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Artistas e intelectuales se unieron a la campaña de sensibilización promovida por la Plataforma La Oroya por un cambio, donde participaron: el músico Julio Pérez, vocalista de La Sarita, el actor Gianfranco Brero, el periodista Guillermo Giacosa, el ilustrador “Carlín” Tovar, la bailarina Pachi Valle Riestra, quienes comparten cámaras con el historiador Toni Zapata, el actor Gustavo Bueno, la periodista española Laura Arias y la ciudadana de a pie, Flor Chávez para hacer un llamado sobre los riesgos que implicaría que el complejo metalúrgico de Doe Run Perú vuelva a funcionar en La Oroya, sin las garantías de un entorno saludable.

Arzobispado de Huancayo emite pronunciamiento en el que exige que complejo Metalúrgico de La Oroya solo se reactive si cumple con ese programa de manejo ambiental.

Ira santa. Monseñor Barreto no se opone a la compañía, pero sí a que no exista un PAMA.
 

Consuelo Alonzo C.

Sobre los 3.249 metros sobre el nivel del mar, unos 65 mil peruanos exigen respirar aire puro y no uno que envenene su sangre y la de sus descendientes.

Para su mala suerte, la irresponsable actividad minera que les dejó un ambiente contaminado con plomo y dióxido de azufre pretende volver. Y es que el Complejo Metalúrgico de La Oroya-Doe Run ha solicitado la reactivación de sus operaciones, paralizadas desde hace mil días, además de una nueva ampliación para la presentación delPrograma de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Esto no tendría nada de malo si no fuera por que esta es la tercera vez que piden una prórroga por 30 meses más.

Ante esto, el Arzobispado de Huancayo no pudo mantenerse ajeno y emitió un comunicado en el que indica que el retraso en la presentación del PAMA por la minera “es una irresponsabilidad que indigna”, pero además que de permitirlo “se volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población”.

“No podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad”, cita el documento.

La Arquidiócesis que lidera Monseñor Pedro Barreto aclara que no se oponen a la reactivación de dicho complejo metalúrgico, pero que ello debe ocurrir únicamente después del cumplimiento “de un PAMA que asegure la vida, la salud y un trabajo digno”.

Solo así, sostienen, la disminución de las partículas contaminantes continuaría tal y como se ha visto reflejado en el tiempo que Doe Run ha estado sin operar. Resulta que en todo ese tiempo la concentración de dióxido de azufre (SO2) se ha reducido en un 99,5%; mientras que la presencia de plomo en material particulado (PM10) disminuyó en un 98,8%, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Vive.

LOBBY EN EL CONGRESO

En declaraciones al blog Plataforma La Oroya por un cambio, el religioso también lamentó que el congresista Casio Huaire Chuquichaico haya presentado un proyecto de ley que plantea un plazo de 24 meses para la culminación de la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre a partir de la fecha de reinicio de operaciones de Doe Run.

“Es lamentable porque sería la segunda vez que el Congreso aprobaría un proyecto de ley con nombre propio (…) Doe Run es una empresa que presiona al Congreso por el lado de los trabajadores, y con ello se deja de lado la urgente necesidad del cuidado de la vida y de la salud de la población de La Oroya que, desde 1922 hasta mayo del 2009, ha sufrido una gravísima contaminación ambiental”, sostuvo.

Justamente, en la exposición de motivos de dicho proyecto, Huaire Chuquichaico argumenta que “la paralización de actividades en el Complejo Metalúrgico La Oroya generaría conflictos sociales, a razón de la inestabilidad laboral de 3.500 trabajadores directos y 16 mil trabajadores indirectos, lo que genera un clima de negativismo económico no solo en La Oroya, sino en toda la región”.

Luego agrega que ” ese proyecto busca blindar y proteger a la población y la clase trabajadora de Doe Run”. Más claro ni el agua.

De ser aprobado en el Pleno, monseñor Barreto confía en que el presidente Ollanta Humala no vaya a promulgar la referida ley porque contradice su propuesta de inclusión social. “No puede haber inclusión social si no hay respeto a la vida y a la salud de las personas”, agregó.

Se debe indicar que ese proyecto que contó con la firma de once legisladores de Alianza Parlamentaria ya sufrió una baja, puesto que la congresista Doris Gladys Oseda Sotopidió al presidente del Congreso Daniel Abugattas el retiro de su rúbrica en enero.

