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Servindi, 25 de febrero, 2014.- Hoy martes 25 de febrero se estrenará el documental “Cañaris no está sola” en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (FACEAC) de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, en la región Lambayeque, a las 9:00 a.m. El ingreso es libre.

La producción audiovisual da cuenta del acervo cultural de los cañaris y aborda el conflicto socioambiental surgido a raíz del proyecto Cañariaco de la empresa minera canadiense Candente Copper.

El documental busca que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el Estado peruano puedan proponer y ejercer proyectos de desarrollo sostenible en armonía con las necesidades y cultura de los cañaris.

La dirección de “Cañaris no está sola” corresponde a Walter Martín López Zono. La producción a Cynthia Guevara, la cámara a Bryan Aguirre, el sonido a Hideki Nakazaki, el script a Cristhian Fernández y la edición a Hideki Nakazaki y Bryan Aguirre.

El documental ganó el primer puesto del Concurso de Productos Comunicacionales CIRCA 2013 patrocinado por el Instituto Bartolomé de las Casas, con el financiamiento de la Unión Europea, la misma que proporcionó los recursos económicos para su producción.

El jurado estuvo conformado por el periodista Augusto Álvarez Rodrich, la congresista Verónika Mendoza y el columnista y analista político Javier Torres Seoane.

Precisamente, el tema central con el que participó fue la resolución de conflictos socioambientales.



Chiclayo. Según informó el presidente de la comunidad campesina de San Juan Cañaris y actual presidente de las Rondas Campesinas y Urbanas de Lambayeque, Cristóbal Barrios, representantes de la empresa Candente Cooper, encargada del proyecto de exploración minera en la zona, habrían anunciado que las actividades se retomarán a partir del 15 de enero.
Por esto, Barrios sostuvo que en una asamblea realizada en la comunidad campesina se decidió que desde el 17 de febrero se iniciarán nuevamente las protestas contra el desarrollo de la actividad minera en Cañaris.
El dirigente de la comunidad sostuvo que la resistencia contra la actividad minera continúa en Cañaris, por lo que la empresa está realizando “trabajo social” con la intención de convencer a los comuneros de aceptar el desarrollo de Cañariaco.
Añadió que la comunidad no obtuvo ningún beneficio de las mesas de diálogo y que por el contrario, aseguró que estas se hicieron para paralizar las protestas de la comunidad. “Las mesas de diálogo solo buscaban engañarnos y congelar la lucha”, indicó Barrios.

CLAVES
El proyecto de exploración minera de Cañariaco, que está a cargo de la empresa Candente Cooper, lleva paralizado más de un año.
Campesinos aseguran que no se ha aprobado ningún proyecto de desarrollo propuesto en las mesas de diálogo. 

 

Cañaris. El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, declaró que el pueblo quechua de Cañaris no sería objeto de consulta previa.
 
Perú cuenta con un reglamento para la consulta previa desde abril de 2012. Desde entonces, 2 viceministros de Interculturalidad han renunciado y todavía no se publica la base de datos de Pueblos Indígenas.

Por: Beatriz Jiménez

Perú celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con un viceministerio de Interculturalidad acéfalo y un reglamento para aplicar la consulta previa entrampado por la no publicación de una base de datos que defina quiénes son y dónde están nuestros pueblos indígenas.

La postura enarbolada por un sector del Ejecutivo de no incluir a las comunidades andinas como sujetos de derecho a la consulta previa parece haber ganado en una pugna con casi dos años de historia que ha enfrentado al viceministerio de Interculturalidad con el resto del gabinete .

Tras la renuncia de Paulo Vilca, el pasado 25 de julio, el Ministerio de Cultura no encuentra hasta el cierre de esta nota quien quiera sustituirlo. Este viceministerio es uno de los más calientes del gobierno. Todos los que lo han ocupado se han quemado con la consulta previa.

El primer viceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, fue destituido en octubre de 2011 junto con la entonces jefa del Indepa, Raquel Yrigoyen. Tras su abrupta salida, esta última denunció presiones de Pluspetrol para que se permita realizar trabajos de ampliación de la exploración en el lote 88, superpuesto a la reserva territorial Kugapakori.

La gestión de Iván Lanegra fue más fructífera. El vice- ministerio logró aprobar unReglamento de la Ley de Consulta Previa en abril de 2012 y elaboró una base de datos de pueblos indígenas hasta ahora nunca publicada. Esta base incluía a 52 pueblos indígenas: 48 amazónicos y 4 andinos (quechuahablante, aymara, uro y jacaru).

Tras discrepancias abiertas con Jorge Merino, Lanegra renunció después de que el presidente Ollanta Humala declarara en una entrevista televisiva el pasado 28 de abril que la mayor parte de comunidades andinas eran “comunidades agrarias producto de la reforma agraria”, negando así su carácter indígena.

