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Por Luis Hallazi*

22 de mayo, 2013.- A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa, la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado, pero además nos da la oportunidad de seguir desmitificando viejos discursos que de tanto repetirse van generando “verdades” incuestionables, dogmas económicos que operan sin ser sometidos a prueba científica alguna y que sin duda, no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones.

Una de esas viejas etiquetas es la de “Perú, un país minero” (1) mensaje que en sí mismo, contiene una fuerte carga discriminatoria que bajo la variable de mayor rentabilidad relega a otras formas culturales de generar bienestar social.

Esta presunción de universalidad lo que hace es reducir todas las diferencias culturales en un discurso que busca identificar a la minería metálica como la única forma de alcanzar el “desarrollo”, el “principal” medio para seguir generando este entusiasmo desmedido por el “crecimiento” económico; sin permitir otras definiciones de desarrollo o al menos asegurarse que el mensaje es entendido por los principales actores. Es decir, a través de meras palabras como “éxito”, “progreso”, “modernidad” se excluyen otras alternativas a ese tipo de desarrollo convencional y también se obstaculiza procesos de transición (2) que ya están en marcha ante la actual crisis energética, crisis climática y alimentaria en cada vez más lugares de Latinoamérica.

El modelo minero no dialoga, impone. En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, entorpece los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa, para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”.

Ese discurso del “país preminentemente minero”, es el mismo discurso de “comunidades agrarias” que Ollanta Humala intenta imponer para eludir el derecho a la consulta previa en comunidades campesinas de los Andes peruanos; es también el discurso de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva que reproducen las “ventajas” y “oportunidades” de dicho modelo.

Un discurso, pues, que goza de la máxima investidura en caso del Gobierno peruano y que sus funcionarios solo se prestan a poner en práctica sin la observancia de los derechos fundamentales. Como es lógico, una Ley como la consulta previa, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada a los derechos humanos de los pueblos indígenas, son meros obstáculos que el Estado está dispuesto a evadir, eludir e incluso a desconocer el mismo derecho que emana de su fuero.

Cuando los Derechos Humanos son un Obstáculo para los Estados

Para nadie es un secreto la fuerte presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas, especialmente la minería, sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Es increíble pero nadie cuenta la cantidad de conflictos ambientales en minería que hay en el mundo, ni el PNUMA ni el PNUD tiene cifras al respecto (3). En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha reportado a la fecha 154 casos de conflictos socioambientales de los cuales 112 están relacionados a la actividad minera (4); basta pues revisar las publicaciones de los diarios o de medios especializados (5) para observar una cantidad acumulativa de conflictos mineros con poblaciones originarias.

Muchos de esos casos se presentan de manera directa entre las empresas/Estados frente a los pueblos indígenas, sin intermediario alguno que permita que el conflicto se encamine a una solución justa y pacífica. Lamentablemente, la promoción de inversiones a cargo de los Estados, no solo se remite a ofrecer y promocionar una cartera de proyectos con las normas y procedimientos claros, sino más bien que los Estados a través del respectivo gobierno de turno, ofrecen una cartera de proyectos con acuerdos y asentimientos pre establecidos, sin consulta ni consentimiento previo de las poblaciones indígenas que recibirán los principales impactos; reducidos a una especie de lo que en derecho civil se llama contrato por adscripción.

El caso de Colombia (de quien ahora se busca imitar “el modelo” para destrabar proyectos (6)) muestra a través de un reciente informe sobre Minería en Colombia, elaborado por encargo de la Contraloría General de la Republica Colombiana, conclusiones claras como aquella que afirma que las actuaciones del Gobierno en el sector minería, están por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Una de las causas que el informe menciona es la “(…) indiscriminada dación de títulos mineros y el desarrollo expansivo de estas actividades que han venido violando, sistemáticamente, los derechos fundamentales y colectivos, desconociendo los procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos” (7). Aparentemente el modelo Colombiano es efectivo a la hora de “destrabar” proyectos más no si se trata de respetar los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con el derecho a la consulta previa, donde somos inducidos a pensar que el desarrollo de este derecho en Colombia es también un “modelo” a seguir(8).

Se nos dice que Colombia viene realizando consultas desde 1994 y que a mayor cantidad de procesos se consulta que ha tenido este país, han sido también mayores los acuerdos que se han obtenido con los pueblos indígenas; todo esto presentado como garantía al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y además se asegura que ese mismo año, se tuvo el record histórico de inversión extrajera directa. Lo que no se menciona es que la legislación de consulta previa es deficiente y está enmarcado en el Ministerio del Interior precisamente para agilizar los procesos de consulta y convertirlos en meros tramites, desnaturalizando su contenido, a pesar de que algunos de esos procesos terminan tutelados por la Corte Constitucional de Colombia que lamentablemente, no puede garantizar el derecho a la consulta previa en todos los demás procesos.

Sin embargo, no solo es el caso de países políticamente conservadores y económicamente neoliberales como Colombia y Perú. Esta tensión por los recursos naturales, entre pueblos indígenas y Estados Latinoamericanos, también alcanzan a Gobiernos con constituciones tan progresistas como la de Ecuador de 2008, donde no solo se reconoce el derecho a la Consulta Previa (art. 57 numeral 17) sino también se le otorgan derechos a la Naturaleza (art. 71); claro que todo es letra muerta cuando el Estado invoca el “interés nacional” o la “necesidad pública” de las actividades extractivas para su explotación (9).

En cuanto al derecho de consulta el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha observado que el Estado ecuatoriano debe iniciar procesos de consulta antes de la aprobación de normas como el Código de Minería que recientemente se quiere modificar(10), la Ley de Recursos Hídricos y el Código Ambiental donde se pretende seguir imponiendo proyectos extractivos y leyes sin consulta alguna.

Ante este contexto, lo más reciente que ofrece la fallida implementación de consulta previa en Perú, la cual busca excluir a los proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran totalidad no son pueblos indígenas, ponen en evidencia esa misma lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero.

