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Por: Jorge J. Chávez Ortiz*
Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.
En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.
Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.
Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo – 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

 

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata – Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:
  1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
  2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
  3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
  4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
  5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
  6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
  7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.
Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.
La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.______

* Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  –  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa


Por César Gamboa Balbín*

14 de febrero, 2013.- No puede ser que la historia vuelva a repetirse. El 2012 fue marcado por un tema de la agenda indígena: el diseño de la consulta y este año es el de la implementación. Pero el problema de la legitimidad y el magro marco legal siguen rondando como factores que no permitirán un proceso de consulta idóneo para lograr una mejor gobernanza de nuestros recursos naturales.

Aquí cuatro casos: la consulta en minería durante el Estudio de Impacto Ambiental – EIA (con cambios de dos Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA); la consulta en energía antes de la concesión (Hidrocarburos y electricidad); la consulta en Kañaris, que pone en debate la transparencia del proceso; y la consulta en el lote 1 AB ó 192 que se encuentra en idas y venidas.

Anteriormente ya hemos mencionado que el momento de la consulta previa debe ser antes de la decisión política que afecte derechos de los pueblos indígenas, pero el problema surge porque cada sector tiene la discrecionalidad de colocarla donde mejor le acomode. Incluso hasta hoy hay algunos sectores que ni siquiera han presentado una propuesta de consulta previa.

“Podemos concluir que no tenemos autoridad ‘rectora’ de la consulta pues son las decisiones políticas las que gobiernan el marco legal, muy seguro desde la PCM”

Otro problema con la implementación de la consulta es que no hay ente rector, solo una entelequia y comparsa burocrática que se viene definiendo según los vaivenes o pujas entre el movimiento indígena local y las autoridades. Veamos, este año con las justas habrá una consulta en Hidrocarburos en una negociación entre Perupetro y las organizaciones indígenas, que va más allá del marco legal (ley 29785 y su reglamento) y bajo una norma que no ha sido publicada (RM 350-2012-MEM/DM). En esta puja ahora se ha logrado que la consulta sea antes de la licitación y que el plan de consulta sea consensuado entre autoridad y organizaciones indígenas.

Otra puja es Kañaris. Ya hasta la Defensoría del Pueblo, otrora aliada del Viceministerio de Interculturalidad, ha salido a pedir a la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM –única autoridad- que considere a los pobladores de Kañaris como pueblo indígena. ¿Por qué la incertidumbre? ¿Por qué no hay metodología ni base de datos? Simplemente porque no hay claridad legal ni transparencia. No la hay porque no haya autoridad, sino nuevamente la comparsa sinuosa en el tema.

Ante estos problemas podemos concluir que no tenemos autoridad “rectora” de la consulta pues son las decisiones políticas las que gobiernan el marco legal, muy seguro desde la PCM; mirar a futuro significa corregir el magro y deficiente marco legal e invertir en un aparato estatal más comprometido en estos procesos, porque está claro que esta incertidumbre es por la falta de claridad política del Ministerio de Cultura; y si existe un hálito de desconfianza en el tema, es precisamente esa incertidumbre la que aleja las inversiones y mantiene en vilo a propios y extraños.


* César Gamboa Balvín es director de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

 

Mapa de concesiones en el distrito de Cañaris a junio 2012. Elaboración de CooperAcción

– El 96 por ciento del distrito de Cañaris está concesionado a la minería.

Servindi, 11 de febrero, 2013.- Decenas de especies protegidas, algunas endémicas y otras probablemente nuevas para la ciencia, así como bosques montanos en buen estado de conservación son algunos de los bienes comunes que identifica el resumen delestudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Cañariaco que opera en la zona.Este es uno de las muchas concesiones mineras que cubren el 96.16 por ciento del distrito de Cañaris, en la provincia de Lambayeque, al norte del Perú.

Una lectura del mencionado estudio revela la gran riqueza ecológica que sería afectada con las operaciones del proyecto en tierras de la comunidad de San Juan de Cañaris, en Lambayeque. Así como los posibles impactos en los ecosistemas y comunidades de la zona a intervenirse.

