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Hace algunos años la minera Yanacocha, con el afán de convencer a los celendinos para ejecutar el proyecto Conga, llevaba de pasantía a comuneros, autoridades, alumnos, profesores, etc. para mostrar experiencias exitosas de minería en el Perú. Claro, el lector juicioso coincidirá que Yanacocha en Cajamarca sólo sirve para mostrar un excelente ejemplo de minería, más que irresponsable, de una actividad criminal. Pero vaya que grande es el destino, los llevaba a Espinar y desde este sufrido, pero digno pueblo nos envían la siguiente nota con video incluido. Juzgue usted amable lector.

Treinta años de minería en Espinar

Después de 30 años de actividad minera el pueblo de Espinar puede dar fe de que la minería es absolutamente destructiva.

  • Contamina el agua, el aire y la tierra.
  • Los ganados mueren o nacen con mutaciones.
  • Los campos de cultivo y el pasto quedan infértiles.
  • Ha destruido el tejido social y enfrentado a la población en cada comunidad.

Con la mesa de diálogo establecida después de la jornada histórica de lucha del 2012, Espinar ha comprobado también quizá lo más importante para decidir su futuro: El Estado está al servicio de las empresa, la protege, le brinda seguridad e impunidad. “La empresa y el gobierno están casados… no creo que se divorcien”, dice Melchora Surco.
Espinar está en pie de lucha por el establecimiento del convenio marco, no solo en su parte económica, sino en lo referente al medio ambiente, la salud y el impulso de la agricultura y la ganadería para recuperar su soberanía alimentaria y su potencial productor.


 Mural en Celendin, Cajamarca region, PeruFront Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders – http://www.frontlinedefenders.org/node/26271


Dos campesinas peruanas en una reunión de líderes comunitarios. / J. FOWKS


Por: Jacqueline Fowks
Desde diciembre, en la sierra norte del Perú, un proyecto minero enfrenta la oposición de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, la única del país donde aún se habla la variante del quechua Cañaris. Comuneros que rechazan la extracción a tajo abierto protestaron en enero, bloqueando la vía de acceso al campamento de la minera Cañariaco. La policía repelió con disparos, algunas personas quedaron discapacitadas, no hubo muertos. El Gobierno, entonces, creó una mesa tripartita de trabajo para resolver el conflicto; sin embargo, las dos últimas sesiones no han abordado el principal punto de discrepancia y los representantes del Estado y de la comunidad están cada vez más enfrentados. “Creo que por la ruptura de la mesa de diálogo va a ser imposible asistir a la siguiente”, dijo el dirigente Florentino Barrios a EL PAÍS el sábado, pocas horas después de que fracasó la cita en las montañas del departamento de Lambayeque.

Este caso muestra las dificultades del Gobierno y las empresas para dirimir intereses y tensiones con comunidades de culturas y valores diferentes: 18 proyectos mineros están asentados en territorios de indígenas, y una cantidad mayor incluso corresponde a proyectos de hidrocarburos. La Defensoría del Pueblo reporta cada mes la cantidad de conflictos sociales en el país. El informe de febrero revela que de 89 casos en proceso de diálogo, 46 de esos espacios surgieron después de un hecho de violencia, como ocurrió con Cañaris. De 222 conflictos registrados en febrero,147 son socioambientales, como el de Cañaris. O también, como el de Conga Cajamarca (sierra norte), donde el diálogo fracasó y continúan las fricciones entre la policía contratada por la empresa minera y la población local que se opone a un millonario proyecto minero de la estadounidense Newmont. Ese conflicto fue la primera crisis política que enfrentó –en diciembre de 2011– el Gobierno de Ollanta Humala, pues al abandonar su promesa de Agua sí, oro nopor Agua sí, oro también, prescindió de varios ministros y parte de sus electores se sintieron traicionados.

La cuestión en Cañaris es particular debido a que el Perú promulgó en 2011 la ley de consulta previa de los pueblos indígenas, pero el Estado aún no ha concretado ninguna consulta de acuerdo a dicha norma. Tardíamente, la semana pasada, divulgó una guía de procedimientos administrativos para su aplicación, pero aún no hace pública la listaoficial de los pueblos indígenas que pueden exigir ese derecho.