Que después se haya ido devaluando en versiones como los 32 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas solicitó información para saber sobre la existencia de pueblos indígenas (11) y que finalmente sean 14 proyectos los que si necesitan de consulta previa, según el Viceministerio de Interculturalidad, son cuestiones anecdóticas. No hay documentación al respecto y como es lógico, los nombres de los proyectos, es secreto de Estado; razón suficiente para presumir que todos los proyectos están obligados (previa verificación de derecho) a someterse al proceso de consulta previa.

Sin embargo, también debemos presumir que no solo son 14 proyectos, ni 32 los que necesitan de consulta; para ello es necesario saber con exactitud cuántas comunidades campesinas existen en el Perú y en cuántas de ellas hay una solicitud de concesión minera, así también cuántas están en situación de exploración, ampliación o explotación minera. Una vez realizada esa tarea someter a cada caso a un test de consulta por parte de una institución estatal imparcial, de la que actualmente carecemos.

Como vemos, la actual situación de latente vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas precisa de una alarma constate, en la medida que son ya muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas.

Los Estados si es necesario, declaran el Estado de Emergencia, como en el caso del Gobierno de Guatemala, donde su presidente el ex militar Otto Pérez Molina, declaró en Estado de Sitio los departamentos de Jalapa y Santa Rosa para reprimir al pueblo indígena Xinca (12), en defensa directa de los intereses del proyecto minero San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, lo cual nos lleva a recordar similar medida en el caso Conga.

En definitiva la realpolitik nos muestra una situación crítica, donde los mecanismos de defensa del derecho internacional van por detrás de historias de injusticia y despojo que las poblaciones originarias vienen acumulando, es pues la trivialización de los instrumentos económicos y jurídicos a disposición de ese mercado llamado minería.

Notas:

(1) En la versión de Alan Garcia “El Perú no es un país agrario sino eminentemente minero” Diario La Primera, El Perú es minero, no agrario”, 11-09-2010http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-per-es-minero-no-agrario_69937.html

(2) Los movimientos de incitativa de Transición están emergiendo principalmente en Europa se configuran como propuestas creativas a la crisis energética o climática.

(3) Martínez Alier Joan ¿Cuánto Coflictos mineros hay en el mundo?http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cuantos_conflictos_ambientales_por_mineria_hay_en_el_mundo

(4) Reporte de Conflictos Sociales N.- 110 – Abril 2013:http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-110-Abril-2013.pdf

(5) Observatorio para los conflictos de minería en América Latina OCMALhttp://www.conflictosmineros.net/home

(6) Declaraciones de la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino ahora flamante presidenta de la Sociedad peruanos de Hidrocarburos: http://www.larepublica.pe/07-03-2013/nombran-beatriz-merino-como-presidenta-de-la-sociedad-peruana-de-hidrocarburos

(7) Informe de la Contraloría de la Republica Colombiana:http://www.rebelion.org/docs/167838.pdf

(8) Declaraciones del Adjunto para Pueblos Indígenas … entrevista en Rumbo Económicohttps://www.youtube.com/watch?v=q_FmXoM0Utg

(9) En el caso de la Federación del Pueblo Shuar (FIPSE) con la compañía petrolera ARCO, el Estado Ecuatoriano arguyo que “los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos son motores del crecimiento económico y por tanto obedecen al interés de desarrollo nacional”.

(10) Gobierno ecuatoriano evalúa reformas a Ley Minera para impulsar el sector.http://www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/12970-gobierno-ecuatoriano-evalua-reformas-a-ley-minera-para-impulsar-el-sector

(11) El Comercio, Gobierno sabe que 14 proyectos mineros requieren consultahttp://elcomercio.pe/actualidad/1572596/noticia-mapa-gobierno-sabe-que-14-proyectos-mineros-requieren-consulta

(12) Guatemala: Violación a los derechos humanos, durante Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/1728-guatemala-violacion-a-los-derechos-humanos-durante-estado-de-sitio-en-jalapa-y-santa-rosa

*Luis Hallazi es abogado, actualmente asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.com



El último 02 de febrero los representantes de la comunidad de San Juan Bautista de Cañaris, las autoridades regionales de Lambayeque y los del Gobierno Central se reunieron en una mesa de diálogo para abordar la problemática antiminera que se registran en la zona. Todos acordaron continuar con estos mecanismos de diálogo.

Sin embargo, el presidente de la comunidad campesina de Cañaris, Cristóbal Barrios, no firmó los acuerdos establecidos en este primer encuentro porque considera que “en ellos no han quedado plasmados nuestros reclamos que consisten en la suspensión de las operaciones de la minera Candente Copper”, como recoge el diario El Comercio.

Las autoridades de Cañaris aseguran que la minera Candente Cooper no puede seguir explorando la zona porque el 06 de enero del 2009 se venció el plazo que le otorgó la comunidad. Según consta en Registros Públicos, en enero del 2008 la comunidad de Cañaris autorizó por un año a Exploraciones Milenio (hoy Cañariaco Cooper) el uso de la tierra superficial para la exploración y trabajos de estudio de impacto ambiental.

Por su parte, la empresa minera afirma que la comunidad fue nuevamente consultada en una asamblea que se realizó en julio de 2011. No obstante, en dicha asamblea solo participaron 725 personas, pero el padrón electoral de la comunidad registra a 3 mil 480 comuneros.

 
Fuente: Actualidad Ambiental – SPDA – http://www.actualidadambiental.pe/?p=17805

Los conflictos sociales han dejado en los últimos cinco años la alarmante cifra de 218 muertos y 3,000 mil heridos, señala el Defensor Adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque. La mayoría de conflictos en el país son producidos por la actividad minera, que tiene una legislación que impulsa dicha actividad, pero que no prevé con la misma disposición los derechos de las comunidades y poblaciones con respecto al agua, la agricultura y los bosques.

¿Cuál es su análisis de los conflictos sociales surgidos este año en el país?
—Los conflictos socioambientales, como en años anteriores, pueden llegar a niveles de escalamiento de violencia muy serios. Nos sigue preocupando la cifra de personas muertas y heridas, de enero de 2007 a la fecha han muerto 218 personas en conflictos sociales y más de 3 mil personas resultaron heridas. El año también estuvo marcado por el caso Conga, principalmente por el caso Espinar y el proyecto minero Quellaveco, en Moquegua.

