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Por Luis Hallazi*

22 de mayo, 2013.- A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa, la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado, pero además nos da la oportunidad de seguir desmitificando viejos discursos que de tanto repetirse van generando “verdades” incuestionables, dogmas económicos que operan sin ser sometidos a prueba científica alguna y que sin duda, no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones.

Una de esas viejas etiquetas es la de “Perú, un país minero” (1) mensaje que en sí mismo, contiene una fuerte carga discriminatoria que bajo la variable de mayor rentabilidad relega a otras formas culturales de generar bienestar social.

Esta presunción de universalidad lo que hace es reducir todas las diferencias culturales en un discurso que busca identificar a la minería metálica como la única forma de alcanzar el “desarrollo”, el “principal” medio para seguir generando este entusiasmo desmedido por el “crecimiento” económico; sin permitir otras definiciones de desarrollo o al menos asegurarse que el mensaje es entendido por los principales actores. Es decir, a través de meras palabras como “éxito”, “progreso”, “modernidad” se excluyen otras alternativas a ese tipo de desarrollo convencional y también se obstaculiza procesos de transición (2) que ya están en marcha ante la actual crisis energética, crisis climática y alimentaria en cada vez más lugares de Latinoamérica.

El modelo minero no dialoga, impone. En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, entorpece los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa, para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”.

Ese discurso del “país preminentemente minero”, es el mismo discurso de “comunidades agrarias” que Ollanta Humala intenta imponer para eludir el derecho a la consulta previa en comunidades campesinas de los Andes peruanos; es también el discurso de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva que reproducen las “ventajas” y “oportunidades” de dicho modelo.

Un discurso, pues, que goza de la máxima investidura en caso del Gobierno peruano y que sus funcionarios solo se prestan a poner en práctica sin la observancia de los derechos fundamentales. Como es lógico, una Ley como la consulta previa, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada a los derechos humanos de los pueblos indígenas, son meros obstáculos que el Estado está dispuesto a evadir, eludir e incluso a desconocer el mismo derecho que emana de su fuero.

Cuando los Derechos Humanos son un Obstáculo para los Estados

Para nadie es un secreto la fuerte presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas, especialmente la minería, sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Es increíble pero nadie cuenta la cantidad de conflictos ambientales en minería que hay en el mundo, ni el PNUMA ni el PNUD tiene cifras al respecto (3). En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha reportado a la fecha 154 casos de conflictos socioambientales de los cuales 112 están relacionados a la actividad minera (4); basta pues revisar las publicaciones de los diarios o de medios especializados (5) para observar una cantidad acumulativa de conflictos mineros con poblaciones originarias.

Muchos de esos casos se presentan de manera directa entre las empresas/Estados frente a los pueblos indígenas, sin intermediario alguno que permita que el conflicto se encamine a una solución justa y pacífica. Lamentablemente, la promoción de inversiones a cargo de los Estados, no solo se remite a ofrecer y promocionar una cartera de proyectos con las normas y procedimientos claros, sino más bien que los Estados a través del respectivo gobierno de turno, ofrecen una cartera de proyectos con acuerdos y asentimientos pre establecidos, sin consulta ni consentimiento previo de las poblaciones indígenas que recibirán los principales impactos; reducidos a una especie de lo que en derecho civil se llama contrato por adscripción.

El caso de Colombia (de quien ahora se busca imitar “el modelo” para destrabar proyectos (6)) muestra a través de un reciente informe sobre Minería en Colombia, elaborado por encargo de la Contraloría General de la Republica Colombiana, conclusiones claras como aquella que afirma que las actuaciones del Gobierno en el sector minería, están por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Una de las causas que el informe menciona es la “(…) indiscriminada dación de títulos mineros y el desarrollo expansivo de estas actividades que han venido violando, sistemáticamente, los derechos fundamentales y colectivos, desconociendo los procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos” (7). Aparentemente el modelo Colombiano es efectivo a la hora de “destrabar” proyectos más no si se trata de respetar los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con el derecho a la consulta previa, donde somos inducidos a pensar que el desarrollo de este derecho en Colombia es también un “modelo” a seguir(8).

Se nos dice que Colombia viene realizando consultas desde 1994 y que a mayor cantidad de procesos se consulta que ha tenido este país, han sido también mayores los acuerdos que se han obtenido con los pueblos indígenas; todo esto presentado como garantía al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y además se asegura que ese mismo año, se tuvo el record histórico de inversión extrajera directa. Lo que no se menciona es que la legislación de consulta previa es deficiente y está enmarcado en el Ministerio del Interior precisamente para agilizar los procesos de consulta y convertirlos en meros tramites, desnaturalizando su contenido, a pesar de que algunos de esos procesos terminan tutelados por la Corte Constitucional de Colombia que lamentablemente, no puede garantizar el derecho a la consulta previa en todos los demás procesos.

Sin embargo, no solo es el caso de países políticamente conservadores y económicamente neoliberales como Colombia y Perú. Esta tensión por los recursos naturales, entre pueblos indígenas y Estados Latinoamericanos, también alcanzan a Gobiernos con constituciones tan progresistas como la de Ecuador de 2008, donde no solo se reconoce el derecho a la Consulta Previa (art. 57 numeral 17) sino también se le otorgan derechos a la Naturaleza (art. 71); claro que todo es letra muerta cuando el Estado invoca el “interés nacional” o la “necesidad pública” de las actividades extractivas para su explotación (9).

En cuanto al derecho de consulta el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha observado que el Estado ecuatoriano debe iniciar procesos de consulta antes de la aprobación de normas como el Código de Minería que recientemente se quiere modificar(10), la Ley de Recursos Hídricos y el Código Ambiental donde se pretende seguir imponiendo proyectos extractivos y leyes sin consulta alguna.

Ante este contexto, lo más reciente que ofrece la fallida implementación de consulta previa en Perú, la cual busca excluir a los proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran totalidad no son pueblos indígenas, ponen en evidencia esa misma lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero.

