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Por Carlos León Moya

El sábado por la mañana, mientras desayunaba, vi “Rumbo Minero”.

No fue adrede: decidí prender el televisor para ver cualquier cosa, y al hacerlo apareció en Canal N. Dado que conducía Jimmy Chinchay, que parece el pata de tu barrio con el que jugabas metegol-tapa los domingos, no cambié de canal.

Pero a los minutos todo cambió. El fondo se volvió azul, los conductores se volvieron blancos. Estos eran duros, pesados, sin gracia. Miradas de gamonal, espíritu de patrón. Si Jimmy Chinchay era el que ponía los ladrillos para armar el arco, estos señores son los que enrejan la calle, no te devuelven la pelota y llaman a Serenazgo para que te boten de su calle.

Eran los mineros.

Aunque es un programa predecible (vamos, ¿qué se puede esperar de un grupo de señorones que contratan el espacio a un canal por cable, sino hacer propaganda de sí mismos y sus actividades?), algunas cosas me sorprendieron ayer.

Primero, su forma robótica. ¿Acaso la única forma de parecer serio en el Perú es parecer tecnócrata, y la única forma de alcanzarlo es parecer un robot? Pienso en varios casos y da la impresión que sí. Acaso Ken, también conocido como Juan José Garrido Koechlin, llevó el paradigma del robot a nuevos espacios, pero no es el único. La fórmula es simple: un terno, el pelo con gomina, la mirada seria, rigidez corporal y un tema económico. El resultado de la ecuación: parece serio. Ya no importa tu mucho sesgo ideológico y tu poca evidencia empírica: ahora puedes ponerte a hablar huevadas a discreción.

Segundo, lo monopensantes e idiotas que pueden ser. Apenas iniciado el programa, los conductores lanzaron una divertida pregunta al aire para que su fiel público colapse las líneas telefónicas con sus respuestas.

La pregunta era algo así: el último Marco Macroeconómico Multianual proyecta que el 2015 creceremos, digamos, en 5%. Pero a fines de este año tenemos elecciones regionales, provinciales y distritales, donde podríamos elegir a autoridades cacasenas, serranos bloqueapistas, cajamarquinos anti-modernidad y dirigentes de Movadef que en su tiempo libre hacen pintas de Patria Roja. ¿Usted cree que, si en lugar de los anteriores escogemos autoridades regionales dispuestas a apoyar la inversión privada, podríamos crecer más que lo proyectado por el Marco Macroeconómico Multianual?

No me ofende, para nada, el sesgo detrás de la pregunta. A fin de cuentas, la Sociedad Nacional de Minería ha pagado por el espacio y puede malgastarlo como mejor le parezca.

Lo que me preocupa es su intrínseca idiotez. A cinco problemas similares, la misma respuesta: destrabar las inversiones. La misma idiotez que tiene la CONFIEP(*) cuando, en todas sus declaraciones públicas, desde la promulgación de la Ley Universitaria hasta la canonización de la salchicha huachana, apela a la misma perorata: a) se frenarían las inversiones, y b) se pone en riesgo la institucionalidad del país. Aunque hace poco utilizaron c) su entrevista pone en riesgo a la primera dama que es nuestra llave en Palacio, por lo general solo usan a) y b).

Como decía, es legítimo que los amigos de Rumbo Minero y la CONFIEP defiendan sus intereses. También es legítimo que no les interese la institucionalidad del país y que se hagan de la vista gorda con cada autoridad regional corrupta que conocen en tanto les permita seguir obteniendo utilidades. Es legítimo también que Alfonso García Miró se haya vuelto amigo de la primera dama, y que los conductores de Rumbo Minero vean a las regiones como islas guaneras.

Lo que me subleva es que sostengan su defensa como si fuésemos perros de Pavlov. ¿No pueden elaborar un poco más, inventar una segunda premisa para atar con la primera? ¿En serio creen que voy a salivar cada que las inversiones no están en riesgo? Por ejemplo, el presidente de la CONFIEP sostuvo que la Ley Universitaria “pone en riesgo las inversiones”. Entonces, si hubiese una educación pública de calidad y una educación privada que no sea una estafa, ¿tendríamos empresarios menos rústicos? ¿Tanta plata para tan poca idea?

Al final, terminé mi desayuno y terminó Rumbo Minero. Naturalmente, nadie llamó a contestar la pregunta sobre el Marco Macroeconómico Multianual. Y en la pista de mi cuadra no apareció Jimmy Chinchay.


(*) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP):http://www.confiep.org.pe/home

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Fuente: Publicado el 5 de mayo en la revista semanal Dedo Medio: http://www.dedomedio.com/politica/rumbo-minero/?fb_action_ids=856276181055731&fb_action_types=og.likes#


Lea “¡La catástrofe climática está a la vuelta de la esquina!”, la columna de Álvaro Durand

 
Por: Alvaro Durand – @alvarodurand 
 
El cambio climático es real y los responsables somos nosotros. No lo digo yo. Lo dice el 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, o IPCC por sus siglas en inglés.

