Posts etiquetados ‘conflicto sociales’


e25b8-13_img_0300El dia de 7 de enero a las 9 am tuvo lugar la última audiencia oral en el caso del juicio que Yanacocha sigue a la familia Chaupe bajo el cargo de ursurpación de tierras.

Un nuevo juez se presentó a la audiencia declarando que por principio de inmediatez y para que los acusados puedan hacer uso correcto del derecho de defensa que la justicia les confiere y que el juez que dicte sentencia , deberia de ser el mismo juez que siga todo el proceso de principio a fin. Es por eso que el nuevo juez declaró la anulación de todo lo actuado y el quiebre del proceso. Las partes fueron nuevamente citadas para el dia 10 de marzo a las 10 am para reiniciar el proceso.

La abogada de la familia Chaupe, la Dra Rosa Quedana que actúa en reemplazo de la Dra Mirtha Vasquez que como sabemos se encuentra en descanso de maternidad, aceptó el dictamen. Ese nuevo plazo permitiría la presentación de nuevas pruebas en favor de la familia Chaupe.

Por otro lado, curiosamente el fiscal, irritado por la medida, salió en defensa de la familia Chaupe alegando que les costaba tiempo y dinero para desplazarse a Celendin. Este hecho le importaba poco anteriormente. Lo que sucede es que el fiscal, que a todas luces actúa a favor de la mina, ve con preocupación el retraso en los trabajos en la laguna El Perol al no poder desalojar a la familia Chaupe. Además, en el mes de marzo se cumple el plazo de instalación del frente policial en la zona de Conga con la construcción de las nuevas comisarías y del helipuerto. Estas bases deben de albergar a cientos de DINOES dispuestos a intervenir en contra de los defensores del medioambiente.

El abogado de Yanacocha se expresó en contra de la decisión del juez.

Saludamos la imparcialidad del nuevo juez celendino que actúa respetando el derecho y el juramento de hacer respetar la justicia. Cabe resaltar que resoluciones del Tribunal Constitucional respaldan este derecho.

RN


Intento de construcción de la primera de las 24 centrales hidroeléctricas en el Río Marañón viene con represión.

  Celendín 9.12.2013

 Los pobladores de los distritos de Cortengana, Chumuch (Provincia de Celendín) y las comunidades rivereñas del Marañón, tanto a la margen de Cajamarca como de Amazonas, denunciaron el día de hoy la incursión de funcionarios de la transnacional Odebrech acompañados de un numeroso contingente de policías fuertemente armados.  La denuncia lo realizaron para este medio de prensa, miembros de las Rondas Campesinas y Frentes de Defensa de las comunidades.

Odebrecht, intenta sacar adelante un proyecto hidroenergético denomindado Chadín 2, para ello plantean represar el río Marañón, uno de los principales tributarios del Río Amazonas. Este proyecto contempla construir en el río un muro de 175 metros de alto inundando 50 km río arriba en una extensión de más de 3000 hectáreas de valle. La finalidad es producir 600 megavatios con una inversión de 1800 millones de dólares. Según la empresa esta energía sería destinada para las poblaciones, sin embargo, es sabido que  este proyecto servirá para dotar de energía a los proyectos mineros Conga, El Galeno y Michiquillay.

La población del lugar se opone a este proyecto porque inundaría a comunidades y valles productivos obligando a un desplazamiento forzoso a 1000 personas. AC Energía, empresa subsidiaria de Odebrecht ha venido causando una serie de problemas en las comunidades incluso propiciando:

  • La presencia elevada e injustificada de la fuerza pública.
  • Uso desproporcionado de la fuerza. Policías golpearon a hombres y mujeres e hicieron uso indiscriminado de gases lacrimógenos en audiencias públicas.
  • Restricción de la entrada de pobladores del lugar a las audiencias públicas.
  • Traslado de asistentes a talleres y audiencias de otros lugares, ajenos a la zona afectada.
  • Falsificación de firmas y documentos de identidad falsos en actas de las reuniones.
  • Chantaje a beneficiarios de los programas sociales del Gobierno para asistir a sus talleres o quitarles estos programas.
  • Difusión de información parcializada e imprecisa a favor del proyecto.
  • Denuncias a autoridades y dirigentes.
  • Cooptación de autoridades, etc.

Los comunicados radiales que se difundían en los medios de comunicación manifestaban:

 “Se comunica a las Rondas Campesinas de Tupén y Mendán, redoblar la vigilancia de nuestras tierras ya que gente de la empresa transnacional Odebrecht están con dirección a puerto Saquilillo – Distrito de Pisuquia Región Amazonas, juntamente con efectivos policiales ya que a dicha empresa se lo ha rechazado rotundamente”

ER (Frente de Defensa del Río Marañón)

Así mismo trascendió que los policías fuertemente armados estarían siendo remunerados por Odebrecht a un costo de 100 nuevos soles por día. Desde este medio hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para evitar cualquier costo social.

