Archivos para enero, 2015


Helicóptero de la División de Asaltos del Ejercito aterrizó en el Campo Deportivo “Carlos Torres” población bambamarquina reaccionó con pierdas ante tal provocación del Presidente de la república Ollanta Humala.

Aproximadamente a las 17 horas con 23 minutos en el Campo Deportivo “Carlos Torres” de la Ciudad de Bambamarca decoló el helicóptero de la División de Asaltos del Ejército Peruano que escotaba el traslado en otro helicóptero al Presidente de la República Ollanta Humala de su regreso a Lima del distrito de Chalamarca provincia de Chota donde inauguró la V etapa de electrificación rural.
Al ver el helicóptero en el campo “Carlos Torres” la población urbana reacciono con piedras impidiendo que sus pasajeros se bajen considerando a un acto de provocación por parte del Presidente Ollanta Humala.
La población con arengas gritaba Ollanta traidor y conga no va no ahora ni nunca, los pocos efectivos policiales no pudieron controlar la situación que seguro que si demoraba en alzar bueno estuviéramos contando otra historia.
La población rodeo al helicóptero ante tanta presión el mayor de la policía de Bambamarca Dante Renzo Mendoza Ramírez subió al helicóptero alzando vuelo que según la fuente policial había decolado nuevamente el helicóptero en el centro poblado de yanacancha baja distrito de la Encañada provincia de Cajamarca.
El Presidente del Frente de defensa de la provincia de Hualgayoc Hugo Cruzado Quiroz lamento que el presidente de la república provoque así a la población pensó que en Bambamarca íbamos a recibirlo como han hecho en el distrito de Chalamarca
Ollanta Humala Tasso será bienvenido en la provincia de Hualgayoc siempre y cuando declare inviable el megaproyecto conga y el poder judicial sancione a las fuerzas armadas que asesinaron a cinco ronderos en Bambamarca y Celendín el pasado 3 y 4 de julio del 2012.
El Alcalde provincial Edy Benavides Ruíz desde la ciudad de Lima reveló que el presidente Ollanta Humala ha enviado el helicóptero a propósito a Bambamarca para medir el temperamento de la población pero ya vieron salieron disparados por un tubo ante la reacción del pueblo con piedras y huevos.

Fuente: Radio Charles – Bambamarca

 


– Autorización se habría dado vulnerando derechos y seguridad hídrica de poblaciones locales.

Servindi, 27 de enero, 2015.- Una segunda inspección realizada por más de mil campesinos guardianes de las lagunas comprobó el lunes 26 de enero que la empresa Yanacocha abrió tres pozos tubulares, de los cuales extrae agua del subsuelo, a razón de diez camiones cisterna diarios por pozo, es decir, unos treinta camiones cisternas en total.

Son alrededor de mil campesinos quienes comprobaron que los pozos tubulares se encuentran en la zona Huayramachay, ubicada entre las lagunas El Perol y Azul.

El hallazgo indicaría que la destrucción de las fuentes de agua donde opera Yanacocha es tan grave que ahora tiene que proveerse en zonas distintas tanto uso propio o abastecer a quienes se quedaron sin ella por su actividad contaminante.

También confirmaría la corrupción y la complicidad de la Autoridad Local del Agua (ALA) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) quienes habrían autorizado a Yanacocha de espaldas y vulnerando los derechos de las poblaciones locales.

En esta nueva inspeción participó Jorge Luis Urquía Sánchez, el nuevo alcalde provincial de Celendín.

El nuevo presidente Regional y los funcionarios de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (RENAMA) brillaron por su ausencia.

La denominada Resistencia Celendina que organizó la inspección denunció este nuevo y grave hidrocidio porque atenta contra las fuentes de agua y la seguridad hídrica de las poblaciones locales.

A continuación el reportaje gráfico de Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).

Fuente: SERVINDI – http://servindi.org/actualidad/122036




16 humildes ciudadanos, entre ellos, algunos dirigentes ambientales tanto de Sorochuco como de Celendín – Cajamarca son objeto de una absurda denuncia debido a sus posturas en defensa del agua y por oponerse al Proyecto Conga.

Los procesados, quienes siempre se han opuesto al Proyecto Conga por las impactos negativos que ocasionaría y por defensa de las lagunas, son sospechosamente acusados por el hoy gobernador de Sorochuco, Luis Armando Castañeda Pisco, de haberlo secuestrado.

La denuncia del Gobernador

Los hechos se han producido en pleno conflicto Conga cuando los pobladores del distrito de Sorochuco, en Celendín, le exigieron al mencionado gobernador, que manifestara su postura respecto a este tema y que definiera si iba a estar a lado de su pueblo. Debido a ello se celebró una asamblea en la plaza central del distrito donde los ciudadanos expresaron sus preocupaciones y pese a que la gente estuvo enérgica al plantear sus preocupaciones al gobernador, dicha reunión se realizó de manera pacífica, no existiendo ninguna agresión en contra del mismo, menos aún hubo alguna retención como lo denuncia la citada autoridad, argumentando que la población lo habría secuestrado.

Pese a lo absurdo de la denuncia, Ruperto Alcantara, Fiscal de Celendín, arduo defensor del Proyecto Conga y del Presidente Humala, formuló acusación en contra de los 16 ciudadanos por los delitos de Secuestro agravado y coacción, pidiendo 35 años de carcel para cada uno de ellos.

Por la naturaleza del delito y la cantidad de implicados este caso fue declarado “complejo” o de gravedad, pasando a ser juzgado por una sala colegiada en la Corte Superior de Justicia Cajamarca, habiéndose dado inicio al inició juicio oral.

 

Posición.  Presidente de la Compañía Buenaventura resalta beneficio de proyecto Tía María.
Posición. Presidente de la Compañía Buenaventura resalta beneficio de proyecto Tía María.
Temor. Presidente de Buenaventura advierte que cobre bajó de precio y pide que se promueva más inversión. Para empresarios imagen que proyecta el Gobierno no es atractiva.

Zenaida Condori Contreras

Arequipa

Para el presidente de la Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, el proyecto Tía María, que promueve Southern Perú, ya debe ejecutarse.

Saludó la posición de algunos pobladores del Valle que aprueban el proyecto y espera que el resto termine por aceptarla. “Creo que Tía María va a contribuir al crecimiento económico de Arequipa, ojalá que todas las regiones del Perú crezcan como Arequipa. Yo espero que Tía María vaya adelante”, indicó .

 Sobre el proyecto Conga  Benavides aún mantiene esperanzas. Dice que debe esperar porque aún falta socializar el proyecto. Espera que dentro de un tiempo se ponga en valor, no solo para el beneficio de la Minera Yanacocha, sino para la población de Cajamarca.

   “Hace falta más socialización de los proyectos. Convencer, seducir a la sociedad y ese trabajo debe ser en conjunto (entre el Gobierno y las empresas)”,  agregó.

Benavides advirtió que los precios de los metales han caído. El cobre bajó de 4  a 3 dólares la libra y eso  va a  generar un impacto, que se puede revertir con mayor producción. 

El también presidente del  Comité Organizador de Perumin, pidió que el ambiente político también debe mejorar para que haya más confianza del sector empresarial.

Lamentó que las bancadas se estén desmembrando y que el Gobierno esté involucrado en  escándalos de corrupción. Esa imagen no atrae inversiones.    

Hay 3 minas de Buenaventura 

La Compañía Buenaventura opera tres minas en Arequipa. Son proyectos de mediana minería.

Uno de ellos es Tambo Mayo que se ubica  a 4 800 msnm en la provincia de Caylloma. Es una mina subterránea de oro y plata. Está en plena construcción y su inversión es de 200 millones de dólares.

Hay otras dos minas  Orcopampa, en Castilla y Arcata en Caylloma, estas son antiguas pero siguen produciendo, y generando trabajo en Arequipa.

Fuente: La República


FOTO: EDILBERTO BARRANTES

El juicio lo había iniciado en contra de la Municipalidad de San Pablo que había declarado la Intangibilidad de esta reserva natural de agua que abastece con agua al río Jequetepeque
PUBLICADO: 2015-01-26

La 2da sala Civil de Lima resolvió la apelación de Yanacocha y declaró infunda su demanda de inaplicar la Ordenanza Municipal N 011-2007-MPSP, ordenanza que declara como Áreas de Conservación Ambiental Municipal a la zona de Alto Perú.

El proceso que ya había sido declarado a favor de la comuna de San Pablo el año pasado, en el que la magistrada, Dra. Rosa María Donato Meza, haciendo una ponderación entre los derechos constitucionales supuestamente vulnerados por la Ordenanza Municipal y los posibles daños a los que estarían sometidas estas zonas por parte de la empresa minera, decidió avalar la ordenanza dictada por el municipio sanpablino.

La abogada de la municipalidad, Dra. Nelly Ledesma Raraz, manifestó que es posible que la empresa minera apele la sentencia y sería el Tribunal Constitucional el encargado de ver la apelación. “Seguro que Yanacocha va a apelar a la última instancia que es el Tribunal Constitucional, entonces nos queda volver a presentar nuestros argumentos jurídicos y como ya convencimos, jurídicamente, a un magistrado del 29º juzgado y a otros tres de la de la 2da Sala Civil en Lima, ahora sólo tenemos que mantenernos firmes antes los siete que conforman el Tribunal Constitucional”, manifestó la letrada.

Las lagunas del Alto Perú son 284 pequeñas lagunas que abastecen con agua al río Jequeteque y toda la cuenca del mismo nombre, lagunas que la Minera Yanacocha pretende desaparecer para convertirlos en tajos mineros.

Cabe resaltar que hace poco Yanacocha perdió el proceso judicial por Usurpación de Terrenos con Máxima Acuña Chaupe, en el que la sala de apelaciones Cajamarca dictó sentencia a favor de la familia Chaupe, otorgándole 30 hectáreas de terreno que estaban en litigio. Con este ya son dos casos emblemáticos en que la empresa minera pierde en menos de un año.

 

Fuente: https://grufides.lamula.pe/


Celendín, 26 de enero de 2014.

Cerca de un millar de Guardianes de las Lagunas de la Provincia de Celendín, visitaron una vez más a las lagunas de Conga amenazadas por la empresa minera Yanacocha a través de su destructor proyecto Conga.
En esta oportunidad se dieron cita en el sector denominado Huayramachay, entre las lagunas Perol y Azul. Es este lugar se pudo comprobar que la empresa minera Yanacocha ha instalado 3 pozos tubulares que obtienen agua de subsuelo; según los pobladores manifiestan que un promedio de 10 camiones cisterna por pozo se abastecen de agua que trasladarían a las instalaciones de Yanacocha para sus operaciones mineras.
La instalación de los pozos para extraer el agua subterranea están causando la pérdida del caudal de agua en los manantiales de la comunidad de Jadibamba, de igual modo ha ocurrido con el río del mismo nombre. Las autoridades comunales acordaron realizar una denuncia a la empresa minera Yanacocha así como a los funcionarios de la Autoridad Administrativa del Agua de Cajamarca y Celendín, quienes autorizaron el uso del agua para fines mineros antes que para el consumo humano y la agricultura, como así se determina en la normatividad vigente. También se constató que en las lagunas Perol y Azul no hay presencia de maquinaria de ningún tipo.
En esta oportunidad asistieron a la inspección la nueva autoridad edil de la provincia de Celendín, Jorge Luis Urquía Sánchez acompañado de 5 de sus regidores. A la inspección también estuvieron invitadas las autoridades del Gobierno Regional de Cajamarca y la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, quienes finalmente no se hicieron presentes.
Los Guardianes de las Lagunas aprovecharon una vez más para solidarizarse con las luchas de los jóvenes del país de la ya derogada ‪#‎LeyLaboralJuvenil‬ ‪#‎LeyPulpin‬, así como por la defensa del río Marañón, frente a la iniciativa del Gobierno de construir más de 20 represas, inundando miles de hectáreas de valles productivos que abastecen de alimentos a numerosas provincias del norte del país, entre ellas Celendín.
La jornada se pudo desarrollar sin contratiempos, aunque no faltó la Policía Nacional del Perú que actúa como servicio de seguridad de la empresa minera, que trasladó en buses un promedio de 100 efectivos, quienes en varias oportunidades trataron de instigar e interrumpir la inspección de los Guardianes de las Lagunas.


