Archivos para 11 mayo, 2015


Entre el gobierno de Alan García y el de Ollanta Humala han muerto 253 personas en conflictos sociales. ¿Son viables los proyectos mineros sin licencia social?

El Perú viene impulsando megaproyectos mineros por 20 millones de dólares, según palabras del Premier Pedro Cateriano. El país lidera la producción de oro en Suramérica, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial; es el tercer productor de cobre a nivel global y ocupa el segundo lugar en la producción de plata. En el año 2010 la consultora PriceWaterhouseCoopers denominaba a Perú como uno de los principales centros de inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno hablan de cifras y de proyecciones económicas basadas en la extracción de estos recursos, y de la importancia del crecimiento económico que generan las industrias extractivas sin mencionar los costos sociales y ambientales que ello implica.

Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y  sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.

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253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años en conflictos sociales

Durante el gobierno de Alan García (2006-2011) murieron 193 personas en conflictos sociales, 153 civiles. Mientras que en la gestión del  presidente Ollanta Humala, las cifras van en ascenso con el conflicto  del proyecto Tía María de Southern Copper. En el lapso de 17 días han fallecido tres personas (dos civiles y un policía) en torno a este conflicto, llegando a 60 muertes durante los casi cuatro años del actual gobierno. 253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años, debido a que la criminalización y la represión han sido una alternativa para imponer este modelo de desarrollo.

¿Sin licencia social es viable la explotación de los recursos naturales? Actualmente, Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) no cuentan con legitimidad social, y proyectos como Tambogrande y Majaz en Piura y Cerro Quilish en Cajamarca  no fueron viables por no tener licencia social. Todos estos proyectos impulsados desde el poder Ejecutivo sin diálogo con las poblaciones han dejado como saldo muertos, heridos, defensores ambientales denunciados,  secuestro y torturas, como fue el caso de la minera Majaz, donde hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos.

Optar por la militarización ha generado una tensa relación y rechazo hacia las fuerzas del orden, en estas disputas han fallecido 41 militares durante ambos gobiernos.

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Desde el Poder Ejecutivo se ha ido tejiendo un manto de protección legal a las fuerzas del orden, quienes intervienen mediante represiones violentas en los conflictos. Durante los dos últimos gobiernos –García y Humala- se han aprobado diversas normas legales, como los decretos legislativos: 982, 983, 988, 989, 991  y 1095. Este último fundamenta que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Además se aprobaron leyes como N° 29986 (26 de diciembre de 2012) y N° 30151 del año 2014, que permiten hechos como el levantamiento de cadáveres por efectivos militares y/o policiales sin presencia del fiscal en  zonas declaradas en estado de emergencia; exoneración de responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus funciones.

Cajamarca: una región minada

En el caso concreto de la región Cajamarca, el año 2006, el campesino Isidro Llanos perdió la vida por defender el agua en Combayo. En 2012, el conflicto Conga se cobró la vida de 5 personas, entre ellos un niño. Todas estas muertes se dieron en disputas entre las fuerzas armadas y las poblaciones, ninguno de estos crímenes han sido juzgados, siguen impunes.

En esta región existe un alto índice de criminalización de la protesta y disputas entre los “pro mineros” y los “antimineros”. Entre los años 2004 y 2013 se han registrado 11 muertos, 282 heridos y 303 líderes ambientales procesados, según la sistematización realizada por Gran Angular de los Informes Defensoriales del año 2005 a 2014; y reportes de las ONGs como Grufides y la Coordinadora Nacional de DD.HH, y archivos periodísticos.

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Los más altos índices de los conflictos también se registran en esta región. En la última década (2005 – 2014) se han reportado cerca a mil conflictos (977), 80% se debieron a conflictos socioambientales (777); de este último indicador, 480 se debieron al agua (61.7%), mientras los conflictos por tierras fueron 104 (13.3%), de acuerdo a los reportes de conflictos de la  Defensoría del Pueblo. La sistematización arroja además que alrededor de la minera Yanacocha se han dado los mayores eventos conflictivos: 241, siendo los más frecuentes alrededor del proyecto minero Conga. La minera Coimolache registra 76 conflictos en la última década, seguida de La Zanja (74), Gold Fields (74).

La expansión minera sin límites es otro de los detonantes de los conflictos. El 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la minería, lo que representa casi 1.5 millones de hectáreas. Según el Ministerio de Energía y Minas en la región existen 2,331 concesiones mineras, 24 unidades en producción y 9 unidades en exploración.

Grupo Yanacocha tiene acumulado un total de 500 concesiones en Cajamarca, con una extensión de  396,567.28 ha.

La superficie territorial otorgada mediante concesiones a Yanacocha es de 227,153.51 ha, con 302 concesiones acumuladas. Mientras que Chaupiloma Dos tiene 144 concesiones con 124,357.64 ha. Newmont Perú tiene 54 concesiones con una extensión de 45,056.13 ha. Así, el Grupo tiene un acumulado  total de 500 concesiones, con una extensión de 396,567.28 ha en la Región Cajamarca.  Esta elevada cifra convierte a Yanacocha S.R.L. en la empresa minera con mayor concesión en la región, seguida de Vale explorarion SAC, S.M.R.L. Chaupiloma II de Cajamarca, y Barrick Misquichilca S.A. (CooperAcción/Ingemmet. Oct.2014).

Minería y pobreza

El historiador Antonio Zapata señala que la enorme riqueza minera del Perú contrasta vivamente con la pobreza de las regiones donde se asienta su producción. Así por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica y Pasco se hallan entre las regiones más pobres del Perú, no obstante la vigencia y antigüedad de la gran minería en estas localidades. Son pocas las regiones, como Moquegua y Tacna, que han logrado combinar gran minería con desarrollo. En la mayoría de casos, por el contrario, la presencia de la gran minería ha traído pobreza para las regiones y también para para los mismos trabajadores mineros.

Cajamarca, tras 22 años de gran minería, sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Esta región, que concentra la mayor producción de oro del Perú, y que debería ser el modelo de desarrollo en el país, es la región con mayores desigualdades, lidera las cifras de pobreza en el país (53.7%) y de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 154,800 personas de 15 y más años de edad no saben leer ni escribir, siendo la población femenina la que presenta la tasa más elevada, alcanzando el 25,5%. Asimismo, 57 mil niños de 3 a 5 años no acceden al sistema educativo, lo que arroja un déficit de 58.6%.

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Si bien es cierto que la distribución de la riqueza en las zonas rurales es una tarea que le compete al Estado y no a las empresas mineras que operan en la zona, los gobiernos de turno no han buscado equidad en la distribución de las riquezas generadas durante dos décadas. Además, no ha fomentado el orden bajo un esquema de responsabilidad ambiental ni legitimidad social, ni han impulsado compensaciones en cuanto a impactos ambientales, sobre las personas y las comunidades.

