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Por:  Giovanna Castañeda

Siguen saltando hallazgos en el el gmail público/personal hackeado del ex presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. HOY, la bronca entre el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, y el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga revela quiénes tienen el poder en el Perú

Cree que su colega es un “we-bonn”. Foto: Gestión

El Comercio ya había publicado varios correos entre los dos funcionarios donde se evidenciaban ciertas discrepancias, pero se le olvidó poner lo mejor. Por ejemplo, el grado de enemistad entre ambos había llegado a un punto en el que el ministro de Ambiente llama “we-bonn” al de Energía:

“We-bonn” es lo de menos

Pero la bronca (también público/privada) de los ministros es sólo una anécdota. El portal de periodismo de investigación Ojo Público encontró que la petrolera Karoon asumía el rol de consultora para justificar una ley que les favorecía:
El 6 de marzo del 2014 el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, luego de un intenso intercambio de mensajes, envía un correo a Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas:
“En este proceso debemos tener mucho cuidado y no hacer que sea una petrolera (Karoon) la que exponga el sustento técnico del Reglamento como hicieron hoy al personal del MINAM [Ministerio del Ambiente] en la sede delMINEM [Ministerio de Energía y Minas]”
 
Pulgar Vidal critica papel de petrolera en un correo extenso a Mayorga. Fuente: Ojo Público
  • La respuesta del ministro Mayorga llegó minutos después en clara defensa de la petrolera: “Creo que discrepamos… son las empresas y sus técnicos las que pueden explicar mejor lo que son las operaciones y sus impactos”.
  • Karoon es una empresa petrolera de capitales australianos que opera en un lote del norte del Perú, en Tumbes (bloque Z38). El 21/07 el Gobierno aprobó el pedido de Karoon de poner lote Z38 en estado de fuerza mayor, una medida que evita penalidades por incumplimiento de plazos y que la empresa debe justificar técnicamente.

Mayorga demostrando que no es tan “we-bonn”. Foto: Ojo Público

Karoon se benefició con otro cambio por paquetazo

La petrolera australiana no sólo estaba interesada en ser parte del cambio al reglamento de hidrocarburos que buscaba eliminar el EIA, y que le convenía ampliamente. Karoon también es parte del grupo de empresas que se beneficiaron con otras medida del paquetazo ambiental: la creación de las zonas reservadas por la PCM y no por el Minam.

En el 2013 Karoon recibió el visto bueno de Minem para exploración en Tumbes. Foto: Gestión.

Tal como informó La República, en octubre pasado el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas aprobó los estudios para crear una área protegida en el mar del norte poniendo en riesgo la inversión en los once lotes de hidrocarburos en Tumbes y Piura. No obstante, al ya no ser esta atribución del Minam, Karoon Energy International KEI es una de las empresas que se ven favorecidas al tener sus concesiones frente a las costas de estas dos regiones norteñas.

Mayorga deberá dar pronto una explicación a este lobby petrolero.


Recordemos que para “Lolo”, el Minam es un bache.

¿Mails privados?
Ricardo Uceda hoy ha defendido el principio de “que toda la información de una computadora del Estado es un documento público, salvo excepciones predeterminadas”. Y ha hecho un anuncio:
Ayer lunes, el Centro Liber solicitó al MEF la copia de los correos electrónicos recibidos por el ministro Miguel Castilla de parte de representantes de compañías o gremios empresariales desde el 28 de julio de 2011 a la fecha, con sus respectivas respuestas.
Como el mail enviado a Castilla por Cecilia Blume, miembro del directorio de Exalmar —uno de los revelados por Anonymous la semana pasada— nada tienen de secreto o reservado, son lícitos, y su publicación ayudaría a la transparencia. También pedirá los mails que fundamentan las audaces cifras del ministro Urresti sobre seguridad ciudadana.
Esperemos que esos mails sean entregados y no nos sigan agarrando de we-bonnes.

Comunicaciones entre los ministros de Energía y Minas y del Ambiente hacen evidente que petrolera Karoon hizo el sustento técnico de Reglamento de Hidrocarburos que quiere eliminar los EIA para la exploración petrolera. También revelan diferencias de Pulgar Vidal con Mayorga.

 documentos. Se ha hecho evidente una discusión  entre los ministros Manuel Pulgar Vidal y Eleodoro Mayorga.
 
