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 Mural en Celendin, Cajamarca region, PeruFront Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders – http://www.frontlinedefenders.org/node/26271


 
 

 Policia en posicion de ataque hoy 13 de mayo de 2014. Foto: Milton Sanchez
Por: Juan Arribasplata

Mientras diferentes delegaciones se disponían el día de hoy visitar las inmediaciones de las lagunas cercanas al proyecto Conga, Noticias SER pudo conocer que se habría producido aproximadamente una decena de detenciones por parte de la policía en las cercanías de las lagunas Cortada y Azul.

Como se recuerda, estas organizaciones ambientalistas programaron para el día de hoy inspeccionar las lagunas que pretende afectar el proyecto minero Conga, confiados en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que garantiza la vida y la integridad de los líderes sociales y ambientalistas que defienden su intangibilidad.

En horas de la mañana, el presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, Eddy Benavides, señaló que inspeccionarían la laguna El Perol para asegurar que esté a salvo. “Dios nos cuide y nos acompañe. ¡Conga No Va Ni Hoy Ni Nunca! ¡Hasta La Victoria Siempre!”, manifestó.

Por su parte, la asesora legal de estas organizaciones, Zulma Villa, declaró que es inconcebible que en un estado de derecho se esté actuando de esta manera, ya que los campesinos están legalmente accediendo a sus lagunas por caminos que ellos consideran ancestrales. Villa pidió a las rondas campesinas no caer en provocaciones por parte de la policía y que no se produzcan enfrentamientos. “Estamos en un gobierno que se supone debe defender los derechos humanos. Esto lo vamos a informar a la Corte Interamericana de Derechos humanos”, expresó.

“Vamos a presentar un habeas corpus porque es un acto inconstitucional en un Estado de derecho. No sabemos hasta el momento quienes han sido detenidos”, informó.

En tanto, el gobernador de Cajamarca, Ever Hernández, consultado por los medios de comunicación sobre las detenciones de los manifestantes dijo no conocer sobre el asunto. Agregó que iba a averiguar sobre lo sucedido y que en horas de la tarde brindaría mayor información al respecto.

Al cierre de este despacho, uno de los detenidos que alcanzó a identificarse como César dijo que algunos de sus compañeros detenidos estaban heridos por golpes con la cacha de las armas que utilizan los policías. “Nos tienen separados por casetas, pero sé que son 9 más los que están detenidos. A mí me han quitado mi cámara”, señaló.

 


Protesta social en Celendin – Cajamarca contra el proyecto minero Conga. Foto: Jorge Chavez Ortiz

Se modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.
Quedarán “exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”, según reza una ley publicada hoy el diario oficial “El Peruano” y firmada este lunes 13 de enero por el jefe del Estado, Ollanta Humala, y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.
La Ley 30151 fue aprobada por sesión plenaria del Parlamento en junio del 2013 y comunicada por el presidente del Congreso, Fredy Otárola, al Gobierno en diciembre del año pasado.
La iniciativa legislativa permitirá dotar a los miembros de los institutos armados y policiales demecanismos que puedan utilizar en legítima defensa propia y de terceros. En ese sentido, se modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.

  • Agentes proporcionarán información sobre las controversias que ocurran en su jurisdicción y actuarán como agente de prevención de conflictos.
  • Herramienta permite generar señales y acciones anticipadas a situaciones de conflictividad.

La Policía Nacional del Perú ha sido incorporada al Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART), implementado por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el objetivo de generar señales y acciones anticipadas a los conflictos sociales en el país.

La PNP se suma a esta red de información, integrada, en una primera etapa, por los Gobernadores, quienes actúan como proveedores de prealertas respecto a las diferencias, controversias o conflictos que ocurren en sus respectivas localidades.

Con la incorporación de la Policía, se da inicio a la segunda etapa de la implementación de este programa, lo cual permitirá contar con información actualizada de las incidencias en todo el país y que actúen como agentes de prevención de conflictos, priorizando el diálogo y la cultura de paz.

En esa línea, cerca de 550 efectivos fueron seleccionados para participar en el Taller ‘Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención de Conflictos Sociales: Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART)’, que se desarrolla desde el mes de mayo en Piura, Moquegua, Huánuco, Pasco, La Libertad, Puno y Lambayeque y, luego, se extenderá a todas las regiones del país.