¿Cuántas décadas más debe esperar Cajamarca para que su población vea los beneficios de la minería? “Más allá de las cifras macroeconómicas y de los millonarios ingresos que genera esta actividad a las arcas del Estado, lo tangible es que Cajamarca es el departamento más pobre del país y las comunidades han visto muy pocos beneficios en estos últimos 20 años”, sostiene Keith Slack gerente de Programa de Industrias Extractivas de Oxfam América.

La exclusión de otras actividades productivas ha arrastrado a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza

“El problema central es que no hay una mirada de desarrollo compartido, el gobierno central no articula con los gobiernos locales ni regionales, no hay una visión común de desarrollo. La actividad minera es importante, pero en un horizonte de actividades la minería no debe ser lo más importante, sino también la agricultura y la ganadería. La exclusión de otras actividades productivas de las regiones ha arrastrado a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza. La ausencia del Estado a nivel de la diversificación productiva es fuerte. Nosotros hemos propuesto desde el Gobierno Regional diversificar la económica con diferentes actividades, sin embargo no hay interés desde el Ejecutivo”, señala Sergio Sánchez, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca.

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Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que históricamente la región no ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de desarrollo económico de largo plazo. Pues no se trata solo de superar el paradigma extractivista para avanzar hacia una diversificación productiva, sino también de transformar el capital derivado de los recursos no renovables de la región en capital humano -educación y capacitación-, infraestructura física y social, innovación y desarrollo tecnológico con criterios de largo plazo para impulsar el cambio estructural con igualdad.

Slack recomienda que para llevar adelante las inversiones se debe empezar a transparentar las actividades extractivistas, proveer información a las comunidades, escuchar y responder a las preocupaciones que tienen. “Debe haber procesos de consulta, no se puede avanzar en un proyecto sí o sí pensando que las comunidades son un obstáculo para la inversión, ellos (comunidades) deben ser tratados como socios no como objetos de obstáculos, tampoco se debe quitar legitimidad a las opiniones de las comunidades, las mineras hablan de “pequeñas lagunitas”, como si no fueran cosas importantes para las poblaciones, cuando son la base fundamental de su producción agrícola”, dice.

Los muertos y heridos en conflictos sociales no pueden seguir siendo considerados como una consecuencia a la oposición de un proyecto extractivo, la discusión no se debe centrar en “minería sí o no”. Es falaz presentar estas dos únicas opciones para poder reflexionar sobre  la minería o el modelo económico en el país. Hay preocupaciones y demandas reales  que deben ser atendidas.


  • Los campesinos de una mina de oro del norte de Perú aseguran que los productos tóxicos de la explotación envenenan a sus animales

Por: 

Publicado en El País 11 MAY 2015

Víctor Mendoza, líder de una cooperativa agrícola de una minúscula comunidad de Negritos, con su hijo de 10 años. / Ben Hallman  (The Huffington Post) 

Para Elvira Flores, una pastora adolescente de las tierras altas andinas del norte de Perú, todo empezó como una más de las tareas del rancho. El 8 de septiembre de 2013 cruzó con su rebaño una pista de tierra que atraviesa los pedregosos campos de su familia y bajó a un arroyo. Cuando las ovejas hubieron bebido hasta hartarse, algo no fue como debía. “De repente empezaron a saltar, a darse patadas en el vientre y a golpear las cabezas contra el suelo”, recordaba la tímida joven de 16 años una tempestuosa tarde de un año después, envolviéndose con el jersey para protegerse del frío. “Les salía espuma blanca por la boca y la nariz”. Una a una, las 18 ovejas se desplomaron y murieron. Flores las observaba impotente. “En cinco minutos todo había terminado”, explicaba.

Hace dos décadas que entre la gente que subsiste a duras penas en La Pajuela y las comunidades vecinas de esta región de sobrecogedora belleza natural y opresiva pobreza circulan historias como esta. Las tortugas y las ranas han desaparecido de los cursos de agua, dicen los campesinos; según la población local, a veces su ganado se niega a beber de los arroyos que riegan sus tierras, o bien bebe y luego enferma o muere.

Para los campesinos, la causa de la contaminación es evidente. Las montañas del lugar contienen oro —uno de los minerales más escasos de la Tierra— en partículas, y la empresa estadounidense Newmont Mining Corp., con ayuda financiera del Banco Mundial, lleva 22 años volando montañas y utilizando sustancias químicas tóxicas para extraerlo.

La mina de oro Yanacocha es una explotación a gran escala que se extiende por cientos de kilómetros cuadrados a altitudes de hasta 4.000 metros. La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), que forma parte del Grupo del Banco Mundial, concedió los créditos para ayudar a construir y ampliar la mina y posee una pequeña participación en ella.

Desde 1993, Yanacocha ha dado un rendimiento de más de 35 millones de onzas de oro. Es la mayor mina de este metal de Sudamérica y una de las más productivas del mundo. La explotación ha resultado sumamente beneficiosa para el Gobierno central de Perú, siempre falto de fondos. La empresa afirma que, desde que empezaron las operaciones, Yanacocha ha aportado 2.750 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros) en ingresos fiscales y derechos. Pero en los ranchos y los pueblos más próximos a la mina, la pobreza sigue siendo una lacra sin resolver, y la animadversión hacia Yanacocha está muy extendida.

Hace 15 años, el vertido de mercurio de un camión hizo enfermar a cientos de habitantes de tres pueblos vecinos. Diversos estudios han demostrado que se han producido filtraciones de los metales pesados de la mina, en una zona en la que mucha gente ya no tiene acceso al agua potable. Ya a principios de la década de los 2000 Stratus Consulting lo advertía en un informe que repitió con similares resultados en años posteriores.  Los campesinos del lugar están profundamente preocupados por su salud y la de sus familias.

“Si nuestros animales están muriendo a causa del agua contaminada, ¿qué va a pasar con nosotros”, se preguntaba Felipe Flores, tío de Elvira.

“No causar daño”

No es nada raro que una explotación minera industrial tenga borrones en su currículo medioambiental, pero se supone que los proyectos respaldados por fondos de una institución del Grupo del Banco Mundial tienen que seguir unas normas más estrictas.

El Grupo del Banco Mundial financia proyectos de desarrollo económico en países pobres y a menudo inestables en pos de una noble aspiración: acabar con la pobreza en el mundo. Los prestatarios que aceptan un crédito del Banco Mundial, que concede préstamos a los Gobiernos, o de la IFC, que lo hace a las empresas, deben respetar unas normas específicas dirigidas a proteger a las personas y el medioambiente desde un enfoque que definen como “no causar daño”.

“La IFC se ha comprometido a garantizar que los costes del desarrollo económico no recaigan desproporcionadamente en los pobres y vulnerables, que el medio ambiente no se degrade en el proceso, y que los recursos naturales renovables sean gestionados de forma sostenible”, declaraba la institución crediticia en una revisión de su política de sostenibilidad de 2012.

