José Clemente
jclemente@peru21.com

Un peculiar hábeas corpus a favor del presidente Ollanta Humala fue presentado ante el 21 Juzgado Penal de Lima contra los padres y hermanos del mandatario por, presuntamente, atentar contra sus derechos y libertades como jefe de Estado, en la modalidad de rebelión y conjura a raíz de los conflictos en Cajamarca y en Espinar.

La demanda fue interpuesta el 5 de julio por el abogado Raúl Arca Araníbar ante la titular de esa instancia judicial, Liz Huisa Félix.

En dicho documento, al que accedió Perú21, se argumenta que Isaac Humala y Elena Tasso, sus hijos Ulises, Antauro, Ima Súmac, así como Liliana Humala, prima de estos, son autores de graves atentados contra el presidente de la República.

Según Arca, los familiares del mandatario “están gestando, en el ámbito nacional y en el extranjero, las condiciones para dar un golpe de Estado” al Gobierno.

FÁBRICA SEDICIOSA
El letrado denuncia, además, que “la fábrica sediciosa se encuentra en la Base Naval del Callao, dirigida por el reo en cárcel Antauro Humala y secundado por Isaac Humala y Liliana Humala”.

Arca dijo también que el patriarca de los Humala y el líder de los etnocaceristas “están poniendo contra la pared al presidente Humala” porque están vinculados con los dirigentes antimineros de Conga.

Recordó que la revista Time publicó, el 23 de junio pasado, las razones por las cuales Humala es odiado por su familia.

“NO LO CONOZCO”
El abogado demandante expresó a este diario que interpuso el hábeas corpus como “una iniciativa ciudadana voluntaria y sin compromiso alguno con el Gobierno”.

Aseguró que no conoce personalmente al mandatario y que tomó esa iniciativa pues “la situación del país es terrible porque se desangra con tantas muertes a causa de los conflictos”.

Perú21 supo de fuentes judiciales que el hábeas corpus interpuesto por Arca habría sido admitido por la jueza Huisa Félix.

De ser así, la magistrada *estaría disponiendo, en las próximas horas, las pesquisas *del caso y notificando tanto al jefe de Estado como a los parientes del presidente que han sido incluidos en la demanda.

De otro lado, Arca reveló que en 2006 presentó una demanda similar, también a favor de Humala, cuando este –siendo candidato– era procesado por el caso Madre Mía.

SABÍA QUE

– Arca presentó el 3 de julio un primer hábeas corpus ante el 55 Juzgado Penal con los mismos argumentos.

– Al no obtener respuesta, acusó al titular de esa instancia ante el 21 Juzgado.

– Arca fue procurador de la actual gestión de la Municipalidad de Surquillo.

Fuente: Peru21


Stephanie Boyd

He promised to make The Great Transformation. This “radical change” would be a “democratic alternative” to neoliberalism, which he blamed for “social inequality, deprivation of natural resources”, and a failure to generate development.

He vowed to listen to farming and indigenous communities.

He said that water was more important than gold.

One year ago, Ollanta Humala, a former army captain, was swept to electoral victory by Peru’s majority poor: the peasant farmers, urban street vendors and Amazonian indigenous peoples.

But once in power, Humala cast off his jeans and blue work shirt, donned a suit and adopted the same neoliberal policies he criticised during his campaign.

His voters were not amused.

Since Humala took office, ten people have died in social conflicts in Peru, more than 120 civilians have been wounded, and states of emergency have been declared in two regions. More than 120 farming leaders and human rights defenders are reportedly under criminal investigation for their alleged involvement in protests against foreign mining companies, including one provincial and one state governor, a priest, and two Catholic Church workers.

The president’s honeymoon with voters ended abruptly in November, when the state of Cajamarca in Peru’s northern Andes declared a strike against a proposed mine. The shutdown paralysed several provinces, with schools and businesses closed and transport routes blocked.

At stake is the $4.8bn Minas Conga project, owned by Newmont Mining of Colorado. It would be the biggest mining investment in Peru’s history, paying $2bn in taxes over the mine’s lifetime. But the project would destroy four sacred lakes, the source of water for an entire farming region.