Mapa de perforaciones del proyecto Cañariaco
(dar clic para ampliar la imagen)

Biodiversidad en juego

El estudio realizado en el área comprendida desde la cuenca alta del río Cañariaco, llamado Jatun Yacu en sus partes altas, hasta la confluencia de la quebrada Achicamonte determinó que el 52% del territorio donde operará la minera corresponde a terrenos con bosques y el 45.8% a praderas naturales.

En cuanto a la diversidad animal en el área de estudio, el EIA halló 143 especies de aves de las que 34 están incluidas en listas de conservación. Entre ellas destacan la Penelopebarbata o “Pava barbada” y la Coeligena iris conocida como “Inca Arcoiris” cuyos hábitats en otros bosques montanos se encuentran altamente degradados, explica el informe.

Asimismo, el estudio halló al “cóndor” Vultur gryphus que está considerado“en peligro” por la legislación nacional.

De las 19 especies de mamíferos, siete están en alguna categoría nacional o internacional de protección. Dos de ellas son el tapir andino Tapirus pinchaque y el oso andino llamado también “oso de anteojos”, Tremarctos ornatos. Ambas especies son consideradas por la legislación nacional como “en peligro crítico” y “en peligro”, respectivamente.

Igualmente, se registró al “majaz de montaña” o Cuniculus taczanowskii que es considerado“vulnerable”; así como el zorro Lycalopex culpaeus y el puma Puma concolorincluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El documento informa del hallazgo de una posible nueva especie para la ciencia. Se trata del insectívoro Cryptotis sp cuya situación de amenaza es desconocida, aseguran los autores.

Acerca de los anfibios, el EIA señala que nueve de las diez especies identificadas como sensibles son endémicas, lo que significa que sólo se las puede hallar de forma natural en este lugar. Tres del total son potencialmente nuevas para la ciencia o para registros del Perú.

Por otro lado, el estudio afirma que halló 195 especies hidrobiológicas, de las cuales sólo hay una especie de pez: la trucha Oncorhynchus mykiss.

Respecto a la diversidad vegetal, se registraron en total 438 especies de plantas repartidas en 85 familias botánicas, de las que la Orchidaceae es la más representativa con 55 especies (13% del total).

Los autores informan que 67 especies son protegidas por la legislación nacional e internacional, la mayor parte son orquídeas incluidas en el apéndice II de la CITES. Dos de ellas se encuentran consideradas en “peligro crítico”, mientras que 23 son endémicas del Perú.

 
Imagen: Candente Copper

Actividades e impactos del proyecto

Perforaciones

El proyecto estima en 17 meses la duración de sus actividades de exploración. Estas implican la remoción de 1,710 metros cúbicos de suelos para instalar 114 plataformas -de 30 metros cuadrados cada una- que harán perforaciones con maquinarias especializadas.

Según el estudio, el suelo removido será utilizado en la “nivelación y acondicionamiento del terreno durante la etapa de rehabilitación y cierre”.

En total, se calcula intervenir un área (área de huella) de aproximadamente 5.6 hectáreas y un movimiento de tierras de aproximadamente 26,749 metros cúbicos generado por la construcción de las instalaciones.

Asimismo, explica el informe, cada plataforma contará con dos pozas de sedimentación. “Las pozas estarán revestidas con una membrana impermeabilizante para evitar la filtración del agua al terreno”, indica el EIA.

El proyecto realizará 5 líneas sísmicas que “no requerirán la remoción de terreno ni de suelo orgánico”, asegura la empresa.

Usarán agua de cursos naturales

Para las actividades de perforación, el proyecto prevé usar agua de cursos naturales en las cabeceras de cuenca “que tengan una caudal suficiente”.

“El agua requerida para la ejecución de las perforaciones y demás actividades del Proyecto se trasladará de las quebradas Norte, Oso, Verde, Sorón y río Jatun Yacu a la zona de operaciones mediante mangueras y con la utilización de bombas de agua” explica el estudio.

Por día, cada máquina consumirá 0.5 litros por segundo de agua que significan 43 metros cúbicos del recurso. Cada máquina usará un sistema de recirculación del agua.

El documento asegura que no generará vertimientos en la exploración. Sin embargo, afirma que los impactos serán “moderados” y se podrán extender “hasta el límite del área de influencia directa”.

