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Chiclayo. Según informó el presidente de la comunidad campesina de San Juan Cañaris y actual presidente de las Rondas Campesinas y Urbanas de Lambayeque, Cristóbal Barrios, representantes de la empresa Candente Cooper, encargada del proyecto de exploración minera en la zona, habrían anunciado que las actividades se retomarán a partir del 15 de enero.
Por esto, Barrios sostuvo que en una asamblea realizada en la comunidad campesina se decidió que desde el 17 de febrero se iniciarán nuevamente las protestas contra el desarrollo de la actividad minera en Cañaris.
El dirigente de la comunidad sostuvo que la resistencia contra la actividad minera continúa en Cañaris, por lo que la empresa está realizando “trabajo social” con la intención de convencer a los comuneros de aceptar el desarrollo de Cañariaco.
Añadió que la comunidad no obtuvo ningún beneficio de las mesas de diálogo y que por el contrario, aseguró que estas se hicieron para paralizar las protestas de la comunidad. “Las mesas de diálogo solo buscaban engañarnos y congelar la lucha”, indicó Barrios.

CLAVES
El proyecto de exploración minera de Cañariaco, que está a cargo de la empresa Candente Cooper, lleva paralizado más de un año.
Campesinos aseguran que no se ha aprobado ningún proyecto de desarrollo propuesto en las mesas de diálogo. 

 

“Donde hay indígenas en el mundo, hay organización comunal, que se fortalece para defender a la Madre Tierra”
Hugo Blanco Galdós, peruano, director del periódico Lucha Indígena, activista contra las minas y ex guerrillero.
Testimonio recogido durante la Cátedra Juan Chávez Alonso, celebrada en San Cristóbal de las Casas, los días 17 y 18 de agosto.

Cañaris. El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró que el pueblo quechua de Cañaris no sería objeto de consulta previa.
 
Perú cuenta con un reglamento para la consulta previa desde abril de 2012. Desde entonces, 2 viceministros de Interculturalidad han renunciado y todavía no se publica la base de datos de Pueblos Indígenas.

Por: Beatriz Jiménez

Perú celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con un viceministerio de Interculturalidad acéfalo y un reglamento para aplicar la consulta previa entrampado por la no publicación de una base de datos que defina quiénes son y dónde están nuestros pueblos indígenas.

La postura enarbolada por un sector del Ejecutivo de no incluir a las comunidades andinas como sujetos de derecho a la consulta previa parece haber ganado en una pugna con casi dos años de historia que ha enfrentado al viceministerio de Interculturalidad con el resto del gabinete .

Tras la renuncia de Paulo Vilca, el pasado 25 de julio, el Ministerio de Cultura no encuentra hasta el cierre de esta nota quien quiera sustituirlo. Este viceministerio es uno de los más calientes del gobierno. Todos los que lo han ocupado se han quemado con la consulta previa.

El primer viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, fue destituido en octubre de 2011 junto con la entonces jefa del Indepa, Raquel Yrigoyen. Tras su abrupta salida, esta última denunció presiones de Pluspetrol para que se permita realizar trabajos de ampliación de la exploración en el lote 88, superpuesto a la reserva territorial Kugapakori.

La gestión de Iván Lanegra fue más fructífera. El vice- ministerio logró aprobar unReglamento de la Ley de Consulta Previa en abril de 2012 y elaboró una base de datos de pueblos indígenas hasta ahora nunca publicada. Esta base incluía a 52 pueblos indígenas: 48 amazónicos y 4 andinos (quechuahablante, aymara, uro y jacaru).

Tras discrepancias abiertas con Jorge Merino, Lanegra renunció después de que el presidente Ollanta Humala declarara en una entrevista televisiva el pasado 28 de abril que la mayor parte de comunidades andinas eran “comunidades agrarias producto de la reforma agraria”, negando así su carácter indígena.

El hasta entonces Director de Interculturalidad, Paulo Vilca, pasó a ocupar su lugar. En su gestión, se avanzó en la primera consulta previa: la realizada al pueblo Maijuna. Sin embargo, el Lote 88 entró en juego. Vilca finalmente renunció después de que el gobierno desconociera las 83 observaciones que realizó al Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol.

En medio de este escenario de inestabilidad política en el viceministerio de Intercultural, las organizaciones indígenas no han jugado un buen partido. Tanto Aidesep, la principal organización de Pueblos Amazónicos, como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, están viviendo este proceso inmersas en disputas internas.