—¿Qué conflictos acumulados nos traerían más problemas para el próximo año?
—El caso Majes Siguas, que explica una disputa por el recurso hídrico entre Cusco y Arequipa. También lo sería el caso Kañaris en la sierra de Lambayeque, que enfrenta actualmente a las comunidades de Kañaris y la compañía minera canadiense Candente Cooper (por el proyecto minero “Cañariaco”). Otro es el caso Conga, que está cerrado y exigirá al Estado tomar decisiones adicionales.

—¿Por qué hay serias diferencias en los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales del Ejecutivo? La PCM dice que son 20 conflictos resueltos y ustedes 5 casos.
—Hay diferencias en la forma de entender la conflictividad y las formas de medirla. En primer lugar, la Oficina de Diálogo considera que hay diferencias, controversias y conflictos sociales, eso lo ubicamos en la etapa temprana del conflicto, es decir, cuando identificamos que las partes tienen intereses contradictorios. Es importante considerarlo así para identificar el conflicto lo más temprano posible y encausarlo por la vía del diálogo o de la ley.

Consideramos también conflictos latentes, que son los que no se han manifestado de forma pública o que, habiéndolo hecho, han decaído el interés de ambas partes por mantenerlo vivo.

—¿Qué otros sistemas de medición consideran a diferencia de la oficina de conflictos del Ejecutivo?
—La segunda diferencia es que la Defensoría considera los conflictos comunales por límites, electorales y de gestión pública, como la utilización adecuada del canon, infraestructura educativa y casos de corrupción, que hay en gobiernos regionales y locales.

Una tercera diferencia es que la Defensoría hace un recojo de la información más completa porque tenemos 38 oficinas a nivel nacional y unidades móviles que se desplazan hasta los pueblos más alejados. La PCM recién está terminando de conformar sus equipos a nivel nacional y se sustentan principalmente en lo que les proporciona el Servicio de Inteligencia o los gobernadores.

—Pero la PCM usa como referencia las cifras de sus informes y se supone que tiene personal capacitado para dar una cifra verídica.

saludamos que la Oficina de Diálogo haya presentado un informe, antes de ello no se tenía conocimiento de cuántos eran los conflictos y de qué trataban. Como acto de transparencia y rendición de cuentas frente a la población, es un paso muy importante. La Defensoría pone mayor acento en los derechos de las personas porque nos preocupan las demandas sociales, y la Presidencia del Consejo de Ministros, más en el tema político.

MINERÍA

—En diciembre de 2011, 126 casos fueron conflictos socioambientales y en noviembre de este año, 107 por minería. ¿Esas cifras han variado?
—Los conflictos por lo general se incrementan, pero de junio a diciembre de 2012 han disminuido en 17 casos. Cuando se produce el fin de año disminuye el conflicto porque los dirigentes sociales antes de iniciarlo hacen un análisis de cuál es la mejor oportunidad, por ejemplo, antes o después del mensaje presidencial.

—Son 107 casos que indican que los conflictos sociambientales por minería tienen el más alto índice. ¿Por qué?
—Porque hay un marco legal que facilita las inversiones en el país y en consecuencia las empresas llegan para hacer los análisis sociales y económicos. Las inversiones son cuantiosas y van de 100 millones dedólares para arriba, ello implica una confrontación de intereses con los sectores que buscan proteger su actividad agrícola, ganadera, fuentes de agua y bosques.

—Justamente el Ministerio de energía y Minas prevé una inversión de más de US$ 50 mil millones solo en el sector minero, ¿por qué a mayor inversión minera en el país hemos tenido como resultado mayores conflictos sociales?
—La inversión por lo general despierta dos reacciones: de expectativa respecto a lo que la inversión puede generar como proyecto de vida y de temor a que los derechos de los pobladores a un ambiente sano, a lasalud y Educación, no sean respetados y protegidos.

—Con los daños inminentes de la actividad extractiva y el alto impacto social y ambiental, ¿cuál es el rol del Estado?
—El Estado debe ser fuerte en su capacidad de supervisar y fiscalizar la actividad minera o cualquier otra actividad extractiva. Un Estado débil no es un Estado que convenga a la inversión. Si el Estado es débil y la legislación incompleta, las compañías mineras deben autorregularse elevando sus estándares ambientales y sociales para alcanzar mayores niveles de confianza.

CASO CONGA

—¿El conflicto de Conga ha disminuido por causas naturales o por un proceso real de solución?
—Tanto la empresa como el gobierno tomaron la decisión de suspender el proyecto, pero no existe una expresión legal ni formal de esa decisión. El diálogo se rompió en diciembre del año pasado y hasta ahora las partes no se han sentado a dialogar, al contrario fue un año de enfrentamiento público y político, con muertos y heridos, eso debe dar paso a una demostración de responsabilidad y diálogo.

—Hubo acuerdo, pero eso no es sinónimo de estar camino a la solución del conflicto, pues las protestas continúan.
—El caso Conga no se ha resuelto. Las movilizaciones han disminuido ostensiblemente y los grupos ahora son más pequeños, pero siempre están atentos a lo que pasa en Cajamarca.

—Pero aún hay más de 500 ronderos vigilando lagunas y representantes de Yanacocha, según testimonios de los pobladores, azuzan a los cajamarquinos para desalojar tierras.

—Todavía hay un factor de tensión en la zona porque el caso no se ha resuelto, se ha estabilizado de algún modo y se está evitando la confrontación violenta entre la población y las fuerzas del orden.

CASO TÍA MARÍA

Southern Cooper anunció la viabilidad del proyecto Tía María y la comunidad de Islay lo rechazó. Días antes el ministro Merino dijo que es un proyecto irrenunciable. ¿Cómo tiene previsto la Defensoría neutralizar un conflicto eminente entre las partes?

—En términos condicionales, si la empresa muestra información transparentemente, presenta sus estudios de impacto ambiental conforme a las exigencias establecidas en la ley y demuestra que no habrá impacto grave en el ambiente, se puede iniciar una nueva relación entre la empresa y la población de Islay.