Siendo la PNP una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas, es de suma importancia que forme parte de la red de información del PART dentro del Sistema Nacional de Prevención.

ACERCA DEL PART

Con el Programa de Alerta y Respuesta Temprana (PART) se han automatizado los procesos de generación de alertas tempranas de los conflictos sociales. Esta herramienta fue implementada por la ONDS, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Canadá (ACDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El PART es operada por la Unidad Técnica de Prevención (UTP) de la ONDS, como ente receptor de prealertas y emisor de las alertas priorizadas. Por su parte, la Unidad de Gestión del Diálogo y Prevención (UGDP) recibe las alertas priorizadas y coordina con los diferentes ministerios para que estos generen las respuestas institucionales correspondientes.

El trabajo entre ambas unidades se sustenta en el software que cada una de ellas tiene a su cargo y ambas funcionalidades están interconectadas para la automatización del proceso de emisión, recepción y tratamiento de las alertas.

Con la utilización del PART y el registro de prealertas, se podrá actuar de forma preventiva y anticipar acciones de conflictividad para evitar enfrentamientos y víctimas. Este esfuerzo nos lleva a conseguir la implementación del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales, el cual tendrá como prioridad la atención en zonas sensibles.

Oficina de Prensa e Imagen Institucional

Lima, 03 de junio de 2013.

Fuente: PCM – http://www.pcm.gob.pe/noticias/policia-nacional-se-incorpora-a-programa-de-alerta-y-respuesta-temprana-de-conflictos-sociales/


La casa de la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, abogada y defensora de los derechos humanos, ha sido asaltada dos veces en tres semanas. Otros miembros de la organización para la que trabaja en Perú han sufrido también intimidación en el último mes.

La casa de la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, que trabaja para el Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), fue asaltada por primera vez el 24 de noviembre. Los asaltantes no se llevaron nada de valor, pero dejaron las puertas abiertas de par en par. La casa fue asaltada por segunda vez el 15 de diciembre, mientras la hija de Mirtha Vásquez y la persona que cuida a la niña estaban de paseo. Los asaltantes rompieron una cristalera, pero no se llevaron ningún objeto de valor. El 8 de noviembre, la casa de la secretaria de GRUFIDES, Ivett Sánchez, también fue asaltada. El 14 de diciembre, el automóvil de Sergio Sánchez, asesor que trabaja para la misma organización ecologista, fue objeto de vandalismo. Todos estos incidentes tuvieron lugar cuando las personas en cuestión estaban ausentes, lo que sugiere que pueden estar siendo sometidas a vigilancia.

Estos incidentes se produjeron poco antes de la fecha prevista para el inicio de la investigación oficial sobre la tortura del padre Marco Arana. El padre Marco Arana, también defensor de los derechos humanos en GRUFIDES, fue detenido y golpeado por agentes de policía el 4 de julio, cuando protestaba pacíficamente contra el proyecto Conga de minería de oro en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. GRUFIDES ha respaldado activamente a las comunidades que se oponen a la mina y que temen el impacto medioambiental que puede tener la expansión del proyecto. El padre Marco Arana quedó en libertad condicional al día siguiente de su detención. En julio presentó una denuncia por tortura y abuso de autoridad contra los policías responsables. En agosto, un tribunal regional resolvió a favor de un recurso de hábeas corpus presentado en su favor que afirmaba que su detención había sido ilegal y arbitraria.

Información Complementaria

GRUFIDES es una organización no gubernamental centrada en el desarrollo sostenible y las cuestiones medioambientales, que tiene su sede en la ciudad de Cajamarca, departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. Esta organización ha respaldado activamente a las comunidades que se oponen a la mina de oro de Conga, una expansión del proyecto minero, más amplio, de Yanacocha, dirigido por una empresa estadounidense. Tras un accidente en el año 2000, en el que un camión que transportaba mercurio vertió parte de su carga cerca de Yanacocha, las comunidades rurales temen el posible impacto medioambiental de la expansión del proyecto. Al parecer, los residentes locales no fueron informados del vertido, y algunos miembros de la comunidad presentaron síntomas de envenenamiento por mercurio.

En 2006, la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín y el padre Marco Arana recibieron amenazas de muerte, y fueron sometidos a seguimiento y vigilancia (véase AU 312/06), poco después de que GRUFIDES empezara a respaldar los casos de dos activistas campesinos asesinados en agosto y noviembre de 2006, respectivamente, al parecer a causa de su oposición a la expansión del proyecto Conga. Las amenazas contra el personal y los miembros de GRUFIDES comenzaron poco después del primer homicidio.