Humala has taken a hard-line on Conga, insisting it is a project of “national interest” and must go forward. The government says it needs mining revenues to fund development programmes, and has secured a $1.1bn increase in taxes from the industry.

Peruvian groups such as Red Muqui and CONACAMI, a nation-wide coalition of mining communities, say they are not against mining. They want a national zoning plan to designate areas for mining and other industry, agriculture and protected reserves. They’re also demanding a moratorium on mining in watersheds and the use of cyanide in gold mining operations.

Conga, located in a fragile watershed, has become the first major test of Humala’s government, pitting environmentalists against the mining industry, regional politicians against the president, and farmers and indigenous communities against the urban, upper-middle class (who don’t understand why the Technology Gods can’t build artificial lakes to replace real ones, as though natural ecosystems were as easy to create as images on their iPads).

During the strike in November, Humala’s prime minister, Salomon Lerner, a left-leaning businessman, was sent to negotiate. He wasn’t given much time. One day after Lerner initiated talks, the president trumped him by declaring a state of emergency. This meant that civil liberties were suspended and martial law was in effect. At least 28 people were injured during brutal police repression, including a young farmer who was reportedly paralysed by a rubber bullet fired by police.

Lerner resigned, allowing Humala to re-stock his cabinet with a decided shift to the right. The new prime minister, Oscar Valdés, was Humala’s army instructor and reportedly owns a mining concession. Peru’s National Intelligence Service is headed by Victor Gómez, another of the president’s old army buddies and former head of security [Sp] at the Antamina copper mine.

The president’s national security advisor is Adrian Villafuerte, an ex-colonel with alleged ties to Vladimiro Montesinos, the notorious security adviser to former president Alberto Fujimori. Both Fujimori and Montesinos are currently in jail for human rights abuses and corruption.

Humala himself was an army captain during Fujimori’s rule, and had been accused of crimes such as torture and forced disappearances when he was in charge of the Madre Mia military base. The case against Humala was shelved, but human rights groups in Peru are not satisfied and want to see the former captain on trial.

The Conga uprising isn’t the government’s only worry. Humala has faced demonstrations against a proposed hydro-electric plant in the south, uprisings against illegal miners in the jungle region of Madre de Dios and Andahuaylas, and protests against a prison expansion in Arequipa.

In late May, Humala declared his second state of emergency, this time in the southern Andean province of Espinar. On May 21, farming leaders declared a strike to pressure the Tintaya copper mine to negotiate a new social contract. Leaders want improved environmental standards, independent monitoring and increased funds for development projects.

Many Peruvians oppose the Minas Conga project, the biggest mining investment in the country’s history
[Photo courtesy of Grufides]

Thousands of unarmed civilians blocked access routes to the mine, owned by Xstrata of Switzerland. In response, the government sent in hundreds of special police commandos trained in counter-insurgency and anti-terrorism. These heavily armed officers were charged with “subduing” peasant farmers, teachers, lawyers and other urban professionals.

Two civilians were killed (one of them, a school teacher, leaves behind a pregnant widow), two remain hospitalised in a coma, and more than 100 people were wounded. Police allegedly detained 22 people without arrest warrants inside the mine’s compound, including two employees of the human rights office operated by the local Catholic bishop.

After several days in captivity, the detained persons were freed, but many say they suffered torture. Rather than investigating these allegations, judiciary authorities have charged the detainees with crimes related to terrorism.

In an attempt to end the conflict, Oscar Mollohuanca, Espinar’s provincial governor, asked the national government to mediate talks with the mining company. The following day, while Mollohuanca met with local leaders to plan the negotiations, about 50 police commandos reportedly burst into his office in a scene reminiscent of the reality show Cops.

The governor was arrested and imprisoned in Ica, a coastal town 800 kilometres from Espinar. He was sentenced to five months in jail while judicial authorities investigated charges against him related to the strike. Lawyers from Peruvian human rights groups appealed his imprisonment on the grounds that he had not been given a trial and was a prisoner of conscience.

