Archivos para 5 agosto, 2015


Complejo Metalúrgico de La Oroya. Foto: Virgilio Grajeda – La República.

Publicado en: convoca.pe

Ha transcurrido un año desde que se empezó a implementar en Perú la ley N°30230 que exoneró a las empresas mineras, en la mayoría de los casos, y en otros, a reducir las multas impuestas por infringir normas ambientales en sus procesos de extracción de minerales del territorio del país. Para promover y agilizar la inversión del sector, el Ejecutivo impulsó esta norma, bautizada por sus detractores como ‘paquetazo ambiental’, y aprobada luego que se incrementaron las multas por graves infracciones ambientales. Después de revelar cuáles son las empresas de la gran minería que incumplen sus obligaciones ambientales de manera reiterada y cómo tres gobiernos beneficiaron durante cerca de una década a la mayoría de estas empresas con una tarifa plana de las multas, esta vez Convoca demuestra que en el último año, el gobierno de Ollanta Humala fijó una especie de amnistía ambiental con la ley 30230: dejó de cobrar hasta 30.9 millones de soles (11 millones de dólares) en multas por infracciones ambientales ratificadas por el tribunal y consentidas por las propias empresas. Conoce a las compañías y a los funcionarios que protagonizan esta nueva entrega de la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre quién es quién en las industrias extractivas.

Por Esteban Valle-Riestra y Aramís Castro*

Jueves, 3 de julio de 2014. A pocas horas de que el Congreso de la República aprobara la ley 30230, el presidente Ollanta Humala defendía, entre eufemismos y titubeos, esta norma que redujo y suspendió el cobro de las multas de las industrias extractivas: “Hemos respetado las multas que puede asignar la OEFA [sic]. Lo que estamos haciendo es darle gradualidad, de tal manera que puedan ser realistas”, respondió incómodo a la prensa en un enlace en vivo desde Palacio de Gobierno.

Lo que él llamo “gradualidad” a cambio de prometer que las  inversiones de las empresas favorecidas incrementen entre 1 a 1.5 puntos porcentuales el PBI, en la práctica significaba una amnistía durante tres años a un grupo de empresas que incumplieron sus obligaciones ambientales y que, en varios casos, han interpuesto reiteradas medidas legales en el Poder Judicial para evitar que el Estado cobre las multas impuestas (Ver El Círculo Minero de la Infracción).

A un año de la aplicación de esta norma presentada al Congreso por el Ministerio de Economía y Finanzas, Convoca revela los hallazgos de la construcción de un registro de más de cien procesos sancionadores para determinar qué empresas mineras se beneficiaron con la suspensión del cobro de las multas, entre julio de 2014 y marzo de 2015. El análisis se realizó a partir de las resoluciones de sanción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Amnistía minera

El 80% de los procesos correspondieron a infracciones detectadas entre 2010 y 2011, es decir hasta cuatro años antes de que se aplicara la ley 30230, que terminó suspendiendo la multa a pesar que en varios casos se trataron de infracciones graves y muy graves. Con la norma, OEFA reemplazó la sanción económica por medidas correctivas de faltas ya consumadas.

La ley permitió que los procesos evaluados en la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI), la primera instancia de OEFA, no terminen en multas para las empresas durante los siguientes tres años y que a cambio se establezcan estas medidas correctivas. En el caso de los procesos que estaban en manos del Tribunal, la segunda instancia, las multas disminuyeron en 50%. La ley 30230, que empezó a aplicarse en la quincena de julio de 2014, suspendió el incremento de multas escalonadas que OEFA iba empezar a aplicar desde inicios de ese año (Ver La tarifa plan de la gran minería).

Debido a que la polémica norma fue impulsada desde Palacio de Gobierno y el MEF, OEFA defendió la medida públicamente a través de su presidente Hugo Gómez. Y este es el resultado: el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta 30.9 millones de soles (10.9 millones de dólares) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por los funcionarios de OEFA en las resoluciones de sanción. Si se toma en cuenta el valor mínimo, el monto de las multas suspendidas y reducidas llega a 20 millones 222 mil soles (más de 7 millones de dólares). En este cálculo no se ha incluido una veintena de procesos que aún falta por resolver en el tribunal y que aumentaría la cifra total a 14,5 millones de dólares.

