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Por Zoraida Portillo

2 de mayo, 2012.- Lucinda tiene 27 años, dos hijas y como ella misma lo autodefine, “una gran conciencia ambiental” que la ha impulsado a estar presente en cuanta marcha contra el proyecto minero Conga se ha organizado en su ciudad, Cajamarca, a 861 kilómetros al nororiente de Lima.

Allí, la compañía Yanacocha explota la mina de oro más grande de América del Sur y tiene previsto invertir en un segundo proyecto aurífero, la mina Conga, por un valor de 4.800 millones de dólares estadounidenses, pero para ello propone desecar cuatro lagunas de agua dulce, dos de las cuales convertiría en depósito de relaves y las otras dos serían reemplazadas artificialmente.

El proyecto, aprobado durante la anterior administración de Alan García, ha estado en el “ojo de la tormenta” desde hace varios meses, con una férrea y a veces violenta oposición de los habitantes de la zona involucrada, que obligó al gobierno del presidente Ollanta Humala a recurrir a un peritaje internacional, a partir del cual ha planteado nuevas condiciones ambientales y sociales a la empresa si quiere explotar el yacimiento.

“No nos oponemos a la minería, pero bajo condiciones que no nos afecten y, sobre todo, que no afecten el futuro de las próximas generaciones, o sea, una minería sostenible y socialmente responsable”, dice convencida y, al escucharla, se podría pensar que estamos frente a una dirigente política.

“No, ama de casa nomás, pero preocupada por el futuro de mis hijas”, responde. “Pero una se informa, lee y se da cuenta que no todo puede ser con fines económicos, hay que cuidar los recursos”, añade esta mujer que cursó dos años de estudios generales en la universidad. Luego se enamoró, se casó y se dedicó a su hogar.

Cuando el ambiente no importa

A cientos de kilómetros de Cajamarca, en los Andes centrales, en La Oroya, una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo por relaves mineros, Ana, de 29 años, graduada en ciencias contables, también protesta en las calles. Pero al revés de Lucinda, ella exige que la minera Doe Run siga sus operaciones, sin importar el costo social y ambiental que ello implique.

“No podemos darnos el lujo de pensar en el futuro -dice con la misma convicción que su congénere de Cajamarca- tenemos que alimentar a nuestros hijos y para eso es necesario que la minera siga operando”.

Pero su convicción trepida cuando se le pregunta si sabe que las operaciones de la minera son responsables de que más del 90 por ciento de que los niños de La Oroya presenten altos niveles de plomo en la sangre, de acuerdo con estudios internacionales.

“No se le puede achacar toda la culpa a Doe Run, la contaminación por los humos del complejo minero-metalúrgico tiene décadas y Doe Run recién se hizo cargo en 1997″, arguye. “¿Cómo hablar del futuro si no tenemos qué comer hoy?”, justifica.

Pero su aseveración no es del todo cierta. Es verdad que la vida en La Oroya depende del funcionamiento del complejo metalúrgico, pero años de explotación a tajo abierto solo han traído problemas de salud y no prosperidad económica a sus 40.000 habitantes.

Además, la empresa sigue abonando a sus 3.500 trabajadores el 70 por ciento de su sueldo pese a estar inoperativa desde hace tres años, con lo cual se asegura su apoyo haciendo que dejen de lado el costo social, que es dolorosamente alto.

Un estudio de la universidad Saint Louis de Missouri, Estados Unidos, realizado en 2006, reveló que el 97 por ciento de los niños entre los seis meses y seis años tenía plomo en la sangre. De ellos, un 72 por ciento tenía entre 20 y 44 microgramos de plomo por decilitro de sangre, y un nueve por ciento, entre 45 y 69 microgramos. El nivel máximo aceptable internacionalmente es 10 microgramos por decilitro de sangre (10 µg /dl).

Además, arrojó antimonio en la sangre de los pobladores 30 veces más alto que en los de la población minera de Estados Unidos (Doe Run pertenece al grupo Renco de St. Louis, Missouri), y niveles de cadmio seis veces mayor. También registró rasgos de otras sustancias tóxicas, como arsénico, en cantidades menores.

Incluso encontró alta contaminación de sustancias tóxicas en ciudades alejadas de La Oroya, como La Concepción, a 100 kilómetros.