Amnesty International launched a campaign demanding Mollohuanca’s release, and citizens groups across Peru held vigils and protests. On June 13, two weeks after his arrest, Mollohuanca was freed on conditional release. The criminal investigation against the governor continues, however.

The national and international outcry against the human rights abuses in Espinar has brought some positive results in recent days. Peru’s Congress has now formed a commission to investigate possible environmental contamination from the mine, and Xstrata has agreed to negotiate with provincial leaders.

In a public statement, Xstrata “profoundly lamented the acts of violence” in Espinar, and insisted they have always been open to dialogue. The company claims to adhere to all the environmental requirements “established by legislation”, and pledged to “take part in all the environmental studies that may be required”.

But just as the Espinar conflict was beginning to cool, a new strike began in the state of Cajamarca on May 31 to protest against the Conga mining project.

After the 2011 strike, the Peruvian government commissioned an independent review of the company’s environmental study by European auditors. The review recommended several changes to the company’s plan, such as leaving two of the four lakes intact and increasing the amount of water planned for artificial resevoirs.

Newmont defended its original study, saying it had been approved by Peru’s previous government and would provide farming communities with year-round water supplies. Company officials said they were “evaluating” the recommendations, but that if the changes proved too costly, they would “reallocate” their capital to projects in other countries.

Cajamarca’s leaders accuse the company of using scare tactics to force Humala to cave in and allow them to proceed without following the recommendations. In any case, the state governor and a coalition of civil society groups say that preserving two out of four lakes is not enough: they remain firmly opposed to the mine.

Once again, thousands of citizens took to the streets throughout the state in protest.

President Humala vowed to “restore order”. Police repression in Cajamarca over the past two weeks has resulted in more than 60 wounded civilians. Since the conflict began last year, at least 100 protesters have been charged with crimes under tough new legislation. Once-minor offences such as blocking a road have been turned into criminal acts punishable with 20-year prison sentences.

In Cajamarca, about 60 protesters have been wounded by police [GRUFIDES]

Human rights groups say Humala is criminalising social protest, but the president rejects these charges, saying he is merely “defending the rule of law”. The president has also accused protest leaders of being part of a political conspiracy to overthrow his government.

Father Marco Arana, one of the protest leaders, says the government finds it easier to look for scapegoats than “to admit it has a widespread social problem”. According to Peru’s government ombudsman’s office, there are 171 “active social conflicts” across the nation, most centred on mining, petroleum and hydroelectric projects.

Humala also faces opposition from within his own ranks. Last week, four Congress members resigned from the president’s party, accusing him of abandoning election promises.

The president tried to put on a happy face and insisted that the resignations would “strengthen” his congressional block.

Denial aside, it’s clear that Ollanta Humala faces a crisis on several fronts. But with less than a year in office, political analysts say he still has the chance to make amends.

Gustavo Gorriti, a renowned Peruvian journalist, wrote an impassioned letter to the president last week.

“You were elected to be the champion of democracy, and not plutocracy, Mr President,” wrote Gorriti. “There’s still time to adjust your path. I hope you do so. Your success would be a triumph for all of us.”

Stephanie Boyd is a journalist and documentary film maker who has been living and working in Peru for the past 15 years. Her latest film, ‘The Devil Operation’ can be previewed at: www.guarango.org/diablo

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/06/2012614113713713304.html


Durante la campaña electoral y antes de la toma de mando del actual mandatario, se discutía sobre qué características tendría su gobierno: algunos vaticinaban que se parecería al gobierno de Chávez en Venezuela (autoritario, estatista), otros al de Lula en Brasil (crecimiento con redistribución mediante políticas sociales). En aquel tiempo comenté que la comparación con Lula era razonable, pero que su gobierno implicaba también conflictos con el ala izquierda de su partido, que terminaban en divisiones; así como la aparición recurrente de escándalos de corrupción, que felizmente en nuestro caso no han aparecido.