Un correo electrónico entre Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas, y Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, confirma que la petrolera Karoon Energy International (KEI) elaboró el sustento técnico del Reglamento de Hidrocarburos que propone eliminar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las actividades de exploración sísmica de hidrocarburos.

En este e-mail, uno de los 3.500 mails hackeados por Anonymous Perú al ex primer ministro René Cornejo, Pulgar Vidal reprocha a Mayorga que haya sido la petrolera de capitales australianos la encargada de exponer a sus funcionarios la justificación de esta exoneración.

“En este proceso debemos tener mucho cuidado y no hacer que sea una petrolera (Karoon) la que exponga el sustento técnico del Reglamento como hicieron hoy al personal delMINAM en la sede del MINEM”, escribió Pulgar Vidal.

Antes, ignorando el obvio conflicto de intereses, Mayorga le había dicho que “son las empresas y sus técnicos las que pueden explicar mejor las operaciones y sus impactos”.

Este correo del 6 de marzo y difundido por la plataforma periodística @Ojo_Publico, fue escrito un día después de que Mayorga sorprendiera con declaraciones en las que aseguraba que se iba a exonerar del EIA a la exploración petrolera.

Inmediatamente, Pulgar Vidal aclaró que ninguna propuesta similar había sido aprobada y que, en todo caso, debía ser debatida por el Ejecutivo y estudiada por su ministerio. Este e-mail se enmarca en esta disputa, poco después silenciada. Hasta la fecha, el nuevo reglamento de hidrocarburos no ha sido aprobado.

En otro correo intervenido, fechado el 9 de marzo, Pulgar Vidal vuelve a tratar de impedir la maniobra de Mayorga.

“Es una pena que no estaré mañana ya que estoy saliendo de viaje en este instante –le dice–. Este Reglamento tiene una historia previa. El MINEM quería hacer DIAS hasta de las refinerías y me mandaron el cartón para firmarlo desmostrando poca prudencia. La carta con la que me enviaron el cartón curiosamente también hablaba de supuestos consensos…”.

Un mes después, Mayorga fue al Congreso a dar explicaciones de otro conflicto: el ser asesor de Interoil y pese a ello haber firmado un decreto como ministro que la exonera de una millonaria deuda.

LOS LOTES DE KAROON
Precisamente la empresa Karoon cuenta con concesiones de exploración en el mar del norte de Perú, zona en la que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas tenía planeada la promulgación de una zona reservada. Esta Área Natural Protegida (ANP) quedó trunca por el paquete de normas que restó competencias a las instituciones del Ministerio del Medio Ambiente. Pero el jefe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas dijo a La República que no desistiría de su intención de proteger el mar.

Al respecto, Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, consideró que este e-mail entre Mayorga y Pulgar Vidal demuestra que son las empresas las que impulsan la legislación en virtud de sus intereses. 

 

El buzón envenenado

Publicado: 13 agosto, 2014 en NOTICIAS
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El ministro de Economía y Finanzas recibirá una petición amparada en la ley para que revele el contenido de sus mails con empresarios. Lo mismo el ministro del Interior, Daniel Urresti, quien debería entregar los mails que sustentaron sus impactantes cifras de resultados. ¿Quién resolverá? ¿Anonymous o un juez peruano?

PETICIÓN. Basado en la Ley de Transparencia, Liber solicitó al ministro Luis Castilla copia de los mails que le dirigieron los empresarios desde el 2011.
Por: Ricardo Uceda

Uno de los hechos impactantes de la revelación de más de tres mil correos electrónicos del ex premier René Cornejo fue la vulnerabilidad exhibida por los ministros peruanos en sus comunicaciones. El Ministerio del Interior fue objeto de una penetración masiva en diciembre del 2013, sin que se conozcan resultados de las investigaciones. Un año atrás, fue un periodista de Perú 21, Rudy Palma, hoy procesado, quien ingresó a las cuentas del ex ministro de Comercio Exterior José Silva para extraer material periodístico. ¿Algo en común entre los tres casos? Ninguno de los contenidos extraídos figuraba en la clasificación de secreto o reservado.

De acuerdo con la Ley de Transparencia, las dependencias públicas deben tener una relación de datos cuya revelación es inconveniente para el Estado. Para confeccionarla requieren argumentar en cada caso cuáles son las razones que justifican el veto, según excepciones permitidas. Por ejemplo, porque compromete el éxito de la lucha contra la delincuencia, o afecta la seguridad nacional, o porque es preciso proteger alguna intimidad personal. Hecho esto, la información no incluida en la lista negra es pública. Sin embargo, los responsables de las oficinas estatales no hacen su relación de material secreto y reservado.

