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José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente e investigador de la ONG Cooper Acción, analiza los resultados electorales en las regiones mineras. Asimismo, habla sobre los posibles escenarios que se podrían generar en estas zonas con la victoria de algunos candidatos, tomando en cuenta las posiciones que tienen con respecto a la actividad minera.


Desde su análisis, ¿la victoria de Gregorio Santos significará el fin de la minería en Cajamarca? No creo que signifique el fin, pero con relación al proyecto minero Conga, los resultados electorales son como un plebiscito y la constatación que no tiene licencia social. Para los que pensaban que había una posibilidad para el proyecto, los resultados muestran un contundente no. Pero esto tampoco indica que ningún proyecto se vaya a desarrollar. Asimismo, es una suerte de reflejo de que la empresa ha hecho mal las cosas desde hace varios años, y que está recibiendo este nivel de rechazo a un proyecto tan significativo dentro de su cartera de proyectos en Cajamarca.

Hay quienes piensan que Santos gana por el hecho de estar detenido
En Lima se dan explicaciones puntuales como la que mencionas, pero no se dan cuenta de que Gregorio es unlíder político y social de larga data con tres procesos electorales. Gregorio nace del movimiento ronderil, es un profesor ligado al magisterio, que son las dos instituciones sociales más importantes en Cajamarca. De otro lado, el MAS ha hecho política y no ha tenido contrapeso por el lado de los candidatos opositores, que quisieron contrarrestar la capacidad política del MAS con un despliegue económico sin precedentes.

En Apurímac, el ex congresista Michel Martínez, que es señalado por los medios nacionales como antiminero, ha pasado a la segunda vuelta ¿Una victoria suya podría frenar el proyecto minero Las Bambas?
 Apurímac es una caja de sorpresas. Si uno analiza los resultados, cinco de las siete provincias han votado por el movimiento de Martínez, sobre todo Cotabambas, Grau, Aymaraes y Abancay, pero el eje Andahuaylas –Chincheros, no. Apurímac es una región todavía más fragmentada que Cajamarca. Ahora bien el alcalde elegido en Cotabambas, que es el centro del proyecto minero Las Bambas, se le identifica como un personaje cercano a la minera. Y si Martínez es elegido presidente regional, uno se pregunta cuál será su actitud frente a la minería, porque él ha dicho que va a hacer auditoria y fiscalización, pero veremos si finalmente lo hace y cómo lo hace.

¿Qué explicación se puede dar sobre la derrota de Tierra y Libertad en Espinar, a pesar de que el ex alcalde Oscar Mollohuanca logró un buen porcentaje en la elección regional en esta provincia?
  Casos como el de Espinar demuestran que la gente de la zona rural cruza su voto, cuando esta manera de votarera sólo característica dela zona urbana. Tierra y Libertad obtuvo 3% para la candidatura provincial, en Espinar, pero Mollohuanca tuvo un 32%. Estas cifras indican que el candidato provincial de Mollohuanca no representaba los intereses de Espinar.

¿Podríamos decir entonces que en Espinar ganó la empresa minera? ¿Cómo continuará la renegociación del convenio marco en ese escenario?
Si nos sujetamos a la historia, cuando en el 2003 se firmó el convenio marco, quien lo hizo fue Luis Alvarez, sucesor de Mollohuanca, en cuyo período éste había sido negociado. Algo similar puede pasar ahora, y va a depender de la capacidad que tengan los actores sociales para efectivamente negociar ese convenio marco, concretarlo y firmarlo. En la actualidad, el proceso ha sido iniciado, y ese es mérito de Mollohuanca, pero no le alcanzó el tiempo para firmar.

¿La victoria de la oposición al proyecto Tía Maria de la Southern, en la provincia de Islay (Arequipa), podría generar un nuevo conflicto, a pesar de contar con el EIA aprobado?
 Es probable. El resultado en Islay y en los tres distritos más cercanos a la zona de influencia del proyecto muestra que este no tiene aceptación, a pesar de que la empresa y las autoridades del Ministerio de Energía y Minas decían que la población había participado y que el EIA fue aprobado en una audiencia pública, cuando sabemos que esa jornada se desarrolló con una presencia significativa de la policía. Los resultados electorales muestran que Tía María está en una situación de incertidumbre y por lo menos tres alcaldes distritales de la provincia de Islay dicen que ese proyecto no va, a lo que hay que agregar que el alcalde provincial electo ha visto la posibilidad de que las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos, UNOPS, revise el EIA.

Viendo en perspectiva, ¿los alcaldes críticos a la minería podrán hacer una buena gestión en un contexto de reducción de los fondos del canon?
Es un tema importante, porque los próximos cuatro años serán diferentes al período que termina; se asemejarán al último año, en que los recursos del canon se han reducido significativamente. Entonces, serán años complicados, y va a depender muchode la capacidad de las autoridades electas y reelectas hacer gestiones cualitativamente diferentes. Está probado, como sucede en San Martín, que se puede hacer gobiernos correctos con pocos recursos, y va a depender de la voluntad política y de la capacidad que demuestren estas nuevas gestiones para fortalecer la institucionalidad regional. Es un reto clave como respuesta a las voces que quieren detener el proceso de descentralización.