Si seguimos haciendo comparaciones, podríamos decir que el gobierno de Humala enfrenta problemas similares al de otros que llegaron al poder con agendas “progresistas” en los últimos años. Estas izquierdas ganaron en medio de una gran ambigüedad: de un lado, fueron herederas de una tradición “nacional–popular” asociada al populismo tradicional; es decir, una lógica según la cual lo central es recuperar un “control nacional” de los recursos naturales, para destinarlos a esfuerzos redistributivos e industrialistas, arrebatándolos de intereses transnacionales, oligárquicos. Y del otro, llegaron al poder de la mano del fortalecimiento de movimientos indígenas y agendas ecologistas, más bien contrarias a lógicas “extractivistas” y que apuestan por un modelo de desarrollo “alternativo”.

Vistas así las cosas, los dilemas de Humala no se ven muy diferentes a los que enfrentan otros gobiernos de izquierda: encontramos políticas de “recuperación” o “nacionalización” de recursos naturales como el gas y el petróleo en Bolivia y Argentina, pero sin mayores preocupaciones ambientales o sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas iniciativas; la propuesta de construcción de grandes obras de infraestructura en Brasil o Bolivia, pero que enfrentan serias objeciones por sus impactos ambientales y la oposición de la población afectada por las mismas; y en general, el progresivo distanciamiento y la movilización de organizaciones sociales en contra de gobiernos que supuestamente los representaban. A estas alturas, Rafael Correa y Evo Morales enfrentan ya la oposición de los movimientos indígenas, por ejemplo.

Pero así como hay similitudes, hay también grandes diferencias: la principal es que Humala no cuenta con fuerza propia, ni con un partido ni con un núcleo político o intelectual o técnico de confianza, ni cuenta él con la formación y el liderazgo suficientes para avanzar en un camino de transformaciones, ni ha implementado una política de cooptación de individuos o grupos que le permitan suplir la ausencia de cuadros propios. Es esa orfandad la que crecientemente lo “derechiza”, esa es su debilidad principal. Si Humala quiere recuperar la posibilidad de que su gobierno tenga alguna significación y no sea más que la continuidad de los anteriores, debe retomar su espíritu reformista, en la línea propuesta por la “Hoja de Ruta”. Es la lógica que debería primar en el recambio ministerial antes del 28 de julio próximo; para ello, es imprescindible ampliar la base de sustentación de su gobierno, crecientemente ensimismado.


 

Algunos diarios internacionales han hablado en los últimos meses sobre el rol de Nadine Heredia en el gobierno. El Mundo da a conocer que ella “es la única voz que susurraba al oído de Humala durante los recesos de los debates presidenciales y el último filtro que debe salvar la prensa para llegar hasta el hoy electo presidente. Su figura despierta miedo en los opositores del futuro gobierno”.Por su parte, La Nación compara la figura de Nadine con la presidenta argentina Cristina Fernández y la guatemalteca Sandra Torres, que asumieron la cabeza de gobierno luego de que sus maridos lo hubiesen hecho previamente. Además sugiere que, incluso desde ahora, es ella la que verdaderamente lleva la batuta en el gobierno.

Muchos hablan de ella como una mujer muy influyente en el presidente. Ante ello, aquí algunos casos que presenta la web Periodismo en Línea de primeras damas con gran presencia e influencia en el mundo:

“Francois Hollande, presidente de Francia

Por estos días, el mandatario se enfrenta a burlas y críticas debido a una publicación en Twitter efectuada por su pareja, la periodista Valérie Trierweiler, contra la excompañera sentimental de Hollande y madre de sus cuatro hijos, Ségolène Royal, que la derecha aprovecha frente a la segunda vuelta de las legislativas de este domingo.

“Ánimo a Olivier Falorni que no ha desmerecido, que lucha junto a los rochelanos (habitantes de La Rochelle, ciudad a cuya diputación se presenta Royal) desde hace tantos años con un compromiso desinteresado”, escribió la primera dama en apoyo al rival político en las legislativas de Royal.

Ollanta Humala, presidente de Perú

Nadine Heredia, su esposa y madre de sus tres hijos, Illary, Nayra y Samín, es además cofundadora del Partido Nacionalista Peruano (actual Gana Perú), por el cual su marido consiguió ser candidato a la presidencia en dos oportunidades.