A consecuencia de estos incidentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades peruanas que proporcionaran a la Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín y al padre Marco Arana medidas de seguridad cuando estuvieran en las oficinas de GRUFIDES y cuando viajaran a comunidades rurales. La Corte también ordenó a Perú que realizara una investigación para llevar ante la justicia a los responsables de las amenazas. No obstante, según los miembros de GRUFIDES, las medidas de seguridad adoptadas han sido inadecuadas, y no se ha llevado a nadie ante la justicia. 

Fuente: Amnistia Internacional Peru 

Escribe: Nicolás Bello
Foto: Carlos García Lazo

“Este año ha sido un año de decepciones, en comparación al año anterior, que tuvimos mucha esperanza”. Con estas palabras, Rocío Silva Santisteban abrió la XXII premiación anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). La cita fue en el salón de los espejos de la Municipalidad de Lima.

Las palabras iniciales de Silva Santisteban fueron duras. Afirmó que solo este año hubo 23 muertos en conflictos sociales – 19 de ellos durante el gabinete de Oscar Valdés – “todos fallecidos por optar por la protesta ante situaciones que consideraban injustas”, afirmó la secretaria ejecutiva de la CNDH.

Tras esta introducción resaltó la labor de personas que, ante la adversidad, no dudaron en tomar acciones. Ellos fueron los premiados de este año.

El premio principal de la noche fue entregado al sacerdote franciscano Isaac Shahuano, quien a partir del 31 de mayo, y ante la fuerte represión de la policía, abrió las puertas de la Iglesia de San Francisco, en Cajamarca, a miles de ronderos y manifestantes. Desde entonces, la iglesia se convirtió en el centro neurálgico de las protestas contra el proyecto Conga.

“El pueblo de Cajamarca es muy sensible a la ayuda solidaria a las personas humanas que la necesitan en momentos álgidos como el que vivimos. Muchas personas venían del campo a hacer esta resistencia pacífica. Al verlos desamparados y en riesgo de ser atropellados por las fuerzas del orden, les dimos un refugio seguro”, relató el sacerdote con la humildad que lo caracteriza.

El premio de Periodismo y Derechos Humanos lo recibió Jorge Chavez Ortiz, quien con apenas 22 años retrató, relató y cubrió aspectos del conflicto de Conga que otros medios pasaron por alto. Sus publicaciones en el blog “Mi Mina Corrupta”, sus colaboraciones en el blog “Celendín Libre” y la cobertura radial que realizó durante las protestas le valieron una detención el mismo 28 de julio, mientras en Lima el presidente Humala pronunciaba su discurso presidencial.

“Hay historias donde lo más peligroso no es informarlas, sino dejar de contarlas”, fueron las palabras de Chavez en conversación con Número Zero. Según él, la falta de información sobre las movilizaciones lo impulsaron a salir a las calles a hacer lo que mejor sabía hacer. “Nunca creí que la labor que estaba haciendo estaba relacionada a los derechos humanos hasta que me lo dijeron, a veces sencillamente lo hacemos de corazón, sin saber la magnitud del trabajo que estamos haciendo”, afirmó.

Marco Antonio Falla, padre de Gerson, quien fuera torturado y golpeado hasta la muerte por personal de la comisaría de San Borja en abril de 2011 – y fundador de la Asociación Unidos por la Justicia – también estuvo presente. Su tenacidad en la búsqueda de la verdad sobre lo que ocurrió con su hijo le valieron una mención especial en los premios. “Esta noche nos reúne el afán de justicia, que no es más que darle a cada uno lo que le corresponde”, expresó al recibir el galardón.

Además, se realizó un homenaje a Pilar Coll, primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; y a Francisco Soberón, fundador de APRODEH, quien no estuvo presente, por su trayectoria como activista. Su hija y de su esposa recibieron el galardón.

Entre los presentes se encontraban también Patricia Bazán, esposa del Mayor Bazán; Elizabeth Gonzales, esposa del mayor de la FAP Jorge Olivera Santa Cruz; Gisella Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea y activista del caso La Cantuta.

 

Foto: Paola Ugaz / Independiente

Lima, Perú (Spacio Libre).- Como es su costumbre anual, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) efectuó su reconocimiento a las personas que dejan un legado importante en favor de los derechos humanos este 2012.

Otorgándosele el Premio Nacional de Derechos Humanos, el sacerdote franciscano Isaac Shahuana fue reconocido por su labor en servicio de la causa ecologista en Cajamarca. Su parroquia fue sede de las acciones solidarias para con los heridos y familiares de fallecidos en el conflicto que surgió a raíz de la oposición local al proyecto minero Conga.

Otra distinción se otorgó al estudiante y periodista ambiental Jorge Chávez, quien mediante sus blogs “Mi Mina Corrupta” y “Celendín Libre” difundió periódicamente información sobre el conflicto rodeando Conga. El 28 de julio, durante la toma de mando de Ollanta Humala, Chávez fue detenido en la comisaría de Celendín mientras grababa en video a policías que apagaban televisores en la Plaza de Armas cuando los ciudadanos de tal localidad veían el mensaje presidencial, y liberado gracias a la presión en las redes sociales.

Asimismo se reconoció de manera especial a Marco Antonio Falla, padre de Gerson, el joven que falleció en abril del año pasado por el efecto de una golpiza a manos de agentes policiales en la comisaría de San Borja. Falla ha realizado una ardua labor con familiares de otras víctimas de situaciones similares.

Un homenaje fue celebrado también en memoria de Pilar Coll, activista, misionera y abogada española que se comprometió por los derechos humanos y la búsqueda de justicia para miles de detenidos y desaparecidos durante el conflicto armado interno en Perú, así como para Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Todo transcurrió en el Salón de los Espejos del Palacio Municipal de Lima.

Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307


Servindi, 4 de diciembre, 2012.- El Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el uso de estados de emergencia y fuerza excesiva durante las protestas sociales. Asimismo, recomendó al Gobierno modificar la definición de tortura en el Código Penal, enjuiciar a los autores de tortura en el conflicto interno y cerrar dos penales.

Al finalizar su 49º periodo de sesiones el CAT elaboró una lista de recomendaciones al Gobierno peruano para prevenir y sancionar la tortura, así como reparar y rehabilitar a las víctimas.

Las recomendaciones se efectuaron a raíz de los informes presentados por el Gobierno peruano e instituciones civiles sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

En el documento elaborado a fines de noviembre el CAT manifestó su preocupación por “las alegaciones sobre uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo armas de fuego, por la Policía y las FF.AA” durante los conflictos sociales.

Otro tema de preocupación fue “el arresto de defensores, abogados representantes de la Defensoría del Pueblo e integrantes de los pueblos indígenas en estas situaciones”, señaló en el documento.

Asimismo, afirmó estar preocupado porque “hasta el momento no existan detenciones relacionadas con los incidentes de Bagua, Celendín o Bambamarca”, indicó.

Por otra parte, el CAT expresó su preocupación por el frecuente uso de estados de emergencia “durante los cuales las restricciones de derechos humanos podrían incrementar las vulneraciones de la Convención, teniendo en cuenta que el estado de emergencia se emplea en relación con protestas sociales pacíficas”, señaló.

Entre las recomendaciones, el CAT pide “Modificar el Código Penal para incluir una definición de tortura que abarque todos los elementos contenidos en el artículo 1º de la Convención contra la Tortura, que establece como finalidad del delito cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”.

El organismo sugirió también la elaboración de un “registro específico para los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes así como de su castigo” y que las fuerzas del orden cuenten con un entrenamiento profesional “que reduzca al mínimo el riesgo de daños de las personas detenidas”.

Del mismo modo, recomendó adoptar medidas para “conducir pronta, imparcial y efectivamente todas las denuncias de tortura y malos tratos, así como enjuiciar a los autores y castigarlos con penas adecuadas”.

Igualmente, el CAT sugirió considerar el cierre de los centros penitenciarios de Challapalca y Yanamayo.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) saludó las recomendaciones del organismo internacional y afirmó la necesidad de su cumplimiento.

“Consideramos que materializar estas recomendaciones por parte del Estado peruano, tendrán como objetivo afrontar la delicada situación de la tortura en el país, y lograr las acciones pertinentes en materia de prevención y sanción a fin de lograr su erradicación”, señaló COMISEDH en un comunicado.

Gobierno expresó disconformidad

El Gobierno peruano, se mostró disconforme con la recomendación del CAT acerca del cierre de los penales de Yanamayo y Challapalca.