Pero un examen de las inversiones del grupo bancario por parte de The Huffington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha descubierto que, en lugar de evitar los proyectos de alto riesgo con probables repercusiones nocivas, el Grupo del Banco Mundial opta cada vez más por invertir en minas de oro como Yanacocha: grandes, destructivas y plagadas de riesgos para el medio ambiente y para las personas que viven en o cerca de los terrenos escogidos para su explotación.

Un grafiti anti mina grabado en la colina de Cajamarca, la capital de la provincia a la que pertenece Yanacocha. / Ben Hallman (The Huffington Post)

Los prestamistas del Banco Mundial clasifican los proyectos en función de sus posibles amenazas para la población y el medio ambiente. A pesar de que tanto la institución como la IFC han recibido críticas por subestimar los riesgos (críticas que afectan también al Departamento del Tesoro estadounidense), un análisis de sus inversiones a lo largo de la última década muestra un fuerte aumento de aquellas que, según la clasificación del banco, previsiblemente tendrán impactos sociales y ambientales “irreversibles y sin precedentes”.

De 2009 a 2013, las dos entidades crediticias inyectaron 50.000 millones de dólares en 239 proyectos de alto riesgo Categoría A, como presas, minas de cobre y oleoductos. Los documentos muestran que la cantidad supera en más del doble a la del quinquenio anterior. Gran parte de las iniciativas se sitúan en países como Perú, con Gobiernos centrales débiles y normativas laxas.

“Aplicar una estrategia de alto riesgo en esos contextos es como echar cerillas a un polvorín”, sentenciaba Natalie Fields, directora ejecutiva de Accountability Counsel, un grupo jurídico que representa a los indígenas en conflicto con el Banco Mundial y la IFC. “Es seguro que darán lugar a abusos o incluso que serán un fracaso”.

El examen por parte del grupo investigador de los proyectos de alto riesgo del Banco Mundial surgió como parte de una indagación más amplia de las repercusiones que los más de 455.000 millones destinados a inversiones entre 2004 y 2013 habían tenido para las familias que vivían en las propiedades escogidas para ser explotadas o en sus proximidades.

Según sus resultados, en ese período, 3,4 millones de personas perdieron sus hogares, fueron despojadas de sus tierras o vieron sus medios de vida menoscabados por las carreteras, las centrales eléctricas y otros proyectos respaldados por el grupo bancario. Aunque muchas fueron compensadas por sus pérdidas, otras no recibieron nada a cambio o fueron desalojadas por la fuerza sin darles tiempo a recoger sus escasas pertenencias. Los informadores detectaron que, en docenas de casos, el Banco Mundial y la IFC no obligaron a cumplir sus propias políticas dirigidas a proteger a estos refugiados del desarrollo.

El daño ambiental suele tardar más en hacerse visible que los abusos infligidos directamente a la población local, pero las consecuencias para la gente pueden ser igualmente funestas.

En noviembre, el médico estadounidense Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial, instó a Estados Unidos, China y otros grandes países a que emprendan iniciativas para combatir el cambio climático, que, según exponía en un blog para The Huffington Post, supone una amenaza de enormes dimensiones para los pobres y los desposeídos.

En los últimos años, los bancos supervisados por Kim han aumentado sus inversiones en proyectos solares y eólicos, pero también han financiado otros que contribuyen a las emisiones de gases de efectos invernadero, como las explotaciones petroleras frente a las costas de Ghana y una gigantesca central térmica en Sudáfrica.

Las minas de oro plantean problemas diferentes. Las empresas mineras excavan pozos colosales y mueven cargamentos de rocas que depositan en cúmulos más altos que muchos edificios de oficinas. A continuación, rocían los promontorios con una solución de cianuro. El cianuro se amalgama con las diminutas partículas de oro y se filtra a una plataforma. La solución final se bombea a un molino, se refina y se convierte en lingotes de oro.

Este método, ampliamente utilizado en todo el mundo, está automatizado en su mayor parte y puede ser enormemente destructivo. Las balsas de “estériles” que contienen el residuo contaminado con cianuro pueden resquebrajarse y derramar una riada tóxica sobre las comunidades que viven aguas abajo, mientras que la lluvia puede arrastrar a los arroyos el peligroso desecho, además de metales pesados. El drenaje ácido procedente de las rocas expuestas suele perdurar mucho después del cierre de la mina.

“No conozco ningún caso en el que no haya habido algún problema de contaminación”, afirma Keith Slack, un experto en minería de Oxfam, un grupo de defensa de los derechos humanos.

Desde 2004, la IFC ha destinado 650.000 millones de dólares (583.000 millones de euros) a 26 proyectos mineros relacionados con el oro.

En Perú, el organismo aportó 23 millones de dólares (20,6 millones de euros) para construir Yanacocha a partir de 1993, y seis años más tarde financió una ampliación. Asimismo, posee una participación del 5% en la propiedad de la mina. (El accionista mayoritario es Newmont, con una participación del 51%. El resto de las acciones pertenecen a Buenaventura, un socio peruano).

En una declaración enviada por correo electrónico, el banco afirmaba que la minería ofrece “la mejor vía para salir de la pobreza” a muchos de los países más pobres del mundo.

“Los proyectos mineros con éxito pueden generar flujos de efectivo vitales para los Gobiernos, que estarán en condiciones de reinvertir en sanidad, educación y otros servicios básicos”, afirma la declaración. “A los puestos de trabajo generados directamente por la mina se añaden muchos otros que se generan indirectamente con los negocios locales”.

La familia Flores asegura que alguna de sus ovejas murieron de repente en 2013 envenenadas por los productos tóxicos que genera la mina. / Ben Hallman (The Huffington Post)

Yanacocha asegura que la mina proporciona 2.300 puestos de trabajo directos. La presencia de sus ejecutivos, que llenan la primera clase de los vuelos diarios que salen de Lima, ha supuesto un empujón para los taxistas, los propietarios de restaurantes y otros trabajadores del sector servicios.

Pero en los pueblos y las aldeas cercanos a la mina, la opinión dominante es que, mientras que las empresas extranjeras, los bancos y el lejano Gobierno de Lima se benefician de la explotación, a la población local le toca lidiar con el desastre social y ambiental.

Según las últimas cifras del Gobierno, el 53% de los habitantes de la provincia de Cajamarca, en la que se encuentra Yanacocha, viven por debajo del umbral nacional de la pobreza, situado en alrededor de 100 dólares (90 euros) al mes. A pesar de sus inmensas reservas de mineral, es la provincia más pobre de Perú.

Las autoridades locales no han contribuido a mejorar las cosas. Un estudio de 2012 afirma que la mayor parte de los impuestos transferidos al Gobierno regional no se ha gastado.

“Esto nos pone en una situación difícil”, asegura Javier Velarde, un portavoz de Yanacocha. “Nosotros no podemos cambiar el Gobierno”. Velarde señala que su empresa ha invertido 500 millones de euros en construir carreteras y mejorar el abastecimiento de agua, además de en otros proyectos sociales. Pero el gasto “no es lo bastante significativo como para suponer una gran diferencia”, recalca.

