Tía María y la guerra informativa

TODOS LOS MEDIOS DAN POR HECHO QUE EL INCENDIO FUE OCASIONADO POR «MANIFESTANTES». ¿SERÁ VERDAD, O SERÁ OTRA PRUEBA «SEMBRADA»? (FOTO: EL COMERCIO)

Por: Paul E. Maquet.(RUNA)

En cualquier guerra, la primera víctima es la verdad. Esta famosa frase cae como anillo al dedo para el conflicto socioambiental en el Valle del Tambo, en Arequipa. Cualquier ciudadano que no se encuentre directamente en el lugar de los hechos o tenga acceso a fuentes muy directas debería preguntarse ¿en quién demonios puedo creer? Incluso estando en el mismo lugar de los hechos, o contando con fuentes directas, la información es tan confusa y contradictoria y la propaganda tan abundante, que uno puede tener serias dudas sobre una u otra versión.

El bus incendiado fue la noticia preferida de ayer. ¿Es verosímil? Dado el nivel de violencia de los enfrentamientos de los últimos días, sí es verosímil. Ahora bien, los medios fueron muy rápidos para difundir el hecho y mostrar imágenes del bus incendiado, pero hasta donde pude buscar no hay imágenes del momento mismo de los hechos, donde se vea a manifestantes atacar el vehículo. No hay manera de verificar, pues, si efectivamente los titulares que dicen “Opositores a Tía María incendiaron un bus en Matarani”. Por ello, ahora en redes pro-manifestantes circula la versión de que sería un hecho sembrado. ¿Es verosímil? Tras el verduguillo sembrado al señor Antonio Coasaca, sí es verosímil.

¿PODEMOS CONFIAR SIMPLEMENTE EN QUE «LAS IMÁGENES HABLAN» DESPUÉS DE HABER SIDO TESTIGOS DE ESTA GROSERA MANIPULACIÓN ARMADA POR LA POLICÍA? (FOTO: DIARIO CORREO)

Ambas cosas son gravísimas. Si los manifestantes están actuando como “turba” y están incendiando buses, se trata de un delito y deben ser detenidos; además si la situación en la zona es esa, la justificación para declarar el Estado de Emergencia está servida. Por el contrario, si nuevamente la Policía ha sembrado una prueba falsa en complicidad con la prensa –o en todo caso sorprendiendo a los periodistas- también se trata de un hecho muy grave que pone en tela de juicio toda la actuación del Estado en la zona y justifica el pedido de los dirigentes: que la Policía sea retirada de la zona como condición para retomar el diálogo.

Lo mismo ocurre con el audio de Pepe Julio Gutiérrez. Si el dirigente está realmente negociando el fin de la protesta a cambio de dinero, es un acto gravísimo que debe ser sancionado no solo por el Poder Judicial, sino en primer lugar por la población del lugar que le ha confiado un rol de representación. ¿Es verosímil? Para quienes lo conocen desde hace muchos años en el marco del movimiento ambientalista, es poco verosímil y significaría un desengaño muy crudo. Hay varios argumentos que le restan verosimilitud, entre ellos la notoria edición del audio que tiene varios cortes y una alta calidad. Además, ¿por qué ahora y no durante el primer conflicto, hace cuatro años? Si lo que buscaba era plata, hace varios años hubiera podido obtenerla, como de hecho hacen muchos dirigentes y seudodirigentes en otros contextos. Pero la denuncia no es del todo inverosímil: para empezar, está el audio, y por más edición que haya las palabras que se escuchan allí son claras; y precisamente este tipo de comportamiento corrupto sí se ha visto en otros líderes sociales, así que tampoco sería algo inédito.