—No es lo que piensa la población sobre la credibilidad de la compañía Southern Cooper y la Defensoría debería estar preparada para un conflicto.
—Sí, frente a estos casos sabemos perfectamente cuál es la situación en Islay y estamos preparados para una intervención, pero a la vez tenemos que tener buena fe para ver si hay una posibilidad de entendimiento.

—Es poco probable que los pobladores de Islay crean que Southern Cooper presentará un nuevo EIA transparente, ¿qué acciones tomarán como intermediarios ante una eventual confrontación?

-Revisaremos, dentro de nuestras posibilidades, el Estudio de Impacto Ambiental, a qué distancia se tomarán las aguas y qué tipo de tecnologías utilizarán. Haremos lo posible para que el estudio sea difundido de forma sencilla y el Ministerio de Economía y Finanzas diseñe formas de discusión del documento. Además, tomaremos suma precaución sobre el comportamiento de la Policía Nacional, ya que el uso de su fuerza en el país dejó demasiados muertos y heridos.

MIRANDO EL 2013
Conflictos en la mira

CONGA. El proyecto Conga tiene una inversión de 4,800 millones de dólares y extraerá principalmente oro. Las protestas han cobrado la vida de 5 personas y se trajo abajo a 2 gabinetes ministeriales. Actualmente está en la etapa de construcción de reservorios y momentáneamente suspendido.

MAJES SIGUAS. La región de Arequipa y la provincia de Espinar, en Cusco, mantienen una disputa sobre la puesta en marcha de la construcción de la represa de Angostura para el proyecto Majes Siguas y que, según el Gobierno del Cusco, pondría en peligro la disponibilidad del recurso hídrico para Espinar.

TÍA MARÍA. El proyecto Tía María de SouthernPerú Cooper está en la quebrada Cachuyo, en la provincia de Islay, en Arequipa. Los cuestionamientos al proyecto son por la contaminación que implicaría al valle del río Tambo, principal zona de irrigación, por extraer cobre.

KAÑARIS. Pobladores de Kañaris, en Lambayeque, rechazan que la compañía Candente Cooper extraiga cobre, oro y plata porque afectaría principalmente la cabecera de cuenca del río Kañaris. Una consulta popular de octubre de este año arrojó que el 95% de los comuneros rechazó el proyecto minero Cañariaco.

OPTIMISMO
Consulta previa

-¿Qué nos traerá la aplicación de la Ley de Consulta Previa?
-La consulta previa es el mecanismo de inclusión política y social más grande que hubo. Por primera vez en la historia las comunidades relegadas tendrán la oportunidad de intervenir respecto a un proyecto o norma y el Estado tiene que prepararse para que el mecanismo funcione con una base de datos actualizada para saber cuáles son pueblos indígenas, con estudios sobre cómo funciona la cultura de las 75 etnias que hay en el país y entrenando a los funcionarios del Estado en diálogo intercultural.

-Pero la Ley de Consulta Previa tiene serios cuestionamientos que fueron llevados ante la Comisión Interamericana de derechos humanos por los indígenas que no creen que se cumplirá. ¿Existe un real proceso de consulta?
-Hay que verlo prácticamente. Tenemos un marco jurídico que ha sido cuestionado y observado, primero pasemos por la experiencia de la consulta previa y ello nos indicará si la ley necesita ser reformada.

-Con el inicio de la buena pro de los lotes petroleros (segundo semestre de 2013) habrá consulta previa ¿La Defensoría del Pueblo realizará algún informe para el gobierno sobre las comunidades a consultar?
-La Defensoría estará presente en los procesos de diálogo, haremos una etapa de evaluación del derecho de consulta y seremos un factor de equilibrio en los procesos de diálogo intercultural. También seremos el garante moral del cumplimiento de la norma dentro de los estándares planteados por la Organización Internacional del Trabajo.

Marita Samanez
Redacción

 

Autoridades de la PCM y de la Defensoría del Pueblo hicieron una revisión a su gestión en este año

 BALANCE 2012: Pese a reducción de conflictos sociales, Conga es una tarea pendiente
 
SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ @Shebas07
Redacción Online

Uno de los puntos flacos del Gobierno durante este año ha sido la resolución de los conflictos sociales. Tras las muertes ocurridas en Espinar(Cusco) y Cajamarca, el Ejecutivo decidió aplicar con mayor intensidad la política de prevención; sin embargo, el futuro del proyecto Conga, el caso emblemático que ha tenido que afrontar este gobierno, todavía está pendiente.

Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, son 230 casos, entre activos y latentes, los que se mantienen en su lista hasta noviembre. Esta cifra, que significa el descenso en 17 conflictos en seis meses, está lejos de la presentada por el Ejecutivo, que solamente reconoce 66.

Las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Defensoría del Pueblo y del Congreso hacen un balance y analizan la política de la administración humalista en la prevención y resolución de conflictos sociales.

IMPROVISACIÓN PERMITIÓ CONGA
Para el congresista de Alianza por el Gran Cambio, Juan Carlos Eguren, el desborde de las protestas en Espinar (Cusco) y Cajamarca —ambas declaradas en estado emergencia en junio y julio, respectivamente— se debió a la “inexperiencia” y “al doble discurso sobre la minería, uno en campaña y otro en el Gobierno”, del presidente Ollanta Humala.

En diálogo con elcomercio.pe, el dirigente del Partido Popular Cristiano (PPC) sostuvo que recién “se ve organizado” el trabajo de prevención de conflictos, porque al inicio del quinquenio humalista se notó “cierto nivel de improvisación”.

“Hubo un mal manejo del Gobierno por la inexperiencia y el doble discurso (…) Posteriormente, hemos tenido una posición firme y seria de parte del Ejecutivo en defensa de la generación de empleo y, en paralelo, se fortaleció el rol que le corresponde al Estado desde el punto de vista de ser muy exigente en materia de medio ambiente”, dijo.

Desde la Defensoría del Pueblo, el abogado Rolando Luque, encargado de la prevención de conflictos, sostuvo que en el caso Conga se desaprovecharon dos momentos.