Por último ¿Qué significa el pase a la segunda vuelta de dos líderes vinculados a la minería informal en Madre de Dios?
Hay un enorme poder de influencia que tiene esta actividad en Madre de Dios, y que se está extendiendo a otras regiones. No olvidemos que más del 30% de la economía de dicha región es movido por la minería informal, que es el sector que más trabajo genera, aunque sea precario. Por ello, cada decisión que toca los intereses de este sector informal genera movilizaciones importantes. Entonces, los mineros informales han decidido optar por el camino político, y no es la primera vez que ocurre, porque tenemos al congresista Romero, que está vinculado a este sector. Sea quiensea la autoridad elegida, tendrá poco margen de maniobra para atender la agenda que plantean. Lo que sí van a lograr es bloquear el proceso de formalización minera, porque parte de este proceso dependía de una interacción con los gobiernos sub nacionales, y creo que es un punto de quiebre para este proceso.

Fuente: NoticiasSER –  https://blognoticiasser.lamula.pe/2014/10/24/tia-maria-esta-en-una-situacion-de-incertidumbre/noticiasser/


Escribe: Jorge Chavez Ortiz
Fotos: Jorge Chavez Ortiz (@ChavezWar)

La mañana del 02 de julio de 2014, al promediar las 11:30 a.m. un grupo de activista llegado de diferentes partes del Perú y el mundo, comienzo la realización del mural histórico de la lucha del pueblo de Celendín contra el proyecto minero Conga, dicho mural ubicado está en la esquina del Jr. Pardo y Jr. 2 de mayo. El mural histórico de la lucha, era el prologo de las actividades conmemorativa, en honor a los caídos del 03 de julio de 2012.

Por la tarde se desarrollo el foro publico denominado “Minería  y Movimientos Sociales en el Perú”, organizado por la Plataforma Interinstitucional Celendina, donde estuvieron presente como ponentes:
  • José de Echave (Ex-vice ministro del Ministerio del Ambiente)
  • Roció Silva Santisteban  (Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH)
  • Raphael Hoetmer (Activista y investigador, miembro del Programa Democracia y Tranformacion Global – PDTG)
  • Alejandro Seminario (Catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca)
  • Marco Arana Zegarra (Activista Ambiental y miembro del Movimiento Tierra y Libertad)
El foro publico inicio desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en la Casa del Maestro, donde el publico presente pudo hacer preguntas al los panelistas.
Por la noche, a las 8:30 p.m. inicio la vigilia en el atrio de la Iglesia Virgen del Carmen, la vigilia fue dedicada en honor a los hermanos caídos el pasado 03 de julio de 2012 a manos del Ejercito Peruano y la Policía Nacional del Perú.
Doña Máxima Acuña de Chaupe, La Dama de las Lagunas, estuvo presente también en la vigilia.
Dentro de las organizaciones internacionales que estuvieron presente esta noche, fue el Comité de Justicia y Paz de Denver, Colorado de Estados Unidos. Donde se manifestaron sobre el proyecto minero Conga, como se sabe el pasado 2010, la misma organizacion reconoció a la ONG GRUFIDES por el trabajo y apoyo a las comunidades afectadas por las actividades extractivas en la región de Cajamarca. También estuvo presente la representante del Comité de Apoyo París Francia.
La vigilia contó con participación de diferentes artistas celendinos y cajamarquinos, donde los mas destacados esta Daniel Gil, cantautor y guardián de las lagunas. En otra parte de la vigilia, un  grupo de mujeres se encontraban trabajando en el cafecito que se repartió entre los presentes, como también preparaban los insumos para la olla común de se cocinara este 03 de julio.
Para el cierre de la vigilia, el grupo musical Tinkari, creador del himno de la lucha “Agua Si, Oro No”, se hizo presente, cerrando así la vigilia cultural.


Paula Correa | Domingo 27 de abril 2014

Fuente: http://radio.uchile.cl

La transnacional canadiense Barrick, a cargo del proyecto minero Pascua Lama, y la estadounidense Newmont Mining Corp. intentaron fusionarse, lo que de haber prosperado hubiese significado la unión de los dos productores de oro más grandes del mundo. Una significativa caída del precio del metal, así como los diversos conflictos locales que deben enfrentar sus proyectos advierten un complejo escenario.

El lunes pasado se informó que los intentos de fusión entre las empresas Barrick Gold y Newmont Mining Corp. fracasaron. De haber fructificado el acuerdo, los dos gigantes, que cuentan con presencia en los cinco continentes, además de un alto porcentaje de la producción del oro a nivel internacional, habrían comenzado un proceso de reducción de costos y optimización de recursos, marcando una nueva etapa en el mercado del oro.

Pero, ¿cuál era la intensión de estos dos conglomerados? Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), sostuvo que esto es una respuesta a situaciones de especulación que se han dado en los últimos 10 a 15 años, y que hoy tienen al metal en una importante resaca a la baja.

“En este momento las principales compañías están en una situación de crisis producto de la baja del precio del oro. Pero especialmente porque este sector económico, de extracción del oro, está muy vinculado y es muy vulnerable por los procesos de especulación que se dan a nivel financiero y económico”, explicó.

Barrick y Newmont se caracterizan también por ser empresas muy agresivas en la explotación de sus proyectos en los países que se instalan. Newmont está en Perú, donde ha debido enfrentar importantes conflictos con su proyecto Yanacocha, en la localidad de Cajamarca.

 

Sin embargo, hoy la mayor conflictividad reconocida, incluso a nivel internacional, corresponde al proyecto Conga, en Celendín y también Cajamarca.

En Chile y Argentina, Barrick Gold enfrenta la oposición al proyecto binacional minero Pascua Lama, lo que ha profundizado su crisis económica.

El año pasado, con el cierre del proyecto decretado por los tribunales, sus acciones bajaron entre un 30 y 40 por ciento en las bolsas de Nueva York y Toronto. En cuanto a la pérdida patrimonial, se estima en ocho mil 500 millones de dólares, de los cuales cinco mil 500 estarían relacionados directamente con el caso Pascua Lama.