Se advierte también que los cursos de agua superficiales “serán afectados en su calidad por el arrastre de sedimentos que ocurrirá debido a los trabajos de remoción de la cubierta vegetal y los suelos y el consiguiente movimiento de tierras”, señala el EIA.

Asimismo, indica que los ecosistemas acuáticos serán afectados con una “disminución en caudales de agua y sedimentación de cursos”, efecto que duraría un “corto plazo”, es decir, una duración de hasta doce meses. Al respecto, la empresa asegura que establecerá medidas de “mitigación”.

“Se ha propuesto la implementación de medidas de control de erosión para evitar el arrastre de sedimentos y la implementación del cierre progresivo de las áreas donde se hayan completado los trabajos de perforación”, indican.

Impactos en la vegetación

El estudio asegura que el impacto sobre la cobertura vegetal se deberá a la instalación de vías e infraestructura, así como al “manejo de insumos, residuos sólidos y efluentes; el mantenimiento de equipos y el transporte en general”, anota.

Igualmente explica que el impacto será “moderado” por limitarse a la zona de huella del proyecto y por tratarse de especies sensibles.

“La cobertura vegetal demorará más de un año en recuperarse de manera estable sobre los suelos rehabilitados”, asegura el EIA.

Fauna desplazada

Por otra parte, se advierte en el estudio que el proyecto ocasionará el desplazamiento de fauna -incluyendo la que se encuentra bajo categorías de protección- a causa de la remoción de su hábitat, la generación de ruido y la presencia humana en la zona.

Entre las especies afectadas están el tapir andino, la musaraña de orejas cortas y los sapos del género Pristimantis sp. Los dos últimos serían especies nuevas para la ciencia o registros nuevos para el Perú.

El impacto en la fauna tendría una duración de “mediano plazo”, es decir, de uno a tres años, y una extensión que abarcaría el área de influencia directa ambiental, según el estudio.

Las actividades de mitigación que el proyecto plantea son planes de rescate y traslocación de especies, inspecciones previas a la instalación de plataformas y la rehabilitación de hábitats disturbados, entre otras.

Impacto Social

En el aspecto socioeconómico, el EIA prevé posibles impactos en la “salud y el bienestar de las personas residentes en el área del Proyecto”, debido a la “inseguridad” y “desconfianza” generada por la presencia de foráneos en las comunidades.

Como medida de mitigación, el proyecto asegura que evaluará a su personal en los aspectos físico y mental. Igualmente les exigirá seguir un protocolo de conducta.

Respecto al empleo, el proyecto contratará a 235 trabajadores no calificados por un corto plazo, provenientes de los caseríos cercanos al proyecto, mayormente.

Por otra parte, se informa también que el proyecto podría afectar los hábitos y costumbres locales de la población “donde las formas de organización, las prácticas culturales, la toma de decisiones y la división social del trabajo tienen una dinámica particular”, observa el estudio.

Para evitar disturbar a la comunidad campesina y las organizaciones locales, Cañariaco aplicaría un “Protocolo de Relacionamiento” que “contribuirá a la creación de un clima de confianza y cooperación con la población, y con ello minimizar las molestias o perturbaciones generadas a la población local”, señala.

Consulta
En el rubro de “Consulta y participación ciudadana”, el EIA informa que fue llevada a cabo de acuerdo al reglamento del sector minero, y según normas del Ministerio de Energía y Minas.

Al respecto, indica que “se han llevado a cabo reuniones, procesos de consulta y talleres con la población local”.

 


El último 02 de febrero los representantes de la comunidad de San Juan Bautista de Cañaris, las autoridades regionales de Lambayeque y los del Gobierno Central se reunieron en una mesa de diálogo para abordar la problemática antiminera que se registran en la zona. Todos acordaron continuar con estos mecanismos de diálogo.

Sin embargo, el presidente de la comunidad campesina de Cañaris, Cristóbal Barrios, no firmó los acuerdos establecidos en este primer encuentro porque considera que “en ellos no han quedado plasmados nuestros reclamos que consisten en la suspensión de las operaciones de la minera Candente Copper”, como recoge el diario El Comercio.