Otro estudio, realizado por el Gobierno Regional de Junín en convenio con el Ministerio de Salud y Doe Run en 2008 (cuando el complejo aún funcionaba), encontró que solo el seis por ciento de pobladores tenía niveles de plomo en sangre por debajo del máximo aceptable. Tres años después, en noviembre de 2011, con el complejo paralizado más de dos años, la tasa de pobladores con niveles menores a 10 µg/dl había aumentado a 53 por ciento.

Según las autoridades del ministerio de Energía y Minas, si se autorizara a operar nuevamente el complejo, los niveles de contaminación volverían a subir.
¿Defender el trabajo a costa de la salud?

Actualmente Doe Run enfrenta un proceso de liquidación y plantea condiciones inaceptables para el estado peruano en términos ambientales y de financiamiento, mientras que sus trabajadores tomen carreteras, marchan sobre Lima y ejercen una defensa cerrada de su derecho al trabajo por encima de consideraciones de otra índole. Amenazan con paralizar la región si no se reabre el complejo.

“Estamos en un país donde los trabajadores se ven obligados a trabajar sabiendo que son afectados en su salud”, señaló a la Plataforma Oroya por el Cambio, monseñor Pedro Barreto, Obispo de Junín y Coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de esa región, tenaz opositor a que Doe Run siga contaminando.

“Se ha mitificado que ‘La Oroya se ha convertido en una ciudad fantasma’ tras el cierre de la fundición. Es cierto que ha bajado el movimiento económico de manera considerable, pero La Oroya sigue viviendo y merece un ambiente sano como el que se respira ahora. Además, ninguna población debe depender exclusivamente de una industria minera porque esta actividad tiene un techo”, precisó.

“No nos negamos a que haya industrias extractivas pero con responsabilidad. Sin embargo, cuando el Estado está en connivencia con los intereses económicos y cuando la población se suma a este tipo de aberración contra la vida y la salud tenemos este resultado”, afirmó. Por su firme posición ha recibido incluso amenazas contra su integridad física, lo que demuestra la polarización que se vive en esta parte del Perú.

Población entre dos frentes

Cajamarca también está polarizada. Yanacocha es la primera productora de oro de América del Sur, pero el 60 por ciento de la población donde opera no tiene luz eléctrica y un tercio no cuenta con agua potable. La población culpa a la minera por haber secado varios afluentes hídricos del río Grande, que abastece de agua a la ciudad.

Pero el gerente de Responsabilidad Ambiental y Social de Yanacocha, Luis Campos, no está de acuerdo. En su opinión, el Servicio de Agua de Cajamarca es responsable por no tener capacidad para captar todo el caudal del río. “Además, hay que tener en cuenta que la población ha crecido en los últimos años”, dijo a esta corresponsal.

Efectivamente, la planta de tratamiento de agua de la ciudad data de hace 30 años, cuando la población no llegaba a 90.000 habitantes. Hoy, en parte por el boom minero, son más de 250.000.

Es cierto que las autoridades no previeron el crecimiento poblacional, pero también es cierto que la explotación minera requiere disponer de recursos hídricos y energéticos para desarrollarse. Y el nuevo proyecto Conga requerirá mucho de este elemento vital.

Por ello, el presidente Humala, tratando de poner paños fríos a las protestas sociales, dio un mensaje a la nación el 20 de abril en el que planteó que para explotar Conga, la minera deberá cumplir las exigencias ambientales, ampliar la capacidad de almacenamiento del agua hasta cuadruplicar la capacidad del proyecto, beneficiar a las 13 provincias de la región de Cajamarca, generar por lo menos 10.000 puestos de trabajo y constituir un fondo social cuyos recursos serán usados de manera transparente para el desarrollo de infraestructura social, productiva y de riego.

La población, sin embargo, sigue dividida. Un grupo se ha declarado en “resistencia pacífica” hasta que el Congreso declare inviable el proyecto, y amenazan con una huelga por tiempo indefinido; otros creen que si se satisfacen los requerimientos planteados, Conga beneficiará a la población. Mientras, la presión mediática recuerda que se requiere inversión para salir del subdesarrollo.

Y no son pocos los especialistas que temen que el precio a pagar por atraer capitales a la minería sea demasiado alto, especialmente en términos de contaminación ambiental y depredación de recursos naturales. Y que la población, atrapada en medio, sea presa fácil de los intereses en juego.