PRESIONES ECONÓMICAS

La ventana abierta en septiembre de 2011 con la aprobación de la Ley de la Consulta Previa podría cerrarse empujada por el descenso del precio de los metales y las presiones que según nuestras fuentes ejercen la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo(SNMP) y la Confiep.

“El derecho a la consulta no tiene que ser visto como un obstáculo para el desarrollo”, insiste Lilian Landeo, Coordinadora del Programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover el Convenio 169. “Nos da la impresión de que hay mucho temor en aplicar un proceso serio de consulta. ¿Qué mejor que tener concesiones mineras y petroleras consultadas con las comunidades indígenas locales?”.

La OIT reconoce los avances de Perú al promulgar la consulta previa y su reglamento, convirtiéndose en el primer país de la región en crear estos instrumentos para cumplir con el Convenio 169. Sin embargo, pide a Perú ponerlos en práctica.

Este organismo de Naciones Unidas recuerda que el Convenio 169 no plantea la necesidad de una base de datos para realizar un proceso de consulta . “Para nosotros es una discusión que no tiene sentido”, explica la representante de OIT. “Basta que una medida del Estadoafecte a los pueblos indígenas para realizar una consulta en busca de un consentimiento libre, previo e informado”.

Lilian Landeo informó a La República de que el Estado Peruano, en informes ante órganos de control de la OIT, reconoce que las comunidades campesinas son pueblos indígenas. “El convenio dice que independientemente de la denominación que tengan en el país, basta que el gobierno las identifique como indígenas para que sean reconocidas así”, explica tras citar el caso de Colombia, que reconoce el derecho a consulta previa de los pueblos afrodescendientes.

CONSULTAS

Área de conservación maijuna. Comunidades nativas Maijuna de Loreto proponen la creación de un Área de Conservación Regional de casi 400 mil hectáreas. Este proceso de consulta es el primero llevado a cabo en el país y está a cargo del Gobierno Regional de Loreto. Todavía sigue en curso.

Lote 192. Perupetro es el encargado de iniciar el proceso de consulta de este lote petrolero en Loreto.

26 lotes petroleros. Perupetro ha anunciado que este año licitará 26 lotes petroleros que serán objeto de consulta previa.

Ley forestal. A cargo del Ministerio de Agricultura. El reglamento de la Ley Forestal va a ser sometido a un proceso participativo.

Ley de lenguas. El Ministerio de Educación está elaborando un reglamento de la Ley de Lenguas que será sometido a consulta.

Salud intercultural. El Ministerio de Salud tiene a su cargo la elaboración de una política en Salud Intercultural.

 

Indígenas Nanti / Foto: Indepa

Servindi, 6 de agosto, 2013.- La Defensoría del Pueblo recomendó al Ejecutivo tomar en consideración las observaciones planteadas por el Viceministerio de Interculturalidad al proyecto de ampliación del Lote 88 de la empresa Pluspetrol, a fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial que se encuentran en dicha zona.

La exhortación la efectuó a través de un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.

En el documento, el titular de la Defensoría, Eduardo Vega Luna, aconseja que el Ministerio de Cultura notifique inmediatamente la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC del 12 de julio de 2013 a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas.

Como es de conocimiento público, dicha resolución plantea 82 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del Lote 88 de la petrolera de capitales argentinos.

El Defensor del Pueblo recomendó también que el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas garanticen que la evaluación del estudio de impacto ambiental para la ampliación del Lote 88 cumpla con la finalidad de que los pueblos indígenas gocen de un ambiente adecuado para el desarrollo de su vida.

Asimismo, sugirió al Ejecutivo cumplir con establecer y proteger las reservas indígenas que garanticen el derecho a la vida, integridad y salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, conforme lo establece la Ley N° 28736.

De igual modo, que apruebe e implemente un plan nacional para la protección de estas poblaciones.

El comunicado de la Defensoría se conoce luego de que varias organizaciones civiles le expresaran al presidente de la República Ollanta Humala la necesidad de detener la ampliación del área para la explotación de hidrocarburos por el riesgo en que coloca a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Es importante recordar que sobre un 23.04 por ciento del área de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti (RTKNN) se superpone el Lote 88.