“Se cortó el diálogo y no se pudo suscribir un acta que creaba dos grupos de trabajo para ver el tema ambiental y el de desarrollo. Luego, el peritaje realizado no fue concordado entre las partes para elegir a los peritos. De haberlo hecho se comprometía a las partes a respetar el resultado”, dijo en entrevista con El Comercio.

Tras la suspensión temporal de Conga, opinó Luque, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, “no solo tiene que explicarle” a la ciudadanía las denuncias que le han planteado y sus móviles políticos, sino también cuál es el proyecto de desarrollo alternativo a la minería que él propone.

QUELLAVECO, EL MODELO A SEGUIR

Luque, además, sostuvo que el manejo del proyecto Quellaveco, en Moquegua, donde las comunidades y la empresa Anglo American llegaron a un acuerdo para su ejecución, es un modelo a seguir “en el sentido de la participación de un amplio sector de autoridades, de la sociedad y del sector privado”.

El funcionario de la Defensoría destacó el liderazgo político del presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, en la solución del conflicto.

“También es un modelo por el liderazgo que tuvo el presidente regional, que era quien convocaba a las reuniones; y por el trabajo de Anglo American, que mostró de manera transparente su información y estuvo presente todo el tiempo absolviendo dudas de la población”, aseguró.

“Los liderazgos políticos fuertes son claves para solucionar un conflicto. Permiten cohesionar al grupo en torno a una figura confiable. El presidente regional de Moquegua lo es. Así los liderazgos radicales se convierten en una minoría que buscará interferir en las conversaciones, pero serán desplazados por el liderazgo fuerte”, añadió.

ATENCIÓN OPORTUNA
El factor común de la aparición de los conflictos sociales es la falta de presencia del Estado en las comunidades, aseguró el jefe de la Oficina de Diálogo Nacional de la PCM, Vladimiro Huaroc, quien también dijo que las empresas “deben modificar su relación con la población y entender que esa relación es muy delicada”.

“Estamos hablando de población pobres, que han construido conciencia ambiental, se han organizado en redes, valoran el agua y medio ambiente y necesitan ser partícipes de los beneficios que generan estas inversiones. (…) El Estado debe ser un agente importante en la prevención teniendo presencia, resolviendo y atendiendo oportunamente a su población”, señaló en entrevista con Canal N.
Huaroc, además, explicó porqué las cifras de la PCM y la Defensoría del Pueblo en relación al número de conflictos sociales son diferentes.

“Para nosotros no todas las tensiones sociales son conflictos. Hay tensiones sociales que tienen una definición de controversia y diferencia y otras que llegan a ser conflicto cuando rebasan el orden institucional y llegan a un nivel de violencia y confrontación. Entonces, hacemos esa diferenciación y eso nos ubica mejor en el tratamiento”, detalló.

En esa línea, dijo que de los 66 conflictos registrados por su oficina, 21 están relacionados a la minería y que otro número importante tiene que ver con la industria petrolera, gasífera y maderera. “El 72% de los 66 tienen que ver con la industria extractiva. Por ello, es necesario mejorar la relación empresa, comunidad y Estado. Este triángulo tiene que funcionar de manera más efectiva y solidaria”, manifestó.

LA INTENSIDAD DEL CONFLICTO
Y si bien, la Defensoría del Pueblo reconoce que durante los últimos seis meses el número de conflictos sociales ha bajado en 17, Luque sostuvo que no se puede cantar victoria.

“A partir de junio han disminuido (los conflictos), mes a mes descendieron, pero no hay que cantar victoria porque en el Perú nunca se sabe. Hemos retirado 17 casos de la lista de la defensoría. El número de conflictos no es tan importante como la intensidad que puedan alcanzar”, comentó.

Bajo esa lógica, el congresista Juan Carlos Eguren recordó que no solamente Conga se encuentra paralizado, sino también los proyectos Tía María y Majes Siguas. “Ha sido un año muy negativo para el Gobierno en el manejo de los conflictos. Hay muchos proyectos mineros que se encuentran detenidos”, expresó.

Finalmente, dijo que el reto de la administración humalista para los próximos años será dejar atrás el doble discurso y las marchas y contramarcha, a fin de posibilitar un clima de paz social para que las inversiones se ejecuten en nuestro país.

¿Y tú cómo calificas la gestión de conflictos sociales del Gobierno?

 

 
Enero

27 muertos deja el incendio en un centro de rehabilitación para drogadictos en San Juan de Lurigancho. En abril otro incendio cobrará otras 14 muertes en otra comunidad terapéutica Chosica. Las ciudades peruanas no están preparadas para estos siniestros que a lo largo del año generarán mucha destrucción en lugares como Iquitos, Sullana y también en Lima. En relación a las comunidades terapéuticas, el gobierno emitirá en junio un reglamento para garantizar los derechos de las personas internadas.

Es publicada la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, que detalla las competencias y procedimientos de los Jueces de Paz, les otorga el derecho a contar con un seguro de vida, la inscripción en el SIS y que el Poder Judicial asuma el pago de los exhortos. En junio se concluye la redacción del reglamento de la norma, pero el Ministerio de Justicia no la promulga.

El Ministerio de Salud intenta disminuir el consumo de gaseosas y comida chatarra entre los niños, a lo que se suma después la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Los fabricantes de dichos productos promueven una ofensiva publicitaria asegurando que defienden el derecho de los padres de elegir cómo alimentar a sus hijos, sin reparar que las alarmantes cifras de obesidad infantil revelan la pérdida de autoridad de muchos padres para hacerlo.

Febrero

Muchas personas reaccionan indignadas cuando un adolescente lanza un insulto racista en un cine de Chorrillos, sin reparar que estos hechos se producen todos los días, en colegios, comisarías, hospitales, empresas privadas, etc.

En este contexto de doble moral, se presenta la película Choleando, que muestra el racismo como una situación extendida y permanente. En marzo, la Defensoría del Pueblo anuncia que se difundirá a nivel nacional, como parte de la campaña contra la discriminación, logrando que la vean miles de policías, escolares y funcionarios público.