Miguel Saravia, director ejecutivo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, una de las ONG internacionales que más ha estudiado el problema, cree que en ambos casos (Cajamarca y La Oroya ) el asunto tiene que ver con la forma cómo se aprovechan localmente los recursos generados por la minería y si revierten a la población local de una manera significativa.

“Cajamarca era hasta hace unas décadas una región ganadera y agrícola con serios problemas de articulación urbana y rural, con territorios poco integrados entre sí y pobre acceso a servicios básicos. La minería apareció como una oportunidad para transformar la región. Sin embargo ni las empresas mineras en Cajamarca, ni las autoridades locales y regionales han sabido aprovechar la oportunidad. En vez de avanzar en los índices de desarrollo, retrocedió”, explica a SEMlac.

Y añade que ya no hay confianza en que las empresas mineras cumplan lo que dicen. “Creo que esa desconfianza se enmascara en una preocupación ambiental.

Mientras que hay pobladores que sinceramente tienen una preocupación por la afectación que el proyecto Conga pueda hacer en sus fuentes de agua, hay otros actores que están aprovechando la alta desconfianza hacia las mineras para acumular capital político”, reflexiona.

“El caso de la Oroya -prosigue- nos muestra un territorio que existe básicamente por la actividad minera y por eso sus habitantes van a pelear contra cualquier acción que amenace la existencia de la mina”.

“La empresa Doe-Run ha sabido utilizar la situación para poner a los trabajadores y ciudadanos de La Oroya a su favor, planteando que las exigencias ambientales hacen inviable la mina. Entonces, cualquiera que pretenda que la empresa cumpla con el programa de adecuación ambiental en un tiempo razonable, no sólo está enfrentando a la empresa, sino a toda la población de la Oroya”, añade.

“Lo que esta situación nos deja en claro es que países como el Perú deben avanzar hacia el ordenamiento territorial, establecer con mayor claridad zonas de exclusión de minería y revisar los mecanismos existentes para dar las concesiones y autorizaciones, asegurando la adecuada participación de las instancias regionales y locales. Y se debe trabajar con los gobiernos regionales para fortalecer su capacidad de gestión e inversión de los recursos generados por la minería”, concluye.

Gian Carlo Delgado, investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a esta corresponsalía que los beneficios de la minería son menores a lo que se suele creer comúnmente, “mientras que los costos ambientales y sociales pueden ir de moderados a graves, dependiendo de la gestión de las minas, no solo durante el proceso de explotación, sino después del cierre”.

Autor de “Ecología política de la minería en América Latina”, añadió que “el mayor problema con la gran minería es el ritmo y escalas de explotación, en tanto que su impacto en el entorno natural y social puede y suele ser mayor, y no todo es positivo”.

Citó como afectaciones la pérdida o erosión de la biodiversidad, contaminación de suelos y aguas, desplazamiento de poblaciones, aumento del alcoholismo y afectaciones socioculturales de diversa índole en poblaciones aledañas, conflictos por la propiedad de la tierra, acceso al recurso agua, y pagos por derechos para explotación minera.

Prácticamente todos estos temas están presentes en el conflicto que hoy envuelve a dos ciudades peruanas, pero también en otras partes de América Latina, poniendo a la población entre dos frentes: minería o ambiente. ¿Cuál ganará?
Recuadro

Minería: tema conflictivo en América Latina

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, a diciembre de 2011 había 155 conflictos relacionados con explotación de recursos mineros. Solo en Argentina había 24 y en Chile 25. Y según la Defensoría del Pueblo de Perú, 126 de los 223 conflictos sociales activos en el país a fines de 2011 eran de naturaleza socioambiental, vinculados muchos de ellos a la minería.

La inversión minera en América Latina ha crecido en forma espectacular en menos de una década, coinciden diversos estudios internacionales. En 2003 representaba menos del 10 por ciento del total mundial. A fines de 2011 concentraba más de un tercio de la inversión global (32%) mientras Oceanía, la segunda región más atractiva, ostenta el 20 por ciento y África, 16 por ciento.

Las proyecciones prevén una inversión en la región del orden de 236 mil millones de dólares para la próxima década, tomando en cuenta los proyectos previstos -sin contar exploración ni refinación- siendo Chile y Perú los países con más inversión prevista (75 y 56 millones de dólares, respectivamente).