Si no quieres leer las más de mil páginas escritas por más de doscientos cincuenta científicos de treinta y nueve países (y otros mil expertos que revisaron el informe antes de su publicación en setiembre de 2013), aquí te canto las principales conclusiones.

Los científicos del IPCC consideran que el 95% de la evidencia señala que el principal responsable del calentamiento global generado en los últimos sesenta años es el ser humano. Sí, tú y tus actividades contaminantes.

Los expertos también coinciden en que si no disminuimos drásticamente nuestras emisiones de CO2 (la quema de energías fósiles principalmente), la depredación de los recursos, el consumo desmedido y el mal manejo de los desechos, un aumento de dos grados centígrados en la temperatura sería inevitable hacia finales de siglo, lo que resultaría en trastornos climáticos incontrolables.

El deshielo de los casquetes polares inundaría ciudades enteras y cambiaría los ecosistemas del mundo. Especies enteras desaparecerían. Los desplazados climáticos se contarían por millones. En el nuevo escenario, las catástrofes climáticas de gran magnitud, o lo que antes llamábamos tormentas del siglo, podrían asolarnos cada veinte años. De hecho, ya hemos visto algunas. ¿O creías que el huracán Katrina o el vórtice polar que azotó Nueva York hace poco fueron eventos aislados?

El panorama para América Latina también es sombrío. El Perú, por ejemplo, a pesar de que emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero, es el tercer país más vulnerable frente a los efectos del cambio climático. Los sectores más afectados serán la agricultura, la pesca y el turismo. Las inundaciones y sequías van a afectar negativamente la producción de maíz, papa y arroz, parte de la canasta básica familiar.

Y es que somos uno de los países con mayor diversidad biológica. Poseemos 27 de los 32 climas del mundo, 84 de las 104 zonas de vida en el planeta, el 71% de los glaciares tropicales del mundo y el segundo bosque amazónico más grande después de Brasil, entre otras riquezas ecológicas que entrelazan la economía y nuestras vidas al clima.

Sin embargo, Lima se sigue moviendo con un parque automotor obsoleto que contamina el aire con niveles de azufre que superan el 472% y continúa desaguando sus desperdicios en el mar que baña sus costas. La ciudad de La Oroya se mantiene inscrita en la penosa lista de las diez ciudades más contaminadas del planeta y en la selva la minería ilegal sigue talando bosques vírgenes y derramando mercurio, plomo y arsénico en los ríos.

Muchas empresas formales también contaminan la tierra, a sus habitantes y al agua que consumen, y luego son blindadas desde la CONFIEP y la cartera de Energía y Minas. Así funciona la vaina en el Perú.

Si no, pregúntenle a la minera Yanacocha por el derrame de mercurio en Choropampa hace quince años, o su reciente intento por secar las cabeceras de cuenca en Conga y las muertes que ya va sumando su proyecto. Preguntemos a la OXY y a Pluspetrol por lo sucedido en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, en el norte de Loreto. Y preguntemos nuevamente a Pluspetrol por el derrame de crudo en territorio de la etnia Kokama, en el lote 8x, en pleno Parque Nacional Pacaya Samiria.

Pero también preguntemos a la candiense Pacific Rubiales cómo ha logrado detener la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor en la frontera con el Brasil. Y al grupo Palmas, de Dionisio Romero, por las más de veinte mil hectáreas de bosques primarios que pretende arrasar en Loreto para sembrar palma aceitera en nombre del desarrollo y de los cultivos alternativos. ¿Informarán sobre las toneladas de CO2 que se liberan con la deforestación?

Preguntemos, pues, al expresidente Alan García por la demencial concesión del 70% de nuestra selva para la extracción de hidrocarburos y el cultivo de biocombustibles. La sabanización de la Amazonía a la vuelta de la esquina.

Mientras tanto, los imponentes glaciares en la cordillera retroceden y el agua en Lima ya empieza a escasear. En la costa norte la sequía y la desertificación comienzan a enterrar pueblos como San Pedro de Lloc. El verano ahora es más caliente y la piel duele si la expones mucho tiempo al sol. En el Cusco, el patrón de las lluvias ha cambiado para siempre. Durante el invierno, la helada golpea más fuerte y con mayor frecuencia. Ahora caen más huaycos, los ríos se desbordan más a menudo y hay más inundaciones. Todo está conectado.

En ese sentido, debemos implementar medidas de mitigación y de adaptación, atraer fondos financieros y de investigación, así como invertir en sistemas de información. Pero también es fundamental empezar la transición hacia energías limpias y renovables. Más allá de la energía hídrica, en Arequipa y Puno tenemos un enorme potencial para almacenar energía solar. En la costa norte y sur el viento es favorable para promover la energía eólica. Y desde Cajamarca hasta Tacna tenemos identificadas 156 fuentes de energía geotérmica.

