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Por:  Juan Arribasplata
El día de ayer el sociólogo y especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, entrevistado en RPP, mencionó que en las zonas de Chota, Bambamarca, Celendín, Cajabamba, San Marcos, San Ignacio y Cutervo, provincias de la región Cajamarca se está produciendo una importante cantidad de amapola, látex de opio y/o PBC. Esta producción, según indicó, sería producida por una significativa cantidad de ronderos campesinos de las mencionadas provincias. “Las rondas campesinas no choca no colisiona ni con el negocio del látex ni con el de la pasta porque son gente de la misma zona, el cultivador es de la misma zona y el procesador también, y muchas veces simultáneamente es rondero. Parte del rostro del narcotráfico en Cajamarca es ronderil y por lo tanto son permisivos y condescendientes con el trafico de la droga”.

Noticias SER ha recogido las opiniones de diversos ronderos campesinos de Cajamarca, ante tales declaraciones.

El dirigente de rondas rurales de la provincia de Chota, Demóstenes Irigoín dijo que no se puede hablar así de su provincia porque no hay pruebas de lo que se afirma. Señaló que lo que está haciendo el sociólogo Antezana es para favorecer los intereses del proyecto Conga desprestigiando así a los pueblos que han venido luchando. “Mañana vamos a tener una reunión con la base ronderil y voy a exponer el caso. Que este señor venga y diga dónde está lo que dice, porque no se puede hablar así cuando no se sabe. Que no se meta con Chota”, mencionó.

La dirigente de rondas de la provincia de Bambamarca, Blanca Llamoctanta dijo que el señor Antezana no conoce bien los lugares de Bambamarca para dar esas versiones sobre si se produce amapola u otro tipo de droga. “Nosotros sembramos cereales. A nosotros nos han dicho muchas cosas, hasta nos han tildado de terroristas cuando fuimos nosotros los que los votamos de la zona. Ahora que nos digan que somos narcotraficantes eso es algo que hacen para blindar a Yanacocha”, refirió.

El dirigente de rondas de Bambamarca, Eladio Huamán dijo que es indignante que haya periodistas que escuchen a este tipo de personas, en alusión a Antezana. “Ya sabemos para qué sirven estas acusaciones y es para favorecer al proyecto Conga. No nos vengan a decir esto a estas alturas cuando ya hemos ganado”.

El dirigente de rondas urbanas de Cajamarca, Cesar Guevara Hoyos, mencionó que todo esto sólo sirve para distraer a la opinión pública. “Si hubiera amapola en estas zonas es responsabilidad del gobierno, por ser ineficiente y no controlar que se esté produciendo droga sin sancionar a los responsables. Es conocido que muchas autoridades del gobierno central están metidas en el narcotráfico pero eso no denuncian”.

Análisis
El analista regional Pedro Sánchez Legrás mencionó que es posible que en dichas zonas haya cultivos de hoja de coca y amapola, como también en otros territorios del país, pero que detrás de todo esto “existe un interés y un deseo para que se justifique el Estado de Emergencia y una mayor presencia policial y represiva en Cajamarca y sin duda, el mejor argumento lo está poniendo Antezana, cuando dice que estas zonas están detrás del narcotráfico y de la violencia”, indicó.

Fuente: NOTICAS SER


 

Por Raphael Hoetmer*

15 de agosto, 2012.- Al concluir su primer año de gestión el gobierno del presidente Ollanta Humala parece encontrarse en una crisis permanente a raíz de su incapacidad de resolver un conjunto de conflictos y demandas sociales. La represión brutal de protestas en torno a la minería en los departamentos de Cusco y Cajamarca en los últimos meses sugiere una tendencia autoritaria dentro del gobierno, y apunta al abandono de la agenda de cambios con la que ganó las elecciones el líder nacionalista.Por el contrario, el deseo de una “gran transformación” aún está presente en las protestas difundidas por todo el país. Por lo tanto el cambio de gabinete no resolverá el escenario de conflictos sociales si no viene acompañado por una serie de políticas distintas.

Aunque en los últimos meses se han movilizado profesores, pesqueros, trabajadores, mujeres y estudiantes, las protestas que tuvieron mayor impacto fueron las relacionadas con las industrias extractivas. En el departamento norteño de Cajamarca, las movilizaciones en contra del megaproyecto Conga ya se han prolongado por más de ocho meses. El proyecto, impulsado por el consorcio Yanacocha -con participación de Newmont de Canadá y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial- amenaza un sistema de lagunas y fuentes de agua en las alturas de Cajamarca, mientras que la mayoría de la población afectada no ve beneficios reales en la actividad minera.

