Archivos para octubre, 2017


 Por: Juliana Bravo ValenciaMaryum Jordan, Octubre 24, 2017

Hace un par de semanas EarthRights International ERI y una abogada pro bono de Delaware, Misty Seemans presentamos una demanda en los Estados Unidos contra Newmont, una de las empresas mineras más grandes del mundo. La demanda se presentó en representación de Máxima Acuña Atalaya y su familia, quienes reclaman que han sufrido ataques físicos y psicológicos por parte de la minera hace más de 6 años. La razón de la demanda es sencilla: las Corporaciones multinacionales no pueden  cometer violaciones de derechos humanos y es necesario exigir su responsabilidad y sanción.

La lucha por la defensa del territorio, la vida y la dignidad ha hecho que la historia de Máxima Acuña y su familia sea conocida en Perú y América Latina, pues sin duda ella se ha convertido en un símbolo de la defensa del territorio que resiste a un modelo extractivista que viola derechos humanos en todo el continente. La demanda alega que, desde agosto de 2011, la familia Chaupe ha enfrentado un patrón de agresiones y hostigamientos por parte de trabajadores y personas conectadas a la empresa minera Newmont Mining Corporation y la Minera Yanacocha, que es una filial indirecta de Newmont en Perú. (Por su filial, Newmont Second Capital, Newmont es el dueño de más de 50% de Minera Yanacocha.).

La fuente de los ataques contra la familia Chaupe es el interes que tienen las mineras sobre el terreno de Máxima, en el que ha vivido junto con su familia por más de 20 años. Sobre este terreno hay un interés particular para el proyecto minero Conga, y con él la explotación de oro más grande de Sur América. Así pues, la familia reclama que ante la negativa de Máxima y su familia de vender su terreno a Minera Yanacocha, estas y sus trabajadores han utilizado la fuerza y han intentado desalojarles incontables veces.

La demanda tiene dos objetivos principales, primero, frenar el hostigamiento y las agresiones contra la familia Chaupe para que evitar violaciones de derechos humanos futuros y, segundo, que la familia sea reparada por el sufrimiento físico y psicológico que ha padecido durante años, así como por el daño a sus cultivos y animales. Ambas cosas, al amparo del derecho a la justicia, y bajo la premisa de que las empresas deben respetar los derechos humanos y los Estados deben fiscalizar y regular su accionar, para proteger y garantizar la vida e integridad de todas las personas.

No es una sorpresa que la minera Yanacocha, Newmont, otras personas e instituciones, nieguen los hechos y las violaciones de derechos humanos que ha sufrido la familia y presenten manifestaciones inadecuadas en su contra y sobre los reclamos y denuncias públicas que realizan. Esa es una manera más de seguir con el hostigamiento y violencia verbal en su contra. Sin embargo, ahora serán los jueces los que van a determinen la veracidad de los hechos y la responsabilidad de la empresa. Es momento de que se haga justicia para Máxima.

Es importante señalar que las propias empresas Yanacocha y Newmont han manifestado públicamente que “la familia Chaupe ha experimentado intentos de desalojo forzado de Tragadero Grande (es decir, en contra de su voluntad)”.

En relación con la reparación solicitada en la demanda, la Corte en los Estados Unidos va a decidir si la familia tiene derecho a recibir la reparación y el monto de la misma. Como práctica jurídica en ese país, los jueces otorgan una reparación a los demandantes si sufrieron daños y si es apropiado de acuerdo al contexto del caso.

La indemnización por violaciones de derechos humanos no debe ser controversial, pues esta, conforme a las normas y estándares internacionales constituye uno de los elementos de la reparación a la que tiene derecho toda persona que sufre una violación a sus derechos. La reparación ha sido un concepto ampliamente desarrollado y reconocido por los principales Tribunales de derechos humanos.

En consideración a la práctica aceptada por las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, y por la práctica de los tribunales locales, la solicitud de una reparación es además de legítima un derecho que se reclama por vía judicial, cualquiera sea el Tribunal.

En este caso, el reclamo es ante una corte doméstica en los Estados Unidos contra una empresa multinacional y ante esta instancia no hay ninguna justificación para obviar el derecho que tiene la familia al pago de una reparación justa e integral. A las empresas también se les debe obligar a pagar reparaciones por los daños y las violaciones de derechos humanos de los que se les encuentre responsables. La familia cree que la demanda presentada en los Estados Unidos es la única oportunidad de la familia para obtener justicia ante las violaciones cometidas por Newmont y Minera Yanacocha, y la posibilidad de generar precedentes sobre la responsabilidad que tienen las empresas de la industria extractiva por actuar de manera arbitraria y violenta contra las campesinas y campesinos de nuestro continente.