Las autoridades de Cañaris aseguran que la minera Candente Cooper no puede seguir explorando la zona porque el 06 de enero del 2009 se venció el plazo que le otorgó la comunidad. Según consta en Registros Públicos, en enero del 2008 la comunidad de Cañaris autorizó por un año a Exploraciones Milenio (hoy Cañariaco Cooper) el uso de la tierra superficial para la exploración y trabajos de estudio de impacto ambiental.

Por su parte, la empresa minera afirma que la comunidad fue nuevamente consultada en una asamblea que se realizó en julio de 2011. No obstante, en dicha asamblea solo participaron 725 personas, pero el padrón electoral de la comunidad registra a 3 mil 480 comuneros.

 
Fuente: Actualidad Ambiental – SPDA – http://www.actualidadambiental.pe/?p=17805

El ministro Jorge Merino dijo que el Estado “no defiende a la empresa”, sino que busca el desarrollo de la zona. Mal tiempo obligó a pobladores a retirarse y transportistas desbloquearon vía.

(USI)

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que no se aceptará como condición previa al diálogo en Cañaris el retiro de las operaciones de la empresa Candente Copper, a cargo del proyecto Cañariaco, pedido que ha generado una serie de protestas por parte de un grupo de comuneros del distrito San Juan de Cañaris, en la sierra de Lambayeque.

“No podemos permitir que a una empresa que está cumpliendo el orden legal, el compromiso de las comunidades se le diga que se retire porque un pequeño grupo quiere condicionar un diálogo, no podemos aceptar eso, estaríamos dando una muy mala señal”, afirmó en entrevista al programa Agenda Política.

Además, Merino hizo hincapié en las actividades de Candente en este distrito de Lambayeque. “Esta es una actividad de exploración, aquí no hay explotación minera”. Señaló también que la minera viene trabajando hace más de diez años en Cañaris, “explorando en perfecta armonía con las comunidades”.

“La última autorización oficial ha sido en el mes de julio, donde ha habido una asamblea escrita en los registros públicos que autorizó continuar con las exploraciones porque también está generando trabajo”, agregó Merino.

MAL TIEMPO

Los pobladores que bloqueaban la vía desde Marayhuaca hacia el campamento minero del proyecto Cañariaco se retiraron debido al mal tiempo en la zona. Los transportistas que se encontraban en la zona aprovecharon y desbloquearon la vía.

Fuente: Peru21 – http://peru21.pe/politica/gobierno-no-aceptara-retiro-candente-dialogo-canaris-2114578?href=nota_rel


Lunes 28 de enero del 2013 | 16:33

 (USI)

Fiscalía de Lambayeque exhortó a los campesinos a deponer esta medida de fuerza ilegal. En tanto, fuentes oficiales descartaron que las protestas contra el proyecto Cañariaco hayan cobrado su primera víctima mortal.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lambayeque, Carmen Miranda, informó que un grupo de comuneros volvió a tomar esta tarde la carretera de Marayhuaca hacia el campamento minero del proyecto Cañariaco, a cargo de Candente Cooper.

Por la mañana, los manifestantes se habían retirado de la zona por el mal tiempo, lo que fue aprovechado por los transportistas para despejar la vía.

La magistrada exhortó a los manifestantes a deponer esta medida y advirtió que procederá a realizar las acciones que correspondan contra quienes persistan en dicha posición, ya que eso está previsto como delito en el Código Penal.

En tanto, fuentes oficiales aseguraron a Perú21 que las protestas en Cañaris no han cobrado ninguna víctima mortal hasta ahora, con lo que negaron la información que proporcionó la dirigente Rosa Huamán, quien informó que el comunero Jacinto Santiago Bernilla (48) falleció ayer en el hospital donde estaba internado.


Ideeleradio.- El Estado incumplió el Convenio 169 en Cañaris al no haber realizado el mecanismo de consulta previa a la concesión del proyecto minero Cañariaco y una acción de amparo podría suspender el proceso porque toda decisión que viole un derecho fundamental es nula, estimó Juan Carlos Ruiz, integrante del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Si partimos de la premisa de que el Convenio 169 exige la consulta previa de todo acto administrativo o normativo que afecta a los pueblos indígenas está vigente desde el año 95 y, luego, advertimos que esta no se ha realizado, quien está en falta en realidad es Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), es decir esta instancia del Ministerio de Energía y Minas que hace las concesiones. Ellos están en falta por no haber hecho la consulta previa en el caso de Cañaris”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Un primer punto que habría que preguntarnos es dónde están los que quiebran el Estado de Derecho: ¿están en Cañaris o están en la Presidencia del Consejo de Ministros? […] La idea es reconducir esto a un proceso de amparo, como es que se están litigando ahora los casos. Es pedirle al juez que [declare que] la omisión de INGEMMET de consultar esto es incompatible con el derecho a la consulta, por favor suspenda esta concesión y ordene que se consulte”, apuntó.

