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Por Jorge Pereyra

Este 30 de octubre, al promediar el mediodía, un padre de familia fue asesinado vilmente en la ciudad de Cajamarca, a mansalva y quemarropa, por un sanguinario efectivo policial durante el acto de desalojo de su vivienda.

Esta nueva víctima mortal viene a sumarse a los 5 pacíficos pobladores de Celendín y Bambamarca que también fueron asesinados durante el conflicto ambiental de Conga, y en lo que va del régimen de Ollanta Humala, como consecuencia de la aprobación de una ley que criminaliza la protesta social y autoriza a los policías a disparar sin remordimientos contra cualquier ciudadano peruano.

En los vídeos adjuntos se puede apreciar la manera brutal, inhumana y vil cómo fue asesinado en su propia vivienda el señor Fidel Flores Vásquez, de 62 años, y único sostén de su esposa, hijos y nietos.

Las imágenes también muestran cómo Flores Vásquez es asesinado sin ningún tipo de respeto por la vida y dignidad humana, mientras lucha porque no le quiten su única propiedad. Sin embargo, lejos de usar la fuerza disuasiva, un efectivo policial utiliza su armamento de largo alcance y lo ultima de un balazo en el pecho.

Y lejos de ayudarlo, mientras se desangra, los enardecidos policías suben a la azotea de la casa y agreden salvajemente a la esposa del occiso y a su hijo que clamaban por ayuda.

Lo indignante de este sanguinario desalojo es que los embravecidos efectivos no tienen ningún escrúpulo en tomar por los cabellos a la esposa de Flores y con brutales golpes los tiran a ambos al piso.

Este es el resultado, de la aplicación de la Ley 30151, totalmente violatoria de los derechos humanos, promulgada por Ollanta Humala (“Capitán Carlos”), que ampara la violencia y el asesinato por parte de los policías y que textualmente dice:

“Está exento de responsabilidad penal, el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.

Esta ley incita a la barbarie policial, y si a ello se suma la deficiente formación de los nuevos policías en la Escuela de Suboficiales de Cajamarca, y las denuncias de corrupción en dicha escuela por varios padres de familia de que se están cobrando hasta 15 mil soles por una vacante, entonces el panorama futuro luce peligroso y desolador.

Antes nos cuidábamos de los criminales y delincuentes, ahora tenemos que cuidarnos de los policías que se han convertido en factores de inseguridad ciudadana.

¿Acaso queremos llegar a la situación actual por la que atraviesa México? Allí la policía secuestra civiles y luego los desaparece y mata. Aquí, en Cajamarca, son más efectivos: los matan directamente.

Exigimos la presencia del ministro Urresti en Cajamarca para que reestructure a la policía cajamarquina. Este cuerpo policial, constituido por bisoños efectivos, ya mostró su brutalidad y corrupción recientemente cuando ayudó a defender los intereses de otro policía, dueño de un ilegal y no autorizado centro de prostitución, cuando torturó y detuvo a 5 ronderos que acudieron a dicho “centro nocturno” a pedido de los vecinos.

Exigimos asimismo la renuncia del jefe policial, general Gutiérrez Senisse, y de la jueza Araujo, que ordenó la continuación del desalojo pese a que no existían condiciones para ello.


Se había atrincherado en la azotea junto a algunos vecinos. Actuando junto a matones, la policía disparó a quemarropa. Urresti debe responder.
Esta tarde, un violento desalojo de vivienda en Cajamarca resultó en la muerte de un padre de familia, que se había apertrechado en el techo de la casa junto a algunos vecinos  y durante algunas horas resistió los intentos de la policía por ejecutar una orden judicial.

Antes de que el desalojo se torne violento, el propietario de inmueble en disputa, identificado como Fidel Flores Vásquez, imploró a la jueza y a los agentes que le permitieran permanecer con su familia en el lugar. Ante la negativa, intentó impedirles el acceso utilizando piedras, ladrillos y cócteles molotov.

Como se ve en las siguientes imágenes, publicadas por Cajamarca Reporteros, la policía no tuvo reparos en disparar a quemarropa contra Flores, ni en utilizar enorme violencia contra las demás personas que se encontraban en la casa. Advertencia: las imágenes son sangrientas y terribles.

[Actualización 31/10/14: Según informa el diario La República, el operativo de desalojo habría estado inicialmente bajo el mando de Pedro Carmona Reyes, jefe de la 1ª comisaría de Cajamarca, quien habría sido relevado luego por el coronel Arturo Carbajal Bellido, responsable de la Jefatura Departamental PNP]

El video muestra también que la policía contaba con la ayuda de civiles para este desalojo (se les observa con el torso desnudo). La presencia de estas personas en el operativo no ha sido explicada.