Ahora, Yanacocha y su matriz, Newmont, quieren excavar cuatro lagos de montaña cercanos y poner en explotación Conga, una mina de oro y cobre valorada en 4.300 millones de euros. Al igual que Yanacocha, Conga está en las tierras altas, concretamente en la cabecera de una cuenca fluvial que riega centenares de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas y abastece de agua potable a los pueblos y aldeas vecinos.

Newmont afirma que Conga es uno de los proyectos mineros más concienzudamente estudiados de la historia de Perú, y que un equipo formado por expertos diversos ha declarado que cumple con la normativa internacional.

Los que se oponen a la nueva mina no creen en las promesas de la empresa. “Agua y no oro” es uno de los gritos de guerra de los adversarios de la explotación, que temen que el proyecto contaminará las comunidades que viven aguas abajo.

En 2012, la policía mató a cinco personas que protestaban por la expansión a Conga. El mismo año, un sondeo de opinión reveló que cuatro de cada cinco habitantes de Cajamarca se oponían a la nueva explotación minera. Otra encuesta más reciente llevada a cabo por Yanacocha mostró que el apoyo había aumentado… al 37%.

“El oro que sacan de nuestra región está manchado de sangre”, sentenciaba Milton Sánchez, uno de los líderes del movimiento de protesta. “Los extranjeros se lo ponen en las orejas, en el cuello y en los dedos para estar guapos, pero su vanidad va a costa de nuestro sufrimiento. Hemos sido testigos de la destrucción de la cultura y del entorno. Están destrozando a nuestras familias”.

A unos 50 kilómetros de Cajamarca, subiendo por una serpenteante carretera de dos carriles, el rancho de los Flores ofrece un primer plano de la forma en que Yanacocha ha transformado profundamente las vidas y el paisaje. Los pastos verdes y ondulantes terminan de repente en la llaga intensamente roja de una montaña de la que se ha eliminado toda vegetación. Mientas la joven Elvira cuenta la historia de las ovejas muertas, un enorme camión minero pasa retumbando monte abajo.

Por la noche, las luces de la instalación centellean cerca, como un recordatorio de que la prometida riqueza de dos décadas de minería no ha alcanzado a la población local. Aquí la joyería de oro es un lujo inconcebible. Nadie tiene ni siquiera electricidad.

La mayor preocupación es también la mayor incógnita. Los científicos han observado que los niveles de los nocivos metales pesados han aumentado en los suelos y el agua de los alrededores de la mina. Yanacocha reconoce que anteriores análisis del agua ya habían puesto de manifiesto la existencia de problemas, pero declara haber gastado cientos de millones de dólares en modernizar sus plantas de tratamiento. La empresa explica que ha enseñado a los campesinos a tomar muestras, de manera que puedan verificar ellos mismos que el agua de la que dependen es segura. “Es importante ser transparente”, concluye Velarde.

Grandes inversiones, grandes riesgos

El Grupo del Banco Mundial aspira a poner remedio a la pobreza “extrema” financiando el desarrollo de las regiones más pobres del planeta. El objetivo es ambicioso. Más de 1.000 millones de personas de todo el mundo viven con menos de 1,25 dólares al día. Según la IFC, de aquí a 2020 los países en desarrollo necesitarán 600 millones de nuevos puestos de trabajo únicamente para mantener el ritmo del creciente aumento demográfico.

En los últimos años, los créditos concedidos por el Banco Mundial han contribuido a que se construyan carreteras que han conectado a poblaciones aisladas de Sri Lanka, han asegurado cultivos que han hecho que aumenten las cosechas de arroz en Sierra Leona, y han financiado un proyecto de paneles solares que ha llevado la electricidad a dos millones de hogares rurales y comercios en Bangladesh.

Las innovadoras políticas de protección creadas por el Banco Mundial y la IFC exigen que la entidad crediticia evalúe las inversiones en función de su impacto social y ambiental antes de financiarlas. Los Gobiernos y las empresas que reciben el dinero del banco están obligados a garantizar que las personas desplazadas reciban ayudas que les aseguren un nuevo lugar donde vivir y un nuevo empleo. También se les exige que eliminen, o al menos reduzcan al mínimo, la emisión de contaminantes.

“Cómo equilibrar el riesgo plantea un dilema”, señalaba Martyn Riddle, exasesor de la IFC en materia de medio ambiente. “¿Dónde hay que trazar los límites de un proyecto de interés comercial para una zona, frente a su huella ecológica y social?” El reciente aumento de los casos de alto riesgo muestra que los funcionarios del Banco Mundial cada vez están más dispuestos a apostar por que los beneficios de esos proyectos superan a sus considerables perjuicios.

La mina de Yanacocha ha generado desde 1993 más de 35 millones de onzas de oro. Es la más grande de Sudamérica y una de las más productivas del mundo. / Ben Hallman (The Huffington Post)

El BM y la IFC han financiado proyectos incluso en casos en los que Estados Unidos, máximo accionista de la entidad, ha puesto objeciones. En 2010, el Departamento del Tesoro declaraba que un crédito de 3.750 millones de dólares (3.370 millones de euros) a un tipo de interés inferior al del mercado para financiar Medupi, una central térmica de 4.800 megavatios en Sudáfrica, “devalúa la estrategia del Banco Mundial de contribuir a que los países alcancen el crecimiento económico y la reducción de la pobreza por vías sostenibles desde el punto de vista medioambiental”.

Se prevé que Medupi emita 25 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, más que la suma de las emisiones de docenas de países. (En la votación sobre la central, Estados Unidos se abstuvo, en lugar de oponerse abiertamente). Entretanto, el banco se ha comprometido a limitar la financiación de centrales térmicas a casos en que se den “circunstancias excepcionales”.

Una propuesta de presa en el río Congo, que drena gran parte de África occidental y es uno de los mayores cursos de agua del planeta, ilustra los pros y los contras de las gigantescas inversiones en infraestructuras. El año pasado, el Banco Mundial aprobó una concesión de 73 millones de dólares para ayudar al Gobierno congoleño a estudiar el impacto ambiental y social de la obra. La presa, conocida como Inga Ill, produciría una enorme cantidad de energía en un país que prácticamente carece de ella.

Sin embargo, los expertos en medio ambiente sostienen que los principales beneficiarios serían las compañías mineras y las fundiciones de aluminio. Los ecologistas también han expresado su preocupación por la posibilidad de que la represa del río provoque la desecación de un delta crucial que actúa como un sumidero de carbono en el que queda atrapado el primer gas responsable del calentamiento global.

Peter Bosshard, director de políticas de International Rivers, un grupo ecologista, calificaba la presa de “quimera”. “En apariencia es realmente atractiva, y llenará un montón de bolsillos privados y de funcionarios del Gobierno”, ironizaba, “pero nosotros no vemos que vaya a beneficiar a los pobres”.

Un legado de conflicto

Cajamarca es el centro neurálgico de la minería moderna en Perú. Hace 500 años, los conquistadores españoles capturaron allí al emperador inca Atahualpa y chantajearon a sus súbditos exigiéndoles 24 toneladas de oro y plata antes de estrangularlo.