 
La Municipalidad de Lima abre una oficina para apoyar legalmente a las víctimas de accidentes de tránsito. Al finalizar el año, la Defensoría del Pueblo señala que las principales compañías de seguros tienen elevadas deudas a clínicas y hospitales por razón del SOAT… y que los hospitales estatales elevan sus tarifas en estos casos, haciendo que la cobertura de las víctimas disminuya.

Marzo

Carlos Lanci, Julio Ticona y Francisco Areque, que participaban en protestas en Puerto Maldonado en defensa de la minería informal, son los primeros muertos por la violencia policial en el 2012. Al finalizar el mes se incorporan a la lista Christian Alvarado y Luis García Guerrero, fallecidos durante un violento enfrentamiento de la policía con pescadores que incendiaron la comisaría de Sechura e hirieron de gravedad al comisario César Castro.

El Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, el Centro Cultural de la Universidad Católica y diversas organizaciones de la sociedad civil realizan acciones alusivas al Día Mundial contra la Discriminación Racial. El congresista Leonardo Inga presenta el Proyecto de Ley 756 contra la discriminación, pero lamentablemente, a lo largo del año la discusión al respecto no avanza.

El Ministerio de Educación comienza el programa Escuelas Marca Perú, invirtiendo en más de 1,000 colegios que son los más pobres del país.

Abril
La policía mata al pescador Robert Castillo y al adolescente Roberto Ramos, de 15 años, durante las protestas de los pescadores de Paita que exigen el incremento de la cuota de merluza. En realidad, el incremento estaba autorizado, pero el Ministro de la Producción, José Urquizo, se marchó del país por una semana sin firmar la resolución. Paita sufre una represión brutal e indiscriminada, como en los meses siguientes padecerían Espinar, Celendín y Bambamarca. Muchas personas quedan heridas de gravedad. Hasta la fecha ninguna ha recibido apoyo de las autoridades para su tratamiento o rehabilitación.

Fallecen dos arequipeños con posiciones totalmente opuestas sobre los derechos humanos y la democracia: Jorge Santisteban de Noriega y Andrés Bedoya Ugarteche. Por ironías del destino, ambos son velados en la misma iglesia, con pocas horas de diferencia.

Después de años de indiferencia, la situación del VRAE llama la atención de la opinión pública, especialmente después que decenas de trabajadores son secuestrados por terroristas. Los rehenes son liberados, pero son retenidos por la policía un día más, hasta que el Presidente Ollanta Humala, de viaje en Venezuela, pueda tomarse una foto con ellos. Sucesivos ataques terroristas causan la muerte de varios policías y militares. Otros son abandonados a su suerte y ni siquiera las autoridades disponen la búsqueda de sus cuerpos. De esta manera, el señor Dionisio Vilca tuvo que internarse en la selva hasta ubicar el cadáver de su hijo, el suboficial César Vilca.
Se promulga el reglamento de la Ley de Consulta Previa, que es cuestionado por varias organizaciones. Pese a ello, el Viceministerio de Interculturalidad comienza la formación de los intérpretes en idiomas indígenas. La Municipalidad de Lima consulta a los shipibos de Cantagallo sobre su traslado a un lugar más seguro.

La Municipalidad de Chaclacayo promulga su Ordenanza contra la discriminación.

Mayo

Conmoción en Espinar: la policía mata a los campesinos Walter Sencia y Rudecindo Manuelo al reprimir las protestas contra la contaminación que origina la empresa minera Xstrata. Decenas de personas son detenidas y conducidas al campamento de la empresa. Lo mismo ocurre a Jaime Borday Romualdo Ttito, integrantes de la Vicaría de Sicuani, a quienes se acusa inicialmente de portar armas para los manifestantes. Todos son golpeados ante la indiferencia de varios fiscales. Jamás un integrante de un organismo de derechos humanos había sufrido estas vejaciones.

La Municipalidad de Miraflores sanciona con siete días de clausura a la discoteca Gótica por impedir el ingreso a Godfrey Arbulú. Por su parte, la Municipalidad de Abancay sanciona a la Universidad Alas Peruanas por una oferta de empleo que discriminaba por edad y a una agencia de empleo y una clínica que exigían “buena presencia”.

Rechazo generalizado ocasiona la sanción del cardenal Juan Luis Cipriani contra el sacerdote Gastón Garatea, conocido defensor de los derechos humanos, a quien se le prohíbe decir misa en Lima.

La Municipalidad de Lima convierte a la antigua Casa Rímac en un centro de exposiciones fotográficas ligadas a la problemática de los derechos humanos y la exclusión.

Junio

El gobierno se comporta con la provincia de Espinar como si fuera territorio enemigo: establece el Estado de Emergencia, congela las cuentas de la Municipalidad y detiene al alcalde Oscar Mollohuanca, vinculándolo a los hechos de violencia que él trataba de impedir. Siguiendo una arbitraria disposición judicial, se traslada a Mollohuanca a Ica donde el obsecuente Ministerio Público pide para él seis meses de prisión preventiva, sin fundamento alguno. Los magistrados de Ica que disponen su liberación son a su vez investigados por el propio Poder Judicial, como si hubieran incurrido en una infracción. El mes anterior, Mollohuanca ya había sido víctima de un perdigón disparado por la policía.

La Defensoría del Pueblo pide públicamente que se sancione con severidad a los policías responsables de torturas y malos tratos a los ciudadanos. Al día siguiente, una integrante de la Defensoría, la abogada Genoveva Gómez, es brutalmente golpeada por los policías de la Primera Comisaría de Cajamarca. Jamás había ocurrido algo así en todos los años de historia de la Defensoría del Pueblo, pero la violencia policial se encuentra totalmente desbordada en Cajamarca.

El programa Radicales Libres, el único espacio en la televisión donde se hablaba de derechos humanos, racismo y contaminación ambiental es abruptamente cancelado por RBC.

En este contexto dramático, el Congreso ratifica la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.

Julio

El gobierno cada vez comete más violaciones a los derechos humanos: la policía mata en Bambamarca a Joselito Vásquez y en Celendín a Eleuterio García, José Faustino Silva, José Antonio Sánchez así como a César Medina, de solamente 16 años. Días después, en plena Plaza de Armas de Cajamarca es detenido Marco Arana. Los policías lo golpean salvajemente ocasionándole varias fracturas. Es liberado al día siguiente. La acción genera tanto descrédito para el gobierno que aún se especula si se trató de una torpe maniobra dispuesta al más alto nivel o un exabrupto de algunos torpes policías.

