Posts etiquetados ‘Espinar’


Hace algunos años la minera Yanacocha, con el afán de convencer a los celendinos para ejecutar el proyecto Conga, llevaba de pasantía a comuneros, autoridades, alumnos, profesores, etc. para mostrar experiencias exitosas de minería en el Perú. Claro, el lector juicioso coincidirá que Yanacocha en Cajamarca sólo sirve para mostrar un excelente ejemplo de minería, más que irresponsable, de una actividad criminal. Pero vaya que grande es el destino, los llevaba a Espinar y desde este sufrido, pero digno pueblo nos envían la siguiente nota con video incluido. Juzgue usted amable lector.

Treinta años de minería en Espinar

Después de 30 años de actividad minera el pueblo de Espinar puede dar fe de que la minería es absolutamente destructiva.

  • Contamina el agua, el aire y la tierra.
  • Los ganados mueren o nacen con mutaciones.
  • Los campos de cultivo y el pasto quedan infértiles.
  • Ha destruido el tejido social y enfrentado a la población en cada comunidad.

Con la mesa de diálogo establecida después de la jornada histórica de lucha del 2012, Espinar ha comprobado también quizá lo más importante para decidir su futuro: El Estado está al servicio de las empresa, la protege, le brinda seguridad e impunidad. “La empresa y el gobierno están casados… no creo que se divorcien”, dice Melchora Surco.
Espinar está en pie de lucha por el establecimiento del convenio marco, no solo en su parte económica, sino en lo referente al medio ambiente, la salud y el impulso de la agricultura y la ganadería para recuperar su soberanía alimentaria y su potencial productor.


 Mural en Celendin, Cajamarca region, PeruFront Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders – http://www.frontlinedefenders.org/node/26271


Dos campesinas peruanas en una reunión de líderes comunitarios. / J. FOWKS


Por: Jacqueline Fowks
Desde diciembre, en la sierra norte del Perú, un proyecto minero enfrenta la oposición de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, la única del país donde aún se habla la variante del quechua Cañaris. Comuneros que rechazan la extracción a tajo abierto protestaron en enero, bloqueando la vía de acceso al campamento de la minera Cañariaco. La policía repelió con disparos, algunas personas quedaron discapacitadas, no hubo muertos. El Gobierno, entonces, creó una mesa tripartita de trabajo para resolver el conflicto; sin embargo, las dos últimas sesiones no han abordado el principal punto de discrepancia y los representantes del Estado y de la comunidad están cada vez más enfrentados. “Creo que por la ruptura de la mesa de diálogo va a ser imposible asistir a la siguiente”, dijo el dirigente Florentino Barrios a EL PAÍS el sábado, pocas horas después de que fracasó la cita en las montañas del departamento de Lambayeque.

Este caso muestra las dificultades del Gobierno y las empresas para dirimir intereses y tensiones con comunidades de culturas y valores diferentes: 18 proyectos mineros están asentados en territorios de indígenas, y una cantidad mayor incluso corresponde a proyectos de hidrocarburos. La Defensoría del Pueblo reporta cada mes la cantidad de conflictos sociales en el país. El informe de febrero revela que de 89 casos en proceso de diálogo, 46 de esos espacios surgieron después de un hecho de violencia, como ocurrió con Cañaris. De 222 conflictos registrados en febrero,147 son socioambientales, como el de Cañaris. O también, como el de Conga Cajamarca (sierra norte), donde el diálogo fracasó y continúan las fricciones entre la policía contratada por la empresa minera y la población local que se opone a un millonario proyecto minero de la estadounidense Newmont. Ese conflicto fue la primera crisis política que enfrentó –en diciembre de 2011– el Gobierno de Ollanta Humala, pues al abandonar su promesa de Agua sí, oro nopor Agua sí, oro también, prescindió de varios ministros y parte de sus electores se sintieron traicionados.

La cuestión en Cañaris es particular debido a que el Perú promulgó en 2011 la ley de consulta previa de los pueblos indígenas, pero el Estado aún no ha concretado ninguna consulta de acuerdo a dicha norma. Tardíamente, la semana pasada, divulgó una guía de procedimientos administrativos para su aplicación, pero aún no hace pública la listaoficial de los pueblos indígenas que pueden exigir ese derecho.

La mesa de trabajo de Cañaris fue creada por el Gobierno, con la participación de la empresa y la comunidad, para abordar dos temas: desarrollo y minería. En cuanto a minería, en la sesión del 4 de marzo el Gobierno debió decidir la validez de dos votaciones en las que los comuneros tomaron posición acerca de las operaciones de la minera Candente Copper. Ninguna fue organizada por el Estado, aunque la segunda contó con representantes gubernamentales como observadores. Una votación con 500 personas en julio de 2012 tuvo el 70% a favor de la mina; mientras que a la de septiembre asistieron 1.896 personas y 1.719 votaron contra el proyecto. El padrón comunal de San Juan de Cañaris registra unas 3.300 personas, quienes se rigen por la ley de comunidades campesinas. La sesión del sábado, realizada en un coliseo en Cañaris, postergó nuevamente para mayo la evaluación sobre cuál votación da, o no, el permiso o licencia social a Candente Copper para seguir sus operaciones.

