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Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: “Se está privatizando la Policía Nacional del Perú”

En el marco del 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo hoy lunes 11 de marzo la audiencia titulada “Derechos humanos y protesta social en Perú”. En la parte peticionaria estuvieron Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.

De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.

Recordando la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”. Silva Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.

Mar Pérez denunció que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha servido como el “escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza”. Velazco, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles, creando un “escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra”. Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.



Por Lo Justo TV

En el regreso de Lo Justo, programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban entrevistó a Luz Vargas y a Alex Luna, del Colectivo Nadienospaga, quienes relataron su visita a Cajamarca y en particular a la familia Chaupe-Acuña, cuyas tierras están siendo arrebatadas injustamente por la empresa Yanacocha, en complicidad con el sistema legal peruano. También contaron su experiencia con la policía en la zona (que se encuentra en dudoso convenio con la empresa), y su forma de actuar matonesca y parcializada en medio de un conflicto de intereses.



Diversas fuentes desde la Laguna Azul en Cajamarca nos informan de la presencia de 300 efectivos de la DINOES de la PNP, armados, en la propiedad de la familia Chaupe Acuña, que aloja desde el día de ayer a alrededor de 800 ronderos y demás integrantes del Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca, congregados como parte del rechazo y resistencia pacífica en contra del megaproyecto minero Conga.

La familia Chaupe se encuentra en litigio por sus tierras en contra de la empresa Yanacocha, y ya ha sufrido agresiones físicas, así como la destrucción de su propiedad y la muerte de sus animales a manos de personal policial y de otras personas vinculadas al megaproyecto minero. Precisamente, uno de los objetivos de la congregación es la reconstrucción de la casa de la familia Chaupe, dañada en pasadas intervenciones de los efectivos policiales. Del mismo modo, esperan lanzar mañana 2 de marzo la Consulta Popular con la participación de las delegaciones de las 13 provincias de la región Cajamarca, así como de las respectivas autoridades para definir la viabilidad del megaproyecto en cuestión. También nos informan que es recurrente el bloqueo de vías públicas de acceso a la zona de más de 30 años de antigüedad, bajo la excusa de ser propiedad privada de la empresa, aunque como se sabe todas los caminos son públicos, por lo que el bloqueo constituye unatropello al derecho constitucional al libre tránsito.

Inconstitucional bloque de vías públicas en la zona.

Resaltamos que los campesinos ronderos se encuentran en una zona de propiedad privada (de la familia Chaupe), que además se encuentran de manera pacífica y que no están quebrantando la ley, por lo que no existe ninguna razón para que la Policía Nacional se apertreche con armas y equipos antimotines.

Nos dirigimos al Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, para que explique las razones a las que obedece la irregular presencia del operativo policial en la zona, así como los detalles del convenio que permite que la DINOES brinde sus servicios a la empresa minera Yanacocha.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.

Contactos:

Marco Arana RPM #0314941 (en la zona)
Milton Sánchez *375405 (en la zona)
Rocío Silva Santisteban 962385838

 

Ni Un Muerto Mas! – No More Killings! Extractive Industries and Social Protest in Peru

Special Guest Lecture by Peruvian Poet and Human Rights Activist Rocio Silva Santisteban

Mason Hall, Room D3
February 19, 2013, 1:30 PM to 3:30 PM

 

In the 18 months since president Ollanta Humala took office in Peru, some 24 people have been killed by security forces in the context of social protests, mostly over mining concessions. Why? The Latin American Studies program welcomes renowned Peruvian poet, literary critic and human rights activist Rocío Silva Santisteban to discuss the factors that have contributed to this tragic situation. Silva Santisteban, who teaches at the Antonio Ruiz de Montoya University, is currently the Executive Secretary of the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a coalition of Peru’s major human rights organizations. 

Sponsored by Latin American Studies, the Human Rights & Global Justice Working Group, Global Interdisciplinary Programs, and Women & Gender Studies.


Atentos. La Policía llegó al lugar para evitar desmanes.

Por: Rocio Silva Santisteban

El domingo 20 de enero de 2013 comenzó en la alejada sierra de Cañaris en Lambayeque una movilización y paro de los comuneros e indígenas de la zona para apoyar el resultado de la consulta que realizarán el año pasado. Con una intensa lluvia y un clima durísimo, los comuneros con estas acciones sustentan su rechazo a la “mesa de desarrollo” decretada por resolución ministerial y presidida por el presidente de la Oficina de Diálogo Nacional del Perú, Vladimiro Huaroc, con la participación de funcionarios del gobierno central y regional, delegados de la comunidad Túpac Amaru (no afecta al proyecto minero) y dos representantes de la comunidad de San Juan de Cañaris, así como funcionarios de Candente Cooper. La mesa que se llevó a cabo a puerta cerrada en un hotel de Chiclayo fue considerada por los comuneros de San Juan de Cañaris como “la manera que ellos aseguran implementar sus planes de desarrollo para favorecer a la minera”.