Que después se haya ido devaluando en versiones como los 32 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas solicitó información para saber sobre la existencia de pueblos indígenas (11) y que finalmente sean 14 proyectos los que si necesitan de consulta previa, según el Viceministerio de Interculturalidad, son cuestiones anecdóticas. No hay documentación al respecto y como es lógico, los nombres de los proyectos, es secreto de Estado; razón suficiente para presumir que todos los proyectos están obligados (previa verificación de derecho) a someterse al proceso de consulta previa.

Sin embargo, también debemos presumir que no solo son 14 proyectos, ni 32 los que necesitan de consulta; para ello es necesario saber con exactitud cuántas comunidades campesinas existen en el Perú y en cuántas de ellas hay una solicitud de concesión minera, así también cuántas están en situación de exploración, ampliación o explotación minera. Una vez realizada esa tarea someter a cada caso a un test de consulta por parte de una institución estatal imparcial, de la que actualmente carecemos.

Como vemos, la actual situación de latente vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas precisa de una alarma constate, en la medida que son ya muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas.

Los Estados si es necesario, declaran el Estado de Emergencia, como en el caso del Gobierno de Guatemala, donde su presidente el ex militar Otto Pérez Molina, declaró en Estado de Sitio los departamentos de Jalapa y Santa Rosa para reprimir al pueblo indígena Xinca (12), en defensa directa de los intereses del proyecto minero San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, lo cual nos lleva a recordar similar medida en el caso Conga.

En definitiva la realpolitik nos muestra una situación crítica, donde los mecanismos de defensa del derecho internacional van por detrás de historias de injusticia y despojo que las poblaciones originarias vienen acumulando, es pues la trivialización de los instrumentos económicos y jurídicos a disposición de ese mercado llamado minería.

Notas:

(1) En la versión de Alan Garcia “El Perú no es un país agrario sino eminentemente minero” Diario La Primera, El Perú es minero, no agrario”, 11-09-2010http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-per-es-minero-no-agrario_69937.html

(2) Los movimientos de incitativa de Transición están emergiendo principalmente en Europa se configuran como propuestas creativas a la crisis energética o climática.

(3) Martínez Alier Joan ¿Cuánto Coflictos mineros hay en el mundo?http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cuantos_conflictos_ambientales_por_mineria_hay_en_el_mundo

(4) Reporte de Conflictos Sociales N.- 110 – Abril 2013:http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-110-Abril-2013.pdf

(5) Observatorio para los conflictos de minería en América Latina OCMALhttp://www.conflictosmineros.net/home

(6) Declaraciones de la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino ahora flamante presidenta de la Sociedad peruanos de Hidrocarburos: http://www.larepublica.pe/07-03-2013/nombran-beatriz-merino-como-presidenta-de-la-sociedad-peruana-de-hidrocarburos

(7) Informe de la Contraloría de la Republica Colombiana:http://www.rebelion.org/docs/167838.pdf

(8) Declaraciones del Adjunto para Pueblos Indígenas … entrevista en Rumbo Económicohttps://www.youtube.com/watch?v=q_FmXoM0Utg

(9) En el caso de la Federación del Pueblo Shuar (FIPSE) con la compañía petrolera ARCO, el Estado Ecuatoriano arguyo que “los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos son motores del crecimiento económico y por tanto obedecen al interés de desarrollo nacional”.

(10) Gobierno ecuatoriano evalúa reformas a Ley Minera para impulsar el sector.http://www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/12970-gobierno-ecuatoriano-evalua-reformas-a-ley-minera-para-impulsar-el-sector

(11) El Comercio, Gobierno sabe que 14 proyectos mineros requieren consultahttp://elcomercio.pe/actualidad/1572596/noticia-mapa-gobierno-sabe-que-14-proyectos-mineros-requieren-consulta

(12) Guatemala: Violación a los derechos humanos, durante Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/1728-guatemala-violacion-a-los-derechos-humanos-durante-estado-de-sitio-en-jalapa-y-santa-rosa

*Luis Hallazi es abogado, actualmente asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.com


Por César Gamboa Balbín*

14 de febrero, 2013.- No puede ser que la historia vuelva a repetirse. El 2012 fue marcado por un tema de la agenda indígena: el diseño de la consulta y este año es el de la implementación. Pero el problema de la legitimidad y el magro marco legal siguen rondando como factores que no permitirán un proceso de consulta idóneo para lograr una mejor gobernanza de nuestros recursos naturales.

Aquí cuatro casos: la consulta en minería durante el Estudio de Impacto Ambiental – EIA (con cambios de dos Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA); la consulta en energía antes de la concesión (Hidrocarburos y electricidad); la consulta en Kañaris, que pone en debate la transparencia del proceso; y la consulta en el lote 1 AB ó 192 que se encuentra en idas y venidas.

Anteriormente ya hemos mencionado que el momento de la consulta previa debe ser antes de la decisión política que afecte derechos de los pueblos indígenas, pero el problema surge porque cada sector tiene la discrecionalidad de colocarla donde mejor le acomode. Incluso hasta hoy hay algunos sectores que ni siquiera han presentado una propuesta de consulta previa.

“Podemos concluir que no tenemos autoridad ‘rectora’ de la consulta pues son las decisiones políticas las que gobiernan el marco legal, muy seguro desde la PCM”

Otro problema con la implementación de la consulta es que no hay ente rector, solo una entelequia y comparsa burocrática que se viene definiendo según los vaivenes o pujas entre el movimiento indígena local y las autoridades. Veamos, este año con las justas habrá una consulta en Hidrocarburos en una negociación entre Perupetro y las organizaciones indígenas, que va más allá del marco legal (ley 29785 y su reglamento) y bajo una norma que no ha sido publicada (RM 350-2012-MEM/DM). En esta puja ahora se ha logrado que la consulta sea antes de la licitación y que el plan de consulta sea consensuado entre autoridad y organizaciones indígenas.

Otra puja es Kañaris. Ya hasta la Defensoría del Pueblo, otrora aliada del Viceministerio de Interculturalidad, ha salido a pedir a la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM –única autoridad- que considere a los pobladores de Kañaris como pueblo indígena. ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué no hay metodología ni base de datos? Simplemente porque no hay claridad legal ni transparencia. No la hay porque no haya autoridad, sino nuevamente la comparsa sinuosa en el tema.

Ante estos problemas podemos concluir que no tenemos autoridad “rectora” de la consulta pues son las decisiones políticas las que gobiernan el marco legal, muy seguro desde la PCM; mirar a futuro significa corregir el magro y deficiente marco legal e invertir en un aparato estatal más comprometido en estos procesos, porque está claro que esta incertidumbre es por la falta de claridad política del Ministerio de Cultura; y si existe un hálito de desconfianza en el tema, es precisamente esa incertidumbre la que aleja las inversiones y mantiene en vilo a propios y extraños.


* César Gamboa Balvín es director de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

 

Mapa de concesiones en el distrito de Cañaris a junio 2012. Elaboración de CooperAcción

– El 96 por ciento del distrito de Cañaris está concesionado a la minería.

Servindi, 11 de febrero, 2013.- Decenas de especies protegidas, algunas endémicas y otras probablemente nuevas para la ciencia, así como bosques montanos en buen estado de conservación son algunos de los bienes comunes que identifica el resumen delestudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Cañariaco que opera en la zona.Este es uno de las muchas concesiones mineras que cubren el 96.16 por ciento del distrito de Cañaris, en la provincia de Lambayeque, al norte del Perú.

Una lectura del mencionado estudio revela la gran riqueza ecológica que sería afectada con las operaciones del proyecto en tierras de la comunidad de San Juan de Cañaris, en Lambayeque. Así como los posibles impactos en los ecosistemas y comunidades de la zona a intervenirse.

Mapa de perforaciones del proyecto Cañariaco
(dar clic para ampliar la imagen)

Biodiversidad en juego

El estudio realizado en el área comprendida desde la cuenca alta del río Cañariaco, llamado Jatun Yacu en sus partes altas, hasta la confluencia de la quebrada Achicamonte determinó que el 52% del territorio donde operará la minera corresponde a terrenos con bosques y el 45.8% a praderas naturales.

En cuanto a la diversidad animal en el área de estudio, el EIA halló 143 especies de aves de las que 34 están incluidas en listas de conservación. Entre ellas destacan la Penelopebarbata o “Pava barbada” y la Coeligena iris conocida como “Inca Arcoiris” cuyos hábitats en otros bosques montanos se encuentran altamente degradados, explica el informe.

Asimismo, el estudio halló al “cóndor” Vultur gryphus que está considerado“en peligro” por la legislación nacional.

De las 19 especies de mamíferos, siete están en alguna categoría nacional o internacional de protección. Dos de ellas son el tapir andino Tapirus pinchaque y el oso andino llamado también “oso de anteojos”, Tremarctos ornatos. Ambas especies son consideradas por la legislación nacional como “en peligro crítico” y “en peligro”, respectivamente.

Igualmente, se registró al “majaz de montaña” o Cuniculus taczanowskii que es considerado“vulnerable”; así como el zorro Lycalopex culpaeus y el puma Puma concolorincluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El documento informa del hallazgo de una posible nueva especie para la ciencia. Se trata del insectívoro Cryptotis sp cuya situación de amenaza es desconocida, aseguran los autores.

Acerca de los anfibios, el EIA señala que nueve de las diez especies identificadas como sensibles son endémicas, lo que significa que sólo se las puede hallar de forma natural en este lugar. Tres del total son potencialmente nuevas para la ciencia o para registros del Perú.

Por otro lado, el estudio afirma que halló 195 especies hidrobiológicas, de las cuales sólo hay una especie de pez: la trucha Oncorhynchus mykiss.

Respecto a la diversidad vegetal, se registraron en total 438 especies de plantas repartidas en 85 familias botánicas, de las que la Orchidaceae es la más representativa con 55 especies (13% del total).

Los autores informan que 67 especies son protegidas por la legislación nacional e internacional, la mayor parte son orquídeas incluidas en el apéndice II de la CITES. Dos de ellas se encuentran consideradas en “peligro crítico”, mientras que 23 son endémicas del Perú.

 
Imagen: Candente Copper

Actividades e impactos del proyecto

Perforaciones

El proyecto estima en 17 meses la duración de sus actividades de exploración. Estas implican la remoción de 1,710 metros cúbicos de suelos para instalar 114 plataformas -de 30 metros cuadrados cada una- que harán perforaciones con maquinarias especializadas.

Según el estudio, el suelo removido será utilizado en la “nivelación y acondicionamiento del terreno durante la etapa de rehabilitación y cierre”.

En total, se calcula intervenir un área (área de huella) de aproximadamente 5.6 hectáreas y un movimiento de tierras de aproximadamente 26,749 metros cúbicos generado por la construcción de las instalaciones.

Asimismo, explica el informe, cada plataforma contará con dos pozas de sedimentación. “Las pozas estarán revestidas con una membrana impermeabilizante para evitar la filtración del agua al terreno”, indica el EIA.

El proyecto realizará 5 líneas sísmicas que “no requerirán la remoción de terreno ni de suelo orgánico”, asegura la empresa.

Usarán agua de cursos naturales

Para las actividades de perforación, el proyecto prevé usar agua de cursos naturales en las cabeceras de cuenca “que tengan una caudal suficiente”.

“El agua requerida para la ejecución de las perforaciones y demás actividades del Proyecto se trasladará de las quebradas Norte, Oso, Verde, Sorón y río Jatun Yacu a la zona de operaciones mediante mangueras y con la utilización de bombas de agua” explica el estudio.

Por día, cada máquina consumirá 0.5 litros por segundo de agua que significan 43 metros cúbicos del recurso. Cada máquina usará un sistema de recirculación del agua.

El documento asegura que no generará vertimientos en la exploración. Sin embargo, afirma que los impactos serán “moderados” y se podrán extender “hasta el límite del área de influencia directa”.

Se advierte también que los cursos de agua superficiales “serán afectados en su calidad por el arrastre de sedimentos que ocurrirá debido a los trabajos de remoción de la cubierta vegetal y los suelos y el consiguiente movimiento de tierras”, señala el EIA.

Asimismo, indica que los ecosistemas acuáticos serán afectados con una “disminución en caudales de agua y sedimentación de cursos”, efecto que duraría un “corto plazo”, es decir, una duración de hasta doce meses. Al respecto, la empresa asegura que establecerá medidas de “mitigación”.

