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Por: Jorge J. Chávez Ortiz*


En este último mes, la población de Cajamarca ha puesto en tela de juicio la efectividad de la Policía Nacional del Perú – PNP, debido a los últimos asesinatos a taxistas de esta ciudad, más aún debido al gran desplazamiento de efectivos policiales a la zona del Proyecto Conga de Minera Yanacocha.

Por lo general la gente cree que es el gobierno quien moviliza los policías a la zona de Conga, pero resulta que este movimiento se debe a los convenios institucionales entre la DIROES y la empresa minera Yanacocha. Hasta el momento se tiene conocimiento que Yanacocha posee dos convenios[1] firmados uno en el 2007 y el otro en el 2011, estos son respaldados por el Decreto Supremo[2] N° 004-2009-IN, decreto que aprueba el reglamento de prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial.

Pero a donde queremos llegar, es saber que hay antecedentes de empresas mineras que usan a los efectivos policiales como “mercenarios a sueldo” que solo protegen los intereses de la empresa minera y no de la población, para la cual mencionaremos algunos casos, que no solo pasa en Perú sino también a nivel mundial.

Como primer antecedente[3] tenemos, el 7 de agosto de 1996, en Tanzania – África, la empresa junior SUTTON de capital canadiense, con sus excavadoras y respaldados por la “policía militar”, expulsaron a miles de mineros de los campos de oro de Bulyanhulu y otros fueron enterrados vivos por los bulldozers que rastrillaron el terreno, a parte, varias personas perdieron sus tierras sin explicación alguna, en otras palabras se les fue expropiada, en este caso, deja claro que la “policía militar de Tanzania” participò como respaldo para evitar que los pobladores se opongan al desalojo; actualmente la mina Bulyanhulu es ahora propiedad de la canadiense Barrick Gold.

Como segundo antecedente tenemos, el 16 de agosto de 2012, en Sudáfrica – África, miles de trabajadores de la mina Marikana (extracción de platino) que pertenece a la británica Lonmin, salieron a protestar por mejoras laborales y salariales, los mineros estaban armados de palos, lanzas y machetes pero estos fueron reprimidos por más 3 000 efectivos, incluidos miembros de la unidad de control de disturbios, respaldada por helicópteros y caballos, estos efectivos fueron desplegados por el gobierno sudafricano con el objetivo de salvaguardar los intereses de la minera. Este enfrentamiento dejo alrededor de 34 muertos y 250 heridos, todos producidos por armas de fuego y en ocasiones los disparos fueron a quemarropa. Este suceso fue catalogado como una “masacre” y recordó los tiempos del apartheid que vivió Sudáfrica, la mejor prueba sobre esta masacre fue un video filmado por Reuters[4] y publicado por varios sitios internaciones, donde se observa el avance de un grupo de mineros contra una formación de policías que imprevistamente disparan sus ametralladoras y pistolas contra los trabajadores desarmados. Esta masacre le valió a Lonmin ser nominada para el premio Public Eye Adwards 2013 (premio que se da a la peor empresa del mundo) que es promovida por Greenpace y BD.

Masacre de la policía en Caso Lomin en Sudafrica. Foto: Reuters

Masacre de la policía en Caso Lomin, foto de heridos y muertos. Foto: Reuters

Como tercer antecedente[5][6] tenemos, entre el 1 y 3 de agosto de 2005 en Ayabaca – Piura, en el campamento de la empresa minera Majaz S.A, 29 comuneros entre ellos 2 mujeres fueron torturados por la DINOES y la empresa de seguridad FORZA, ahora conocida como SECURITAS, parte de la tortura consistía en golpes, maltratos psicológicos y en el caso de las mujeres violentación sexual, dentro del grupo un comunero no soporto los golpes y murió desangrado, después de 3 días, los 28 comuneros fueron liberados y denunciados por terrorismo, luego de que se filtraran las fotografías de la tortura, decidieron denunciar a la empresa minera, a los policías y a la empresa de seguridad, en el 2010 los 28 comuneros ganaron el juicio en la Altas Cortes Británicas contra la empresa Majaz, actualmente se sigue las investigaciones a la policías, trabajadores de la empresa minera como también a la empresa de seguridad.


Comuneros detenidos ilegalmente en caso Majaz, fueron torturados y golpeados por DINOES. 
Foto: Foto filtrada de la DINOES

La lista de antecedentes donde se ven a mineras y policías que participan juntos en represiones, tortura y desalojos es larga, respecto al Perú hay muchos que incluso no han sido registrado aun por alguna organización. Actualmente la población dice “la policía usa las armas que se compra con dinero del pueblo y estas son usadas para matar al pueblo “. En el caso de Perú urge revisar y eliminar estos tipos de convenios, decretos y demás, pero todo esto depende de la voluntad política del gobierno, pues su obligación es proteger a la población y no estar al servicio de empresas que por tener poder económico, pueden contratar a la policía para hacer lo que ellas quieren, sabiendo que esta contratación va e en contra de los intereses de la población.

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* Jorge J. Chávez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.
[1] Lista incompleta de “convenios” firmados entre la Dirección de Operaciones Especial – DIROES de la PNP y empresas mineras. Disponible en: http://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.html
[2] Decreto Supremo N° 004-2009-IN, disponible para su lectura y descarga en: http://minacorrupta.wordpress.com/2012/08/11/decreto-supremo-n004-2009-in-contratacion-de-policia-para-seguridad-privada-para-minera-petroleras-bancos/
[3]Deneault, Alain; “Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique”; Editorial Ecosociété; Canadá; 2008. Disponible en francés: http://www.congoforum.be/upldocs/EBOOK%20FRan%C3%A7ais%20Noir%20Canada%20Pillage%20corruption%20et%20criminalit%C3%A9%20en%20Afrique%20Al_.pdf
[4] “La policía sudafricana dispara a los mineros en huelga”, video que está disponible en el canal de YouTube de propiedad de Euro News. Disponible en: http://youtu.be/eraSx-EDVpo
[5] Elizabeth Prado; “En Majaz sí se torturó el año 2005”; Diario La República; 09 de enero de 2009. http://www.larepublica.pe/09-01-2009/en-majaz-si-se-torturo-el-ano-2005
[6] “Caso Majaz: Indemnizan a 33 campesinos que fueron torturados en campamento minero”; CNDDHH; 20 de julio de 2011. http://derechoshumanos.pe/2011/07/caso-majaz-indemnizan-a-33-campesinos-que-fueron-torturados-en-campamento-minero/

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 12 y 13 http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa


Por: Jorge J. Chávez Ortiz*
Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.
En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.
Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.
Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo – 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

 

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata – Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:
  1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
  2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
  3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
  4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
  5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
  6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
  7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.
Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.
La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.______

* Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  –  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa