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– ¿Otra provocación del gobierno a las comunidades?

Servindi, 17 de enero, 2015.- Una disposición que vulnera el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas, el derecho a su autonomía y el derecho a la consulta previa fue introducida en el Decreto Supremo 001-2015-EM expedido por el Ministerio de Energía y Minas el 6 de enero.

La norma reglamentaria pretende que las juntas directivas de comunidades campesinas otorguen la autorización para el uso de los terrenos superficiales de las comunidades, quitando, esta facultad a las asambleas comunales.

Asó lo advirtieron de forma contundente los abogados Álvaro Másquez Salvador y Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) al analizar el artículo 3.1.c.iii del citado decreto y que calificaron de inconstitucional.

Lo cuestionable es que establece que será la Junta Directiva, y no la Asamblea Comunal, la que decidirá aprobar la realización de actividad minera en su territorio.

Tal disposición es arbitraria e inconstitucional porque no ha sido consultada, intenta a través de un decreto supremo modificar normas con rango de ley y “constituye una manifiesta y clara intromisión del Gobierno en la autonomía y el autogobierno de las comunidades campesinas, reconocido en normas constitucionales”.

La cuestionada disposición no tiene rango legal para derogar o modificar la Ley N°24656 que establece que solo tienen derecho a votar los comuneros calificados y no los comuneros en general, advierten los analistas.

A continuación el análisis del IDL:

Gobierno aprueba norma que consagra intromisión en autonomía de Comunidades Campesinas

Por Álvaro Másquez Salvador y Juan Carlos Ruiz Molleda

Se trata del Decreto Supremo N° 001-2015-EM, que aprueba disposiciones para procedimientos mineros que impulsen proyectos de inversión, emitido por el Ministerio de Energía y Minas y publicado en El Peruano el 6 de enero del 2015. El objetivo de la norma es agilizar los procedimientos administrativos para el otorgamiento de concesiones de beneficio, de inicio de actividad de exploración y explotación en concesiones mineras. (1)

Lo cuestionable es que se establece que será la Junta Directiva, y no la Asamblea Comunal, la que decidirá aprobar la realización de actividad minera en su territorio. Esta disposición es arbitraria e inconstitucional, no solo porque no ha sido consultada y porque se intenta a través de un decreto supremo modificar normas con rango de ley que establecen que esa decisión le corresponde a la Asamblea Comunal, sino porque constituye una manifiesta y clara intromisión del Gobierno en la autonomía y el autogobierno de las comunidades campesinas, reconocido en normas constitucionales.

La norma que se comenta es el artículo 3.1.c.iii del Decreto Supremo N° 001-2015-EM, donde se señala que en el procedimiento de concesión de beneficio, en los casos en que se trate de terrenos superficiales que son propiedad de comunidades campesinas, el solicitante deberá presentar copia legal del acta de la junta directiva de la comunidad en la que se otorgue la autorización del uso del terreno superficial y la designación de los representantes comunales. Como es posible advertir, la norma reglamentaria pretende que las juntas directivas de comunidades campesinas sean quienes otorguen la autorización para el uso de los terrenos superficiales de las comunidades, quitando, arbitrariamente, esta responsabilidad de las facultades otorgadas a las asambleas comunales.

En tal sentido, la norma reglamentaria resulta inconstitucional, toda vez que vulnera el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas consagrado en el artículo 88 de la Constitución. Igualmente, pretende derogar, en forma tácita, el artículo 7 de la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, que señala que las tierras de las comunidades «por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad».

Del mismo modo, la norma reglamentaria intenta derogar, como señala el pronunciamiento de la Red Muqui, el artículo 11 de la Ley N° 26505, que establece enfáticamente que «para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad».

Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Política es clarísimo: «La ley se deroga solo por otra ley», y, como se ha señalado, el artículo 3.1.c.iii del Decreto Supremo N° 001-2015-EM no tiene rango legal, por lo que no puede derogar o modificar el contenido de la Ley N°24656. Por ello, se vulnera el principio de supremacía normativa de la Constitución Política. Como consecuencia, la norma reglamentaria deberá ser declarada inconstitucional y, por tanto, derogada.

Además, según los artículos 6 y 7 de la Ley N° 24656, solo tienen derecho a votar los comuneros calificados (y no los comuneros en general); es decir, tienen derecho a votar aquellos quienes conducen un predio, por tal motivo tienen derecho a voz y voto. La disposición de tierras no es una atribución de la asamblea comunal en pleno, sino, solo de los comuneros calificados que la conforman.