“Conforme se aclaró por la delegación nacional durante la sustentación del Informe en Ginebra, el penal de Yanamayo está a la misma altura y a cinco minutos respecto de la ciudad de Puno. No se trata, por tanto, de un lugar cuya altura afecta la salud de los internos, o inhóspito o de difícil acceso”, señaló una respuesta enviada por el Perú a la comisión.

Asimismo, arguyó que el penal se encuentra en un entorno urbano que facilitaría los medios de transporte adecuados y hospedaje para los familiares de los internos.

Respecto al penal de Challapalca, el Gobierno señaló que se trata de un penal imprescindible de máxima seguridad para presos de alta peligrosidad. Y que su ubicación a 4,500 metros sobre el nivel del mar no lo hace un lugar inhóspito o inhabitable donde no sea posible una permanencia adecuada sin riesgos para la salud.


Servindi, 21 de noviembre, 2012.- Un estudio jurídico especializado en asesorar y atender a grandes empresas y corporaciones mineras obtuvo cinco de doce adjudicaciones para elaborar consultorías referidas a la Ley 29785, de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.
Los resultados fueron publicados el viernes 16 de noviembre en el sitio web del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y las adjudicaciones corresponden al ministerio de Agricultura (Minag), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ministerio de Cultura (Mincu), ministerio de Energía y Minas/Perupetro (Minem-Perupetro) y ministerio de Salud (Minsa).
La convocatoria tiene por objeto levantar y sistematizar información sobre las medidas administrativas que deben ser consultadas a los pueblos indígenas u originarios para ser utilizada por la Defensoría del Pueblo en sus tareas de supervisión sobre la implementación del derecho a la consulta previa.
La convocatoria se efectuó en el marco de la cooperación técnica que recibe la Defensoría del Pueblo de la República Federal de Alemania, como aporte a la prevención de conflictos. Para esta convocatoria se solicitó la colaboración del CIES.
La participación de un estudio jurídico cuya función privada principal es servir al interés gran empresarial responde a la decisión de algunos organismos públicos de tercerizar actividades que tienen relación con la protección de derechos humanos.

¿El gato de despensero?

El estudio jurídico señalado patrocina y tiene como principales clientes representativos a empresas mineras como Yanacocha, Barrick Gold, Newmont Mining Corporation, Compañía Minera Milpo, Shougang Hierro Perú, Xtrata Perú, entre otras.
Asimismo, asesora al sector empresarial en adquirir derechos superficiales para proyectos mineros, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, tendidos de tuberías de gas natural y ductos de conexión a puertos.
En tal sentido su labor incluye la celebración de acuerdos con propietarios y posesionarios de terrenos en zonas rurales para la ejecución de contratos de opción, adquisición, servidumbres y celebración de transacciones extrajudiciales.
Abogados consultados por Servindi observaron posibles conflictos de interés que se podrían desencadenar a partir de las consultorías y el sesgo privatista que podrían adquirir las políticas públicas sobre los pueblos indígenas.
La interrogante que surge ante todo esto es si es adecuado que un estudio de abogados cuyos clientes representativos son grandes empresas y corporaciones mineras, tenga injerencia directa o indirecta en determinar los temas, normas y procedimiento de consulta a los pueblos indígenas que deberán ser supervisados por la Defensoría del Pueblo. Al respecto esta institución tiene la palabra.
Clientes representativos del Estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados
Saneamiento de tierras Minería
  • Minera Yanacocha S.R.L
  • Barrick Gold Corporation
  • Anglo American PLC
  • Perú LNG S.R.L
  • Transportadora de Gas del Perú S.A
  • GENERALIMA S.A.C
  • EDEGEL S.A.A
  • Shougang Hierro Perú S.A.
  • Químicos del Sur S.A
  • Minera Yanacocha S.R.L.
  • Barrick Gold Corporation
  • Anglo American PLC
  • Newmont Mining Corporation
  • Minera Peñoles de Perú S.A.
  • Minera Newcrest Perú S.A.C.
  • Compañía Minera Milpo S.A.A.
  • Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
  • Fresnillo Perú S.A.C.
  • Consorcio Minero Horizonte S.A.
  • Shougang Hierro Perú S.A.A.
  • Century Mining Corporation
  • Nyrstar NV
  • Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.
  • Cliffs Natural Resources INC
  • Chancadora Centauro S.A.
  • Xtrata Perú S.A.
Fuente: Sitio web del estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados: http://www.rubio.pe/clientes_index.php