Si el Perú tiene una oportunidad para poner estos temas en la agenda mundial, esa oportunidad única se va a dar en diciembre de este año durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20), la cumbre climática que se celebrará en Lima durante dos semanas con la participación de doce mil representantes de 194 países y varias organizaciones indígenas que podrían definir el futuro del planeta.

Desgraciadamente, las señales desde el gobierno no son positivas. El jueves de la semana pasada, el mismo día en que el empeñoso Ministerio del Ambiente lanzaba la campaña “Pon de tu parte – Compromisos por el Medio Ambiente”, Eleodoro Mayorga, el nuevo ministro de Energía y Minas, nos traía de vuelta a la realidad en su primera declaración pública. El flamante ministro anunció un nuevo reglamento de hidrocarburos en el que se eliminan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la sísmica petrolera, a cambio de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el equivalente a una simple declaración jurada. Así las cosas, parece broma que el año 2014 haya sido designado por el gobierno peruano como el Año de la Promoción de la Industria Responsable y el Compromiso Climático.

Esperemos que el presidente resuelva esta crisis teniendo en cuenta la cita histórica a la que nos han comprometido nuestros gobernantes y la catástrofe climática que finalmente ellos han ayudado a generar.




Perforadora a orillas de laguna El Perol – Py. Conga de Minera Yanacocha Foto: Archivo
 
Minera Yanacocha presentó al Ministerio de Energía y Minas un estudio ambiental que corresponde al proyecto de oro Colorado, en el departamento de Cajamarca. El estudio de impacto ambiental semidetallado (EIASD) comprende la realización de 659 perforaciones y plataformas en los alrededores del distrito La Encañada. Cada perforación tendrá una profundidad de 600 metros. La duración de actividades será de 60 meses.

El estudio se encuentra en etapa de evaluación. De ser aprobado, el inicio de actividades por parte de Yanacocha comenzaría hacia la segunda quincena de abril del próximo año.

Características

El proyecto Colorado, ubicado en las cuencas de Jequetepeque, Llaucano y Crisnejas, comprende unas 1,233 hectáreas, en las cuales, se estima, hay presencia de recursos auríferos. El presupuesto por el proyecto sería de US$ 1.99 millones. El requerimiento de agua se hará para la fase de exploración, tanto para consumo doméstico como de proceso. El proyecto no se halla en un área protegida, indicaron. En todo el proceso de construcción, exploración, cierre y poscierre se necesitará un promedio de 75 trabajadores.

Tajo Carachugo

Por otro lado, el MEM tiene en etapa de evaluación la presentación de una nueva modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) para la ampliación del tajo Carachugo Suplementario -localizado al este de la operación Yanacocha-, que la empresa minera viene estudiando en el distrito de La Encañada, en Cajamarca.

Este nuevo EIA es la cuarta modificación encargada por Yanacocha, la cual fue presentada al Ministerio de Energía y Minas en octubre pasado.

El estudio de impacto ambiental de ampliación en el tajo Carachugo comprende la explotación de una reserva mineral de donde se extraerán 3.47 millones de toneladas de mineral y 2.67 millones de toneladas de desmonte adicionales ubicadas en el referido tajo.

EN CORTO

El estudio de impacto ambiental semidetallado por el proyecto Colorado es el único que minera Yanacocha presentó en este año. En el 2012 entregó estudios ambientales (declaracion de impacto ambiental y EIASD) de 11 proyectos, todos en Cajamarca. Entre estos, La Pampita, Conga, Cerro Negro, La Quinua, Jannet, Maqui Maqui y San José.

PRECISIONES

  • Las actividades en tajo Carachugo serán de 8 años y tres meses.
  • La anterior modificación de Carachugo fue aprobada por el MEM en febrero de este año.
  • Newmont y Buenaventura son principales accionistas en Yanacocha.

Fuente: Rumbo Minero
Link: http://lpbnews.com/es/nota/minera-yanacocha-alista-nuevo-proyecto-de-oro-en-cajamarca?utm_source=Reporte+de+Noticias+LPBNews&utm_campaign=de21b7330b-Reporte_de_Noticias_LPBNews_175_Test2_7_11_2013&utm_medium=email&utm_term=0_f9f8306e85-de21b7330b-52255377


 
Foto: Perú 21

Escribe: José De Echave C.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.

La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.

Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.

El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.

Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.

Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.

El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.

Escrito: Dic 21, 2013 Actualizado: Dic 22, 2013


Protestas. En el primer taller donde exponían el EIA de Tía María hubo protestas que dejaron heridos a diez policías. Protestas. En el primer taller donde exponían el EIA de Tía María hubo protestas que dejaron heridos a diez policías.
Conflicto. Hasta el cierre de edición, Southern confirmó que el segundo taller será en la misma fecha. Alcaldes y dirigentes que se oponen al proyecto plantean reuniones previas.

Cecilia Mendoza.
Arequipa.