(Fuente: Cesco, en base a Secretaría de Minería de la Nación Argentina y Arminera, Ibram, SEIA, Asomineros, Cámara de Minería del Ecuador, MEM Perú, APOYO Consultoría y fuentes de prensa. Publicado en octubre, perspectivas 2012).

En América Latina, la explotación minera generalmente está asociada a impactos negativos. Y hay mediciones que nunca se han hecho; por ejemplo, hasta hoy no se ha evaluado completamente el impacto económico sobre la salud humana, nos dice el médico Hugo Valle, integrante del Colectivo Salud por La Oroya.
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Fuente: Portal del Diario Rotativo: http://rotativo.com.mx/globales/peru-encrucijada-entre-mineria-y-medio-ambiente/91030/html/


Artistas e intelectuales se unieron a la campaña de sensibilización promovida por la Plataforma La Oroya por un cambio, donde participaron: el músico Julio Pérez, vocalista de La Sarita, el actor Gianfranco Brero, el periodista Guillermo Giacosa, el ilustrador “Carlín” Tovar, la bailarina Pachi Valle Riestra, quienes comparten cámaras con el historiador Toni Zapata, el actor Gustavo Bueno, la periodista española Laura Arias y la ciudadana de a pie, Flor Chávez para hacer un llamado sobre los riesgos que implicaría que el complejo metalúrgico de Doe Run Perú vuelva a funcionar en La Oroya, sin las garantías de un entorno saludable.

Arzobispado de Huancayo emite pronunciamiento en el que exige que complejo Metalúrgico de La Oroya solo se reactive si cumple con ese programa de manejo ambiental.

Ira santa. Monseñor Barreto no se opone a la compañía, pero sí a que no exista un PAMA.
 

Consuelo Alonzo C.

Sobre los 3.249 metros sobre el nivel del mar, unos 65 mil peruanos exigen respirar aire puro y no uno que envenene su sangre y la de sus descendientes.

Para su mala suerte, la irresponsable actividad minera que les dejó un ambiente contaminado con plomo y dióxido de azufre pretende volver. Y es que el Complejo Metalúrgico de La Oroya-Doe Run ha solicitado la reactivación de sus operaciones, paralizadas desde hace mil días, además de una nueva ampliación para la presentación delPrograma de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Esto no tendría nada de malo si no fuera por que esta es la tercera vez que piden una prórroga por 30 meses más.

Ante esto, el Arzobispado de Huancayo no pudo mantenerse ajeno y emitió un comunicado en el que indica que el retraso en la presentación del PAMA por la minera “es una irresponsabilidad que indigna”, pero además que de permitirlo “se volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población”.

“No podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad”, cita el documento.

La Arquidiócesis que lidera Monseñor Pedro Barreto aclara que no se oponen a la reactivación de dicho complejo metalúrgico, pero que ello debe ocurrir únicamente después del cumplimiento “de un PAMA que asegure la vida, la salud y un trabajo digno”.

Solo así, sostienen, la disminución de las partículas contaminantes continuaría tal y como se ha visto reflejado en el tiempo que Doe Run ha estado sin operar. Resulta que en todo ese tiempo la concentración de dióxido de azufre (SO2) se ha reducido en un 99,5%; mientras que la presencia de plomo en material particulado (PM10) disminuyó en un 98,8%, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Vive.

LOBBY EN EL CONGRESO

En declaraciones al blog Plataforma La Oroya por un cambio, el religioso también lamentó que el congresista Casio Huaire Chuquichaico haya presentado un proyecto de ley que plantea un plazo de 24 meses para la culminación de la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre a partir de la fecha de reinicio de operaciones de Doe Run.

“Es lamentable porque sería la segunda vez que el Congreso aprobaría un proyecto de ley con nombre propio (…) Doe Run es una empresa que presiona al Congreso por el lado de los trabajadores, y con ello se deja de lado la urgente necesidad del cuidado de la vida y de la salud de la población de La Oroya que, desde 1922 hasta mayo del 2009, ha sufrido una gravísima contaminación ambiental”, sostuvo.