Por: Ronald Ordoñez
Cuando todo hacía presagiar que la jornada del paro indefinido acatado el día de ayer concluiría sin incidentes lamentables, al promediar las 6:30 p.m., efectivos policiales reprimieron nuevamente a los manifestantes apostados en la plazuela Bolognesi.
Los incidentes iniciaron luego de un altercado entre un efectivo policial y un manifestante; entonces, una primera bomba lacrimógena fue dirigida a la carpa donde se preparaban los alimentos para la olla común, dispersando inmediatamente a quienes se encontraban allí, acto seguido se lanzaron más bombas, asfixiando a varias personas incluso, a quienes no participaban de la protesta y transitaban por la vía. Los pobladores respondieron con piedras y palos, generándose enfrentamientos que se extendieron hasta las 9 de la noche, a lo largo de la plazuela de los Héroes.
Producto de estos hechos varias personas resultaron heridas, entre ellas, el estudiante universitario Cristian Cerna que presentó una herida en el cuello por el impacto de una bomba lacrimógena, además de una mujer embarazada que fue evacuada rápidamente al primer nosocomio de Cajamarca, y por lo menos tres efectivos policiales.
Se registraron once detenidos, algunos de ellos identificados como: Segundo Minchán, David Campos, Wilser Marín, Segundo Tello y Modesto Alcántara, aparte de tres menores, una de ellas originaria de la provincia de Celendín.
En la plaza de Armas
Mientras sucedían estos hechos, en la plaza de Armas, el presidente regional Gregorio Santos, se dirigía a la población, exigiendo al gobierno nacional “escuchar la demanda de Cajamarca”.
Asimismo, durante el mitin, el presidente regional pidió a los líderes de la protesta “seguir unidos y resolver las diferencias en las asambleas internas”. Wilfredo Saavedra quién en un primer momento criticó el envío de la carta al presidente Ollanta Humala, esta vez respaldó a Santos: “Se dice que no coincidimos, desde aquí quiero ratificar la decisión unitaria, queremos plantearle al presidente de la República nuestra propuesta. Se debe terminar el Ordenamiento Territorial de la región porque así vamos a decidir dónde y cómo se van a desarrollar las actividades económicas”, dijo.
Por su parte, el integrante del Comando Unitario de Lucha, Milton Sánchez, señaló: “Así como en palacio de gobierno se recibe a los integrantes de Newmont, Buenaventura y a los representantes de la Sociedad Nacional de Minería, exigimos que el presidente escuche a la población de Cajamarca. No es posible que quiera mandar una comitiva de ministros que ya está de salida”, manifestó.
Abogadas y abogado agredidos
Las abogadas Amparo Abanto de GRUFIDES y representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; además de Genoveva Gómez de la Defensoría del Pueblo y un representante del Colegio de Abogados, fueron agredidos por efectivos policiales mientras se encontraban en la primera comisaría de la ciudad defendiendo a los detenidos, quienes habrían sido golpeados al interior de la dependencia policial.
El día de hoy
Para el día de hoy, en el día 23 de paro contra el proyecto Conga, la población se viene agrupando en la plazuela Bolognesi y en la plaza de Armas de Cajamarca, con la intención de realizar en las siguientes horas una movilización por las principales calles de la ciudad.
Notas relacionadas: “Cajamarca: Población aguarda mensaje presidencial”, en: http://www.noticiasser.pe/21/06/2012/cajamarca/cajamarca-poblacion-aguarda-mensaje-presidencial

Eduardo Vega pidió al ministro del Interior la investigación correspondiente. Ocurrió en sede de región policial cuando agraviada verificaba situación de detenidos tras las protestas
El defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, denunció maltratos cometidos anoche por miembros de la Policía Nacional contra la abogada Genoveva Gómez, comisionada de esta institución. Esto, cuando intentaba verificar la situación de personas detenidas en las instalaciones de la región policial.

Según una nota de prensa de la institución, Vega ha expresado su condena al ministro del Interior, Wilver Calle, a través de un oficio enviado esta mañana, y ha solicitado la investigación y sanción correspondiente.