En ese sentido, Lucio Cuenca afirmó que, posiblemente, la crisis financiera es más grande que la posibilidad de enfrentarla a través de la fusión, lo que explicaría su fracaso.

Por su parte, el economista peruano José De Echave, subdirector de Cooperacción, coincidió en que, de todos los metales, el más ligado a las especulaciones es precisamente el oro.

Por ello, aseguró que la medida fue tomada ante la postura más conservadora de los inversionistas, aunque indicó que el capítulo de la fusión no se cierra con este primer fracaso de las conversaciones.

“No tengo la menor duda de que esto va a seguir. Lo primero es que en los últimos diez años un común denominar del sector minero a nivel global han sido los procesos de fusiones y también las absorciones de empresas menores. Esta ha sido una característica”, detalló.

Asimismo, aclaró que “cuando estamos hablando de dos operadores importantes, como es en este caso, evidentemente esto no se concreta en los primeros intentos. Existen muchos intereses y posiciones de accionistas, hay mucho en juego. Más bien lo normal es que los procesos duren, y duren muchos años”.

Como ex viceministro del Medioambiente del gobierno de Ollanta Humala, afirmó que mayoritariamente estos procesos se concretan, lo que en este caso aseguraría un control muy efectivo del mercado, dejando en una gran vulnerabilidad a las otras mineras. Pero advirtió que muchas veces aquello genera perjuicios a algunos proyectos, porque suele darse que un conglomerado exige su venta al otro.

Todo esto en medio de importantes movilizaciones en Perú, a propósito de los proyectos Yanacocha y Conga, paralelamente al complejo escenario judicial que enfrenta Pascua Lama en Chile, con una causa en plena revisión de los Tribunales Ambientales.


 
Photo credit: Grufides

Peru is a mining conflict country. In September of this year, the Defensoría del Pueblo (National Ombudsman Office) reported 223 social conflicts in September alone, with more than two thirds of them linked to minerals. The report also registers 196 dead and 2,369 injured in disputes over natural resources from 2006 to 2011. The database of the Latin American Observatory of Mining Conflicts (OCMAL)registers 34 cases across Peru. Even though the State has increased its presence in some mining areas and has its own Social Conflict Administration Office, the front line often becomes the ugliest side of corporate-community relations.

Hard Partners

A report published this month by Peruvian NGOs Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras (Human Rights without Borders), the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (National Coordinator for Human Rights, CNDDHH), and the Society for Threatened Peoples (STP) of Switzerland, revealed that mining corporations have signed agreements with the National Police to secure their assets. Titled “Police in the Pay of Mining Companies,” the report examined the links between the police and mining corporations Antamina, Gold Fields, Sulliden Gold, Xstrata Tintaya, Minera Coimolache, and Yanacocha. These agreements allow them to request permanent police presence or ask for rapid deployment of larger units to prevent or repress social protests. In some cases, the companies provide full financial and logistical support: an incentive to use force.

Expanding Giant

The Switzerland-based commodities giant Glencore Xstrata owns the Tintaya mine and its expansion Antapaccay. Protesters in the province of Espinar have accused the company of causing pollution. As the protests grew, police moved in: three people were killed and around one hundred were injured. In a typical “knee jerk” reaction, the government of Ollanta Humala suspended freedom of assembly and imposed a state of emergency. What then? In an unusual display of force, the police arrested the mayor leading the protest against Xstrata. Dozens of riot police carrying plastic shields stormed the municipal building to pull Óscar Mollohuanca out.

Far away, indignant voters in the relaxed Swiss town of Hedingen decided to donate to charity some US$120,700 of taxes paid by Glencore Xstrata Chief Executive Ivan Glasenberg in protest against the commodities trader’s business practices.

On the Payroll

Early this year, the report “Policía mercenaria” (mercenary police) released in April by the combative newspaper Hildebrandt en sus trece, reported that in normal conditions, mining companies pay around S/.48 a day (US$10) to the official in charge, and S/.28 a day (US$10) to sub officials, for providing protection to the corporation. In circumstances denoted as “special,” the pay can be as high as S/.78 a day (US$28). Mar Pérez from the CNDDHH says that these agreements put all the responsibility for the repression of the protests in the hands of the police. “If someone dies,” she notes, “it is much harder to investigate the crime.”

 
Photo credit: Hildebrandt en sus trece

Police corruption is not just a mining issue. In fact, it was one of the main issues in last week’s Lima political agenda when a scandal broke out involving the police protection of Óscar Lopez Meneses, former intelligence officer under house arrest. Meneses was a member of the inner circle and in the 1990s was a close advisor to Vladimiro Montesinos, chief of intelligence under dictator Alberto Fujimori who is now serving a 25-year prison sentence. In response, José de Echave, Director of Lima-based NGO Cooperacción, wrote: “the fact that a fundamental body of the State such as the National Police should take the side of those who pay them, instead of the side of the public…reveals that it does not care about public interest in the least.”

Keepers of the Lakes

The Conga mining project is located some 73 km northeast of the city of Cajamarca, in the discricts of Sorochuco and Huasmín. It has been the site of anti-mining protests for years. The U.S.-based Newmont Mining Corp. proposes to dig the Chailhuagón and Perol pits and at least two other additional areas. A plant with the capacity to process 92,000 tons of rock a day would produce 3.1 billion pounds of copper and 11.6 million ounces of gold in 20 years. However, the mineral content is very low: each ton contains less than 1 gram of gold and 0.2% of copper.