Newmont, cuya sede está en Denver, identificó primero un rico filón intacto de yacimientos de mineral en las colinas que se elevan sobre la ciudad. Reunir el dinero para financiar una mina resultaba problemático. Sendero Luminoso, un grupo rebelde violento, tenía atenazado al país. Los bancos y las empresas extranjeras eran reacios a invertir en Perú. Newmont acudió a la IFC, que se especializa en dar créditos para lugares que otros evitan por miedo.

A comienzos de la década de 1990, los agentes de Yanacocha viajaron al corazón de los Andes para acaparar propiedades. Muchos vendedores, pobres y analfabetos, cuentan que no eran conscientes de que las rocas que había bajo sus campos encerraban una enorme riqueza. Otros afirman que sus vecinos vendieron fraudulentamente tierras que eran suyas.

Negritos, una comunidad en la que hay familias de La Pajuela, demandó a la compañía minera ante un tribunal peruano, alegando que la empresa había expropiado ilegalmente una extensión de terreno de casi dos veces el tamaño del neoyorquino Central Park. La demanda acusaba a las personas que se atribuían la representación de la comunidad de Negritos de no tener autoridad para negociar y de vender las tierras comunales sin tener derecho a ello por el injusto precio de 30.000 dólares.

Yanacocha impugnó las alegaciones, y el año pasado un juez peruano se puso de parte de la empresa y desestimó el caso. Negritos apeló la decisión y está esperando los resultados.

Cuatro meses después del acuerdo de venta, Yanacocha hipotecó la misma propiedad por 50 millones de dólares a International Finance Corp. y a un banco alemán. La mina produjo el primer lingote de oro ese mismo año de 1993. Pronto surgieron más fricciones por la duración de Yanacocha. Lo que se había previsto que fuese un proyecto a 10 años se prolongaba una y otra vez.

En 1999, en plenas restricciones a la financiación en Latinoamérica, la IFC concedió un crédito de 60 millones de dólares para facilitar la expansión. “No se prevén impactos significativos en los hábitats naturales debidos a las actividades del proyecto”, manifestaba el banco en una evaluación. “El historial de Yanacocha en materia de seguridad concuerda con la normativa internacional y ha mejorado con el tiempo”. Los acontecimientos del año siguiente desmintieron esta afirmación.

En enero de 2000, miles de campesinos llenaron la plaza central de Cajamarca para protestar contra la mina y las ampliaciones previstas. Los arroyos que antes corrían transparentes se habían vuelto turbios y pestilentes, decían. Poco antes, el Ministerio de Pesca había informado de que más de 21.000 truchas habían muerto debido a que la escorrentía ácida había llegado a dos ríos que pasan cerca de Yanacocha.

Seis meses después, un camión que transportaba mercurio de la explotación derramó más de 130 kilos del peligroso metal a lo largo de la carretera de Cajamarca cuando se agrietó uno de los bidones que lo llevaba. Más tarde los investigadores dictaminaron que el contenedor nunca se debería haber usado como para desechos tóxicos.

Creyendo que podría ser valioso, muchos lugareños recogieron el mercurio y se lo llevaron a casa. En los días siguientes, alrededor de 1.000 personas presentaron síntomas de intoxicación. Más tarde, los investigadores de la IFC reprocharon a Yanacocha su “falta de respuesta sistemática y eficaz” tras el accidente, y declararon que la empresa no había cumplido las normas internacionales relativas a la seguridad del transporte de sustancias peligrosas.

“El vertido inclinó la balanza en contra de Yanacocha”, decía un habitante de Cajamarca a los entrevistadores de la Oficina del Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia de la IFC, creada en 1999 para ayudar a resolver disputas entre las empresas respaldadas por la corporación y las comunidades vecinas. “A mucha gente, sobre todo de la ciudad, en realidad no le importaba lo que estaba sucediendo en el campo a los que vivían cerca de la mina. Cuando se enteraron de que ellos también podían envenenarse con la contaminación empezaron a preocuparse”.

Al año siguiente, un grupo indígena se quejó ante el defensor de que Yanacocha estaba causando daños a las tierras y el agua de los pueblos de la zona. En respuesta a la reclamación, la oficina convocó una mesa de diálogo entre la compañía y los airados agricultores y lugareños.

Un estudio efectuado en el marco de la mesa encontró que algunos arroyos contenían elevados niveles de metales pesados, nitratos y otras sustancias nocivas. El informe, elaborado por hidrólogos de Stratus Consulting, detectó que “en algunos lugares se superaban” los patrones de referencia de la calidad del agua, lo cual planteaba un “problema a largo plazo”. No obstante, según el estudio no había peligro a corto plazo para las personas.

En un momento dado, los participantes en la mesa propusieron un “sistema de alerta rápida” que establecía la elaboración de informes mensuales en las zonas críticas en las que persistiese el problema de la calidad del agua. Nunca se hizo. El defensor atribuyó la responsabilidad a “las limitaciones de recursos y la debilidad de las instituciones en el seno de la mesa”.

La oficina puso fin a la queja y a la mesa sin dar nunca una respuesta satisfactoria para las comunidades locales a la cuestión fundamental de si su agua estaba contaminada.

A lo largo de ese periodo, Yanacocha restó importancia a los riesgos del vertido de mercurio y a la contaminación del agua, pero, entre bastidores, los ejecutivos de su matriz, Newmont, mostraban inquietud por la corriente de publicidad negativa que rodeaba a una de sus inversiones más importantes. Después del derrame de mercurio, Newmont envió a Larry Kurlander, veterano vicepresidente de la empresa, a relizar una inspección de la mina. Lo que vio allí le hizo alarmarse.

Elmer Campos fue disparado por la policía en 2011 mientras protestaba contra un proyecto minero en Yanacocha. / BEN HALLMAN (The Huffington Post)

Según los documentos obtenidos en el marco de una investigación llevada a cabo en 2005 por Frontline y The New York Times, Kurlander descubrió que los campesinos tenían motivos para preocuparse. Advirtió a los altos cargos de Newmont de que la empresa había infringido las normativas medioambientales a una escala enorme, y de que las malas prácticas con las que se había encontrado eran tan graves que el equipo directivo estaba en peligro de “procesamiento penal o encarcelamiento”. “Estamos incumpliendo nuestros propios permisos de explotación… y ese incumplimiento tiene lugar prácticamente el 100% de las veces”, escribía. Kurlander, actualmente jubilado, no ha respondido a los mensajes telefónicos que se dejaron en su domicilio.

A raíz del estudio del agua, Yanacocha gastó cientos de millones de dólares en modernizar una planta de tratamiento y en idear un nuevo método para capturar y filtrar la escorrentía de la mina, refería Velarde, portavoz de Yanacocha. “No es todo perfecto, de vez en cuando tenemos problemas, sobre todo en la época de lluvias, pero informamos inmediatamente de ellos a las comunidades”, insistía.