En realidad, con esta mesa se está desconociendo la consulta comunal realizada el 30 de setiembre del 2012 con la participación de más de dos mil comuneros empadronados. El proceso fue resguardado por la Policía Nacional, y durante el mismo estuvo presente el Gobernador Regional Jacinto Millones, diversos gerentes regionales del Ministerio de Energía y Minas y otros veedores que llegaron desde la capital. En esta consulta el 97% de los pobladores votaron por no darle licencia social al Proyecto Minero Cañariaco de la minera canadiense Candente Cooper. Vladimiro Huaroc ha sostenido este sábado durante la mesa que el proyecto Cañariaco “no está parado y que no va a parar”. Además ha declarado que la “mesa de desarrollo” se mantiene porque “no todos están en contra del proyecto en esta etapa de exploración sino un grupo de anti mineros en la zona que buscan frenar la inversión extranjera”.

¿El gobierno aprendió algo del fracaso de Víctor Caballero en la Oficina de Resolución de Conflictos? No, definitivamente no. Se sigue creyendo que el tema de las marchas, las protestas y las diversas resistencias son productos de cuatro radicales “antimineros”. ¿Por qué no se quiere reconocer la consulta? Según me informa Rosa Rivero, del Comando Unitario de Lucha, porque Cañaris no se encuentra en la lista del viceministerio de interculturalidad para realizar una consulta indígena. No he verificado la información, pero en todo caso, como sabemos, el reglamento de la Ley de Consulta, así como el listado, deberían de ser solo referenciales. La Ley de Consulta aprobada por unanimidad no le gusta ahora a nadie: ni a los indígenas que saben que no es vinculante ni a los gremios empresariales que pretenden demorar y demorar su entrada en vigor.

Mientras escribo estas líneas 300 policías ya están apostados en los caminos y más de 500 comuneros suben desde los diversos valles hacia el campamento para tomarlo. ¿Cuál va a ser el resultado de esta situación? No se necesita ser muy perspicaz para darse cuenta que será un desastre y, como siempre, esperamos que tanto los líderes de las protestas como los responsables de los comandos de la policía sean lo suficientemente cautos e inteligentes para poder frenar un derramamiento de sangre.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 22/01/2013


Escribe: Nicolás Bello
Foto: Carlos García Lazo

“Este año ha sido un año de decepciones, en comparación al año anterior, que tuvimos mucha esperanza”. Con estas palabras, Rocío Silva Santisteban abrió la XXII premiación anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). La cita fue en el salón de los espejos de la Municipalidad de Lima.

Las palabras iniciales de Silva Santisteban fueron duras. Afirmó que solo este año hubo 23 muertos en conflictos sociales – 19 de ellos durante el gabinete de Oscar Valdés – “todos fallecidos por optar por la protesta ante situaciones que consideraban injustas”, afirmó la secretaria ejecutiva de la CNDH.

Tras esta introducción resaltó la labor de personas que, ante la adversidad, no dudaron en tomar acciones. Ellos fueron los premiados de este año.

El premio principal de la noche fue entregado al sacerdote franciscano Isaac Shahuano, quien a partir del 31 de mayo, y ante la fuerte represión de la policía, abrió las puertas de la Iglesia de San Francisco, en Cajamarca, a miles de ronderos y manifestantes. Desde entonces, la iglesia se convirtió en el centro neurálgico de las protestas contra el proyecto Conga.

“El pueblo de Cajamarca es muy sensible a la ayuda solidaria a las personas humanas que la necesitan en momentos álgidos como el que vivimos. Muchas personas venían del campo a hacer esta resistencia pacífica. Al verlos desamparados y en riesgo de ser atropellados por las fuerzas del orden, les dimos un refugio seguro”, relató el sacerdote con la humildad que lo caracteriza.

El premio de Periodismo y Derechos Humanos lo recibió Jorge Chavez Ortiz, quien con apenas 22 años retrató, relató y cubrió aspectos del conflicto de Conga que otros medios pasaron por alto. Sus publicaciones en el blog “Mi Mina Corrupta”, sus colaboraciones en el blog “Celendín Libre” y la cobertura radial que realizó durante las protestas le valieron una detención el mismo 28 de julio, mientras en Lima el presidente Humala pronunciaba su discurso presidencial.

“Hay historias donde lo más peligroso no es informarlas, sino dejar de contarlas”, fueron las palabras de Chavez en conversación con Número Zero. Según él, la falta de información sobre las movilizaciones lo impulsaron a salir a las calles a hacer lo que mejor sabía hacer. “Nunca creí que la labor que estaba haciendo estaba relacionada a los derechos humanos hasta que me lo dijeron, a veces sencillamente lo hacemos de corazón, sin saber la magnitud del trabajo que estamos haciendo”, afirmó.