The Regional Government and the local communities denounced the serious impacts the project would have on the watersheds. To the complaints about the destruction of the Azul, Perol, Mala, and Chica Andean lakes, Minera Yanacocha replied that it would build three reservoirs to replace them. In July 2011, Denver-based Newmont Mining and its local partner Buenaventura publicly announced that they had approved funding for the project to the value of US$4800 million, one of the biggest mining investments in the history of Peru. In Cajamarca, the same mining companies have operated Yanacocha, the largest open-pit goldmine in South America, for the past 19 years.

But in November 2011, a massive strike forced them to suspend all activities. In December, Humala decreed a 60-day state of emergency in the provinces of Cajamarca, Hualgayoc, Celendín, and Contumazá. In the first days of July 2012, brutal police repression of demonstrators protesting to defend their lakes left a tragic toll of five dead and around 150 injured. In response, the communities have organized an admirable form of protests: the guardianes de las lagunas (keepers of the lakes).

Private Security Agencies

Luis Escarcena Ishikawa is the Securitas coordinator for Canadian corporation Hudbay Minerals. He was Alberto Fujimori´s aide-de-camp and one of the three pilots of the “narco-plane,” the Peruvian Air Force detained minutes before leaving for Russia with 170 Kg (375lbs) of cocaine in May 1996. According to a report by IDL Reporteros, Fujimori himself exculpated Escarcena in a public speech in July 1997.

Hudbay bought Norsemont Mining and its Constancia copper project near the Tintaya mine in 2011. Some 40% of the construction of the mine has already been completed. Authorities of the Chamaca community have expressed their concerns about the project’s “huge enviornmental impacts and reduced economic benefits.” Tito Cruz Llacma, from the local organization Frente Único de Defensa de los Intereses de Chamaca (United Front in Defense of the Chamaca’s Interests, FUDICH) stated that “it’s going to be like Espinar, where cattle and agriculture have been affected by contamination of the rivers.”

Congressional Investigation

Private security firm Forza was investigated in 2009, when a Congressional commission opened an inquiry into whether crimes were committed by the police and private security personnel in response to protests.Peruvian prosecutors accused the police of torturing protesters at the Rio Blanco mining camp in 2005, but cleared the security firm. At the time, Monterrico Metals operated the Rio Blanco project. When the scandal erupted, Forza’s press office referred Reuters to Switzerland’s Securitas, which later officially bought the Peruvian company in 2007. After the Monterrico affair, China’s Zijin bought the project in 2007. Monterrico was sued by 33 of the victims in a UK court and in 2011 agreed to pay them compensation.

Surviving the Pierina Mine

On September 19, 2012 at 3:30 p.m., about 100 protesters from the Marinayoc Community, a close neighbor of Barrick Gold Corporation’s Pierina gold and silver mine in Huaraz, gathered at the mine’s main gate known as Bravo 22. They demanded that the Toronto-based gold miner fulfill its promise to provide the community with fresh and clean water, as the massive open pit and its infrastructure had destroyed their water sources. While they were protesting at the gate, the police sent by Barrick fired tear gas bombs. The protestors dispersed down the hill while being chased by shotguns. Nemesio Poma Rosales (55) was wounded and later died. Barrick released his body to the local morgue the next day in Jangas, the district capital. According to Lima-based newspaper La República, “Edith Poma denounced that her father Nemesio was taken alive to the mine medical post where he bled to death.”

When the police started shooting, many of the protesters ran away. Alejandro Tomás Rosales Chávez (45) had made it some 20 steps down the hill when he was wounded in his back by bullet splinters. Alejandro was then taken to a clinic in Huaraz where, after three operations, the doctors saved his life. I took his testimony for this year’s edition of Barrick Gold alternative annual report. A day after the violence at Pierina, Human Rights Watch issued an open letter to President Ollanta Humala expressing concern over the use of lethal force deployed during protests. Barrick financed the restoration of the house where César Vallejo, the canonical Latin American poet, spent his childhood. The stated goals of the project were to strengthen regional pride in the rich cultural heritage of La Libertad and to improve the local economy through an expansion of the tourist industry; the money came from the Lagunas Norte mine in La Libertad, located some 150 km from Pierina.

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Luis Manuel Claps studied Communications at the Buenos Aires University. He has followed mining in Latin America since 2004 as editor of the Mines and Communities Website. He is based in Lima, Perú.

 

 
Foto: Perú 21

Escribe: José De Echave C.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha declarado que el proyecto minero Tía María ya tiene licencia social para operar, porque la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental finalmente se pudo realizar el pasado 19 de diciembre. Lo que olvida decir el ministro es que para que la accidentada audiencia se pueda realizar necesitó trasladar más de dos mil policías, un número que supera largamente a los asistentes a la audiencia.

La empresa Southern, propietaria del proyecto, ha señalado que no escatimará gastos para sacar adelante el proyecto. La empresa también olvida señalar que hace tres años precisamente rechazaba la posibilidad de desalinizar el agua del mar y pretendía utilizar la escasa agua de la cuenca, porque el procedimiento era muy costoso, lo que provocó el rechazo de los pobladores del Valle del Tambo.

Lo que ha quedado claro en estos días es que el cuestionado proyecto minero de Tía María no tiene, ni por asomo, licencia social para operar. Por el contrario, la gran mayoría de pobladores de la zona han expresado su rechazo al proyecto: la audiencia pública ha estado acompañada de intensas movilizaciones y enfrentamientos con la policía, que han provocado tres pobladores heridos y el inicio de una huelga de hambre de pobladores que se oponen al proyecto. Además, las organizaciones representativas de la zona han denunciado que los participantes de la audiencia no eran pobladores de la zona.