El hasta entonces Director de Interculturalidad, Paulo Vilca, pasó a ocupar su lugar. En su gestión, se avanzó en la primera consulta previa: la realizada al pueblo Maijuna. Sin embargo, el Lote 88 entró en juego. Vilca finalmente renunció después de que el gobierno desconociera las 83 observaciones que realizó al Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol.

En medio de este escenario de inestabilidad política en el viceministerio de Intercultural, las organizaciones indígenas no han jugado un buen partido. Tanto Aidesep, la principal organización de Pueblos Amazónicos, como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, están viviendo este proceso inmersas en disputas internas.

PRESIONES ECONÓMICAS

La ventana abierta en septiembre de 2011 con la aprobación de la Ley de la Consulta Previa podría cerrarse empujada por el descenso del precio de los metales y las presiones que según nuestras fuentes ejercen la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo(SNMP) y la Confiep.

“El derecho a la consulta no tiene que ser visto como un obstáculo para el desarrollo”, insiste Lilian Landeo, Coordinadora del Programa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover el Convenio 169. “Nos da la impresión de que hay mucho temor en aplicar un proceso serio de consulta. ¿Qué mejor que tener concesiones mineras y petroleras consultadas con las comunidades indígenas locales?”.

La OIT reconoce los avances de Perú al promulgar la consulta previa y su reglamento, convirtiéndose en el primer país de la región en crear estos instrumentos para cumplir con el Convenio 169. Sin embargo, pide a Perú ponerlos en práctica.

Este organismo de Naciones Unidas recuerda que el Convenio 169 no plantea la necesidad de una base de datos para realizar un proceso de consulta . “Para nosotros es una discusión que no tiene sentido”, explica la representante de OIT. “Basta que una medida del Estadoafecte a los pueblos indígenas para realizar una consulta en busca de un consentimiento libre, previo e informado”.

Lilian Landeo informó a La República de que el Estado Peruano, en informes ante órganos de control de la OIT, reconoce que las comunidades campesinas son pueblos indígenas. “El convenio dice que independientemente de la denominación que tengan en el país, basta que el gobierno las identifique como indígenas para que sean reconocidas así”, explica tras citar el caso de Colombia, que reconoce el derecho a consulta previa de los pueblos afrodescendientes.

CONSULTAS

Área de conservación maijuna. Comunidades nativas Maijuna de Loreto proponen la creación de un Área de Conservación Regional de casi 400 mil hectáreas. Este proceso de consulta es el primero llevado a cabo en el país y está a cargo del Gobierno Regional de Loreto. Todavía sigue en curso.

Lote 192. Perupetro es el encargado de iniciar el proceso de consulta de este lote petrolero en Loreto.

26 lotes petroleros. Perupetro ha anunciado que este año licitará 26 lotes petroleros que serán objeto de consulta previa.

Ley forestal. A cargo del Ministerio de Agricultura. El reglamento de la Ley Forestal va a ser sometido a un proceso participativo.

Ley de lenguas. El Ministerio de Educación está elaborando un reglamento de la Ley de Lenguas que será sometido a consulta.

Salud intercultural. El Ministerio de Salud tiene a su cargo la elaboración de una política en Salud Intercultural.

 


Por Luis Hallazi*

22 de mayo, 2013.- A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa, la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado, pero además nos da la oportunidad de seguir desmitificando viejos discursos que de tanto repetirse van generando “verdades” incuestionables, dogmas económicos que operan sin ser sometidos a prueba científica alguna y que sin duda, no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones.

Una de esas viejas etiquetas es la de “Perú, un país minero” (1) mensaje que en sí mismo, contiene una fuerte carga discriminatoria que bajo la variable de mayor rentabilidad relega a otras formas culturales de generar bienestar social.

Esta presunción de universalidad lo que hace es reducir todas las diferencias culturales en un discurso que busca identificar a la minería metálica como la única forma de alcanzar el “desarrollo”, el “principal” medio para seguir generando este entusiasmo desmedido por el “crecimiento” económico; sin permitir otras definiciones de desarrollo o al menos asegurarse que el mensaje es entendido por los principales actores. Es decir, a través de meras palabras como “éxito”, “progreso”, “modernidad” se excluyen otras alternativas a ese tipo de desarrollo convencional y también se obstaculiza procesos de transición (2) que ya están en marcha ante la actual crisis energética, crisis climática y alimentaria en cada vez más lugares de Latinoamérica.

El modelo minero no dialoga, impone. En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, entorpece los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa, para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”.

Ese discurso del “país preminentemente minero”, es el mismo discurso de “comunidades agrarias” que Ollanta Humala intenta imponer para eludir el derecho a la consulta previa en comunidades campesinas de los Andes peruanos; es también el discurso de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva que reproducen las “ventajas” y “oportunidades” de dicho modelo.