“Se ha propuesto la implementación de medidas de control de erosión para evitar el arrastre de sedimentos y la implementación del cierre progresivo de las áreas donde se hayan completado los trabajos de perforación”, indican.

Impactos en la vegetación

El estudio asegura que el impacto sobre la cobertura vegetal se deberá a la instalación de vías e infraestructura, así como al “manejo de insumos, residuos sólidos y efluentes; el mantenimiento de equipos y el transporte en general”, anota.

Igualmente explica que el impacto será “moderado” por limitarse a la zona de huella del proyecto y por tratarse de especies sensibles.

“La cobertura vegetal demorará más de un año en recuperarse de manera estable sobre los suelos rehabilitados”, asegura el EIA.

Fauna desplazada

Por otra parte, se advierte en el estudio que el proyecto ocasionará el desplazamiento de fauna -incluyendo la que se encuentra bajo categorías de protección- a causa de la remoción de su hábitat, la generación de ruido y la presencia humana en la zona.

Entre las especies afectadas están el tapir andino, la musaraña de orejas cortas y los sapos del género Pristimantis sp. Los dos últimos serían especies nuevas para la ciencia o registros nuevos para el Perú.

El impacto en la fauna tendría una duración de “mediano plazo”, es decir, de uno a tres años, y una extensión que abarcaría el área de influencia directa ambiental, según el estudio.

Las actividades de mitigación que el proyecto plantea son planes de rescate y traslocación de especies, inspecciones previas a la instalación de plataformas y la rehabilitación de hábitats disturbados, entre otras.

Impacto Social

En el aspecto socioeconómico, el EIA prevé posibles impactos en la “salud y el bienestar de las personas residentes en el área del Proyecto”, debido a la “inseguridad” y “desconfianza” generada por la presencia de foráneos en las comunidades.

Como medida de mitigación, el proyecto asegura que evaluará a su personal en los aspectos físico y mental. Igualmente les exigirá seguir un protocolo de conducta.

Respecto al empleo, el proyecto contratará a 235 trabajadores no calificados por un corto plazo, provenientes de los caseríos cercanos al proyecto, mayormente.

Por otra parte, se informa también que el proyecto podría afectar los hábitos y costumbres locales de la población “donde las formas de organización, las prácticas culturales, la toma de decisiones y la división social del trabajo tienen una dinámica particular”, observa el estudio.

Para evitar disturbar a la comunidad campesina y las organizaciones locales, Cañariaco aplicaría un “Protocolo de Relacionamiento” que “contribuirá a la creación de un clima de confianza y cooperación con la población, y con ello minimizar las molestias o perturbaciones generadas a la población local”, señala.

Consulta
En el rubro de “Consulta y participación ciudadana”, el EIA informa que fue llevada a cabo de acuerdo al reglamento del sector minero, y según normas del Ministerio de Energía y Minas.

Al respecto, indica que “se han llevado a cabo reuniones, procesos de consulta y talleres con la población local”.

 


Foto: Juan Vilela

Servindi, 5 de diciembre, 2012.- Más de 600 comuneros del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, Lambayeque, mantienen bloqueada la carretera que va hacia el campamento minero Cañariaco y tendrían retenidos a tres ingenieros geólogos, según informó la cadena radial Radio Programas del Perú (RPP). Ellos exigen que la minera se retire del lugar.

Medio millar de comuneros se concentraron desde el mediodía de ayer para en las afueras del campamento del proyecto minero Cañariaco, como medida de protesta ante el desconocimiento de su consulta popular.

Como se recuerda, el 30 de octubre de este año, en una consulta popular realizada en la comunidad de San Juan de Kañaris, Lambayeque, el 95 por ciento de los votantes rechazó el proyecto minero “Cañariaco” de la empresa canadiense Candente Copper.

Cristobal Barrios Tarrillo, presidente de San Juan de Kañaris, informó que la actual medida de protesta se inició debido al desconocimiento del Gobierno Central del proceso de consulta llevado a cabo por los comuneros.

“Ya está de más decir que nosotros los comuneros no estamos de acuerdo ni con la exploración ni con la explotación minera. Queremos que se retiren, pero no lo van a hacer hasta que el Gobierno Central no se pronuncie y les quite la autorización para que dejen de trabajar en Cañariaco”, expresó Cristobal Barrios, según señala el diario Correo.

“No hemos comunicado sobre nuestra medida a las autoridades de Lambayeque, pero si las responsabilizamos por no respaldar nuestra protesta. Esto está en manos de la justicia y el Gobierno Central debe responder, porque aquí puede correr sangre”, indicó la autoridad quien agregó que radicalizarán su protesta.

En actitud desafiante Candente Cooper ya había indicado que rechazaría la consulta popular y seguiría con su proyecto de extracción de cobre, oro y plata.

La policía informó que un contingente proveniente de Jaen, Cajamarca, reforzaría a los efectivos de Lambayeque que han sido enviados para brindar la seguridad en la zona del bosque de Upaipitaq, a dos horas del campamento Cañariaco.

La marcha hasta la zona de minería está organizada por las rondas campesinas y el Comando de Lucha contra Cañariaco.


Se reunieron con el Gobierno

El presidente de la comunidad además lamentó que a pesar de haberse reunido en Lima con ela Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y los ministerios de Agricultura, de Energía y Minas, y del Ambiente, no hayan llegado a una solución.

“El ministerio de Energía y Minas y otros representantes como que no quieren escuchar a la población”, señaló el presidente de la comunidad a Enlace Nacional.

Ellos a pesar de que existía un acuerdo de respetar la decisión de la comunidad en la consulta popular. Según Barrios, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el Viceministerio de Interculturalidad y la empresa Candente Copper, se habían comprometido a ello.

Lo más preocupante para los comuneros es que aún en etapa de instalación de la mina ya se está viendo la contaminación en la cabecera de cuenca del río Kañaris que es donde nace el agua para estas comunidades.

Esto perjudica considerablemente las actividades vitales de los comuneros como son la agricultura y la ganadería.


El distrito de Kañaris

El distrito de Kañaris comprende las comunidades campesinas de Tupac Amaru, San Juan, Tongorrape y José Carlos Mariátegui.