El caso de Tía María también muestra el colapso de nuestro sistema de certificación ambiental que a estas alturas está claro que carece de toda legitimidad y credibilidad. ¿Una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el pasado 19 de diciembre puede significar que el proyecto Tía María ya tiene licencia social? De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se han constituido, desde hace 20 años, en la herramienta fundamental del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en nuestro país, sin embargo la falta de credibilidad y una larga lista de proyectos cuestionados, han puesto en debate los EIA y han planteado la necesidad de renovarlos.

Uno de los temas centrales es cómo romper el control privado de todo el procedimiento, en donde la empresa minera privada, contrata a una consultora privada, y entre ambas, fijan los términos del proceso de elaboración del EIA. Además, mientras dura la elaboración del EIA, la empresa contratante y la consultora, interactúan sin que las autoridades intervengan, salvo al final cuando todo está prácticamente decidido y en condiciones desfavorables.

Una propuesta alternativa debe apuntar a que el Estado peruano intervenga desde el inicio y no al final, como ocurre hoy en día; es decir desde la definición de los términos de referencia de los EIA, la elección de la consultora que elaborará el estudio y el monitoreo del proceso, antes de encarar la parte definitiva de su aprobación o desaprobación. Este debe ser un aspecto fundamental de una reforma de este instrumento.

El caso del proyecto Tía María pone nuevamente en agenda este tema. Mientras no se construyan nuevos instrumentos, una nueva institucionalidad ambiental que recupere credibilidad frente a la población y mientras el gobierno solo siga pensando en políticas orientadas a destrabar las inversiones, sin tomar en cuenta las bases objetivas que están detrás de los conflictos, situaciones como las ocurridas en la provincia de Islay, seguirán repitiéndose. Lo que se necesita es destrabar las políticas sociales y ambientales para superar el estatus quo que nos pretende seguir imponiendo la ortodoxia extractivista.

Escrito: Dic 21, 2013 Actualizado: Dic 22, 2013



Por José De Echave 

Los editoriales de los principales periódicos a nivel mundial se preguntan por qué en países que atraviesan por uno de sus mejores momentos de crecimiento y estabilidad económica se producen las movilizaciones sociales más importantes de las últimas décadas.

En Turquía la indignación y el rechazo al avance destructivo de proyectos inmobiliarios y grandes centros comerciales y la consiguiente defensa de parques y áreas protegidas, ha desatado una amplia movilización. En la plaza de Taksim, en Estambul, los manifestantes protestan en contra del gobierno turco por temas tan variados como la ecología, la corrupción y la impunidad de los que comparten el poder político y económico.

En Brasil las protestas se iniciaron en las ciudades en las que se aumentaron el precio de los pasajes. A los pocos días, ya se habían extendido a cien ciudades, pese a que las autoridades retrocedieron en la medida. Ya no sólo se cuestiona el alza de los pasajes, sino también los más de 26 mil millones de dólares que se piensan gastar en el próximo mundial de futbol y en las olimpiadas y la agenda se ha ampliado a temas de educación, corrupción y violencia.

Como ocurriera en Chile, en Brasil y Turquía, los jóvenes han tomado las calles y sus demandas se conectan con los movimientos de indignados de otros países. En este contexto cabe preguntar si algo similar podría ocurrir en nuestro país.

No es sencillo dar una respuesta definitiva. Lo cierto es que cada país presenta características propias. En los últimos años, en el Perú se ha registrado movilizaciones importantes que responden a agendas más específicas: desde el capítulo doloroso de Bagua, pasando a la movilización por la defensa del agua, los numerosos conflictos mineros y la marcha de los cuatro suyos que se trajo abajo a la dictadura fujimorista. Si bien es cierto que la conflictividad en los últimos años, ha ido en ascenso y todo indica que la tendencia continuará, por el momento todas estas luchas no se expresan necesariamente en grandes movilizaciones nacionales.

Sin embargo, la terca lucha de las comunidades de Bambamarca y Celendín por defender sus lagunas es una expresión a la peruana de las luchas de los indignados en todo el planeta. El crecimiento económico de los últimos años en nuestro país tampoco se expresa como algunos quisieran en paz social. ¿Qué pasará más adelante? Difícil de pronosticar.

Sin embargo, no hay que perder de vista el creciente malestar que se percibe en diversos sectores sociales del país y que está a la base de la próxima jornada de lucha del 4 de julio. Un gobierno que sigue cediendo a las presiones de los grandes grupos económicos, que anuncia nuevos paquetes para facilitar aún más las inversiones sin equilibrios sociales y ambientales, está generando las condiciones para que la indignación aumente cada vez más.


Según el exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, las recientes medidas dadas por el gobierno para reducir los plazos, a menos de 100 días, para la evaluación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no garantiza que se cumpla los controles ambientales, por el contrario generaría nuevos conflictos sociales. Por ello, consideró que el Ministerio del Ambiente es un archivador de EIA y que el sector “está pintado en la pared”. Y lamentó que el actual titular de la cartera de Ambiente “hace lo que el gobierno lo deja hacer y no lo que tiene que hacer”. En conversación con LA PRIMERA aseguró que los EIA no son transparentes.

—El gobierno lanzó medidas para impulsar proyectos de inversión, entre ellas se busca acortar el tiempo de evaluación en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), ¿considera que esta medida va a garantizar una buena evaluación del EIA de los grandes proyectos mineros?
—Es muy importante tomar acciones para el crecimiento económico, pero no veo por qué el gobierno tiene que seguir insistiendo en cosas que han generado una conflictividad enorme en el país, por ejemplo las inversiones de Yanacocha. Es imposible hacer una buena evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, de gran minería, en menos de 100 días. No se puede confundir rapidez con apuro, porque las evaluaciones del EIA se van hacer para que salga y después habrá consecuencias, nuevos conflictos. Con estas medidas, queda claro que el gobierno está escuchando, con un volumen alto, a los inversionistas mineros.