Las protestas en Cajamarca han persistido tras la ruptura del diálogo, a finales de 2011, entre el gobierno nacional y las autoridades regionales, quienes se oponen al proyecto, inclusive después de que el gobierno de Humala impusiera una serie de exigencias adicionales a Yanacocha, entre otras la de asegurar el acceso de agua a la zona, reemplazando las lagunas afectadas con reservas adicionales. En respuesta a las protestas, el gobierno ha declarado ya dos veces estado de emergencia, decenas de líderes sociales y políticos se encuentran enjuiciados (inclusive el presidente regional Gregorio Santos), los fondos del gobierno regional han sido bloqueados por el gobierno central, y se han reportado continuamente casos de represión por parte de la policía.

Al inicio del mes de julio, la polarización del conflicto desembocó en enfrentamientos entre policías, militares y la población local, dando paso a una violenta represión que dejó cinco personas muertas. El líder ambientalista Marco Arana fue detenido de manera violenta (y liberado pocos días después), y de nuevo se decretó estado de emergencia. Las protestas continuaron, y el gobierno nacionalista optó por retroceder de manera temporal, pidiendo al Monseñor Cabrejos y al Padre Garatea facilitar un diálogo con las autoridades políticas y dirigentes sociales de la zona. Sin embargo, hasta ahora ambos campos han persistido en su posición particular frente al proyecto, y los facilitadores insisten en que una solución va a demorar y que no depende de ellos.

La violencia en Cajamarca vino poco después de que protestas masivas en contra de la contaminación ambiental y el aporte deficiente de la minera Xstrata al desarrollo local en la provincia de Espinar en Cusco resultaron en enfrentamientos con la policía, dejando dos personas muertas y decenas de heridos. Una vez más el gobierno central declaró estado de emergencia, bloqueó los fondos del gobierno provincial, y el alcalde provincial Oscar Mollehuanca fue detenido de manera violenta por decenas de policías.

Al mismo tiempo fueron detenidos los dirigentes principales de la protesta, y dos defensores de derechos humanos de la Vicaría de Solidaridad Sicuani (1). Pese a la demanda de prisión preventiva, fueron liberados en las semanas posteriores a los enfrentamientos. En Espinar fue instalada una mesa de diálogo con los dirigentes y autoridades locales para buscar una salida al conflicto.

Protestas contra Conga marcan un hito dentro del gobierno y los movimientos sociales

Desde hace algunos años las disputas por el territorio y el control de los bienes comunales – a los que llamamos conflictos eco-territoriales (Svampa 2011) – representan la mayor parte de los conflictos sociales en el país. (2) Su impacto en la agenda política y social se ha encontrado en aumento durante los últimos meses. El analista y ex viceministro del ambiente en el gobierno de Humala, José de Echave, plantea que los conflictos se han vuelto más intensos en varios sentidos:

“Las consecuencias políticas de los conflictos son mayores que antes. Nunca se había caído un gabinete por un conflicto minero, y ya vamos dos en el Perú, entendiendo que el premier Valdés también ha sido reemplazado por no haber podido resolver al caso Conga. A raíz de Espinar, se rompió la bancada oficialista. (3) A la vez, las protestas plantean una agenda más programática. No rechazan sólo un proyecto determinado, sino plantean cada vez más la necesidad de políticas distintas.”

Una reconstrucción del primer año de gobierno de Humala revela que su administración ha sido determinada, en gran medida, por la relación con las empresas mineras. En uno de los primeros actos del gobierno, se anunció públicamente un aumento en los impuestos del sector minero para respaldar los programas sociales que Humala pretendía impulsar. Sin embargo, todo indica que el presidente se comprometió a un respaldo firme a favor de la minería, inclusive en casos de proyectos controversiales que se encontraban postergados o en problemas de implementación. Bajo los gobiernos de Toledo y García, proyectos en Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Cajamarca e Islay no lograron prosperar por la oposición de las poblaciones locales. En este contexto, Conga se presenta como una prueba para que el gobierno nacionalista pueda mostrar su compromiso con el modelo económico actual, desplegando una serie de estrategias distintas que permitan un avance en donde los gobiernos de derecha no pudieron.