En las dos últimas sesiones, el comportamiento de los representantes del Gobierno, altos funcionarios del ministerio de Energía y Minas y de la presidencia del Consejo de Ministros, ha llamado la atención. La reunión del 2 de marzo iba a ser en la comunidad campesina de Cañaris, sede definida con un mes de anticipación. La noche anterior, los funcionarios cambiaron el lugar, avisando a la prensa, pero no a los cañaris, quienes habían preparado una bienvenida de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Las autoridades comunales no solo llegaron tarde a la otra localidad, sino que se sintieron maltratadas.

Este sábado en Cañaris, el presidente comunal saliente, Cristóbal Barrios, y su sucesor Florentino Barrios, quien asume el próximo 17, tuvieron dificultades al ingresar a la sesión en un coliseo. El impás se resolvió, pero un representante de la PCM impidió pasar a Rosa Sara, vocal de la presidencia comunal y dirigente de las rondas de mujeres de Cañaris. “Nos retiramos porque no era conveniente entrar incompletos”, explicó Florentino vía telefónica, mientras el presidente saliente se quejaba a la prensa: “Nos han sacado de nuestra propia casa”.

A su vez, el presidente de la mesa de trabajo, Fernando Castillo –del ministerio de Energía y Minas– declaró que los dirigentes tomaron la “decisión unilateral de no participar en la reunión”.

Sin embargo, a la fecha, el Gobierno se ha valido de recursos administrativos contradictorios y se inclina a favorecer a la minera canadiense. La inversión proyectada por la empresa es de cerca de dos mil millones de dólares para extraer cobre y oro.

A fines de febrero, en una entrevista con EL PAÍS, Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de Diálogo del Gobierno, afirmó: “Quienes van a determinar la validez o no de estas votaciones es el subgrupo de ambiente y minería. Y allí están todos, incluso la parte opositora -de la comunidad-, Energía y Minas, nosotros. Esa discusión en la comisión es muy importante y no somos nosotros sino la comisión la que dará validez o no a los argumentos presentados”. El tiempo sigue pasando y tanto los empresarios como los comuneros presionan a la Administración de Humala. Unos para invertir, los otros para defender sus bosques montanos y el agua.


Por: Christian Reynoso
Noticias SER

Carlos Monge, analista político y especialista en el tema de industrias extractivas opina sobre el diálogo en Espinar además de la posible venta de los yacimientos de Las Bambas y Tintaya, el futuro del proyecto Quellaveco y el debate sobre el ordenamiento territorial en el país.

Parece ser que el gobierno tiene una mirada optimista en relación al monitoreo ambiental en Espinar, pero el alcalde Oscar Mollohuanca, ha dicho que las causas fundamentales del conflicto  no se han resuelto. ¿Cómo ve el posible desenlace de las negociaciones?
El conflicto en Espinar tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con el fondo social, cuántos recursos se designan, en qué se gastan, quién los maneja, que son materia de una negociación. El segundo, que tiene que ver con la contaminación, si ésta existe y si es atribuible a la empresa minera. En este escenario, es un avance que todas las partes involucradas se hayan sentado a una mesa de diálogo y que hayan podido establecer un sistema de monitoreo participativo de los impactos ambientales. Esto expresa que el tema ambiental es importante y que se reconoce que hay una legítima preocupación de la sociedad local respecto del impacto de la actividad minera sobre la calidad de las aguas. Ahora, es cierto que al final, puede haber lugar para el disenso. De modo que en este momento no se puede adelantar cuál será el resultado del informe. Según los resultados puede haber discrepancias en el diálogo que luego conlleven a nuevos problemas.

¿Y en ese escenario que impacto puede tener la fusión de Xstrata con Glencore Internacional, y la posible venta de los yacimientos de la primera?
Esto tiene varias dimensiones. Un tema de debate va a ser si es que en el extranjero una empresa como ésta cambia de manos y alguien gana dinero en esa operación. La pregunta es a quién pagan los impuestos y qué gobierno recibe ese beneficio. Esta es una concesión dada por el Estado peruano. Por otro lado, si Xstrata se vende a Glencore, o si Glencore compra a Xstrata, ¿el Perú no tiene derecho de participar en esa ganancia? También hay el rumor de que en el financiamiento de esta operación entre Xstrata y Glencore habría capitales chinos. Recordemos que en el Perú hay algunas experiencias con la minería china que son muy malas mientras que en el mundo hay experiencias donde estos capitales no han respetado los sistemas ambientales, ni el derecho de consulta. Ese es un factor adicional que se debería considerar en el corto plazo.

¿Y qué implicaría para Espinar?
Si se produce un cambio, por el despido de recursos humanos, pues es un problema potencial, porque estaríamos cambiando de actores en medio de una negociación que puede dificultar un proceso de una larga acumulación de confianza y reconocimiento mutuo de las partes involucradas. Ahí me preocuparía que haya una ruptura que pueda impactar en esa fluidez del proceso de negociación en curso.

Por otro lado, Angloamerican habría postergado la decisión sobre la aprobación final del proyecto Quellaveco. ¿Qué podría pasar en este escenario, donde el gobierno nacional y regional pusieron tantas expectativas?
En este caso hay dos temas. Uno es que se logre que el MEF suelte los recursos para que se pueda ejecutar la represa de Pasto Grande, con lo que se resolvería un viejo anhelo de Moquegua ya que aparentemente quienes cuestionaban a Quellaveco preocupados por la disponibilidad de agua, parecen haberse aliviado con la promesa de Pasto Grande. Lo segundo,  es que como parte de esa negociación, la empresa se ha comprometido a hacer un aporte fuerte de recursos al gobierno regional. Entonces si el proyecto se cae, ya no sería por la resistencia social interna o por una oposición política de la autoridad regional, sino por consideraciones globales de la situación de la empresa Angloamerican. Podría ser que eventualmente Quellaveco no sea el proyecto más importante o  que la empresa tiene responsabilidades en otras partes. Si eso ocurre, las expectativas de Moquegua se verían afectadas. Además, qué pasaría con Pasto Grande porque si no hay proyecto minero entonces se da marcha atrás a Pasto Grande. Ahora, lo interesante sería que este proyecto se mantenga con o sin proyecto Quellaveco porque es una necesidad para la región.