Un discurso, pues, que goza de la máxima investidura en caso del Gobierno peruano y que sus funcionarios solo se prestan a poner en práctica sin la observancia de los derechos fundamentales. Como es lógico, una Ley como la consulta previa, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada a los derechos humanos de los pueblos indígenas, son meros obstáculos que el Estado está dispuesto a evadir, eludir e incluso a desconocer el mismo derecho que emana de su fuero.

Cuando los Derechos Humanos son un Obstáculo para los Estados

Para nadie es un secreto la fuerte presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas, especialmente la minería, sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Es increíble pero nadie cuenta la cantidad de conflictos ambientales en minería que hay en el mundo, ni el PNUMA ni el PNUD tiene cifras al respecto (3). En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha reportado a la fecha 154 casos de conflictos socioambientales de los cuales 112 están relacionados a la actividad minera (4); basta pues revisar las publicaciones de los diarios o de medios especializados (5) para observar una cantidad acumulativa de conflictos mineros con poblaciones originarias.

Muchos de esos casos se presentan de manera directa entre las empresas/Estados frente a los pueblos indígenas, sin intermediario alguno que permita que el conflicto se encamine a una solución justa y pacífica. Lamentablemente, la promoción de inversiones a cargo de los Estados, no solo se remite a ofrecer y promocionar una cartera de proyectos con las normas y procedimientos claros, sino más bien que los Estados a través del respectivo gobierno de turno, ofrecen una cartera de proyectos con acuerdos y asentimientos pre establecidos, sin consulta ni consentimiento previo de las poblaciones indígenas que recibirán los principales impactos; reducidos a una especie de lo que en derecho civil se llama contrato por adscripción.

El caso de Colombia (de quien ahora se busca imitar “el modelo” para destrabar proyectos (6)) muestra a través de un reciente informe sobre Minería en Colombia, elaborado por encargo de la Contraloría General de la Republica Colombiana, conclusiones claras como aquella que afirma que las actuaciones del Gobierno en el sector minería, están por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Una de las causas que el informe menciona es la “(…) indiscriminada dación de títulos mineros y el desarrollo expansivo de estas actividades que han venido violando, sistemáticamente, los derechos fundamentales y colectivos, desconociendo los procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos” (7). Aparentemente el modelo Colombiano es efectivo a la hora de “destrabar” proyectos más no si se trata de respetar los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con el derecho a la consulta previa, donde somos inducidos a pensar que el desarrollo de este derecho en Colombia es también un “modelo” a seguir(8).

Se nos dice que Colombia viene realizando consultas desde 1994 y que a mayor cantidad de procesos se consulta que ha tenido este país, han sido también mayores los acuerdos que se han obtenido con los pueblos indígenas; todo esto presentado como garantía al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y además se asegura que ese mismo año, se tuvo el record histórico de inversión extrajera directa. Lo que no se menciona es que la legislación de consulta previa es deficiente y está enmarcado en el Ministerio del Interior precisamente para agilizar los procesos de consulta y convertirlos en meros tramites, desnaturalizando su contenido, a pesar de que algunos de esos procesos terminan tutelados por la Corte Constitucional de Colombia que lamentablemente, no puede garantizar el derecho a la consulta previa en todos los demás procesos.

Sin embargo, no solo es el caso de países políticamente conservadores y económicamente neoliberales como Colombia y Perú. Esta tensión por los recursos naturales, entre pueblos indígenas y Estados Latinoamericanos, también alcanzan a Gobiernos con constituciones tan progresistas como la de Ecuador de 2008, donde no solo se reconoce el derecho a la Consulta Previa (art. 57 numeral 17) sino también se le otorgan derechos a la Naturaleza (art. 71); claro que todo es letra muerta cuando el Estado invoca el “interés nacional” o la “necesidad pública” de las actividades extractivas para su explotación (9).

En cuanto al derecho de consulta el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha observado que el Estado ecuatoriano debe iniciar procesos de consulta antes de la aprobación de normas como el Código de Minería que recientemente se quiere modificar(10), la Ley de Recursos Hídricos y el Código Ambiental donde se pretende seguir imponiendo proyectos extractivos y leyes sin consulta alguna.

Ante este contexto, lo más reciente que ofrece la fallida implementación de consulta previa en Perú, la cual busca excluir a los proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran totalidad no son pueblos indígenas, ponen en evidencia esa misma lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero.

Que después se haya ido devaluando en versiones como los 32 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas solicitó información para saber sobre la existencia de pueblos indígenas (11) y que finalmente sean 14 proyectos los que si necesitan de consulta previa, según el Viceministerio de Interculturalidad, son cuestiones anecdóticas. No hay documentación al respecto y como es lógico, los nombres de los proyectos, es secreto de Estado; razón suficiente para presumir que todos los proyectos están obligados (previa verificación de derecho) a someterse al proceso de consulta previa.