A la vez, la oposición a Conga marca un hito para el proceso de reconstrucción de la organización social peruana. Aparte de la duración y fuerza de la lucha, se destaca que las distintas tendencias políticas dentro de la protestas han sabido mantener la unidad en la acción durante meses. El Comité Unitario de Lucha garantizó, además, un escenario de protestas ejemplarmente pacíficas, simbólicas y controladas, evitando confrontaciones directas con las fuerzas del orden, pese a provocaciones de todo tipo.

También se ha mantenido un nivel de coordinación entre los dirigentes sociales, la mayoría alcaldes de la zona de influencia del proyecto y el propio presidente regional (el ex dirigente social Gregorio Santos), quienes se han sumado continuamente al campo opositor del proyecto. Y con la Marcha Nacional por el Agua (que se realizó en febrero) y una iniciativa de ley para declarar el agua como un derecho humano y proteger las cabeceras de Cuenca, la lucha cajamarquina se volvió nacional y ahora encierra un fuerte contenido programático.

Además, para respaldar la protesta social, fueron realizadas investigaciones, publicaciones y campañas mediáticas que cuestionaron de manera contundente el discurso del gobierno que afirma que la disponibilidad del agua no se encuentra en peligro por el proyecto. Todo esto muestra la lucha de Cajamarca como un enorme avance cualitativo para los movimientos sociales peruanos en términos organizativos, políticos y programáticos.

¿Gobierno minero-militar?

Lo ocurrido en los últimos meses presenta grandes interrogantes sobre el rumbo del gobierno nacionalista. El reconocido analista político Santiago Pedraglio se preguntó, tras el violento arresto del alcalde de Espinar Oscar Mollehuanca, si estábamos viendo la conformación de un gobierno minero-militar (4), mientras que José Carlos Ubilluz de la Universidad Católica planteó de manera provocadora que nadie debería sorprenderse, y que más bien era hora de despertarse del sueño democrático: “Todo aquél que se oponga al avance del capital, incluso si lo hace en nombre del medio ambiente y la salud de las comunidades, es enemigo del estado y será tratado como tal” (5).

Sin lugar a duda, Cajamarca y Espinar parecen indicar una forma de tratar las protestas y los conflictos sociales como algo que se debe criminalizar y reprimir. Esto va más allá de la judicialización de los líderes sociales o de la construcción de marcos legales que lo facilitan. También incluye las declaraciones de estados de emergencia, el amedrentamiento a las autoridades locales y regionales por parte del gobierno central, y las campañas de deslegitimación (hasta satanización) de las protestas en los medios masivos de comunicación y por políticos oficialistas y de derecha. A ello se suma la creciente militarización de las protestas, el uso de seguridad privada por parte de las empresas, y los convenios que facilitan que la policía preste servicios de seguridad a empresas extractivas. Esta política ya ha costado la vida de quince ciudadanos partícipes de las protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia.

Por esto no resulta exagerado que Pablo Sánchez de Grufides (6) de Cajamarca sostenga que: “Hay un accionar y pensar militar que sostiene la intervención del gobierno, y que pone a la institucionalidad democrática misma en juego”. Sánchez llamó la atención a los maltratos e insultos cotidianos por parte de la policía y los militares durante las protestas en Cajamarca. Los vídeos de una policía pateando una olla común y golpeando a las mujeres que preparaban comida para los manifestantes, y de otro policía respondiéndole a una mujer campesina que exigía una explicación a la violencia ejercida contra ella: “porque son perros, concha su madre”, son sólo dos de decenas de ejemplos. Jaime Borda, activista de la Vicaría de Solidaridad Sicuani, quien fuera detenido arbitrariamente en un puesto policial dentro de una propiedad de la empresa XStrata, plantea: “me ha sorprendido y preocupa enormemente que diez años después del fin de la dictadura, la policía sigue actuando de la misma manera.”

El reemplazo del Primer Ministro Oscar Valdés por el Ministro de Justicia Juan Jiménez – quien tiene un perfil más abierto al diálogo – es un claro reconocimiento del agotamiento del camino de la fuerza como método único para viabilizar los grandes proyectos de inversión. Sin embargo, transformar el escenario de conflictos sociales en el país requiere de políticas distintas que permitan que el Estado asuma su rol de garante de derechos por encima de su papel de facilitador de inversiones.

Las propuestas para estas políticas están presentes en las agendas y plataformas de la sociedad civil y protestas como las de Cajamarca y Espinar. Sin embargo, su ejecución requiere de una voluntad política firme de la que parece carecer el presidente Humala. La detención arbitraria y violenta del periodista cajamarquino Jorge Chávez el 28 de julio indica más bien la continuidad de la política de criminalización de las protestas.

¿Conga va o no va?

Mientras tanto la gran pregunta “Conga va o no va” sigue sin respuesta. Una perspectiva histórica al conflicto da indicios de que puede ser muy difícil que el proyecto prospere, por lo menos durante los próximos años, principalmente por tres razones. Primero, la brutal actuación de la policía y la prepotencia de los representantes de la empresa minera en sus actuaciones públicas. Las protestas ya no sólo son en contra del proyecto Conga, sino para defender la dignidad regional, como evidencian las impresionantes imágenes de los funerales de las víctimas de la represión. Este tipo de lucha tiene una base social mayor, y se nutre de una identidad e indignación colectiva difícil de quebrar.

En segundo lugar, las rondas campesinas – el eje vertebral de la protesta cajamarquina – siguen ejerciendo un control territorial significativo en la zona de influencia de la minera. En décadas pasadas lograron derrotar al abigeo y luego impidieron que la organización Sendero Luminoso entrara al norte del país. En palabras del reconocido reportero Gustavo Gorriti: “La fuerza del campo en ese departamento donde se supone que hay mucho y falta tanto, es su organización. (…) Pensar que se los va a avasallar con prepotencia y amenazas es añadir la estupidez a la ignorancia” (7). Finalmente, contrario a lo que plantean los medios masivos en el país, tras décadas de minería, en Cajamarca (y particularmente en la provincia de Hualgayoc) la población sabe perfectamente porqué debe oponerse a nuevos proyectos mineros.

En este escenario vale la pena preguntarse si Newmont y particularmente la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial deberían persistir en el proyecto. ¿Cuáles son los costos económicos, sociales y de imagen que están dispuestos a asumir? ¿Debería permitirse la minería en zonas tan vulnerables y con poblaciones en contra de ésta? ¿No termina dañándose inclusive la imagen de la propia industria minera de esta forma? Queda claro que en realidad es el Estado peruano el que debería ofrecer los mecanismos y marcos políticos para tomar estas decisiones. El caso Conga deja en evidencia que los instrumentos que el Estado peruano maneja están claramente agotados.

Notas:

(1) Institución vinculada a la Iglesia Católica.

(2) La Defensoría del Pueblo habla de conflictos socioambientales. Para ver los informes: www.defensoria,gob.pe/temas.php?des=3.

(3) En protesta contra la violencia en Espinar renunciaron a la bancada oficialista de Gana Perú dos representantes de Cusco (Verónica Mendoza y Rubén Coa), uno de Cajamarca (Jorge Rimarachín), y los líderes históricos de la izquierda Javier Diez Canseco y Rosa Mavila. Ellos esperan constituir una bancada propia (para lo cual necesitan una adhesión adicional) que persiste en la agenda de la gran transformación.

(4) Ver: peru21.pe/2012/06/01/impresa/espinar-gobierno-minero-militar-2026735
(5) Ver: derechoshumanos.pe/2012/07/¡despierte-de-su-sueno-democratico/
(6) El Grupo de Información y Formación para el Desarrollo Sostenible
(7) Ver: www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=278.

*Raphael Hoetmer es miembro del Programa Democracia y Transformación Global: www.democraciaglobal.org y colaborador con el Programa de las Américas: www.cipamericas.org
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Fuente: http://democraciaglobal.org/opinion/609-protestas-ponen-en-entredicho-el-futuro-del-proyecto-minero-conga-en-el-peru


Los familiares de los fallecidos en Celendín a causa del conflicto, piden a las autoridades : presidente de la republica y alcalde de Celendín se responsabilicen por lo actuado , ellas esperan conocer las causas reales de los hechos e identificación de a los culpables, por lo que estarían dispuestas a llegar hasta las ultimas consecuencias. 14/08/2012


Tarde lluviosa en la laguna Perol, adonde llegaron alrededor de 4000 personas por la visita de los facilitadores del diálogo el 18 de julio. (Fotos: J. Fowks)