—¿En promedio cuánto dura la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental para un proyecto minero?
—La revisión del EIA de proyectos mineros demora por lo menos seis meses, ahora se quiere acortar a más de la mitad del tiempo que se requiere. La demora no es porque los especialistas que observan el EIA son ociosos, sino es porque la evaluación toma tiempo. La revisión es todo un proceso, porque se tiene que hacer un trabajo de campo, recoger información física, climatológica, geológica y química, para reconocer el impacto ambiental que generará el proyecto, y así planear la mitigación de los efectos y la compensación. En otros casos el EIA puede demorar de 2 a 3 años en ser analizados.

—¿Considera apropiado que la empresa se encargue del EIA, teniendo en cuenta los intereses de por medio?
—En el país le falta transparencia a los EIA. Por la metodología que se sigue no le da confianza al ciudadano de a pie. Lo que está pasando es que una empresa se encarga de hacer el EIA, luego viene y te lo propone al gobierno. Allí la empresa se asegura que el EIA sea factible para la ejecución del proyecto. Entonces los EIA no deberían ser realizados por la parte interesada en el proyecto.

—¿Entonces cómo debería ser?
—Se debe crear un fideicomiso entre la empresa que invierte y el Ministerio del Ambiente, para no generar gasto a la institución pública. Con ese dinero, el encargado de contratar a los especialistas para la realización del EIA debe ser el Ministerio del Ambiente. Al término del estudio se debe contratar a un grupo de técnicos para que certifiquen el EIA. Además, debe haber un EIA que incluya a la población para certificar la aceptación del proyecto.

—Según las recientes reformas dadas por el gobierno, el EIA luego de ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y otras entidades relacionadas, recién llega al Ministerio del Ambiente para su aprobación u observación, ¿parece que el EIA solo llega a la cartera de Ambiente para su reconocimiento?
—El Ministerio del Ambiente vuelve hacer un archivador de EIA y a estar pintado en la pared. Aquí solo lo que cuenta es la inversión y para eso no necesitamos un presidente, un Congreso de la República, sino se necesita un buen gerente. No debe prevalecer solo la inversión.

—Las observaciones del EIA en el proyecto de Conga generó una crisis en el gobierno, ¿qué lecciones se deben rescatar ante las medidas de acortar el tiempo en la evaluación del EIA?
—Por ejemplo, el EIA del proyecto Conga tiene 25 mil páginas y la evaluación se hizo en seis meses. El proceso del análisis tuvo poco tiempo y la evaluación no lo hizo directamente el Ministerio de Energía y Minas con sus profesionales, sino se contrató gente adicional que pagó la empresa minera. Las recomendaciones que hizo el Ministerio del Ambiente, cuando estuve en la gestión, coincidió con las conclusiones de los peritos.

—El Estudio de Impacto Ambiental define si un proyecto es factible, ¿considera que los inversionistas ven al EIA como un arma que atenta sus intereses?
—Solo a los malos inversionistas les pasa eso y piensan que los controles ambientales son un freno para la inversión. Aquí se tiene que hacer las cosas bien, y estoy seguro que Yanacocha no habría podido avanzar sin tener a personas que le ayuden a crecer cerrándoles un ojo.

—El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene cerca de 20 años en el país, algunos señalan que es obsoleto, ¿usted lo considera así?

—Hay muchos términos de referencia que es copia y pega. No existe una normativa común para los EIA en los diferentes sectores, Agricultura, Energía y Minería, Pesquería, cada uno hace lo que se le da la gana. Tanto es así que en la industria las herramientas de control ambientales no están desarrolladas. Entonces se debe modernizar el EIA y el Ministerio del Ambiente debe estar a cargo.

—La Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ambos organismos dependen de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿considera que el gobierno quita facultades del Ministerio del Ambiente?
—Los Ministerios del Ambiente de otros países se hacen cargo del ordenamiento territorial, de la Autoridad del Agua, eso pasa en Chile, Bolivia, Ecuador y otros países de Latinoamérica. En el Perú no sucede eso, porque el empresario y el agroexportador tienen mucho poder en el país.

— ¿El Ministerio del Ambiente es el enemigo de los inversionistas en Minería?

—El Medio Ambiente es el “cuco” que los inversionistas han creado. El Ministerio es como el semáforo y los inversionistas quieren pasar por encima, sin respetar.

— ¿El EIA es una traba para las inversiones?

—El EIA y el cuidado del medio ambiente es un factor de excelencia de las inversiones.

—Usted fue ministro de Ambiente en el gobierno de Ollanta Humala, ¿qué le parece la gestión de su actual predecesor?
—El Ministro del Ambiente está haciendo lo que le dejan hacer y no lo que tiene que hacer.

— ¿Y usted hizo lo mismo cuando estaba al frente de dicha cartera?
—Siempre fue así.

—¿De qué depende el cambio?
—Cambiará cuando el gobierno entienda que realmente el tema ambiental es parte de la excelencia del país, las inversiones tienen que hacerse bien.


SEGÚN JOSÉ DE ECHAVE
Medidas relajan filtro ambiental
El ambientalista José de Echave señala que las medidas del gobierno para impulsar las inversiones relajan aún más el filtro ambiental que representa los Estudios de Impacto Ambiental.

“El paquete que más preocupa tiene que ver con el decreto supremo 060-2013-PCM, que busca agilizar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados. Desde ahora estos estudios deberán ser aprobados en menos de 100 días. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representan los EIA, en la medida que ni la institucionalidad ambiental que está en los ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en esos plazos y el nuevo sistema nacional de certificación ambiental (SENACE) recién comenzará a operar desde abril del próximo año”, indicó.