Marco Antonio Falla, padre de Gerson, quien fuera torturado y golpeado hasta la muerte por personal de la comisaría de San Borja en abril de 2011 – y fundador de la Asociación Unidos por la Justicia – también estuvo presente. Su tenacidad en la búsqueda de la verdad sobre lo que ocurrió con su hijo le valieron una mención especial en los premios. “Esta noche nos reúne el afán de justicia, que no es más que darle a cada uno lo que le corresponde”, expresó al recibir el galardón.

Además, se realizó un homenaje a Pilar Coll, primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; y a Francisco Soberón, fundador de APRODEH, quien no estuvo presente, por su trayectoria como activista. Su hija y de su esposa recibieron el galardón.

Entre los presentes se encontraban también Patricia Bazán, esposa del Mayor Bazán; Elizabeth Gonzales, esposa del mayor de la FAP Jorge Olivera Santa Cruz; Gisella Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea y activista del caso La Cantuta.

 

Foto: Paola Ugaz / Independiente

Lima, Perú (Spacio Libre).- Como es su costumbre anual, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) efectuó su reconocimiento a las personas que dejan un legado importante en favor de los derechos humanos este 2012.

Otorgándosele el Premio Nacional de Derechos Humanos, el sacerdote franciscano Isaac Shahuana fue reconocido por su labor en servicio de la causa ecologista en Cajamarca. Su parroquia fue sede de las acciones solidarias para con los heridos y familiares de fallecidos en el conflicto que surgió a raíz de la oposición local al proyecto minero Conga.

Otra distinción se otorgó al estudiante y periodista ambiental Jorge Chávez, quien mediante sus blogs “Mi Mina Corrupta” y “Celendín Libre” difundió periódicamente información sobre el conflicto rodeando Conga. El 28 de julio, durante la toma de mando de Ollanta Humala, Chávez fue detenido en la comisaría de Celendín mientras grababa en video a policías que apagaban televisores en la Plaza de Armas cuando los ciudadanos de tal localidad veían el mensaje presidencial, y liberado gracias a la presión en las redes sociales.

Asimismo se reconoció de manera especial a Marco Antonio Falla, padre de Gerson, el joven que falleció en abril del año pasado por el efecto de una golpiza a manos de agentes policiales en la comisaría de San Borja. Falla ha realizado una ardua labor con familiares de otras víctimas de situaciones similares.

Un homenaje fue celebrado también en memoria de Pilar Coll, activista, misionera y abogada española que se comprometió por los derechos humanos y la búsqueda de justicia para miles de detenidos y desaparecidos durante el conflicto armado interno en Perú, así como para Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Todo transcurrió en el Salón de los Espejos del Palacio Municipal de Lima.

Por: Jaime Canicoba / @Canicoba307


Servindi, 4 de diciembre, 2012.- El Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el uso de estados de emergencia y fuerza excesiva durante las protestas sociales. Asimismo, recomendó al Gobierno modificar la definición de tortura en el Código Penal, enjuiciar a los autores de tortura en el conflicto interno y cerrar dos penales.

Al finalizar su 49º periodo de sesiones el CAT elaboró una lista de recomendaciones al Gobierno peruano para prevenir y sancionar la tortura, así como reparar y rehabilitar a las víctimas.

Las recomendaciones se efectuaron a raíz de los informes presentados por el Gobierno peruano e instituciones civiles sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

En el documento elaborado a fines de noviembre el CAT manifestó su preocupación por “las alegaciones sobre uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo armas de fuego, por la Policía y las FF.AA” durante los conflictos sociales.

Otro tema de preocupación fue “el arresto de defensores, abogados representantes de la Defensoría del Pueblo e integrantes de los pueblos indígenas en estas situaciones”, señaló en el documento.

Asimismo, afirmó estar preocupado porque “hasta el momento no existan detenciones relacionadas con los incidentes de Bagua, Celendín o Bambamarca”, indicó.

Por otra parte, el CAT expresó su preocupación por el frecuente uso de estados de emergencia “durante los cuales las restricciones de derechos humanos podrían incrementar las vulneraciones de la Convención, teniendo en cuenta que el estado de emergencia se emplea en relación con protestas sociales pacíficas”, señaló.

Entre las recomendaciones, el CAT pide “Modificar el Código Penal para incluir una definición de tortura que abarque todos los elementos contenidos en el artículo 1º de la Convención contra la Tortura, que establece como finalidad del delito cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación”.

El organismo sugirió también la elaboración de un “registro específico para los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes así como de su castigo” y que las fuerzas del orden cuenten con un entrenamiento profesional “que reduzca al mínimo el riesgo de daños de las personas detenidas”.