VÁLIDA PREOCUPACIÓN

Otra persona que no puede ser ajena al peligro en ciernes que acecha a los juninenses es Esther Hinostroza Ricaldi, directora de la ONG Filomena Tomaira Pacsi, pues ha sido a través de su institución que realizaron exámenes de sangre y detectaron hace años el plomo que envenenaba sus venas.

En ese sentido, le recordó al Estado peruano que tiene la obligación de proteger la salud de su población y velar por el derecho a una vida digna, por encima del derecho de cualquier empresa.

“Si no hay fuerza ni principio de autoridad, nuevamente Doe Run contaminará La Oroya, y todos los que vivimos allí pagaremos las consecuencias por una mala decisión del Estado que no se pone del lado de la población”, aseguró Hinostroza, y recordó que la intoxicación con plomo afecta la salud reproductiva, causa abortos espontáneos y tiene relación directa con malformaciones congénitas.

CLAVES

La ONG Filomena Tomaira Pacsi informó que en 1999, en coordinación con otras instituciones, realizó un estudio en La Oroya y los resultados arrojaron que la población tenía hasta 55 microgramos por decilitro (ug/dl) de plomo en la sangre, cuando el máximo nivel de riesgo máximo permitido es 10, debido principalmente a la actividad de Doe Run.

Por otro lado, en Pasco, tras una audiencia pública, la posición de la población y de las autoridades fue de no permitir el traslado de Cerro de Pasco, ciudad afectada por la contaminación minera, y muy por el contrario demandaron la urgente ejecución de los proyectos de agua y desagüe. El presidente de Pasco, Kléver Meléndez, le recordó al presidente Ollanta Humala que existe un compromiso de su parte de financiar los mismos.

 
Fuente: La Republica

ü Mediante un pronunciamiento, representantes de la Iglesia Católica de esta ciudad mostraron su indignación a nueva prórroga solicitada por cuestionada empresa minera

Como un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya fue considerado por el Arzobispado de Huancayo la nueva solicitud de Doe Run Perú, que por tercera vez ha pedido la ampliación del plazo para cumplir con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), luego de haber tenido más de diez años para hacerlo y no mostrar voluntad a pesar de las facilidades que le brindó el Estado Peruano.

“Ante la solicitud de una tercera ampliación del PAMA, no podemos callar porque su incumplimiento es un atropello a la dignidad y la salud de las personas de La Oroya y de los trabajadores del Complejo Metalúrgico que se ven obligados a laborar en condiciones letales a su integridad”, así lo señaló mediante un pronunciamiento publicado hoy, a pocos días de debatirse en el Congreso de la República un proyecto de ley que le permitiría a esta empresa volver a funcionar a pesar que diversos estudios han demostrado el grave daño a la salud de la población y al medio ambiente.

En los próximos días el Congreso debatirá el Proyecto de Ley 636/2011_CR, el cual le permitiría a Doe Run Perú reiniciar sus operaciones y le brindaría impunidad para seguir contaminando y afectando la salud de sus pobladores legalmente, entre otras concesiones.
 

Al respecto, los representantes de la Iglesia de esta ciudad señalaron que “Doe Run, por segunda vez (2009), obtuvo una ampliación de 30 meses para cumplir con el PAMA, sin embargo, de manera reiterada, no ha cumplido con sus obligaciones ante el país. Por eso nos indigna que, con estos antecedentes, solicite nuevamente al Estado Peruano una nueva ampliación de 30 meses más, que volvería a afectar gravemente la vida y la salud de la población”.

En dicho comunicado, el Arzobispado de Huancayo informó que la calidad del aire en esa ciudad mejoró notablemente desde que en el 2009 Doe Run dejó de funcionar, reduciéndose en 99.5% la concentración de dióxido de azufre y 98.8% la presencia del plomo en material particulado, según el monitoreo comparativo de calidad de aire del Proyecto El Mantaro Revive realizado en diciembre del 2009.

“Nos alienta saber que según los resultados de los censos hemáticos realizados en La Oroya, por el Convenio Minsa-Doe Run Perú y el Gobierno Regional de Junín en el 2008, con el complejo en actividad, indican que solo el 5.91% de los evaluados tenían niveles menores a 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (µg/dl). Mientras que en noviembre del 2011, con más de dos años de paralización, el 52.9% de los evaluados tienen niveles menores a 10 µg/dl.de plomo en la sangre”, así lo reveló el pronunciamiento del Arzobispado.