Plataforma Interinstitucional Celendina – PIC

 

Ver las denuncias  y más información sonbre Chadín 2, Odebrecht y AC Energía:

https://celendinlibre.wordpress.com/tag/chadin-ii/

https://celendinlibre.wordpress.com/tag/odebrecht/


DECLARACIÓN DEL PETÉN – V Encuentro de la Red Latinoamericana Contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, RedLar

Entre el 7 y 12 de octubre de 2013 se realizó en Guatemala, en la comunidad Retalteco, municipio de las Cruces, El Petén, el V Encuentro de la REDLAR con la participación de 537 delegados y delegadas de comunidades afectadas por represas de 14 países latinoamericanos.

Inicialmente las delegaciones internacionales realizaron visitas a comunidades amenazadas por la construcción de represas en Huehuetenango, Ixcán, Purulhá y Petén.

Durante el evento se compartieron informaciones, se analizaron las políticas e intereses que están detrás de la construcción de represas y discutieron estrategias de acción conjunta.

La realidad demuestra que en todos los países se vive un política extremadamente agresiva que promueve la explotación de los bienes naturales y profundiza el modelo extractivista que antepone los intereses de los poderes económicos y políticos al bienestar de la mayoría de la población, lo que requiere de cada vez de más energía y minerales, para satisfacer las necesidades del mercado.  En su ambición éste sistema alienta un consumo depredador, que pone en riesgo la vida de todos los seres vivos, atentando contra la subsistencia de las comunidades más pobres y vulnerables, afectando particularmente a mujeres y niños.

Las empresas y gobiernos  no dudan en utilizar engaños y violencia con tal de apropiarse de nuestros bienes comunes.   En la actualidad estamos viviendo un nuevo despojo hacia los pueblos originarios.

La alianza entre gobiernos y las corporaciones propicia la falta de información y consulta a las comunidades, la el despojo y desplazamiento a los pueblos originarios y tradicionales, el incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas, la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas, la parcialidad de los sistemas de justicia, la militarización de las regiones y comunidades que defiende su territorio y la persecución judicial, secuestros, torturas y asesinados de defensoras/es de derechos, son el común denominador en nuestros países latinoamericanos.

Nuevamente se constatan los graves daños sociales y ambientales generados por las represas, que afectan negativamente la tierra, alimentación, vivienda, salud y otros derechos humanos de millones de personas y de la naturaleza.  Esta alianza promueve proyectos mineros y petroleros que se apropian, extraen contaminan y mercantilizan el agua.  La promesa del desarrollo no es más que el espejismo con el que engañan a las comunidades.

Las represas hacen parte de un discurso que propone falsas soluciones.  No son energía limpia, son destructivas y contaminantes, causan efectos ambientales y sociales irreversibles, alteran el curso de los ríos, provocan desplazamientos masivos, acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y divisiones comunitarias.

El aumento de los conflictos sociales es provocado por la imposición a las comunidades de los planes gubernamentales, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado.   La REDLAR  promueve los derechos de las personas, la defensa de la naturaleza y la justicia social.

Después de seis días de compartir saberes y experiencias:

Reafirmamos el compromiso de continuar con la defensa de los ríos y la vida, y resistir a la imposición de los megaproyectos.

Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra.

Exigimos a los Estados latinoamericanos la indemnización, reparación y compensación integral del daño a las comunidades desplazadas por represas

Demandamos el respeto a los derechos de las comunidades donde se pretende construir nuevas represas, en base a los parámetros definidos por convenios internaciones de protección a los derechos humanos e indígenas, respetando su derecho a decir NO, respetando los resultados de las consultas comunitarias, plebiscitos y otros mecanismos de toma de decisiones.

Condenamos los asesinatos, secuestros, torturas, represión, criminalización y judicialización a las comunidades y defensores/as de derechos.

Manifestamos nuestra especial solidaridad con los hermanos hondureños de COPINH, de Santa Cruz Barillas y Cobán, que están siendo criminalizados por su lucha.

Convocamos a nuestras hermanas y hermanos en toda América Latina:

A mantener con firmeza nuestra resistencia y lucha por la defensa de la sagrada vida, por la Madre Tierra, los ríos y el agua.

A fortalecer las redes y movimientos locales, nacionales y regionales contra las represas y en defensa del territorio.

A promover alianzas estratégicas con otros movimientos del campo y la ciudad que luchan por sociedades con justicia y dignidad.