La mesa de trabajo de Cañaris fue creada por el Gobierno, con la participación de la empresa y la comunidad, para abordar dos temas: desarrollo y minería. En cuanto a minería, en la sesión del 4 de marzo el Gobierno debió decidir la validez de dos votaciones en las que los comuneros tomaron posición acerca de las operaciones de la minera Candente Copper. Ninguna fue organizada por el Estado, aunque la segunda contó con representantes gubernamentales como observadores. Una votación con 500 personas en julio de 2012 tuvo el 70% a favor de la mina; mientras que a la de septiembre asistieron 1.896 personas y 1.719 votaron contra el proyecto. El padrón comunal de San Juan de Cañaris registra unas 3.300 personas, quienes se rigen por la ley de comunidades campesinas. La sesión del sábado, realizada en un coliseo en Cañaris, postergó nuevamente para mayo la evaluación sobre cuál votación da, o no, el permiso o licencia social a Candente Copper para seguir sus operaciones.

En las dos últimas sesiones, el comportamiento de los representantes del Gobierno, altos funcionarios del ministerio de Energía y Minas y de la presidencia del Consejo de Ministros, ha llamado la atención. La reunión del 2 de marzo iba a ser en la comunidad campesina de Cañaris, sede definida con un mes de anticipación. La noche anterior, los funcionarios cambiaron el lugar, avisando a la prensa, pero no a los cañaris, quienes habían preparado una bienvenida de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Las autoridades comunales no solo llegaron tarde a la otra localidad, sino que se sintieron maltratadas.

Este sábado en Cañaris, el presidente comunal saliente, Cristóbal Barrios, y su sucesor Florentino Barrios, quien asume el próximo 17, tuvieron dificultades al ingresar a la sesión en un coliseo. El impás se resolvió, pero un representante de la PCM impidió pasar a Rosa Sara, vocal de la presidencia comunal y dirigente de las rondas de mujeres de Cañaris. “Nos retiramos porque no era conveniente entrar incompletos”, explicó Florentino vía telefónica, mientras el presidente saliente se quejaba a la prensa: “Nos han sacado de nuestra propia casa”.

A su vez, el presidente de la mesa de trabajo, Fernando Castillo –del ministerio de Energía y Minas– declaró que los dirigentes tomaron la “decisión unilateral de no participar en la reunión”.

Sin embargo, a la fecha, el Gobierno se ha valido de recursos administrativos contradictorios y se inclina a favorecer a la minera canadiense. La inversión proyectada por la empresa es de cerca de dos mil millones de dólares para extraer cobre y oro.

A fines de febrero, en una entrevista con EL PAÍS, Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de Diálogo del Gobierno, afirmó: “Quienes van a determinar la validez o no de estas votaciones es el subgrupo de ambiente y minería. Y allí están todos, incluso la parte opositora -de la comunidad-, Energía y Minas, nosotros. Esa discusión en la comisión es muy importante y no somos nosotros sino la comisión la que dará validez o no a los argumentos presentados”. El tiempo sigue pasando y tanto los empresarios como los comuneros presionan a la Administración de Humala. Unos para invertir, los otros para defender sus bosques montanos y el agua.


Por: Jorge J. Chávez Ortiz*
Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.
En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.
Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.
Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo – 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

 

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata – Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:
  1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
  2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
  3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
  4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
  5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
  6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
  7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.
Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.
La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.______

* Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  –  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa


Se oponen. Dirigentes y autoridades consideran que sería contraproducente en zonas como Espinar y Chumbivilcas.
Medida. Wilfredo Pedraza ha generado polémica con su propuesta.

José Víctor Salcedo.
Cusco.

La propuesta del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, de instalar frentes policiales en zonas mineras del interior del país, con la finalidad de garantizar las actividades extractivas, provocó rechazo en autoridades y dirigentes cusqueños.

Milton Barrionuevo Orosco, consejero regional de Chumbivilcas, zona donde hay tres grandes proyectos mineros (en exploración y próximos a explotar) en los que se invertirán cerca de US$ 2 mil millones, calificó de desatinada la decisión del Ejecutivo nacional.

Refirió que una acción como esa no será bien recibida en la provincia cusqueña. “Parece una actitud represiva que no va a funcionar, pues en lugar de crear un ambiente de paz generará rechazo”.

Por su parte, el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (Fudie), Herbert Huamán, refirió que instalar las bases policiales sería una muestra de que se quiere imponer la minería y no buscar consensos en torno a esa actividad.

En Espinar se encuentra el proyecto cuprífero Antapaccay de propiedad de Xstrata Copper, y cerca de 5 proyectos más están próximos a empezar la etapa de explotación. Se calcula una inversión cerca a US$ 3 mil millones en esa provincia.