Por otro lado, la elaboración del Decreto Supremo N° 001-2015-EM se realizó sin haber consultado en forma previa a las comunidades campesinas, a pesar de que son éstas quienes deberán otorgar su autorización para el desarrollo de las actividades mineras y las que, eventualmente, pudieran verse afectadas por las mismas. En consecuencia, se ha vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades campesinas, derecho consagrado en el artículo 6 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Ley Nº 29785 que aprobó la ley de consulta previa.

Pero eso no es todo.

Las comunidades campesinas son autónomas a la hora de decidir sus asuntos internos, y adoptan decisiones de acuerdo a sus costumbres. El Estado no puede intervenir en ese proceso, pues la propia constitución lo ha establecido. En ese sentido, existe una violación al derecho al autogobierno y a la autonomía en los asuntos internos de los pueblos indígenas, pues el Gobierno está imponiendo una forma de decisión al margen de las instituciones de estos pueblos. Este derecho está recogido fundamentalmente en el artículo 89 de la Constitución, y puede también ser desprendido del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

La primera norma establece que las comunidades campesinas y nativas son autónomas “en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece”. Sin embargo, la norma que mejor regula esta concreción de la libre determinación es el artículo 4 de la DNUDPI, que precisa que “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”. Algunos hablan del derecho de los pueblos indígenas a mantener y ejercitar sus formas de gobierno y organización social (2).

En todo caso, deberá de interpretarse esta disposición de conformidad con el artículo 18 de la DNUDPI, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a “mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”. Asimismo, dicha norma debería de ser interpretada en consonancia con el artículo 8.2 del Convenio 169 de la OIT, cuando precisa que los pueblos indígenas “deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. De igual manera, esta norma debe ser interpretada en concordancia con el artículo 5.b del mismo Convenio, que establece que “deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de esos pueblos”.

Si tenemos en cuenta que el territorio es un elemento central en la vida de los pueblos indígenas, es evidente que deben ser los pueblos quienes de acuerdo a sus costumbres deben decidir lo que consideran más adecuado para ellos, y en todo caso, esta decisión debe (por lógica) ser tomada por el máximo órgano de una comunidad campesina y no por la Junta Directiva de una comunidad campesina, la cual es fácilmente controlable. Esta exigencia solo se comprende si se tiene en cuenta que el derecho al territorio no constituye un derecho más. El territorio es una condición de subsistencia de los pueblos indígenas, es una condición para el ejercicio de los derechos culturales y espirituales, tal como lo reconoce el propio artículo 13.1 del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia vinculante de la Corte IDH(3).

Todo ello nos hace concluir que el artículo 3.1.c.iii del Decreto Supremo N° 001-2015-EM, emitido por el Ministerio de Energía y Minas, es inconstitucional, al vulnerar el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas (y con ello, sus derechos a la autodeterminación y el autogobierno), el derecho a su autonomía así como el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Notas:

(1) Ver el pronunciamiento “Modificaciones al Reglamento de Procedimientos Mineros afectan derecho a la propiedad de comunidades campesinas”, difundido por la Red Muqui el 14 de enero del 2015.

(2) Roque Roldán Ortega, Manual para la formación en derechos indígenas. Territorios, recursos naturales y convenios internacionales, COICA, Inwent, Alianza del Clima, Quito, 2004, pág. 211.

(3) Corte IDH, Caso Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia de fondo, párr. 137.

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Fuente: Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1526


Imagen: Minería & Energía

– Primer decreto del año del Minem reduce estándares ambientales y sociales.

Servindi, 17 de enero, 2015.- Una nueva norma expedida el 6 de enero para impulsar la inversión en proyectos mineros afectaría derechos de las comunidades campesinas al modificar y hacer más débiles algunos requisitos y procedimientos.

Así se desprende del análisis que realiza la abogada Ana Leyva al analizar las modificaciones que introduce en el art. 35 del Reglamento de Procedimientos Mineros y sus modificatorias el Decreto Supremo 001-2015-EM expedido el 6 de enero de 2015 por el ministerio de Energía y Minas.

La abogada observa que reemplazar la autorización comunal para uso del terreno superficial de la comunidad por un documento de fecha cierta expedida por ésta “podría interpretarse como si cualquier documento podría ser válido, lo cual no es correcto”.

Al respecto precisa que de acuerdo al artículo 11 de ley 26505, Ley de Tierras, cualquier acto de disposición sobre tierras comunales debe contar con el acuerdo previo de la asamblea general, con un voto favorable de no menos los dos tercios de todos los miembros de la comunidad.

“Es decir, se requiere de la copia legalizada del acta de dicha asamblea. Ningún otro documento expedido por la comunidad puede sustituirlo” indica Ana Leyva.