A PEDIR PERMISO

En el juicio contra Rudy Palma, producido porque el periodista ingresó a mails de la bandeja de entrada de funcionarios públicos para publicar contenidos que son materia del proceso, ya fue demostrado que ninguno estaba clasificado como secreto o reservado. No obstante lo cual el procurador público obtuvo que fuera procesado por el delito de revelación de secretos nacionales.

¿Cuáles eran? Señaló dos, aunque solo uno fue publicado: referencias a un futuro convenio comercial con Venezuela anunciado meses atrás por la agencia Andina. El otro, la agenda de una reunión de gabinete. Uno de los temas era la autorización de ingreso de personal militar extranjero, gestión que se hace anualmente para entrenamientos navales y que no se ha escondido jamás. Por eso un juez desestimó contra Palma el cargo tremendista de revelación de secretos nacionales, dejando a salvo los de intrusismo informático y violación de correspondencia. Sin embargo, la Corte Superior de Lima rechazó este criterio. Emitió un documento aberrante que merece la mayor atención, y que demuestra la esquizofrenia legal en la que se desenvuelven estos asuntos en el Perú.

La resolución, suscrita por las juezas Rosa Amaya y Doris Rodríguez, con el voto en discordia de Carlos Escobar, asume que las informaciones secretas o reservadas no tienen que estar clasificadas como tales, y que para no incurrir en el delito de revelación de secretos de Estado la prensa debe solicitar permiso a las entidades que tienen en su poder los datos. La resolución se zurra con bastante descaro en la Ley de Transparencia. Al sustentar su desacuerdo, el juez Escobar sostuvo que el concepto de secreto de Estado alude a toda información formalmente catalogada como tal que se sustente en razones de protección a la seguridad de la nación. La causa contra Palma está en manos del Ministerio Público, que debe formalizar su acusación antes del juicio oral. La fiscal superior Mirtha del Carmen Chenguayén debe decidir si a los delitos de intrusismo y violación de correspondencia le añade —o no— el de revelación de secretos nacionales.

DOS EXTREMOS

De modo que vivimos entre dos extremos. Por un lado, las instituciones públicas no tienen una lista de información reservada, manteniendo un velo indiscriminado sobre el material informativo que poseen.

Por otro, de cuando en cuando los hackers barren con todo —no es el caso de Palma—, ejerciendo el intrusismo informático de acuerdo con una agenda desconocida. El sistema judicial, por su parte, va de tumbo en tumbo, con tendencia a mantener la oscuridad de los asuntos públicos. Vale la pena preguntarse si en este contexto es posible conocer por medios legales, sin hackeo ni intrusión, el contenido de algún correo electrónico cuyo titular fuera un alto funcionario público, y que contuviera información de interés para los ciudadanos. Por ejemplo, el mail que algún experto le debe haber enviado al ministro del Interior Daniel Urresti, con las cifras inverosímiles que presentó sobre la seguridad pública.

Un grupo de expertos coordinado por Carlos Basombrío ha puesto en cuestión que en su primer mes de gestión Urresti incautara 56 toneladas de droga, más del doble que en 2013, y que haya sacado de circulación 15 mil vehículos, ocupando treinta cuadras de depósitos por ahora fantasmas, y que sus decomisos de madera alcanzaran 28 millones de pies, para transportar los cuales hubiera debido emplearse una flota inexistente de 2.300 camiones. El grupo lo emplazó para que muestre evidencias, pero las cifras invitan a una mayor interrogación. Hay derecho a conocer los mails internos que, dentro del Ministerio del Interior, hicieron circular las cifras pronunciadas por Urresti y Humala. ¿Quiénes las hicieron? ¿En qué reportes se basaron? ¿Con qué términos fueron enviadas?