El gobierno ha planteado realizar la primera consulta previa en el Perú en la zona del Pastaza, pero ante el reciente estudio del OEFA que confirma la contaminación, ha generado cierta tensión. ¿En este contexto de por medio será posible la consulta previa?
Hasta donde entiendo las organizaciones han aceptado ser parte de este proceso de consulta sobre la nueva concesión pero poniendo como condición que haya algún tipo de compromiso o compensación de los terribles pasivos ambientales de la zona. Es la lógica de ver primero la solución a los problemas ambientales para luego recién retomar la actividad petrolera. Entonces esto puede terminar siendo una situación compleja dependiendo de cuál es el nivel de condicionamiento y la exigencia para efectivamente entrar en el proceso de consulta.

La implementación de una política de ordenamiento territorial sigue postergándose, pese a las diversas iniciativas que existen. ¿No hay voluntad política en este tema?
Es urgente que se implemente el Ordenamiento territorial porque ahora los gobiernos regionales tienen el mandato y la competencia de conducir estos procesos de Zonificación Ecológica y Económica y sobre esa data sustentar legislación y acción efectiva para el reordenamiento de sus territorios. Es importante porque con todo este crecimiento de concesiones y de explotación de minerales e hidrocarburos, prácticamente se hacen a ciegas sin tener la menor idea de cuál es la situación  productiva, ni los servicios ambientales que tienen nuestros territorios. Entiendo que el Ministerio de Energía y Minas y el sector empresarial sobre todo minero no tienen ningún interés para que esto salga adelante. Lo ven como un enemigo, como el empoderamiento de los gobiernos regionales para los derechos territoriales, lo que podría ser un límite para el acceso que ahora tienen a los territorios.


Por: Jorge J. Chávez Ortiz*
Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.
En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.
Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.
Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo – 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

 

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata – Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:
  1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
  2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
  3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
  4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
  5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
  6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
  7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.
Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.
La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.______

* Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  –  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa


Se oponen. Dirigentes y autoridades consideran que sería contraproducente en zonas como Espinar y Chumbivilcas.
Medida. Wilfredo Pedraza ha generado polémica con su propuesta.

José Víctor Salcedo.
Cusco.

La propuesta del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de instalar frentes policiales en zonas mineras del interior del país, con la finalidad de garantizar las actividades extractivas, provocó rechazo en autoridades y dirigentes cusqueños.

Milton Barrionuevo Orosco, consejero regional de Chumbivilcas, zona donde hay tres grandes proyectos mineros (en exploración y próximos a explotar) en los que se invertirán cerca de US$ 2 mil millones, calificó de desatinada la decisión del Ejecutivo nacional.

Refirió que una acción como esa no será bien recibida en la provincia cusqueña. “Parece una actitud represiva que no va a funcionar, pues en lugar de crear un ambiente de paz generará rechazo”.

Por su parte, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie), Herbert Huamán, refirió que instalar las bases policiales sería una muestra de que se quiere imponer la minería y no buscar consensos en torno a esa actividad.

En Espinar se encuentra el proyecto cuprífero Antapaccay de propiedad de Xstrata Copper, y cerca de 5 proyectos más están próximos a empezar la etapa de explotación. Se calcula una inversión cerca a US$ 3 mil millones en esa provincia.

Para el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), Wilfredo Álvarez, la presencia policial en comunidades campesinas de Espinar y Chumbivilcas creará más tensión entre comuneros y empresas mineras.

Fuente: La Republica – http://www.larepublica.pe/24-01-2013/rechazan-frentes-policiales-en-zonas-mineras-del-pais


 

Por Raphael Hoetmer*

15 de agosto, 2012.- Al concluir su primer año de gestión el gobierno del presidente Ollanta Humala parece encontrarse en una crisis permanente a raíz de su incapacidad de resolver un conjunto de conflictos y demandas sociales. La represión brutal de protestas en torno a la minería en los departamentos de Cusco y Cajamarca en los últimos meses sugiere una tendencia autoritaria dentro del gobierno, y apunta al abandono de la agenda de cambios con la que ganó las elecciones el líder nacionalista.Por el contrario, el deseo de una “gran transformación” aún está presente en las protestas difundidas por todo el país. Por lo tanto el cambio de gabinete no resolverá el escenario de conflictos sociales si no viene acompañado por una serie de políticas distintas.

Aunque en los últimos meses se han movilizado profesores, pesqueros, trabajadores, mujeres y estudiantes, las protestas que tuvieron mayor impacto fueron las relacionadas con las industrias extractivas. En el departamento norteño de Cajamarca, las movilizaciones en contra del megaproyecto Conga ya se han prolongado por más de ocho meses. El proyecto, impulsado por el consorcio Yanacocha -con participación de Newmont de Canadá y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial- amenaza un sistema de lagunas y fuentes de agua en las alturas de Cajamarca, mientras que la mayoría de la población afectada no ve beneficios reales en la actividad minera.