A pocos días de discutirse la aprobación de una nueva prórroga a Doe Run, representantes del Arzobispado de Huancayo solicitaron al gobierno la reactivación del Complejo Metalúrgico, “solo después del cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental que asegure la vida, la salud y un trabajo digno”.

 

El vicepresidente de asuntos corporativos de Doe Run, José Mogrovejo, indicó que la empresa no intenta abrir un juicio contra el Estado, sino plantear un contencioso judicial ante la posibilidad de que la firma deba, además de culminar el PAMA, pagar el monto que Indecopi le ha reconocido como deuda al Estado.

“No existe tal demanda. Ha sido un malentendido. Planteamos esta acción porque había el riesgo de que una vez completado el PAMA se pueda pedir los US$163 millones, lo cual pondría en riesgo la viabilidad de la empresa, incluso de que se apruebe el plan de reestructuración, entonces se presentó un contencioso administrativo por esta decisión de Indecopi”, señala.

Emma Gómez, subdirectora de Cooperacción –que ha seguido el problema de Doe Run y La Oroya–, advirtió que la demanda hecha ante el Poder Judicial para pedir que se desconozca la deuda con el Estado en Indecopi, apunta a sustentar el pedido de arbitraje que tiene Doe Run en el CIADI.

Como se recuerda, Doe Run acusa al Estado de intentar una expropiación indirecta al haber ingresado como acreedor en su proceso concursal en Indecopi. Gómez indica que la demanda reciente de Doe Run apunta a reforzar sus argumentos.

Se debe indicar que hasta el momento Doe Run no ha suspendido su pedido de arbitraje en el CIADI.

El Comercio


Señaló que, según la demanda ante el Poder Judicial, la empresa de capitales estadounidenses solicita la nulidad de la Resolución Nº 1743-2011/SC1-Indecopi que reconoce el crédito a favor del Estado peruano.

Estimó que la demanda tiene la clara intención de excluir al Estado del Proceso Concursal en que se encuentra la referida empresa ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

El MEM tomó conocimiento de la sorpresiva demanda presentada por Doe Run a través del reporte judicial, donde consta el trámite del Expediente 368-2012 ante el Cuarto Juzgado Transitorio – Contencioso Administrativo de Lima.

“La actitud de Doe Run Perú es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que viene realizando el Estado, en su condición de mayor acreedor en la Junta de Acreedores, lo cual podría afectar el pronto reinicio de las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya”, observó.

No obstante, el MEM reafirmó su voluntad de mantener una actitud positiva con la finalidad de que Doe Run Perú reinicie sus operaciones y cumpla con sus obligaciones ambientales, asegurando el empleo a los trabajadores, el control del medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo sostenible de La Oroya.

“Esperamos un cambio de actitud de la empresa que revele una real intención de honrar los compromisos ambientales que están reflejados precisamente en el crédito reconocido al MEM y que Doe Run pretende impugnar mediante el mencionado proceso judicial”, añadió.

ANDINA


El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que la demanda presentada por Doe Run contra el Estado ante el Indecopi, como principal acreedor, causó sorpresa y adelantó que la minera deberá cumplir con ciertos requisitos para reiniciar sus operaciones el 1 de mayo.

Refirió que la impugnación de empresa estadounidense ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se planteó solo una semana después de instalarse la junta de acreedores donde la empresa participó.

“Para nosotros ha sido una sorpresa esta nueva demanda que ha hecho Doe Run, en el sentido de impugnar la participación del Estado como acreedor”, subrayó.

Refirió que Doe Run debería ser consecuente de su voluntad de cumplir sus obligaciones ambientales y cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), y aclarar su posición frente al Estado.

Por otra parte, señaló que el proyecto que el Congreso prepara para darle facilidades a Doe Run, tiene que revisarse porque no es posible darles concesiones cuando han demandando por 800 millones de dólares al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial con sede en Washington.

Asimismo, señaló que el Gobierno ha sido muy claro y mantiene una misma posición desde el principio, en que primero “vela por el trabajo de la masa laboral de La Oroya y la mina Cobriza; y asimismo, que se respete el medio ambiente y la salud del pueblo de La Oroya.