Para el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDTC), Wilfredo Álvarez, la presencia policial en comunidades campesinas de Espinar y Chumbivilcas creará más tensión entre comuneros y empresas mineras.

Fuente: La Republica – http://www.larepublica.pe/24-01-2013/rechazan-frentes-policiales-en-zonas-mineras-del-pais


Peru mining protest 2012 06 13LIMA, Peru — On the campaign trail, Ollanta Humala vowed that as president he would not sacrifice rural communities to mining and oil companies that wanted to dig and drill on their lands.
The leftist candidate even pushed for a recall of then President Alan Garcia, blaming his refusal to listen to Andean and Amazonian villagers for triggering deadly clashes between police and protesters.
But as president, some of Humala’s onetime allies are accusing him of authoritarianism and betrayal as his government struggles to keep a lid on a wave of angry anti-mining protests.
Police using live rounds have killed two people in clashes in the central region of Cusco over a copper mine owned by Swiss firm Xstrata, which locals say is contaminating the water table.
Village Mayor Oscar Mollohuanca had been placed in preventive custody — without charge — for leading those protests. He has now been released after an appeals court in the southern city of Ica found that the order for his detention had failed to establish his involvement as a protest instigator.
In the northern region of Cajamarca, riot police have again been cracking heads in an attempt to end unruly but largely peaceful demonstrations against plans for a massive copper and gold mine, called Conga, which they fear will devastate local lakes and streams.
Meanwhile, Gregorio Santos, the regional president of Cajamarca and a former Humala ally, is now under criminal investigation for “incitement to rebellion.”
The alleged crime happened during a speech he gave accusing Humala of going back on campaign promises. In the speech, Santos asked rhetorically: “When the president doesn’t keep his word?” The crowd responded: “They kick him out.”
According to Peru’s chief prosecutor, Jose Pelaez, that exchange constitutes an “attempted coup” by Santos, who has presidential ambitions of his own.
That outraged some commentators.
“Only classic dictatorships … can confuse opinions with crimes of sedition, rebellion or rioting and try citizens as a result of their statements,” warned La Republica, one of Peru’s two leading newspapers, in an editorial.
Meanwhile, Prime Minister Oscar Valdes turned up the heat with a highly confrontational series of Tweets, accusing mining opponents of variously “throwing poison” and wanting to light a “giant bonfire.”
He added that the protest leaders were “rotten” and “frozen” and wanted to keep Peru as a “chakra,” a local indigenous term that means a peasant’s plot of land.
One of Conga’s most trenchant critics, former Catholic priest Marco Arana, accused Valdes of “authoritarianism and the criminalization of protest.”
Speaking to GlobalPost, he also accused the premier of having a conflict of interests, given his well-publicized ownership of a medium-sized mining concession on the coast.
“As a mining entrepreneur, he represents the mining industry,” said Arana. “That means that he is not using his role as prime minister for the benefit of all Peruvians but for the benefit of the mining sector.”
The government has tried to paint Arana, who now runs Grufides, a Cajamarca-based development nonprofit, as an environmental “radical.” But it has not been helped by the activist’s international profile. In 2009, Time magazine named Arana a “Hero of the Environment.”
Mining drives the Peruvian economy, accounting for 60 percent of its exports, and the country is the world’s second largest producer of silver and copper and the sixth producer of gold.
But Peru is also wracked by more than 200 “social conflicts,” in which rural communities fiercely oppose mining, oil drilling or other extractive industries on or near their lands, according to the national Defensoria del Pueblo, a government human rights watchdog.
Those confrontations reached a nadir in 2009 with the Bagua massacre, when more than 30 policemen and indigenous protesters were killed in clashes over controversial plans by Garcia’s heavily pro-business administration to open the Amazon up to more drilling and mining.
But before he was elected last year, Humala, a leftist former army officer, vowed to ensure his countrymen’s interests would be placed before those of foreign corporations. As a result, he even received backing from Cajamarca’s President Santos.
After nearly one year in power, Humala is anxious to ensure that Conga moves ahead. The $4.8 billion Conga mine project — partly owned by US-based Newmont Mining Corp — would be Peru’s largest ever foreign investment.
More from Peru: Proposed gold mine riles locals
Humala’s apparent about-face, as well as his prime minister’s right-leaning confrontational style, alienates many who voted for him. Four leftist members of his Peru Wins congressional alliance quit the grouping last week.
Politicians here are notorious for breaking campaign promises. Perhaps the most blatant case was Alberto Fujimori, who won the presidency in 1990 after a prominent promise not to impose painful cuts to end an economic crisis. Within months, he launched a massive restructuring of Peru’s economy, throwing millions out of work.
Peru’s fragile democracy is still recovering from Fujimori’s time in power, which ended in an election-rigging scandal and imprisonment for directing death squads and embezzlement.
Many Peruvians now respond to politicians’ breaking their word with a weary cynicism. But others see the trend as a serious threat to democracy.
“It undermines the governability of the country by undermining the credibility of our democratic institutions, which were dangerously weak to start with,” says Arana.
Whether for or against the country’s powerful mining sector, most Peruvians are now warily monitoring the conflicts in Cajamarca and Cusco, afraid that the government’s handling of the crises will result in more bloodshed.


El Ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, se refirió a la excarcelación del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y reiteró su “absoluto respeto a las decisiones del Poder Judicial, sea cual fuere o contra las personas que fuere”.

Asimismo el ministro afirmó que “ahora, ya excarcelado (Óscar Mollohuanca), puede moverse por cualquier parte del territorio y reasumir su puesto. No tiene ninguna restricción del Poder Judicial”, con lo que confirmó que Mollohuanca podría participar en el diálogo que se realizará entre el gobierno y las autoridades de Espinar.

“El diálogo siempre ha estado abierto para todas las autoridades. Nosotros ya hemos iniciado esta fase con alcaldes distritales y provinciales” declaró a Canal N al preguntársele sobre el grupo técnico que viajará esta semana al Cusco para comenzar con el “Plan Integrado y Participativo de Intervención Sanitaria y Ambiental en Espinar”.

Finalmente, Pulgar Vidal reiteró que si Mollohuanca se presentase en los diálogos, él lo recibiría sin ningún problema haciendo hincapié en que: “Siempre hemos estado abiertos al diálogo, y el diálogo se hace sin condiciones. El diálogo que se hace sin condiciones es el que da más frutos”.

Fuente: La Mula




LIMA – El congresista Víctor Andrés García Belaúnde se mostró en desacuerdo con la detención del alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, pues a su parecer dicha detención fue una provocación del Estado.

“Creo que es una provocación del Estado arrestar a una autoridad en pleno conflicto, no digo que sea inocente, probablemente sea culpable de muchas cosas y habrá que juzgarlo más adelante. Todos sabemos cómo funciona la justicias en el Perú y en esta caso la justicia ha actuado de manera rápida y efectiva, lo que llama la atención. Más que una detención judicial cualquiera parecería que es una detención política y eso me preocupa” dijo Vitocho a radio Exitosa.

Fuente: Diario Correo


El jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos afirmó que el dirigente social “subordina y rebasa” al alcalde Óscar Mollohuanca, encarcelado por su participación en las protestas
Herbert Huamán
En la Presidencia del Consejo de Ministros consideran que la persona que “lidera e incendia” la provincia cusqueña de Espinar es el presidente del Frente de Defensa Herbert Huamán. Para el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos, Víctor Caballero, el dirigente “subordina y rebasa” al alcalde Óscar Mollohuanca.

En entrevista con El Comercio, el funcionario de la PCM afirmó que el Frente de Defensa controla a Mollohuanca, actualmente encarcelado en Ica tras haber sido acusado por el Ministerio Público por los delitos disturbios, secuestro, daños y coacción durante las protestas en su provincia.

“Hay una filmación donde Herbert Huamán, del frente, amenaza a Mollohuanca de haberse confabulado conmigo y con la comisión de avanzada. Dice que solo queda que el primer ministro vaya a Espinar para discutir el cierre de la mina. Se retiró de la mesa de diálogo (…) Quien lidera e incendia en Espinar es Herbert Huamán. Subordina y rebasa a Mollohuanca”, afirmó.

Caballero también señaló que en algunas regiones los frentes de defensa se han convertido en “un poder paralelo que ha subordinado al propio presidente regional y a las autoridades”.

“Mollohuanca, por ejemplo, tenía un proceso de revocación que no prosperó y eso influye mucho en la posición que tome una autoridad. Por ejemplo, Mollohuanca está convencido de que Xstrata promovió su revocación. Ocurre lo mismo en otros lugares”, añadió.

MOVADEF Y ETNOCACERISTAS
En otro momento, el funcionario de la PCM indicó que en algunos frentes de defensa hay integrante del grupo pro senderista Movadef y del Movimiento Etnocacerista del reo Antauro Humala. “Son producto de la crisis de partidos que dejó regados a una cantidad de cuadros, con experiencia y sin articulación”, acotó.

Fuente: El Comercio

ANDINA/Prensa PresidenciaLima, jun. 10 (ANDINA). El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, señaló hoy que el Gobierno tiene el objetivo de aplicar una política de cuidado del medio ambiente eficiente y “de clase mundial”, y para ello trabajan en el fortalecimiento de los organismos competentes y reglamentos ambientales en todos los sectores.
Refirió que en el último Consejo de Ministros, el propio presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, expresó su interés en que la política ambiental aplicada por su gobierno cumpla los estándares internacionales más exigentes.
En ese marco, dijo que se fortalecerán instancias como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, entidad encargada de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental por todas las personas naturales y jurídicas.
“Vamos a hacer del tema ambiental y de la política ambiental del Perú una política de clase mundial”, subrayó en declaraciones a Canal N.
Refirió que si bien la temática ambiental referida a la actividad minera es importante, no es el único sector sobre el cual se debe prestar atención.
Por ello, anunció que en su despacho ya se encuentran listos los reglamentos ambientales de diversos sectores, para su revisión final y pronta promulgación.
Mencionó que esos reglamentos corresponden al Ministerio de Agricultura y Vivienda y Construcción, mientras que se actualizará el correspondiente al Ministerio de Energía y Minas.
Pulgar-Vidal, señaló que cuando ingresó con su equipo de trabajo a asumir la conducción del Ministerio del Ambiente, se dictó una directiva para establecer cual era el nivel de desempeño de cada sector en el tema ambiental.
“Y le estamos haciendo seguimiento y por eso es que los sectores están actualizando (sus reglamentos), habrán muy buenas sorpresas en la temática ambiental muy pronto, porque esto no se hace de un día a otro”, concluyó.
(FIN) MDV/CCR

Ideeleradio.- Nos parece sumamente indignante que se diga que detrás de las protestas de Espinar se encuentra el movimiento Tierra y Libertad y su representante Marco Arana, como si la población de las provincias altas fuera irracional y no tuviera la capacidad de plantear directamente sus demandas, indicó Ruth Luque, directora de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani.

Fue al comentar la información difundida por Caretas, revista que accedió a una parte de los documentos de Inteligencia de la Policía, donde se detalla las actividades de Marco Arana, activista ambiental y líder del Movimiento Tierra y Libertad y su supuesta intervención en las protestas de Espinar.

“Lo que sí nos parece sumamente indignante es que durante todos los conflictos sociales en las provincias altas se ha dicho que aquí está Tierra y Libertad y Marco Arana, como si la población de provincias altas fuera irracional y no tendría la capacidad de plantear directamente sus demandas, como si necesitaran que venga alguien y les digan esto hay que hacer. Aquí hay una ignorancia de no saber que la gente de provincias altas tiene la capacidad de plantear auténticamente lo que está sintiendo”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Por otro lado, rechazó la información consignada por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior que señala que con el apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, y del líder ambientalista, las autoridades de Espinar llegaron a contactar a las ONG “CAFOD y MULTI-WATCH” para tramitar una visita a sus sedes principales (Suiza y Gran Bretaña).

“Para empezar el tema del viaje a Suiza jamás fue coordinado con Marco Arana, nunca hemos conversado sobre el tema del viaje y esto es producto de una invitación directa que lo hace MULTI-WATCH, que es un colectivo de diferentes organizaciones en Suiza, organizaciones de Iglesia, donde se está planteando una campaña internacional que se llama Derechos sin Fronteras. Esto ha sido una cosa muy pública ahí no ha habido nada oscuro”, remarcó.

         
Trayectoria de Mollohuanca va más allá de Tierra y Libertad | Inicio

Asimismo, dijo que el burgomaestre provincial de Espinar, Óscar Mollohuanca, tiene una trayectoria que va más allá de su vinculación directa con el movimiento Tierra y Libertad y que hubiera ganado las elecciones en representación de cualquier partido o movimiento.