20 de Enero del 2015 a las 20:03:43

Pese a la sentencia de la Sala Judicial de Apelaciones de Cajamarca que falló, en diciembre pasado, a favor de Máxima Acuña y que amparaba legalmente a ella y a su familia de los hostigamientos de la minera Yanacocha, hoy al mediodía irrumpieron en su vivienda.

Un promedio de 15 efectivos de la Policía Nacional en compañía de varios miembros de la empresa SECURITAS, que presta servicios de seguridad a Minera Yanacocha, intervinieron la casa de Máxima, ubicado en el sector de Tragadero Grande, frente a la Laguna azul.

Ella se encontraba con su esposo, Jaime Chaupe, y relató que ninguno de los agentes del orden se quiso identificar, ni tampoco mostraron orden judicial alguna para justificar su presencia armada en el referido domicilio.

Incluso, indicó que los amenazaron exigiéndoles que se retiren de su propiedad, quitándole el celular a Jaime cuando intentaba fotografiarlos.

De acuerdo con medios locales, también se pretendía prohibirles que realicen actividades agropecuarias e impedir las obras de mejoramiento de su vivienda.

Y es que la familia de Acuña adquirió el mencionado terreno en 1994 de la Comunidad Campesina Sorochuco, la misma que expidió el correspondiente Certificado de Posesión.

Cabe mencionar que la ubicación de la vivienda de Máxima ha sido objeto de acciones judiciales durante los años 2010-2014, en los que Minera Yanacocha pretendió despojarle de su terreno.

A finales del año pasado, la denuncia que la minera Yanacocha interpuso por el supuesto delito de usurpación de terrenos declaró inocentes a Máxima Acuña y su familia.

Fuente: LaMula.pe

Foto: (Referencial)

AELL


A mediodía de hoy, aproximadamente 15 efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios miembros de la empresa SECURITAS, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el domicilio de Máxima Acuña Chaupe quien se encontraba con su esposo. El propósito de la intervención policial era para prohibirles que realicen actividades agropecuarias e impedir las obras de mejoramiento de su vivienda.

Ninguno de los efectivos policiales quiso identificarse ni mostrar si tenían una orden judicial para la mencionada intervención policial, tampoco estaban acompañados de alguna autoridad del Ministerio Público que justificara la violación del domicilio y la irrupción armada en el terreno ubicado en el sector de Tragadero Grande que es propiedad de Máxima Acuña y que ha sido motivo de acciones judiciales en los que la Minera Yanacocha pretendió despojarle de sus tierras durante los años 2010-2014.

Como se recuerda, en diciembre pasado, la Sala Judicial de Apelaciones de Cajamarca emitió una sentencia favorable a Máxima Acuña por la cual ella y su familia se sentían amparados legalmente para no seguir siendo hostigados por la empresa minera y su personal de seguridad. No obstante, el día de hoy el personal policial armado que irrumpió en propiedad de los Acuña Chaupe los amenazó cuando estos exigieron que se retiraran inmediatamente de su propiedad e incluso trataron de arrebatar el teléfono celular de Jaime Chaupe cuando éste procedió a fotografiar a sus agraviantes.

La defensa legal de Máxima Acuña y su familia procederá a realizar las denuncias correspondientes por esta evidente arbitrariedad policial que se da en el marco de los contratos que la minera tiene para pagar los honorarios de los policías quienes terminan actuando como un refuerzo de su cuerpo privado de seguridad SECURITAS y un instrumento de hostigamiento a campesinos que se negaron a vender sus tierras a Yanacocha.

Observatorio de Conflictos

GRUFIDES


Chadin 2 is one of 24 dams planned in the Marañón River Basin in Peru. These projects seriously jeopardize the beneficial biodiversity of forests and aquatic ecosystems, and the territory of diverse populations and rural communities.

With a capacity of 600 MW the hydroelectric project Chadin 2 is one of the biggest planned in the area. The planned structure in the canyon measuring 175m, will affect the water passages used by various migratory species. It will also create a reservoir of about 32.5 km2, irreparably destroying the habitat of protected species, such as the spectacled bear (Andean bear) and river nutria, as well diverse forests, population centers, rural areas, and pre-Columbian archaeological heritage.

Even though the Environmental Impact Assessment (EIA) was approved, the 200 findings from the EIA remain unresolved, including fundamental problems with identifying resources and populations, plans to minimize environmental impacts, and he project’s technical feasibility.

Currently the project is in a Final Concession stage, or approved by the company AC Power S.A., of the Odebrecht Group, despite serious concerns and opposition of grassroots organizations. These organizations have faced persecution and criminalization of their legitimate concerns about the use of the energy, forest protection, and survival of their people.

EarthRights International has been supporting and working with the population and social organizations in the area, by sharing information, promoting legal analysis and assisting in the implementation of legal defense strategies. This briefer, currently available in Spanish, is titled “Energy, Forests, and People of the Marañón” and provides in depth information about Chadin 2 and what can be done to protect the Marañón, its forest, and people. 

 


Marco Arana, en una pausa durante un reciente viaje por el interior del país, leyendo “La Maldición de la Abundancia”. Fuente: CARETAS

En medio de violentos conflictos medioambientales, el gobierno sigue de cerca al activista. Nota de inteligencia policial registra sus actividades, mientras el Premier Óscar Valdés suelta avalancha de tuits: “Podridos. Congelados. Incendiarios”.