Toda decisión que viola un derecho fundamental es nula

Explicó que toda decisión que viole un derecho fundamental con rango constitucional, como el derecho a la consulta, debe declararse nula. Apuntó que a Cañaris, sea como pueblo indígena o como ronda campesina, le corresponde exigir un mecanismo de consulta previa.

“El Convenio 169 de alguna manera viene a incorporarse a la Constitución [que dice que la consulta es un derecho fundamental] toda decisión que viola un derecho fundamental es nula. Es decir, que si yo tomo una decisión y eso afecta un derecho fundamental, esa decisión tiene un vicio de nulidad. Acá el problema es la omisión de consulta del Ministerio de Energía de esa concesión, que es incompatible absolutamente con el Convenio 169 y eso es lo que no se quiere ver”, refirió.

“Puede ser que se diga que no está claro que sean pueblos indígenas, puede ser que sean rondas [campesinas]. La ley de rondas dice que se les aplica a las rondas todos los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en cuanto se les favorezca. En consecuencia, en el caso de Cañaris, el Gobierno es el que está en falta, el Gobierno es el que ha incumplido el Convenio 169, que es parte del Estado de Derecho”, declaró.

Compatibilizar explotación con derechos indígenas

Ruiz Molleda subrayó que el tema central es que se consulte la primera decisión del Estado susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y estimó que la idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos de estas comunidades.

“[¿El momento para consultar es este o no?] Allí hay un debate, lo que dice es consulta previa y previa es antes, la idea es que se consulte la primera decisión del Estado, susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y la idea es que se consulte y se les dé a los pueblos indígenas el Estudio de Impacto Ambiental. En el caso de Perú, el Convenio 169 parece que es desconocido, no se le toma en serio. No es que la gente de Cañaris es violentista o que está pidiendo cosas irracionales, está pidiendo que se cumpla el Estado de Derecho”, indicó.

“Si yo no le doy información a esa comunidad sobre los impactos reales que la minería va a ocasionar en sus territorios, si yo cumplo con el derecho de las comunidades a participar de los beneficios, si yo escondo la información, ¿qué están esperando? Ante el miedo, la dudad y la falta de confianza, no solo es de necesidad pública generar más ingresos para el Estado, también lo es proteger el medioambiente, los derechos de los pueblos indígenas. La idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos indígenas”, concluyó.

 


“Seguimos con nuestra protesta que es indefinida, vamos a permanecer los comuneros, van a unirse más campesinos y vamos a bloquear otro tramo de la carretera (de acceso al campamento minero Cañariaco)”, comentó uno de los pobladores de Cañaris.

El hombre indicó que, días atrás, los efectivos “estaban disparando directamente a los pobladores” y que los manifestantes, por su parte, protestan sin armas. “Se ha disparado al cuerpo de los campesinos, no somos animales”, manifestó.

Por su parte, el dirigente del Frente de Defensa de la zona, Narciso Calderón, pidió, una vez más, la paralización de los trabajos de exploración minera y la conformación de una mesa de diálogo en el lugar.

Fuente: AmericaTV – http://www.americatv.com.pe/portal/noticias/actualidad/pobladores-de-ca-aris-siguen-bloqueando-camino-minera-no-vengan-con-polic-no-queremos-violenci


 

Escribe: Jorge Paucar
Foto: La República

Luego del conflicto entre comuneros de San Juan de Kañaris y efectivos de la Policía, el reporte médico preliminar del hospital Las Mercedes indica que los tres pobladores que resultaron gravemente heridos fueron impactados con proyectiles de arma de fuego (PAF), con lo cual se descarta que hayan sido balas de goma como informaron fuentes oficiales. Fueron el coronel Jorge Linares Ripalda y el presidente de la Oficina de Diálogo Nacional, Vladimiro Huaroc los que afirmaron que las fuerzas del orden solo habrían utilizado balas de goma.