AGUA, TIERRA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA

RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE

RÍOS LIBRES, PUEBLOS LIBRES

EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE

RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA –REDLAR–

Retalteco, Petén, Guatemala 12 de octubre de 2013

V_Encuentro_REDLAR_Guatemala_2013


Una camioneta negra con lunas polarizadas sigue a poca velocidad a dos dirigentes que van de casa en casa. Son las diez de la noche en Celendin. Lo dirigentes se percatan de su presencia y la camionta desaparece sigilosamente por una esquina: rutina en Celendin.
Durante toda la semana, RPP difunde los beneficios de Chadin 2 y de Minas Conga; se promete energía a pueblos que serán inundados, a pobladores que serán desplazados y sobretodo no se les dice que las conexiones eléctricas irán directamente a Minas Conga y hacia el Brasil: para los pobladores? Manan! Con Minas Conga, se alaba el “progreso”, el “desarrollo”, pero no se dice que la minería aporta tan solo 1,5% de los empleos (PEA) y la agricultura – actividad durable que provee de alimentación sana y defiende la soberania del pais- provee de más el 32,7%  de los empleos y los servicios (turismo, hoteleria, sevicios de comunicación, restauración, artesanía, etc), más del 26 %. Y que los empleos en la mina son para los primeros años de construcción de reservorios y depósitos de relave y luego? Manan! Y que una mina de oro de tamaño medio consume unos 100 litros de agua por secundo, es decir 8.640.000 litros por día ? Y que la mina tiene una duración de vida de 17 años y luego? Manan! Queda un enorme, gigantesco, sideral, tajo abierto con sus centenas de hectáreas contaminadas irrrecuperables para toda actividad mientras los hospitales de Cajamarca se inundan de enfermos de cáncer por consumir agua altamente contaminada: a quién le importa?  Gobiernos construyen carreteras y veredas y servicios de saneamiento, ahora que quieren la mina pero anteriormente, lo que era su obligación presupuestal, terminó en los bolsillos de ya sabemos quienes.
Rumores malévolos de procedencia conocida divulgan que los dirigentes se han vendido a la mina…. será algun indicio de contienda e interés electoral?
Pero no! Yendo por las calles de Celendin, todos, pero todos reclaman reacción, movilización, manifiestan su rechazo a un proyecto minero e hidroeléctrico ecocidas:  se trata ahora de retroceder para mejor volver a saltar.
Celendin no se rinde!
Conga No Va!        Chadin 2 tampoco!


 

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El secretario general de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), Milton Sanchez Cubas,  viajó el día martes pasado para denunciar el caso Conga ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la máxima insitución de derechos humanos, con sede en Ginebra, Suiza. Es invitado por la organización francesa FRANCE LIBERTES, fundación que se ocupa y defiende desde hace mas de 15 años del derecho al agua, y luego de una larga y solida colaboración de año y medio  a través de la representante de la PIC, Raquel Neyra, en la cual se redactaron 5 declaratorias presentando y denunciando el caso Conga y ahora Chadin 2.

Este viernes 13 de setiembre, durante la 24ava sesión del Consejo en el Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza,  Milton Sanchez denunciará el caso ante los embajadores de los paises representados ante  el Consejo en un evento organizado por FRANCE LIBERTES (http://www.france-libertes.org/).  Tendrá entrevistas con los diferentes relatores y altos comisionados  de las NNUU (OHCHR) que le hayan concedido audiencia. Así mismo, se ha solicitado una entrevista al embajador peruano ante el Consejo para hacerle llegar de viva voz el reclamo justo del pueblo cajamarquino que defiende su derecho al agua y hacerle presente las violaciones a los DDHH perpetradas por el Perú en este caso. Como sabemos, han sido asesinadas cinco personas durante sus reclamos justos, muchísimas personas heridas, centenas criminalizadas y denunciadas violando el derecho establecido en la Declaracion Universal de DDHH y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos de los Pueblos Indígenas, entre otros.  Conjuntamente con el caso, Amigos de la Tierra denuncia el megaproyecto de represa de Bujugali en Uganda. Esta 5ta declaratoria ha sido firmada por 16 organizaciones a nivel internacional.

 Organizaciones que apoyan la demanda:

1)      Alliance Sud

2)      Amazon Watch

3)      Association of International Lawyers

4)      Centre Europe-tiers monde (CETIM)

5)      ICRA

6)      Indian Council of South America (CISA) 

7)      Indigenous Peoples and Nations Coalition

8)      International Association of Peace Messenger Cities

9)      International Educational Development

10)   International Rivers

11)   Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP)

12)   Spanish Society for International Human Rights

13)   UNPO

14)   War on Want

15)   WHRIA (Women’s Human Rights International Association)

16)   World Federation of Democratic Youth (WFDY)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/HRC24thSession.aspx