Podridos. Congelados. Incendiarios. En una avalancha de twitter, el premier Óscar Valdés rescató el martes 5 la calificación que el historiador Jorge Basadre hiciera de los personajes que lastran al país. Comenzó por la inacción de las élites y siguió con ráfagas de acusaciones telúricas al mismo tiempo que el gobierno caminaba por una cuerda floja y varios actores políticos –que a los ojos de Valdés seguro calzaban en las tres categorías– pedían la cabeza del premier.

La renuncia a la bancada oficialista de los congresistas Verónika Mendoza, Javier Diez Canseco y Rosa Mavila remeció los titulares del día anterior. Los dos últimos, invitados de izquierda y abiertos descontentos desde hacía meses, aprovecharon la salida de la primera, fundadora del Partido Nacionalista, que tiró el portazo en medio de severos cuestionamientos a su papel en la crisis de Espinar.

La brújula noticiosa dio un giro a favor del gobierno con el destemplado discurso ofrecido el martes por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que en medio del paro convocado en su región llamó al derrocamiento del presidente Ollanta Humala.

Los días anteriores, fichas prominentes del Ejecutivo como el propio Valdés y el ministro de Justicia Juan Jiménez se habían reunido con los corresponsales extranjeros a raíz de la detención de los dirigentes en Espinar, luego de los desmanes que provocaron dos muertos y la declaratoria del Estado de Emergencia. El arrestado alcalde de la localidad, Óscar Mollohuanca, fue trasladado a Ica y se anunció su detención preventiva por un lapso de cinco meses.

Jiménez afirmó que “los que están dirigiendo las protestas son dirigentes radicales, personas altamente ideologizadas, gentes de formación comunista, de ultraizquierda. Y no es casualidad. Se articula la protesta en muchas zonas del país para que la autoridad esté en muchos puntos al mismo tiempo, resguardando la seguridad y libertad de las personas. Es evidente la participación de sectores muy radicales en el gobierno”.

En conferencia de prensa, Mavila criticó los “informes de inteligencia” que le sirven de insumo al gobierno para convencerse de la cualidad conspirativa de protestas aparentemente inconexas, como las de Cajamarca y Cusco. Así lo había declarado el presidente del Congreso, Daniel Abugattas (CARETAS 2234).
Diez Canseco se suma a la percepción de Mavila y advierte a CARETAS que “el gobierno no tiene operadores y va a terminar conducido por el Servicio de Inteligencia y las famosas explicaciones de planes y redes subversivas que están debajo de todos los movimientos del Perú, sin entender los niveles de frustración en la población. Mi sensación respecto a 1992 me resulta francamente preocupante”.

CARETAS accedió a una parte de los documentos de inteligencia mencionados. Y de allí se desprende que el personaje central, aquel que aglutinaría los presuntos esfuerzos conspirativos, es el activista ambiental Marco Arana (49).
Aquí el gobierno apunta alto. Este ex sacerdote y líder del Movimiento Tierra y Libertad, así como de la ONG Grufides, ha recibido reconocimientos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el festival Berlinale, que premió un documental sobre su lucha.

Su oposición a Yanacocha lo convirtió en un personaje reconocido. Y también es cierto que su postura antiminera no admite los matices propios de un país en crecimiento que debe imponer estándares ambientales, pero que obtiene una mayoría de su renta de los socavones y cuyo potencial agrícola tiene techo. “Hemos dejado de usar objetos de oro en nuestra parroquia”, le explicó a la revista Time cuando lo nombró héroe ambiental en 2009. “Dios no debería ser adorado con productos que han causado sufrimiento y destruido la naturaleza”.

Para investigarlo trabajan equipos de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin) sin que ambas unidades coordinen entre sí, según fuentes policiales.

Ambas pesquisas están orientadas a conocer en profundidad las actividades de Arana y de sus seguidores, pero también sobre su vida privada, de acuerdo a fuentes confiables. No sería la primera vez (CARETAS 1956).

Para explicar su participación en los hechos del Cusco, inteligencia policial se remonta a una “reunión extraordinaria” ocurrida el 11 de marzo de 2012 en el Jr. San Pedro Nº 310, en Yauri. A dicha cita acudieron “el alcalde (Óscar) Mollohuanca y el padre Arana. Además contó con la participación de dirigentes de Tierra y Libertad, así como de regidores de la Municipalidad de Espinar. En esa reunión se desarrolló coordinaciones con miras a la radicalización de la agenda”.

El apresado Mollohuanca pertenece a Tierra y Libertad.

Según estas informaciones, durante todo marzo Arana organizó “congresos antimineros”: en las localidades de Chamaca, Chumbivilcas, Tintaya, Marquiri, Yauri y Espinar. “En el primer congreso de los nombrados se determinó, entre otros, conformar un Comité de Lucha contra el Corredor Minero (Cotabambas-Chumbivilcas y Espinar), mientras que en el segundo, efectuar una lucha frontal contra la minera Xstrata Tintaya y convocar indefectiblemente a una Huelga General Indefinida para el 21 de mayo”, indica una nota de inteligencia de la Dirin.

Según los documentos de inteligencia, “el pronunciamiento público del Sr. Arana en la provincia de Espinar se basó en tres temas por resolver: que la fundación Xstrata deje de actuar como un Estado en la zona, sin coordinar con los planes de desarrollo locales, que se atienda los pasivos y controles ambientales que vienen desde Tintaya y una mejor participación de las comunidades en la renta minera”.


Nota de inteligencia policial registra las presuntas actividades de Arana.

Se señala, además, que “el ex sacerdote remarcó en declaraciones periodísticas que hay diferencias sustantivas entre los conflictos de Conga y Tintaya. En el segundo se pide mayor participación en las rentas mineras y solución a los pasivos mineros”.