Justamente, en la exposición de motivos de dicho proyecto, Huaire Chuquichaico argumenta que “la paralización de actividades en el Complejo Metalúrgico La Oroya generaría conflictos sociales, a razón de la inestabilidad laboral de 3.500 trabajadores directos y 16 mil trabajadores indirectos, lo que genera un clima de negativismo económico no solo en La Oroya, sino en toda la región”.

Luego agrega que ” ese proyecto busca blindar y proteger a la población y la clase trabajadora de Doe Run”. Más claro ni el agua.

De ser aprobado en el Pleno, monseñor Barreto confía en que el presidente Ollanta Humala no vaya a promulgar la referida ley porque contradice su propuesta de inclusión social. “No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas”, agregó.

Se debe indicar que ese proyecto que contó con la firma de once legisladores de Alianza Parlamentaria ya sufrió una baja, puesto que la congresista Doris Gladys Oseda Sotopidió al presidente del Congreso Daniel Abugattas el retiro de su rúbrica en enero.

VÁLIDA PREOCUPACIÓN

Otra persona que no puede ser ajena al peligro en ciernes que acecha a los juninenses es Esther Hinostroza Ricaldi, directora de la ONG Filomena Tomaira Pacsi, pues ha sido a través de su institución que realizaron exámenes de sangre y detectaron hace años el plomo que envenenaba sus venas.

En ese sentido, le recordó al Estado peruano que tiene la obligación de proteger la salud de su población y velar por el derecho a una vida digna, por encima del derecho de cualquier empresa.

“Si no hay fuerza ni principio de autoridad, nuevamente Doe Run contaminará La Oroya, y todos los que vivimos allí pagaremos las consecuencias por una mala decisión del Estado que no se pone del lado de la población”, aseguró Hinostroza, y recordó que la intoxicación con plomo afecta la salud reproductiva, causa abortos espontáneos y tiene relación directa con malformaciones congénitas.

CLAVES

La ONG Filomena Tomaira Pacsi informó que en 1999, en coordinación con otras instituciones, realizó un estudio en La Oroya y los resultados arrojaron que la población tenía hasta 55 microgramos por decilitro (ug/dl) de plomo en la sangre, cuando el máximo nivel de riesgo máximo permitido es 10, debido principalmente a la actividad de Doe Run.

Por otro lado, en Pasco, tras una audiencia pública, la posición de la población y de las autoridades fue de no permitir el traslado de Cerro de Pasco, ciudad afectada por la contaminación minera, y muy por el contrario demandaron la urgente ejecución de los proyectos de agua y desagüe. El presidente de Pasco, Kléver Meléndez, le recordó al presidente Ollanta Humala que existe un compromiso de su parte de financiar los mismos.

 
Fuente: La Republica

ü Mediante un pronunciamiento, representantes de la Iglesia Católica de esta ciudad mostraron su indignación a nueva prórroga solicitada por cuestionada empresa minera

Como un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya fue considerado por el Arzobispado de Huancayo la nueva solicitud de Doe Run Perú, que por tercera vez ha pedido la ampliación del plazo para cumplir con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), luego de haber tenido más de diez años para hacerlo y no mostrar voluntad a pesar de las facilidades que le brindó el Estado Peruano.

“Ante la solicitud de una tercera ampliación del PAMA, no podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad”, así lo señaló mediante un pronunciamiento publicado hoy, a pocos días de debatirse en el Congreso de la República un proyecto de ley que le permitiría a esta empresa volver a funcionar a pesar que diversos estudios han demostrado el grave daño a la salud de la población y al medio ambiente.

En los próximos días el Congreso debatirá el Proyecto de Ley 636/2011_CR, el cual le permitiría a Doe Run Perú reiniciar sus operaciones y le brindaría impunidad para seguir contaminando y afectando la salud de sus pobladores legalmente, entre otras concesiones.
 

Al respecto, los representantes de la Iglesia de esta ciudad señalaron que “Doe Run, por segunda vez (2009), obtuvo una ampliación de 30 meses para cumplir con el PAMA, sin embargo, de manera reiterada, no ha cumplido con sus obligaciones ante el país. Por eso nos indigna que, con estos antecedentes, solicite nuevamente al Estado Peruano una nueva ampliación de 30 meses más, que volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población”.