Víctor Mendoza, líder de una cooperativa agrícola de una minúscula comunidad de Negritos llamada Extrema decía que, puntualmente, la empresa se ha esforzado en mejorar las relaciones construyendo un tejado nuevo para la escuela de su hijo en un caso y dando una cabra a cada una de las 79 familias de Extrema en otro.

Estas donaciones no han servido en absoluto para mitigar su preocupación por lo que la escorrentía de la mina está provocando en el agua sin filtrar que sus tres hijos y otros miembros de la familia cogen de un arroyo que fluye desde las zonas altas cercanas al punto donde se encuentra Yanacocha. Mendoza explicaba que sus animales, que también beben agua del arroyo, tienen tasas de aborto muy altas.

Su comunidad, refería este hombre de 32 años, está desecha por décadas de incertidumbre y desavenencias sobre Yanacocha. “Llevamos discutiendo sobre ello desde que éramos niños”, recordaba.

En noviembre de 2011, agentes de policía pluriempleados por la empresa minera dispararon gases lacrimógenos, balas de goma y munición real contra una multitud de campesinos que había instalado un campamento de protesta cerca de Conga, la mina que la empresa espera poner en explotación con el apoyo de la IFC. Elmer Campos sintió el impacto de la bala en su espalda cuando se inclinó para ayudar a un amigo al que habían disparado. Perdió un riñón y el bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal que lo dejó paralizado de cintura para abajo.

Ahora, Campos pasa sus días en una herrumbrosa silla de ruedas dentro de una habitación diminuta. Su esposa trabaja duramente en lo que queda del rancho familiar, que han ido dividiendo en parcelas y vendiendo para pagar el tratamiento médico. Cuenta que el dolor nunca se va. “Por la noche apenas puedo dormir. No puedo andar ni salir. Estoy preso en mi propia casa”.

El verano después de que le disparasen, la policía nacional abrió fuego contra otra multitud de manifestantes y mató a cinco personas, entre ellas un chico de 16 años. La policía alegó que habían intentado asaltar las oficinas del Gobierno provincial de la ciudad de Celendín, partidario de la mina.

Los tiroteos fueron noticia internacional, y en Perú recibieron una condena generalizada. A consecuencia de ello, Newmont suspendió el proyecto Conga indefinidamente.

Más adelante, ese mismo año, la empresa dio el inusual paso de hacer pública una petición formal de perdón por sus acciones del pasado. “No nos sentimos orgullosos del estado actual de nuestras relaciones con la población de Cajamarca”, escribieron los ejecutivos en diciembre de 2012. “Deseamos aprovechar la ocasión para reconocer los errores que hemos cometido en la forma de comportarnos y de dirigir el negocio”.

Velarde afirmaba que, en los últimos años, la empresa se ha esforzado por impulsar el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, ha empleado a más contratistas locales, de manera que la zona participe más completamente de la prosperidad económica que ha traído la mina. “La verdad es que en el pasado la empresa no se esforzó lo suficiente para que la gente del lugar tuviera los máximos beneficios”, reconocía.

Los ejecutivos de Yanacocha siguen queriendo construir una nueva mina. En los pozos existentes el oro se está agotando. Según la empresa, se espera que las reservas que quedan duren unos cinco años más. La empresa y su matriz, Newmont, sostienen que un informe de evaluación ambiental de 27.000 páginas demuestra que Conga, que tiene unas reservas de más de seis millones de onzas de oro y unos depósitos de cobre mucho mayores, es segura. El informe, redactado para Newmont por una consultora en 2010, concluía que la mina “no tendrá impacto significativo aguas abajo”.

Newmont indica que se calcula que la explotación proporcionará 2.700 millones en impuestos y derechos, y garantizará miles de puestos de trabajo. Varios evaluadores independientes han calificado el estudio sobre el impacto ambiental de confuso, engañoso e incompleto. Robert Moran, un especialista contratado por el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, que defiende a los que luchan por proteger el entorno en los países en desarrollo, calificó el estudio de receptáculo de “medias verdades y opiniones interpretadas incorrectamente”.

Yanacocha recalca que no seguirá adelante con la mina hasta que no tenga la “autorización social” de la población de la zona. Según Velarde, se prevé que hasta finales de año no haya una decisión final sobre cómo proceder. Mientras tanto, Yanacocha está construyendo presas que asegura que compensarán la pérdida de cuatro lagunas en Conga. Si el proyecto se lleva a cabo, los pequeños lagos se destruirán o se convertirán en depósitos de residuos.

Los ejecutivos se han trasladado a Cajamarca y en este momento están en primera línea de una campaña de relaciones públicas que ha incluido el patrocinio de un programa de pintura para escolares y el empleo de más contratistas de la zona como proveedores de la mina, informa Velarde. “Todavía no estamos donde queremos estar, pero vamos progresando”, resume.

En una declaración por correo electrónico, la IFC afirma tomarse en serio los riesgos asociados con la minería. “En el caso de Yanacocha, nuestro cliente se ha comprometido a mejorar la situación sobre el terreno”, especificaba el banco. “Nuestra constante colaboración con clientes comprometidos puede distinguirnos como vehículo de un impacto positivo en el desarrollo”. La IFC “valorará qué papel nos corresponde desempeñar con los socios del proyecto en la propuesta mina de Conga cuando llegue el momento adecuado”, añade.

Vecinos

Cuando las ovejas de los Flores murieron en otoño de 2013, funcionarios de la agencia agraria de Perú analizaron los órganos de los animales y el agua de los arroyos locales en busca de toxinas. Según la empresa minera, los resultados no fueron concluyentes.

Yanacocha compensó a Felipe Flores por el ganado perdido, a pesar de que —de acuerdo con la versión de la compañía— el relato de la familia es incorrecto en un detalle clave.

Omar Jabara, portavoz de Newmont, puntualizaba en un correo electrónico que los animales bebieron de un charco con fluido tóxico cerca de una planta de procesado situada en terrenos de la compañía, al otro lado de una valla que había sido cortada, y no de un arroyo, como afirma la familia. La “causa probable” de las muertes fue que bebieron del charco contaminado, opinaba Jabara.

“En varias ocasiones se ha pedido al propietario de las ovejas que no entre en la propiedad o atraviese el perímetro con su rebaño para que paste en los terrenos de la empresa”, refiere.

Expertos en toxicología explicaron a The Huffington Post que el incidente descrito por Flores podría ser consecuencia del vertido accidental de una toxina, como el cianuro, en un curso de agua. Informan de que ese tipo de vertidos pueden dejar pocas evidencias, y a no ser que el análisis se haga inmediatamente después, es posible que, sencillamente, con el tiempo, el agua se lleve el veneno. Mientras tanto, los interrogantes sobre la contaminación del agua siguen abiertos.