Asimismo, resaltó que estamos frente a una gestión que perdió los necesarios equilibrios sociales y ambientales.

“Cada vez son más evidentes los retrocesos, mensajes contradictorios y la debilidad que muestra el gobierno frente a las presiones de los principales grupos económicos. Pasó con el tema de Repsol y la posible compra de sus activos, luego con el entrampamiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y ahora con este paquete de promoción de las inversiones. Con mucha razón los que perdieron las elecciones deben sentir que al final ganaron”, explicó.

EN CORTO

1 Es imposible hacer una buena evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, de gran minería, en menos de 100 días. No se puede confundir rapidez con apuro, porque las evaluaciones del EIA se van hacer para que salga y después habrá consecuencias, nuevos conflictos. Con estas medidas, queda claro que el gobierno está escuchando, con un volumen alto, a los inversionistas mineros.

2 La revisión del EIA de proyectos mineros demora por lo menos seis meses, ahora se quiere acortar a más de la mitad del tiempo que se requiere. La revisión es todo un proceso, porque se tiene que hacer un trabajo de campo, recoger información física, climatológica, geológica y química, para reconocer el impacto ambiental que generará el proyecto, y así planear la mitigación de los efectos y la compensación. En otros casos el EIA puede demorar de 2 a 3 años en ser analizados.

3 El EIA del proyecto Conga tiene 25 mil páginas y la evaluación se hizo en seis meses. El proceso del análisis tuvo poco tiempo y la evaluación no lo hizo directamente el Ministerio de Energía y Minas con sus profesionales, sino se contrató gente adicional que pagó la empresa minera. Las recomendaciones que hizo el Ministerio del Ambiente, cuando estuve en la gestión, coincidió con las conclusiones de los peritos

4 El Medio Ambiente es el “cuco” que los inversionistas han creado. El Ministerio es como el semáforo y los inversionistas quieren pasar por encima, sin respetar.

Gina Carbajal
Redacción

Fuente: La Primera – http://www.laprimeraperu.pe/online/entrevista/ministerio-del-ambiente-es-un-archivador-de-eia_140360.html




Por Cristian Roca Roggero 

El ex viceministro del Ambiente, José de Echave, señaló que los conflictos socioambientales en el Perú se caracterizan por tener un Estado poco dialogante y con respuestas violentas. Destacó además la inoperancia de los estudios de impacto ambiental, porque no son acumulativos, sino que en una misma zona se desarrollan sobre proyectos aislados.

El especialista en temas ambientales indicó que los conflictos socioambientales se originaron en la década de los noventa, cuando se inició el llamado “boom minero”, que dio lugar a un conjunto de normas que afectaban a las comunidades.

Dijo que entonces “se creó un marco legal que atentaba contra los derechos culturales, económicos, y donde los derechos colectivos se flexibilizaron.”

Asimismo indicó que “la ausencia de partidos políticos impide canalizar el ordenamiento de las demandas de las poblaciones”.

Importancia de luchas en Cajamarca

Destacó que el conflicto en Cajamarca, a raíz del proyecto minero Conga, haya puesto por primera vez el tema del agua como fundamental a la hora de realizar proyectos extractivos.

“Conga puso el tema del agua como algo fundamental. Dónde debe y no debe haber minería”, señaló.
Por último indicó que cada conflicto social debe ser visto de forma independiente y no “homogéneo”.

El ex viceministro del Ambiente dio estas declaraciones con motivo de una ponencia denominada “Hacia una Estrategia post-extractivista y el Buen Vivir, en la Universidad San Marcos, ayer martes.
 
Fuente: Erizo Verde – http://elerizoverde.net/?p=669


JOSÉ DE ECHAVE Cáceres. Ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, e investigador de la ONG CooperAcción.

Rocío Maldonado.

Ex viceministro de Gestión Ambiental presenta hoy el libro Más  allá de Conga –en coautoría con Alejandro Diez–en un intento de plantear reformas pendientes para el desarrollo de una nueva minería en el país a partir del conflicto socioambiental de mayor impacto político y mediático en el Perú en los últimos años.Insuficiente. José de Echave señala que reformas en materia ambiental son aún tímidas.

Usted fue viceministro de Ambiente del primer gabinete del presidente Ollanta Humala, que luego cae por el conflicto entorno a Conga, ¿Qué lecciones recoge sobre este caso?

Conga ha sido un caso emblemático, dos gabinetes comprometidos, pero se debe destacar la creación de una comisión multisectorial destinada a mejorar las condiciones en las industrias extractivas y quizá una primera reforma que deriva de ella es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

¿Lo considera un avance?

SENACE busca transitar el camino de romper la gestión ambiental donde cada ministerio es la autoridad ambiental de su sector. El Ministerio del Ambiente (Minam) no es la autoridad ambiental y en esa dirección la única reforma tímida es el SENACE.

Se necesita de mucha voluntad política para aplicar reformas, ¿cree que el gobierno la tiene?

Yo creo que sí hay voluntad política para avanzar en reformas sustantivas, pero algunas competencias son del Ejecutivo y otras del Legislativo.

Los conflictos sociales vinculados a la minería no son nuevos en el país, pero se dice que Conga debe marcar un antes y un después…

El país tiene que saber sacar lecciones de su conflicto emblemático. Por eso lo que tratamos de identificar en la publicación es una agenda legítima detrás de los conflictos que tiene que ser atendida. La intención es sistematizar y por eso el libro se llama Mas allá de Conga porque es un análisis del caso y lo que plantea al Perú como reflexión en términos de institucionalidad y de políticas públicas.