OTRAS REALIDADES

No existen precedentes de que el Estado haya entregado correos electrónicos con información de interés público en el Perú. Pero si una dependencia niega una solicitud informativa que cumple los requerimientos de la ley, un juez debería concederla. No hay unanimidad de criterios al respecto. En México, Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, entre otros países, los correos electrónicos serían entregados. Bajo el principio que toda la información de una computadora del Estado es un documento público, salvo excepciones predeterminadas, en 2011 el Estado de Alaska reveló 24.000 correos electrónicos de Sarah Palin, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano, correspondientes a los años de su gestión como gobernadora. Fueron solicitados por los medios de comunicación. Con una idea de la misma naturaleza en 1974 la Corte Suprema norteamericana entregó a un juez algo que se considera más privado aún: las grabaciones de entrevistas sostenidas por el presidente Richard Nixon con diversos interlocutores. Luego se convertirían en pieza fundamental del caso Watergate. Aunque no era un caso de acceso a la información, los magistrados supremos consideraron que una protección tan alta como la inmunidad presidencial merecía levantarse ante la necesidad de conocer lo que ocurrió.

En Chile, el Consejo para la Transparencia resolvió entregar la información contenida en mails del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, pero este recurrió al Tribunal Constitucional, que lo impidió en votación dividida. El fundamento del Consejo fue que toda información enviada o recibida desde la casilla de un funcionario estatal es pública si no hay causa legal de excepción. El Tribunal Constitucional, en cambio, respaldó al gobierno en la idea de que los emails, por definición, son reservados: una comunicación inviolable.

¿Cómo se resolverá el conflicto en el Perú? Ayer lunes, el Centro Liber solicitó al MEF la copia de los correos electrónicos recibidos por el ministro Miguel Castilla de parte de representantes de compañías o gremios empresariales desde el 28 de julio de 2011 a la fecha, con sus respectivas respuestas.

Como el mail enviado a Castilla por Cecilia Blume, miembro del directorio de Exalmar —uno de los revelados por Anonymous la semana pasada— nada tienen de secreto o reservado, son lícitos, y su publicación ayudaría a la transparencia. También pedirá los mails que fundamentan las audaces cifras del ministro Urresti sobre seguridad ciudadana. La lista de peticiones informativas podría aumentar con el mismo pedido que fue controversial en Chile: los mails recibidos y enviados por la Secretaria General de la Presidencia de la República, María Elena Juscamaita. Muchos más interesantes habrán sido los de su antecesor durante el gobierno de Alan García, el pudiente Luis Nava. Pero es seguro que ninguno de sus mails habrá quedado guardado en las computadoras.


Esto es lo que pasa mientras vemos el Mundial:

Hace una semana, el presidente Humala anunció que en el Consejo de Ministros se aprobó un paquete de medidas para reactivar la economía peruana, que serán enviados al Congreso. Sin embargo, se conoció que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra de estas medidas propuestas por el MEF. Los rumores decían, incluso, que se encontraba al borde de la renuncia. ¿Por qué?

 
Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, ha realizado un análisis al respecto. Cada uno de los puntos podría aclararnos las razones por las que Pulgar-Vidal no está nada contento con este paquete de medidas. Veamos.

1. Reducción de las multas de la OEFA

¿Qué es la OEFA? Basta con decir esto: la OEFA ha sido visto como una amenaza para ciertas empresas que ya han sido sancionadas por atentar contra el medio ambiente. Y ahora, como explica Noticias SER, las medidas reducen las competencias del Minam en relación a las labores de fiscalización de la OEFA. El análisis de Lanegra precisa un poco más este punto:

Por 3 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA deberá sancionar excepcionalmente. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas (no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta por el 35% del máximo que podría imponer actualmente.

A esto hay que sumarle que lo recaudado en multas irá directamente al Tesoro Público. Pero, ¿por qué este tipo de medidas? El Comercio señala que el reajuste se da en base a las críticas del sector minero-energético por su “desmedida severidad sancionadora”.

2. El Minam ya no creará Zonas Reservadas

Primero, ¿qué cosa es una Zona Reservada? Se trata de una categoría temporal, que se otorga a un área para ser protegida mientras se estudia si debe ser considerada Área Natural Protegida. Hasta el momento, el Minam era el encargado de crearlas, pero con el paquete de medidas todo cambia:

Las Zonas Reservadas (categoría transitoria, que se usa en tanto se realizan estudios para categorizar un Área Natural Protegida) se crearán mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Hoy es función del Ministerio del Ambiente – MINAM (solo necesita Resolución Ministerial de la autoridad ambiental).