En dicho comunicado, el Arzobispado de Huancayo informó que la calidad del aire en esa ciudad mejoró notablemente desde que en el 2009 Doe Run dejó de funcionar, reduciéndose en 99.5% la concentración de dióxido de azufre y 98.8% la presencia del plomo en material particulado, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Revive realizado en diciembre del 2009.

“Nos alienta saber que según los resultados de los censos hemáticos realizados en La Oroya, por el Convenio Minsa-Doe Run Perú y el Gobierno Regional de Junín en el 2008, con el complejo en actividad, indican que solo el 5.91% de los evaluados tenían niveles menores a 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (µg/dl). Mientras que en noviembre del 2011, con más de dos años de paralización, el 52.9% de los evaluados tienen niveles menores a 10 µg/dl.de plomo en la sangre”, así lo reveló el pronunciamiento del Arzobispado.

A pocos días de discutirse la aprobación de una nueva prórroga a Doe Run, representantes del Arzobispado de Huancayo solicitaron al gobierno la reactivación del Complejo Metalúrgico, “solo después del cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental que asegure la vida, la salud y un trabajo digno”.

 

El vicepresidente de asuntos corporativos de Doe Run, José Mogrovejo, indicó que la empresa no intenta abrir un juicio contra el Estado, sino plantear un contencioso judicial ante la posibilidad de que la firma deba, además de culminar el PAMA, pagar el monto que Indecopi le ha reconocido como deuda al Estado.

“No existe tal demanda. Ha sido un malentendido. Planteamos esta acción porque había el riesgo de que una vez completado el PAMA se pueda pedir los US$163 millones, lo cual pondría en riesgo la viabilidad de la empresa, incluso de que se apruebe el plan de reestructuración, entonces se presentó un contencioso administrativo por esta decisión de Indecopi”, señala.

Emma Gómez, subdirectora de Cooperacción –que ha seguido el problema de Doe Run y La Oroya–, advirtió que la demanda hecha ante el Poder Judicial para pedir que se desconozca la deuda con el Estado en Indecopi, apunta a sustentar el pedido de arbitraje que tiene Doe Run en el CIADI.

Como se recuerda, Doe Run acusa al Estado de intentar una expropiación indirecta al haber ingresado como acreedor en su proceso concursal en Indecopi. Gómez indica que la demanda reciente de Doe Run apunta a reforzar sus argumentos.

Se debe indicar que hasta el momento Doe Run no ha suspendido su pedido de arbitraje en el CIADI.

El Comercio


Señaló que, según la demanda ante el Poder Judicial, la empresa de capitales estadounidenses solicita la nulidad de la Resolución Nº 1743-2011/SC1-Indecopi que reconoce el crédito a favor del Estado peruano.

Estimó que la demanda tiene la clara intención de excluir al Estado del Proceso Concursal en que se encuentra la referida empresa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

El MEM tomó conocimiento de la sorpresiva demanda presentada por Doe Run a través del reporte judicial, donde consta el trámite del Expediente 368-2012 ante el Cuarto Juzgado Transitorio – Contencioso Administrativo de Lima.

“La actitud de Doe Run Perú es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que viene realizando el Estado, en su condición de mayor acreedor en la Junta de Acreedores, lo cual podría afectar el pronto reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya”, observó.

No obstante, el MEM reafirmó su voluntad de mantener una actitud positiva con la finalidad de que Doe Run Perú reinicie sus operaciones y cumpla con sus obligaciones ambientales, asegurando el empleo a los trabajadores, el control del medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo sostenible de La Oroya.

“Esperamos un cambio de actitud de la empresa que revele una real intención de honrar los compromisos ambientales que están reflejados precisamente en el crédito reconocido al MEM y que Doe Run pretende impugnar mediante el mencionado proceso judicial”, añadió.

ANDINA


El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que la demanda presentada por Doe Run contra el Estado ante el Indecopi, como principal acreedor, causó sorpresa y adelantó que la minera deberá cumplir con ciertos requisitos para reiniciar sus operaciones el 1 de mayo.

Refirió que la impugnación de empresa estadounidense ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se planteó solo una semana después de instalarse la junta de acreedores donde la empresa participó.

“Para nosotros ha sido una sorpresa esta nueva demanda que ha hecho Doe Run, en el sentido de impugnar la participación del Estado como acreedor”, subrayó.

Refirió que Doe Run debería ser consecuente de su voluntad de cumplir sus obligaciones ambientales y cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y aclarar su posición frente al Estado.

