Archivos para septiembre, 2015


Comunicado de prensa

Embargado hasta el 30 de septiembre de 2015, 2:30 PM (hora de Perú).

Mina de oro amenaza con causar daños “irreparables” al medioambiente y violaría los propios estándares del Banco Mundial, señaló un líder peruano de derechos humanos ante el Congreso de Estados Unidos

Organizaciones instan al Banco Mundial a que abandone la propuesta mina Conga por las amenazas sociales y ambientales que presenta el proyecto


Contacto de Prensa: Benjamin Hoffman, 1-212-854-3954 o bhoffman@law.columbia.edu (Entrevistas en inglés y castellano); Milton Sánchez Cubas, milton.celendin@gmail.com

Washington, D.C., 30 de setiembre de 2015—La propuesta mina “Conga” en la región de Cajamarca, Perú presenta graves riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente, señaló un líder de derechos humanos ante los miembros del Congreso de Estados Unidos, instando al Banco Mundial a que frene este proyecto minero. El proyecto, propuesto por la empresa Minera Yanacocha en la que el Banco Mundial invierte, destruiría cuatro lagunas altoandinas y cientos de hectáreas de humedales que proporcionan recursos hídricos esenciales.

“La mina amenaza con destruir nuestras fuentes de agua de las que dependen nuestra subsistencia, nuestras vidas, y va depositar en el lugar millones de toneladas de relaves mineros tóxicos. Somos nosotros o la mina”, señaló Milton Sánchez Cubas, un líder peruano de derechos humanos que habló ante el Congreso de Estados Unidos en representación de la Plataforma Interinstitucional Celendina y las comunidades que se verían afectadas por el proyecto. “El Banco Mundial debería unirse a nosotros en nuestra oposición al proyecto”.

Las declaraciones de Sánchez Cubas fueron realizadas durante una sesión especial de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos sobre el rol de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones del Banco Mundial y su organismo de inversión privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Además de su testimonio, Sánchez Cubas también hizo referencia a un informe recientemente publicado que concluye que los riesgos sociales y ambientales del proyecto minero Conga hacen que el proyecto sea inviable a la luz de los estándares del Banco Mundial.

“La IFC cuenta con diversos estándares sociales y medioambientales para asegurar que sus inversiones promuevan el desarrollo sostenible. El proyecto Conga amenaza con violar casi la totalidad de esos estándares”, señaló el abogado de derechos humanos Benjamin Hoffman de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, que realizó tareas de investigación y proporcionó apoyo técnico para la preparación del documento.

El proyecto Conga de Minera Yanacocha, una empresa minera integrada por Newmont Mining Corporation de EEUU, la IFC, y la empresa peruana Buenaventura, ha generado una masiva oposición en la región, con cientos de personas manifestándose en defensa de sus fuentes de agua, su medioambiente y sus forma de vida. Las comunidades y sus gobiernos locales han propuesto un plan alternativo para el desarrollo sostenible basado en la agricultura, la ganadería, y el turismo, que busca conservar el ecosistema natural. Gran parte de la desconfianza hacia el proyecto se debe a los frecuentes conflictos ambientales y sociales en la región que han caracterizado las más de dos décadas de operación por parte de la empresa de la mina de oro Yanacocha, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona en la que se plantea desarrollar el proyecto Conga. Aunque la violenta represión de protestas realizadas en el sitio donde se localizaría la mina llegó a que la empresa minera declare la suspensión indefinida del proyecto, la empresa ha seguido en la construcción de reservorios que serían esenciales para las operaciones del proyecto. Sánchez Cubas y un conjunto de organizaciones sociales de las provincias de Celendín y Hualgayoc exigen la suspensión permanente del proyecto para prevenir el riesgo de degradación ambiental y abusos adicionales.

Con su visita a Washington, D.C., Sanchez Cubas además se reunió con representantes del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial y la IFC. El Relator Especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, Philip Alston, también participó como orador en la audiencia de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos.

La audiencia tuvo lugar sólo una semana antes de las Reuniones Anuales del Banco Mundial que este año tendrá lugar en Lima, Perú. Esta será la primera oportunidad desde 1967 que el Banco Mundial realice su reunión anual en América Latina.