A continuación el oficio completo de la Defensoría del Pueblo:

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Defensoría del Pueblo

Lima, 06 de agosto de 2013

OFICIO N° 1132 -2013/DP

Señor

JUAN JIMÉNEZ MAYOR

Presidente del Consejo de Ministros

Presente.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme a la Resolución Viceministerial N°005-2013-VMI-MC, del 12 de julio de 2013, mediante la cual el Viceministerio de Interculturalidad emitió su opinión técnica previa vinculante sobre el «Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88», publicado en la página web del Ministerio de Cultura, el 15 de julio del presente año.

Como es de su conocimiento, debido a la extrema vulnerabilidad inmunológica, demográfica y cultural que caracteriza a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, el Estado peruano ha asumido un conjunto de obligaciones jurídicas con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección de derechos que asegure su existencia e integridad.

Estas obligaciones derivan, también, del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de las Naciones Unidas.

En atención a ello, y con el fin de garantizar la protección de los grupos étnicos Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, el Estado —mediante Resolución Ministerial N° 0046-90-AG/DGRAAR, publicada el 25 de febrero de 1990— declaró la superficie de 443,887 hectáreas ubicadas en los distritos de Echarate y Sepahua, provincias de La Convención y Atalaya, departamentos de Cusco y Ucayali respectivamente, como reserva del Estado a favor de los citados pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Posteriormente, con el objeto de otorgar un mayor grado de protección legal a dicha reserva, se emitió el Decreto Supremo N° 028-2003-AG, que estableció que los «derechos de aprovechamiento de recursos naturales actualmente existentes deberán ejercerse con las máximas consideraciones para garantizar la no afectación de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan al interior de la Reserva Territorial».

No obstante ello, es importante recordar que sobre un 23.04% del área de la mencionada reserva territorial se superpone el Lote 88. El Consorcio Camisea viene realizando actividades de exploración y explotación de gas en la zona en virtud de la aprobación de los estudios de impacto ambiental del 24 de abril de 2002 y del 13 de abril de 2012. Sumado a ello, la empresa Pluspetrol ha presentado un nuevo «Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88», que comprende realizar programas sísmicos 2D y 3D, la perforación de hasta 18 pozos exploratorios y de reinyección en seis locaciones y el tendido de una línea de 10.5 km para la conducción de gas natural entre las locaciones San Martín Este y San Martín 3.

En consecuencia, el 12 de julio del 2013, el Viceministerio de Interculturalidad emitió la Resolución Viceministerial N°005-2013-VMI-MC, formulando 83 observaciones al EIA citado, concluyendo que «la empresa no ha presentado en el EIA cuál es el sustento de la valoración de impactos que ha efectuado, careciendo por tanto de criterios técnicos para establecer el impacto real que tendrá el proyecto sobre la vida y salud de los pueblos indígenas en situación de contacto inicial» y que «las medidas de mitigación que establece son insuficientes para reducir los posibles impactos identificados».

De acuerdo con la evaluación realizada por el Viceministerio de Interculturalidad, las actividades propuestas para la prospección sísmica 2D que se superponen sobre las áreas que habita el pueblo Nanti en situación de aislamiento y los pueblos indígenas en contacto inicial Matsigenka y Nanti del Alto Camisea, Medio Camisea y Medio Cashiriari, conllevan «un impacto severo en la salud de dichas poblaciones». Asimismo, las actividades para la prospección sísmica 3D y los pozos exploratorios que se superponen sobre las áreas que habita el pueblo Kirineri en situación de aislamiento y Nahua en contacto inicial «conllevan a un impacto crítico a severo en la salud de dichas poblaciones, así como afectaciones severas y moderadas […] sobre su provisión de alimento».

La ejecución simultánea de los proyectos planteados «generaría altos impactos acumulativos […] como la alteración (recorte) de sus rutas de desplazamiento, la disminución de sus recursos de subsistencia, el incremento de las posibilidades de salida de esta población fuera de la Reserva y, en consecuencia, el aumento del riesgo de contactos no deseados, transmisión de enfermedades y muerte de la población».

Por lo expuesto, la opinión del Viceministerio de Interculturalidad prescribe que «no debe contemplarse la realización de actividades que tengan impactos críticos o severos para la salud y desarrollo de los modos de vida de poblaciones altamente vulnerables, como lo son los miembros de los pueblos en situación de contacto inicial, y aún más, de los pueblos indígenas en situación de aislamiento».