Del mismo modo, recomendó adoptar medidas para “conducir pronta, imparcial y efectivamente todas las denuncias de tortura y malos tratos, así como enjuiciar a los autores y castigarlos con penas adecuadas”.

Igualmente, el CAT sugirió considerar el cierre de los centros penitenciarios de Challapalca y Yanamayo.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) saludó las recomendaciones del organismo internacional y afirmó la necesidad de su cumplimiento.

“Consideramos que materializar estas recomendaciones por parte del Estado peruano, tendrán como objetivo afrontar la delicada situación de la tortura en el país, y lograr las acciones pertinentes en materia de prevención y sanción a fin de lograr su erradicación”, señaló COMISEDH en un comunicado.

Gobierno expresó disconformidad

El Gobierno peruano, se mostró disconforme con la recomendación del CAT acerca del cierre de los penales de Yanamayo y Challapalca.

“Conforme se aclaró por la delegación nacional durante la sustentación del Informe en Ginebra, el penal de Yanamayo está a la misma altura y a cinco minutos respecto de la ciudad de Puno. No se trata, por tanto, de un lugar cuya altura afecta la salud de los internos, o inhóspito o de difícil acceso”, señaló una respuesta enviada por el Perú a la comisión.

Asimismo, arguyó que el penal se encuentra en un entorno urbano que facilitaría los medios de transporte adecuados y hospedaje para los familiares de los internos.

Respecto al penal de Challapalca, el Gobierno señaló que se trata de un penal imprescindible de máxima seguridad para presos de alta peligrosidad. Y que su ubicación a 4,500 metros sobre el nivel del mar no lo hace un lugar inhóspito o inhabitable donde no sea posible una permanencia adecuada sin riesgos para la salud.



 

Por Raphael Hoetmer*

15 de agosto, 2012.- Al concluir su primer año de gestión el gobierno del presidente Ollanta Humala parece encontrarse en una crisis permanente a raíz de su incapacidad de resolver un conjunto de conflictos y demandas sociales. La represión brutal de protestas en torno a la minería en los departamentos de Cusco y Cajamarca en los últimos meses sugiere una tendencia autoritaria dentro del gobierno, y apunta al abandono de la agenda de cambios con la que ganó las elecciones el líder nacionalista.Por el contrario, el deseo de una “gran transformación” aún está presente en las protestas difundidas por todo el país. Por lo tanto el cambio de gabinete no resolverá el escenario de conflictos sociales si no viene acompañado por una serie de políticas distintas.

Aunque en los últimos meses se han movilizado profesores, pesqueros, trabajadores, mujeres y estudiantes, las protestas que tuvieron mayor impacto fueron las relacionadas con las industrias extractivas. En el departamento norteño de Cajamarca, las movilizaciones en contra del megaproyecto Conga ya se han prolongado por más de ocho meses. El proyecto, impulsado por el consorcio Yanacocha -con participación de Newmont de Canadá y de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial- amenaza un sistema de lagunas y fuentes de agua en las alturas de Cajamarca, mientras que la mayoría de la población afectada no ve beneficios reales en la actividad minera.

Las protestas en Cajamarca han persistido tras la ruptura del diálogo, a finales de 2011, entre el gobierno nacional y las autoridades regionales, quienes se oponen al proyecto, inclusive después de que el gobierno de Humala impusiera una serie de exigencias adicionales a Yanacocha, entre otras la de asegurar el acceso de agua a la zona, reemplazando las lagunas afectadas con reservas adicionales. En respuesta a las protestas, el gobierno ha declarado ya dos veces estado de emergencia, decenas de líderes sociales y políticos se encuentran enjuiciados (inclusive el presidente regional Gregorio Santos), los fondos del gobierno regional han sido bloqueados por el gobierno central, y se han reportado continuamente casos de represión por parte de la policía.

Al inicio del mes de julio, la polarización del conflicto desembocó en enfrentamientos entre policías, militares y la población local, dando paso a una violenta represión que dejó cinco personas muertas. El líder ambientalista Marco Arana fue detenido de manera violenta (y liberado pocos días después), y de nuevo se decretó estado de emergencia. Las protestas continuaron, y el gobierno nacionalista optó por retroceder de manera temporal, pidiendo al Monseñor Cabrejos y al Padre Garatea facilitar un diálogo con las autoridades políticas y dirigentes sociales de la zona. Sin embargo, hasta ahora ambos campos han persistido en su posición particular frente al proyecto, y los facilitadores insisten en que una solución va a demorar y que no depende de ellos.