Las protestas en Cajamarca han persistido tras la ruptura del diálogo, a finales de 2011, entre el gobierno nacional y las autoridades regionales, quienes se oponen al proyecto, inclusive después de que el gobierno de Humala impusiera una serie de exigencias adicionales a Yanacocha, entre otras la de asegurar el acceso de agua a la zona, reemplazando las lagunas afectadas con reservas adicionales. En respuesta a las protestas, el gobierno ha declarado ya dos veces estado de emergencia, decenas de líderes sociales y políticos se encuentran enjuiciados (inclusive el presidente regional Gregorio Santos), los fondos del gobierno regional han sido bloqueados por el gobierno central, y se han reportado continuamente casos de represión por parte de la policía.

Al inicio del mes de julio, la polarización del conflicto desembocó en enfrentamientos entre policías, militares y la población local, dando paso a una violenta represión que dejó cinco personas muertas. El líder ambientalista Marco Arana fue detenido de manera violenta (y liberado pocos días después), y de nuevo se decretó estado de emergencia. Las protestas continuaron, y el gobierno nacionalista optó por retroceder de manera temporal, pidiendo al Monseñor Cabrejos y al Padre Garatea facilitar un diálogo con las autoridades políticas y dirigentes sociales de la zona. Sin embargo, hasta ahora ambos campos han persistido en su posición particular frente al proyecto, y los facilitadores insisten en que una solución va a demorar y que no depende de ellos.

La violencia en Cajamarca vino poco después de que protestas masivas en contra de la contaminación ambiental y el aporte deficiente de la minera Xstrata al desarrollo local en la provincia de Espinar en Cusco resultaron en enfrentamientos con la policía, dejando dos personas muertas y decenas de heridos. Una vez más el gobierno central declaró estado de emergencia, bloqueó los fondos del gobierno provincial, y el alcalde provincial Oscar Mollehuanca fue detenido de manera violenta por decenas de policías.

Al mismo tiempo fueron detenidos los dirigentes principales de la protesta, y dos defensores de derechos humanos de la Vicaría de Solidaridad Sicuani (1). Pese a la demanda de prisión preventiva, fueron liberados en las semanas posteriores a los enfrentamientos. En Espinar fue instalada una mesa de diálogo con los dirigentes y autoridades locales para buscar una salida al conflicto.

Protestas contra Conga marcan un hito dentro del gobierno y los movimientos sociales

Desde hace algunos años las disputas por el territorio y el control de los bienes comunales – a los que llamamos conflictos eco-territoriales (Svampa 2011) – representan la mayor parte de los conflictos sociales en el país. (2) Su impacto en la agenda política y social se ha encontrado en aumento durante los últimos meses. El analista y ex viceministro del ambiente en el gobierno de Humala, José de Echave, plantea que los conflictos se han vuelto más intensos en varios sentidos:

“Las consecuencias políticas de los conflictos son mayores que antes. Nunca se había caído un gabinete por un conflicto minero, y ya vamos dos en el Perú, entendiendo que el premier Valdés también ha sido reemplazado por no haber podido resolver al caso Conga. A raíz de Espinar, se rompió la bancada oficialista. (3) A la vez, las protestas plantean una agenda más programática. No rechazan sólo un proyecto determinado, sino plantean cada vez más la necesidad de políticas distintas.”

Una reconstrucción del primer año de gobierno de Humala revela que su administración ha sido determinada, en gran medida, por la relación con las empresas mineras. En uno de los primeros actos del gobierno, se anunció públicamente un aumento en los impuestos del sector minero para respaldar los programas sociales que Humala pretendía impulsar. Sin embargo, todo indica que el presidente se comprometió a un respaldo firme a favor de la minería, inclusive en casos de proyectos controversiales que se encontraban postergados o en problemas de implementación. Bajo los gobiernos de Toledo y García, proyectos en Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Cajamarca e Islay no lograron prosperar por la oposición de las poblaciones locales. En este contexto, Conga se presenta como una prueba para que el gobierno nacionalista pueda mostrar su compromiso con el modelo económico actual, desplegando una serie de estrategias distintas que permitan un avance en donde los gobiernos de derecha no pudieron.

A la vez, la oposición a Conga marca un hito para el proceso de reconstrucción de la organización social peruana. Aparte de la duración y fuerza de la lucha, se destaca que las distintas tendencias políticas dentro de la protestas han sabido mantener la unidad en la acción durante meses. El Comité Unitario de Lucha garantizó, además, un escenario de protestas ejemplarmente pacíficas, simbólicas y controladas, evitando confrontaciones directas con las fuerzas del orden, pese a provocaciones de todo tipo.

También se ha mantenido un nivel de coordinación entre los dirigentes sociales, la mayoría alcaldes de la zona de influencia del proyecto y el propio presidente regional (el ex dirigente social Gregorio Santos), quienes se han sumado continuamente al campo opositor del proyecto. Y con la Marcha Nacional por el Agua (que se realizó en febrero) y una iniciativa de ley para declarar el agua como un derecho humano y proteger las cabeceras de Cuenca, la lucha cajamarquina se volvió nacional y ahora encierra un fuerte contenido programático.