Cuando las cosas parecen marchar solamente hacia peor, el Presidente decide cambiar al Primer Ministro Oscar Valdés por Juan Jiménez Mayor y al controvertido Ministro del Interior Wilver Calle por Wilfredo Pedraza, con mucha experiencia en temas de derechos humanos, que anuncia claramente que no habrá más muertos en protestas sociales. Sin embargo, a fines de mes es detenido y torturado el joven periodista de Celendín Jorge Chávez Ortiz.

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho publica su Ordenanza contra la discriminación.

Agosto

El Ministerio del Interior dispone el cese de Jaime Gonzales como jefe policial de Cajamarca, quien autorizó todos los crímenes cometidos en meses anteriores. Las tensiones en la región disminuyen con el anuncio de Yanacocha que suspenderá el proyecto Conga

En Espinar fallece Félix Yauri, otro de los heridos por la represión policial de mayo. La empresa Xstrata anuncia que dará un fondo de 500,000 soles para las familias de las tres personas muertas. Los Ministros de diversos sectores y la empresa participan en el diálogo con la población de Espinar.

Pese a los anuncios del Ministro Pedraza, la policía mata en Monzón (Huánuco) a Juan Espinoza y Rider Roque, quienes participaban en una protesta contra la erradicación de cultivos de coca.

La población de Moyobamba protesta contra una periodista que lanza expresiones racistas contra los pueblos indígenas en un programa de la televisión local, que finalmente es cancelado.

Muere la antropóloga italiana María Heise, pionera de la interculturalidad en el Perú.

Septiembre

El caso de la niña Soraida Caso, aparentemente muerta por acción de las fuerzas de seguridad conmueve de manera inusual a la opinión pública. En cambio, la muerte del campesino Nemesio Poma, que participaba en las protestas contra la empresa Barrick recibe la indiferencia de siempre.

El Tribunal Constitucional declara que la comunidad nativa de Tres Islas (Madre de Dios) tiene el derecho de impedir el ingreso a madereros ilegales y mineros informales. Se reafirma la autonomía de las comunidades nativas, un importante precedente para muchas otras comunidades afectadas por intrusos.

Entretanto, en las alturas de Lambayeque, los campesinos de la comunidad de San Juan de Cañaris rechazan las actividades mineras que la empresa Candente proyecta llevar en sus tierras. La insistencia de la empresa y su intento de manipular a la población llevará a fuertes tensiones en los meses siguientes.

Sorpresivamente fallece Pilar Coll, quien fue la primera Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en los difíciles años ochenta. Ella mantenía un valioso trabajo de promoción de los derechos humanos y realizaba actividades pastorales en las cárceles peruanas hasta dos días antes de su muerte.

Octubre

Una intervención policial improvisada en La Parada origina una agresiva respuesta de los comerciantes, respaldados por grupos de delincuentes. Dos de ellos, Kenji Castro y Gino Cárdenas mueren, en medio de violentos enfrentamientos. Días después, la Municipalidad de Lima y la Policía logran desalojar a los comerciantes sin usar violencia, pero dentro del mercado mueren dos personas en circunstancias ajenas al desalojo. Por toda Lima se difunden falsos rumores de saqueos, que causan pánico. Por su parte, muchas personas de diversos sectores sociales proclaman que les causa más tristeza la muerte de una yegua que las cuatro personas fallecidas.

Muere el dirigente cocalero Iburcio Morales después de un año de pedir un indulto humanitario o una orden de comparecencia. En plena agonía estaba esposado a su cama del hospital.

Se realiza un nuevo Operativo Cuerazos Peruanos en el Jirón de la Unión, esta vez para denunciar la publicidad racista de las tiendas Oeschle, Ripley y Saga Falabella.

RENIEC elabora varios documentos para que los registradores se familiaricen con los nombres indígenas. Los primeros textos publicados se refieren a los nombres en awajún y en quechua.

Noviembre

Mientras se reabre el proceso por las esterilizaciones forzadas a miles de campesinas e indígenas amazónicas durante el régimen de Alberto Fujimori, Marco Alvarez, alcalde de San Borja, es absuelto de los cargos de desaparición forzada de varias personas en Huancavelica, que le atribuyen los organismos de derechos humanos.

Se anuncia que las víctimas de la violencia política tendrán una reparación de 5,000 soles, que es realmente reducida para quienes quedaron afectados durante toda una vida.

Comienzan las transmisiones en quechua en Radio Nacional y en el programa Miski Taki, en TV Perú, también se da inicio a las clases en ese idioma.

La Municipalidad de Pueblo Libre promulga su Ordenanza contra la discriminación. En ese distrito se realizará el primer Operativo La Gentita que muestra la manera en que las personas reaccionan frente a una situación de discriminación.

La destrucción del Callejón El Buque muestra la indiferencia de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura en relación al patrimonio arquitectónico de los Barrios Altos. Semanas después, sin embargo, la Municipalidad inaugura el nuevo Museo Bodega y Quadra que muestra la vida en Lima en los últimos cinco siglos. Otra obra importante para el Centro Histórico es la peatonalización del Jirón Ica-Ucayali. Desde el sector privado destaca la restauración del Palais Concert por Ripley y de la Casa Welsch por Starbucks. Sin embargo, la hermosa Casa Courret ha quedado afectada por una desatinada intervención durante la Bienal de Fotografía de Lima.

Diciembre

Miles de personas participan en la carrera contra la discriminación organizada por la Defensoría del Pueblo. El futbolista Paolo Guerrero aparece en un anuncio antirracista organizado por esta institución y por el Instituto Peruano del Deporte. Por su parte, el Ministerio de Cultura hace un llamado a evitar el racismo en los regalos navideños.

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Interculturalidad y el Gobierno Regional del Callao intervienen frente a un profesor que hacía comentarios racistas en clase.