Como se recuerda, la tarde del 24 de enero, la Policía desalojó a cientos de comuneros de Marayhuaca que estaban protestando en rechazo al proyecto minero Cañariaco de Candente Copper. Producto de este enfrentamiento, 24 personas resultaron heridas, 4 de ellas con lesiones graves: Lindaura Sánchez Vilcabana (28), Augusto Tantarico Bernilla (57), Santos Nicolás Pariacurí Firman (75) y Santos Tantarico Bernilla (55).

Lindaura Sánchez presenta herida por PAF en el lateral de la pierna derecha; Augusto Tantarico, lesión por PAF en el tercio medio del muslo izquierdo; Pariacurí Firman, herida por PAF en húmero izquierdo y no se descarta que presente traumatismo en el ojo derecho. Al respecto, el Jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, señaló que el médico Ricardo Cruzado Becerra le informó que estas personas fueron víctimas de disparos de armas de fuego. Además, en el caso de Santos Tantarico, Hidalgo Reyes señaló que el afectado fue intervenido quirúrgicamente a causa de las lesiones que tiene en el tórax producto de balas de goma.

Ante ello, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe, a cargo de David Caballero Velezmoro, con el apoyo de médicos legistas y peritos de balística, inició las investigaciones respectivas. Para ello, se tomaron las declaraciones de los afectados y se tomaron como muestras los casquillos que entregaron los familiares de los comuneros.

Por otro lado, los otros 15 heridos se encuentran en el Centro de Salud de Marayhuaca. En este sentido, el gerente regionel de Salud de Lambayeqye, Carlos Uriarte Núñez, garantizó que los heridos van a recibir atención más especializada a través del Seguro Integral de Salud (SIS).

Con información de La República.

 


Servindi, 25 de enero, 2013.- El rumor de dos muertos como probable saldo de un enfrentamiento quedó felizmente descartado hoy por Cristóbal Barrios, presidente de la Comunidad de Cañaris, quién informó que el enfrentamiento ocurrido hoy con la policía dejó veinticuatro heridos, cinco de ellos de gravedad.

A través de Radio Marañón, Cristóbal Barrios precisó que el enfrentamiento ocurrió cuando la policía desalojó la carretera que conduce al campamento de la empresa minera Candente Copper, en Marayhuaca, distrito de Incahuasi, que estaba ocupada pacíficamente por los comuneros.

Según el dirigente, la población realizaba un paro pacífico en su propio territorio cuando llegó el fiscal de Jaén y tomó la decisión de enviar a la policía a “bombardear a los hermanos comuneros”, indicó.

Producto de los disparos, indica Barrios, hay cinco heridos graves, uno de ellos de mayor gravedad por impacto de bala. Se trata de Santos Tantarico Manayai, del distrito de Pandachí, en Cañaris. Asimismo, el dirigente afirmó que la cifra total de heridos es de 25 personas.

Barrios señaló que la situación permanece calmada y que los ronderos planean retomar la vía “con más ganas e indignación luego de haber visto a sus propios hermanos heridos” anotó.

El dirigente solicitó que las organizaciones de derechos humanos denuncien tanto a la policía como a la Fiscalía por haber ordenado el desalojo.

Por otra parte, el dirigente rondero Bacilio Díaz Pérez repudió el hecho represivo y rechazó cualquier derramamiento de sangre peruana en la comunidad San Juan de Kañaris. “Pensamos que el Gobierno Central está en contra de las organizaciones, los campesinos hombres y mujeres humildes del país” expresó.

“Con esas actitudes demuestran que a los gobernantes y a las transnacionales no les importan la vida humana, las costumbres, las tradiciones, la cultura”, agregó.
 

Pretenden imponer proyecto minero a sangre y fuego

Díaz Pérez lamentó que el Gobierno no haya tomando en cuenta la consulta popular sobre el proyecto minero Cañariaco, realizada el año pasado por la comunidad.

“Nosotros demostramos al Estado que el pueblo de Cañaris es pacífico. Desgraciadamente, las autoridades, empezando por Humala , se burlan y hacen caso omiso a reclamos, a la metodología pacífica que empleamos para defender la vida, el agua, y los recursos naturales, agua de cabecera de cuenca, agua natural”, señaló el dirigente.