“¡Lagunas naturales y no artificiales!”, “El agua no se vende, el agua se defiende”, “Éste es el pueblo que lucha por la vida”, escucho en los videos cuando se cumplen tres semanas del encuentro de miles de cajamarquinos con los facilitadores del diálogo por el conflicto del proyecto minero Conga, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, en tres de las lagunas que desaparecerían con las operaciones del proyecto minero Conga. Sin embargo, no hay aún novedades por parte del Ejecutivo para suspender el estado de emergencia en Cajamarca y continúa la violencia injustificada en las calles de Celendín.

En Lima, desde que el conflicto en Cajamarca llegó a las primeras planas -noviembre 2011- ha habido insistencia en responsabilizar de las movilizaciones al presidente regional Gregorio Santos y al ex dirigente Wilfredo Saavedra, que ocupó un cargo en el Frente de Defensa de Cajamarca. A ambos los han denominado azuzadores de la violencia ‘antiminera’; algunos incluyen también al activista y político Marco Arana. Sin embargo, para la gran mayoría de los cajamarquinos es claro que -por su historia política- no basta con uno o dos políticos para gestar una causa. La tradición e institución de las rondas -desde la década de los años 80- obliga a tomar acuerdos y respetar la institucionalidad, que también se expresa en otras redes y organizaciones más pequeñas (como por ejemplo, beneficiarios de programas sociales, dirigencias de centros poblados, etcétera). Es también necesario decir que en el área de influencia del proyecto Conga, la mayoría de la población es rural y pobre, pero con organizaciones.

Cabalgata hacia la laguna Perol, algunos atravesaron con dificultad los bofedales (pantanos), otros bordearon la trocha luego de bajar de las colinas.

También los medios capitalinos insisten en que algún rezago del terrorismo (el radicalismo) mueve las protestas en Cajamarca, sin embargo, todos los que lideran la posición de ‘Conga no va’ (Saavedra no lidera) han contrarrestado los intentos de Movadef, que trató de colarse a algunas movilizaciones. Y, recordando el pasado de 1980 al 2000, Sendero Luminoso no pudo actuar en Cajamarca porque las rondas los combatieron y les ganaron.

El gabinete que dirige el primer ministro Juan Jiménez Mayor ha anunciado que evaluará si anulan el estado de emergencia siempre y cuando haya gestos de paz y retorno a la normalidad, por parte del presidente regional de Cajamarca. Sin embargo, la Policía Nacional no da esos gestos de normalidad, en particular en Celendín donde la semana pasada nuevamente agredieron fuertemente a jóvenes (y un menor de edad). En Celendín se originó la posición contraria al proyecto minero Conga. ¿Cómo puede entonces el gobierno exigir lo que sus fuerzas del orden incumplen?

Por otro lado, una nota del diario La República reveló el sábado que el Ministerio Público no es capaz de encontrar a los responsables de las cinco muertes por los tiroteos del 3 y 4 de julio en Celendín y Bambamarca. Hay videos, tanto de la PNP como de ciudadanos, y también documentos donde queda la huella de las órdenes de la PNP y el Mininter que deben servir para llegar a los responsables. Entonces: ¿son estos los mensajes y los gestos para restablecer el diálogo en Cajamarca?

En la segunda laguna esperaban unas 500 personas a mediodía. (Foto: J. Fowks)

Han pasado tres semanas de esas tres visitas a las lagunas en riesgo por el proyecto minero. Una sola imagen que describa qué ocurrió, tendría que decir que cerca de cuatro mil peruanos, predominantemente rurales, llegados la mayoría por sus propios medios y teniendo que superar los controles de seguridad de la policía y de la seguridad privada de Conga, quisieron hacerle ver a los enviados, urbanos, el peligro de su modo de vida, o simplemente de su vida: por ejemplo, una mujer denunció que la empresa minera ha entrado a su casa a sacarla a ella y su hija con violencia, que ha matado sus animales, y que no le hacen caso porque no tiene un celular o una cámara para grabar y probar lo que dice.

A continuación, dos videos de algunas formas como los ciudadanos cajamarquinos llegaron a Perol, la tercera laguna visitada por Cabrejos y Garatea.