La violencia en Cajamarca vino poco después de que protestas masivas en contra de la contaminación ambiental y el aporte deficiente de la minera Xstrata al desarrollo local en la provincia de Espinar en Cusco resultaron en enfrentamientos con la policía, dejando dos personas muertas y decenas de heridos. Una vez más el gobierno central declaró estado de emergencia, bloqueó los fondos del gobierno provincial, y el alcalde provincial Oscar Mollehuanca fue detenido de manera violenta por decenas de policías.

Al mismo tiempo fueron detenidos los dirigentes principales de la protesta, y dos defensores de derechos humanos de la Vicaría de Solidaridad Sicuani (1). Pese a la demanda de prisión preventiva, fueron liberados en las semanas posteriores a los enfrentamientos. En Espinar fue instalada una mesa de diálogo con los dirigentes y autoridades locales para buscar una salida al conflicto.

Protestas contra Conga marcan un hito dentro del gobierno y los movimientos sociales

Desde hace algunos años las disputas por el territorio y el control de los bienes comunales – a los que llamamos conflictos eco-territoriales (Svampa 2011) – representan la mayor parte de los conflictos sociales en el país. (2) Su impacto en la agenda política y social se ha encontrado en aumento durante los últimos meses. El analista y ex viceministro del ambiente en el gobierno de Humala, José de Echave, plantea que los conflictos se han vuelto más intensos en varios sentidos:

“Las consecuencias políticas de los conflictos son mayores que antes. Nunca se había caído un gabinete por un conflicto minero, y ya vamos dos en el Perú, entendiendo que el premier Valdés también ha sido reemplazado por no haber podido resolver al caso Conga. A raíz de Espinar, se rompió la bancada oficialista. (3) A la vez, las protestas plantean una agenda más programática. No rechazan sólo un proyecto determinado, sino plantean cada vez más la necesidad de políticas distintas.”

Una reconstrucción del primer año de gobierno de Humala revela que su administración ha sido determinada, en gran medida, por la relación con las empresas mineras. En uno de los primeros actos del gobierno, se anunció públicamente un aumento en los impuestos del sector minero para respaldar los programas sociales que Humala pretendía impulsar. Sin embargo, todo indica que el presidente se comprometió a un respaldo firme a favor de la minería, inclusive en casos de proyectos controversiales que se encontraban postergados o en problemas de implementación. Bajo los gobiernos de Toledo y García, proyectos en Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Cajamarca e Islay no lograron prosperar por la oposición de las poblaciones locales. En este contexto, Conga se presenta como una prueba para que el gobierno nacionalista pueda mostrar su compromiso con el modelo económico actual, desplegando una serie de estrategias distintas que permitan un avance en donde los gobiernos de derecha no pudieron.

A la vez, la oposición a Conga marca un hito para el proceso de reconstrucción de la organización social peruana. Aparte de la duración y fuerza de la lucha, se destaca que las distintas tendencias políticas dentro de la protestas han sabido mantener la unidad en la acción durante meses. El Comité Unitario de Lucha garantizó, además, un escenario de protestas ejemplarmente pacíficas, simbólicas y controladas, evitando confrontaciones directas con las fuerzas del orden, pese a provocaciones de todo tipo.

También se ha mantenido un nivel de coordinación entre los dirigentes sociales, la mayoría alcaldes de la zona de influencia del proyecto y el propio presidente regional (el ex dirigente social Gregorio Santos), quienes se han sumado continuamente al campo opositor del proyecto. Y con la Marcha Nacional por el Agua (que se realizó en febrero) y una iniciativa de ley para declarar el agua como un derecho humano y proteger las cabeceras de Cuenca, la lucha cajamarquina se volvió nacional y ahora encierra un fuerte contenido programático.

Además, para respaldar la protesta social, fueron realizadas investigaciones, publicaciones y campañas mediáticas que cuestionaron de manera contundente el discurso del gobierno que afirma que la disponibilidad del agua no se encuentra en peligro por el proyecto. Todo esto muestra la lucha de Cajamarca como un enorme avance cualitativo para los movimientos sociales peruanos en términos organizativos, políticos y programáticos.

¿Gobierno minero-militar?

Lo ocurrido en los últimos meses presenta grandes interrogantes sobre el rumbo del gobierno nacionalista. El reconocido analista político Santiago Pedraglio se preguntó, tras el violento arresto del alcalde de Espinar Oscar Mollehuanca, si estábamos viendo la conformación de un gobierno minero-militar (4), mientras que José Carlos Ubilluz de la Universidad Católica planteó de manera provocadora que nadie debería sorprenderse, y que más bien era hora de despertarse del sueño democrático: “Todo aquél que se oponga al avance del capital, incluso si lo hace en nombre del medio ambiente y la salud de las comunidades, es enemigo del estado y será tratado como tal” (5).