La Digimin señala que “con apoyo de la Vicaría de la Solidaridad, encabezada por Rut Luque y de Arana (las autoridades de Espinar) llegaron a contactar a las ONGs “CAFOD y MULTI-WATCH” y tramitar una visita a sus sedes principales (Suiza y Gran Bretaña), así como gestionarse una reunión con el Directorio y/o Gerencia Internacional de Xstrata y el Parlamento Europeo, a fin de hacerles conocer los “supuestos” atentados contra el Medio Ambiente así como contra los derechos fundamentales de las poblaciones cercanas a ellas”. La Digimin se refiere al viaje del alcalde Mollohuanca quien, según su récord migratorio, estuvo en Holanda entre el 26 de abril y el 4 de mayo.

Del mismo modo, Arana es ligado por inteligencia con el llamado “Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca”, que tiene como voceros a Ydelso Hernández Llamo, Nilton Sánchez y Edy León Benavides. La Dirin asegura que ambos vienen “promoviendo un paro regional indefinido en 13 provincias de Cajamarca contra la viabilidad del proyecto Conga, así como una consulta popular en los distritos de Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Hualgayoc y Celendín”.

Otro documento dibuja el posible alcance inmediato de las protestas:

“El escenario en la región Cusco –punto neurálgico desde donde se extenderían las protestas en el sur del país– se complicaría desde las provincias de Canchis en respaldo a Espinar, contra el Proyecto Salka Pucará y el respaldo a la región Cajamarca; Chumbivilcas, exigiendo el retiro definitivo de la minería en toda la provincia, entre ellas Hutbay, Anabi y Ares, y se extendería hacia Apurímac por la provincia de Cotabambas, en contra del Minero Ducto –que coincidentemente viene desde la provincia de Espinar, pasa por Canchis y Chumbivilcas para llegar a Las Bambas en Cotabambas, Apurímac– extendiéndose hacia Andahuaylas y Abancay, bloqueando la salida hacia Lima”. Allí está el origen de las advertencias del premier Valdés, quien antes de señalar a podridos, congelados e incendiarios, apuntó a las intenciones de frenar en seco Las Bambas, otro proyecto de Xstrata que demandará una inversión de US$ 4,200 millones, y donde el terreno social parecía haber sido asfaltado a lo largo de años.


Líderes del Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca según informe de inteligencia de la Policía Nacional: “Apreciación de inteligencia Nº 106-­­DIRTEPOL-­­C/OFINTERPOL” .

– Por lo menos en lo que concierne a líderes comunales y defensores legales.

Servindi, 18 de enero, 2015.- La premier Ana Jara negó que exista una política de Estado que avale el espionaje y reglaje a sus opositores pero el Instituto Internacional Derecho y Sociedad(IIDS) recordó que se trata de una práctica que se aplica a líderes indígenas y sociales opositores al mega proyecto Conga en Cajamarca y a sus defensoras legales.

Ante una denuncia de la revista Correo Semanal Ana Jara desmintió esta semana que el personal policial realice espionaje y reglaje a sus opositores y exhortó a los medios de prensa a proporcionar información para investigar y acabar con este mito.

Premier Ana Jara salió de inmediato a desmentir y prometió investigación.

Sin embargo, el IIDS citó el informe de inteligencia de la Policía Nacional: “Apreciación de inteligencia Nº 106-­­DIRTEPOL-­­C/OFINTERPOL” donde se consigna una lista de líderes indígenas y sociales opositores al mega proyecto Conga.

Marco Arana, representante del movimiento “Tierra y Libertad” recordó en su cuenta de Twitter que “según Caretas, el reglaje de este gobierno a líderes opositores se está dando desde sus inicios”.

El año 2012 dicha revista publicó un informe en el que señalaba que había accedido a una parte de los documentos de inteligencia, del cual se desprendía que “el personaje central, aquel que aglutinaría los presuntos esfuerzos conspirativos, es el activista ambiental Marco Arana”.

“Según se señalaba, Arana es ligado por inteligencia con el llamado ‘Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca’, que tiene como voceros a Ydelso Hernández Llamo, Milton Sánchez y Edy León Benavides”.

“La Dirin asegura que ambos vienen ‘promoviendo un paro regional indefinido en 13 provincias de Cajamarca contra la viabilidad del proyecto Conga, así como una consulta popular en los distritos de Huasmín, Sorochuco, La Encañada, Hualgayoc y Celendín’”.

La congresista Rosa Mavila criticó entonces los “informes de inteligencia” que le sirven de insumo al gobierno para convencerse de la cualidad conspirativa de protestas aparentemente inconexas, como las de Cajamarca y Cusco, recoge la revista Caretas.

Rondas vigiladas

Integrantes de las rondas y comunidades campesinas de Cajamarca en la laguna Mamacocha. Imagen: Archivo fotográfico de Manuel Ramos.

El IIDS también recuerda que el año 2013 las rondas y comunidades campesinas de Cajamarca denunciaron ante el Ministro del Interior y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que líderes ronderos y sus defensoras legales son fotografiados, filmados y seguidos por personal policial.

Estas acciones de reglaje y espionaje han sido consignadas en informes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, por lo menos, desde el año 2012, indica el IIDS.

Debido a que las acciones ilegales continuaban el 14 de febrero de 2014 volvieron a denunciar dichas prácticas ilegales ante el Viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.


Medidas cautelares
El 05 de mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 46 líderes de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el comunicador César Estrada y el rondero Luis Mayta.

La medida se otorgó luego de verificarse un conjunto de hechos graves, urgentes e irreparables que ponen en peligro la vida e integridad de los beneficiarios.

La finalidad de la medida cautelar es que el Estado peruano adopte mecanismos efectivos para garantizar la vida e integridad de los mismos, sin embargo las instancias encargadas no han procedido a concertar ninguna medida efectiva.


Nuevas evidencias

El 22 de diciembre de 2014 Ydelso Hernández Llamo denunció que una audiencia en el Juzgado Penal Supraprovincial de Jaén se suspendió debido a que la Oficina de Inteligencia de la Comandancia Rural de la PNP-Jaén tenía información sobre una protesta que se llevaría a cabo por ronderos en los alrededores del juzgado.