El ganado pasta cerca de la mina. Los campesinos aseguran que beben agua contaminada por los productos tóxicos que genera. / Ben Hallman (The Huffington Post)

En 2014, especialistas en seguridad alimentaria de la Universidad de Barcelona encontraron niveles altos de plomo, cadmio y otros metales pesados en los alimentos y el agua de comunidades próximas a Yanacocha. Los registros más altos correspondían a las cercanías de La Pajuela. Estos metales se asocian con altas tasas de cáncer e insuficiencia renal, así como con enfermedades cardiovasculares. “Es razonable aconsejar a los habitantes de La Pajuela que no beban de sus fuentes de agua”, concluía el informe.

Un asesor ambiental contratado por Newmont para revisar el estudio de Barcelona lo calificó de “básicamente defectuoso”.

En diciembre, funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de Perú hicieron público un estudio que señalaba que había habido una filtración de agua contaminada de la mina a la comunidad de San José, cerca de La Pajuela. Yanacocha también puso en duda estas conclusiones.

En la actualidad, el defensor del pueblo de la IFC está estudiando varias demandas relacionadas con litigios sobre tierras en los que está involucrada Yanacocha. El banco no ha revisado el asunto de la contaminación del agua en más de una década, pero afirma que las lecciones aprendidas después del vertido de mercurio “se incorporaron directamente” a la mejora de sus normas de actuación.

En la carretera que lleva al rancho, Yanacocha ha puesto una señal verde como las que se suelen ver en Estados Unidos recordando a los conductores que no tiren desperdicios o que respeten los límites de velocidad. “Los seres humanos somos los únicos guardianes de nuestro entorno natural”, dice. “Conservémoslo”.

Ahora, Felipe Flores se trae el agua de más arriba de Cajamarca, a una hora en coche. Pero sus animales siguen bebiendo del arroyo, y sus hijos siguen bebiendo la leche y comiendo el queso que estos producen. Y lo mismo pasa con el resto de Perú. Flores explica que vende alrededor de 60 litros de leche al día a Nestlé, que distribuye productos agrícolas por todo el país.

Cuando era joven, recuerda, recibió la mina de oro con entusiasmo. Incluso trabajó un tiempo para la empresa. La realidad que hay detrás de esa clase de explotación le hizo cambiar de parecer. “No son los vecinos que dijeron que serían”, concluye.


Por: Luis Davelouis / (Perú 21)

¡Queremos orden! ¡Que se respete la ley! ¡Nadie puede enfrentarse al Estado sin consecuencias! ¡La violencia es monopolio del Estado! ¡Mano dura! ¡Palo! ¡Cárcel! ¡Bala!

Pero si el presidente de Capeco le roba arteramente al Estado, callo. Si el felón que está en Barbadillo arma una cebichada multitudinaria en su cárcel, soy mudo. Si a Pluspetrol se le derraman los tóxicos cada 15 días, miro al techo. Si las mineras contratan a la Policía como si fueran guachimanes a destajo con armas del Estado, no oigo. Cualquiera diría que soy un conchudo, un convenido y un lambiscón.

No es que las protestas se enfrenten al Estado ni reten a la autoridad. Tampoco que cunda la anarquía (¿?) o se incumpla la ley (o sea, exigen que se expulse a una jueza porque no les gustó el fallo), y tampoco que se impida la actividad económica que le tira un hueso al Estado y a la Policía para que no se metan con ellos. A muchos de los que piden mano dura, estas cosas no les interesan.

Les arde que esos mismos indios a los que antes se podía matar impunemente con francotiradores, esos cuasianalfabetos y salvajes, sean hoy ciudadanos con derechos y la posibilidad de exigirlos. Les jode que protesten cuando los pisan, se quejen cuando les pegan y devuelvan el golpe cuando los atropellan. Añoran la mita.

Hace casi un año, con un amigo y colega hicimos un mapeo de situaciones de riesgo en las regiones con actividad hidrocarburífera y encontramos que en Pichanaki ya hacía tiempo que se estaba armando el problemón que reventó en febrero. Nadie dijo ni hizo nada hasta que la gente salió a protestar. Uno no toma la calle ni va al paro porque es divertidísimo que le lancen gas y lo golpeen o lo maten, sale porque todo lo demás fracasó. No seamos idiotas.


TODOS LOS MEDIOS DAN POR HECHO QUE EL INCENDIO FUE OCASIONADO POR “MANIFESTANTES”. ¿SERÁ VERDAD, O SERÁ OTRA PRUEBA “SEMBRADA”? (FOTO: EL COMERCIO)

Por: Paul E. Maquet.(RUNA)

En cualquier guerra, la primera víctima es la verdad. Esta famosa frase cae como anillo al dedo para el conflicto socioambiental en el Valle del Tambo, en Arequipa. Cualquier ciudadano que no se encuentre directamente en el lugar de los hechos o tenga acceso a fuentes muy directas debería preguntarse ¿en quién demonios puedo creer? Incluso estando en el mismo lugar de los hechos, o contando con fuentes directas, la información es tan confusa y contradictoria y la propaganda tan abundante, que uno puede tener serias dudas sobre una u otra versión.

El bus incendiado fue la noticia preferida de ayer. ¿Es verosímil? Dado el nivel de violencia de los enfrentamientos de los últimos días, sí es verosímil. Ahora bien, los medios fueron muy rápidos para difundir el hecho y mostrar imágenes del bus incendiado, pero hasta donde pude buscar no hay imágenes del momento mismo de los hechos, donde se vea a manifestantes atacar el vehículo. No hay manera de verificar, pues, si efectivamente los titulares que dicen “Opositores a Tía María incendiaron un bus en Matarani”. Por ello, ahora en redes pro-manifestantes circula la versión de que sería un hecho sembrado. ¿Es verosímil? Tras el verduguillo sembrado al señor Antonio Coasaca, sí es verosímil.

¿PODEMOS CONFIAR SIMPLEMENTE EN QUE “LAS IMÁGENES HABLAN” DESPUÉS DE HABER SIDO TESTIGOS DE ESTA GROSERA MANIPULACIÓN ARMADA POR LA POLICÍA? (FOTO: DIARIO CORREO)

Ambas cosas son gravísimas. Si los manifestantes están actuando como “turba” y están incendiando buses, se trata de un delito y deben ser detenidos; además si la situación en la zona es esa, la justificación para declarar el Estado de Emergencia está servida. Por el contrario, si nuevamente la Policía ha sembrado una prueba falsa en complicidad con la prensa –o en todo caso sorprendiendo a los periodistas- también se trata de un hecho muy grave que pone en tela de juicio toda la actuación del Estado en la zona y justifica el pedido de los dirigentes: que la Policía sea retirada de la zona como condición para retomar el diálogo.