El primer taller participativo sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) delproyecto Tía María de Southern Perú prendió la mecha del conflicto social. Esta actividad terminó en medio de protestas de un grupo de pobladores que rechazan la operación minera.

El dirigente Jaime de la Cruz y el alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale, justificaron las manifestaciones en contra. Aseguran que los participantes del taller -requisito exigido para aprobar el EIA- no eran pobladores del Valle del Tambo. Y que a varios de los interesados en escuchar detalles del proyecto no los dejaron ingresar.

De la Cruz confirmó que el miércoles 30 a las 00:00 horas iniciarán un paro de 24 horas contra la compañía minera, a la que acusan de sacar Tía María contra viento y marea.

Según el dirigente, la mayoría de pobladores de la zona de influencia tiene temor de la actividad extractiva. “Ellos (la mina) dicen que la mayoría los apoya, si eso fuera verdad ellos mismos hubieran echado a los manifestantes que fueron a protestar en el primer taller”, indicó.

Para De la Cruz, quienes apoyan a la mina aún son pocos y esto lo consiguen a base de regalos.

PROPUESTA

De la Cruz pidió hablar con las autoridades para que estas alcancen a Southern las preocupaciones ambientales y de ordenamiento territorial, y un mapa que zonifique en donde se dará cada actividad.

En esta reunión se debe tomar acuerdos, refirió el dirigente, y después de ella se consultaría si se quiere escuchar a la mina. El lugar por tanto debe ser grande. La única condición es que los asistentes tengan voz y voto.

Por su parte, Richard Ale solicitó a los empresarios suspender el segundo taller participativo hasta que exista un ambiente de paz social.

Este mismo pedido lo realizó un día antes el presidente regional Juan Manuel Guillén. La autoridad solicitó a la empresa minera no precipitarse con la obtención de la licencia social, la luz verde de la ciudadanía para operar.

REUNIÓN PREVIA

Guillén propuso que antes de realizar los talleres se pacten las condiciones para estas reuniones con los alcaldes y dirigentes.

“Tengan por favor una reunión, un diálogo sobre las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el taller, me parece que es lo más prudente”, dijo la autoridad.

El presidente Guillén Benavides pidió a la minera tomar en cuenta que hay personas (contra la minería) que están dispuestas a poner en riesgo su vida y otras vidas.

Durante el primer taller participativo del proyecto, una turba de manifestantes encapuchados intentaron quemar el local y lanzaron piedras hacia la zona donde representantes de la mina exponían el EIA. Los policías fueron los más perjudicados


Crimen Ambiental en progreso a pocos metros de laguna El Perol en Conga – Foto: Archivo
 
 El regulador está cobrando las sanciones por adelantado, causando “problemas serios en el flujo de caja delas empresas” y ni siquiera contempla la devolución si se comprueba su exceso, dijo el experto en derecho ambiental.

El cobro por adelantado de las multas ambientales a las empresas mineras “significa un abuso de parte del Gobierno”, más aún cuando “el 50% de las sanciones son arbitrarias”, criticó el abogado Lorenzo de la Puente, especialista en Derecho Ambiental.

Sucede que cuando las empresas deciden ir al Poder Judicial porque consideran injustas las sanciones, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) -amparado en la reciente Ley N° 30011- ya está cobrando las multas ambientales así el fallo les dé o no la razón. Y las empresas -dijo el experto- ni siquiera tienen facilidad de presentar una carta fianza.

“La carta fianza debe presentarse en un proceso cautelar. El Poder Judicial todavía tendría que admitirla. En todo ese tiempo, el OEFA -que corre cien metros planos rápidamente- ya embargó las cuentas de las empresas. Y, obviamente, les está causando problemas serios de flujo de caja”, explicó el también administrador del blog Impacto Ambiental de Gestion.pe.

El objetivo que tiene el Gobierno es impedir que las multas ambientales no se cobren, porque anteriormente se suspendían cuando las mineras llevaban el caso al Poder Judicial y eso constituía una costumbre para dilatar durante años el proceso sin pagar nada. De la Puente dijo que “eso es falso”, pues la intención no es evadir la multa, sino defenderse contra la arbitrariedad.

“Hay una gran cantidad de multas que son por exceso de límite máximo permisible. Eso supera el 50% de los casos que vienen por clientes. Y ahí hay una arbitrariedad clarísima de la OEFA, porque confunde daño ambiental con riesgo ambiental”, argumentó.

Y para sumar otro cuello de botella: la Ley N° 30011 no incluye el proceso de devolución del dinero de las multas en caso la empresa salga victoriosa en el Poder Judicial. “Cuando el OEFA pierda uno de los juicios, simplemente va a mirar su presupuesto y no tendrá nada para devolver el dinero”

“La ley crea salas especializadas con vocales a tiempo completo. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar a esas personas y toda esa infraestructura? De las multas. Cuando tenga que devolver las multas indebidamente impuesto, no tendrá el dinero para hacerlo”, insistió.