Otra factor de preocupación es incluir como requisito que la Junta Directiva autorice el uso del terreno y designe al representante que suscribirá el acto de disposición, pues genera confusión.

Ello debido a que es la asamblea general de la comunidad, la máxima instancia en la toma de decisiones y la única que puede emitir la autorización para el uso del terreno superficial, con una mayoría calificada.

También preocupa la reducción de 60 a 15 días el plazo en los procedimientos de las otras autorizaciones pues este factor presionará de forma desmedida a la autoridad administrativa sin que existan las condiciones para hacer adecuadamente su labor.

Otros cambios conciernen a la eliminación del requisito de monitoreo ambiental y que ya no tendrá que seguirse el procedimiento de modificación de concesión de beneficio en determinados procesos.

El tema es delicado si consideramos que de acuerdo a los reportes de la Defensoría del Pueblo la minería es la principal actividad responsable de los conflictos socio ambientales en el Perú. De los 210 conflictos reportados en diciembre de 2014 130 eran de carácter socioambiental, de los cuales el 69 por ciento estaban relacionadas con actividades mineras.

Lea a continuación el analisis de Ana Leyva:

Continúan los cambios en los procedimientos mineros: ¿Desregulación o simplificación administrativa?

Por Ana Leyva V.

El 6 de enero de 2015 se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo 001-2015-EM, el cual establece disposiciones para impulsar la inversión en proyectos mineros a través de modificaciones en los requisitos para la obtención de la concesión de beneficio(1) y la autorización del inicio o reinicio de actividades de exploración y explotación; así como en los procedimientos para su aprobación.

¿Cuáles son los cambios que preocupan? A continuación presentamos los principales temas que generan interrogantes y sobre todo preocupación:

– El permiso para el uso del terreno superficial y otros requisitos.

El artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Mineros y sus modificatorias establecía los siguientes requisitos específicos para la obtención de una concesión de beneficio: a) la presentación de una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones principales, auxiliares y complementarias; b) copia del cargo de presentación del EIA; c) la autorización de uso de aguas y d) el documento que acredita que el solicitante cuenta con la autorización para construir la planta en un terreno de propiedad privada.

La nueva norma deroga el último literal del artículo citado y lo remplaza por otras disposiciones (art. 3.1), que son mucho más detalladas y que distinguen entre propietarios en general y comunidades campesinas, así como entre quienes tienen la propiedad inscrita y los que no la tienen. Este artículo también se aplica en los procedimientos de aprobación de las otras autorizaciones comprendidas en el decreto supremo.

Para el caso de la comunidad campesina con título de propiedad inscrito, los requisitos consisten en adjuntar: i) la copia literal de la partida registral de la inscripción del terreno con no más de 30 días de antigüedad; ii) la copia literal de la partida registral de la inscripción de la comunidad campesina; iii) la copia legalizada del acta de la junta directiva de la comunidad campesina que otorga la autorización del uso del terreno superficial a favor del solicitante, así como la designación de los representantes de la misma autorizados para suscribir el acto de disposición; iv) la copia legalizada del documento de fecha cierta que autoriza el uso del terreno superficial por parte de la comunidad campesina a favor del solicitante.

En el caso de los terrenos no inscritos, remplaza los numerales i) y ii) antes señalados por otros requerimientos: el certificado de búsqueda catastral del área donde se desarrollará el proyecto en el que se constate que no existen superposiciones con otros predios y la copia legalizada del título de propiedad de fecha cierta que acredite la calidad de propietario de la comunidad campesina.

El que la nueva norma haga un mayor desarrollo en este tema nos parece positivo. Lo que nos preocupa es el tercer y cuarto requisito. Consideramos que no basta decir que la autorización para uso del terreno superficial de la comunidad se acredita con un documento de fecha cierta expedido por ésta; ello podría interpretarse como si cualquier documento podría ser válido, lo cual no es correcto. Recordemos, que el artículo 11 de ley 26505, Ley de Tierras, señala que cualquier acto de disposición sobre tierras comunales se debe contar con el acuerdo previo de la asamblea general, con un voto favorable de no menos los 2/3 de todos los miembros de la comunidad. Es decir, se requiere de la copia legalizada del acta de dicha asamblea. Ningún otro documento expedido por la comunidad puede sustituirlo.

Por otro lado, no nos parece conveniente incluir como requisito el que la Junta Directiva autorice el uso del terreno y designe al representante que suscribirá el acto de disposición, pues genera confusiones. Como se ha señalado, es la asamblea general de la comunidad, máxima instancia en la toma de decisiones, la única que puede emitir la autorización para el uso del terreno superficial, con una mayoría calificada. Es más, para evitar los problemas que suelen presentarse con dirigentes que han perdido legitimidad, es conveniente que también la asamblea designe a los representantes que firmaran el contrato.