La citada Resolución Viceministerial indica, finalmente, que todas estas observaciones deben ser subsanadas por el titular del proyecto. Sin embargo, cabe señalar que, a la fecha, no se ha cumplido con notificar esta resolución a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, a fin de que esta cumpla con poner en conocimiento formalmente del administrado las observaciones mencionadas.

En opinión de la Defensoría del Pueblo, las observaciones señaladas en la citada resolución concuerdan con el deber del Estado de proteger los derechos fundamentales a la vida, integridad y salud de un grupo especialmente vulnerable como las poblaciones indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Por lo expuesto, y de conformidad con los artículos 161° de la Constitución Política del Perú y 26° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, me permito recomendar a su Despacho que tenga a bien disponer las siguientes acciones destinadas a proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial:

a. Que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Energía y Minas garanticen que en la evaluación del «Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88» se analice rigurosamente y se tome en consideración las observaciones planteadas en la Resolución Viceministerial N°005-2013-VMI-MC.

b. Que el Ministerio de Cultura notifique inmediatamente la Resolución Viceministerial N°005-2013-VMI-MC del 12 de julio de 2013 a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con el artículo 18.1° de Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

c. Que el Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas garanticen que la evaluación del «Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en el Lote 88» cumpla con la finalidad de que los pueblos indígenas gocen de un ambiente adecuado para el desarrollo de su vida.

d. Que el Poder Ejecutivo cumpla con establecer y proteger las reservas indígenas que garanticen el derecho a la vida, integridad y salud de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, conforme lo establece la Ley N° 28736. Asimismo, que apruebe e implemente un plan nacional para la protección de estas poblaciones.

Nuestra institución comparte el objetivo nacional de promover la inversión privada, la misma que debe desarrollarse en estricto respeto de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas y, en particular, de las poblaciones indígenas.

Con la seguridad de su atención, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

EDUARDO VEGA LUNA

DEFENSOR DEL PUEBLO (e)

C.c.

Señora
DIANA ALVAREZ—CALDERÓN GALLO
Ministra de Cultura

Señor
JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas

Señor
MANUEL PULGAR—VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente

Señor
PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp)

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Para acceder a la versión en PDF del documento dar clic en el siguiente enlace:
Oficio Nº 1132-2013 Defensoría del Pueblo a la PCM.



Servindi, 15 de julio, 2013.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) viajó hasta la comunidad San Juan de Cañaris, en Lambayeque, donde el pasado mes de abril más de tres mil pobladores eligieron como presidente a Florentino Barrios, quien reafirmó su vocación de lucha en contra del abuso de las empresas mineras. Compartimos a continuación un video elaborado por dicha entidad en base a las declaraciones de los propios pobladores.

El 96 por ciento del distrito de Cañaris está concesionado. Aunque suene difícil de creer, además de cientos de casas y de cerros boscosos, el perímetro de la Plaza de Armas y la Iglesia del pueblo también han sido cedidos en concesión.

La comunidad campesina de Cañaris, en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Ferreñafe, es conocida por la belleza de sus bosques húmedos y en general por todo el paisaje que la rodea. Pero no solo por eso, según cuentan los comuneros, en el lugar se han identificado hasta tres niveles para la siembra.

Es así que se pueden dedicar a la producción de café, naranja, maíz duro, yuca, plátano, cebada, trigo, oca, olluco, entre muchos más productos.

Sin embargo, toda esta riqueza se puede perder debido al daño que pueda provocar la actividad minera en la zona, específicamente el proyecto Cañariaco de la empresa canadiense Candente Cooper, que prevé producir 262 millones de libras de cobre anuales.

En ese contexto desde inicios del presente año la población ha venido desarrollando numerosas acciones para resistir el ingreso de la actividad extractiva, sin embargo, el peligro sigue latente. El video muestra en ese sentido un episodio de la lucha emprendida por la comunidad.

Fuente: SERVIDNI – http://servindi.org/actualidad/90391


Por: Juan Arribasplata

El pasado fin de semana el presidente Ollanta Humala visitó el distrito de Chirinos en la provincia de San Ignacio en Cajamarca para inaugurar una serie de obras que según indicó fueron promesas de su campaña electoral y que ahora está cumpliendo. Esto ocasionó las reacciones de diferentes personajes cajamarquinos.