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Para más información sobre la audiencia ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, pueden acceder al: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1302

Para descargar el informe, pueden acceder al: www.conganova.com

Milton Sanchez Cubase es el Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), una coalición de más de treinta organizaciones sociales de la provincia de Celendín en la región de Cajamarca en Perú. La PIC se formó a finales de 2009 con el objetivo de proteger los ecosistemas hídricos amenazados por el desarrollo de la megaminería y proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en su territorio.
La Clínica de Derechos Humanos es un curso intensivo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia que combina el trabajo en derechos humanos, la educación de estudiantes, la reflexión crítica e investigación académica. En la Clínica, los estudiantes son entrenados para promover el respeto por los derechos humanos de manera estratégica, al tiempo que promueven la justicia social en alianza con organizaciones de la sociedad civil y comunidades, e impulsan metodologías e investigación académica en derechos humanos. Benjamin Hoffman es el Clinical Teaching Fellow, y la Clínica es dirigida por la Profesora Sarah Knuckey.


La organización solicitó al Ministerio Público que realice una investigación inmediata respecto a la muerte de las personas que participaron de los enfrentamientos ocurridos contra el proyecto minero Las Bambas.

Amnistía Internacional solicitó al Ministerio Público que realice una investigación inmediata, exhaustiva e independiente respecto a la muerte de las personas que participaron de los enfrentamientos ocurridos este lunes en la provincia de Apurimac, contra el proyecto minero ‘Las Bambas’.

“Las muertes que hemos presenciado son inaceptables y esas responsabilidades deben ser asumidas. El precio de las protestas sociales no debe ser la muerte de ninguna persona”, afirmó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú.

A través de un comunicado de prensa, la organización advirtió que lamentablemente esta no es la primera vez que se registran casos de violencia en protestas sociales por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país.

En ese sentido, recordó que en los últimos cuatro años, se han registrado 40 personas fallecidas en circunstancias en que la Policía hizo uso excesivo de la fuerza y que la mayoría de estas muertes no fue investigada de manera apropiada.

Asimismo, advirtió que según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, la policía solo puede usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario, y ese uso debe ser proporcional a un propósito legítimo.

Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso, como defensa frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y el uso letal intencionado de armas de fuego sólo puede justificarse cuando sea absolutamente inevitable para proteger vidas”, agrega el comunicado.

Finalmente, Amnistía Internacional hizo un llamado a solucionar por la vía pacífica este conflicto, antes de que se arriesgue la integridad física de los habitantes de la zona.


El proyecto minero de Las Bambas se ha convertido en el centro de un grave conflicto social. En esta nota especial, LaRepublica.pe enumera los puntos más importantes para entender este tema.

Escribe:Jorge Cárdenas

La República

El Ejecutivo declaró el estado de emergencia en varias provincias de varias regiones de Apurímac y Cusco a raíz de las protestas en contra del proyecto minero Las Bambas, que ya han dejado un saldo de tres fallecidos y varios heridos. A continuación LaRepublica.pe explica las claves para entender este conflicto social.

1. Antecedentes

Corría el año 2004 cuando la empresa Xstrata Copper obtuvo la licencia para explorar Las Bambas. Este proceso concluyó en el 2008 luego de que la empresa perforara un total de 306 908 metros acumulados.
En el 2010 se realiza la primera audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurimac. Asimismo se suscribe el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado con una inversión estimada en 5 mil millones de dólares. Al año siguiente (2011) el Estado aprobó el EIA con lo que se inicia el proceso de construcción de la inversión planeada.
Si bien hasta entonces la relación de las comunidades con el proyecto había tenido algunos altibajos, el trato era predominantemente positivo. Pero todo cambió cuando en mayo del 2013 las empresas Glencore (australiana) y Xstrata (china) se fusionaron. Debido a las leyes antimonopolio de China, Xstrata se vio obligada a vender el proyecto de cobre.
Así, en abril del 2014, Las Bambas fue comprado por un consorcio conformado por las empresas MMG Limited (62,5 %), una subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). A diciembre de este año, el avance del proyecto se encontraba en el 80%, pero la situación dio un giro.

2. ¿Qué piden los opositores al proyecto?

Con la compra del megaproyecto minero también hubo modificaciones en este lo que provocó el rechazo de varias comunidades campesinas y organizaciones de las zonas de impacto en la región de Apurimac.
Entre estos cambios se encuentran: la no construcción del mineroducto (que pone en riesgo las zonas aledañas por el transporte del mineral); la construcción de una planta de molibdeno en Fuerabamba (que podría afectar al río Challhuahuacho) y la construcción de otra planta de filtros en el lugar.
Los manifestantes piden que estan plantas sean retiradas y que el proyecto sea puesto a consulta previa, aduciendo los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Por otra parte, las comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del proyecto debido a que se ubican en la Línea de Transmisión Eléctrica y la Vía de Transporte de Carga Pesada.