 


Cañaris. El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró que el pueblo quechua de Cañaris no sería objeto de consulta previa.
 
Perú cuenta con un reglamento para la consulta previa desde abril de 2012. Desde entonces, 2 viceministros de Interculturalidad han renunciado y todavía no se publica la base de datos de Pueblos Indígenas.

Por: Beatriz Jiménez

Perú celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con un viceministerio de Interculturalidad acéfalo y un reglamento para aplicar la consulta previa entrampado por la no publicación de una base de datos que defina quiénes son y dónde están nuestros pueblos indígenas.

La postura enarbolada por un sector del Ejecutivo de no incluir a las comunidades andinas como sujetos de derecho a la consulta previa parece haber ganado en una pugna con casi dos años de historia que ha enfrentado al viceministerio de Interculturalidad con el resto del gabinete .

Tras la renuncia de Paulo Vilca, el pasado 25 de julio, el Ministerio de Cultura no encuentra hasta el cierre de esta nota quien quiera sustituirlo. Este viceministerio es uno de los más calientes del gobierno. Todos los que lo han ocupado se han quemado con la consulta previa.

El primer viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, fue destituido en octubre de 2011 junto con la entonces jefa del Indepa, Raquel Yrigoyen. Tras su abrupta salida, esta última denunció presiones de Pluspetrol para que se permita realizar trabajos de ampliación de la exploración en el lote 88, superpuesto a la reserva territorial Kugapakori.

La gestión de Iván Lanegra fue más fructífera. El vice- ministerio logró aprobar unReglamento de la Ley de Consulta Previa en abril de 2012 y elaboró una base de datos de pueblos indígenas hasta ahora nunca publicada. Esta base incluía a 52 pueblos indígenas: 48 amazónicos y 4 andinos (quechuahablante, aymara, uro y jacaru).

Tras discrepancias abiertas con Jorge Merino, Lanegra renunció después de que el presidente Ollanta Humala declarara en una entrevista televisiva el pasado 28 de abril que la mayor parte de comunidades andinas eran “comunidades agrarias producto de la reforma agraria”, negando así su carácter indígena.

El hasta entonces Director de Interculturalidad, Paulo Vilca, pasó a ocupar su lugar. En su gestión, se avanzó en la primera consulta previa: la realizada al pueblo Maijuna. Sin embargo, el Lote 88 entró en juego. Vilca finalmente renunció después de que el gobierno desconociera las 83 observaciones que realizó al Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol.

En medio de este escenario de inestabilidad política en el viceministerio de Intercultural, las organizaciones indígenas no han jugado un buen partido. Tanto Aidesep, la principal organización de Pueblos Amazónicos, como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, están viviendo este proceso inmersas en disputas internas.

PRESIONES ECONÓMICAS

La ventana abierta en septiembre de 2011 con la aprobación de la Ley de la Consulta Previa podría cerrarse empujada por el descenso del precio de los metales y las presiones que según nuestras fuentes ejercen la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo(SNMP) y la Confiep.

“El derecho a la consulta no tiene que ser visto como un obstáculo para el desarrollo”, insiste Lilian Landeo, Coordinadora del Programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover el Convenio 169. “Nos da la impresión de que hay mucho temor en aplicar un proceso serio de consulta. ¿Qué mejor que tener concesiones mineras y petroleras consultadas con las comunidades indígenas locales?”.

La OIT reconoce los avances de Perú al promulgar la consulta previa y su reglamento, convirtiéndose en el primer país de la región en crear estos instrumentos para cumplir con el Convenio 169. Sin embargo, pide a Perú ponerlos en práctica.

Este organismo de Naciones Unidas recuerda que el Convenio 169 no plantea la necesidad de una base de datos para realizar un proceso de consulta . “Para nosotros es una discusión que no tiene sentido”, explica la representante de OIT. “Basta que una medida del Estadoafecte a los pueblos indígenas para realizar una consulta en busca de un consentimiento libre, previo e informado”.

Lilian Landeo informó a La República de que el Estado Peruano, en informes ante órganos de control de la OIT, reconoce que las comunidades campesinas son pueblos indígenas. “El convenio dice que independientemente de la denominación que tengan en el país, basta que el gobierno las identifique como indígenas para que sean reconocidas así”, explica tras citar el caso de Colombia, que reconoce el derecho a consulta previa de los pueblos afrodescendientes.

CONSULTAS

Área de conservación maijuna. Comunidades nativas Maijuna de Loreto proponen la creación de un Área de Conservación Regional de casi 400 mil hectáreas. Este proceso de consulta es el primero llevado a cabo en el país y está a cargo del Gobierno Regional de Loreto. Todavía sigue en curso.

Lote 192. Perupetro es el encargado de iniciar el proceso de consulta de este lote petrolero en Loreto.

26 lotes petroleros. Perupetro ha anunciado que este año licitará 26 lotes petroleros que serán objeto de consulta previa.