El dia de ayer 9 de setiembre tuvo lugar en el lugar denominado “La Tranquera” comunal a 4000 metros de altura, la asamblea de los frentes de defensa de Jadibamba Bajo, Huasyuj, Valle de la Laguna Azul, Jadibamba y Central rio jadibamba. La asamblea fue dirigida por Alamiro Vasquez Becerra, presidente del frente de defensa de Jadibamba Bajo. Los diferentes presidentes y vicepresidentes de los frentes de defensa y de las rondas campesina afirmaron su compromiso de seguir en la resistencia al proyecto minero Conga de manera pacífica. Relataron sus diferentes acciones y se analizó de qué manera se puede seguir luchando en condiciones difíciles cuando la mina busca socavar el ánimo de los compañeros. A esta reunión, asisiteron dos miembros de la PIC, el responsable de la coordinación internacional Nicanor Alvarado y una compañera, que informaron sobre las diferentes acciones que se vienen realizando a nivel local, nacional e internacional. Cabe resaltar, la presencia de la PIC ante el CDDHH de la ONU en Ginebra este mes de setiembre. Posteriormente, la reunión prosiguió en la Casa del Rondero a causa de la lluvia y de fuertes vientos que azotan esta parte de la cordillera.
En Jadibamba se proyecta construir un depósito de relaves de la mina. Como se sabe, Jadibamba es cabecera de cuenca, en ella nace el rio Jadibamba que irriga diferentes valles cajamarquinos, entre ellos la zona turística de los baños termales de Llanguat. El rio Jadibamba es rico en truchas y todo el valle es ganadero, ya desde los 4000 metros de altura, el ganado es abundante, como lo es la producción lechera. La construcción de un depósito de relaves obligaría al desplazaminto forzado de los habitantes de la zona y contaminaría la cabecera de cuenca, el rio y los valles alindantes causando estragos irreparables en el medioambiente, afectando la economía y los recursos de Cajamarca. No lo permitamos.
Los acuerdos tomados en la reunión fueron de salir a inspeccionar el 24 de setiembre la parte alta de la Laguna Azul hasta el cerro el Indio, cerrando las rutas a foráneos; otra decisión es que una delegación asista el 15 de setiembre a la reunión convocada por las rondas campesinas en Bambamarca para ver el problema de las tranqueras y otra delegación a la reunión convocada por la PIC en El Porvenir para ver las proximas medidas a tomarse y los mecanismos de la resistencia.
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Máxima Acuña no está sola
Vayan, corran y digan, a pesar de que el extractivismo y la mega minería arremeten estos últimos tiempos con fuerza en nuestro continente, vayan, digan y sobre todo griten de que no nos rendimos.
Mientras que en Uruguay la minería de gran porte se declara de “interés nacional”, en el Ecuador, el presidente Correa se decide a explotar el petróleo del bloque ITT del Yasuni, parque nacional de 982 000 ha fronterizo con el Perú que alberga a 696 variedades de pájaros, 2 274 especies de árboles, 382 de peces, 169 mamíferos y 121 especies de reptiles, una de las concentraciones más altas del mundo; se sentencia por otro lado a doce años de cárcel a los dirigentes sociales Pepe Acacho y Pedro Mashiant; en Oaxaca, Méjico se pide la liberación de activistas y se denuncia de que los funcionarios públicos están coludidos con las empresas mineras y utilizan el chantaje con sus programas como Procampo, Oportunidades, 70 y más, para obtener la respuesta favorable de algunas autoridades a favor de la minería. Huele a Chadin 2, Verdad? En Guatemala y en El Salvador se sigue luchando por el cierre de las actividades de Goldcoorp.
La arremetida es grande, la sed de dinero insaciable, en el afán de vender “su” progreso ciegan vidas, atacan a la prensa, a los Guardianes de las Lagunas, pero sepan, que del Sur al Norte y del Norte al Sur estamos unidos y no nos rendiremos en esta lucha, Carlos Perez Guartambel, líder de ECUARUNARI, envía saludos de apoyo a Máxima:

“nuestra solidaridad con la hermana defensora del agua indigna estas perversidades del régimen, ánimo muchos hemos pasado injustamente por estos banquillos, en mi caso vamos con 4 encarcelamientos y una sentencia condenatoria pagamos la pena y seguimos defendiendo la vida y resistiendo a la diabólica meganimería metálica
Juyayay hermanas y hemanos y en particular a hermana Máxima Acuña no está sola!
Conga No Va!
Chadin 2 tampoco!


Para el exministro de Energía y Minas este caso fue un “daño terrible a la credibilidad del país”. El saldo de esta mala imagen -afirmó- lo estamos viendo en la caída en política y potencial minero. “No somos el único mendigo sentado en un banco de oro”, dijo.

La minería peruana como atractivo de inversión extranjera “perdió un poco el carro” entre la gestión de los ministros Carlos Herrera Descalzi y Jorge Merino –encargados de la política minera en el sector–, pues no se garantizó la estabilidad jurídica del país al permitir la paralización de Conga.

Ese fue el balance de Fernando Sánchez Albavera –exministro de Energía y Minas, y director de la Cátedra Minero-Energética de la UTEC– sobre los dos años del gobierno de Ollanta Humala. “Hay que distinguir lo que fue la coyuntura de Herrera Descalzi y la de Merino Tafur. Ahí hay un puente de déficit en el que perdimos un poco el carro. No establecimos condiciones para garantizar la estabilidad jurídica en el país”.