3. La respuesta del gobierno

Tras lamentar la violencia que se dio en las protestas, el presidente Ollanta Humala  decretó estado de emergencia en varios distritos de las regiones de Apurímac y Cusco. Mientras que el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello Abarca, explicó que desde hace varios meses vienen pidiendo el diálogo con el gobierno, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, minimizó la existencia de dicho frente en un programa de televisión.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado en el que asegura que la empresa presentó en el 2013 un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) sobre “la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado” con el que se concluyó que no tendrá un impacto ambiental significativo en la zona.
Asimismo asegura que no se ejecutaron los talleres de participación ciudadana porque en el caso de los ITS, esta información solo se difunde a “las autoridades locales y provinciales correspondientes”.
El gobierno no puede alegar que no sabía de las preocupaciones de la población por los cambios en el proyecto porque el gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas, lo informó en su momento al Ministerio de Energía y Minas pero le respondieron que estas modificaciones “no eran sustanciales y estaban de acuerdo a ley”.

4. La importancia del proyecto Las Bambas

Con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales por 10.5 millones de toneladas métricas de cobre, Las Bambas es el proyecto minero más grande del país y cuenta con una inversión de 10 000 millones de dólares.
Para el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva la economía peruana depende, entre otros factores, de este tipo de proyectos comiencen a operar. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno.
Otros proyectos mineros importantes son el de Toromocho, con una inversión de US$3 500 millones; Constancia, con US$1 400 millones; y la ampliación de Cerro Verde por US$4 600 millones.

PRONUNCIAMIENTO

NI UNA MUERTE MÁS:

Un llamado a la calma y al diálogo en el caso de Las Bambas

Ante los lamentables sucesos ocurridos el día de ayer, 28 de septiembre, en la localidad de Chalhuahuacho, Apurímac, donde cuatro ciudadanos peruanos perdieron la vida, veintitrés personas resultaron heridas y varias decenas detenidas, en el enfrentamiento entre pobladores y la Policía Nacional del Perú; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública y autoridades para expresar lo siguiente:

1.    Lamentamos profundamente la pérdida de cuatro vidas humanas en los hechos de violencia ocurridos el día de ayer, así como la situación de extrema gravedad de algunas de las personas heridas, incluyendo a los efectivos de la PNP. En este sentido, hacemos un llamado a la calma a la población de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, y exhortamos al Estado a evitar el uso de métodos represivos, que incluyen proyectiles de armas de fuego, para controlar los actos de protesta. Recordamos a ambas partes la necesidad de restablecer lo más pronto posible  los canales de diálogo y de erradicar el uso de la violencia en sus intervenciones.

2.    El paro iniciado el 25 de septiembre por pobladores de las provincias de la región Apurímac, Cotabambas y Grau, así como la provincia cusqueña de Chumbivilcas, tiene como una de sus principales causas la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado sin consulta previa con la población. La empresa habría cambiado la ubicación de las plantas de procesamiento y la modalidad del sistema de transporte de minerales, hechos que en opinión de las y los pobladores afectarían  sus recursos naturales.

3.    Exigimos la pronta y exhaustiva investigación de los hechos a fin de establecer las circunstancias en que se produjeron y quiénes son las instancias y personas responsables. Demandamos la necesidad que el Ministerio Público, en cumplimiento de su rol constitucional de conducir las investigaciones respectivas, esté presente en el lugar de los hechos. Insistimos en la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática para evitar el estallido de los conflictos sociales.

4.    Asimismo hacemos de conocimiento que hace unas semanas se aprobó el Decreto Legislativo N° 1186, el mismo que regula el uso de la fuerza de parte de la PNP. Los principios previstos por esta norma no se han aplicado en Chalhuahuacho, y muy por el contrario, el uso desproporcionado de la fuerza por miembros de la PNP habría contribuido a un clima de mayor violencia.

5.    Advertimos que la restricción de los derechos fundamentales originados en la declaratoria de estado de emergencia, tiene que cumplir con los criterios de  razonabilidad y proporcionalidad. El estado de emergencia no justifica bajo ningún motivo la arbitrariedad de parte de las instituciones del Estado.