Sin embargo, también debemos presumir que no solo son 14 proyectos, ni 32 los que necesitan de consulta; para ello es necesario saber con exactitud cuántas comunidades campesinas existen en el Perú y en cuántas de ellas hay una solicitud de concesión minera, así también cuántas están en situación de exploración, ampliación o explotación minera. Una vez realizada esa tarea someter a cada caso a un test de consulta por parte de una institución estatal imparcial, de la que actualmente carecemos.

Como vemos, la actual situación de latente vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas precisa de una alarma constate, en la medida que son ya muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas.

Los Estados si es necesario, declaran el Estado de Emergencia, como en el caso del Gobierno de Guatemala, donde su presidente el ex militar Otto Pérez Molina, declaró en Estado de Sitio los departamentos de Jalapa y Santa Rosa para reprimir al pueblo indígena Xinca (12), en defensa directa de los intereses del proyecto minero San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, lo cual nos lleva a recordar similar medida en el caso Conga.

En definitiva la realpolitik nos muestra una situación crítica, donde los mecanismos de defensa del derecho internacional van por detrás de historias de injusticia y despojo que las poblaciones originarias vienen acumulando, es pues la trivialización de los instrumentos económicos y jurídicos a disposición de ese mercado llamado minería.

Notas:

(1) En la versión de Alan Garcia “El Perú no es un país agrario sino eminentemente minero” Diario La Primera, El Perú es minero, no agrario”, 11-09-2010http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-per-es-minero-no-agrario_69937.html

(2) Los movimientos de incitativa de Transición están emergiendo principalmente en Europa se configuran como propuestas creativas a la crisis energética o climática.

(3) Martínez Alier Joan ¿Cuánto Coflictos mineros hay en el mundo?http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cuantos_conflictos_ambientales_por_mineria_hay_en_el_mundo

(4) Reporte de Conflictos Sociales N.- 110 – Abril 2013:http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-110-Abril-2013.pdf

(5) Observatorio para los conflictos de minería en América Latina OCMALhttp://www.conflictosmineros.net/home

(6) Declaraciones de la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino ahora flamante presidenta de la Sociedad peruanos de Hidrocarburos: http://www.larepublica.pe/07-03-2013/nombran-beatriz-merino-como-presidenta-de-la-sociedad-peruana-de-hidrocarburos

(7) Informe de la Contraloría de la Republica Colombiana:http://www.rebelion.org/docs/167838.pdf

(8) Declaraciones del Adjunto para Pueblos Indígenas … entrevista en Rumbo Económicohttps://www.youtube.com/watch?v=q_FmXoM0Utg

(9) En el caso de la Federación del Pueblo Shuar (FIPSE) con la compañía petrolera ARCO, el Estado Ecuatoriano arguyo que “los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos son motores del crecimiento económico y por tanto obedecen al interés de desarrollo nacional”.

(10) Gobierno ecuatoriano evalúa reformas a Ley Minera para impulsar el sector.http://www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/12970-gobierno-ecuatoriano-evalua-reformas-a-ley-minera-para-impulsar-el-sector

(11) El Comercio, Gobierno sabe que 14 proyectos mineros requieren consultahttp://elcomercio.pe/actualidad/1572596/noticia-mapa-gobierno-sabe-que-14-proyectos-mineros-requieren-consulta

(12) Guatemala: Violación a los derechos humanos, durante Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/1728-guatemala-violacion-a-los-derechos-humanos-durante-estado-de-sitio-en-jalapa-y-santa-rosa

*Luis Hallazi es abogado, actualmente asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.com


“En cualquier momento se retoma nuevamente el paro”, indicó dirigente, que insistió en la paralización del proyecto minero Cañariaco

Rosa Huamán, presidenta de las rondas campesinas de Cañaris, en la provincia de Ferreñafe, Lambayeque, confirmó que el paro contra el proyecto minero Cañariaco, de la empresa Candente Copper, se ha suspendido temporalmente.

Sin embargo, la dirigente adelantó a Canal N que “en cualquier momento se retoma nuevamente el paro, pero va a ser paro regional”. Según dijo, ello dependerá de los avances de la mesa de trabajo instalada por el Poder Ejecutivo.

Huamán insistió en que los pobladores piden que representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) vayan al distrito y escuchen a la población que pide la paralización de las actividades mineras.

El corresponsal de El Comercio, Wilfredo Sandoval, dio cuenta de que las protestas se detuvieron luego de los últimos choques con la Policía a fines de enero, cuando los manifestantes bloquearon el acceso al campamento minero Cañariaco, en la zona de Marayhuaca, distrito de Incahuasi.

Del lugar ya se ha retirado parte del contingente policial que prestaba resguardo, aunque unos 50 permanecen como precaución. Trascendió además que el domingo 17 habrá una reunión en Pucará para determinar las acciones a seguir.

 


Mapa de concesiones en el distrito de Cañaris a junio 2012. Elaboración de CooperAcción

– El 96 por ciento del distrito de Cañaris está concesionado a la minería.