Ideeleradio.– La ampliación del estado de emergencia por 30 días más para las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc no es buena señal para el diálogo, sostuvo el congresista Javier Diez Canseco, tras exigir a la minera Yanacocha que emita una postura clara y oficial sobre los nuevos planteamientos que formuló el presidente Ollanta Humala sobre el proyecto Conga.

Fue al comentar el decreto N°082-2012-PCM que prorroga este periodo en que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno en estas provincias, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“A mí no me parece una buena señal [para el diálogo], más aún el primer ministro había dicho que está evaluando un cambio en ese terreno y creo que lo hace falta en el tema de Cajamarca son algunos aspectos centrales, en primer lugar, un pronunciamiento claro de Yanacocha sobre cuáles son sus posiciones sobre el tema Conga”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Habiendo una función de los facilitadores, la verdad es que esto [del diálogo] está caminando con lentitud, entre otra razón por esta actitud de la empresa de no tomar una definición y colocar sus cartas sobre la mesa para negociar, que yo conozca no se ha producido hasta el momento ninguna reunión, me parece que es un tremendo problema”, argumentó.

Yanacocha debe fijar su posición en blanco y negro
Indicó, en ese sentido, que Yanacocha debe poner en “blanco y negro” su posición frente a lo que planteó el Gobierno sobre la creación de 10 mil empleos directos, así como la evaluación de las alternativas hidrológicas y ambientales para evitar que las lagunas Azul y Chica, sean utilizadas como depósito de desmonte del tajo Perol.

“Yanacocha no pone hasta ahora en blanco y negro cuál es su posición frente a lo que planteó, va o no a dar 10 mil empleos directos, va o no a respetar que las dos lagunas no serán vertederos de relaves y se mantendrán como tales, va o no a crear un fondo para el desarrollo”, aseveró.

“Creo que para poder negociar lo primero que tiene que haber son las cartas sobre la mesa, el Gobierno ha puesto las suyas, la empresa debiera poner las suyas y quienes tienen una posición crítica y opuesta por el impacto que tendría el proyecto Conga tiene las suyas puesta sobre la mesa, esa es una condición básica”, explicó.

Ver para creer
El parlamentario de la nueva bancada de Acción Popular-Frente Amplio dijo que lo que se requiere es una definición y un ordenamiento previo del proyecto Conga y de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

“Si se plantean los cambios que están planteados por el propio Gobierno al proyecto, eso requiere de un manejo de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de qué se va a hacer. […] que impacto tendría y, por supuesto, mientras el tema del agua no esté asegurado, […] qué garantías tiene la gente”, enfatizó.

“Eso plantea un ordenamiento previo del proyecto. Como Santo Tomás, ver para creer, este tema es un asunto que requiere una definición, y siento que el tema se está quedando en el camino sin una iniciativa de buscar soluciones que genere seguridad”, concluyó.

Fuente: La Mula – IDEELERADIO

Lima, ago. 03 (ANDINA). El Gobierno dispuso hoy prorrogar el estado de emergencia por 30 días, a partir de hoy, en tres provincias de Cajamarca, a fin de salvaguardar la integridad física de las personas, la propiedad privada y pública, y mantener el orden público y el libre tránsito peatonal y vehicular.
La medida comprende las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, donde la Policía Nacional mantendrá el control interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El pasado 3 de julio, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en las mismas provincias cajamarquinas ante los hechos de violencia ocurridos, que ocasionaron la muerte de tres personas y 21 resultaron heridas.

Durante la vigencia de esta medida quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.

Mediante Decreto Supremo 082-2012-PCM, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se recuerda que la Constitución prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

También garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la tranquilidad pública, al adecuado funcionamiento de los servicios básicos y al normal abastecimiento de víveres y medicinas.

El decreto supremo es refrendado por el Jefe del Estado, Ollanta Humala Tasso; el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, y los titulares de Defensa, Pedro Cateriano Bellido; del Interior, Wilfredo Pedraza Sierra, y de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas Franchini.

(FIN) LBH/GCO
GRM

Fuente: Agencia Andina

A Peruvian journalist was detained for eight hours for filming police officers turning television sets off in the Plaza de Armas in the city of Celendín in northern Peru, while people were trying to watch Ollanta Humala’s presidential message on Saturday, July 28, reported the newspaper La República.