Finalmente, recordamos a la opinión pública que durante el actual gobierno se han producido 49 muertes por el uso indebido de la fuerza, en contextos de conflicto social. El estado debe promover una política responsable, de prevención y diálogo, que garantice los derechos de las partes así como la vida de las personas.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos


La República

Este martes el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano publicó un decreto supremo por el que se declara estado de emergencia en la región Apurímac, específicamente en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros; esto por las protestas desatadas en marco del proyecto minero Las Bambas. También estarán bajo la misma medida Chumbivilcas y Espinar de la región Cusco.

“Con la finalidad de lograr la estabilidad y gobernabilidad, al producirse perturbación de la paz y alteración del orden interno, es necesario que las Fuerzas Armadas garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales resguardando los puntos críticos vitales, como las vías de comunicación, carreteras y puentes existentes en la zona, para el normal desarrollo de las actividades de la población”, indica el documento.

Esta decisión llega luego de que tres pobladores perdieran la vida en medio de las protestas, que parten de la modificación del estudio de impacto ambiental, que descarta la construcción de un mineroducto, entre otras decisiones. Según los opositores a Las Bambas, estos cambios contaminarán el suelo y la cabecera de cuenca del río Challhuahuacho.

Según la cartera de Energía y Minas, estos cambios no son sustanciales y están de acuerdo a ley.

Dato

El estado de emergencia durará 30 días.


LaMula.pe.

El Observatorio de Conflictos Mineros del Perú reportó unos 80 detenidos, tras enfrentamientos entre pobladores y policías, y que algunos de los intervenidos fueron trasladados a Abancay.

Las protestas contra el proyecto minero Las Bambas en la provincia de Cotabambas, Apurímac, cobró una nueva vida, con lo que las personas fallecidas hasta ahora por el conflicto social ya son cuatro, informó el director adjunto de la Dirección Regional de Salud del Cusco, el doctor Edwin Luna.

En tanto, el número de heridos también se elevó a 12 pobladores y ocho policías, mientras que el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú reportó unos 80 detenidos y que algunos de estos fueron trasladados a Abancay, tras los enfrentamientos registrados entre manifestantes y las fuerzas del orden.

En la jornada de protestas de este martes en Cotabambas, Canal N difundió un video grabado desde la zona de conflicto donde se ve que dos buses de la minera que opera el proyecto Las Bambas arden en llamas.

El viernes último, el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Cotabambas, que acusa a la compañía minera china Minmetals de haber modificado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sin consultar a la población, convocó a un paro provincial contra el proyecto cuprífero.

Lee también: 4 datos claves para entender el conflicto por el proyecto minero Las Bambas

Según esa organización civil, la empresa cambió la ubicación de la planta de procesamiento y el sistema de transporte del mineral (cobre). Estas infraestructuras debían estar en Espinar, pero ahora se están instalando en Cotabambas, anotó el frente en un comunicado.

En su Plataforma de Lucha, las comunidades campesinas piden consulta previa, la demolición de la planta de molibdeno, el cierre de las emisoras de la empresa, la renegociación de las tierras comunales, y la instalación de una comisión de alto nivel del Ejecutivo.


La violencia en Las Bambas debe detenerse para abrir paso al diálogo, exigió la Defensoría del Pueblo.

Por medio de un comunicado de prensa la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que se abra paso al diálogo entre las organizaciones de las provincias apurimeñas de Cotabambas y Grau con la empresa MMG a cargo del proyecto minero Las Bambas.
En el documento, la Defensoría del Pueblo lamentó la violencia que ha afectado a catorce personas, entre 13 heridos y un fallecido, registrada en el distrito de Challhuahuacho y pidió a la Policía Nacional que haga un “uso racional de la fuerza” y a los manifestantes a no usar medios violentos en la protesta.
Asimismo, esta institución exigió que se facilite el traslado de los heridos a centros de salud especializados y pide a la población que no se obstruya el paso de las ambulancias.
Además el comunicado recuerda que tanto las autoridades municipales como la empresa minera MMG han solicitado un espacio de diálogo para atender los pedidos de las comunidades de Cotabambas y Grau y hace un llamado para que este pedido sea acogido y se establezca con prontitud un lugar para la reunión.
El texto culmina con un ofrecimiento de la Defensoría para colaborar en la resolución de este conflicto en virtud de sus funciones.

Servindi, 28 de setiembre, 2015.- El equipo del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en la zona de Cotabambas reportó cuatro fallecidos, diez heridos de bala y treinta detenidos, entre dirigentes y pobladores en la localidad de Fuerabamba a consecuencia de los enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales.