El informe confirmaría que personal policial continúa con reglajes y seguimientos ilegales contra las autoridades jurisdiccionales ronderas e indígenas, y que los informes de inteligencia elaborados contra ellos consignan hechos falsos que ahora están siendo utilizados para trasladar los procesos judiciales a la ciudad de Lima.

Sin duda, ello atenta contra el derecho de defensa de los líderes indígenas implicados en dicho caso, como es Ydelso Hernández, uno de los beneficiarios de la medida cautelar y presidente de la Central Única Nacional de Ronderos del Perú (CUNARC-P).


Emplazamiento al gobierno

El IIDS se pregunta ¿Por qué la Premier Ana Jara niega que el actual gobierno utilice prácticas de espionaje y reglaje para seguir sistemáticamente a los opositores del gobierno?

En todo caso, el Estado debe decir cuáles son los fundamentos legales y medios probatorios que la policía aplica para elaborar informes de inteligencia dirigidos contra las autoridades jurisdiccionales ronderas e indígenas.

Es de resaltar que la CIDH también ha trasladado las denuncias de los líderes indígenas de Cajamarca a la Procuraduría Supranacional para que el Estado dé cuenta de los mismos ante esta instancia internacional.

La Premier dice no contar con información de reglaje y seguimiento pero el Ministerio del Interior y el de Justicia, a través de la Procuraduría Supranacional, sí tienen información sobre las denuncias hechas por los líderes y lideresas indígenas de Cajamarca.

La pregunta es ¿cuántas denuncias más necesita el Gobierno para que cese el reglaje y seguimiento del personal policial contra las autoridades jurisdiccionales ronderas?

 


Realizaron primer taller participativo de complejo hidroeléctrico Río Grande
Celendín.- Cumpliendo con las fechas programadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la empresa brasilera Odebrecht Energía del Perú, realizó los primeros talleres participativos en las provincias de Celendín (región Cajamarca) y Bolívar (región La Libertad).

El objetivo fue informar a la población sobre los estudios de línea base y la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del complejo hidroeléctrico Río Grande que se pretende construir en el trayecto del río Marañón.

El proyecto ubicado en el límite regional de Cajamarca, Amazonas y La Libertad, comprende la construcción de dos hidroeléctricas (Río Grande I y Río Grande II), que aprovechando el agua de la cuenca media del río Marañón producirá 700 megavatios, abasteciendo al Sistema Eléctrico Interconectado Norte (SEIN) y contribuirá a cubrir la demanda hidroenergética que tiene actualmente el Perú.

María Merino Sánchez, encargada de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MEM, manifestó que la elaboración del EIA del complejo hidroeléctrico Río Grande es uno de los requisitos que deberá cumplir Odebrecht para obtener la concesión definitiva y el permiso para la edificación de las hidroeléctricas.

“La elaboración de este documento, implica la realización de tres talleres informativos y una audiencia pública en cada distrito ubicado en la zona de influencia directa del proyecto, el cual será presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MEM”, precisó.

La elaboración del EIA de Río Grande I y Río Grande II estará a cargo de la consultora AMEC Perú, que tiene la autorización para realizar estos estudios en el sector electricidad e hidrocarburos.

Fuente: Panorama Cajamarquino – http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/elaboraran-eia-de-complejo-hidroelectrico-rio-grande/


– ¿Otra provocación del gobierno a las comunidades?

Servindi, 17 de enero, 2015.- Una disposición que vulnera el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas, el derecho a su autonomía y el derecho a la consulta previa fue introducida en el Decreto Supremo 001-2015-EM expedido por el Ministerio de Energía y Minas el 6 de enero.

La norma reglamentaria pretende que las juntas directivas de comunidades campesinas otorguen la autorización para el uso de los terrenos superficiales de las comunidades, quitando, esta facultad a las asambleas comunales.

Asó lo advirtieron de forma contundente los abogados Álvaro Másquez Salvador y Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) al analizar el artículo 3.1.c.iii del citado decreto y que calificaron de inconstitucional.

Lo cuestionable es que establece que será la Junta Directiva, y no la Asamblea Comunal, la que decidirá aprobar la realización de actividad minera en su territorio.

Tal disposición es arbitraria e inconstitucional porque no ha sido consultada, intenta a través de un decreto supremo modificar normas con rango de ley y “constituye una manifiesta y clara intromisión del Gobierno en la autonomía y el autogobierno de las comunidades campesinas, reconocido en normas constitucionales”.

La cuestionada disposición no tiene rango legal para derogar o modificar la Ley N°24656 que establece que solo tienen derecho a votar los comuneros calificados y no los comuneros en general, advierten los analistas.

A continuación el análisis del IDL:

Gobierno aprueba norma que consagra intromisión en autonomía de Comunidades Campesinas

Por Álvaro Másquez Salvador y Juan Carlos Ruiz Molleda

Se trata del Decreto Supremo N° 001-2015-EM, que aprueba disposiciones para procedimientos mineros que impulsen proyectos de inversión, emitido por el Ministerio de Energía y Minas y publicado en El Peruano el 6 de enero del 2015. El objetivo de la norma es agilizar los procedimientos administrativos para el otorgamiento de concesiones de beneficio, de inicio de actividad de exploración y explotación en concesiones mineras. (1)

Lo cuestionable es que se establece que será la Junta Directiva, y no la Asamblea Comunal, la que decidirá aprobar la realización de actividad minera en su territorio. Esta disposición es arbitraria e inconstitucional, no solo porque no ha sido consultada y porque se intenta a través de un decreto supremo modificar normas con rango de ley que establecen que esa decisión le corresponde a la Asamblea Comunal, sino porque constituye una manifiesta y clara intromisión del Gobierno en la autonomía y el autogobierno de las comunidades campesinas, reconocido en normas constitucionales.