Ley forestal. A cargo del Ministerio de Agricultura. El reglamento de la Ley Forestal va a ser sometido a un proceso participativo.

Ley de lenguas. El Ministerio de Educación está elaborando un reglamento de la Ley de Lenguas que será sometido a consulta.

Salud intercultural. El Ministerio de Salud tiene a su cargo la elaboración de una política en Salud Intercultural.

 

Indígenas Nanti / Foto: Indepa

Servindi, 6 de agosto, 2013.- La Defensoría del Pueblo recomendó al Ejecutivo tomar en consideración las observaciones planteadas por el Viceministerio de Interculturalidad al proyecto de ampliación del Lote 88 de la empresa Pluspetrol, a fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que se encuentran en dicha zona.

La exhortación la efectuó a través de un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.

En el documento, el titular de la Defensoría, Eduardo Vega Luna, aconseja que el Ministerio de Cultura notifique inmediatamente la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC del 12 de julio de 2013 a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas.

Como es de conocimiento público, dicha resolución plantea 82 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del Lote 88 de la petrolera de capitales argentinos.

El Defensor del Pueblo recomendó también que el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas garanticen que la evaluación del estudio de impacto ambiental para la ampliación del Lote 88 cumpla con la finalidad de que los pueblos indígenas gocen de un ambiente adecuado para el desarrollo de su vida.

Asimismo, sugirió al Ejecutivo cumplir con establecer y proteger las reservas indígenas que garanticen el derecho a la vida, integridad y salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, conforme lo establece la Ley N° 28736.

De igual modo, que apruebe e implemente un plan nacional para la protección de estas poblaciones.

El comunicado de la Defensoría se conoce luego de que varias organizaciones civiles le expresaran al presidente de la República Ollanta Humala la necesidad de detener la ampliación del área para la explotación de hidrocarburos por el riesgo en que coloca a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Es importante recordar que sobre un 23.04 por ciento del área de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti (RTKNN) se superpone el Lote 88.

A continuación el oficio completo de la Defensoría del Pueblo:

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Defensoría del Pueblo

Lima, 06 de agosto de 2013

OFICIO N° 1132 -2013/DP

Señor

JUAN JIMÉNEZ MAYOR

Presidente del Consejo de Ministros

Presente.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme a la Resolución Viceministerial N°005-2013-VMI-MC, del 12 de julio de 2013, mediante la cual el Viceministerio de Interculturalidad emitió su opinión técnica previa vinculante sobre el «Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88», publicado en la página web del Ministerio de Cultura, el 15 de julio del presente año.

Como es de su conocimiento, debido a la extrema vulnerabilidad inmunológica, demográfica y cultural que caracteriza a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, el Estado peruano ha asumido un conjunto de obligaciones jurídicas con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección de derechos que asegure su existencia e integridad.

Estas obligaciones derivan, también, del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de las Naciones Unidas.

En atención a ello, y con el fin de garantizar la protección de los grupos étnicos Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, el Estado —mediante Resolución Ministerial N° 0046-90-AG/DGRAAR, publicada el 25 de febrero de 1990— declaró la superficie de 443,887 hectáreas ubicadas en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya, departamentos de Cusco y Ucayali respectivamente, como reserva del Estado a favor de los citados pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Posteriormente, con el objeto de otorgar un mayor grado de protección legal a dicha reserva, se emitió el Decreto Supremo N° 028-2003-AG, que estableció que los «derechos de aprovechamiento de recursos naturales actualmente existentes deberán ejercerse con las máximas consideraciones para garantizar la no afectación de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan al interior de la Reserva Territorial».

No obstante ello, es importante recordar que sobre un 23.04% del área de la mencionada reserva territorial se superpone el Lote 88. El Consorcio Camisea viene realizando actividades de exploración y explotación de gas en la zona en virtud de la aprobación de los estudios de impacto ambiental del 24 de abril de 2002 y del 13 de abril de 2012. Sumado a ello, la empresa Pluspetrol ha presentado un nuevo «Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88», que comprende realizar programas sísmicos 2D y 3D, la perforación de hasta 18 pozos exploratorios y de reinyección en seis locaciones y el tendido de una línea de 10.5 km para la conducción de gas natural entre las locaciones San Martín Este y San Martín 3.

En consecuencia, el 12 de julio del 2013, el Viceministerio de Interculturalidad emitió la Resolución Viceministerial N°005-2013-VMI-MC, formulando 83 observaciones al EIA citado, concluyendo que «la empresa no ha presentado en el EIA cuál es el sustento de la valoración de impactos que ha efectuado, careciendo por tanto de criterios técnicos para establecer el impacto real que tendrá el proyecto sobre la vida y salud de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial» y que «las medidas de mitigación que establece son insuficientes para reducir los posibles impactos identificados».