Lo mismo ocurre con el audio de Pepe Julio Gutiérrez. Si el dirigente está realmente negociando el fin de la protesta a cambio de dinero, es un acto gravísimo que debe ser sancionado no solo por el Poder Judicial, sino en primer lugar por la población del lugar que le ha confiado un rol de representación. ¿Es verosímil? Para quienes lo conocen desde hace muchos años en el marco del movimiento ambientalista, es poco verosímil y significaría un desengaño muy crudo. Hay varios argumentos que le restan verosimilitud, entre ellos la notoria edición del audio que tiene varios cortes y una alta calidad. Además, ¿por qué ahora y no durante el primer conflicto, hace cuatro años? Si lo que buscaba era plata, hace varios años hubiera podido obtenerla, como de hecho hacen muchos dirigentes y seudodirigentes en otros contextos. Pero la denuncia no es del todo inverosímil: para empezar, está el audio, y por más edición que haya las palabras que se escuchan allí son claras; y precisamente este tipo de comportamiento corrupto sí se ha visto en otros líderes sociales, así que tampoco sería algo inédito.

Otros hechos y discursos de los días recientes también forman parte de la guerra informativa: el calificativo de “terroristas antimineros” y la asociación libre que hacen algunos congresistas con Abimael Guzmán (lo que debiera ser motivo para una demanda judicial por difamación), las declaraciones de los ministros que señalan a los dirigentes como “delincuentes”, los audios y videos de manifestantes reclamando “sangre”, las declaraciones de la gobernadora regional sobre cómo quienes están a favor del proyecto serían agredidos en sus domicilios, así como videos que circulan en las redes donde se ve a la Policía cometiendo actos de brutalidad total y destruyendo propiedad privada (por ejemplo, la moto de un agricultor) y propiedad pública (por ejemplo, los teléfonos públicos de Cocachacra, para supuestamente acusar a los manifestantes de ello). ¿A quién le creemos? Es obvio que hay muchos intentos de manipulación de la opinión pública, y que hay mucho interés del lado más poderoso (el de la empresa interesada en el proyecto y el Estado que maneja la fuerza policial) por justificar mayor “mano dura” para imponer el proyecto. También es obvio que ha habido hechos de violencia por parte de los manifestantes, hay policías heridos y enfrentamientos a diario.

Pero si esto pasa con el “anecdotario” del conflicto, peor aún con el fondo del mismo: el verdadero impacto ambiental del proyecto y las externalidades que pueda generar la actividad minera sobre la importante actividad agrícola del valle. ¿Qué sabemos “objetivamente” de ello? Hace cuatro años el estudio de impacto ambiental recibió más de 130 observaciones de un organismo internacional. Según el Ministerio de Energía y Minas, el nuevo estudio ha subsanado esas observaciones. Pero aquí viene el problema: las observaciones internacionales lo que mostraron fue precisamente la –para ser benévolos- poca acuciosidad del Ministerio del sector para evaluar estos estudios. ¿Cómo confiar que ahora sí lo han revisado bien? Fue esta duda la razón por la cual Humala prometió en campaña que un organismo independiente se encargaría de este tipo de revisión, y fue por ello que se creó el SENACE que sin embargo no ha revisado este estudio. Más aún: el nuevo EIA fue revisado bajo la vigencia del decreto 060 dictado en 2013 que redujo considerablemente los plazos para la revisión de estos documentos, y tras una audiencia pública que se realizó con la ciudad prácticamente tomada por la Policía y a la cual los opositores al proyecto no fueron permitidos de ingresar.

Así pues ¿hay un nuevo EIA aprobado? Sí. ¿Eso basta para despejar las dudas? Tal como han sido los procedimientos, que han sido los mismos o peores que los de 2011, parece que no. Sin embargo, los medios suelen omitir esta información en el marco de esta guerra informativa.

Ojo: es importante remarcar que los estudios de impacto ambiental nunca dicen algo como “no hay ningún tipo de impacto”, así que los discursos acerca de que “no hay impactos negativos” no tienen base científica. Los EIA lo que hacen es evaluar los impactos que se producirán, proponer acciones para mitigarlos y luego estimar si el resultado será “muy significativo”, “significativo” o “poco significativo”. Así pues, al final es una cuestión de estimación y hay abundante literatura que cuestiona la objetividad de dicha estimación en un contexto en que tanto el Estado como la empresa buscan que los proyectos extractivos se realicen. Los agricultores no solo disponen de una serie de antecedentes que demuestran cómo esas estimaciones fueron erradas para anteriores proyectos o cómo la fiscalización no garantizó que se cumpliera lo prometido: aún más, saben que si el EIA subestima los impactos ellos perderán su medio de vida, por lo cual no debe sorprender que estén dispuestos a dar incluso su vida en esta resistencia.

¿Cuánto de este debate puede ser conocido a través de los medios? En medio de la guerra informativa somos testigos de la descalificación, la caricatura, la simplificación pero los medios y los actores políticos no nos ofrecen las herramientas para construir una opinión más o menos justa y objetiva del conflicto.

Hablando específicamente del conflicto, éste ha escalado a tal grado que lo único que cabe exigir es una tregua completa para iniciar un diálogo con la calma necesaria para que el mismo sea fructífero. Ello implica por supuesto: suspender el proyecto, suspender el paro y retirar a la Policía. Las tres son condiciones necesarias, pues de lo contrario se trata de un diálogo bajo tensión y amenaza constante.

Y hablando del rol de la prensa, cabe demandar que los periodistas no sean meros partícipes de una guerra por la manipulación de la opinión pública, sino profesionales que permitan a la ciudadanía las herramientas para entender de manera más completa el conflicto, especialmente el fondo del mismo, que no es otro que un debate en torno al modelo de desarrollo.


Policía recibirá el apoyo del Ejército (Foto: La República / Manuel Berríos)
Policía recibirá el apoyo del Ejército (Foto: La República / Manuel Berríos)
Pérez Guadalupe no descartó que la provincia se declare en estado de emergencia en el futuro.

Esta mañana el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, indicó que lasFuerzas Armadas ingresarán a la provincia arequipeña de Islay; donde se lleva a cabo una paralización en contra del proyecto minero Tía María. No obstante, resaltó el ministro, la Policía Nacional aún tiene el control de la situación.

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“El gobierno ha tratado siempre de actuar con previsión, luego de una evaluación de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas salió la decisión de aplicar esta medida (…) para la protección de instalaciones estrategicas y que garantice el funcionamiento de los servicios esenciales”, dijo.

Guadalupe dijo que la decisión se basa en el Decreto Legislativo 1095 que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en territorio nacional.

De acuerdo al congresista Omar Chehade (Gana Perú),a la presencia de las Fuerzas Armadas evitarán que ocurra otro “Baguazo”, pues sostiene que brindará apoyo a la Policía Nacional.

“Se está queriendo salvaguardar la integridad fisica, la salud de los pobladores y la Policía Nacional”, dijo.

Por su parte la parlamentaria Lourdes Alcorta sostuvo que el Gobierno tiene que terminar con la situación de Islay y restablecer la tranquilidad. Indicó que hay delincuentes, a los que calificó como enemigos de la patria, que engañan a los agricultores. “Hay derecho a la protesta, pero no a esclavizar ni matar”,sostuvo.

A continuación la resolución suprema que autoriza la intervención de las FF.AA. en Islay:

Fuente: La República