La norma que se comenta es el artículo 3.1.c.iii del Decreto Supremo N° 001-2015-EM, donde se señala que en el procedimiento de concesión de beneficio, en los casos en que se trate de terrenos superficiales que son propiedad de comunidades campesinas, el solicitante deberá presentar copia legal del acta de la junta directiva de la comunidad en la que se otorgue la autorización del uso del terreno superficial y la designación de los representantes comunales. Como es posible advertir, la norma reglamentaria pretende que las juntas directivas de comunidades campesinas sean quienes otorguen la autorización para el uso de los terrenos superficiales de las comunidades, quitando, arbitrariamente, esta responsabilidad de las facultades otorgadas a las asambleas comunales.

En tal sentido, la norma reglamentaria resulta inconstitucional, toda vez que vulnera el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas consagrado en el artículo 88 de la Constitución. Igualmente, pretende derogar, en forma tácita, el artículo 7 de la Ley N° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, que señala que las tierras de las comunidades «por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad».

Del mismo modo, la norma reglamentaria intenta derogar, como señala el pronunciamiento de la Red Muqui, el artículo 11 de la Ley N° 26505, que establece enfáticamente que «para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad».

Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Política es clarísimo: «La ley se deroga solo por otra ley», y, como se ha señalado, el artículo 3.1.c.iii del Decreto Supremo N° 001-2015-EM no tiene rango legal, por lo que no puede derogar o modificar el contenido de la Ley N°24656. Por ello, se vulnera el principio de supremacía normativa de la Constitución Política. Como consecuencia, la norma reglamentaria deberá ser declarada inconstitucional y, por tanto, derogada.

Además, según los artículos 6 y 7 de la Ley N° 24656, solo tienen derecho a votar los comuneros calificados (y no los comuneros en general); es decir, tienen derecho a votar aquellos quienes conducen un predio, por tal motivo tienen derecho a voz y voto. La disposición de tierras no es una atribución de la asamblea comunal en pleno, sino, solo de los comuneros calificados que la conforman.

Por otro lado, la elaboración del Decreto Supremo N° 001-2015-EM se realizó sin haber consultado en forma previa a las comunidades campesinas, a pesar de que son éstas quienes deberán otorgar su autorización para el desarrollo de las actividades mineras y las que, eventualmente, pudieran verse afectadas por las mismas. En consecuencia, se ha vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades campesinas, derecho consagrado en el artículo 6 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Ley Nº 29785 que aprobó la ley de consulta previa.

Pero eso no es todo.

Las comunidades campesinas son autónomas a la hora de decidir sus asuntos internos, y adoptan decisiones de acuerdo a sus costumbres. El Estado no puede intervenir en ese proceso, pues la propia constitución lo ha establecido. En ese sentido, existe una violación al derecho al autogobierno y a la autonomía en los asuntos internos de los pueblos indígenas, pues el Gobierno está imponiendo una forma de decisión al margen de las instituciones de estos pueblos. Este derecho está recogido fundamentalmente en el artículo 89 de la Constitución, y puede también ser desprendido del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

La primera norma establece que las comunidades campesinas y nativas son autónomas “en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece”. Sin embargo, la norma que mejor regula esta concreción de la libre determinación es el artículo 4 de la DNUDPI, que precisa que “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”. Algunos hablan del derecho de los pueblos indígenas a mantener y ejercitar sus formas de gobierno y organización social (2).

En todo caso, deberá de interpretarse esta disposición de conformidad con el artículo 18 de la DNUDPI, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a “mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones”. Asimismo, dicha norma debería de ser interpretada en consonancia con el artículo 8.2 del Convenio 169 de la OIT, cuando precisa que los pueblos indígenas “deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”. De igual manera, esta norma debe ser interpretada en concordancia con el artículo 5.b del mismo Convenio, que establece que “deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de esos pueblos”.

Si tenemos en cuenta que el territorio es un elemento central en la vida de los pueblos indígenas, es evidente que deben ser los pueblos quienes de acuerdo a sus costumbres deben decidir lo que consideran más adecuado para ellos, y en todo caso, esta decisión debe (por lógica) ser tomada por el máximo órgano de una comunidad campesina y no por la Junta Directiva de una comunidad campesina, la cual es fácilmente controlable. Esta exigencia solo se comprende si se tiene en cuenta que el derecho al territorio no constituye un derecho más. El territorio es una condición de subsistencia de los pueblos indígenas, es una condición para el ejercicio de los derechos culturales y espirituales, tal como lo reconoce el propio artículo 13.1 del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia vinculante de la Corte IDH(3).

Todo ello nos hace concluir que el artículo 3.1.c.iii del Decreto Supremo N° 001-2015-EM, emitido por el Ministerio de Energía y Minas, es inconstitucional, al vulnerar el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas (y con ello, sus derechos a la autodeterminación y el autogobierno), el derecho a su autonomía así como el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Notas:

(1) Ver el pronunciamiento “Modificaciones al Reglamento de Procedimientos Mineros afectan derecho a la propiedad de comunidades campesinas”, difundido por la Red Muqui el 14 de enero del 2015.

(2) Roque Roldán Ortega, Manual para la formación en derechos indígenas. Territorios, recursos naturales y convenios internacionales, COICA, Inwent, Alianza del Clima, Quito, 2004, pág. 211.

(3) Corte IDH, Caso Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia de fondo, párr. 137.

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Fuente: Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1526


Imagen: Minería & Energía

– Primer decreto del año del Minem reduce estándares ambientales y sociales.

Servindi, 17 de enero, 2015.- Una nueva norma expedida el 6 de enero para impulsar la inversión en proyectos mineros afectaría derechos de las comunidades campesinas al modificar y hacer más débiles algunos requisitos y procedimientos.

Así se desprende del análisis que realiza la abogada Ana Leyva al analizar las modificaciones que introduce en el art. 35 del Reglamento de Procedimientos Mineros y sus modificatorias el Decreto Supremo 001-2015-EM expedido el 6 de enero de 2015 por el ministerio de Energía y Minas.