Por otra parte, señaló que el proyecto que el Congreso prepara para darle facilidades a Doe Run, tiene que revisarse porque no es posible darles concesiones cuando han demandando por 800 millones de dólares al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington.

Asimismo, señaló que el Gobierno ha sido muy claro y mantiene una misma posición desde el principio, en que primero “vela por el trabajo de la masa laboral de La Oroya y la mina Cobriza; y asimismo, que se respete el medio ambiente y la salud del pueblo de La Oroya.

Señaló que Doe Run debe cumplir con ciertos requisitos para poder reiniciar sus operaciones el 1 de mayo del presente año, los cuales pasan por generar confianza.

“El plan de reestructuración debe permitir las garantías que va a ser una operación limpia, y que sus acreedores van a poder operar, y para eso se ha puesto un veedor”, dijo en Canal N.

Doe Run, compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997 tras un proceso de subasta pública por 247.9 millones de dólares, ubicado a 185 kilómetros al este de Lima, a una altura de 3,750 metros sobre el nivel del mar, es uno de los lugares más contaminados del planeta, según mediciones efectuadas por organismos internacionales.

Doe Run ha incumplido el PAMA en varias oportunidades, y en el 2006 y 2009 el Estado le permitió su prórroga para evitar la paralización del complejo y salvaguardar el empleo de sus trabajadores.

ANDINA


En la ciudad del plomo ya no humea su enorme chimenea. Desde que Doe Run decidió paralizar de repente sus actividades en junio del 2009 (aduciendo una crisis financiera), el complejo metalúrgico de La Oroya se asemeja más a un enorme, viejo y oxidado museo de metal.

En las calles ya no hay mineros caminando: La Oroya de hoy vive de los servicios que le ofrece a los viajeros que están de paso. “La vida sigue”, dice una vendedora de quesos de una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

El último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud de Junín revela el primer impacto del cierre de la planta: la presencia de plomo se ha reducido en los niños.

Mientras eso ocurre en Junín, aquí en Lima, Doe Run mantiene una estrategia legal ambigua. Luego de que sus acreedores (entre ellos el Estado Peruano) le dieran una nueva oportunidad y decidieran que sea la misma empresa la que dirija el plan que la sacaría de su crisis, Doe Run acaba de presentar una nueva demanda ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor.

“La actitud de Doe Run es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que realiza el Perú. Esto podría afectar la pronta reanudación de las operaciones”, dice el breve comunicado del Ministerio de Energía y Minas.

La estrategia de Doe Run

 

Esta demanda se suma a la otra que el complejo metalúrgico mantiene en los tribunales de EE.UU. por 800 millones de dólares. La empresa aduce que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno no ha cumplido con su parte: la remediación de suelos en La Oroya.

¿Cuál es la verdadera intención de la empresa al demandar por segunda vez al Perú? Para Emma Gómez, abogada de Cooperacción, esto revela que Doe Run estaría más interesada en cobrar los 800 millones de dólares de la demanda en EE.UU. que en reabrir el complejo y cumplir sus compromisos ambientales. “El argumento que utiliza Doe Run es que el Gobierno Peruano busca una expropiación, por eso no lo quiere aceptar como acreedor. Me da la impresión de que están construyendo su estrategia legal para hacer creer en EE.UU que el Gobierno Peruano los quiere expropiar y así ganar los 800 millones de dólares”, sostiene.

La historia de Doe Run es una suma de excesos y extrañas concesiones: es la única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA); se le ha permitido modificarlo cuatro veces, ha incumplido su implementación y, aún así, en dos oportunidades (2006 y 2009) se le han otorgado prórrogas. Pese a estos antecedentes, un proyecto de ley promovido por el congresista Casio Huaire Chuquichaico busca darle nuevos beneficios.

La iniciativa legislativa del representante de Junín por Perú Posible promueve no solo flexibilizar el cumplimiento de estándares ambientales a esta empresa, sino también, eliminar sus deudas pendientes con el Estado y ampliar por tercera vez el plazo para la construcción de una planta necesaria para evitar la emisión al aire de plomo, arsénico y cadmio.