Entre los fallecidos se encuentra Escal Huamami Mío y entre los heridos: Socimo Ccopa Benito, Jesús Huamani, Joel Quispe Huilsa, Uriel Elguera Chuclla, Beto Chahuayllo Huillca, Alberto Cordovas Clallco, Leyma Quispe Román, Demetrio Pomera.

Apurímac: confirman un muerto tras enfrentamiento en Chalhuahuacho

Apurímac: confirman un muerto tras enfrentamiento en Chalhuahuacho

Imágen y Nota: Apurímac: confirman un muerto tras enfrentamiento en Chalhuahuacho

El director de la posta médica de Chalhuahuacho en la provincia de Cotabambas, Percy Jerónimo Roque, confirmó como cifra un muerto y quince heridos producto de un enfrentamiento entre policías y pobladores durante una movilización por el proyecto minero “Las Bambas” en este sector mencionado de la región Apurímac .

En comunicación a RPP Noticias, el médico manifestó que a la posta que dirige llegó un comunero fallecido producto un impacto de bala, asimismo reportó que llegaron quince heridos, diez de ellos también por impacto de bala y otros dos por contusiones .

Resaltó que doce de los heridos fueron trasladados a la ciudad del Cusco para su atención, cuatro de ellos se encuentran graves.

Con respecto al lado de la policía, el galeno manifestó que no se registraron efectivos heridos, incluso reclamó que durante el traslado de los heridos desde la zona de Manantial (donde se registró el enfrentamiento) una de sus ambulancias sufrió un impacto de proyectil.


 

– Todas las vías de acceso a Cotabambas se encuentran bloqueadas.

Servindi, 28 de setiembre, 2015.- El equipo del Observatorio de Conflictos Mineros en la zona de Cotabambas, región Apurímac, informó que en la localidad de Fuerabamba se vienen produciendo enfrentamientos entre la población y las fuerzas policiales. Se han reportado 6 heridos de bala, entre ellos el poblador Santos Ccopa de la comunidad Pisacasa y Joel Mamani.

La policía habría intentado dispersar a las comunidades que estaban reunidas en esa localidad y se habrían producido las primeras detenciones de pobladores.

El Observatorio ya había expresado su alarma por el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional enfrentar el paro indefinido contra el proyecto minero Las Bambas iniciado el viernes 25 de setiembre.

La Resolución Suprema 200-2015 del Ministerio del Interior autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas desde el 25 de setiembre hasta el 24 de octubre en las provincias de Grau y Cotabambas, en el departamento de Apurímac, así como en las provincias de Chumbivilcas y Espinar, en el Cusco.

De esta manera el Poder Ejecutivo busca enfrentar la medida de fuerza, agregando “un mayor ingrediente de tensión en la zona” apunta el Observatorio.

Segun reportó el Observatorio miles de pobladores se estaban movilizando en la localidad de Challhuahuacho, desde diversos distritos de las provincias de Cotabambas y Grau, mientras que todas las vías de acceso a Cotabambas se encuentran bloqueadas.

El acuerdo del paro iniciado en las provincias y distritos de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas se adoptó en un encuentro interprovincial realizado el 12 de setiembre en la comunidad de Huancuire, Cotabambas, con la participación de más de 600 delegados.

Representantes del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba, en Cotabambas, señalan que la empresa minera modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de manera irregular y sin transparencia.

Los cambios efectuados sin conocimiento de la población modifican la ubicación de plantas de procesamiento y el sistema de transporte de mineral de Cotabambas a Espinar.

Los pobladores temen que sus recursos se vean afectados y han acordado desconocer la modificación del EIA y conformar un comité de lucha.

De acuerdo a una Plataforma de Lucha, los pobladores piden consulta previa, demolición y retiro de la planta de molibdeno, la renuncia de los funcionarios de la empresa minera, el cierre de las emisoras de la empresa, la renegociación de las tierras comunales y la presencia de altos funcionarios de la empresa.

Los dirigentes informaron que estas medidas responden a la falta de respuesta del Estado, la falta de medidas correctivas y previsiones solicitadas por la población en reiteradas oportunidades.

Se espera que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros tomen cartas en el asunto, inicien un proceso de diálogo que permita encontrar salidas inmediatas y así evitar el estallido de un nuevo conflicto.

El proyecto minero prevé una extracción de 6,9 millones de toneladas de cobre. Se sitúa a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, entre las provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac, a 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cusco.

En mayo del 2013, se concretó la fusión entre Glencore y Xstrata. Como parte de las reglas antimonopolio de China, se le puso como condición a Xstrata que venda el proyecto de cobre en Perú llamado “Las Bambas”. MMG Limited fue la empresa que la compró.