Fidel Flores fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Cajamarca, donde murió.

También de Cajamarca Reporteros, estas son las declaraciones de la jueza que ordenó el desalojo, Carmen Araujo, quien responsabiliza enteramente de lo sucedido a las personas que resistían desde la azotea.

A esta hora, se sabe que hay hasta 5 detenidos, quienes han sido trasladados a las instalaciones de la DIVINVRI. Entretanto, los vecinos y familiares de la víctima han anunciado que velarán sus restos en las afueras de la casa, donde aún se encuentra la policía.

[Actualización 31/10/14: Son nueve detenidos bajo cargos de delito contra la tranquilidad pública, violencia y resistencia a la autoridad: Gandhi Cueva Minchan (27), José García (30), Wilfredo Valencia (44), Noé Alvarado Torres (25), William Martínez (27), Desiderio Cusco (42), Erick Cruzado (23) y Santos Flores Cusco, éste último, hijo del fallecido]

En estas imágenes, Flores Vásquez, sus familiares y vecinos explican su postura y su decisión de defender el predio. Se trata de siete familias en dos lotes de vivienda, quienes, según detallan, se encontraban aún querellando por la propiedad y no fueron notificados de la orden de desalojo.

La situación es, por supuesto, confusa, y es imposible a la distancia adjudicar razón o error a ninguna de las partes del proceso judicial. Pero sí está claro que la violencia de las acciones policiales y su uso de armas de fuego tienen enorme responsabilidad en lo sucedido. En situaciones como las que estas imágenes muestran, donde en un inicio no está en riesgo inminente ninguna vida y lo que se disputa es un terreno, esperar y negociar debería ser la única estrategia de las autoridades judiciales y policiales.

Aquí, sin embargo, ante la resistencia de un grupo de ciudadanos, los efectivos decidieron ejecutar la orden a cualquier costo, y ese costo terminó siendo el de una vida humana.

El Ministro del Interior Daniel Urresti tiene responsabilidad política directa sobre lo sucedido y debe responder por ello. Estas acciones de la policía que comanda, acompañada en este caso como en tantos otros similares por matones a sueldo, son consecuencia de un endurecimiento general de las prácticas represivas contra la población civil y una relajación de las normas que rigen el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas del estado, y no son hechos aislados.

Y también cabe preguntarse por el ejercicio de esta violencia contra las poblaciones empobrecidas en regiones marcadas por el conflicto social. No es difícil imaginar las dimensiones que adquiriría el escándalo de haberse producido estos sucesos en otro lugar del país, y de pertenecer sus víctimas a otro grupo social. Como están las cosas, tratándose de familias pobres en Cajamarca, es poco probable que la indignación llegue a mayores. Estamos demasiado acostumbrados a que el Estado peruano trate de esta manera a sus ciudadanos menos favorecidos.

Y eso es algo que no deberíamos permitir.

Fuente: redaccion.lamula.pe

Por: JORGE FRISANCHO


Nuevamente la empresa minera Yanacocha protagoniza un desalojo forzoso. Esta vez fue acusada por Segundo Lindorfo Bolaños Atalaya, comunero del Distrito de Sorochuco, que el pasado 19 de enero fue víctima de un violento desalojo de su predio ubicado en el sector Tragadero Grande – Las Posadas, muy próximo a la Laguna Azul, la misma que el proyecto Conga planea convertirla en botadero de relaves tóxicos. En el desalojo habría participado una docena de policías a ordenes de la empresa minera.

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Segundo Bolaños afirma que su propiedad de 6 hectáreas no ha sido vendida a Yanacocha; además denunció ser víctima de contaminación de sus fuentes de agua como consecuencia de los trabajos de exploración del proyecto Conga. A este hecho se suma a una serie de denuncias hacia minera Yanacocha por el despojo de tierras a comuneros de Cajamarca, como el caso de la familia Chaupe, vecinos de esta nueva familia afectada.

Estos hechos suceden luego que los funcionarios del Gobierno anunciaron que existen 32 comunidades que respaldan la ejecución del Proyecto Conga. La realidad muestra lo contrario; el pasado 16 de enero, pobladores de Celendín y Bambamarca se manifestaron masivamente en rechazo a este proyecto minero, demostraron una vez más que Yanacocha no tiene licencia social para su ejecución.

Aquí las declaraciones de Segundo Bolaños.

http://www.ivoox.com/minera-yanacocha-quita-terrenos-a-comuneros-celendin_md_2747833_1.mp3″

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