Este proyecto ha sido respaldado por los fujimoristas Néstor Valqui y Jesús Hurtado, y los representantes de Alianza Parlamentaria Víctor Crisólogo, Rennán Espinoza, Willyam Valle, Modesto Julca y José León. La también congresista por Junín, Doris Oseda (Gana Perú), retiró su firma porque dijo que “la habían sorprendido”. En su despacho alistan un nuevo proyecto de ley.

El proyecto de Casio Huaire recoge la misma agenda que Doe Run plantea desde junio del 2010: “tolerancia en la exigencia de cumplimiento de los estándares ambientales y la exoneración de las multas”. El congresista ha reconocido que los representantes del sindicato de Doe Run han participado en la elaboración de la propuesta.

Carmen Heck, abogada de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha dicho que el proyecto en cuestión pretende normar un caso particular, cuando las leyes deben tener alcances generales. “Una ley destinada a otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular”. Consultado sobre el tema, el presidente de la comisión de pueblos indígenas y ambiente del Congreso, Antonio Medina, señaló que le parece “poco ético” que una de las partes interesadas haya participado en la elaboración de la propuesta.

Compromisos impagos

La empresa es asidua a los tribunales. De las 14 multas impuestas entre el 2007 y el 2011 por infracciones al ambiente y la seguridad e higiene, solo ha cancelado cinco. El resto las ha llevado al Poder Judicial. Las multas por pagar suman S/.1’303.050.

En el Congreso las voces están divididas. No todos los parlamentarios están de acuerdo con una tercera ampliación, y algunos, como Antonio Medina y Doris Oseda han resaltado la importancia en la reducción de plomo en los niños desde que cerró el complejo. Esta semana, sin embargo, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, se mostró a favor de una nueva prórroga, pero en su bancada han precisado que se trata de una opinión personal.

¿Logrará la empresa –separada el 2010 de la Sociedad Nacional de Minería por “transgredir los principios éticos” y “no demostrar con hechos su voluntad de cumplir sus compromisos ambientales”– el plazo adicional que busca en este Congreso? El debate deberá resolverse antes de abril, cuando vence el plazo otorgado a Doe Run el 2009.

El Comercio


El proyecto de ley presentado ante el Congreso que permitiría una nueva ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Complejo Metalúrgico de La Oroya fue elaborado por un grupo de trabajadores de la empresa minera Doe Run.
Lo hicieron en forma conjunta con las autoridades del distrito de Santa Rosa de Sacco y de la provincia de Yauli (La Oroya), según indicó el congresista Casio Huaire.

“En el proyecto han participado algunos dirigentes [del sindicato], algunos ingenieros que trabajan también en la empresa y que conocen obviamente cuál es la realidad y cómo se podría reiniciar [el complejo].

Es un acuerdo consensuado entre los trabajadores, ha estado presente el señor alcalde de la provincia, el señor alcalde de Santa Rosa de Sacco y el vicepresidente de la región”, explicó.

Un día antes, especialistas de la ONG Cooperacción indicaban que el proyecto de ley 636/2011 que permitirá la ampliación del PAMA de Doe Run era una norma hecha a la medida de la minera, pues no solo daba la posibilidad de una nueva prórroga en caso de fuerza mayor, sino que permitía que la empresa no sea fiscalizada con nuevos estándares ambientales en un plazo de cinco años, lo cual se traduce en la posibilidad de seguir contaminando el aire y suelo de La Oroya, sin ser sancionada.

Huaire, quien presentó la iniciativa ante el Poder Legislativo, realizó ayer una conferencia de prensa en el Congreso acompañado del alcalde provincial de Yauli, Javier García; del secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Roiberto Guzmán; y la presidenta del Comité de Lucha de La Oroya, Coqui Ríos.

Los representantes indicaron que el proyecto de ley no es una nueva ampliación del PAMA –pese a que considera una extensión del plazo por 24 meses y seis meses para arrancar la planta de ácido sulfúrico– sino una “aclaración de la Ley 29410” que fue la norma que en el 2009 amplió el PAMA a Doe Run por un plazo de diez meses.

Huaire explicó que es una aclaración de la referida norma para permitir el inicio de la operación del Complejo Metalúrgico.

El congresista señaló que la norma deberá pasar por la Comisión de Energía y Minas del Congreso y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, donde podría verse modificada y enriquecida con el debate.

El Comercio (Ed. Impresa 22/02/12, Pág. b4)