The event was reported through Twitter by activist Marco Arana, and by @celendín_libre, reporting that blogger and journalist Jorge Chávez Ortiz, from the northern city of Cajamarca, was transferred to the city of Chiclayo after his arrest, reported La República, and Perú21.

According to the Press and Society Institute (IPYS in Spanish), Chávez Ortiz annoyed the city police because he reported on his blog Mi Mina Corrupta (My Corrupt Mine) about several excesses that were committed, since November 2011, against inhabitants and journalists who opposed the mining project Conga.

Lately, the conflict involving the mining project Conga in Cajamarca has caused intense violence, and led to journalists’ arrests. Several other protests in Peru also caused problems for journalists while they tried to cover the events. IPYS also reported on Tuesday, July 24, that two journalists were attacked by police officers while covering police violence during the strike of the Unique Union of Education Workers in the region of Lambayeque, in the northeastern part of the country. The attacked journalists are Luis Heredia Gonzáles, reporter for the news outlet El Digital, whose camera was also damaged, and Walter Ortiz, journalist for the newspaper La República.


Por: J. Fowks

La ciudad de Celendín, donde hubo cuatro muertos por disparos del Ejército el 3 de julio, vive aún en estado de emergencia, con presencia del Ejército y la Policía Nacional, sin alcalde ni gobernador: en ese marco, el Ejército ha convocado para mañana a una acción cívica en la que invitan a la plaza del Sombrero a corte de cabello, planificación familiar, entrega de víveres, entre otras actividades. Ninguna autoridad civil se ha acercado luego del enfrentamiento y del triste episodio de los policías forcejeando con ataúdes y deudos durante las caminatas en el día del entierro. ¿El nuevo gabinete estará al tanto de esta forma del Ejército de buscar el diálogo en Cajamarca?

El volante del Ejército que circula hoy, dado a conocer por el blog Celendín Libre.

Prometo un post con mayor información sobre Cajamarca, luego de haber estado allá hace exactamente una semana, pero por el momento esto es lo más urgente que requeriría atención.

La información ha sido difundida más temprano por el blog Celendín Libre.

Los celendinos viven atemorizados, especialmente quienes vieron morir a sus familiares y compañeros de clase en la plaza de armas, y en particular cuando ven pasar a los miembros del Ejército que siguen acantonados en el estadio. La semana pasada, los efectivos del Ejército salían usualmente en grupos de a tres, no a patrullar -labor que sigue haciendo la Policía Nacional- pero por necesidades específicas como búsqueda de comida, como se ve en la foto a continuación.

Jueves 18 de julio en una de las calles del centro de Celendín. Foto: J. Fowks
Un llamado a la sensatez para restablecer -de otra manera- el diálogo con una ciudad dolida por la impunidad.


Informe. OCM afirma que en Perú se ignoran los estudios de impacto ambiental
mediación. El sacerdote Miguel Cabrejos habla a pobladores de Cajamarca.
La Razón / EFE, Lima
00:32 / 22 de julio de 2012

Ante los conflictos mineros que afectan al Perú, el presidente Ollanta Humala ha empleado la misma represión y persecución a los dirigentes sociales, ambientalistas y autoridades locales que sus predecesores, a pesar de comprometerse a no hacerlo. 

Así lo establece el informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú, mismo que destaca que el Gobierno aplicó un “manejo militar” en los últimos conflictos antimineros, como “la declaración de estados de emergencia, la militarización de las calles y abusos de las fuerzas del orden que ya han provocado la muerte de 17 personas” durante las protestas.

Desde 2007, el Observatorio supervisa la actividad minera en las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Apurímac y Piura ante el creciente clima de protestas sociales.

En su análisis, señala que los estudios de impacto ambiental, realizados para autorizar concesiones mineras y extractivas en Perú, son insuficientes y han quedado desfasados porque sólo permiten medir los impactos por cada proyecto, pero se desconoce lo que sucede en una misma zona cuando se piensa desarrollar dos o tres proyectos a gran escala a la vez.CASOS. Cajamarca es uno de los ejemplos más representativos de la evolución de los conflictos mineros en el Perú por la oposición de sus autoridades regionales al proyecto Conga, donde la empresa Yanacocha planea extraer oro tras vaciar cuatro lagunas con una inversión de $us 4.800 millones.