Además, para respaldar la protesta social, fueron realizadas investigaciones, publicaciones y campañas mediáticas que cuestionaron de manera contundente el discurso del gobierno que afirma que la disponibilidad del agua no se encuentra en peligro por el proyecto. Todo esto muestra la lucha de Cajamarca como un enorme avance cualitativo para los movimientos sociales peruanos en términos organizativos, políticos y programáticos.

¿Gobierno minero-militar?

Lo ocurrido en los últimos meses presenta grandes interrogantes sobre el rumbo del gobierno nacionalista. El reconocido analista político Santiago Pedraglio se preguntó, tras el violento arresto del alcalde de Espinar Oscar Mollehuanca, si estábamos viendo la conformación de un gobierno minero-militar (4), mientras que José Carlos Ubilluz de la Universidad Católica planteó de manera provocadora que nadie debería sorprenderse, y que más bien era hora de despertarse del sueño democrático: “Todo aquél que se oponga al avance del capital, incluso si lo hace en nombre del medio ambiente y la salud de las comunidades, es enemigo del estado y será tratado como tal” (5).

Sin lugar a duda, Cajamarca y Espinar parecen indicar una forma de tratar las protestas y los conflictos sociales como algo que se debe criminalizar y reprimir. Esto va más allá de la judicialización de los líderes sociales o de la construcción de marcos legales que lo facilitan. También incluye las declaraciones de estados de emergencia, el amedrentamiento a las autoridades locales y regionales por parte del gobierno central, y las campañas de deslegitimación (hasta satanización) de las protestas en los medios masivos de comunicación y por políticos oficialistas y de derecha. A ello se suma la creciente militarización de las protestas, el uso de seguridad privada por parte de las empresas, y los convenios que facilitan que la policía preste servicios de seguridad a empresas extractivas. Esta política ya ha costado la vida de quince ciudadanos partícipes de las protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia.

Por esto no resulta exagerado que Pablo Sánchez de Grufides (6) de Cajamarca sostenga que: “Hay un accionar y pensar militar que sostiene la intervención del gobierno, y que pone a la institucionalidad democrática misma en juego”. Sánchez llamó la atención a los maltratos e insultos cotidianos por parte de la policía y los militares durante las protestas en Cajamarca. Los vídeos de una policía pateando una olla común y golpeando a las mujeres que preparaban comida para los manifestantes, y de otro policía respondiéndole a una mujer campesina que exigía una explicación a la violencia ejercida contra ella: “porque son perros, concha su madre”, son sólo dos de decenas de ejemplos. Jaime Borda, activista de la Vicaría de Solidaridad Sicuani, quien fuera detenido arbitrariamente en un puesto policial dentro de una propiedad de la empresa XStrata, plantea: “me ha sorprendido y preocupa enormemente que diez años después del fin de la dictadura, la policía sigue actuando de la misma manera.”

El reemplazo del Primer Ministro Oscar Valdés por el Ministro de Justicia Juan Jiménez – quien tiene un perfil más abierto al diálogo – es un claro reconocimiento del agotamiento del camino de la fuerza como método único para viabilizar los grandes proyectos de inversión. Sin embargo, transformar el escenario de conflictos sociales en el país requiere de políticas distintas que permitan que el Estado asuma su rol de garante de derechos por encima de su papel de facilitador de inversiones.

Las propuestas para estas políticas están presentes en las agendas y plataformas de la sociedad civil y protestas como las de Cajamarca y Espinar. Sin embargo, su ejecución requiere de una voluntad política firme de la que parece carecer el presidente Humala. La detención arbitraria y violenta del periodista cajamarquino Jorge Chávez el 28 de julio indica más bien la continuidad de la política de criminalización de las protestas.

¿Conga va o no va?

Mientras tanto la gran pregunta “Conga va o no va” sigue sin respuesta. Una perspectiva histórica al conflicto da indicios de que puede ser muy difícil que el proyecto prospere, por lo menos durante los próximos años, principalmente por tres razones. Primero, la brutal actuación de la policía y la prepotencia de los representantes de la empresa minera en sus actuaciones públicas. Las protestas ya no sólo son en contra del proyecto Conga, sino para defender la dignidad regional, como evidencian las impresionantes imágenes de los funerales de las víctimas de la represión. Este tipo de lucha tiene una base social mayor, y se nutre de una identidad e indignación colectiva difícil de quebrar.

En segundo lugar, las rondas campesinas – el eje vertebral de la protesta cajamarquina – siguen ejerciendo un control territorial significativo en la zona de influencia de la minera. En décadas pasadas lograron derrotar al abigeo y luego impidieron que la organización Sendero Luminoso entrara al norte del país. En palabras del reconocido reportero Gustavo Gorriti: “La fuerza del campo en ese departamento donde se supone que hay mucho y falta tanto, es su organización. (…) Pensar que se los va a avasallar con prepotencia y amenazas es añadir la estupidez a la ignorancia” (7). Finalmente, contrario a lo que plantean los medios masivos en el país, tras décadas de minería, en Cajamarca (y particularmente en la provincia de Hualgayoc) la población sabe perfectamente porqué debe oponerse a nuevos proyectos mineros.

En este escenario vale la pena preguntarse si Newmont y particularmente la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial deberían persistir en el proyecto. ¿Cuáles son los costos económicos, sociales y de imagen que están dispuestos a asumir? ¿Debería permitirse la minería en zonas tan vulnerables y con poblaciones en contra de ésta? ¿No termina dañándose inclusive la imagen de la propia industria minera de esta forma? Queda claro que en realidad es el Estado peruano el que debería ofrecer los mecanismos y marcos políticos para tomar estas decisiones. El caso Conga deja en evidencia que los instrumentos que el Estado peruano maneja están claramente agotados.