La nueva norma también incluye como requisitos para la obtención de la concesión de beneficio: un documento donde conste la ubicación del proyecto, la copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) o el plan de monitoreo arqueológico aprobado y la resolución administrativa de la Autoridad del Agua (ANA) que aprueba los estudios de aprovechamiento hídrico. El CIRA o el plan de monitoreo arqueológico también es exigido para la obtención de las otras autorizaciones comprendidas en esta norma.

– Reducción de los plazos establecidos en los procedimientos mineros.

Los plazos en el procedimiento de obtención de la concesión de beneficio se han reducido de la siguiente manera:

El citado decreto supremo también reduce plazos en los procedimientos de las otras autorizaciones. Es evidente, que estas reducciones presionan sobre la autoridad administrativa que deberá resolver en los nuevos plazos. La pregunta es si existen condiciones para que esa presión sea manejada o si afectará el desempeño. Una cosa es que la autoridad administrativa tenga 60 días de plazo para inspeccionar la construcción de una planta de beneficio y otra muy distinta que tenga solo 15 días.

– Otros cambios preocupantes.

No se tendrá que seguir el procedimiento de modificación de concesión de beneficio cuando se requiera modificar : (1) la capacidad instalada de una planta de beneficio o la instalación de nuevos componentes en nuevas áreas, siempre que éstos se encuentren dentro del área aprobada en el estudio ambiental; (2) la capacidad instalada para instalaciones adicionales y/o mejora tecnológica de procesos sin ampliación del área; (3) instalaciones adicionales sin modificación de la capacidad instalada y sin ampliación del área. Bastará para ello, contar con un informe técnico minero(2). Asimismo, se elimina el requisito de monitoreo ambiental actualizado que se exigía para obtener la autorización de inicio de actividades de exploración.

Cabe preguntarse si la simplificación de los procedimientos garantiza la seguridad en el desarrollo de las actividades comprendidas y que se minimicen sus impactos, o si por el contrario, bajarán los estándares poniendo en riesgo a la población y el entorno.

Notas:

(1) Es la obtención de un derecho que permite extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales mediante un conjunto de procesos físicos, químicos y/o físicos-químicos. Para ello, se modifica el Reglamento de Procedimientos Mineros aprobado por D.S. 018-92-EM.

(2) El informe técnico minero es un informe sustentatorio que presenta la empresa para justificar la modificación de componentes de un proyecto de inversión con impacto no significativo. Cuando los impactos son significativos se debe seguir el procedimiento de modificación del estudio de impacto ambiental. La pregunta a realizarse es si los supuestos de modificación establecidos en el DS. 001-2015- EM realmente son no significativos, considerando que se trata de cambios en las instalaciones de las plantas de beneficio.

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Fuente: CooperAcción: http://cooperaccion.org.pe/opina/43-cooperaccion-opina/2532-continuan-los-cambios-en-los-procedimientos-mineros-idesregulacion-o-simplificacion-administrativa


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JUICIO. Mexicano Oscar González Rocha es procesado por contaminación del aire y arrojar arsénico al mar de Ilo. Emisiones de minera superaron los límites permisibles.

Karen Rodríguez. 

Ilo.

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en audiencia de juicio oral, solicitó dos años y seis meses de pena privativa de la libertad contra el presidente ejecutivo de la empresa minera Southern Perú , Oscar González Rocha y el pago de una reparación civil de un millón de dólares por el delito de contaminación ambiental en la modalidad de culposa.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), tras una auditoría ambiental, detectó  que  la empresa minera incumplía con los límites máximos permisibles para la emisión de arsénico.

Ante la complejidad del caso, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hizo suyo el informe de Osinergmin y lo evaluó en la ciudad de Lima.

La conclusión fue que la contaminación del aire supera en un 100% el límite permisible y en un 800% de vertimiento de arsénico al mar y a 3 afluentes  para los cuales no tenían autorización.

El proceso se sigue desde el año 2008. La minera, a través de su abogado, dijo en la audiencia que existe un proceso contencioso administrativo que tendría que concluir para iniciar el juicio contra González Rocha. Sin embargo, la fiscal Ángela Marroquín, firme en el proceso acusatorio, logró que el juez Erly Alejo, programe una audiencia para el próximo 26 de enero, donde  dos peritos de la OEFA fundamentarán el informe realizado con pruebas documentarias. El acusado, González Rocha, no declaró durante la audiencia al haber hecho uso del beneficio de la no declaración.

La República