Según el informe, “de cómo se resuelva el conflicto de Conga va a marcar la pauta respecto a otros conflictos”, pues Humala se manifestó en campaña electoral a favor de respetar el agua, antes que el oro. No obstante, se desconoció el estudio de impacto ambiental de Conga, en el que el Ministerio del Ambiente reconoció “el impacto negativo que sufrirían las cabeceras de cuenca y la depredación de los ecosistemas frágiles”.

 La actividad de Yanacocha en otros yacimientos de Cajamarca ha llevado “progreso” a esa región, pero el 40% del valle ha desaparecido, hay racionamiento de agua y cada día crece la prostitución y la delincuencia, anota el informe.

En el Cuzco, las autoridades del distrito de Espinar también protestaron contra Xstrata, que explota el yacimiento Tintaya, por la existencia de 28 personas contaminadas con mercurio, 24 con arsénico y 10 con valores de cadmio.

Los proyectos mineros que se ejecutan en Apurímac, Junín, Piura o Cuzco también están observados. Apurímac tiene el 58,8% de su territorio con concesiones para la minería, la región Cajamarca tiene el 48%, Junín el 25,9%, Piura el 31% y Cuzco el 21% de su geografía.

Perú no tiene una ley de Ordenamiento Territorial que regule el uso, la ocupación, la transformación del territorio y que propicie su uso sostenible, concluye el informe. Situación en el problema sobre minasHuelgaDesde el 31 de mayo los pobladores de Cajamarca mantienen una huelga indefinida en defensa del medio ambiente y contra el proyecto Conga, que prevé una inversión de $us 4.800 millones, por lo que han suspendido las clases escolares.PérdidasSegún la Cámara de Turismo de Cajamarca, la  región pierde al día un millón de soles (unos $us  378 mil) tras los violentos sucesos ocurridos y por el estado de excepción en la zona. El Gobierno mantiene su posición de apoyo al proyecto minero. EFE, Lima Las crisis forzaron 3 estados de excepción AFP

Como señal de que las protestas son un dolor de cabeza para su gobierno, el mandatario Ollanta Humala decretó tres veces el estado de excepción en distintas ciudades del país, fundamentalmente por conflictos vinculados a la minería, recuerdan analistas.

Por ello, la imagen del Jefe de Estado del Perú sufrió los embates de ese costo: su desaprobación alcanzó el 51% en julio, su nivel más alto desde que juró el 28 de julio de 2011, según un sondeo de Ipsos Apoyo realizado a 1.200 personas.

Ésta “es una gestión en piloto automático”, mientras que “la inestabilidad social afecta las expectativas de los inversores”, dijo el  economista Jorge González Izquierdo.

Humala, excomandante del Ejército de 50 años, tampoco ha respondido como se esperaba al problema de la seguridad. “Es uno de los puntos más flojos de su gestión”, señaló el analista Mario Ghibellini.

“La gente tenía la fantasía de que por ser un militar iba a dar orden y represión selectiva para cortar crímenes, pero (aquello) no se ha cumplido”, sostuvo.

Asimismo, agregó, el control del narcotráfico en el Perú      —uno de los mayores productores mundiales de cocaína según la ONU— es percibido como uno de los aspectos más débiles de la gestión de Humala. Un año con deficiencias en el manejo de disturbiosEn 12 meses, 17 muertos y más de 2.300 heridos en protestas del sector AFP – Lima

El mandatario Ollanta Humala cumplió su primer año de gobierno con serias deficiencias en el manejo de conflictos sociales y en el control del narcotráfico, pero con aciertos en el campo económico, señalan analistas y expertos.

Las protestas contra varios proyectos mineros, en defensa del agua y del medioambiente, se convirtieron en la piedra en el zapato de Humala por su alto costo social: 17 civiles muertos y más de 2.300 heridos en diferentes conflictos en los últimos 12 meses.

El Gobierno “desaprovechó sus primeros 12 meses de gestión sin reformas estructurales que son necesarias en el Perú, especialmente en el campo de la salud y la educación. Tampoco hubo ninguna reforma del Estado y ningún programa agresivo de infraestructura a nivel nacional”, lamentó el economista Jorge González Izquierdo.

“Los conflictos dominan la escena, porque no hay un manejo adecuado de ellos en la medida que no hay partidos políticos fuertes en las regiones donde ocurren y son reemplazados por grupos locales que se desarrollan en torno al conflicto”, dijo el exministro del Interior Fernando Rospigliosi.




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