Notas:

(1) Institución vinculada a la Iglesia Católica.

(2) La Defensoría del Pueblo habla de conflictos socioambientales. Para ver los informes: www.defensoria,gob.pe/temas.php?des=3.

(3) En protesta contra la violencia en Espinar renunciaron a la bancada oficialista de Gana Perú dos representantes de Cusco (Verónica Mendoza y Rubén Coa), uno de Cajamarca (Jorge Rimarachín), y los líderes históricos de la izquierda Javier Diez Canseco y Rosa Mavila. Ellos esperan constituir una bancada propia (para lo cual necesitan una adhesión adicional) que persiste en la agenda de la gran transformación.

(4) Ver: peru21.pe/2012/06/01/impresa/espinar-gobierno-minero-militar-2026735
(5) Ver: derechoshumanos.pe/2012/07/¡despierte-de-su-sueno-democratico/
(6) El Grupo de Información y Formación para el Desarrollo Sostenible
(7) Ver: www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=278.

*Raphael Hoetmer es miembro del Programa Democracia y Transformación Global: www.democraciaglobal.org y colaborador con el Programa de las Américas: www.cipamericas.org
—-
Fuente: http://democraciaglobal.org/opinion/609-protestas-ponen-en-entredicho-el-futuro-del-proyecto-minero-conga-en-el-peru


Fiscalía no sabe quiénes mataron a 7 pobladores en Espinar y Cajamarca

Cortejo fúnebre de Joselito Vásquez Jumbo, de 28 años, en el cementerio de Bambamarca, donde murió, pero el caso se investiga en Chiclayo.
Cortejo fúnebre de Joselito Vásquez Jumbo, de 28 años, en el cementerio de Bambamarca, donde murió, pero el caso se investiga en Chiclayo.
Los familiares de las víctimas de la protesta social por los casos de Xstrata y Conga no pueden ejercer sus derechos ante las autoridades porque los casos fueron trasladados a las alejadas jurisdicciones de Ica y Lambayeque, adonde no pueden viajar por falta de recursos.

María Elena Hidalgo

No hay culpables. Las autoridades han avanzado poco o nada en identificar a los autores del asesinato de siete pobladores durante las últimas protestas contra proyectos mineros en las ciudades de Espinar, Celendín Bambamarca. 

La República hizo un seguimiento a las investigaciones oficiales de cadahomicidio y encontró que existe un notorio retraso. Esto se debe a que las diligencias se desarrollan no en el lugar donde ocurrieron los hechos sino en otra jurisdicción señalada por el Ministerio Público. 

Así, las muertes de Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca, ocurridas el28 de mayo en Espinar, Cusco, están en manos de la Fiscalía Provincial de Ica. 

Lo mismo sucede con los casos de César Medina Aguilar, José Silva Sánchez yPaulino García Rojas, abatidos el tres de julio en CelendínCajamarca; de José Sánchez Huamán, fallecido el cinco de julio, también en Celendín; y de Joselito Vásquez Jumbo, muerto en Bambamarca.

Las pesquisas sobre los fallecidos en Cajamarca están a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, bajo responsabilidad de Nelly Chambergo Burgos. Ella dijo a este diario que no tenía el expediente del caso de los muertos de la protesta contra Conga.

Por eso, hasta el momento, en ninguno de los siete casos se ha establecido responsabilidad. Ni siquiera se han planteado presunciones.

Peor aún, como resultado del traspaso de las investigaciones de Espinar, Cusco, a Ica; y de Celendín y Bambamarca, Cajamarca, a Chiclayo; esta disposición complica a los familiares de las víctimas el acceso a la justicia.

INACEPTABLE OLVIDO

El octavo día de huelga por los reclamos a la compañía minera Xstrata, el 28 de mayo,Rudecindo Manuelo Puma y Walter Sencia Ancca murieron al recibir cada uno un impacto de proyectil de arma de fuego.

Ni Manuelo ni Sencia eran parte de la protesta. 

Los que dispararon contra los modestos pobladores lo hicieron con el expreso propósito de matar, indican los peritajes.

En la jornada de manifestaciones algunos medios de comunicación filmaron a policías cuando dirigían el cañón de sus armas de reglamento directamente al cuerpo. En lo que respecta a Manuelo y Sencia, sus casos han pasado a manos de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica, a cargo de María Ley Tokumori.

Los familiares de Manuelo y Sencia son de escasos recursos y apelan a la sensibilidad de amigos y vecinos para cubrir los gastos. Les resultará muy difícil pagar pasajes y estadía para trasladarse de Espinar a Ica. Con el traspaso de las investigaciones, la acusación tardará lo suficiente como para que quede en el olvido.

Por disposición del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, desde el primero de junio“por razones de seguridad”, las investigaciones fiscales sobre protestas sociales se ventilan en otra jurisdicción.

INDICIOS DELATORES

Los protocolos de necropsia obtenidos por La República indican que a Rudecindo Manuelo Puma el proyectil le ingresó por el lado derecho del tórax y le atravesó el corazón. Su muerte fue instantánea.

En el caso de Walter Sencia Ancca, la bala homicida le perforó el tórax y en su recorrido destruyó los pulmones y desgarró la aorta. El fallecimiento fue en el acto.