La actual primera dama se vio en el ojo de la tormenta por asistir a los consejos de ministros, a pesar de no ocupar ningún cargo público, y también por una publicación en Twitter en medio de un escándalo con el vicepresidente, Omar Chehade, involucrado en un presunto caso de tráfico de influencias. “¿Tan difícil es andar derecho?”, escribió pero su frase fue interpretada como un mensaje indirecto con relación al caso y se desató una gran polémica.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragüa

Rosario Murillo no sólo ejerce su función de primera dama sino que también es vocera de su marido, quien le delegó el 50% del poder, lo que hizo que la prensa de su país se refiera a ella como “copresidenta”, a pesar de que en la práctica se desempeña como ministra de la Presidencia.

Alvaro Colom, expresidente de Guatemala

Aún casada con el mandatario, Sandra Torres quiso sucederlo en el poder. Se divorciaron para eludir una cláusula constitucional pero la Justicia prohibió la candidatura. Fracasado el intento electoral, se convirtió en la máxima autoridad del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Leonel Fernández, presidente de República Dominicana

Margarita Cedeño fue compañera de fórmula de Danilo Medina, candidato presidencial del oficialismo para las elecciones de mayo, donde resultó electa vicepresidente de la República Dominicana para el gobierno que sucederá a su marido, Leonel Fernández.

Cedeño es dueña de una alta popularidad por su labor al frente del Despacho de la Primera Dama, donde maneja un alto presupuesto”.


Según la congresista, la primera dama es quien vela por la permanencia del premier. Además, anunció que la izquierda que rompió con el Gobierno tendrá su propia bancada.
La congresista Rosa Mavila, disidente de Gana Perú, reiteró sus críticas hacia la gestión de Óscar Valdés como jefe del gabinete y sostuvo que la esposa del presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, es la que vela por su permanencia en el cargo.

“Creo que la principal asesora del gobernante ahora lo está asesorando mal y es la principal aliada de Valdés”, dijo en Abre los ojos en alusión a Heredia Alarcón, tras insistir en que espera que el primer ministro renuncie.

Sostuvo que esto se ve en los gestos de apoyo de la primera dama hacia Valdés en eventos públicos y en medio de una coyuntura donde diversos sectores critican el manejo del Ejecutivo de los conflictos sociales como los de Cajamarca y Espinar (Cusco). “En política nada es casual”, añadió.

BANCADA DE IZQUIERDA
Consultada sobre su futuro en el Parlamento, Mavila señaló que, junto con los otros tres renunciantes a Gana Perú, están buscando crear una nueva bancada a los que sumarían otros congresistas.

“Creo que la izquierda va a tener su propia bancada. (…) Por ejemplo, el Partido Descentralista de Puno ya decidió por unanimidad pedirle a Claudia Coari que se defina. El movimiento Apu de Cusco ya le está diciendo a (Hernán de la Torre) que se defina. (También) puede haber disidentes de otros partidos”, aseguró.

Fuente: Peru21

En medio de la protesta de un grupo de cajamarquinos que se oponen al desarrollo del proyecto minero Conga llegó a Cajamarca el ministro de Comercio Exterior y Turismo José Silva, quien remplazó a la primera dama, Nadine Heredia, quien tenía previsto llegar a Cajamarca para inaugurar el sistema de video vigilancia.

Los organizadores del evento señalaron que la visita de la primera dama y su participación en las inauguraciones de las obras municipales tuvo que ser suspendida por motivos de seguridad.

En tanto el ministro de turismo a su llegada a las instalaciones de la municipalidad provincial cajamarquina se encontró con un grupo de protestantes que se oponen al desarrollo del proyecto minero conga, y con intensión de calmar los ánimos dirigió algunas palabras a los protestantes indicando que impulsara el turismo.

Luego de inaugurar el centro de formación Kory Wasi y el sistema de video vigilancia, José Silva, aseveró que regresará a Cajamarca el 19 de febrero para bailar la “matarina” y ser participe de las fiestas del carnaval cajamarquino.

RPP