De acuerdo con la evaluación realizada por el Viceministerio de Interculturalidad, las actividades propuestas para la prospección sísmica 2D que se superponen sobre las áreas que habita el pueblo Nanti en situación de aislamiento y los pueblos indígenas en contacto inicial Matsigenka y Nanti del Alto Camisea, Medio Camisea y Medio Cashiriari, conllevan «un impacto severo en la salud de dichas poblaciones». Asimismo, las actividades para la prospección sísmica 3D y los pozos exploratorios que se superponen sobre las áreas que habita el pueblo Kirineri en situación de aislamiento y Nahua en contacto inicial «conllevan a un impacto crítico a severo en la salud de dichas poblaciones, así como afectaciones severas y moderadas […] sobre su provisión de alimento».

La ejecución simultánea de los proyectos planteados «generaría altos impactos acumulativos […] como la alteración (recorte) de sus rutas de desplazamiento, la disminución de sus recursos de subsistencia, el incremento de las posibilidades de salida de esta población fuera de la Reserva y, en consecuencia, el aumento del riesgo de contactos no deseados, transmisión de enfermedades y muerte de la población».

Por lo expuesto, la opinión del Viceministerio de Interculturalidad prescribe que «no debe contemplarse la realización de actividades que tengan impactos críticos o severos para la salud y desarrollo de los modos de vida de poblaciones altamente vulnerables, como lo son los miembros de los pueblos en situación de contacto inicial, y aún más, de los pueblos indígenas en situación de aislamiento».

La citada Resolución Viceministerial indica, finalmente, que todas estas observaciones deben ser subsanadas por el titular del proyecto. Sin embargo, cabe señalar que, a la fecha, no se ha cumplido con notificar esta resolución a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, a fin de que esta cumpla con poner en conocimiento formalmente del administrado las observaciones mencionadas.

En opinión de la Defensoría del Pueblo, las observaciones señaladas en la citada resolución concuerdan con el deber del Estado de proteger los derechos fundamentales a la vida, integridad y salud de un grupo especialmente vulnerable como las poblaciones indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Por lo expuesto, y de conformidad con los artículos 161° de la Constitución Política del Perú y 26° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, me permito recomendar a su Despacho que tenga a bien disponer las siguientes acciones destinadas a proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial:

a. Que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Energía y Minas garanticen que en la evaluación del «Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88» se analice rigurosamente y se tome en consideración las observaciones planteadas en la Resolución Viceministerial N°005-2013-VMI-MC.

b. Que el Ministerio de Cultura notifique inmediatamente la Resolución Viceministerial N°005-2013-VMI-MC del 12 de julio de 2013 a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con el artículo 18.1° de Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

c. Que el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas garanticen que la evaluación del «Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88» cumpla con la finalidad de que los pueblos indígenas gocen de un ambiente adecuado para el desarrollo de su vida.

d. Que el Poder Ejecutivo cumpla con establecer y proteger las reservas indígenas que garanticen el derecho a la vida, integridad y salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, conforme lo establece la Ley N° 28736. Asimismo, que apruebe e implemente un plan nacional para la protección de estas poblaciones.

Nuestra institución comparte el objetivo nacional de promover la inversión privada, la misma que debe desarrollarse en estricto respeto de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas y, en particular, de las poblaciones indígenas.

Con la seguridad de su atención, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

EDUARDO VEGA LUNA

DEFENSOR DEL PUEBLO (e)

C.c.

Señora
DIANA ALVAREZ—CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura

Señor
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

Señor
MANUEL PULGAR—VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente

Señor
PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp)

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Oficio Nº 1132-2013 Defensoría del Pueblo a la PCM.


Para el exministro de Energía y Minas este caso fue un “daño terrible a la credibilidad del país”. El saldo de esta mala imagen -afirmó- lo estamos viendo en la caída en política y potencial minero. “No somos el único mendigo sentado en un banco de oro”, dijo.

La minería peruana como atractivo de inversión extranjera “perdió un poco el carro” entre la gestión de los ministros Carlos Herrera Descalzi y Jorge Merino –encargados de la política minera en el sector–, pues no se garantizó la estabilidad jurídica del país al permitir la paralización de Conga.

Ese fue el balance de Fernando Sánchez Albavera –exministro de Energía y Minas, y director de la Cátedra Minero-Energética de la UTEC– sobre los dos años del gobierno de Ollanta Humala. “Hay que distinguir lo que fue la coyuntura de Herrera Descalzi y la de Merino Tafur. Ahí hay un puente de déficit en el que perdimos un poco el carro. No establecimos condiciones para garantizar la estabilidad jurídica en el país”.

Ya se había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto Conga. En otras palabras –recordó–, se habían pasado todos los pasos definitivos para que un proyecto se concrete, y por cuestiones políticas se alteró esa tramitología legal y se contrató un peritaje internacional.

Para Sánchez Albavera, ese hecho dejó una huella en la imagen del sector que hoy estamos saldando, como demuestra la encuesta internacional del Instituto Frazer, donde volvimos a caer en política minera y potencial minero.