Cuenta con 38 caseríos incluyendo la capital distrital: Illambe, Mollepampa, Atupampa, Mitobamba, Sigues, Quirichina, Shin shin, Alcanfor, Quinua, Tute, Pamaca, Mamagpampa, Taurimarca, Huacapamapa, Pandachí.

Así mismo, Chillasqui, Suchco, Saucepampa, Congona, Casa quemada, Sauce, Huallabamba, Naranjo, Machucará, Espinal, San Cristobal, Pozuzo, Rodeopampa, Palo Blanco, Santa Lucía, La Sucha, Hualte, T. P. Verde, Hierba Buena, Corralpampa y Cangrejera.

La mayoría de pobladores habla el quechua Incahuasi-Cañaris o quechua lambayecano, una variante de quechua hablada en las partes altas del occidente de la provincia de Ferreñafe.


Servindi, 21 de noviembre, 2012.- Un estudio jurídico especializado en asesorar y atender a grandes empresas y corporaciones mineras obtuvo cinco de doce adjudicaciones para elaborar consultorías referidas a la Ley 29785, de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.
Los resultados fueron publicados el viernes 16 de noviembre en el sitio web del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y las adjudicaciones corresponden al ministerio de Agricultura (Minag), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ministerio de Cultura (Mincu), ministerio de Energía y Minas/Perupetro (Minem-Perupetro) y ministerio de Salud (Minsa).
La convocatoria tiene por objeto levantar y sistematizar información sobre las medidas administrativas que deben ser consultadas a los pueblos indígenas u originarios para ser utilizada por la Defensoría del Pueblo en sus tareas de supervisión sobre la implementación del derecho a la consulta previa.
La convocatoria se efectuó en el marco de la cooperación técnica que recibe la Defensoría del Pueblo de la República Federal de Alemania, como aporte a la prevención de conflictos. Para esta convocatoria se solicitó la colaboración del CIES.
La participación de un estudio jurídico cuya función privada principal es servir al interés gran empresarial responde a la decisión de algunos organismos públicos de tercerizar actividades que tienen relación con la protección de derechos humanos.

¿El gato de despensero?

El estudio jurídico señalado patrocina y tiene como principales clientes representativos a empresas mineras como Yanacocha, Barrick Gold, Newmont Mining Corporation, Compañía Minera Milpo, Shougang Hierro Perú, Xtrata Perú, entre otras.
Asimismo, asesora al sector empresarial en adquirir derechos superficiales para proyectos mineros, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, tendidos de tuberías de gas natural y ductos de conexión a puertos.
En tal sentido su labor incluye la celebración de acuerdos con propietarios y posesionarios de terrenos en zonas rurales para la ejecución de contratos de opción, adquisición, servidumbres y celebración de transacciones extrajudiciales.
Abogados consultados por Servindi observaron posibles conflictos de interés que se podrían desencadenar a partir de las consultorías y el sesgo privatista que podrían adquirir las políticas públicas sobre los pueblos indígenas.
La interrogante que surge ante todo esto es si es adecuado que un estudio de abogados cuyos clientes representativos son grandes empresas y corporaciones mineras, tenga injerencia directa o indirecta en determinar los temas, normas y procedimiento de consulta a los pueblos indígenas que deberán ser supervisados por la Defensoría del Pueblo. Al respecto esta institución tiene la palabra.
Clientes representativos del Estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados
Saneamiento de tierras Minería
  • Minera Yanacocha S.R.L
  • Barrick Gold Corporation
  • Anglo American PLC
  • Perú LNG S.R.L
  • Transportadora de Gas del Perú S.A
  • GENERALIMA S.A.C
  • EDEGEL S.A.A
  • Shougang Hierro Perú S.A.
  • Químicos del Sur S.A
  • Minera Yanacocha S.R.L.
  • Barrick Gold Corporation
  • Anglo American PLC
  • Newmont Mining Corporation
  • Minera Peñoles de Perú S.A.
  • Minera Newcrest Perú S.A.C.
  • Compañía Minera Milpo S.A.A.
  • Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
  • Fresnillo Perú S.A.C.
  • Consorcio Minero Horizonte S.A.
  • Shougang Hierro Perú S.A.A.
  • Century Mining Corporation
  • Nyrstar NV
  • Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.
  • Cliffs Natural Resources INC
  • Chancadora Centauro S.A.
  • Xtrata Perú S.A.
Fuente: Sitio web del estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados: http://www.rubio.pe/clientes_index.php

Por Iris Olivera Gómez*

19 de noviembre, 2012.- El 1 de noviembre el Estado peruano expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los avances sobre la implementación de la Ley de la Consulta Previa para los Pueblos Indígenas.Durante su presentación, la delegación del Estado peruano recalcó que la aprobación de la Ley de Consulta Previa atendió al pedido expreso de los pueblos indígenas y la sociedad civil, pero no mencionó que las organizaciones indígenas denunciaron que el texto consensuado no fuera el que finalmente se aprobó.

Ante las preguntas de los Comisionados de la CIDH sobre ¿cuáles serían las medidas adoptadas por el Estado para salvaguardar el derecho de consulta previa, o en su caso reparación para aquellas comunidades cuyos territorios pudieran haber sido afectados por proyectos de extracción con anterioridad a la vigencia de la Ley de Consulta Previa?, los representantes del Estado afirmaron que la consulta no solo se hará para proyectos nuevos, sino que incluirá proyectos que se han venido desarrollando, como el caso del Lote 192 (antes Lote 1AB).

En cuanto a las reparaciones, indicaron que la legislación peruana ya cuenta con mecanismos para asegurar que se den las reparaciones convenientes e incluso resalta que estos mecanismos existen desde antes de la Ley de Consulta Previa y su reglamento.

De la presentación realizada por el estado peruano, llama la atención que se muestre el proceso de desarrollo normativo e implementación (durante la Reglamentación de la Ley) como ejemplar a pesar de las serias observaciones realizadas por las organizaciones indígenas que implicó el retiro del proceso de reglamentación de 4 de las 6 organizaciones, y que incluso las 2 organizaciones que participaron hasta el final del proceso emitieron sus pronunciamientos de disconformidad con el mismo.

