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16 humildes ciudadanos, entre ellos, algunos dirigentes ambientales tanto de Sorochuco como de Celendín – Cajamarca son objeto de una absurda denuncia debido a sus posturas en defensa del agua y por oponerse al Proyecto Conga.

Los procesados, quienes siempre se han opuesto al Proyecto Conga por las impactos negativos que ocasionaría y por defensa de las lagunas, son sospechosamente acusados por el hoy gobernador de Sorochuco, Luis Armando Castañeda Pisco, de haberlo secuestrado.

La denuncia del Gobernador

Los hechos se han producido en pleno conflicto Conga cuando los pobladores del distrito de Sorochuco, en Celendín, le exigieron al mencionado gobernador, que manifestara su postura respecto a este tema y que definiera si iba a estar a lado de su pueblo. Debido a ello se celebró una asamblea en la plaza central del distrito donde los ciudadanos expresaron sus preocupaciones y pese a que la gente estuvo enérgica al plantear sus preocupaciones al gobernador, dicha reunión se realizó de manera pacífica, no existiendo ninguna agresión en contra del mismo, menos aún hubo alguna retención como lo denuncia la citada autoridad, argumentando que la población lo habría secuestrado.

Pese a lo absurdo de la denuncia, Ruperto Alcantara, Fiscal de Celendín, arduo defensor del Proyecto Conga y del Presidente Humala, formuló acusación en contra de los 16 ciudadanos por los delitos de Secuestro agravado y coacción, pidiendo 35 años de carcel para cada uno de ellos.

Por la naturaleza del delito y la cantidad de implicados este caso fue declarado “complejo” o de gravedad, pasando a ser juzgado por una sala colegiada en la Corte Superior de Justicia Cajamarca, habiéndose dado inicio al inició juicio oral.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERALuego de una multidudinaria concentración en la Casa del Maestro, con harengas de los compañeros Milton Sanchez y Nicanor Alavarado, comuneros, ronderos, maestros y defensores del agua nos dirigimos a la Plaza Mayor para enrumbar finlamente hacia la fiscalía de San Cayetano en Celendin. De esta fiscalía salen numerosas denuncias contra los compañeros Wilson Cueva, César Estrada, Luis Mayta, Rodas (más de cién), Milton Sánchez, etc. Después de hacernos esperar mas de una hora bajo el sol ardiente, finalmente el fiscal Ruperto Alcántara (el mismo que en el caso Chaupe que se lleva ante el juzgado de Celendin, de conocida actuación) salió a oir las protestas y denuncias de los compañeros. Estos, legajo en mano, mostraban las injusticias de las cuales eran víctimas, al ser denunciados ante esta fiscalía, sin pruebas, sin defensa, después de haber sido agredidos o violentados ante los ojos de los fiscales que trabajan parcialmente. Se incriminó al fiscal trabajar directamente para los intereses del sector minero yanacochino. Luego de una áspera conversación, se llegaron a una serie de acuerdos firmándose un acta por la PIC, las Rondas Campesinas y el mismo fiscal:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– la fiscalía se compromete a respetar la jurisdicción rondera de acuerdo al art- 149 de la Constitución peruana, al art. 169 OIT y la ley de Rondas. Se hace hincapié en el art. 18.3 del código penal
-se compromete a garantizar que las investigaciones se hagan con el debido el respeto a los DDHH en el caso Conga
-archivamiento de los casos sobre denuncias por ejercer funciones juridiccionales de las rondas cuando no existan elementos probatorios

Cabe resaltar la impecable conducción por parte de Milton S{amchez y Nicanor Alvarado . El paro fue en todo momento pacífico. Así mismo, el amigo de la empresa Maná (venta de productos a base de coca) prestó su automóvil y megáfonos de manera desinteresada.

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