El ex candidato a la alcaldía de Cajamarca, Pedro Vigo Limay, manifestó más allá de una visita protocolar a Cajamarca para inaugurar obras pequeñas como puentes y un colegio, debería preocuparse por realizar obras de gran envergadura. “Los medios de comunicación han señalado que ha venido a Cajamarca, pero no es así. Ha venido a una zona muy alejada de la provincia de Cajamarca. Lógicamente tiene temor de venir a Cajamarca por lo que ha prometido y no ha cumplido. Humala está en campaña como Alan García y Alejandro Toledo”, dijo.

El ex presidente de las Juntas Vecinales de Cajamarca, Oscar Julca, sostuvo que el Presidente Humala tiene una deuda con Cajamarca por lo que pretende acercarse desde una zona alejada, ya que “todavía no tiene la moral después de lo que le han reclamado los cajamarquinos en la defensa de los recursos”. Añadió que “sólo ha venido a un rincón de Cajamarca para promover la candidatura de su esposa”, expresó.

El vicepresidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Gabriel Gonzáles, manifestó que Humala no ha llegado a la ciudad de Cajamarca porque la población lo rechaza. “Humala está tratando de vender la imagen y hacer creer al Perú que en Cajamarca ya cedieron las protestas”. También recordó la ocasión en que, cuando estaba previsto la inauguración de las cámaras de video vigilancia para la ciudad de Cajamarca, instaladas por la Municipalidad Provincial quien debía inaugurar la obra era la primera dama, Nadine Heredia, pero que la población rechazo su presencia.

Todos nuestros entrevistados coincidieron en señalar que la población de Cajamarca espera que el Presidente Humala presente en algún momento una propuesta de desarrollo para la región, esto después de haber negado lo que le dijo en la plaza de Armas en relación al oro y el tema Conga.

 

Mapa de concesiones en el distrito de Cañaris a junio 2012. Elaboración de CooperAcción

– El 96 por ciento del distrito de Cañaris está concesionado a la minería.

Servindi, 11 de febrero, 2013.- Decenas de especies protegidas, algunas endémicas y otras probablemente nuevas para la ciencia, así como bosques montanos en buen estado de conservación son algunos de los bienes comunes que identifica el resumen delestudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Cañariaco que opera en la zona.Este es uno de las muchas concesiones mineras que cubren el 96.16 por ciento del distrito de Cañaris, en la provincia de Lambayeque, al norte del Perú.

Una lectura del mencionado estudio revela la gran riqueza ecológica que sería afectada con las operaciones del proyecto en tierras de la comunidad de San Juan de Cañaris, en Lambayeque. Así como los posibles impactos en los ecosistemas y comunidades de la zona a intervenirse.

Mapa de perforaciones del proyecto Cañariaco
(dar clic para ampliar la imagen)

Biodiversidad en juego

El estudio realizado en el área comprendida desde la cuenca alta del río Cañariaco, llamado Jatun Yacu en sus partes altas, hasta la confluencia de la quebrada Achicamonte determinó que el 52% del territorio donde operará la minera corresponde a terrenos con bosques y el 45.8% a praderas naturales.

En cuanto a la diversidad animal en el área de estudio, el EIA halló 143 especies de aves de las que 34 están incluidas en listas de conservación. Entre ellas destacan la Penelopebarbata o “Pava barbada” y la Coeligena iris conocida como “Inca Arcoiris” cuyos hábitats en otros bosques montanos se encuentran altamente degradados, explica el informe.

Asimismo, el estudio halló al “cóndor” Vultur gryphus que está considerado“en peligro” por la legislación nacional.

De las 19 especies de mamíferos, siete están en alguna categoría nacional o internacional de protección. Dos de ellas son el tapir andino Tapirus pinchaque y el oso andino llamado también “oso de anteojos”, Tremarctos ornatos. Ambas especies son consideradas por la legislación nacional como “en peligro crítico” y “en peligro”, respectivamente.

Igualmente, se registró al “majaz de montaña” o Cuniculus taczanowskii que es considerado“vulnerable”; así como el zorro Lycalopex culpaeus y el puma Puma concolorincluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El documento informa del hallazgo de una posible nueva especie para la ciencia. Se trata del insectívoro Cryptotis sp cuya situación de amenaza es desconocida, aseguran los autores.