El Ministerio de Educación presenta un documento fundamental sobre los idiomas indígenas destinado a promover con seriedad una educación bilingüe intercultural. Se promulga la Ley del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. El Ministerio del Interior anuncia el pago de la deuda pendiente a miles de esposas de policías y militares heridos por el terrorismo. Casi 250,000 adultos mayores reciben la Pensión 65. A nivel regional, el nuevo Metro de Huancayo hace sus primeros recorridos gratuitos.

Sin embargo, no todo en diciembre son noticias positivas: son asesinados los alcaldes de Casma y Angasmarca (La Libertad). En el segundo caso, los autores son capturados y confiesan que les pagó una empresa que perdió una licitación. Un incendio arrasa con centenares de viviendas en el paupérrimo barrio de Belén, en Iquitos. El servicio militar obligatorio es restablecido sin ningún debate al respecto. En Cajamarca, Marco Arana y Mirtha Vásquez vuelven a sufrir diversas formas de acoso.

Como pueden ver, hemos vivido un año muy duro, con muchos momentos difíciles y dolorosos, aunque también con señales de esperanza. Esperemos que el 2013 sea mejor para todos los peruanos, especialmente para los más pobres y olvidados.


Con el arte de copamiento de los apristas la Defensoría del Pueblo podría convertirse en una segunda Casa del Pueblo aprista


– Postulante único es cercano al partido aprista e incumplió el encargo de investigar los sucesos de Bagua en comisión oficial.

Servindi, 12 de noviembre, 2012.- Preocupación causa en diversas instituciones de la sociedad civil el anuncio de la inmimente elección de Walter Gutiérrez Camacho, como nuevo Defensor del Pueblo, el martes 13 de noviembre, luego de un acuerdo entre diversas agrupaciones parlamentarias y en medio de un proceso poco transparente donde la comisión encargada de proponerlo ni siquiera lo ha entrevistado para conocer sus propuestas.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) alertó que a pesar que la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo y que goza de gran aprobación ciudadana es conocida la cercanía política de Walter Gutiérrez con el partido aprista, quién intentó designarlo como tal en el anterior parlamento.

El blog Vanguardia Aprista recuerda que Walter Gutiérrez no solo era asiduo a la Casa del Pueblo del partido aprista sino que participaba en el Comando Universitario de la Universidad San Martín de Porres.

Siendo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) otorgó la condecoración Vicente Morales Duárez al presidente del Congreso Luís Gonzáles Posada, reconocido lider aprista, “por su defensa del estado de derecho y los valores democráticos”.

Al poco tiempo, fue el propio Gonzales Posada quién postuló a Walter Gutiérrez a la Defesoría del Pueblo en una ocasión ya fallida.

Representante del Ejecutivo aprista

Otro factor de preocupación es que Walter Gutiérrez fue elegido representante del gobierno de Alan García en la “Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua” a la cual solo asistió a una sesión y luego renunció.

La elección del Defensor del Pueblo está prevista en la agenda del Congreso de la República para esta semana y Gutiérrez es candidato único. Su aprobación requiere de 87 votos.

Walter Gutiérrez fue seleccionado por la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso, encargada de la selección de candidatos a Defensor del Pueblo que preside el congresista oficialista de Gana Perú Jaime Delgado.

El congresista Michael Urtecho, vocero de Solidaridad Nacional, anunció que están seguros de contar con los votos necesarios luego que dicha comisión propuso a Gutiérrez como único candidato pues no hubo unanimidad en los demás grupos parlamentarios para llevar al Pleno la postulación de Guido Lombardi, “pese a su experiencia y trayectoria”.

Con apoyo del fujimorismo

El legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, recalcó que debe respetarse el pacto de elegir a Walter Gutiérrez porque los pactos establecidos tienen que cumplirse. “Nosotros respetamos los acuerdos a pesar de que el candidato no goza de nuestra simpatía desde un inicio”, precisó el también médico de Fujimori.

Sin embargo, en las últimas horas crece el cuestionamiento a la postulación de Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, mientras que Alejandro Toledo y otros líderes políticos expresaron su interés de respaldar la elección del ex congresista Guido Lombardi.

Lombardi, es un periodista recordado por su parquedad y ponderación, que lo llevó a ser el moderador de los debates presidenciales entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, y luego el de Alejandro Toledo y Alan García. De profesión abogado, elaboró un informe imparcial sobre el Baguazo durante su actividad en el Congreso de la República.

Durante los últimos días también se voceó la postulación de José Hurtado Pozo, destacado penalista sanmarquino quién lleva muchos años en Europa dando cátedra sobre derecho.

Crece rechazo social

De otro lado diversas organizaciones suscribieron un comunicado en el que solicitan al Congreso agotar todos los esfuerzos para encontrar y elegir, “en forma más transparente”, a un candidato “realmente de consenso y absolutamente independiente” de los partidos políticos.

El documento es firmado además del Instituto de Defensa Legal (IDL), por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Asimismo, por la Vicaría del Medio Ambiente de Jaén, el Vicariato de San José del Amazonas, Radio Marañón, el Forum Solidaridad Perú, entre otras que se siguen adhieriendo.


El defensor en funciones, Eduardo Vega, afirmó también que el Ejecutivo debe combatir con toda firmeza la minería ilegal.

Defensoría del Pueblo, Cajamarca, Eduardo Vega, Minas Conga

El defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, insistió en la necesidad de que el gobierno central y las autoridades y gremios de Cajamarca restablezcan el diálogo para solucionar el conflicto social a raíz del proyecto minero Conga.

“Todos estamos en un compás de espera en relación con el peritaje internacional, vamos a ver cómo se va a desarrollar. Mientras tanto hay que esperar”, manifestó en diálogo con la agencia Andina.

Vega también dijo que el Ejecutivo debe combatir con total firmeza la minería ilegal y destacó las medidas de la administración humalista para formalizar a los mineros informales.

“Ese es el gran reto. Nosotros hemos saludado las medidas dictadas, y no hay que tener, sin duda, ninguna contemplación con este tema”, agregó.

Finalmente, señaló que se debe trabajar para que el Estado brinde alternativas y aquellos que no puedan formalizarse, logren reinsertarse en otras actividades laborales.

Fuente: El Comercio