Ya se había aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto Conga. En otras palabras –recordó–, se habían pasado todos los pasos definitivos para que un proyecto se concrete, y por cuestiones políticas se alteró esa tramitología legal y se contrató un peritaje internacional.

Para Sánchez Albavera, ese hecho dejó una huella en la imagen del sector que hoy estamos saldando, como demuestra la encuesta internacional del Instituto Frazer, donde volvimos a caer en política minera y potencial minero.

“Es terrible y lamentable el daño de credibilidad que generó lo de Conga. Y, sobre todo, el ridículo que hicimos internacionalmente al haber contratado un peritaje que nadie puso en debate en el país. ¿Leyó el informe el ministro correspondiente? ¿Lo leyó el señor Gregorio Santos?”, criticó Sánchez Albavera.

¿Un mendigo en banco de oro?
El catedrático de la UTEC recordó algunas ideas del peritaje que debieron ser sometidas al debate, tanto público como académico. “En la zona de Conga, no hay ninguna posibilidad de hacer agricultura. Eso que tanto discuten no son lagunas, sino hoyos mineralizados donde cae lluvia. Tampoco hay filtración de agua. Hay una tremenda discusión desde el punto de vista hídrico que no aprovechamos”.

“En el Perú ‘pasamos piola’. Decimos Conga no va, porque creemos que somos un mendigo sentado en un banco de oro”, agregó. Para Sánchez Albavera, ese pensamiento no es más que una “deformación histórica”, cuando en la práctica somos un país que compite en minería con países desarrollados.

“El Perú está captando 4% de la inversión mundial en exploración. Viene decreciendo en términos internacionales. No somos los únicos. Cuando nosotros decimos Conga no va, hay tres Congas en el mundo que se pueden desarrollar”, advirtió.

Gestión


Dos campesinas peruanas en una reunión de líderes comunitarios. / J. FOWKS


Por: Jacqueline Fowks
Desde diciembre, en la sierra norte del Perú, un proyecto minero enfrenta la oposición de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, la única del país donde aún se habla la variante del quechua Cañaris. Comuneros que rechazan la extracción a tajo abierto protestaron en enero, bloqueando la vía de acceso al campamento de la minera Cañariaco. La policía repelió con disparos, algunas personas quedaron discapacitadas, no hubo muertos. El Gobierno, entonces, creó una mesa tripartita de trabajo para resolver el conflicto; sin embargo, las dos últimas sesiones no han abordado el principal punto de discrepancia y los representantes del Estado y de la comunidad están cada vez más enfrentados. “Creo que por la ruptura de la mesa de diálogo va a ser imposible asistir a la siguiente”, dijo el dirigente Florentino Barrios a EL PAÍS el sábado, pocas horas después de que fracasó la cita en las montañas del departamento de Lambayeque.

Este caso muestra las dificultades del Gobierno y las empresas para dirimir intereses y tensiones con comunidades de culturas y valores diferentes: 18 proyectos mineros están asentados en territorios de indígenas, y una cantidad mayor incluso corresponde a proyectos de hidrocarburos. La Defensoría del Pueblo reporta cada mes la cantidad de conflictos sociales en el país. El informe de febrero revela que de 89 casos en proceso de diálogo, 46 de esos espacios surgieron después de un hecho de violencia, como ocurrió con Cañaris. De 222 conflictos registrados en febrero,147 son socioambientales, como el de Cañaris. O también, como el de Conga Cajamarca (sierra norte), donde el diálogo fracasó y continúan las fricciones entre la policía contratada por la empresa minera y la población local que se opone a un millonario proyecto minero de la estadounidense Newmont. Ese conflicto fue la primera crisis política que enfrentó –en diciembre de 2011– el Gobierno de Ollanta Humala, pues al abandonar su promesa de Agua sí, oro nopor Agua sí, oro también, prescindió de varios ministros y parte de sus electores se sintieron traicionados.

La cuestión en Cañaris es particular debido a que el Perú promulgó en 2011 la ley de consulta previa de los pueblos indígenas, pero el Estado aún no ha concretado ninguna consulta de acuerdo a dicha norma. Tardíamente, la semana pasada, divulgó una guía de procedimientos administrativos para su aplicación, pero aún no hace pública la listaoficial de los pueblos indígenas que pueden exigir ese derecho.

La mesa de trabajo de Cañaris fue creada por el Gobierno, con la participación de la empresa y la comunidad, para abordar dos temas: desarrollo y minería. En cuanto a minería, en la sesión del 4 de marzo el Gobierno debió decidir la validez de dos votaciones en las que los comuneros tomaron posición acerca de las operaciones de la minera Candente Copper. Ninguna fue organizada por el Estado, aunque la segunda contó con representantes gubernamentales como observadores. Una votación con 500 personas en julio de 2012 tuvo el 70% a favor de la mina; mientras que a la de septiembre asistieron 1.896 personas y 1.719 votaron contra el proyecto. El padrón comunal de San Juan de Cañaris registra unas 3.300 personas, quienes se rigen por la ley de comunidades campesinas. La sesión del sábado, realizada en un coliseo en Cañaris, postergó nuevamente para mayo la evaluación sobre cuál votación da, o no, el permiso o licencia social a Candente Copper para seguir sus operaciones.