Acerca de los anfibios, el EIA señala que nueve de las diez especies identificadas como sensibles son endémicas, lo que significa que sólo se las puede hallar de forma natural en este lugar. Tres del total son potencialmente nuevas para la ciencia o para registros del Perú.

Por otro lado, el estudio afirma que halló 195 especies hidrobiológicas, de las cuales sólo hay una especie de pez: la trucha Oncorhynchus mykiss.

Respecto a la diversidad vegetal, se registraron en total 438 especies de plantas repartidas en 85 familias botánicas, de las que la Orchidaceae es la más representativa con 55 especies (13% del total).

Los autores informan que 67 especies son protegidas por la legislación nacional e internacional, la mayor parte son orquídeas incluidas en el apéndice II de la CITES. Dos de ellas se encuentran consideradas en “peligro crítico”, mientras que 23 son endémicas del Perú.

 
Imagen: Candente Copper

Actividades e impactos del proyecto

Perforaciones

El proyecto estima en 17 meses la duración de sus actividades de exploración. Estas implican la remoción de 1,710 metros cúbicos de suelos para instalar 114 plataformas -de 30 metros cuadrados cada una- que harán perforaciones con maquinarias especializadas.

Según el estudio, el suelo removido será utilizado en la “nivelación y acondicionamiento del terreno durante la etapa de rehabilitación y cierre”.

En total, se calcula intervenir un área (área de huella) de aproximadamente 5.6 hectáreas y un movimiento de tierras de aproximadamente 26,749 metros cúbicos generado por la construcción de las instalaciones.

Asimismo, explica el informe, cada plataforma contará con dos pozas de sedimentación. “Las pozas estarán revestidas con una membrana impermeabilizante para evitar la filtración del agua al terreno”, indica el EIA.

El proyecto realizará 5 líneas sísmicas que “no requerirán la remoción de terreno ni de suelo orgánico”, asegura la empresa.

Usarán agua de cursos naturales

Para las actividades de perforación, el proyecto prevé usar agua de cursos naturales en las cabeceras de cuenca “que tengan una caudal suficiente”.

“El agua requerida para la ejecución de las perforaciones y demás actividades del Proyecto se trasladará de las quebradas Norte, Oso, Verde, Sorón y río Jatun Yacu a la zona de operaciones mediante mangueras y con la utilización de bombas de agua” explica el estudio.

Por día, cada máquina consumirá 0.5 litros por segundo de agua que significan 43 metros cúbicos del recurso. Cada máquina usará un sistema de recirculación del agua.

El documento asegura que no generará vertimientos en la exploración. Sin embargo, afirma que los impactos serán “moderados” y se podrán extender “hasta el límite del área de influencia directa”.

Se advierte también que los cursos de agua superficiales “serán afectados en su calidad por el arrastre de sedimentos que ocurrirá debido a los trabajos de remoción de la cubierta vegetal y los suelos y el consiguiente movimiento de tierras”, señala el EIA.

Asimismo, indica que los ecosistemas acuáticos serán afectados con una “disminución en caudales de agua y sedimentación de cursos”, efecto que duraría un “corto plazo”, es decir, una duración de hasta doce meses. Al respecto, la empresa asegura que establecerá medidas de “mitigación”.

“Se ha propuesto la implementación de medidas de control de erosión para evitar el arrastre de sedimentos y la implementación del cierre progresivo de las áreas donde se hayan completado los trabajos de perforación”, indican.

Impactos en la vegetación

El estudio asegura que el impacto sobre la cobertura vegetal se deberá a la instalación de vías e infraestructura, así como al “manejo de insumos, residuos sólidos y efluentes; el mantenimiento de equipos y el transporte en general”, anota.

Igualmente explica que el impacto será “moderado” por limitarse a la zona de huella del proyecto y por tratarse de especies sensibles.

“La cobertura vegetal demorará más de un año en recuperarse de manera estable sobre los suelos rehabilitados”, asegura el EIA.

Fauna desplazada

Por otra parte, se advierte en el estudio que el proyecto ocasionará el desplazamiento de fauna -incluyendo la que se encuentra bajo categorías de protección- a causa de la remoción de su hábitat, la generación de ruido y la presencia humana en la zona.