Manuelo nació en Pichigua, en Espinar, e iba a cumplir 29 años el próximo tres de octubre. Sencia era natural de Espinar y el 27 de octubre iba a celebrar 26 años.

El día de los hechos salieron a cumplir con sus habituales actividades. No participaron en las manifestaciones.

Rudecindo Manuelo era un albañil conocido en Espinar y vivía en la comunidad de Totora Alta. Walter Sencia Ancca trabajaba como payaso. Se hacía llamar “Manzanita”.Era muy popular en Espinar. Además del balazo que lo mató, los caballos de la policía pisaron su cuerpo, fracturándole los huesos. “Manzanita” estaba feliz con el próximo nacimiento de su hijo. Su esposa, ahora viuda, Sara Hallpa Ccuno, de veinte años, tiene seis meses de gestación.

LOS MUERTOS DEL NORTE

Walter Aguilar Guzmán, tío de César Medina Aguilar, el colegial de 16 años que murió de un balazo en la cabeza en la plaza de armas de Celendín, asegura que su familia desconoce en qué fiscalía está el caso.

Marisol Malqui Rosas, esposa de José Silva Sánchez, asesinado en las manifestaciones en Celendín contra Conga, afirmó que Silva no participó en las protestas; y que con el traslado del caso a Chiclayo, le resultará muy difícil seguir el proceso porque carece de recursos. A José Silva Sánchez un balazo le destrozó el cráneo.

Hipólito Leiva Paz, tío de Paulino García Rojas, otra víctima de Celendín, relató que su sobrino había ido al banco a depositar dinero cuando un proyectil le atravesó el pecho. No cuentan con fondos para pagar un abogado en Chiclayo. No saben nada del avance de las investigaciones. 

Walter AguilarMarisol Malqui e Hipólito Leiva coincidieron en lamentar que, debido a la disposición del Ministerio Público de traspasar las investigaciones a otras jurisdicciones, sus derechos de acceso a la justicia sufren un grave recorte. No cuentan con recursos para viajar y menos para contratar abogados.

La República no pudo contactar con los familiares de José Sánchez Huamán, muerto en Celendín, ni con los de Joselito Vásquez Jumbo, asesinado en Bambamarca. Habitaban en zonas muy alejadas.❧

LAS VÍCTIMAS RECIBIERON UN BALAZO EN LA CABEZA O TÓRAX

Rudecindo Manuelo Puma murió por un proyectil que le ingresó por el lado derecho del tórax y le atravesó el corazón.

Walter Sencia Ancca recibió un proyectil también en el tórax, pero en el recorrido destrozó los pulmones y la arteria aorta.

César Medina Aguilar recibió un balazo en la cabeza que le destruyó la masa encefálica.

José Silva Sánchez fue impactado por una bala que ingreso por la frente y salió por la nuca, destruyéndole la masa encefálica.

Paulino García Rojas recibió un disparo en el tórax con entrada y salida, y en el trayecto lesionó sus órganos vitales.

José Sánchez Huamán murió debido a un proyectil que le ingresó por la boca, le perforó la tráquea y voló la base del cráneo.

Joselito Vásquez Jumbo recibió un disparo en el tórax.

Walter Aguilar Guzmán, tío del fallecido César Merino Aguilar, afirmó que mataron a su sobrino con un arma de guerra que usa el Ejército. Para sostener su versión, afirmó que había servido en el instituto militar y que había recogido casquillos que demostraban que se trataba de proyectiles de uso militar.

Marisol Malqui, esposa de José Silva, manifiesta que ella y otros testigos vieron que un soldado fue quien disparó a su cónyuge.

CLAVES

Francisco Manuelo Puma, hermano del fallecido Rudecindo Manuelo, declaró que en la Fiscalía Provincial de Espinar le dijeron que ellos no tenían ninguna información sobre el caso.

Le comunicaron que si quería enterarse del avance de las investigaciones era necesario que viajara a Ica, donde estaba el expediente. Pero Francisco Manuelo es estudiante y no tiene dinero para los pasajes.

EN CIFRAS

4 murieron con un balazo en la cabeza en las protestas.

3 murieron con un balazo en el tórax.

3 niños quedaron huérfanos al fallecer sus padres en las manifestaciones.