“Óscar Mollohuanca no es un hombre que ha militado desde la creación de Tierra y Libertad, él ha participado a raíz de estas últimas elecciones y si él hubiera participado con cualquier partido, él hubiera ganado. Él tiene una trayectoria más allá de su vinculación directa con Tierra y Libertad”, aseveró.

En otro momento, consideró injusto que se diga que las demandas de Espinar se centran en el tema material y refirió que están exigiendo derechos humanos, oportunidades laborales y una relación diferente con la empresa minera.

“El tema del Convenio Marco está exigiendo temas en derechos humanos, oportunidades laborales, económicas, una relación diferente. El tema del aporte de las utilidades la población ha dicho que se tiene que negociar y ha dicho que tiene que ser más del 3%, teniendo en cuenta esta nueva inversión de mineroducto y del proyecto Antapaccay. Ese es un tema que se va a negociar, nunca se ha planteado de manera terca que sea 30%, no es una posición cerrada. Ellos mismo han dicho que lo tienen que negociar y la empresa tiene que sincerar cuánto van a ser sus ganancias y utilidades”, anotó.


Por: Rocío Silva Santisteban – @pavese
¿Sabes, lector o lectora, el nombre de los muertos en Espinar?, ¿no? Claro. Quizás por ahí te llamó la atención que uno de ellos fuera payaso. Un profesor de escuela que también se ganaba la vida haciendo reír a los niños. Pero, en general, desde Lima los muertos no son “comprendidos” como alguien con nombre propio, con DNI, con una historia de amores y pérdidas, de ilusiones y tensiones, sino como una cifra abstracta sin rostro ni piel ni años colegiales. Un nadie. Un radical que, a ojos de la gentita, debió caer, bien hecho.

Steve Levitsky, la semana pasada, me comentó que en otros países como Argentina siempre se sabe el nombre de los que mueren en un conflicto social. Hace unos años, dos diputados uruguayos me dijeron que percibían que en el Perú la vida valía poco, “por lo menos, menos que en Uruguay”. Los comentarios de estos tres ilustres extranjeros me hicieron sentir vergüenza. Y me niego a pensar que en mi país a los sectores urbanos que leen estas líneas les importa un carajo la vida de los espinarenses o de los cajamarquinos.  

Por eso, porque todavía confío en la gente, en los limeños de primera o de tercera generación, quisiera que todos conozcan la historia de un hombre que puede haber cometido errores, pero que de ninguna manera es un delincuente. Me refiero al alcalde de Espinar, elegido en segundo periodo luego de una primera gestión honrada, Óscar Mollohuanca. Mollohuanca fue primero de la clase durante todos los años escolares en el colegio Mateo Pumacahua de Sicuani. A pesar de la discriminación de la que fue objeto, y por sus méritos académicos, recibió una “dirimencia” y pudo estudiar Economía en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. También ha sido dirigente campesino de la FUCAE, trabajó en el Centro de Formación Campesina de la Prelatura de Sicuani, y en su primera gestión fue el autor del convenio marco, aunque terminó su periodo antes de que pueda suscribirse. Cuando lo detienen el 30 de mayo escribe en un papel este mensaje: “Queridos amigos, estoy agradecido por vuestras muestras de solidaridad, este es un pequeño bache en mi vida, pero seguiremos en la búsqueda de justicia para Espinar”.

Como señaló Enrique Castillo en su programa Agenda Electoral de Canal N del domingo pasado, mientras entrevistaba al ministro de Justicia, Óscar Mollehuanca puede ser considerado el primer preso de conciencia en el gobierno de Ollanta Humala. Su detención no fue en flagrante delito y la orden de la misma apareció doce horas después de que fuera capturado por un batallón de policías y transmitido en vivo por Canal N. Su situación irregular se acrecienta porque se le traslada a otro distrito judicial, a más de 400 km, violando la garantía constitucional del debido proceso y del juez natural. Su acceso a abogado es limitado y este tendrá dificultad para actuar pruebas a kilómetros de distancia. Asimismo, es lamentable que el Dr. César San Martín, que firma esta resolución administrativa de cambio de jurisdicción, contradiga al Dr. César San Martín que habla de las garantías procesales en sus tratados jurídicos.

Antes de terminar quiero dejarles un dato: el nombre del payaso muerto en Espinar. Walter Sencia Anca. Tenía 24 años y deja esposa embarazada de seis meses. Recuérdalo, lector. Invócalo, lectora, en tus oraciones. Dentro de tres meses, cuando su hijo nazca, no tendrá padre.