Cabe indicar que la Ley de Consulta Previa no incluye la consulta para proyectos anteriores a su promulgación y que el proceso de consulta que se viene promoviendo en el Lote 192 es sobre las nuevas actividades y no sobre las actividades ya desarrolladas. Además han sido las organizaciones indígenas de la zona las que han condicionado la consulta al Lote 192, exigiendo que primero se remedien los pasivos ambientales y el pago de las indemnizaciones por los daños causados por más de 40 años de contaminación petrolera.

Finalmente, en la actualidad solo existe la vía judicial para reclamar una indemnización por daños y perjuicios, pero ello no puede ser calificado como una medida del Estado de reparación para pueblos indígenas afectados por proyectos de extracción con anterioridad a la vigencia de la Ley de Consulta Previa y tampoco como salvaguarda a su derecho a la consulta.

El mensaje del estado peruano ante la CIDH fue mostrar que las garantías están dadas para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, desconocer los problemas existentes no genera confianza, por el contrario debilita las relaciones con los pueblos indígenas y sus organizaciones. El reto es asegurar que el derecho a la consulta previa libre e informada sea efectivo y garantizado, superando las debilidades normativas y de implementación a través de un proceso consensuado con las organizaciones indígenas.

*Iris Olivera Gómez es coordinadora del Programa Social Indígena de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
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Fuente: Diario La Primera:http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/tiene-el-estado-peruano-voluntad-de-realizar-una-consulta-previa-adecuada_124556.html


Fotos via Facebook:  Juan Vilela
Servindi, 01 de octubre, 2012.- En una consulta popular realizada ayer en San Juan de Kañaris, Lambayeque, el 95% de los votantes rechazó el proyecto minero “Cañariaco” de la empresa canadiense Candente Copper. La minera rechazó el resultado y anunció que proseguirá con el proyecto.

Cerca de 2,000 comuneros de Kañaris, acudieron ayer a la anunciada consulta popular en la cual se definiría la licencia social a la exploración de yacimientos mineros del proyecto Cañariaco de Candente Copper.
 
Tras una jornada de ocho horas, la consulta reveló el amplio rechazo a la minera por parte de la población, expresado en un 95% de votos en contra.
 
De acuerdo al Presidente del Comité Electoral, Emilio Manayay Barrios, en total participaron 1.896 personas, de las cuales 1.719 votaron en contra del proyecto y 106 lo hicieron a favor. Asimismo, se registraron 71 votos blancos y nulos.
 
Manayay afirmó que sólo votaron los comuneros que estuvieron identificados con un carnet y registrados en el padrón.
 
El proceso fue custodiado por cerca de 120 policías procedentes de Chiclayo, Jaén y Pucará, que recibieron desde las 8:00 a.m. al nutrido grupo de votantes.

Los comuneros llegaron al lugar tras haber camiando por 3 o 5 horas desde diversos caseríos. Para la consulta se acondicionaron mesas de sufragio en Cañaris, Huacapampa y Congona.
 
Acompañaron la votación, en calidad de observadores, el Gobernador Regional Luis Millones Jacinto; el Gerente Rergional de Desarrollo y Producción, Francisco Rojas Roalcaba; el Gerente Regional de Energía y Minas, Miguel Verona Velásquez y el representante del Ministerio de Agricultura, José Delgado Castro.
 
Asimismo, observaron el proceso el Sociólogo Juan Vilela Colchón de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI); Félix Delgado Montenegro de Red 
MUQUI; Erwin Salazar del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque y otros líderes.
 
A pesar de que no asistió la totalidad de los 4,334 miembros calificados de la comunidad, el número de consultados fue seis veces mayor que el de la cuestionada asamblea del mes de julio, en la cual se habría dado luz verde a la empresa.
 
Denunciaron sabotaje de la minera
 
De acuerdo a la Presidencia del Frente de Defensa de Reque, la empresa Candente Copper habría intentado sabotear la consulta ofreciendo empleo a varios comuneros el día de la votación.
 
Según la información, “en contubernio con el alcalde de Cañaris” la empresa habría pagado 40 soles por día a “niños, mujeres y adultos botando las piedritas de algunos caminos” el sábado 29 y domingo 30 -día de la consulta-.
 
La condición para recibir el pago, afirmaron, fue que éste se otorgaría a las 4 p.m. del domingo 30, “después de haber terminado el proceso electoral”, denunciaron.
 
“Su objetivo era claro: boicotear la Asamblea Comunal, impidiendo que las y los comuneros acudan a votar”, señaló la presidencia del Frente de Defensa de Reque.
Exigen que se respete la decisión del pueblo
 
Por su parte, el presidente de la comunidad, Cristóbal Barrios, demandó al Poder Ejecutivo que se respete la voluntad de la población y que se suspenda las operaciones de Candente Copper tal como habría sido el acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el Viceministerio de Interculturalidad y la empresa Candente Copper.
 
“Se comprometieron junto con la Comunidad a respetar la decisión dela comunidad en esta Asamblea General con voto secreto”, señaló Barrios.
 
Igualmente, el gerente de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Lambayeque, Francisco Rojas, calificó de muy complejo el conflicto de Cañaris y afirmó que la consulta, aunque no sea vinculante, debería ser tomada en cuenta por el Gobierno.
 
La minera desconoce resultado

La empresa Candente Copper rechazó hoy, en un comunidado, el resultado de la consulta pues considera que no está de acuerdo a las leyes sobre las comunidades rurales del Perú y que no es legalmente vinculante.

En cambio, consideró que la cuestionada asamblea realizada el 8 de julio pasado en Kañaris, donde un reducido sector de los comuneros la autorizó a ejecutar su proyecto, sí cumplió con los requisitos legales.

Finalmente, afirmó que planea realizar sus operaciones de perforación tan pronto como la restante documentación fomal sea recibida por el Ministerio de Energía y Minas.

Por:  Noticias SER

96% de los 1.896 pobladores/ras del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, decidieron el día de ayer, en consulta comunal, decirle no a la ejecución del proyecto minero Cañariaco de extracción de oro, plata y cobre, que desarrollaría la empresa canadiense Candente Cooper Perú S.A, en dicha zona.
 