AGRESIÓN FÍSICA Y VERBAL
Los hechos ocurrieron cuando Gómez se disponía a conocer la situación de los detenidos en la Unidad de Seguridad del Estado, tras las protestas contra el proyecto minero Conga.

“Una vez en el lugar se desplazó hasta el área de detención y pudo observar a personas en el suelo y escuchó gritos. En esas circunstancias, aproximadamente veinte policías la rodean, la empujan, le tiran de los cabellos e intentan arrebatarle la credencial, en medio de insultos irreproducibles y, finalmente, la expulsan de dicha instalación policial”, detalla la Defensoría sobre los hechos.

La institución también deja constancia que “es la primera vez, en 15 años, que sucede una agresión y obstrucción a la labor constitucional de uno de sus funcionarios”.

Fuente: La Republica
Foto: MMC Comunicaciones

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Eduardo Vega Luna denunció que policías agredieron a la Genoveva Gómez, comisionada de esta institución.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, expresó su rechazo ante los maltratos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), contra Genoveva Gómez, comisionada de esta institución, quien ayer, en horas de la noche, cumplía sus labores regulares en la ciudad de Cajamarca.
Ante ello, Vega, ha expresado al Ministro del Interior, Wilver Calle, – a través de un oficio enviado esta mañana- su condena y preocupación por las agresiones cometidas por efectivos policiales y ha solicitado una investigación así como la sanción correspondiente contra estos malos funcionarios.
Cabe señalar que como es usual durante el desarrollo del trabajo defensorial, amparado en el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo, la doctora Gómez acudió a la sede de la Región Policial para conocer la situación de las personas detenidas en la Unidad de Seguridad del Estado de Cajamarca. Una vez en el lugar, la comisionada Gómez se desplazó hasta el área de detención y pudo observar a personas en el suelo y escuchó gritos.
En esas circunstancias, aproximadamente veinte policías la rodean, la empujan, le tiran de los cabellos e intentan arrebatarle la credencial, en medio de insultos irreproducibles y, finalmente, la expulsan de dicha instalación policial. Estos hechos también ocurrieron en agravio de la abogada Amparo Abanto.
Fuente: El Comercio

Por el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)

12 de junio, 2012.- ¿Es cierto que el Estado puede imponer, aún por la fuerza, un megaproyecto minero cuando el pueblo no da su consentimiento? ¿O, más bien, el Estado podría ser condenado de llegar el caso a la Corte Interamericana, por incumplir normas internacionales?

Derechos vinculantes. El video enlazado explica algunos derechos establecidos por el derecho internacional, esto es, en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de derechos vinculantes para el Estado peruano, porque forman parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, el Estado está obligado a cumplirlos sin excusa alguna.

El consentimiento previo libre e informado. La jurisprudencia de la CIDH ha establecido claramente la obligación del Estado no sólo de consultar sino de obtener el consentimiento previo libre e informado de los pueblos antes de dar en concesión megaproyectos de impacto significativo en las condiciones de vida y subsistencia de los pueblos indígenas y tribales, como son los proyectos mineros que afectan el agua o los bosques. Igualmente, cuando se va dar traslado poblacional o cuando va a haber depósito o desecho de sustancias peligrosas o tóxicas, como se produce con los relaves mineros; entre otros supuestos.

Estos derechos son aplicables en el Perú y el Estado está obligado a obtener el consentimiento de los pueblos en caso de megaproyectos como los de Conga, Tintaya, Antamina y cualquier otro proyecto con impactos afines. En tales casos, el Estado está obligado a respetar la voluntad de los pueblos indígenas u originarios, ya sea que estén organizados en forma de comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas o cualquier otra forma.

No imposición. La CIDH ha sido explícita al establecer que, sin el consentimiento de los pueblos, el Estado no puede dar concesiones de proyectos como los mencionados. Por ello, bajo ninguna circunstancia, el Estado tendría atribución legal para imponer por la fuerza un proyecto de esa naturaleza, que no cuente con el consentimiento de los pueblos. El Estado está prohibido de usar la fuerza para violar derechos (Convenio 169, art. 3).

Las empresas no sustituyen al Estado. Cabe aclarar que el derecho internacional exige que sea el Estado, y no la empresa, la entidad que obtenga el consentimiento de los pueblos, y tal autorización debe darse antes de que el Estado otorgue la concesión a una empresa. Es decir, las autorizaciones de uso o compras de tierras que logran hacer directamente las empresas, después de haber obtenido una concesión inconsulta, de ningún modo sustituyen el consentimiento que debe obtener el Estado antes de dar la medida administrativa de la concesión.