“Es terrible y lamentable el daño de credibilidad que generó lo de Conga. Y, sobre todo, el ridículo que hicimos internacionalmente al haber contratado un peritaje que nadie puso en debate en el país. ¿Leyó el informe el ministro correspondiente? ¿Lo leyó el señor Gregorio Santos?”, criticó Sánchez Albavera.

¿Un mendigo en banco de oro?
El catedrático de la UTEC recordó algunas ideas del peritaje que debieron ser sometidas al debate, tanto público como académico. “En la zona de Conga, no hay ninguna posibilidad de hacer agricultura. Eso que tanto discuten no son lagunas, sino hoyos mineralizados donde cae lluvia. Tampoco hay filtración de agua. Hay una tremenda discusión desde el punto de vista hídrico que no aprovechamos”.

“En el Perú ‘pasamos piola’. Decimos Conga no va, porque creemos que somos un mendigo sentado en un banco de oro”, agregó. Para Sánchez Albavera, ese pensamiento no es más que una “deformación histórica”, cuando en la práctica somos un país que compite en minería con países desarrollados.

“El Perú está captando 4% de la inversión mundial en exploración. Viene decreciendo en términos internacionales. No somos los únicos. Cuando nosotros decimos Conga no va, hay tres Congas en el mundo que se pueden desarrollar”, advirtió.

Gestión


Proyecto minero Conga

Ministro admitió que para que el proyecto se ejecutará pero para ello es necesario que los pobladores y rondas campesinas estén de acuerdo.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, aseguró estar convencido de que el proyecto minero Conga se desarrollará en algún momento, pero esto tiene que hacerse con la aprobación de la población de Cajamarca.

En ese sentido, señaló que los sectores políticos y las organizacionales sociales deben coincidir en una plataforma en la que la inversión privada es un mecanismo de desarrollo económico de la población local y regional.

Merino argumentó que su despacho viene reuniéndose con rondas campesinas y pobladores cajamarquinos, los cuales ven en Conga una opción de trabajo que es el reclamo general de esta región. El ministro señaló que la mejor forma de lograr que la inversión de traduzca en desarrollo es conversando con la población y explicando los alcances que puede tener un proyecto.

“En Cajamarca, en forma natural, la base social que quiere trabajo y desarrollo está ahora exigiendo más trabajo y estamos conversando con las rondas campesinas. Yo sí soy (un) convencido de que Conga en algún momento se va a realizar. […] Pero tiene que hacerse con el consenso de las bases sociales”, afirmó en RPP.

Destacó que este proyecto minero, a diferencia de otros a nivel nacional, tiene un presupuesto aprobado que no se está desarrollando. El titular de Energía y Minas señaló que la Ley de Consulta Previa se tiene que cumplir y, por ello, su ministerio conversa con los pobladores. “Hay que entender que eso es bueno para el país”, precisó.

En otro momento, consideró que la oposición al proyecto minera gira en torno a intenciones políticas de sus representantes. “Necesitamos mayor inversión privada. Los radicales tendrán la receta para sacar a los pobladores de la pobreza”, indicó.


Lunes, 10 de junio del 2013

(Diario Gestión)

“No es cierto que Yanacocha tenga interés de irse”, dijo el ministro de Energía y Minas en conferencia de prensa. La reducción de trabajadores en la mina, como reportó un diario local, se trataría de una reubicación.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, explicó que el proyecto Conga seguirá adelante y que la suspensión de sus operaciones, así como la reducción de personal -“reportado por el diario La República”:http://gestion.pe/economia/proyecto-conga-habria-sido-cancelado-2068201- no significan el retiro de la minera Yanacocha, conformada por Buenaventura, Newmont Mining e IFC.

Merino explicó se están haciendo reajustes en Yanacocha y en Conga. La reducción de 50 trabajadores se trata de una reubicación, “porque habrán nuevos tipos de trabajos con nuevos empleados, de forma rotativa”. “Desmiento que haya una posición [de Yanacocha] de irse”, agregó el ministro.

“El día viernes he conversado con funcionarios de Newmont y el proyecto sigue para adelante. Como se ha completado la construcción [de la laguna] Chailluagón, el contrato de un número de trabajadores ha finiquitado, pero serán reubicados”, detalló.


Proyecto Conga habría sido cancelado

Lunes, 10 de junio del 2013

(Diario Gestión)

Las operaciones han sido paralizadas y se ha despedido a cientos de trabajadores, según un diario local. A las 8:30 a.m., el Ministerio de Energía y Minas dará una conferencia de prensa al respecto.

El proyecto minero Conga, en Cajamarca, habría suspendido sus operaciones y efectuado el despido de cientos de trabajadores, informó hoy el diario La República.

No ha habido pronunciamiento oficial por parte de Buenaventura, representante en el Perú de Newmont Mining, operadora del proyecto.

A las 8:30 a.m., según el programa Portal Financiero, el Ministerio de Energía y Minas dará una conferencia de prensa sobre este aviso.