El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) es una plataforma informativa y de análisis que busca recoger y sistematizar información relevante de los principales conflictos vinculados a la actividad minera que se desarrollan en distintas regiones del país.

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Con información de: http://www.conflictosmineros.org.pe/node/184


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PROTESTAS. Población hoy cumple 3 días de paro indefinido contra Las Bambas. Ayer más de 5,000 se movilizaron.

Jonathan Bárcena Carpio.

La República

Los pobladores de la provincia de Cotabambas (Apurímac), que hoy cumplen tres días de paro indefinido contra el proyecto minero Las Bambas,  rechazaron el ingreso de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a la zona. 

En la víspera, el gobierno dispuso la intervención de las FF.AA. como apoyo a la Policía  para resguardar el orden en la zona. La medida rige por un mes y también se aplica en las provincias de Grau; Espinar y Chumbivilcas, estas dos últimas jurisdicciones cusqueñas. 

El presidente del frente de defensa de los intereses del distrito de Tambobamba- Cotabambas, Ronald Bello, señaló que interpondrán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno por esta disposición. “Nosotros no somos delincuentes, nunca quisimos llegar a esta medida, pero ni la mina, ni el gobierno quisieron dialogar y ahora quieren reprimirnos”, dijo.

Ayer los pobladores rodearon el campamento del proyecto, ubicado en Challhuahuacho. No obstante, mil 500 policías resguardaron a los trabajadores e instalaciones mineras. En las calles, según el dirigente, se movilizaron más de 5,000 personas.

Las protestas, además de Cotabambas, se concentran  en las zonas de Mara y Saywa, donde se ha bloqueado la carretera de acceso al proyecto. Lo mismo ocurre en  Chuquibambilla, capital de Grau. En todas estas jurisdicciones el paro es contundente.


Foto del río Marañón: la serpiente de oro

Publicado en Servindi, 20 de setiembre, 2015.

Un conflicto latente se viene incubando en la provincia de Bagua a consecuencia del proyecto de Central Hidroeléctrica Lorena (CHL) en el río Marañón, y que afectaría de manera importante a comunidades Awajún y Wampis en dos distritos de la citada provincia, en la región Amazonas.

La alarma entre las comunidades crece a medida que toman conocimiento de la concesión temporal otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a la empresa Amazonas Energías para que se realice los estudios de factibilidad para la Central Hidroeléctrica Lorena.

Así lo advirtió un informe del Marlene Castillo difundido por el Vigilante Amazónico en el que se informa que representantes de comunidades del distrito de Imaza solicitaron a la autoridad municipal convocar a una reunión para el lunes 21 de setiembre, en la que el MEM y el Gobierno Regional deben informarlas sobre el proyecto hidroeléctrico.

La citada central tendría una potencia instalada estimada de 650 MW y se desarrollaría de manera específica en los distritos de Imaza y Aramango, en la provincia de Bagua.

Lo que más preocupación genera es que según fuentes oficiales, el 27 de abril se realizó un Taller Informativo para la población de la zona en el que participó la empresa, la Dirección General de Electricidad y las principales autoridades de la zona.

Sin embargo, los jefes de las comunidades ribereñas de los distritos de Imaza y Amarango se encuentran desconcertadas y anuncian haber sido sorprendidas por los promotores de la hidroeléctrica, debido a su desconocimiento de este tipo de proyecto y su insuficiente manejo del castellano.

A continuación el reporte del Vigilante Amazónico:

Conflicto latente ante futura central hidroeléctrica Lorena en el Río Marañón, provincia de Bagua

Por Marlene Castillo

A medida que circula la información sobre los estudios que se realizarían para el proyecto de una central hidroeléctrica en el río Marañón aguas abajo del Pongo de Rentema, los Jefes, líderes y lideresas de las Comunidades Awajún del distrito de Imaza vienen reuniéndose desde fines del mes de agosto y han solicitado a inicios del mes de septiembre a la Autoridad Municipal que convoque a una Asamblea en Chiriaco para este lunes 21, donde informen las Autoridades del Ministerio de Energía y Minas así como del Gobierno Regional.

El 22 de mayo de este año, el diario oficial El Peruano informa de la concesión temporal que el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado para el desarrollo de estudios a nivel de factibilidad para la CHE Lorena así como de la realización de un Taller Informativo el día 27 de abril. Lo que contrasta con la desinformación que reina en la población de la zona y la apreciación local de que algunos Jefes de comunidades ribereñas de los distritos de Imaza y Aramango habrían sido sorprendidos por los promotores de la Central Hidroeléctrica Lorena, dado su desconocimiento de este tipo de proyectos y su aún insuficiente manejo del idioma español que no es de uso cotidiano.

Hasta el año pasado era de conocimiento público que en esta parte del río Marañón, se habían proyectado 3 megas centrales hidroeléctricas: Rentema, Escurrebraga y Manseriche. También era de conocimiento de las autoridades sectoriales que el riesgo de inviabilidad social era el más alto del paquete de 22 CHE declaradas de interés nacional en abril del 2011 en la cuenca del río Marañón, dados los antecedentes de la movilización protagónica de los Pueblos Awajún y Wampis en los años 2008 y 2009, así como las alertas de tamaño despropósito que sustentaron expertos de la Amazonía e instituciones que velan por los derechos de los Pueblos Indígenas, como puede apreciarse en la siguiente Tabla.

Al parecer el MEM no ha tenido mejor criterio ni mejor esfuerzo responsable con el cuidado del ecosistema acuático del Río Marañón, los derechos humanos de los Pueblos Awajún y Wampis ni con la prevención de conflictos sociales como los que condujeron al “Baguazo” para haber decidido promover este nuevo proyecto de CHE.

Así mediante Resolución Ministerial No. 247-2015-MEM/DM, resolvió: “Otorgar la concesión temporal a favor de AMAZONAS ENERGÍA S.A.C”, que se identificará con el código No. 21353614, para desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica de la futura Central Hidroeléctrica Lorena con una potencia instalada estimada de 650 MW (…), por un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la vigencia de la presente Resolución”.

Para entender por qué este nuevo Proyecto podría representar una amenaza para las comunidades indígenas de los Pueblos Awajún y Wampis, nos remitimos a lo que aprendimos del reconocimiento de efectos e impactos  de una CHE en el río Marañón que hicieron líderes y lideresas informados de Nieva y Santiago.

También hay que agregar algo no menos importante: en los últimos 10 años, las familias y comunidades de estos Pueblos conservadores de esa parte de la Amazonía Peruana, los más cercanos a los circuitos fluvio-viales y al eje vial Nieva-Bagua, han recreado sus sistemas agroforestales incorporando la producción comercial de cacao incorporada a la cadena de mercados especiales así como de plátano fruta al mercado nacional, la expansión y tecnificación de piscigranjas para doble destino, entre otros.

En contraste y en tiempos de vigencia del Convenio 169 de la OIT, son tratados como ciudadanos/as de segunda categoría y no como Pueblos Indígenas que deberían tener una participación informada y sistemática en las decisiones locales, regionales y nacionales que afectan – positiva o negativamente – sus derechos a existir y proyectarse como tales.

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Fuente: Vigilante Amazónico: http://www.vigilanteamazonico.pe/


Por: Mirtha Vázquez
Máxima Acuña de Chaupe se ha vuelto un símbolo dentro y fuera del país. Su tenaz y decidida lucha contra una transnacional minera que le quiere arrebatar sus tierras ha trascendido de forma talque la ha convertido en un ícono de la valentía y la resistencia, fuente de inspiración para muchos pobres que históricamente han sido atropellados por diferentes poderes.
Pero esta resistencia va dejando a su paso muchos costos para Máxima y sufamilia, que producto de esta lucha tienen que llevar una vida casi miserable, debido a las hostilidades de la empresa: Procesos judiciales, amenazas, ataques físicos e impedimentos para que puedan cultivar los productos que necesitan para auto sostenerse.
Para la empresa, este asunto también va generando suscostos. Su torpe manejo la ha puesto en evidencia respecto no solo a los pésimos métodos queutilizan para solucionar sus controversias, sino también por los excesos queestán dispuestos a cometer en nombre de “la defensa de sus derechos”. ¿Quién podría creer, a estas alturas, que esta es la forma correcta de resolver un conflicto cuasi doméstico para una empresa minera transnacional? Ni su propio gremio la avala. Se han oído, en repetidas oportunidades, solapadas críticas de sus homólogos, cuya preocupación es la secuela que este caso deja para todo el sector.
Pero aún más: El efecto Máxima ha trascendido hasta las estructuras más sensibles de este país. Ha puesto en evidencia las consecuencias perniciosas de un modelo neoliberal que minimiza un Estado y lo usa en función a los poderes económicos, quienes son los que de manera fáctica gobiernan el país. Este caso tiene la capacidad de probarlo: fuerzas policiales alquiladas para atacar y proteger los intereses empresariales, imposibilidad de actuación de autoridades para sancionar evidentes abusos, y hasta la modificación y adecuación de normas para legalizar los atropellos, como la ley 30230, que acomoda figuras legales como la “defensa posesoria” y le da la posibilidad a unacompañía como Yanacocha de escudarse en esta figura legal para destruir y dañar bienes sin ser sancionada.
Más allá de evidenciar lo negativo de este modelo, el efecto Máxima lo desafía, planteando desde la resistencia, un reacomodo de este Estado que la sociedad civil no se resigna a ceder a los poderes fácticos. No, Máxima no es una persona que defiende su tierra. Máxima se ha convertido en la expresión ciudadana que no va a ceder sus derechos ni su dignidad a la lógica económica.
No sabemos si Máxima finalmente logre conservar su propiedad, pero sí sabemos que ella ya ganó. Ganó al replantear problemas profundos de un Estado, que ahora podrán defenderse desde otras esferas.