Para el director de la SPDA, Pedro Solano, esta medida favorece a un grupo específico de empresas:

“Nos hemos reunido con los empresarios, el gremio y el Minam más de tres veces para explicarles esto. Es falso que sus derechos se vean afectados, pues la Ley de Áreas Protegidas dice expresamente que los derechos preexistentes se respetan. Están mintiendo y lo están haciendo porque a las empresas no les gusta que vaya a haber más ojos encima de sus operaciones”, dice Solano al advertir que de aprobarse la medida solo hará que los conflictos sociales se incrementen.

Y aún hay más.

 
3. Solo 30 días para opinar sobre EIA

El paquete también propone un plazo de 30 días para la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). ¿Qué pasa si se pasan de este tiempo? Lanegra tiene de nuevo la respuesta:

No hacerlo será falta grave y se sancionará al funcionario responsable. Si además dicha opinión técnica es además vinculante (es decir, no es posible aprobar el EIA sin una opinión favorable de la correspondiente entidad), el Titular de la entidad deberá opinar bajo responsabilidad.

Lanegra dice también que “emitir opiniones técnicas vinculantes sobre los EIAs de gran complejidad en menos de 30 días es –al menos–una invitación al error“.

Aquí Pedro Solano sí tiene una opinión favorable; sin embargo, igual asegura que se menosprecia la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones.

4. Análisis económico para los estándares de calidad ambiental

Existen dos herramientas para advertirnos de la contaminación, explica Lanegra:

  • El ECA (Estándares de Calidad Ambiental) define cuándo el aire, el río o el suelo en el que vivimos están contaminados.
  • El LMP (Límites Máximos Permisibles) define cuánta contaminación puede emitir cada empresa.

Hasta el momento, el Minam los aprueba mediante Decreto Supremo y sólo se necesitaba una opinión previa del sector correspondiente. Sin embargo, el paquete del MEF propone algo diferente:

…sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.

De esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.

Para Isabel Calle, directora del programa de política y gestión ambiental de la SPDA, se está desconociendo con esta medida la autoridad ambiental del Minam:

“Así funcionaba antes de que existiera el Minam. Están desconociendo que tenemos una autoridad ambiental competente. Están desvalorando y debilitando el sector (…) Es falso que no puedan intervenir en la decisión. Y tampoco afectan la inversión, pues no son exigibles jurídicamente a las empresas”.

5. Más y más recortes

A todo esto, el análisis de Lanegra agrega que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignarán usos ni exclusiones de uso“. Además, El Comercio indica que se incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros“con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día“.

Las críticas no se han hecho esperar. César Gamboa de DAR asegura que los procesos técnicos se volverán más políticos, ahora que el Consejo de Ministros decidirá. Por eso, más de 30 organizaciones civiles rechazan estas medidas.


Todo esto ocurre este año, en el que somos la sede de la Cumbre del Cambio Climático COP 20. Es la reunión más importante ambiental (de una de las anteriores COPs salió el Protocolo de Kyoto). Algunos dicen que esta es la única razón por la que que Pulgar Vidal aún no renuncia.
 

¿El jardinero infiel?

Para Claudia Cisneros, el paquete de medidas del Ejecutivo confirma que el ministro Mayorga declaró la guerra al Minam y a la consulta previa.

El ministro Eleodoro Mayorga dijo que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa (…) han significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. ¿Cómo es posible que en un país en el que aún no se resuelve lo que pasó hace 5 años por el mismo concepto de hacer caja y de despreciar el cuidado del medio ambiente y el derecho de quienes subsisten a partir de él, se permita que un ministro diga algo así? ¿No es acaso elocuente el silencio del presidente, de su esposa, o de otros ministros que no han salido a enmendarle la plana? reflexiona la periodista Claudia Cisneros en su columna de hoy en La República, la cual compartimos a continuación.

Ya estábamos advertidos. Cuando en marzo pasado Beatriz Merino, ex defensora del Pueblo, hoy presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, presentó el llamado Libro Blanco. El flamante ministro delMinem, Mayorga, apadrinó la presentación del Nuevo Testamento del empresariado extractivo, opinó a favor de la flexibilización de normas ambientales y mintió asegurando que había un consenso con el Minam.