Sin lugar a duda, Cajamarca y Espinar parecen indicar una forma de tratar las protestas y los conflictos sociales como algo que se debe criminalizar y reprimir. Esto va más allá de la judicialización de los líderes sociales o de la construcción de marcos legales que lo facilitan. También incluye las declaraciones de estados de emergencia, el amedrentamiento a las autoridades locales y regionales por parte del gobierno central, y las campañas de deslegitimación (hasta satanización) de las protestas en los medios masivos de comunicación y por políticos oficialistas y de derecha. A ello se suma la creciente militarización de las protestas, el uso de seguridad privada por parte de las empresas, y los convenios que facilitan que la policía preste servicios de seguridad a empresas extractivas. Esta política ya ha costado la vida de quince ciudadanos partícipes de las protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia.

Por esto no resulta exagerado que Pablo Sánchez de Grufides (6) de Cajamarca sostenga que: “Hay un accionar y pensar militar que sostiene la intervención del gobierno, y que pone a la institucionalidad democrática misma en juego”. Sánchez llamó la atención a los maltratos e insultos cotidianos por parte de la policía y los militares durante las protestas en Cajamarca. Los vídeos de una policía pateando una olla común y golpeando a las mujeres que preparaban comida para los manifestantes, y de otro policía respondiéndole a una mujer campesina que exigía una explicación a la violencia ejercida contra ella: “porque son perros, concha su madre”, son sólo dos de decenas de ejemplos. Jaime Borda, activista de la Vicaría de Solidaridad Sicuani, quien fuera detenido arbitrariamente en un puesto policial dentro de una propiedad de la empresa XStrata, plantea: “me ha sorprendido y preocupa enormemente que diez años después del fin de la dictadura, la policía sigue actuando de la misma manera.”

El reemplazo del Primer Ministro Oscar Valdés por el Ministro de Justicia Juan Jiménez – quien tiene un perfil más abierto al diálogo – es un claro reconocimiento del agotamiento del camino de la fuerza como método único para viabilizar los grandes proyectos de inversión. Sin embargo, transformar el escenario de conflictos sociales en el país requiere de políticas distintas que permitan que el Estado asuma su rol de garante de derechos por encima de su papel de facilitador de inversiones.

Las propuestas para estas políticas están presentes en las agendas y plataformas de la sociedad civil y protestas como las de Cajamarca y Espinar. Sin embargo, su ejecución requiere de una voluntad política firme de la que parece carecer el presidente Humala. La detención arbitraria y violenta del periodista cajamarquino Jorge Chávez el 28 de julio indica más bien la continuidad de la política de criminalización de las protestas.

¿Conga va o no va?

Mientras tanto la gran pregunta “Conga va o no va” sigue sin respuesta. Una perspectiva histórica al conflicto da indicios de que puede ser muy difícil que el proyecto prospere, por lo menos durante los próximos años, principalmente por tres razones. Primero, la brutal actuación de la policía y la prepotencia de los representantes de la empresa minera en sus actuaciones públicas. Las protestas ya no sólo son en contra del proyecto Conga, sino para defender la dignidad regional, como evidencian las impresionantes imágenes de los funerales de las víctimas de la represión. Este tipo de lucha tiene una base social mayor, y se nutre de una identidad e indignación colectiva difícil de quebrar.

En segundo lugar, las rondas campesinas – el eje vertebral de la protesta cajamarquina – siguen ejerciendo un control territorial significativo en la zona de influencia de la minera. En décadas pasadas lograron derrotar al abigeo y luego impidieron que la organización Sendero Luminoso entrara al norte del país. En palabras del reconocido reportero Gustavo Gorriti: “La fuerza del campo en ese departamento donde se supone que hay mucho y falta tanto, es su organización. (…) Pensar que se los va a avasallar con prepotencia y amenazas es añadir la estupidez a la ignorancia” (7). Finalmente, contrario a lo que plantean los medios masivos en el país, tras décadas de minería, en Cajamarca (y particularmente en la provincia de Hualgayoc) la población sabe perfectamente porqué debe oponerse a nuevos proyectos mineros.

En este escenario vale la pena preguntarse si Newmont y particularmente la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial deberían persistir en el proyecto. ¿Cuáles son los costos económicos, sociales y de imagen que están dispuestos a asumir? ¿Debería permitirse la minería en zonas tan vulnerables y con poblaciones en contra de ésta? ¿No termina dañándose inclusive la imagen de la propia industria minera de esta forma? Queda claro que en realidad es el Estado peruano el que debería ofrecer los mecanismos y marcos políticos para tomar estas decisiones. El caso Conga deja en evidencia que los instrumentos que el Estado peruano maneja están claramente agotados.

Notas:

(1) Institución vinculada a la Iglesia Católica.

(2) La Defensoría del Pueblo habla de conflictos socioambientales. Para ver los informes: www.defensoria,gob.pe/temas.php?des=3.