Entre las especies afectadas están el tapir andino, la musaraña de orejas cortas y los sapos del género Pristimantis sp. Los dos últimos serían especies nuevas para la ciencia o registros nuevos para el Perú.

El impacto en la fauna tendría una duración de “mediano plazo”, es decir, de uno a tres años, y una extensión que abarcaría el área de influencia directa ambiental, según el estudio.

Las actividades de mitigación que el proyecto plantea son planes de rescate y traslocación de especies, inspecciones previas a la instalación de plataformas y la rehabilitación de hábitats disturbados, entre otras.

Impacto Social

En el aspecto socioeconómico, el EIA prevé posibles impactos en la “salud y el bienestar de las personas residentes en el área del Proyecto”, debido a la “inseguridad” y “desconfianza” generada por la presencia de foráneos en las comunidades.

Como medida de mitigación, el proyecto asegura que evaluará a su personal en los aspectos físico y mental. Igualmente les exigirá seguir un protocolo de conducta.

Respecto al empleo, el proyecto contratará a 235 trabajadores no calificados por un corto plazo, provenientes de los caseríos cercanos al proyecto, mayormente.

Por otra parte, se informa también que el proyecto podría afectar los hábitos y costumbres locales de la población “donde las formas de organización, las prácticas culturales, la toma de decisiones y la división social del trabajo tienen una dinámica particular”, observa el estudio.

Para evitar disturbar a la comunidad campesina y las organizaciones locales, Cañariaco aplicaría un “Protocolo de Relacionamiento” que “contribuirá a la creación de un clima de confianza y cooperación con la población, y con ello minimizar las molestias o perturbaciones generadas a la población local”, señala.

Consulta
En el rubro de “Consulta y participación ciudadana”, el EIA informa que fue llevada a cabo de acuerdo al reglamento del sector minero, y según normas del Ministerio de Energía y Minas.

Al respecto, indica que “se han llevado a cabo reuniones, procesos de consulta y talleres con la población local”.

 

“Bosques de Cañaris un paraiso a conservar”, video realizado en mayo de 2011 por el Centro de Estudios Sociales Solidaridad y la asociación Manos Unidas de España.

Servindi, 22 de enero, 2013.- El paro indefinido iniciado el domingo 20 de enero por la población de Cañaris en rechazo al proyecto minero Cañariaco continuó el lunes 21 con el lanzamiento de bombas lacrimógenas por la Policía contra comuneros que protestan pacíficamente apostados en la estancia comunal Upaypitaq.

Mas de trescientos efectivos policías se encuentran defendiendo las instalaciones de la empresa minera de cualquier ocupación y pretenden evitar el rechazo a los acuerdos que se adopten en la mesa de desarrollo de Cañaris.

Dicha mesa fue establecida por resolución ministerial y es presidida por Vladimiro Huaroc, presidente de la Oficina de Diálogo Nacional del Perú. Esta mesa se desarrolla en un hotel de la ciudad de Chiclayo.

Los comuneros exigen se respete la consulta del 30 de setiembre de 2012 donde el 97 por ciento de los pobladores votaron por rechazar el Proyecto Minero Cañariaco de la empresa minera canadiense Candente Cooper.

De manera provocadora el funcionario Vladimiro Huaroc sostuvo el sábado durante la mesa de desarrollo que el proyecto Cañariaco “no está parado y que no va a parar” y que la oposición “es una minoría radicalizada”.

Según fuentes oficiales los comuneros habían bloqueado algunas vías de acceso al campamento minero y se sabe que los comuneros coordinan acciones de mayor envergadura si la empresa no se retira de sus territorios.

Videos relacionados:
Los bosques de Cañaris:

Reportaje realizado por grupo Expresión TV con la entrevista a Santos Cristóbal Barrios Carrillo, presidente de la comunidad campesina San Juan Bautista de Cañaris.

Reportaje de Canal N, de Lambayeque sobre instalación de la mesa de diálogo para el proyecto Cañariaco

Plataforma de Lucha de la Comunidad Campesina “San Juan Bautista” de Cañaris

1) Exigimos al Gobierno de Ollanta Humala que Respete la Consulta Comunal del 30 de setiembre, respaldados por el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante, donde el 97 % de la población DECIDIÓ CON LIBERTAD NO DARLE LA LICENCIA SOCIAL a la minera Candente Copper y su proyecto Cañariaco.