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Los escándalos de corrupción de la empresa de construcción brasileña Odebrecht y la estatal Petrobras extienden responsabilidades sobre el proyecto hidroeléctrico Chadín II en el Amazonas, así como otros 19 que esperan su turno en nuestro país, donde, aparte de los fuertes impactos ambientales que se generarían, estarían también los posibles multimillonarios sobornos a distintos gobiernos de ambos países.

ESCRIBE: PABLO PRADO REYES / REVISTA VELAVERDE
pablo.prado@revistavelaverde.pe

Al parecer, el proyecto hi­droeléctrico Chadín II, uno de los 20 que se están realizando en la selva pe­ruana a cargo de la prin­cipal empresa constructora brasileña, Odebrecht –sí la misma que está invo­lucrada hasta el cuello en un gigantesco caso de corrupción en su país–, no solo causaría impactos medioambientales, como ya se había denunciado en su momento, sino que habría generado ju­gosos dividendos para los gobiernos de ambos países.

Y es que se había señalado que la construcción de este gigante de concre­to de 175 metros de altura, ubicado en la cuenca del río Marañón, inundaría poblados del Amazonas y Cajamarca en un área total de 32 kilómetros cuadra­dos, obligando a desplazarse a unas mil personas de sus hogares.

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Por otro lado, el estudio de im­pacto ambiental (EIA) que fue apro­bado no tenía evidencias suficientes de los impactos que se generarían en la cuenca del Marañón y el Amazo­nas. Aparte que no se pormenorizaba cuánto iba a costar la reubicación de las familias trasladadas ni tampoco un presupuesto para impactos socia­les en comunidades indígenas ubica­das aguas abajo.

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CHADÍN II: ENTRE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES Y LOS SOBORNOS BRASILEÑOS

El megaproyecto hidroeléctrico a realizarse entre Cajamarca y Amazonas sigue en el ojo de la tormenta, donde sumados a los posibles impactos socioambientales y las acusaciones de corrupción de la empresa constructora Odebrecht están otros actos irregulares que ya están generando un nuevo conflicto social del cual el Gobierno ya estaba avisado.

Ya a estas alturas todos sabemos de los grandes actos de corrupción en que se ha visto inmersa la constructora brasile­ña Odebrecht, aquella que en nuestro país goza de varias concesiones que vieron su proliferación a partir de los años noventa, desempeñando trabajos desde 1979.

El megaproyecto hidroeléctrico Chadín II es uno de ellos, y genera na­turalmente muchas suspicacias al res­pecto por la extraña forma de su apro­bación. Y es que, mediante un decreto supremo en el 2011, el expresidente Alan García dio luz verde a la cons­trucción de 20 represas en una zona que para muchos expertos es de alta vulnerabilidad a un impacto ambien­tal que sería de ingentes proporciones y pérdidas irreversibles.

En ese entonces, García pronunció el proyecto como de interés nacional y fue identificado por el Gobierno como un proyecto potencial para la exporta­ción de energía a otros países.

Estaríamos hablando, entonces, de dos males endémicos enlazados a cos­ta de todos los peruanos. El primero, la afectación de nuestros ecosistemas y, como segundo mal, un proyecto posiblemente echado a andar con so­bornos multimillonarios a gobiernos peruanos. Más grave no habría.

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Actualmente, el proyecto se en­cuentra con el estudio de impacto am­biental (EIA) aprobado y está en etapa

“Odebrecht tiene la concesión de Chadín II, Río Grande I y II, que no sabemos en qué circunstancias se han dado”.

 


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