En las dos últimas sesiones, el comportamiento de los representantes del Gobierno, altos funcionarios del ministerio de Energía y Minas y de la presidencia del Consejo de Ministros, ha llamado la atención. La reunión del 2 de marzo iba a ser en la comunidad campesina de Cañaris, sede definida con un mes de anticipación. La noche anterior, los funcionarios cambiaron el lugar, avisando a la prensa, pero no a los cañaris, quienes habían preparado una bienvenida de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Las autoridades comunales no solo llegaron tarde a la otra localidad, sino que se sintieron maltratadas.

Este sábado en Cañaris, el presidente comunal saliente, Cristóbal Barrios, y su sucesor Florentino Barrios, quien asume el próximo 17, tuvieron dificultades al ingresar a la sesión en un coliseo. El impás se resolvió, pero un representante de la PCM impidió pasar a Rosa Sara, vocal de la presidencia comunal y dirigente de las rondas de mujeres de Cañaris. “Nos retiramos porque no era conveniente entrar incompletos”, explicó Florentino vía telefónica, mientras el presidente saliente se quejaba a la prensa: “Nos han sacado de nuestra propia casa”.

A su vez, el presidente de la mesa de trabajo, Fernando Castillo –del ministerio de Energía y Minas– declaró que los dirigentes tomaron la “decisión unilateral de no participar en la reunión”.

Sin embargo, a la fecha, el Gobierno se ha valido de recursos administrativos contradictorios y se inclina a favorecer a la minera canadiense. La inversión proyectada por la empresa es de cerca de dos mil millones de dólares para extraer cobre y oro.

A fines de febrero, en una entrevista con EL PAÍS, Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de Diálogo del Gobierno, afirmó: “Quienes van a determinar la validez o no de estas votaciones es el subgrupo de ambiente y minería. Y allí están todos, incluso la parte opositora -de la comunidad-, Energía y Minas, nosotros. Esa discusión en la comisión es muy importante y no somos nosotros sino la comisión la que dará validez o no a los argumentos presentados”. El tiempo sigue pasando y tanto los empresarios como los comuneros presionan a la Administración de Humala. Unos para invertir, los otros para defender sus bosques montanos y el agua.


Por: Jorge J. Chávez Ortiz*
Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.
En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.
Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.
Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo – 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

 

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata – Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:
  1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
  2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
  3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
  4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
  5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
  6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
  7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.
Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.
La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.______

* Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  –  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa



Servindi, 16 de febrero, 2013.- Delegaciones de comuneros y ronderos de Cañaris y Cajamarca se hicieron presentes en Lima esta semana para insistir ante el presidente Ollanta Humala y su gabinete a que tomen la decisión de cancelar los megaproyectos mineros Cañiaraco y Conga, respectivamente.

En conferencia de prensa realizada el miércoles 13 en el Congreso de la República, Cristobal Barrios, presidente de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, en Lambayeque, demandó al Ejecutivo respetar la votación comunal del 30 de setiembre de 2012.

En aquella ocasión el 97 por ciento de comuneros sufragantes se pronunció por el retiro de la empresa canadiense Candente Cooper de su territorio y la cancelación del proyecto Cañiaraco.

Milton Sánchez, secretario general de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, denunció que la empresa minera Yanacocha se encuentra operando en el área del proyecto Conga, lo que podría desatar un nuevo enfrentamiento con los guardianes de las lagunas que acampan desde hace meses en la zona.

Asimismo, informó que se convocará a una consulta popular para el 7 de julio próximo para que la población tenga la oportunidad de expresarse y reafirmar su rechazo a Conga.

Manuel Ramos, dirigente de las rondas de Tambo, en Bambamarca, Piura, informó que sesenta mil ronderos de su provincia están dispuestos a participar en una autoconsulta para decirle una vez más al Gobierno y a Minera Yanacocha que no quieren más minería en su territorio ni que se destruyan las lagunas ni los cinco sistemas hídricos por efecto del proyecto Conga.

La congresista Verónika Mendoza recibió a los comuneros y ronderos expresándoles su total respaldo y facilitando la presencia de los medios de comunicación. El congresista Jorge Rimarachín también se hizo presente en gesto de solidaridad.


Foro “A un año de la Marcha del Agua”

Por la tarde, ambas delegaciones fueron las invitadas centrales del Foro: “A un año de la Gran Marcha Nacional del Agua. ¡Somos un río”, organizado por el Comité impulsor de la Campaña por el Derecho al Agua.

El evento conmemoró el primer aniversario de la caminata que partió de Cajamarca el 1 de febrero de 2012 y culminó en la capital el día 10 con una movilización y un mitin que congregó alrededor de 20 mil personas.

En el Foro los visitantes expusieron con más amplitud las razones de sus demandas. La dirigenta comunera de Cañaris Rosa Huamán, explicó que tanto su comunidad como la Túpac Amaru y el pueblo de Incahuasi se oponen a que se instalen megaproyectos mineros en sus territorios.

Indican que pondrían en grave riesgo sus formas de vida, su organización, su derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado, su derecho al desarrollo y la alimentación.

Tambien se pondría en grave riesgo la existencia de la diversidad de especies, ecosistemas y afectarían seriamente las nacientes de agua y los bosques de neblina.

La comunidad de Cañaris tiene una extensión superficial de 40,000 hectáreas. El 83 por ciento del territorio comunal ya está concesionado a Candente Copper, proyectos Cañariaco Norte y Cañariaco Sur. La fase de exploración durará 17 meses y la de explotación 22 años.

El pueblo de Cañaris es descendiente de la cultura Kañaris, que existió antes que el Estado peruano. Fue reconocido como comunidad indígena el 10 de octubre de 1956 por Ley Nº 11590.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Cañaris tiene 14,260 habitantes y 3,562 comuneros empadronados. El 90 por ciento de la población es quechua hablante.

A su turno Vilma Eugenio Palma, presidenta de las mujeres ronderas de Tambo, informó que unas 50 mil mujeres de Bambamarca participan como ronderas, un gran números de ellas aportan a la organización de la lucha y en los turnos de vigilancia de las lagunas.

Milton Sánchez, vocero del Comando Unitario de Lucha de las trece provincias cajamarquinas expresó el agradecimiento por el apoyo que reciben por parte de las organizaciones sociales como la Central Única de Trabajadores (CUT), la Federación de Trabajadores del Agua y Alcantarillado (Fentap), la Federación de mujeres artesanas, campesinas y asalariadas (Femucarinap), entre otras.

Carlos Monge a nombre del Movimiento Tierra y Libertad rememoró la lección política que dejó la lucha de los ronderos y pueblos de Cajamarca cuando hace un año decidieron emprender la Marcha del Agua hacia Lima.

Contra todo pronóstico, la lucha contra el proyecto minero Conga se fue convirtiendo en un enorme río de reclamos por el agua durante su recorrido por el norte del país, conmoviendo también a parte del sur y a pueblos y comunidades de la selva. Su llegada a Lima fue triunfal porque impuso el tema del agua en la agenda nacional, algo que jamás había sucedido.

 


Servindi, 25 de enero, 2013.- El rumor de dos muertos como probable saldo de un enfrentamiento quedó felizmente descartado hoy por Cristóbal Barrios, presidente de la Comunidad de Cañaris, quién informó que el enfrentamiento ocurrido hoy con la policía dejó veinticuatro heridos, cinco de ellos de gravedad.

A través de Radio Marañón, Cristóbal Barrios precisó que el enfrentamiento ocurrió cuando la policía desalojó la carretera que conduce al campamento de la empresa minera Candente Copper, en Marayhuaca, distrito de Incahuasi, que estaba ocupada pacíficamente por los comuneros.

Según el dirigente, la población realizaba un paro pacífico en su propio territorio cuando llegó el fiscal de Jaén y tomó la decisión de enviar a la policía a “bombardear a los hermanos comuneros”, indicó.

Producto de los disparos, indica Barrios, hay cinco heridos graves, uno de ellos de mayor gravedad por impacto de bala. Se trata de Santos Tantarico Manayai, del distrito de Pandachí, en Cañaris. Asimismo, el dirigente afirmó que la cifra total de heridos es de 25 personas.

Barrios señaló que la situación permanece calmada y que los ronderos planean retomar la vía “con más ganas e indignación luego de haber visto a sus propios hermanos heridos” anotó.

El dirigente solicitó que las organizaciones de derechos humanos denuncien tanto a la policía como a la Fiscalía por haber ordenado el desalojo.

Por otra parte, el dirigente rondero Bacilio Díaz Pérez repudió el hecho represivo y rechazó cualquier derramamiento de sangre peruana en la comunidad San Juan de Kañaris. “Pensamos que el Gobierno Central está en contra de las organizaciones, los campesinos hombres y mujeres humildes del país” expresó.

“Con esas actitudes demuestran que a los gobernantes y a las transnacionales no les importan la vida humana, las costumbres, las tradiciones, la cultura”, agregó.
 

Pretenden imponer proyecto minero a sangre y fuego

Díaz Pérez lamentó que el Gobierno no haya tomando en cuenta la consulta popular sobre el proyecto minero Cañariaco, realizada el año pasado por la comunidad.

“Nosotros demostramos al Estado que el pueblo de Cañaris es pacífico. Desgraciadamente, las autoridades, empezando por Humala , se burlan y hacen caso omiso a reclamos, a la metodología pacífica que empleamos para defender la vida, el agua, y los recursos naturales, agua de cabecera de cuenca, agua natural”, señaló el dirigente.