Servindi, 11 de febrero, 2013.- Decenas de especies protegidas, algunas endémicas y otras probablemente nuevas para la ciencia, así como bosques montanos en buen estado de conservación son algunos de los bienes comunes que identifica el resumen delestudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Cañariaco que opera en la zona.Este es uno de las muchas concesiones mineras que cubren el 96.16 por ciento del distrito de Cañaris, en la provincia de Lambayeque, al norte del Perú.

Una lectura del mencionado estudio revela la gran riqueza ecológica que sería afectada con las operaciones del proyecto en tierras de la comunidad de San Juan de Cañaris, en Lambayeque. Así como los posibles impactos en los ecosistemas y comunidades de la zona a intervenirse.

Mapa de perforaciones del proyecto Cañariaco
(dar clic para ampliar la imagen)

Biodiversidad en juego

El estudio realizado en el área comprendida desde la cuenca alta del río Cañariaco, llamado Jatun Yacu en sus partes altas, hasta la confluencia de la quebrada Achicamonte determinó que el 52% del territorio donde operará la minera corresponde a terrenos con bosques y el 45.8% a praderas naturales.

En cuanto a la diversidad animal en el área de estudio, el EIA halló 143 especies de aves de las que 34 están incluidas en listas de conservación. Entre ellas destacan la Penelopebarbata o “Pava barbada” y la Coeligena iris conocida como “Inca Arcoiris” cuyos hábitats en otros bosques montanos se encuentran altamente degradados, explica el informe.

Asimismo, el estudio halló al “cóndor” Vultur gryphus que está considerado“en peligro” por la legislación nacional.

De las 19 especies de mamíferos, siete están en alguna categoría nacional o internacional de protección. Dos de ellas son el tapir andino Tapirus pinchaque y el oso andino llamado también “oso de anteojos”, Tremarctos ornatos. Ambas especies son consideradas por la legislación nacional como “en peligro crítico” y “en peligro”, respectivamente.

Igualmente, se registró al “majaz de montaña” o Cuniculus taczanowskii que es considerado“vulnerable”; así como el zorro Lycalopex culpaeus y el puma Puma concolorincluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El documento informa del hallazgo de una posible nueva especie para la ciencia. Se trata del insectívoro Cryptotis sp cuya situación de amenaza es desconocida, aseguran los autores.

Acerca de los anfibios, el EIA señala que nueve de las diez especies identificadas como sensibles son endémicas, lo que significa que sólo se las puede hallar de forma natural en este lugar. Tres del total son potencialmente nuevas para la ciencia o para registros del Perú.

Por otro lado, el estudio afirma que halló 195 especies hidrobiológicas, de las cuales sólo hay una especie de pez: la trucha Oncorhynchus mykiss.

Respecto a la diversidad vegetal, se registraron en total 438 especies de plantas repartidas en 85 familias botánicas, de las que la Orchidaceae es la más representativa con 55 especies (13% del total).

Los autores informan que 67 especies son protegidas por la legislación nacional e internacional, la mayor parte son orquídeas incluidas en el apéndice II de la CITES. Dos de ellas se encuentran consideradas en “peligro crítico”, mientras que 23 son endémicas del Perú.

 
Imagen: Candente Copper

Actividades e impactos del proyecto

Perforaciones

El proyecto estima en 17 meses la duración de sus actividades de exploración. Estas implican la remoción de 1,710 metros cúbicos de suelos para instalar 114 plataformas -de 30 metros cuadrados cada una- que harán perforaciones con maquinarias especializadas.

Según el estudio, el suelo removido será utilizado en la “nivelación y acondicionamiento del terreno durante la etapa de rehabilitación y cierre”.

En total, se calcula intervenir un área (área de huella) de aproximadamente 5.6 hectáreas y un movimiento de tierras de aproximadamente 26,749 metros cúbicos generado por la construcción de las instalaciones.

Asimismo, explica el informe, cada plataforma contará con dos pozas de sedimentación. “Las pozas estarán revestidas con una membrana impermeabilizante para evitar la filtración del agua al terreno”, indica el EIA.

El proyecto realizará 5 líneas sísmicas que “no requerirán la remoción de terreno ni de suelo orgánico”, asegura la empresa.

Usarán agua de cursos naturales

Para las actividades de perforación, el proyecto prevé usar agua de cursos naturales en las cabeceras de cuenca “que tengan una caudal suficiente”.

“El agua requerida para la ejecución de las perforaciones y demás actividades del Proyecto se trasladará de las quebradas Norte, Oso, Verde, Sorón y río Jatun Yacu a la zona de operaciones mediante mangueras y con la utilización de bombas de agua” explica el estudio.

Por día, cada máquina consumirá 0.5 litros por segundo de agua que significan 43 metros cúbicos del recurso. Cada máquina usará un sistema de recirculación del agua.

El documento asegura que no generará vertimientos en la exploración. Sin embargo, afirma que los impactos serán “moderados” y se podrán extender “hasta el límite del área de influencia directa”.