Señaló que Doe Run debe cumplir con ciertos requisitos para poder reiniciar sus operaciones el 1 de mayo del presente año, los cuales pasan por generar confianza.

“El plan de reestructuración debe permitir las garantías que va a ser una operación limpia, y que sus acreedores van a poder operar, y para eso se ha puesto un veedor”, dijo en Canal N.

Doe Run, compró el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997 tras un proceso de subasta pública por 247.9 millones de dólares, ubicado a 185 kilómetros al este de Lima, a una altura de 3,750 metros sobre el nivel del mar, es uno de los lugares más contaminados del planeta, según mediciones efectuadas por organismos internacionales.

Doe Run ha incumplido el PAMA en varias oportunidades, y en el 2006 y 2009 el Estado le permitió su prórroga para evitar la paralización del complejo y salvaguardar el empleo de sus trabajadores.

ANDINA


En la ciudad del plomo ya no humea su enorme chimenea. Desde que Doe Run decidió paralizar de repente sus actividades en junio del 2009 (aduciendo una crisis financiera), el complejo metalúrgico de La Oroya se asemeja más a un enorme, viejo y oxidado museo de metal.

En las calles ya no hay mineros caminando: La Oroya de hoy vive de los servicios que le ofrece a los viajeros que están de paso. “La vida sigue”, dice una vendedora de quesos de una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

El último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud de Junín revela el primer impacto del cierre de la planta: la presencia de plomo se ha reducido en los niños.

Mientras eso ocurre en Junín, aquí en Lima, Doe Run mantiene una estrategia legal ambigua. Luego de que sus acreedores (entre ellos el Estado Peruano) le dieran una nueva oportunidad y decidieran que sea la misma empresa la que dirija el plan que la sacaría de su crisis, Doe Run acaba de presentar una nueva demanda ante el Poder Judicial para exigir la nulidad de la resolución de Indecopi que reconoce al Estado Peruano como su principal acreedor.

“La actitud de Doe Run es inexplicable, sobre todo porque obstaculiza los esfuerzos que realiza el Perú. Esto podría afectar la pronta reanudación de las operaciones”, dice el breve comunicado del Ministerio de Energía y Minas.

La estrategia de Doe Run

 

Esta demanda se suma a la otra que el complejo metalúrgico mantiene en los tribunales de EE.UU. por 800 millones de dólares. La empresa aduce que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno no ha cumplido con su parte: la remediación de suelos en La Oroya.

¿Cuál es la verdadera intención de la empresa al demandar por segunda vez al Perú? Para Emma Gómez, abogada de Cooperacción, esto revela que Doe Run estaría más interesada en cobrar los 800 millones de dólares de la demanda en EE.UU. que en reabrir el complejo y cumplir sus compromisos ambientales. “El argumento que utiliza Doe Run es que el Gobierno Peruano busca una expropiación, por eso no lo quiere aceptar como acreedor. Me da la impresión de que están construyendo su estrategia legal para hacer creer en EE.UU que el Gobierno Peruano los quiere expropiar y así ganar los 800 millones de dólares”, sostiene.

La historia de Doe Run es una suma de excesos y extrañas concesiones: es la única empresa minera que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA); se le ha permitido modificarlo cuatro veces, ha incumplido su implementación y, aún así, en dos oportunidades (2006 y 2009) se le han otorgado prórrogas. Pese a estos antecedentes, un proyecto de ley promovido por el congresista Casio Huaire Chuquichaico busca darle nuevos beneficios.

La iniciativa legislativa del representante de Junín por Perú Posible promueve no solo flexibilizar el cumplimiento de estándares ambientales a esta empresa, sino también, eliminar sus deudas pendientes con el Estado y ampliar por tercera vez el plazo para la construcción de una planta necesaria para evitar la emisión al aire de plomo, arsénico y cadmio.

Este proyecto ha sido respaldado por los fujimoristas Néstor Valqui y Jesús Hurtado, y los representantes de Alianza Parlamentaria Víctor Crisólogo, Rennán Espinoza, Willyam Valle, Modesto Julca y José León. La también congresista por Junín, Doris Oseda (Gana Perú), retiró su firma porque dijo que “la habían sorprendido”. En su despacho alistan un nuevo proyecto de ley.