(3) En protesta contra la violencia en Espinar renunciaron a la bancada oficialista de Gana Perú dos representantes de Cusco (Verónica Mendoza y Rubén Coa), uno de Cajamarca (Jorge Rimarachín), y los líderes históricos de la izquierda Javier Diez Canseco y Rosa Mavila. Ellos esperan constituir una bancada propia (para lo cual necesitan una adhesión adicional) que persiste en la agenda de la gran transformación.

(4) Ver: peru21.pe/2012/06/01/impresa/espinar-gobierno-minero-militar-2026735
(5) Ver: derechoshumanos.pe/2012/07/¡despierte-de-su-sueno-democratico/
(6) El Grupo de Información y Formación para el Desarrollo Sostenible
(7) Ver: www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=278.

*Raphael Hoetmer es miembro del Programa Democracia y Transformación Global: www.democraciaglobal.org y colaborador con el Programa de las Américas: www.cipamericas.org
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Fuente: http://democraciaglobal.org/opinion/609-protestas-ponen-en-entredicho-el-futuro-del-proyecto-minero-conga-en-el-peru


Mirtha Vásquez, abogada del sacerdote y ambientalista Marco Arana, consideró valioso el aporte de los facilitadores del diálogo, monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea, pues en su opinión Cajamarca requiere de manera casi urgente tender los puentes del diálogo para encontrar la solución al conflicto social en torno al proyecto Conga, pero no escatimó esfuerzos para cuestionar la prórroga del estado de emergencia al que consideró como un instrumento de retroceso a los procesos de escucha.

“Tanto el gobierno como la sociedad civil tienen que mostrar su disposición para poder tener un clima adecuado sobre estos asuntos, las señales deben ser de buena voluntad y evitar los actos de represión”, aseveró Vásquez, quien además criticó a las fuerzas del orden por su actuación en el marco del estado de emergencia.

La abogada resaltó la importancia de aperturar espacios de diálogo entre las partes, bajo la atingencia que si lo que se quiere buscar es un debate técnico, este debe hacerse pero siguiendo lineamientos exactos y concretos bajo muestras de sinceridad y lealtad, “no podemos iniciar espacios de reunión cuando se siguen haciendo trabajos en la zona de influencia del proyecto Conga, cuando Cajamarca está sitiada por policías y miembros de las fuerzas armadas pues en esos casos el dialogo no tendría ninguna razón de ser”, puntualizó.

Sobre los procesos que han iniciado en contra de la Policía Nacional por delitos como tortura y abuso de autoridad en agravio del padre Marco Arana, la letrada informó que vienen dando ardua lucha legal en pro del respeto a los derechos fundamentales de las personas, además dijo que esperan sanciones de tipo administrativo tales como la destitución de los policías que incurrieron en excesos, los que fueron identificados gracias al apoyo de ciudadanos y medios de comunicación a través de sus registros fílmicos y fotográficos.

Fuente: Panorama Cajamarquino

Bala sin percutar encontrada por un poblador de Celendin
Por: Rocío Silva Santisteban – @pavese
Foto: Jorge J. Chavez Ortiz – @ChavezWar
Los discursos encendidos de Huamán, Diez Canseco o Lourdes Huanca; la inmensa bandera verde y ecológica bordada por manos cajamarquinas y traída desde allá por dos estudiantes universitarios; e incluso los desbandes del Movadef, así como el tema de fondo de la marcha, los 15 decesos ocasionados por este gobierno durante diversos conflictos sociales, han pasado a la amalgama de noticias colaterales porque la prensa limeña le ha dedicado todos sus titulares a las pintas ocasionadas por unos jóvenes en el monumento de José de San Martín en la plaza del mismo nombre durante la jornada de movilización el día 12 de julio.

En efecto, la marcha fue pacífica, convocó a más de 15 mil personas, hubo cuadras de cuadras de gente riendo y tocando sus batucadas al lema de “agua sí/oro no”, pero todo, todo, todo quedó reducido al marco teórico de un solo gesto: las pintas. Unos jóvenes cuyos rostros fueron captados por Canal N realizaron pintas con esténciles y sprays de color rojo y la prensa se rasgó las vestiduras; el Presidente de la República salió a dar declaraciones; el ministro de Cultura también hizo lo propio y el procurador de la Municipalidad de Lima se apersonó a la comisaría para sentar la denuncia. Todo en una.