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De acuerdo con el análisis, en la primera instancia se dejó de cobrar entre 4.4 y 8.1 millones de dólares en 57 procesos seguidos a 40 mineras mientras que en el tribunal la reducción del 50% de las multas representó 2.7 millones de dólares a favor de 15 empresas. Si se hace una única lista de empresas, sin contar dos veces a aquellas que se beneficiaron en ambas instancias, en total son 49 mineras favorecidas.

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De las resoluciones registradas en el tribunal, 38 incluyeron sanciones económicas en las que sí se pudo exigir el cobro total porque eran multas fijas excluidas de la reducción de la ley 30230. Este es el caso de la falta más recurrente por exceso de límites máximos permisibles de efluentes mineros arrojados a ríos, lagunas y suelos. A pesar de ello, en 2014 cuando ya empezó a aplicarse la norma, OEFA solo pudo establecer el cobro de 4.4 millones de dólares, lo que representa apenas el 21% de las multas firmes de OEFA en 2013.

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¿Esto tiene algún impacto en la fiscalización ambiental? En OEFA explicaron que el presupuesto de las multas se recauda de manera directa vía el Banco de la Nación, precisamente para actividades de supervisión y fiscalización. El Aporte por Regulación se suponía que iba a significar mayor recaudación para este propósito, pero varias empresas sancionadas han denunciado este pago ante el Poder Judicial e Indecopi (Ver Quiénes están detrás de la demanda contra el aporte ambiental).

El ranking

El 65% de lo que dejó de fijar en multas el tribunal, corresponde a la multa reducida a una de las empresas más infractoras: Doe Run Perú, la filial nacional fundada por el multimillonario estadounidense Ira Rennert.


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Esta compañía que operaba en La Oroya (Junín) está enfrentada al Estado desde hace seis años por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales y actualmente se encuentra en proceso de liquidación bajo la administración de Profit Consultoría. Aunque su situación es incierta en Perú, en setiembre de 2014 se benefició con la reducción de una multa que pasó de tres millones 500 mil dólares (2636 UIT) a más de un millón 700 mil dólares por infracciones cometidas en 2010.

Según la resolución del tribunal N°009-2014-OEFA, la empresa no cumplió, dentro de los seis meses exigidos, con presentar “las garantías a favor del Ministerio de Energías y Minas que cubran el 100% del costo del proyecto” de la planta de ácido sulfúrico y la modificación del circuito de procesamiento de cobre del Complejo Metalúrgico La Oroya, que eran indispensables para reducir las emisiones contaminantes de la chimenea principal de la planta. Convoca insistió en obtener la versión de la empresa en las oficinas que aún tiene en Lima y en La Oroya, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Resolución del Tribunal Nº 009-2014-OEFA que redujo la sanción de Doe Run

Doe Run no es la excepción. Lo controversial es que las empresas más sancionadas y reincidentes como Volcan, Buenaventura y Santa Luisa, se han beneficiado con multas congeladas por reiteradas faltas ambientales.

La minera Ares no solo se ubica como la segunda empresa más sancionada por OEFA desde que asumió su función fiscalizadora a mediados de 2010. La compañía, que pertenece al Grupo Hochschild, es la minera con mayor número de procesos sancionadores con multas firmes suspendidas: seis. Las sanciones económicas llegan hasta 801 mil dólares.

La principal extractora de oro de Sudamérica, Yanacocha, es otra beneficiada por la ley 30230. A marzo de 2015, registraba cinco procesos, de los cuales tres fueron exonerados de multas por infracciones detectadas en el campamento Chaupiloma Sur en Cajamarca, a una hora de la ciudad capital de la región.

En noviembre de 2014, dos meses después de aprobarse todas resoluciones de sanción en Chaupiloma Sur y luego de las denuncias de la población del caserío San José, OEFA detectó en el mismo campamento minero que “existían filtraciones que eran descargadas directamente al suelo natural” con niveles de acidez que superaban el parámetro permitido en 200%. La Dirección de Fiscalización del organismo regulador ordenó que la empresa informe sobre la remediación de las zonas impactadas, lo que debía incluir “indefectiblemente” el monitoreo de suelos y de agua de la quebrada Quishuar San José y el río Grande.

Debido a la ley 30230, no se multó a la minera y a cambio se le pidió que demuestre la subsanación de las faltas detectadas a pesar que superar el impacto por aguas ácidas puede tomar años, según los ingenieros ambientales consultados. En una respuesta enviada por correo electrónico a Convoca, Yanacocha aseguró que implementó “las acciones correctivas puntuales (…) dentro de los plazos de ley”.

Resolución de sanción de OEFA  535-2014 que reemplazó multas por medidas correctivas a favor de Yanacocha

Apelaciones

Diversas organizaciones de la sociedad civil junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentaron una demanda de inconstitucional contra la ley 30230 en abril último. Sin embargo, OEFA reivindica el espíritu preventivo de las medidas correctivas establecidas en la norma y asegura que si una empresa incumple estas recomendaciones, se le aplicará una multa coercitiva y además la multa original. Pero aún no ha impuesto ninguna de estas sanciones económicas porque, según explicó en una respuesta enviada a Convoca vía correo electrónico en junio, “los plazos para las medidas correctivas no han vencido, las medidas correctivas han sido impugnadas o se encuentran en evaluación a partir de la documentación presentada por la empresa”.

Pero el cambio de multas por medidas correctivas tampoco ha dejado conforme a todas las empresas. De 97 resoluciones de sanción en primera instancia a marzo de 2015, 31 fueron apeladas por las compañías al no estar de acuerdo con las medidas. Al 21 de julio, siete cumplieron con las recomendaciones, entre ellas la minera Ares y Río Tinto, informó OEFA.

Para los casos de reincidencia, la norma no suspendió el cobro pero sí redujo el periodo en el que debía considerarse la repetición de las faltas: de cuatro años pasó a apenas seis meses.  Hasta marzo no se registró ningún caso de multa efectiva por reincidencia.

Operaciones de la minera Morococha . Foto: David Huananí . Diario La República.

Solo en una resolución de sanción de la minera Morococha, que opera en Junín, OEFA declaró la reincidencia, decidió que vaya al Registro de Infractores Ambientales, pero cambió la multa por una medida correctiva. En la Dirección de Fiscalización explicaron que hoy solo aplica la reincidencia si las dos infracciones tienen una resolución firme después de entrar en vigencia la ley 30230. Si una de ellas es firmada antes de la polémica norma, se aplica el borrón y cuenta nueva o lo que el presidente Ollanta Humala prefirió llamar “la gradualidad” de las multas cuando decidió impulsar esta controversial norma.

Conoce la metodología para el cálculo de los montos publicados en el reportaje:

Actualización (05/08/15): Lea la respuesta de nuestra directora Milagros Salazar frente a las críticas del ministro del Ambiente Manuel Pulgar – Vidal a nuestra investigación —> http://goo.gl/3QSF8E

*Con la colaboración de Milagros Salazar en el desarrollo de la metodología para el análisis y verificación de los datos.

Este reportaje también fue publicado en dos páginas en el diario La República y destacado en su portada de domingo 02 de agosto.


Por Nelly Luna Amancio y Vanessa Romo en Investigación ~ Miércoles, 22 Jul 2015

www.ojo-publico.com

En el 2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se mantuvo en secreto hasta ahora. OjoPúblico publica la lista completa que el gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas y quiénes no.

La lista de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda: argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este derechono estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia quechua.

Entonces, ¿quién era indígena en el Perú?

En el 2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.

OjoPúblico accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el 63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara y 26% amazónicos.

SE APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA

Aún siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44 Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Áncash y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

Conoce aquí qué comunidades forman parte de la base de datos preliminar de pueblos indígenas

La investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo previos.

El exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones. Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.

El Ministerio de Energía y Minas contrató a consultores privados para identificar cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello justificar la aprobación de los proyectos mineros.

El gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25 compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.

LA HISTORIA DE HUAQUIRCA

En abril del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real.

Una de las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de 4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del 2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.

Minera Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua) y Anabi (Cusco).

El cruce de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros, resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27 comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan: Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru, Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi, Aruntani y Exploraciones Collasuyo.

CONSULTORAS SIN SUSTENTO LEGAL

Uno de los hallazgos más importantes del cruce de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

El mismo Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca, recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista. OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.

Las ‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de Cultura.

EN LOS ANDES. El 63% de las comunidades identificadas como indígenas son quechuas del norte y sur del Perú.Crédito: Miguel Mejía.

Las contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a las comunidades de los andes.

La actual titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal. Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi gestión”.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

El viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.

La ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros? “Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.

El gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros, y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.

Vilca responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.

 Se deberá hacer una Consulta Previa a destiempo, en caso Cultura determine que corresponda, dijo la ministra Ortiz.

El Ministerio de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente (hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar. Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.