Peru mining protest 2012 06 13LIMA, Peru — On the campaign trail, Ollanta Humala vowed that as president he would not sacrifice rural communities to mining and oil companies that wanted to dig and drill on their lands.
The leftist candidate even pushed for a recall of then President Alan Garcia, blaming his refusal to listen to Andean and Amazonian villagers for triggering deadly clashes between police and protesters.
But as president, some of Humala’s onetime allies are accusing him of authoritarianism and betrayal as his government struggles to keep a lid on a wave of angry anti-mining protests.
Police using live rounds have killed two people in clashes in the central region of Cusco over a copper mine owned by Swiss firm Xstrata, which locals say is contaminating the water table.
Village Mayor Oscar Mollohuanca had been placed in preventive custody — without charge — for leading those protests. He has now been released after an appeals court in the southern city of Ica found that the order for his detention had failed to establish his involvement as a protest instigator.
In the northern region of Cajamarca, riot police have again been cracking heads in an attempt to end unruly but largely peaceful demonstrations against plans for a massive copper and gold mine, called Conga, which they fear will devastate local lakes and streams.
Meanwhile, Gregorio Santos, the regional president of Cajamarca and a former Humala ally, is now under criminal investigation for “incitement to rebellion.”
The alleged crime happened during a speech he gave accusing Humala of going back on campaign promises. In the speech, Santos asked rhetorically: “When the president doesn’t keep his word?” The crowd responded: “They kick him out.”
According to Peru’s chief prosecutor, Jose Pelaez, that exchange constitutes an “attempted coup” by Santos, who has presidential ambitions of his own.
That outraged some commentators.
“Only classic dictatorships … can confuse opinions with crimes of sedition, rebellion or rioting and try citizens as a result of their statements,” warned La Republica, one of Peru’s two leading newspapers, in an editorial.
Meanwhile, Prime Minister Oscar Valdes turned up the heat with a highly confrontational series of Tweets, accusing mining opponents of variously “throwing poison” and wanting to light a “giant bonfire.”
He added that the protest leaders were “rotten” and “frozen” and wanted to keep Peru as a “chakra,” a local indigenous term that means a peasant’s plot of land.
One of Conga’s most trenchant critics, former Catholic priest Marco Arana, accused Valdes of “authoritarianism and the criminalization of protest.”
Speaking to GlobalPost, he also accused the premier of having a conflict of interests, given his well-publicized ownership of a medium-sized mining concession on the coast.
“As a mining entrepreneur, he represents the mining industry,” said Arana. “That means that he is not using his role as prime minister for the benefit of all Peruvians but for the benefit of the mining sector.”
The government has tried to paint Arana, who now runs Grufides, a Cajamarca-based development nonprofit, as an environmental “radical.” But it has not been helped by the activist’s international profile. In 2009, Time magazine named Arana a “Hero of the Environment.”
Mining drives the Peruvian economy, accounting for 60 percent of its exports, and the country is the world’s second largest producer of silver and copper and the sixth producer of gold.
But Peru is also wracked by more than 200 “social conflicts,” in which rural communities fiercely oppose mining, oil drilling or other extractive industries on or near their lands, according to the national Defensoria del Pueblo, a government human rights watchdog.
Those confrontations reached a nadir in 2009 with the Bagua massacre, when more than 30 policemen and indigenous protesters were killed in clashes over controversial plans by Garcia’s heavily pro-business administration to open the Amazon up to more drilling and mining.
But before he was elected last year, Humala, a leftist former army officer, vowed to ensure his countrymen’s interests would be placed before those of foreign corporations. As a result, he even received backing from Cajamarca’s President Santos.
After nearly one year in power, Humala is anxious to ensure that Conga moves ahead. The $4.8 billion Conga mine project — partly owned by US-based Newmont Mining Corp — would be Peru’s largest ever foreign investment.
More from Peru: Proposed gold mine riles locals
Humala’s apparent about-face, as well as his prime minister’s right-leaning confrontational style, alienates many who voted for him. Four leftist members of his Peru Wins congressional alliance quit the grouping last week.
Politicians here are notorious for breaking campaign promises. Perhaps the most blatant case was Alberto Fujimori, who won the presidency in 1990 after a prominent promise not to impose painful cuts to end an economic crisis. Within months, he launched a massive restructuring of Peru’s economy, throwing millions out of work.
Peru’s fragile democracy is still recovering from Fujimori’s time in power, which ended in an election-rigging scandal and imprisonment for directing death squads and embezzlement.
Many Peruvians now respond to politicians’ breaking their word with a weary cynicism. But others see the trend as a serious threat to democracy.
“It undermines the governability of the country by undermining the credibility of our democratic institutions, which were dangerously weak to start with,” says Arana.
Whether for or against the country’s powerful mining sector, most Peruvians are now warily monitoring the conflicts in Cajamarca and Cusco, afraid that the government’s handling of the crises will result in more bloodshed.


El Ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se refirió a la excarcelación del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y reiteró su “absoluto respeto a las decisiones del Poder Judicial, sea cual fuere o contra las personas que fuere”.

Asimismo el ministro afirmó que “ahora, ya excarcelado (Óscar Mollohuanca), puede moverse por cualquier parte del territorio y reasumir su puesto. No tiene ninguna restricción del Poder Judicial”, con lo que confirmó que Mollohuanca podría participar en el diálogo que se realizará entre el gobierno y las autoridades de Espinar.

“El diálogo siempre ha estado abierto para todas las autoridades. Nosotros ya hemos iniciado esta fase con alcaldes distritales y provinciales” declaró a Canal N al preguntársele sobre el grupo técnico que viajará esta semana al Cusco para comenzar con el “Plan Integrado y Participativo de Intervención Sanitaria y Ambiental en Espinar”.

Finalmente, Pulgar Vidal reiteró que si Mollohuanca se presentase en los diálogos, él lo recibiría sin ningún problema haciendo hincapié en que: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo, y el diálogo se hace sin condiciones. El diálogo que se hace sin condiciones es el que da más frutos”.

Fuente: La Mula




LIMA – El congresista Víctor Andrés García Belaúnde se mostró en desacuerdo con la detención del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, pues a su parecer dicha detención fue una provocación del Estado.

“Creo que es una provocación del Estado arrestar a una autoridad en pleno conflicto, no digo que sea inocente, probablemente sea culpable de muchas cosas y habrá que juzgarlo más adelante. Todos sabemos cómo funciona la justicias en el Perú y en esta caso la justicia ha actuado de manera rápida y efectiva, lo que llama la atención. Más que una detención judicial cualquiera parecería que es una detención política y eso me preocupa” dijo Vitocho a radio Exitosa.

Fuente: Diario Correo