Se advierte también que los cursos de agua superficiales “serán afectados en su calidad por el arrastre de sedimentos que ocurrirá debido a los trabajos de remoción de la cubierta vegetal y los suelos y el consiguiente movimiento de tierras”, señala el EIA.

Asimismo, indica que los ecosistemas acuáticos serán afectados con una “disminución en caudales de agua y sedimentación de cursos”, efecto que duraría un “corto plazo”, es decir, una duración de hasta doce meses. Al respecto, la empresa asegura que establecerá medidas de “mitigación”.

“Se ha propuesto la implementación de medidas de control de erosión para evitar el arrastre de sedimentos y la implementación del cierre progresivo de las áreas donde se hayan completado los trabajos de perforación”, indican.

Impactos en la vegetación

El estudio asegura que el impacto sobre la cobertura vegetal se deberá a la instalación de vías e infraestructura, así como al “manejo de insumos, residuos sólidos y efluentes; el mantenimiento de equipos y el transporte en general”, anota.

Igualmente explica que el impacto será “moderado” por limitarse a la zona de huella del proyecto y por tratarse de especies sensibles.

“La cobertura vegetal demorará más de un año en recuperarse de manera estable sobre los suelos rehabilitados”, asegura el EIA.

Fauna desplazada

Por otra parte, se advierte en el estudio que el proyecto ocasionará el desplazamiento de fauna -incluyendo la que se encuentra bajo categorías de protección- a causa de la remoción de su hábitat, la generación de ruido y la presencia humana en la zona.

Entre las especies afectadas están el tapir andino, la musaraña de orejas cortas y los sapos del género Pristimantis sp. Los dos últimos serían especies nuevas para la ciencia o registros nuevos para el Perú.

El impacto en la fauna tendría una duración de “mediano plazo”, es decir, de uno a tres años, y una extensión que abarcaría el área de influencia directa ambiental, según el estudio.

Las actividades de mitigación que el proyecto plantea son planes de rescate y traslocación de especies, inspecciones previas a la instalación de plataformas y la rehabilitación de hábitats disturbados, entre otras.

Impacto Social

En el aspecto socioeconómico, el EIA prevé posibles impactos en la “salud y el bienestar de las personas residentes en el área del Proyecto”, debido a la “inseguridad” y “desconfianza” generada por la presencia de foráneos en las comunidades.

Como medida de mitigación, el proyecto asegura que evaluará a su personal en los aspectos físico y mental. Igualmente les exigirá seguir un protocolo de conducta.

Respecto al empleo, el proyecto contratará a 235 trabajadores no calificados por un corto plazo, provenientes de los caseríos cercanos al proyecto, mayormente.

Por otra parte, se informa también que el proyecto podría afectar los hábitos y costumbres locales de la población “donde las formas de organización, las prácticas culturales, la toma de decisiones y la división social del trabajo tienen una dinámica particular”, observa el estudio.

Para evitar disturbar a la comunidad campesina y las organizaciones locales, Cañariaco aplicaría un “Protocolo de Relacionamiento” que “contribuirá a la creación de un clima de confianza y cooperación con la población, y con ello minimizar las molestias o perturbaciones generadas a la población local”, señala.

Consulta
En el rubro de “Consulta y participación ciudadana”, el EIA informa que fue llevada a cabo de acuerdo al reglamento del sector minero, y según normas del Ministerio de Energía y Minas.

Al respecto, indica que “se han llevado a cabo reuniones, procesos de consulta y talleres con la población local”.

 


El último 02 de febrero los representantes de la comunidad de San Juan Bautista de Cañaris, las autoridades regionales de Lambayeque y los del Gobierno Central se reunieron en una mesa de diálogo para abordar la problemática antiminera que se registran en la zona. Todos acordaron continuar con estos mecanismos de diálogo.

Sin embargo, el presidente de la comunidad campesina de Cañaris, Cristóbal Barrios, no firmó los acuerdos establecidos en este primer encuentro porque considera que “en ellos no han quedado plasmados nuestros reclamos que consisten en la suspensión de las operaciones de la minera Candente Copper”, como recoge el diario El Comercio.

Las autoridades de Cañaris aseguran que la minera Candente Cooper no puede seguir explorando la zona porque el 06 de enero del 2009 se venció el plazo que le otorgó la comunidad. Según consta en Registros Públicos, en enero del 2008 la comunidad de Cañaris autorizó por un año a Exploraciones Milenio (hoy Cañariaco Cooper) el uso de la tierra superficial para la exploración y trabajos de estudio de impacto ambiental.

Por su parte, la empresa minera afirma que la comunidad fue nuevamente consultada en una asamblea que se realizó en julio de 2011. No obstante, en dicha asamblea solo participaron 725 personas, pero el padrón electoral de la comunidad registra a 3 mil 480 comuneros.