Los usuales mercenarios mediáticos, a sueldo, auspicio o bono, apoyaron el relajamiento del cuidado medioambiental minimizando su verdadero riesgo. El gobierno preparaba (con vaselina) a la opinión pública para lo que se venía. Tres meses después nos presentan al monstruo: Se culpa de la desaceleración económica al Minam. Los empresarios han encontrado en esta delicada coyuntura económica la coartada perfecta para deshacerse del único ministerio que representaba al país más que a sus intereses empresariales.

El paquete de normas que para ellos han presentado disminuye las atribuciones del Minam en cosas tan elementales como la facultad de declarar Zonas Reservadas o elaborar los Estándares de Calidad Ambiental, rebaja multas por contaminación. Esto es un verdadero escándalo. Como dice César Gamboa, de DAR, los “procesos técnicos serán políticos porque los decidirá el Consejo de Ministros”.

Este contraataque empresarial, acogido y promovido por el Ejecutivo, configura una de las más altas traiciones de este gobierno. No solo porque la solución de la desaceleración no pasa solo por incentivar inversiones rápidas en ese sector (de hecho pone en evidencia cuánto no ha hecho lo debido Castilla para diversificar y sustentar nuestra economía en otros rubros), sino que la factura que nos va a dejar es una huella enorme y potencialmente dinamita social para el siguiente, sino también este gobierno.

Para todos los involucrados la ecuación parece ser: hagamos caja, hagámosla ya. ¿Alguien puede creer que a esos empresarios y a esos políticos les interesa principalmente nuestra economía, la tuya, la mía, la de los que menos tienen? El susto económico funciona, pero como dice José de Echave, es un “falso y peligroso dilema para un país entre regulaciones ambientales e inversiones”.

Mayorga ha llegado a decir en público, y para que escuchen todos, que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa (…) han significadoun bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. ¿Cómo es posible que en un país en el que aún no se resuelve lo que pasó hace 5 años en que murieron 32 peruanos (uno desaparecido) por el mismo concepto de hacer caja y de despreciar el cuidado del medioambiente y el derecho de quienes subsisten a partir de él, se permita que un ministro diga algo así? ¿No es acaso elocuente el silencio del presidente, de su esposa, o de otros ministros que no han salido a enmendarle la plana?

Es obligación legal y moral del Estado y del Minam resguardar lo poco avanzado y de ninguna manera aceptar un retroceso. Nadie en la sociedad civil sabe qué más esconde el paquetazo antiambiental. El ministroPulgar Vidal tiene una responsabilidad, primero, frente a la población a la que sirve, antes que a un gobierno. Y aún no se le escucha, pese a que el Minam va rumbo al cadalso. ¿Será que lo habremos perdido? ¿Se alineará y preferirá quedarse de jardinero, en vez de defender el ministerio y las causas del país y de la gente por las que ha trabajado toda su vida?

 

 
Editorial Noticias SER
PUBLICADO: 2014-06-19

Los recientes anuncios hechos por el ministro de Economía sobre un paquete de medidas que buscan frenar la desaceleración económica parecen ser una victoria más de los gremios empresariales que han realizado una intensa campaña mediática en contra de un conjunto de normas y políticas que forman parte de las competencias del Ministerio del Ambiente y que han sido englobadas, junto con otras normas, bajo el término de la “permisología”.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado por el gobierno de Alan García en el año 2008, sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, como parte de un paquete de decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que se dieron para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como TLC. Es decir, nació como consecuencia de dicha negociación y no necesariamente como producto de la voluntad política de dicho gobierno.

Es bueno señalar que desde su creación hasta la fecha, los tres ministros que han estado a cargo del sector, Antonio Brack, Ricardo Gisecke y Manuel Pulgar Vidal, buscaron –con diferente ritmo y no siempre con la firmeza que se requería- el desarrollo de un conjunto de normas y políticas que permitieran cumplir con el objetivo central del MINAM que es “la conservación del ambiente y el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales”. Y es por esta razón, desde el momento mismo de su creación, que el sector ha sido visto como una amenaza a los intereses de algunas empresas que se resisten a que en nuestro país existan estándares ambientales de calidad; empresas que además han sido sancionadas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por diversas razones.

El problema es que no solo los gremios empresariales han estado en contra de las políticas del sector, al que ya habían logrado mediatizar frenando la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE), sino que incluso algunos ministros del actual gabinete, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se han convertido en los principales enemigos del MINAM llegando a afirmar que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha declarado al diario El Comercio que “Hay trámites que demoran mucho tiempo por aspectos burocráticos, que entorpecen proyectos convenientes para el país”, refiriéndose a los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.