La mencionada empresa ya contaba con todos los estudios ambientales aprobados, pero no con la autorización de la comunidad como propietaria de las tierras, lo que es un requisito obligatorio para realizar las actividades extractivas. Sin embargo,  los comuneros/ras del lugar no aceptaron la realización del proyecto minero por los impactos ambientales que afectaría los ecosistemas de bosques de neblina, además de la consecuente contaminación que se produciría en las cabeceras de cuenca del río Kañaris así como en las tierras dedicadas a la actividad agrícola, principal actividad económica local a la que se dedican.
Repartición de los votos
 
Las mesas de sufragio se instalaron en los caseríos de Cañaris, Huacapampa, Tendachi  y Congona. Del total de votos, 1.719 fueron en contra y solo 106 a favor. El proceso se realizó sin ninguna dificultad y contó con gran presencia de efectivos policiales.
El presidente de la comunidad campesina San Juan Bautista del distrito de Cañaris, Cristóbal Barrios, dijo que el gobierno tiene que respetar la decisión de su población y que la empresa minera tendrá que suspender sus actividades.

Dato

Desde el año 2004, Candente Copper ha trabajado en más de 240 pozos de perforación en la zona.


Ministro de Justicia sobre Conga: “Se explicará a CIDH que actuamos con responsabilidad”

Juan Jiménez afirmó que este es un proyecto que ha tenido una amplia participación del gobierno para llegar a buenos acuerdos.

Juan Jiménez afirmó que este es un proyecto que ha tenido una amplia participación del gobierno para llegar a buenos acuerdos.

El Ministro de Justicia, Juan Jiménez, informó que entre el día de hoy y el lunes representantes del Gobierno peruano expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que actuó con responsabilidad y con apertura al diálogo en el caso del proyecto minero Conga.

“Este es un proyecto que ha tenido un amplia participación de la comunidad en una serie de reuniones convocadas por la empresa, luego cuando el presidente, Ollanta Humala, ingresa al poder, el Gobierno tuvo una serie de reuniones, de compromisos, para poder llegar a acuerdos”, señaló Jiménez a la agencia Andina.

El titular de Justicia afirmó que junto a los representantes del Gobierno peruano, los acompañará un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) quienes desean anular el proyecto Conga, debido a que el proyecto minero pone en riesgo a tres lagunas de la región de Cajamarca.

Esta propuesta fue aprobada por el gobierno de Alan García pero rechazada por su presidente regional, Gregorio Santos, y varias ONG dedicadas al tema ambiental. Por esto, Santos ha promovido varias protestas y paros en Cajamarca en contra de Conga.

Por su parte, Jiménez ha manifestado la intención del Gobierno de no romper el diálogo con las comunidades y hasta ha contratado especialistas internacionales para realizar los peritajes respectivos sobre las consecuencias del proyecto, informe que será presentado en el mes de abril.

Asimismo, el ministro añadió que el Perú “es el primer país del mundo en desarrollar, a través de una ley, la consulta previa”, y que informará a la CIDH esta iniciativa, que permite consultar a las comunidades antes de ejecutar un proyecto en sus territorios.

Fuente: La Republica

Por: Jose De Echave
 
En la década pasada las consultas ciudadanas en torno a los proyectos mineros comenzaron a implementarse en América Latina. La primera fue la de Tambogrande en el Perú el año 2002, luego le siguió la consulta de Esquel en Argentina, Sipacapa en Guatemala, Río Blanco/Majaz nuevamente en Perú y una lista amplia de experiencias de participación ciudadana que con características propias marcaron una pauta de exigencia del derecho a ser consultados en América Latina.

Para los que siguen pensando que los conflictos socio ambientales son una característica exclusiva de un solo país, los hechos los desmienten. Ahora, por ejemplo, se vienen reproduciendo las marchas de poblaciones en América Latina: luego de la exitosa Marcha Nacional por el Agua en el Perú, se anuncian iniciativas con características propias en otros países.

Por ejemplo, en Ecuador se anuncia también una Marcha por el Agua. Las organizaciones indígenas y ambientales de ese país impulsan la marcha con una agenda similar a la peruana. En Argentina se anuncia una caminata de pobladores de diversos lugares de la Patagonia en defensa de una ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso del cianuro en la provincia de Chubut. La marcha de más de 400 kilómetros unirán las ciudades de Trelew y Esquel en la meseta patagónica.

Por otro lado, en la ciudad de Marsella, Francia, a mediados de marzo, se realizará el sexto Foro Mundial del Agua, organizado por el Consejo Mundial del Agua, espacio que intenta generar acuerdos globales e instrumentos de gestión en cuanto al uso y la protección de este importante recurso. En paralelo y en la misma ciudad de Marsella se desarrollará un foro alternativo que promueve el reconocimiento que el agua como bien común de la humanidad y no como una mercancía. Además se propone defender el derecho al acceso universal al agua potable, de conformidad con la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Todos estos hechos son una muestra de los temas que hoy en día preocupan a poblaciones, académicos, gobiernos y organismos internacionales y que se expresan en diferentes iniciativas globales. Además, esto se da en la fase de preparación de la Conferencia de Río más 20, que nuevamente se desarrollará en Brasil el próximo mes de junio. Alrededor del 40% de los conflictos sociales que se producen en todo el planeta tienen que ver con problemas generados por la explotación de recursos naturales. Lo que viene ocurriendo en el América Latina forma parte de ese escenario global que no debemos dejar de mirar.


Servindi, 23 de febrero, 2012.- El reconocido abogado Juan C. Ruiz Molleda nos ofrece un valiosa obra: se trata de la Guía de interpretación de la Ley de consulta previa de los pueblos indígenas (Ley N° 29785): Análisis, comentarios y concordancias de cada uno de los artículos.(descargar libro con un clic en el enlace o en la imagen)

El objetivo del volumen es “proporcionar un marco interpretativo indispensable para la aplicación e implementación de la Ley a favor de los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Sseñala que “las diferentes normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre las que se encuentran las que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, son normas de derecho interno y que en consecuencia son de aplicación inmediata”.