 
Fuente: Actualidad Ambiental – SPDA – http://www.actualidadambiental.pe/?p=17805

El ministro Jorge Merino dijo que el Estado “no defiende a la empresa”, sino que busca el desarrollo de la zona. Mal tiempo obligó a pobladores a retirarse y transportistas desbloquearon vía.

(USI)

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que no se aceptará como condición previa al diálogo en Cañaris el retiro de las operaciones de la empresa Candente Copper, a cargo del proyecto Cañariaco, pedido que ha generado una serie de protestas por parte de un grupo de comuneros del distrito San Juan de Cañaris, en la sierra de Lambayeque.

“No podemos permitir que a una empresa que está cumpliendo el orden legal, el compromiso de las comunidades se le diga que se retire porque un pequeño grupo quiere condicionar un diálogo, no podemos aceptar eso, estaríamos dando una muy mala señal”, afirmó en entrevista al programa Agenda Política.

Además, Merino hizo hincapié en las actividades de Candente en este distrito de Lambayeque. “Esta es una actividad de exploración, aquí no hay explotación minera”. Señaló también que la minera viene trabajando hace más de diez años en Cañaris, “explorando en perfecta armonía con las comunidades”.

“La última autorización oficial ha sido en el mes de julio, donde ha habido una asamblea escrita en los registros públicos que autorizó continuar con las exploraciones porque también está generando trabajo”, agregó Merino.

MAL TIEMPO

Los pobladores que bloqueaban la vía desde Marayhuaca hacia el campamento minero del proyecto Cañariaco se retiraron debido al mal tiempo en la zona. Los transportistas que se encontraban en la zona aprovecharon y desbloquearon la vía.

Fuente: Peru21 – http://peru21.pe/politica/gobierno-no-aceptara-retiro-candente-dialogo-canaris-2114578?href=nota_rel


Lunes 28 de enero del 2013 | 16:33

 (USI)

Fiscalía de Lambayeque exhortó a los campesinos a deponer esta medida de fuerza ilegal. En tanto, fuentes oficiales descartaron que las protestas contra el proyecto Cañariaco hayan cobrado su primera víctima mortal.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lambayeque, Carmen Miranda, informó que un grupo de comuneros volvió a tomar esta tarde la carretera de Marayhuaca hacia el campamento minero del proyecto Cañariaco, a cargo de Candente Cooper.

Por la mañana, los manifestantes se habían retirado de la zona por el mal tiempo, lo que fue aprovechado por los transportistas para despejar la vía.

La magistrada exhortó a los manifestantes a deponer esta medida y advirtió que procederá a realizar las acciones que correspondan contra quienes persistan en dicha posición, ya que eso está previsto como delito en el Código Penal.

En tanto, fuentes oficiales aseguraron a Perú21 que las protestas en Cañaris no han cobrado ninguna víctima mortal hasta ahora, con lo que negaron la información que proporcionó la dirigente Rosa Huamán, quien informó que el comunero Jacinto Santiago Bernilla (48) falleció ayer en el hospital donde estaba internado.


Ideeleradio.- El Estado incumplió el Convenio 169 en Cañaris al no haber realizado el mecanismo de consulta previa a la concesión del proyecto minero Cañariaco y una acción de amparo podría suspender el proceso porque toda decisión que viole un derecho fundamental es nula, estimó Juan Carlos Ruiz, integrante del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Si partimos de la premisa de que el Convenio 169 exige la consulta previa de todo acto administrativo o normativo que afecta a los pueblos indígenas está vigente desde el año 95 y, luego, advertimos que esta no se ha realizado, quien está en falta en realidad es Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), es decir esta instancia del Ministerio de Energía y Minas que hace las concesiones. Ellos están en falta por no haber hecho la consulta previa en el caso de Cañaris”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Un primer punto que habría que preguntarnos es dónde están los que quiebran el Estado de Derecho: ¿están en Cañaris o están en la Presidencia del Consejo de Ministros? […] La idea es reconducir esto a un proceso de amparo, como es que se están litigando ahora los casos. Es pedirle al juez que [declare que] la omisión de INGEMMET de consultar esto es incompatible con el derecho a la consulta, por favor suspenda esta concesión y ordene que se consulte”, apuntó.

Toda decisión que viola un derecho fundamental es nula

Explicó que toda decisión que viole un derecho fundamental con rango constitucional, como el derecho a la consulta, debe declararse nula. Apuntó que a Cañaris, sea como pueblo indígena o como ronda campesina, le corresponde exigir un mecanismo de consulta previa.

“El Convenio 169 de alguna manera viene a incorporarse a la Constitución [que dice que la consulta es un derecho fundamental] toda decisión que viola un derecho fundamental es nula. Es decir, que si yo tomo una decisión y eso afecta un derecho fundamental, esa decisión tiene un vicio de nulidad. Acá el problema es la omisión de consulta del Ministerio de Energía de esa concesión, que es incompatible absolutamente con el Convenio 169 y eso es lo que no se quiere ver”, refirió.