Otros hechos y discursos de los días recientes también forman parte de la guerra informativa: el calificativo de “terroristas antimineros” y la asociación libre que hacen algunos congresistas con Abimael Guzmán (lo que debiera ser motivo para una demanda judicial por difamación), las declaraciones de los ministros que señalan a los dirigentes como “delincuentes”, los audios y videos de manifestantes reclamando “sangre”, las declaraciones de la gobernadora regional sobre cómo quienes están a favor del proyecto serían agredidos en sus domicilios, así como videos que circulan en las redes donde se ve a la Policía cometiendo actos de brutalidad total y destruyendo propiedad privada (por ejemplo, la moto de un agricultor) y propiedad pública (por ejemplo, los teléfonos públicos de Cocachacra, para supuestamente acusar a los manifestantes de ello). ¿A quién le creemos? Es obvio que hay muchos intentos de manipulación de la opinión pública, y que hay mucho interés del lado más poderoso (el de la empresa interesada en el proyecto y el Estado que maneja la fuerza policial) por justificar mayor “mano dura” para imponer el proyecto. También es obvio que ha habido hechos de violencia por parte de los manifestantes, hay policías heridos y enfrentamientos a diario.

Pero si esto pasa con el “anecdotario” del conflicto, peor aún con el fondo del mismo: el verdadero impacto ambiental del proyecto y las externalidades que pueda generar la actividad minera sobre la importante actividad agrícola del valle. ¿Qué sabemos “objetivamente” de ello? Hace cuatro años el estudio de impacto ambiental recibió más de 130 observaciones de un organismo internacional. Según el Ministerio de Energía y Minas, el nuevo estudio ha subsanado esas observaciones. Pero aquí viene el problema: las observaciones internacionales lo que mostraron fue precisamente la –para ser benévolos- poca acuciosidad del Ministerio del sector para evaluar estos estudios. ¿Cómo confiar que ahora sí lo han revisado bien? Fue esta duda la razón por la cual Humala prometió en campaña que un organismo independiente se encargaría de este tipo de revisión, y fue por ello que se creó el SENACE que sin embargo no ha revisado este estudio. Más aún: el nuevo EIA fue revisado bajo la vigencia del decreto 060 dictado en 2013 que redujo considerablemente los plazos para la revisión de estos documentos, y tras una audiencia pública que se realizó con la ciudad prácticamente tomada por la Policía y a la cual los opositores al proyecto no fueron permitidos de ingresar.

Así pues ¿hay un nuevo EIA aprobado? Sí. ¿Eso basta para despejar las dudas? Tal como han sido los procedimientos, que han sido los mismos o peores que los de 2011, parece que no. Sin embargo, los medios suelen omitir esta información en el marco de esta guerra informativa.

Ojo: es importante remarcar que los estudios de impacto ambiental nunca dicen algo como “no hay ningún tipo de impacto”, así que los discursos acerca de que “no hay impactos negativos” no tienen base científica. Los EIA lo que hacen es evaluar los impactos que se producirán, proponer acciones para mitigarlos y luego estimar si el resultado será “muy significativo”, “significativo” o “poco significativo”. Así pues, al final es una cuestión de estimación y hay abundante literatura que cuestiona la objetividad de dicha estimación en un contexto en que tanto el Estado como la empresa buscan que los proyectos extractivos se realicen. Los agricultores no solo disponen de una serie de antecedentes que demuestran cómo esas estimaciones fueron erradas para anteriores proyectos o cómo la fiscalización no garantizó que se cumpliera lo prometido: aún más, saben que si el EIA subestima los impactos ellos perderán su medio de vida, por lo cual no debe sorprender que estén dispuestos a dar incluso su vida en esta resistencia.

¿Cuánto de este debate puede ser conocido a través de los medios? En medio de la guerra informativa somos testigos de la descalificación, la caricatura, la simplificación pero los medios y los actores políticos no nos ofrecen las herramientas para construir una opinión más o menos justa y objetiva del conflicto.

Hablando específicamente del conflicto, éste ha escalado a tal grado que lo único que cabe exigir es una tregua completa para iniciar un diálogo con la calma necesaria para que el mismo sea fructífero. Ello implica por supuesto: suspender el proyecto, suspender el paro y retirar a la Policía. Las tres son condiciones necesarias, pues de lo contrario se trata de un diálogo bajo tensión y amenaza constante.

Y hablando del rol de la prensa, cabe demandar que los periodistas no sean meros partícipes de una guerra por la manipulación de la opinión pública, sino profesionales que permitan a la ciudadanía las herramientas para entender de manera más completa el conflicto, especialmente el fondo del mismo, que no es otro que un debate en torno al modelo de desarrollo.