“No lo decimos nosotros, -agrega- lo dice el artículo 55 de la Constitución que prescribe “[l]os tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho”, señala el libro.

“Por todo ello, resulta preocupante la persistencia del desconocimiento y la subutilización de un cuerpo de derechos de los pueblos indígenas de origen internacional”, en referencia a la norma y al actual proceso de reglamentación.

Contenido del libro

Capítulo 1. Nociones básicas sobre la interpretación de normas de rango constitucional sobre pueblos indígenas

Capítulo 2. El derecho a la consulta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte IDH y de la Corte Constitucional de Colombia

Capítulo 3. Reconocimiento de los pueblos indígenas por el Estado peruano

Capítulo 4. Comentarios a la Ley N° 29785 que desarrolla el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT

Capítulo 5. Jurisprudencia nacional y extranjera relevante para la defensa de derechos de los pueblos indígenas
 

Anexos.

 

En carta dirigida al Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), expresó que la Comisión Multisectorial conformada para consensuar la reglamentación de la Ley de consulta Previa “no cuenta con la legitimidad y representatividad que se requiere para un proceso tan importante”.

“De las 6 organizaciones nacionales que venían participando en el proceso, actualmente sólo han quedado dos (CCP y CONAP) mientras que las cuatro, es decir la mayoría (AIDESEP, CONACAMI, ONAMIAP y CNA) están al margen”, señala el documento.

La organización solicitó además ampliar el proceso de la Comisión con el fin de no terminar con el diálogo para consensuar el Reglamento porque “sería una señal importante de que se tiene la voluntad de lograr un Reglamento legítimo y representativo, y no se busca impornerlo”.

La CNDDHH también recomendó al Gobierno atender el pedido de algunas organizaciones indígenas, como Aidesep, que demandaron la modificación de la Ley de Consulta (artículos 1, 2, 4,7, 15, 19 y la segunda disposición complementaria final), pero que ello no afecte el consenso respecto al reglamento “puesto que se puede correr de manera paralela”.

AIDESEP PREPARA DEMANDA ANTE LA CIDH

En conferencia de prensa, el lunes pasado, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) anunció que se iniciará los trámites para la declaratoria de la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta ante el Tribunal Constitucional y la elaboración del cuadernillo para la presentación de una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que recomiende al Estado la modificatoria de esta norma.

Aidesep sostiene que el Gobierno no tomó en cuenta para la elaboración del borrador de la Ley los puntos acordados en los seis talleres macrorregionales y el Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas, desarrollado a mediados del presente mes.

Según el presidente de dicha organización, Alberto Pizango, se han ignorado los acuerdos “por un tema de plazos, de compromisos económicos. El Estado, en un acto de mala fe, está atropellando los derechos de los pueblos indígenas; cuando en un principio indicamos la necesidad de que otras organizaciones participaran de los talleres, el Gobierno no lo permitió”.

LANEGRA AFIRMA QUE EL ESTADO CUMPLIRÁ LOS PLAZOS

El viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, señaló que el Gobierno cumplirá con los plazos para reglamentar la Ley de Consulta Previa y con el recojo de aportes de las comunidades originarias de la selva y los Andes.

“El compromiso del ministro de Cultura, Luis Peirano, es cumplir con los plazos. (…) El Gobierno cumple con sus promesas, cumple con lo que señala, porque hay una serie de compromisos que cumplir”, manifestó.

Lanegra aseguró que hoy miércoles continuará el diálogo con los representantes de las comunidades originarias, para recoger sus planteamientos en torno al reglamento. De ese conjunto mencionó que solo la Confederación Nacional Amazónica de Perú (Conap) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) presentaron sus propuestas.

Las organizaciones que no lo hicieron son la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

En entrevista con LaMula, Lanegra señaló que de no llegarse a un acuerdo con cada una de las partes involucradas en el proceso de Reglamentación, el Estado trabajará con otros actores y de esta manera continuará con el debido proceso de la Ley de Consulta.

“El Estado tiene varios actores con los cuales ha interlocutado. Hay otros dos actores que están actuando cumpliendo con los compromisos previamente acordados”, señaló.

CONSULTA PREVIA EN UN PUNTO MUERTO

En su columna del Diario 16, el especialista de la organización Servicios Educativos Rurales (SER), Javier Torres, sostuvo que “el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa parece haber caído en un punto muerto”, debido a que algunas organizaciones indígenas no acudieron al diálogo convocado por el Gobierno.

“El problema de la posición maximalista que han tomado sus dirigentes (de las organizaciones indígenas) lleva a la consulta a un punto muerto. Con ello terminan haciéndole un enorme favor a quienes desde hace varios años, desde la burocracia estatal, el sector privado y algunos medios de comunicación, han negado los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo Torres.

Ver carta de la CNDDHH:


Servindi, 21 de febrero, 2012.- Las organizaciones indígenas reunidas en el Pacto de Unidad anunciaron este último lunes que presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la Ley de Consulta Previa “viola derechos indígenas ya ganados”.

Gladis Vila, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres indígenas y Amazónicas del Perú (Onamiap) que forma parte del Pacto, expuso ante la prensa nacional y extranjera las razones de la medida.

En un inicio se le dio un plazo de 30 días (a partir del último día del encuentro nacional para evaluar el reglamento, 15 de febrero) al Gobierno para que se pronuncie sobre la modificación de la norma, sin embargo, el Ejecutivo continúa en conversaciones con dirigentes indígenas que no forman parte de la Comisión Multisectorial, explicó Vila Pihue.

En este sentido señaló que el Gobierno está buscando el apoyo de dirigentes al margen de la Comisión para conseguir así el respaldo que necesitan para la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta.

Los dirigentes del Pacto reafirmaron que lo único que le piden al Estado es que se respete las conclusiones a las que se llegó en los seis encuentros macroregionales donde se evaluó el borrador del reglamento así como la propia Ley de Consulta.

Los encuentros observaron los artículos 1, 2, 4, 7, 15, 19 y algunas disposiciones complementarias. El artículo más polémico es el referido a que el Ejecutivo es quien tendrá la decisión final en caso de que los pueblos indígenas y el Gobierno no lleguen a un acuerdo.

El Pacto de Unidad lo conforman además de Onamiap, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).