Lagunas de Alto Perú

Lagunas de Alto Perú (Foto Wilder Sánchez)

En las últimas semanas hemos sido testigos del inicio de una campaña intensa de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en contra de la protección de cabeceras de cuenca. Esta campaña tuvo un espacio importante en el último Perumin de Arequipa1 – con el pretexto de la promulgación de la Ley N° 30640, que modificó el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos.

Lo que no se ha dicho con claridad en el debate es que la posibilidad de declaración de intangibilidad de “las cabeceras de cuenca de donde se originan las aguas” se encontraba ya establecida en la Ley de Recursos Hídricos, desde el año 2009. Sobre ello, la ley 30640 solo ha realizado una precisión: que la protección establecida es para aquellas cabeceras en donde se originan “los cursos de agua de una red hidrográfica”.

Como, hasta la fecha, ninguna cabecera de cuenca de estas características ha sido protegida -debido a una falta de voluntad política de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para implementar la ley de Recursos Hídricos- la Ley N° 30640 le pone a este organismo especializado el plazo de un año para que elabore un marco metodológico que permita determinar los criterios técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de las cabeceras de cuenca susceptibles de protección. Lo único novedoso que hace esta Ley es darle un pequeño empujoncito a la ANA para que comience a implementar la Ley de Recursos Hídricos, algo que debió hacer por iniciativa propia desde que la misma entró en vigencia, ocho años atrás. Utilizando como pretexto esta tímida disposición, la SNMPE y sus voceros ponen en el debate público la eliminación de la protección de las cabeceras de cuenca por considerarla un límite para la inversión minera. En función de ello, relativizan su importancia, cuestionando incluso su existencia como término al señalar sarcásticamente que es parte del léxico poético y no académico.

Una primera cosa que debemos señalar es que las cabeceras de cuenca no solo existen, sino que son parte de numerosos estudios científicos. Al respecto, basta realizar una búsqueda sencilla en la revista internacional especializada en agua Water Resources Research de la American Geophysical Union, para comprobar que existen 13092 investigaciones científicas que mencionan y tratan el tema. Lo que no existe, como bien lo señala Axel Dourojeanni, es una definición única de ellas. Para este experto, “La cabecera de cuenca hace referencia en particular a las partes más altas de las cuencas que reciben agua por neblina, lluvia, nieve, granizo y que además tienen el potencial de retener y acumular agua en forma de glaciares, nieve, humedales (bofedales) y agua subterránea”3 .

Pero el debate va mucho más allá de las cabeceras de cuenca. Lo que cuestiona la SNMPE es la necesidad de la protección de zonas de importancia hídrica, por ello su discurso no apunta a utilizar términos más precisos, sino a tan solo eliminar esta referencia. El debate planteado, por tanto, es si se debe o no proteger las zonas con ecosistemas esenciales para la provisión de agua para la población, sus actividades productivas y para nuestra diversidad biológica.

En ese debate, se debe considerar que, según el Banco Mundial (World Development Report, 2010), del 100% del agua existente en el planeta, solo el 2.5% es agua dulce. El 68.7% de ella se encuentra en los glaciares, el 30.1% son aguas subterráneas, el 0.8% está en el permafrost y solo el 0.4% se encuentra en la superficie y en la atmósfera. De este 0.4%, el 67.4% se encuentra en lagos, el 12.2% en la humedad del suelo, 9.5% en la atmósfera, el 8.5% en los humedales, pantanos y bofedales, el 1.6% en los ríos y el 0.8% en la vegetación. La conclusión del análisis de estos datos es que el agua dulce es un recurso natural escaso que está distribuido inequitativamente en la superficie terrestre. Como bien lo señala la revista británica The Economist, el agua es un recurso “finito, vital, muy requerido, poco entendido e ingobernable”4.

Como sabemos, el territorio peruano está dividido en tres grandes sistemas hidrográficos o vertientes: la vertiente del Atlántico (Amazonas), que aporta en promedio el 97.2% del agua dulce disponible del país; la vertiente del Pacífico, que aporta el 2.2%; y la vertiente del Titicaca que aporta 0.6% del volumen total de agua dulce. Como señala la FAO, “existe una gran variabilidad y discontinuidad del recurso agua a través del tiempo en el territorio nacional, lo que resulta en una vertiente de escasos recursos hídricos (Pacífico) y otra de abundantes recursos (Atlántico)”.

El desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de agua dulce tiende a agravarse con la amenaza que representa el cambio climático, al estar el Perú entre los 10 países con más riesgo al cambio climático (Tyndall Center, 2003)5.

Teniendo poca disponibilidad de agua dulce en la vertiente del Pacífico, y ante futuros escenarios de escasez, constituye una necesidad la protección de zonas de captación, almacenamiento, regulación y recarga hídrica. Muchas de ellas se ubican en cabeceras de cuenca. Un ejemplo claro de ello son los páramos, ecosistemas ubicados en la zona andina del departamento de Piura y Cajamarca que según diversos estudios sostienen biodiversidad y procesos biológicos, almacenan carbón y proveen de agua superficial. Además, están identificados como uno de los ecosistemas terrestres más vulnerables al cambio ambiental global6. Si bien estos ecosistemas se ubican en cabecera de cuenca, existen otras zonas de captación, almacenamiento, regulación y recarga hídrica en las cuencas medias y bajas.

Por ello, compartimos la opinión de Axel Dourojeanni7 cuando señala: “El término cabecera de cuenca aplicado universalmente confunde. Bastaría con referirse a cada zona que se debería proteger como glaciares, humedales o bofedales, lagunas etc.”. Es decir, se debería proteger o conservar las zonas de provisión y regulación hídrica sin importar el lugar que ocupan en la cuenca.

La norma se podría modificar para usar términos que se refieran a la diversidad de ecosistemas y lugares de importancia hídrica, para comprender a aquellos que pueden ser vitales y que actualmente carecen de protección.

Es más, en lo que respecta a protección de cabeceras de cuenca la Ley N° 30640 solo comprende a aquellas donde se originan cursos de agua de una red hidrográfica, más no a las que dan lugar a afloramientos de agua subterránea (manantiales y ojos de agua), como es el caso de la cabecera de cuenca de Alto Perú, en Cajamarca, que está amenazada por la minería. ¿Esas caberas de cuenca deben protegerse o no?

En conclusión, tras el cuestionamiento de las cabeceras de cuenca, lo que la SNMPE pretende es dejar de lado la protección de zonas de importancia hídrica. Esta pretensión nos parece inaceptable. Más aún en escenarios de escasez. Garantizar la disponibilidad hídrica pasa por proteger y conservar. Otras opciones que son o pueden ser complementarias son: el uso eficiente de los recursos hídricos, la siembra y cosecha de agua, los trasvases, el acumulamiento artificial, etc. Algunas de estas opciones tienen mayor impacto que otras, son más costosas y requieren de un mantenimiento permanente, por lo que su pertinencia debe ser evaluada. La pregunta está planteada y requiere de un posicionamiento de la sociedad: ¿Debemos dejar que las zonas que nos proveen de agua sean (o sigan siendo) intervenidas por los seres humanos deteriorándolas o destruyéndolas, o hacemos algo para conservarlas? ¿Cuál es tu opinión?

Publicado en: cooperaccion.org.pe

(1) De Echave, J. (06/10/2017). “¡Nos gobierna la izquierda!”, Hildebrandt en sus Trece. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-en-los-medios/773-06-10-2017-hildebrandt-en-sus-trece-la-izquierda-nos-gobierna-jose-de-echave.

(2) Water Resources Research, disponible en http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1002/(ISSN)1944-7973/

(3) Dourojeanni, A. (06/10/2017). ¿Qué son “cuencas de cabecera” o “cabeceras de cuenca”?. SPDA Actualidad Ambiental. Recuperado de http://www.actualidadambiental.pe/?p=46650.

(4) Grimond, J. (20/05/2010). For want of a drink, The Economist. Recuperado de http://www.economist.com/node/16136302?fsrc=scn/tw/te/bl/ed

(5) Country level risk measures of climate-relatednatural disasters and implications for adaptationto climate change. Nick Brooks and W. Neil Adger, Tyndall Center, 2003. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/228647518_Country_Level_Risk_Measures_of_Climate-Related_Natural_Disasters_and_Implications_for_Adaptation_to_Climate_Change

(6) Buytaert, W., Cuesta-Camacho, F. and Tobón, C. (2011), Potential impacts of climate change on the environmental services of humid tropical alpine regions. Global Ecology and Biogeography, 20: 19–33. doi:10.1111/j.1466-8238.2010.00585.x

(7) Dourojeanni, A. (06/10/2017). Ya citado.