Apenas terminada la marcha, cuando la gente se dispersaba, hubo en tres de los lados de la plaza inusual presencia de policías. Un conato de pelea surgió hacia la base del monumento: era gente del Movadef que discutía con un grupo. Fueron echados por estos jóvenes, pero de inmediato la Policía se acercó corriendo y todo fue un desbarajuste. No se detuvo a nadie. Yo estaba ahí: no me lo han contado. Posteriormente los policías siguieron a varias personas y a cinco de ellas las detuvieron. Incluso entraron a los bares del jirón Quilca y de ahí sacaron a unos y a otros los tomaron caminando por los alrededores de la plaza. Detuvieron a Adrián León Lostanau (20), Katherine Alejandra Dávila Acosta (23), Reynaldo Aragón Olazkagua (22), Carlos Alberto Castro Segura (22) y Luis Alberto Vargas Helm (22). Todos estudiantes, cuatro de la Pontificia Universidad Católica.

Al cerrar este artículo los habían trasladado a Seguridad del Estado, y solo porque la defensora adjunta de Derechos Humanos, Gisella Vignolo, hizo las llamadas necesarias, la abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos pudo entrar a ver a los detenidos que aún no tenían abogado, para que puedan dar su defensa al amparo de un letrado. Estos jóvenes estudiantes universitarios detenidos no fueron los que salieron en las cámaras de Canal N haciendo las pintas. ¿Por qué estaban ahí entonces? Porque tenían en sus manos y mochilas los instrumentos del crimen: pintura en spray y esténciles. Y mis trolles en el Twitter gritaban al unísono: “pena de muerte para los grafiteros”. El mal banal: Hannah Arendt, te debes revolcar en tu tumba.

Es patético que la prensa se indigne por las pintas (que obviamente rechazamos), por las banderas verdes en los ataúdes, por la “provocación” de Marco Arana al sentarse en un banco con un letrero, y minimice hasta la vergüenza a los asesinados por balas Galil de fusiles israelíes en Celendín y por los otros peruanos muertos en Espinar, Sechura, Paita o Cañete, así como por la fractura en el maxilar superior del ex sacerdote y, obviamente, invisibilice la cantidad de gente que salió a las calles el jueves pasado.

Pero el pueblo no es bruto, aunque los medios aliados al gran capital y ahora a los más altos estamentos del Estado sean tan brutos de creer que sí.


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Exigimos la derogatoria del DL 1095

La de CNDDHH, conjuntamente con la CGTP, CONACAMI, AIDESEP, CCP, CNA y organizaciones de la sociedad civil, estamos organizando diversos eventos públicos a nivel nacional, con la finalidad de difundir los alcances del la norma y recolectar firmas para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra los D.L. 1094 y 1095 que criminalizan la protesta social. Clic en imagen para ampliar

Luego de una intensa campaña mediática iniciada por el Ejecutivo, el  1º de Septiembre de 2010 se publicaron cuatro decretos legislativos: 1094, 1095, 1096 y 1097, expedidos por el Ejecutivo, en uso de las facultades  delegadas por el Congreso. Felizmente, y luego de una intensa campaña, el gobierno dio marcha atrás y el 14 de setiembre, el Congreso decidió derogar el D.L. 1097,  que amenazaba con consolidar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos. Su publicación se realizó al día siguiente, en que también la Sala Penal ,  que veía el caso Barrios Altos, acordó declarar la inaplicabilidad de esta norma.

Este, que fue un triunfo rotundo contra la impunidad, nos dejó una tarea importante: buscar la derogatoria de los otros DL, entre ellos el 1095, que posibilitan el uso excesivo de la fuerza en casos de conflictividad y protesta social.

Sobre el uso excesivo de la fuerza

En la estrategia de control del orden interno durante el gobierno de Alan García, se han desarrollado una serie de dispositivos legales de dudosa constitucionalidad a través de los cuales se incrementan las facultades y se flexibilizan los procedimientos para la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, incluso en zonas que no se encuentran declaradas en Estado de Emergencia.

Al respecto, es necesario señalar que de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno está estrictamente limitada a situaciones en las que se ha declarado Estado de Emergencia o de Sitio. Sin embargo, en clara contradicción con la norma constitucional, en el año 2004 se promulgó la ley 28222, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno fuera de los supuestos mencionados .

La situación ha empeorado durante el gobierno del Dr. García mediante la promulgación del D.S. Nº 007-2008-DE que modifica la reglamentación de la ley 28222, de forma que ahora es suficiente con la autorización del Presidente de la República, refrendada por los ministros de Interior y de Defensa, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el control del orden interno. Inclusive esta norma autoriza que cuando las características geográficas de la zona impidan cumplir con este procedimiento, sea directamente la autoridad policial de la zona afectada la que solicite la intervención de las Fuerzas Armadas, con cargo a la posterior convalidación de esta medida mediante una resolución suprema.

Otro aspecto que genera preocupación es la regulación del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. De por si resulta alarmante que las Fuerzas Armadas intervengan en el control del orden interno, ya que su armamento y entrenamiento son mas apropiados para combatir en situaciones de guerra y/o contra amenaza exterior.