Igualmente, el poblador David de la Cruz, de la comunidad de Chilasque, señaló que más de trescientos comuneros se encuentran protestando en el caserio de Paipeta por los heridos del enfrentamento en Incahuasi.

“Nos preocupa que puedan haber heridos de gravedad. Así, no nos van a calmar jamás. Por el contrario, vamos a apoyar con más contundencia”, indicó.


Autoridades afirman que no se usó balas
Según el jefe de la Policía de la región, coronel Jorge Linares, en el operativo se utilizaron solamente balas de goma y gases lacrimógenos y según su versión, descartó el uso de balas de fuego.

Asimismo, el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc, confirmó la versión policial y descartó el supuesto deceso de dos personas en el desalojo.

“Tenemos información, no solo de la Policía sino del personal del Ministerio de Energía y Minas. Se trata de dos heridos y no muertos, que ingresaron en la posta de salud de Marayhuaca”, aseguró Huaroc.


TIERRA Y LIBERTAD

ALTO A LA BRUTAL REPRESION EN CAÑARIS, QUE SE ABRA PASO AL DIÁLOGO
LA VOLUNTAD DEL PUEBLO INDIGENA DE CAÑARIS DEBE SER RESPETADA Y LA MINERA CANDENTE COPPER DEBE RETIRARSE

Las comunidades campesinas originarias y quechuahablantes de Cañaris y Marayhuaca – Incahusi, luego de haber realizado el 30 de setiembre 2012 un referéndum en el que 97% de los comuneros rechazó los intentos de establecer una gran explotación minera en su zona, se encuentran desde el 20 de enero 2013 movilizándose en un paro de resistencia pacífica. La protesta fue brutalmente reprimida por las fuerzas policiales de la DINOES recién llegadas de Lima, Jaén, Pucará y Chiclayo. Producto de esta acción policial hay cerca de 30 heridos, varios de los cuales de gravedad, sobre todo la comunera Lindaura Sánchez Vilcabana de 26 años de edad natural de Marayhuaca, Augusto Tantarico Bernilla natural de Pandachí-Cañaris, Santos Nicolás Pariacuri Furman natural de Saucepampa-Cañaris, internados en el Hospital “Las Mercedes ” y Santos Tántarico Bernilla de 52 años natural de Pandachi- Cañaris, internado en el Hospital Regional de Chiclayo.

Recordamos que en noviembre de 2012 la junta directiva de la comunidad estuvo en Lima, como tantas otras veces, pidiendo diálogo y ser escuchados en el Congreso de la República, el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo y que la decisión de iniciar un paro sobreviene luego de infructuosas gestiones en que no se tomó en cuenta sus demandas.

Esta brutal represión policial se produce luego que voceros del gobierno insistieran en descalificar a los indígenas que protestan tildándolos de radicales y terroristas y de que el ministro del interior anunciara que abrirá nuevos “frentes policiales” en las zonas mineras. Una vez más, una alianza entre el gobierno y la empresa minera busca imponer un proyecto minero a sangre y fuego, en contra de la voluntad de la población.

Frente a estos hechos, Tierra y Libertad demanda que de inmediato se detengan estas violaciones de los derechos indígenas y derechos humanos del pueblo indígena Cañaris, cese todo acto de represión y se abra paso al diálogo con las comunidades campesinas y sus legítimos dirigentes.

Tierra y Libertad se solidariza con la demanda legítima del pueblo de Cañaris para que se respete su voluntad y se retire la empresa Candente Copper de su territorio ancestral por poner en riesgo las lagunas, páramos y bosques húmedos que son sus fuentes generadoras de agua.

Lima, 26 de enero 2013

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL



Heridos de Cañaris por represion hecha por la PNP
25.Enero.2012
Fuente: Diario La Industria de Chiclayo

1. Clemente Calderón Carlos
2. Enrique Barrios Reyes
3. Agapito Mendoza
4. Margarito Mendoza
5. Elsa Rinza
6. Javier Mendoza
7. Manuel Mendoza
8. Augusto Tantarico
9. Pedro Lucero
10. Dennos Huaman
11. Dionisio Calderón
12. Santos Santiago Rinza
13. Martina de la Cruz
14. Fermín Bernilla Calderón
15. Pantaleon Pariacuri
16. Hilario Rinza
17. Pedro Barrios Huamán
18. Alex Mendoza
19. Alejandro Manayay
20. Nicolás Payacuri
21. Santos Sánchez
22. Santos Calderón
23. Paulina Sánchez
24. Victor Lucero
25. Santos Tantarico Berníos
26. Lindaura Sánchez Vilcabana


 
Por: Otra Mirada

25 de enero, 2013.- El 20 de enero se dio inicio a un paro indefinido en Cañaris, localidad ubicada en la sierra de Lambayeque. Más de 500 comuneros de la zona le hicieron frente a unos 300 efectivos policiales con la finalidad de tomar al campamento minero de la empresa Candente Copper, por encontrarse en contra del proyecto Cañariaco. De esta manera, Cañaris se constituye como el primer conflicto social del año 2013 y, lamentablemente, las reacciones gubernamentales parecen indicar que no se han aprendido las lecciones de conflictos anteriores cuyo saldo lamentable ya conocemos.

El 30 de septiembre del año 2012 se realizó una consulta popular en la localidad de Cañaris, en la cual participaron más de dos mil comuneros empadronados. Este proceso se realizó de manera formal y contó con el resguardo de la Policía Nacional. Se trató, sin duda, de un mecanismo válido de participación ciudadana para tomar en cuenta, como es lógico, su opinión frente a las acciones de una empresa que afectarían su entorno. El resultado de esta consulta fue contundente: el 97% de pobladores decidieron no darle licencia social al proyecto Cañariaco.

Sin embargo, por decreto supremo se instauró una mesa de desarrollo que busca dar luz verde a este proyecto. En esta, se encuentran representantes del gobierno central y regional, funcionarios de la empresa y delegados de las comunidades, quienes conversan privadamente en un hotel Chiclayano, gesto que despierta suspicacias en una población ya enardecida.

Por otro lado, en un acto provocador, el Presidente de la Oficina de Diálogo Nacional del Perú, Vladimiro Huaroc, señaló que los contrarios al proyecto serían sólo un grupo de antimineros que buscan frenar la inversión extranjera. Como vemos, se trata del mismo discurso falaz que busca minimizar demandas legítimas de una población. Asimismo indicó que el proyecto Cañariaco “no está parado y no va a parar”.

La pregunta es evidente: ¿Por qué no se respeta el acuerdo ya tomado por la población? 97% es una cifra por demás elocuente del masivo rechazo que despierta este proyecto y se sustenta en la afectación que se haría sobre el ecosistema de la zona. Sin embargo, llama aún más la atención no sólo la indiferencia frente a una consulta ya realizada, sino también la reacción frente a la protesta.

Esta semana el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, mencionó que se tiene prevista la creación de los frentes policiales en zonas mineras, con la finalidad de garantizar las actividades que allí se desarrollan. Semejante declaración causa alarma, toda vez que recordamos que una serie de proyectos mineros han desencadenado protestas sociales donde han ocurrido pérdidas humanas.

El ministro Pedraza se equivoca mayúsculamente al creer que los conflictos mineros son los que ocasionan un desmedro al ciudadano, cuando lo que en realidad sucede es que los proyectos de inversión y las concesiones se dan pasando por alto la legalidad y el deseo popular. Un frente policial no garantiza la supresión de un conflicto social, sino que aumenta las posibilidades de un enfrentamiento fatal.

Si lo que se busca es detener las protestas, lo mejor que puede hacer el gobierno es escuchar a la población que se vería afectada, iniciar el diálogo antes de ceder las concesiones a las empresas y velar por garantizar el cuidado del medio ambiente. No se trata pues de defender sólo las inversiones, sino a los ciudadanos para lo cual es necesario tratarlos como iguales y no hacer, como en el caso de Cañaris, oídos sordos ante sus reclamos y su voz. Esta lección no aprendida podría traer enormes costos. Aún estamos a tiempo.
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Fuente: Otra Mirada: http://www.otramirada.pe/content/lecci%C3%B3n-no-aprendida-ca%C3%B1aris