El proyecto de Casio Huaire recoge la misma agenda que Doe Run plantea desde junio del 2010: “tolerancia en la exigencia de cumplimiento de los estándares ambientales y la exoneración de las multas”. El congresista ha reconocido que los representantes del sindicato de Doe Run han participado en la elaboración de la propuesta.

Carmen Heck, abogada de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ha dicho que el proyecto en cuestión pretende normar un caso particular, cuando las leyes deben tener alcances generales. “Una ley destinada a otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular”. Consultado sobre el tema, el presidente de la comisión de pueblos indígenas y ambiente del Congreso, Antonio Medina, señaló que le parece “poco ético” que una de las partes interesadas haya participado en la elaboración de la propuesta.

Compromisos impagos

La empresa es asidua a los tribunales. De las 14 multas impuestas entre el 2007 y el 2011 por infracciones al ambiente y la seguridad e higiene, solo ha cancelado cinco. El resto las ha llevado al Poder Judicial. Las multas por pagar suman S/.1’303.050.

En el Congreso las voces están divididas. No todos los parlamentarios están de acuerdo con una tercera ampliación, y algunos, como Antonio Medina y Doris Oseda han resaltado la importancia en la reducción de plomo en los niños desde que cerró el complejo. Esta semana, sin embargo, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, se mostró a favor de una nueva prórroga, pero en su bancada han precisado que se trata de una opinión personal.

¿Logrará la empresa –separada el 2010 de la Sociedad Nacional de Minería por “transgredir los principios éticos” y “no demostrar con hechos su voluntad de cumplir sus compromisos ambientales”– el plazo adicional que busca en este Congreso? El debate deberá resolverse antes de abril, cuando vence el plazo otorgado a Doe Run el 2009.

El Comercio


El coordinador de la de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, monseñor Pedro Barreto, señaló que una tercera ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa Doe Run Perúsería “indigno para los peruanos” debido a que la minera se ha caracterizado por su irresponsabilidad con el ambiente y la salud de los pobladores de La Oroya.

La ampliación del PAMA por tercera vez es promovida por el congresista Casio Huaire, a través de un proyecto de ley (Ver documento). Sobre dicha iniciativa parlamentaria, Barreto anunció que “la Mesa de Diálogo Ambiental está haciendo un estudio técnico, que coincide con la posición del Arzobispado en que el PAMA no puede darse, porque sería ir a una vida indigna para un peruano o peruana, y que beneficia únicamente a Doe Run”.

Barreto agregó que dicho proyecto de ley también tiene como fin la exoneración de multas a la empresa, lo cual significaría un “premio a una empresa irresponsable”. “El comportamiento de esta empresa minera no es nuevo, siempre dice una cosa y después hace otra”, señaló el monseñor.

Según el colectivo “La Oroya por un Cambio”, Doe Run Perú -desde el inicio de sus operaciones- arrojó, las 24 horas al día, humo tóxico cargado de dióxido de azufre, plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. La empresa estadounidense tuvo diez años para invertir en proyectos que disminuyeran los daños ambientales, como indicaba su PAMA, pero no cumplió.

Pese a las consecuencias que trajo la contaminación, como los severos e irreversibles daños en la salud de niños y adultos, intoxicados por el plomo y otros gases tóxicos, los gobiernos anteriores ampliaron dos veces el PAMA de la empresa, pero Doe Run incumplió con sus responsabilidades.

ESTADO DEBE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS

Para Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el actual gobierno tiene una visión desfasada de los derechos humanos y nos vende una visión del desarrollo enfocado solamente en los réditos que dejan la actividad extractiva, lo cual es “engañoso”.

“Con el caso de Doe Run el Estado está incumpliendo su obligación fundamental que es proteger los derechos humanos. La necesidad de desarrollo no puede ser una excusa para dejar de lado la protección de derechos humanos. La protección del derecho a la salud y del medio ambiente es una vía para garantizar un verdadero desarrollo para el país”, dijo Pérez.

“El Estado debería encontrar una fórmula que permita garantizar el respeto a ambos derechos (a la salud y al trabajo) y no colocarlos en dos posiciones contrarias. Salud o Trabajo, es una manera perversa de concebir el desarrollo de un país. Los pobladores no deberían continuar sufriendo los estragos de la contaminación ambiental y el Estado debería garantizar una fuente de trabajo y de ingresos”, agregó.

 
Fuente: SPDA – Actualidad Ambiental