Igualmente, el poblador David de la Cruz, de la comunidad de Chilasque, señaló que más de trescientos comuneros se encuentran protestando en el caserio de Paipeta por los heridos del enfrentamento en Incahuasi.

“Nos preocupa que puedan haber heridos de gravedad. Así, no nos van a calmar jamás. Por el contrario, vamos a apoyar con más contundencia”, indicó.


Autoridades afirman que no se usó balas
Según el jefe de la Policía de la región, coronel Jorge Linares, en el operativo se utilizaron solamente balas de goma y gases lacrimógenos y según su versión, descartó el uso de balas de fuego.

Asimismo, el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vladimiro Huaroc, confirmó la versión policial y descartó el supuesto deceso de dos personas en el desalojo.

“Tenemos información, no solo de la Policía sino del personal del Ministerio de Energía y Minas. Se trata de dos heridos y no muertos, que ingresaron en la posta de salud de Marayhuaca”, aseguró Huaroc.


Mientras en Lima las patinadas del No y las denuncias más fuertes sobre los impulsores de la revocatoria ocupan la agenda nacional, en la sierra de Lambayeque las cosas andan movidas desde hace varios días. En específico, en la localidad de Cañaris. Allí existe un conflicto en torno a un proyecto minero – Cañarico – impulsado por la empresa canadiense Candente Cooper.

¿Por qué se ha presentado el conflicto en la zona? Lo explica el editorial de esta semana de Noticias SER:

Es importante señalar que el proyecto está ubicado en la sierra del departamento de Lambayeque, zona en la cual no ha habido actividad minera hasta la fecha. Como suele suceder en estos casos, la población reacciona frente a la incertidumbre que genera este tipo de proyectos, tanto en lo referido a los impactos ambientales, como a los cambios sociales y económicos que generan y en los que muchas veces, las comunidades y los pobladores terminan siendo damnificados antes que beneficiarios.

El conflicto, para variar, no nació ayer o la semana pasada. A fines de septiembre se realizó una consulta popular entre la comunidad de Cañaris para ver si respaldaba la actividad minera y el 97% de los ciudadanos dijeron que No (Ojo que esto es distinto a la consulta previa, mecanismo sobre el que existe aún discusión sobre si la comunidad en cuestión entra o no, dado que no se le habría incluido en el registro que viene preparando el Viceministerio de Interculturalidad, de acuerdo con Noticias SER). Sin embargo, como indica El Comercio, meses antes se produjo otra consulta en la que la comunidad aprobó la realización del proyecto. Imaginarán cual es la que reconoce el Ministerio de Energía y Minas.

Hubo una huelga en diciembre que se paró gracias a los buenos oficios de la Defensoría del Pueblo, pero a inicios de enero el conflicto recrudeció debido a que la empresa reinició sus trabajos en la zona, como parte de las labores de exploración. Y el día de hoy se produjeron enfrentamientos entre la policía y los comuneros, que han tenido como saldo varios heridos (dos de ellos de gravedad).

Para echar más gasolina al fuego, desde el Estado las respuestas han sido peores que las de la mayoría de voceros a favor y en contra de la revocatoria. Indica Noticias SER (links añadidos míos)

De otro lado, a pesar del tímido esfuerzo del ministro del ambiente. Manuel Pulgar Vidal de intentar bajar el tono del gobierno sobre el caso, al señalar que: “Si hay un gran sector de la población en contra (del proyecto), el Estado debería tenerlo en cuenta”, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino ha respondido que: “El dirigente del Frente de Defensa estuvo preso 10 años por terrorismo y por eso es que nosotros desde el gobierno central propiciamos el diálogo pero también tenemos que ejercer la autoridad para impedir que se genere violencia como un motivo para luego decir no a la minería”, lo cual parece cerrar toda posibilidad de diálogo por el momento.

A ello se suma, como indica Santiago Pedraglio en su columna de hoy, el hasta el hoy críptico anuncio del ministro del Interior sobre la creación de frentes policiales en zonas de conflictos vinculados a actividades extractivas. Para algunos esto sería casi una suerte de repetición de los frentes contrasubversivos de épocas pasadas, lo que conllevaría una lógica estrictamente policial al tratamiento de los conflictos, mientras que para otros esta sería la oportunidad para destrabar una zona gris existente entre las fuerzas de seguridad y las empresas mineras, en relación con el comportamiento de las primeras en conflictos sociales, en particular, por la existencia de convenios entre ambas para su actuación en las zonas mineras.

Y, por cierto, lo ocurrido en Cañaris se produce en un contexto en que la Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros parece estar más interesada en un debate semiológico en relación con el concepto de “conflictos”, antes que pensar en la mejor forma de gestionarlos y solucionarlos.

Fuente: Desde el Tercer Piso – http://www.desdeeltercerpiso.com/2013/01/%C2%BFque-ocurre-en-canaris/