2) Rechazamos el permiso oficial de uso de agua que la Autoridad Nacional del Agua le ha concedido a la minera.

3) Rechazamos la Resolución Ministerial N° 002-2013-PCM que forma una “Mesa de Trabajo” a espaldas de la comunidad y con mayoría de representantes pro mineros del gobierno y de Lambayeque, para quebrar nuestra justa lucha.

4) SI al Dialogo que respete los acuerdos de la Asamblea de la Comunidad:

a.- Que el Gobierno plantee a la minera Candente que paralice sus trabajos en Cañaris.

b.- Que se instale una Mesa de Dialogo en Cañaris con representantes del Gobierno que tomen decisiones vinculantes y con la participación del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.

c.- Que la Mesa de Dialogo se instale después del inicio del Paro Indefinido el 20 de Enero.

¡Defendamos nuestros Bosques Húmedos, las cuencas de agua, la agricultura orgánica y nuestra cultura ancestral del Buen Vivir!

¡Cañariaco No Va, Ahora, Ni Nunca!

¡Exigimos al Gobierno que respete el Convenio 169 de la OIT como Pueblo Originario Quechua hablante!


Atentos. La Policía llegó al lugar para evitar desmanes.

Por: Rocio Silva Santisteban

El domingo 20 de enero de 2013 comenzó en la alejada sierra de Cañaris en Lambayeque una movilización y paro de los comuneros e indígenas de la zona para apoyar el resultado de la consulta que realizarán el año pasado. Con una intensa lluvia y un clima durísimo, los comuneros con estas acciones sustentan su rechazo a la “mesa de desarrollo” decretada por resolución ministerial y presidida por el presidente de la Oficina de Diálogo Nacional del Perú, Vladimiro Huaroc, con la participación de funcionarios del gobierno central y regional, delegados de la comunidad Túpac Amaru (no afecta al proyecto minero) y dos representantes de la comunidad de San Juan de Cañaris, así como funcionarios de Candente Cooper. La mesa que se llevó a cabo a puerta cerrada en un hotel de Chiclayo fue considerada por los comuneros de San Juan de Cañaris como “la manera que ellos aseguran implementar sus planes de desarrollo para favorecer a la minera”.

En realidad, con esta mesa se está desconociendo la consulta comunal realizada el 30 de setiembre del 2012 con la participación de más de dos mil comuneros empadronados. El proceso fue resguardado por la Policía Nacional, y durante el mismo estuvo presente el Gobernador Regional Jacinto Millones, diversos gerentes regionales del Ministerio de Energía y Minas y otros veedores que llegaron desde la capital. En esta consulta el 97% de los pobladores votaron por no darle licencia social al Proyecto Minero Cañariaco de la minera canadiense Candente Cooper. Vladimiro Huaroc ha sostenido este sábado durante la mesa que el proyecto Cañariaco “no está parado y que no va a parar”. Además ha declarado que la “mesa de desarrollo” se mantiene porque “no todos están en contra del proyecto en esta etapa de exploración sino un grupo de anti mineros en la zona que buscan frenar la inversión extranjera”.

¿El gobierno aprendió algo del fracaso de Víctor Caballero en la Oficina de Resolución de Conflictos? No, definitivamente no. Se sigue creyendo que el tema de las marchas, las protestas y las diversas resistencias son productos de cuatro radicales “antimineros”. ¿Por qué no se quiere reconocer la consulta? Según me informa Rosa Rivero, del Comando Unitario de Lucha, porque Cañaris no se encuentra en la lista del viceministerio de interculturalidad para realizar una consulta indígena. No he verificado la información, pero en todo caso, como sabemos, el reglamento de la Ley de Consulta, así como el listado, deberían de ser solo referenciales. La Ley de Consulta aprobada por unanimidad no le gusta ahora a nadie: ni a los indígenas que saben que no es vinculante ni a los gremios empresariales que pretenden demorar y demorar su entrada en vigor.

Mientras escribo estas líneas 300 policías ya están apostados en los caminos y más de 500 comuneros suben desde los diversos valles hacia el campamento para tomarlo. ¿Cuál va a ser el resultado de esta situación? No se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta que será un desastre y, como siempre, esperamos que tanto los líderes de las protestas como los responsables de los comandos de la policía sean lo suficientemente cautos e inteligentes para poder frenar un derramamiento de sangre.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 22/01/2013