“Puede ser que se diga que no está claro que sean pueblos indígenas, puede ser que sean rondas [campesinas]. La ley de rondas dice que se les aplica a las rondas todos los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas en cuanto se les favorezca. En consecuencia, en el caso de Cañaris, el Gobierno es el que está en falta, el Gobierno es el que ha incumplido el Convenio 169, que es parte del Estado de Derecho”, declaró.

Compatibilizar explotación con derechos indígenas

Ruiz Molleda subrayó que el tema central es que se consulte la primera decisión del Estado susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y estimó que la idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos de estas comunidades.

“[¿El momento para consultar es este o no?] Allí hay un debate, lo que dice es consulta previa y previa es antes, la idea es que se consulte la primera decisión del Estado, susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas y la idea es que se consulte y se les dé a los pueblos indígenas el Estudio de Impacto Ambiental. En el caso de Perú, el Convenio 169 parece que es desconocido, no se le toma en serio. No es que la gente de Cañaris es violentista o que está pidiendo cosas irracionales, está pidiendo que se cumpla el Estado de Derecho”, indicó.

“Si yo no le doy información a esa comunidad sobre los impactos reales que la minería va a ocasionar en sus territorios, si yo cumplo con el derecho de las comunidades a participar de los beneficios, si yo escondo la información, ¿qué están esperando? Ante el miedo, la dudad y la falta de confianza, no solo es de necesidad pública generar más ingresos para el Estado, también lo es proteger el medioambiente, los derechos de los pueblos indígenas. La idea es compatibilizar la explotación de recursos naturales con los derechos indígenas”, concluyó.

 


“Seguimos con nuestra protesta que es indefinida, vamos a permanecer los comuneros, van a unirse más campesinos y vamos a bloquear otro tramo de la carretera (de acceso al campamento minero Cañariaco)”, comentó uno de los pobladores de Cañaris.

El hombre indicó que, días atrás, los efectivos “estaban disparando directamente a los pobladores” y que los manifestantes, por su parte, protestan sin armas. “Se ha disparado al cuerpo de los campesinos, no somos animales”, manifestó.

Por su parte, el dirigente del Frente de Defensa de la zona, Narciso Calderón, pidió, una vez más, la paralización de los trabajos de exploración minera y la conformación de una mesa de diálogo en el lugar.

Fuente: AmericaTV – http://www.americatv.com.pe/portal/noticias/actualidad/pobladores-de-ca-aris-siguen-bloqueando-camino-minera-no-vengan-con-polic-no-queremos-violenci


 

Escribe: Jorge Paucar
Foto: La República

Luego del conflicto entre comuneros de San Juan de Kañaris y efectivos de la Policía, el reporte médico preliminar del hospital Las Mercedes indica que los tres pobladores que resultaron gravemente heridos fueron impactados con proyectiles de arma de fuego (PAF), con lo cual se descarta que hayan sido balas de goma como informaron fuentes oficiales. Fueron el coronel Jorge Linares Ripalda y el presidente de la Oficina de Diálogo Nacional, Vladimiro Huaroc los que afirmaron que las fuerzas del orden solo habrían utilizado balas de goma.

Como se recuerda, la tarde del 24 de enero, la Policía desalojó a cientos de comuneros de Marayhuaca que estaban protestando en rechazo al proyecto minero Cañariaco de Candente Copper. Producto de este enfrentamiento, 24 personas resultaron heridas, 4 de ellas con lesiones graves: Lindaura Sánchez Vilcabana (28), Augusto Tantarico Bernilla (57), Santos Nicolás Pariacurí Firman (75) y Santos Tantarico Bernilla (55).

Lindaura Sánchez presenta herida por PAF en el lateral de la pierna derecha; Augusto Tantarico, lesión por PAF en el tercio medio del muslo izquierdo; Pariacurí Firman, herida por PAF en húmero izquierdo y no se descarta que presente traumatismo en el ojo derecho. Al respecto, el Jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, señaló que el médico Ricardo Cruzado Becerra le informó que estas personas fueron víctimas de disparos de armas de fuego. Además, en el caso de Santos Tantarico, Hidalgo Reyes señaló que el afectado fue intervenido quirúrgicamente a causa de las lesiones que tiene en el tórax producto de balas de goma.

Ante ello, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe, a cargo de David Caballero Velezmoro, con el apoyo de médicos legistas y peritos de balística, inició las investigaciones respectivas. Para ello, se tomaron las declaraciones de los afectados y se tomaron como muestras los casquillos que entregaron los familiares de los comuneros.

Por otro lado, los otros 15 heridos se encuentran en el Centro de Salud de Marayhuaca. En este sentido, el gerente regionel de Salud de Lambayeqye, Carlos Uriarte Núñez, garantizó que los heridos van a recibir atención más especializada a través del Seguro Integral de Salud (SIS).

Con información de La República.