¿Y qué plantea en términos de institucionalidad?

Hoy tenemos una institucionalidad todavía precaria que goza de enorme desconfianza de parte de la población. El Minam es buen ejemplo de eso, una institucionalidad en proceso de construcción que necesita tener todas las competencias de una autoridad ambiental en cualquier parte del mundo .

¿En cuanto a políticas públicas?

Las políticas públicas son herramientas y en la actualidad la herramienta que permite aprobar o desaprobar un proyecto minero son los EIA, pero el tema es que existen en el país hace 20 años y no se han actualizado. Incluso organismos como el Banco Mundial los consideran una herramienta desfasada que necesita modernizarse y responder a mejores estándares internacionales.

¿Cuál es el problema?

Los EIA tienen un problema, entre otros, porque se aprueban uno por uno, pero qué pasa cuando en una zona existen varios proyectos mineros. Entonces hablamos de impactos acumulativos y allí el EIA ya no funciona porque se necesitan evaluaciones ambientales estratégicas que permitan medir los impactos acumulativos.

Volviendo a Conga, el proyecto está paralizado, pero el conflicto no ha desaparecido…

Para utilizar los criterios de la  Defensoría del Pueblo, se trata de un conflicto latente, y que lo que ha pasado en el Perú en los últimos 20 años, y en el mundo, en torno a conflictos sociales, muestra que para que un proyecto minero sea viable tiene que construir por lo menos 4 viabilidades: la técnico-productiva, la financiera, la ambiental –que en teoría se construye a partir de estos instrumentos que insisto no están actualizados–,  y la social. Si un proyecto no tiene viabilidad social la casuística muestra que los proyectos no van.

Pero el empresario Roque Benavides no entiende la licencia social, le basta con los permisos del gobierno…

El concepto de licencia social es  generado por la propia industria. Le recomendaría que lea los documentos del Consejo Internacional de Minería y Metales, que agrupa a las principales mineras globales. Allí está muy claro en qué consiste la licencia social.

¿Qué tanto puede influir la consulta previa en los conflictos?

No hay remedios milagrosos, pero creo que el derecho a la participación ciudadana es un elemento importante que forma parte de la canasta de reformas necesarias, pero al parecer no hay interés en el tema, el padrón de pueblos indígenas se posterga permanentemente.



 
Por: Jorge Paucar A.
 
El ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, le respondió al director del diario Perú 21, Fritz Du Bois quien anteriormente señaló que los que protestaban en contra de grandes proyectos mineros son ‘terroristas’.

En un contexto de resurgimiento de las protestas sociales relacionadas a temas mineros, con el caso de Kañaris-Candente Copper, el día 31 de enero, Du Bois escribió una columna titulada “Su negocio no ha cambiado” donde acusa a los ciudadanos que se oponen a grandes proyectos mineros de ‘terroristas’. Lejos de contra-argumentar las razones de los manifestantes, Du Bois mantiene una visión ‘conspiracionista’ acerca de las protestas sociales. Para el director de Perú 21, “todos son terroristas”, señala José de Echave.

Con ello, sostiene de Echave, investigador de Cooperacción, se pretende criminalizar las protestas e imponer mano dura desde el Estado y el empresariado extractivo. A continuación, compartimos el artículo de José de Echave:

“TODOS SON TERRORISTAS”

Escribe: José De Echave C.

Al principio los mensajes intentaban ser más matizados y elaborados: “en algunos movimientos de protesta contra la minería habría presencia de ex terroristas”, se decía. Poco a poco el mensaje se fue generalizando: “hay un complot en el país contra la minería encabezado por grupos terroristas”.

De la sospecha y la hipótesis se ha pasado directo y sin escalas a la afirmación y lo que es más peligroso a la generalización. Ahora se pretende pasar el mensaje-contrabando de “todos son terroristas”.

Un buen ejemplo de esto es la columna de opinión del director de Perú 21 (31 de enero 2013): “un común denominador en cualquier episodio de la campaña antiminera que los exmiembros del MRTA están liderando es la provocación en la búsqueda de uno o más muertos en cada caso”. “Por ello, es claro que ya no tiene sentido usar dinamita o anfo si cuentan con la capacidad destructiva del Sr. Santos”. Sin duda, una afirmación que tiene bastante dinamita y que busca tener un alto poder destructivo.

El mensaje que se busca pasar está claro: todas las protestas contra la minería están lideradas por ex terroristas. Todos son terroristas. Lo que se intenta decir es que es lo mismo un ex terrorista que el Presidente de Cajamarca o el campesino de Kañaris o de cualquier otro lugar que levante su voz de protesta contra un proyecto minero.

La intención es clara. Poniéndole el sello de ex(?) terrorista a todo lo que se mueva, no solo se busca deslegitimar cualquier protesta contra la minería sino también criminalizarla e imponer mano dura.

Para estos “analistas” no hay nada legítimo en las protestas de las poblaciones ni nada que atender. Consecuentemente con el mensaje de fondo, la columna del director de Perú 21 termina señalando: “Ojalá que el gobierno no se deje engañar nuevamente por reuniones sin ningún resultado”. Otro mensaje más: nada de diálogo. Y claro, si el diálogo no tiene razón de ser ¿cuál es el camino alternativo? Por supuesto, la mano dura y la represión.

No sabemos qué tanta llegada tendrán estos tremendos “analistas” de nuestra realidad en las esferas del gobierno. Solo queda alertar: cuidado, qué sería del país si les hacen caso. ¿O acaso ya los están escuchando?

 Fuente: La Mula – http://lamula.pe/2013/02/01/jose-de-echave-conflictos-sociales-mineria-terrorismo-fritz-du-boi/jorgepaucar