Vicio del consentimiento.
Tal como está la legislación minera (todavía del tiempo del autogolpe de Fujimori), las cesiones de uso o compras de tierras que obtienen las concesionarias mineras de las comunidades, además, tienen un insalvable vicio de nulidad, pues cuando éstas no quieren ceder o vender sus tierras a aquellas de modo libre y voluntario, la legislación minera prevé una inconstitucional vía coercitiva.

Las empresas, por el sólo hecho de obtener la concesión minera adquieren el derecho de solicitar una servidumbre minera y la expropiación administrativa de las tierras que las comunidades no les quieren vender o ceder voluntariamente. Es decir, no se trata de contratos basados en el libre consentimiento. Por ejemplo, esto pasó cuando Yanacocha solicitó al Estado la servidumbre minera y finalmente obtuvo la expropiación administrativa de las tierras de la Comunidad campesina San Andrés de Negritos de Cajamarca en 1996.

Por esa vía, Yanacocha despojó a la comunidad de 610 has. por unos 60 mil soles (a 1 centavo de sol el mt2), según tasación pericial; ganando la empresa más de 85 millones de dólares al hipotecar esas mismas tierras en el Banco. En ese marco, las empresas pueden hacerse de las tierras de las comunidades, contra su voluntad, con la amenaza de aplicar la servidumbre minera y luego pagar valores confiscatorios.

Expolio indígena. En estas últimas dos décadas, gracias a la legislación minera fujimorista, los pueblos han sido expoliados en millones de dólares por las transnacionales mineras, para la realización de megaproyectos que no han sido consultados ni han contado con su consentimiento. Tales proyectos no han tenido como prioridad el mejoramiento de las condiciones de vida y subsistencia, salud, trabajo, educación de las comunidades; agudizándose la pobreza y desnutrición en departamentos como Cajamarca.

El Estado no pide garantías a las empresas por la posible contaminación de aguas, suelos y aire, ni para la remediación de los pasivos ambientales que deja; y no fiscaliza ni asegura condiciones sanitarias ni ambientales adecuadas. En este contexto, es explicable la desconfianza y el rechazo de muchos pueblos a esta forma de hacer minería. La minería no les ha traído desarrollo y mejoramiento de su vida, sino despojo y pobreza, que ningún programa social podrá compensar.

Uso arbitrario de fuerza. Ante la falta de consentimiento de los pueblos frente a estos inconsultos megaproyectos, el gobierno actual, en vez de ponerse a derecho en las obligaciones incumplidas por los gobiernos anteriores, ha optado por imponer dichos megaproyectos mediante el uso arbitrario y abusivo de la fuerza, violando, además del derecho al consentimiento de los pueblos, la libertad, integridad y vida de sus miembros.

El gobierno ha echado mano de prácticas de la época de Fujimori, como la declaratoria del Estado de emergencia, la militarización, la persecución y detención arbitraria de dirigentes y autoridades locales, y el traslado arbitrario y la violación del derecho al juez natural de los procesados; el establecimiento de puestos de detención policiales dentro de campamentos mineros a través de convenios entre las empresas y la DINOES; el uso innecesario y desmedido de la fuerza, incluyendo armas de fuego y bombas lacrimógenas, contra población civil desarmada en marchas pacíficas donde participaban mujeres, niños y ancianos, o contra estudiantes, dentro de sus centros educativos y universidades, con el resultado de personas torturadas, heridas y muertas.

Información. Dada esta situación, que va increscendo, es imprescindible que los/as funcionarios/as estatales, policías, jueces, fiscales, las empresas, la prensa y el público en general, estén informados de los derechos que asisten a los pueblos indígenas y que comprendan claramente que el Estado carece de atribución jurídica para imponer por la fuerza megaproyectos como los descritos, que no cuentan con el consentimiento de los pueblos, so pena de sanción internacional.

Video. El video enlazado ofrece una información que nos ayudará a todos a promover un diálogo basado en los derechos. Ayudemos a construir un Estado social, democrático y pluricultural de derecho, y evitar que el Estado sea condenado ante instancias internacionales por incumplir sus obligaciones con el derecho internacional, con los pueblos ancestrales y con toda la ciudadanía! Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=ddm27ujAEqg&feature=youtu.be