Es por ello que se anuncia dentro del paquete de normas medidas tales como la reducción de las competencias del MINAM en relación a las labores de fiscalización de la OEFA, a la creación de zonas reservadas o al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental que ahora requerirían del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual neutralizaría totalmente al Ministerio del Ambiente, convirtiendo al sector en un mero tramitador. Todo ello cuando los ojos del mundo se posan sobre nuestro país que se prepara a recibir a la cumbre mundial sobre el cambio climático – COP 20.

Por esta razón, Noticias SER quiere expresar su rechazo al conjunto de medidas que viene anunciando el gobierno del presidente Ollanta Humala porque, más que resolver los problemas que afectan a nuestra economía lo único que harán será resolver los problemas de algunas empresas, y sobre todo porque su aprobación significará la partida de defunción del Ministerio del Ambiente y la desprotección total de nuestros recursos naturales.

 

Extraido de: SPDA  Actualidad Ambiental –  http://www.actualidadambiental.pe/?p=23501
 
El día de hoy (19 de junio de 2014), el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley que establece “Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País”, también llamado “paquete de reactivación económica”.

La propuesta ha sido duramente cuestionada debido a la cambios en el establecimiento de zonas reservadas y la disminución de estándares en la fiscalización ambiental en el país.

Ver también:


Lea el proyecto firmado por el presidente Ollanta Humala y el jefe de la PCM, René Cornejo, a continuación:

 Tajo Chaquicocha de Minera Yanacocha. Foto: Milton Sanchez

Por: Raul Wiener


El contador Juan Torres Polo ha hecho una valiosa investigación sobre las cuentas de la siempre discutida empresa minera Yanacocha. De ese trabajo se desprenden algunos datos sorprendentes. Así por ejemplo se puede comprobar que en 21 años de operaciones la minera ha logrado extraer y exportar 34 millones 129 mil 170 de onzas troy de oro, que al precio internacional del año 2013 debería representar la fabulosa suma de 48 mil 156 millones 258 mil 870 dólares, más o menos la cuarta parte del PBI anual del Perú. Anótese que en el mismo tiempo se han explotado 37 millones 357 mil onzas de plata, lo que agrega aún mayor riqueza obtenida del suelo cajamarquino.

Pues bien en todo el tiempo de operación de Yanacocha el valor de sus ventas a los precios reales de cada año equivale a una suma de 21 mil 647 millones de dólares, de los que se ha generado una utilidad a favor de sus accionistas de 5 mil 728 millones, impuestos para el Estado de 2 mil 730 millones, de los cuales quedan mil 472 millones para el gobierno central y mil 258 millones en canon para la región. Esto significa que la renta se ha distribuido en un 26.5% para la empresa, 6.8% para el Ejecutivo y 5.8% para Cajamarca. Esto significa que las utilidades han representado un poco más del doble de toda la participación del Estado (gobierno central/región) en el resultado de explotación.

Pero todo esto plantea otra pregunta que el estudio está empezando a desentrañar. ¿Se puede confiar en la información de costos de Yanacocha, o existen utilidades encubiertas? Y este es el punto más insólito. La serie histórica muestra que el precio de una onza troy de oro en el 2005 era de 445 dólares y producirla demandaba un costo de 209 dólares. Esto quería decir que el costo representaba el 53% del precio final. En el 2013 el precio promedio anual llegó a 1,411 dólares la onza, 217% más que el 2005; pero los costos fueron de 1,001 dólares, es decir ascendieron en el mismo tramo de tiempo 379%. Visto así, en el año 2013 los costos habrían pasado a representar el 71% del precio.

Mientras más crecen los precios internacionales por pura especulación, los costos de Yanacocha se disparan increíblemente, comiéndose la utilidad y por cierto los impuestos y el canon. ¿Tiene algún sentido?, ¿hay algo en este mundo que compite con el oro?, ¿si le es tan caro producir por qué Newmont-Buenaventura no se busca otra cosa en qué invertir que no sea otra mina de oro como Conga? Salvo que nos estén agarrando a cuentos. Y ese es el dato clave que nos ofrece Torres Polo: Yanacocha no pagará impuestos ni canon este año porque ha declarado pérdidas en el 2013 (502 millones de dólares), imputando sus gastos de Conga a su empresa en operación. Volveremos sobre el tema.