La abogada observa que reemplazar la autorización comunal para uso del terreno superficial de la comunidad por un documento de fecha cierta expedida por ésta “podría interpretarse como si cualquier documento podría ser válido, lo cual no es correcto”.

Al respecto precisa que de acuerdo al artículo 11 de ley 26505, Ley de Tierras, cualquier acto de disposición sobre tierras comunales debe contar con el acuerdo previo de la asamblea general, con un voto favorable de no menos los dos tercios de todos los miembros de la comunidad.

“Es decir, se requiere de la copia legalizada del acta de dicha asamblea. Ningún otro documento expedido por la comunidad puede sustituirlo” indica Ana Leyva.

Otra factor de preocupación es incluir como requisito que la Junta Directiva autorice el uso del terreno y designe al representante que suscribirá el acto de disposición, pues genera confusión.

Ello debido a que es la asamblea general de la comunidad, la máxima instancia en la toma de decisiones y la única que puede emitir la autorización para el uso del terreno superficial, con una mayoría calificada.

También preocupa la reducción de 60 a 15 días el plazo en los procedimientos de las otras autorizaciones pues este factor presionará de forma desmedida a la autoridad administrativa sin que existan las condiciones para hacer adecuadamente su labor.

Otros cambios conciernen a la eliminación del requisito de monitoreo ambiental y que ya no tendrá que seguirse el procedimiento de modificación de concesión de beneficio en determinados procesos.

El tema es delicado si consideramos que de acuerdo a los reportes de la Defensoría del Pueblo la minería es la principal actividad responsable de los conflictos socio ambientales en el Perú. De los 210 conflictos reportados en diciembre de 2014 130 eran de carácter socioambiental, de los cuales el 69 por ciento estaban relacionadas con actividades mineras.

Lea a continuación el analisis de Ana Leyva:

Continúan los cambios en los procedimientos mineros: ¿Desregulación o simplificación administrativa?

Por Ana Leyva V.

El 6 de enero de 2015 se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo 001-2015-EM, el cual establece disposiciones para impulsar la inversión en proyectos mineros a través de modificaciones en los requisitos para la obtención de la concesión de beneficio(1) y la autorización del inicio o reinicio de actividades de exploración y explotación; así como en los procedimientos para su aprobación.

¿Cuáles son los cambios que preocupan? A continuación presentamos los principales temas que generan interrogantes y sobre todo preocupación:

– El permiso para el uso del terreno superficial y otros requisitos.

El artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Mineros y sus modificatorias establecía los siguientes requisitos específicos para la obtención de una concesión de beneficio: a) la presentación de una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones principales, auxiliares y complementarias; b) copia del cargo de presentación del EIA; c) la autorización de uso de aguas y d) el documento que acredita que el solicitante cuenta con la autorización para construir la planta en un terreno de propiedad privada.

La nueva norma deroga el último literal del artículo citado y lo remplaza por otras disposiciones (art. 3.1), que son mucho más detalladas y que distinguen entre propietarios en general y comunidades campesinas, así como entre quienes tienen la propiedad inscrita y los que no la tienen. Este artículo también se aplica en los procedimientos de aprobación de las otras autorizaciones comprendidas en el decreto supremo.

Para el caso de la comunidad campesina con título de propiedad inscrito, los requisitos consisten en adjuntar: i) la copia literal de la partida registral de la inscripción del terreno con no más de 30 días de antigüedad; ii) la copia literal de la partida registral de la inscripción de la comunidad campesina; iii) la copia legalizada del acta de la junta directiva de la comunidad campesina que otorga la autorización del uso del terreno superficial a favor del solicitante, así como la designación de los representantes de la misma autorizados para suscribir el acto de disposición; iv) la copia legalizada del documento de fecha cierta que autoriza el uso del terreno superficial por parte de la comunidad campesina a favor del solicitante.

En el caso de los terrenos no inscritos, remplaza los numerales i) y ii) antes señalados por otros requerimientos: el certificado de búsqueda catastral del área donde se desarrollará el proyecto en el que se constate que no existen superposiciones con otros predios y la copia legalizada del título de propiedad de fecha cierta que acredite la calidad de propietario de la comunidad campesina.

El que la nueva norma haga un mayor desarrollo en este tema nos parece positivo. Lo que nos preocupa es el tercer y cuarto requisito. Consideramos que no basta decir que la autorización para uso del terreno superficial de la comunidad se acredita con un documento de fecha cierta expedido por ésta; ello podría interpretarse como si cualquier documento podría ser válido, lo cual no es correcto. Recordemos, que el artículo 11 de ley 26505, Ley de Tierras, señala que cualquier acto de disposición sobre tierras comunales se debe contar con el acuerdo previo de la asamblea general, con un voto favorable de no menos los 2/3 de todos los miembros de la comunidad. Es decir, se requiere de la copia legalizada del acta de dicha asamblea. Ningún otro documento expedido por la comunidad puede sustituirlo.

Por otro lado, no nos parece conveniente incluir como requisito el que la Junta Directiva autorice el uso del terreno y designe al representante que suscribirá el acto de disposición, pues genera confusiones. Como se ha señalado, es la asamblea general de la comunidad, máxima instancia en la toma de decisiones, la única que puede emitir la autorización para el uso del terreno superficial, con una mayoría calificada. Es más, para evitar los problemas que suelen presentarse con dirigentes que han perdido legitimidad, es conveniente que también la asamblea designe a los representantes que firmaran el contrato.

La nueva norma también incluye como requisitos para la obtención de la concesión de beneficio: un documento donde conste la ubicación del proyecto, la copia del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) o el plan de monitoreo arqueológico aprobado y la resolución administrativa de la Autoridad del Agua (ANA) que aprueba los estudios de aprovechamiento hídrico. El CIRA o el plan de monitoreo arqueológico también es exigido para la obtención de las otras autorizaciones comprendidas en esta norma.

– Reducción de los plazos establecidos en los procedimientos mineros.

Los plazos en el procedimiento de obtención de la concesión de beneficio se han reducido de la siguiente manera:

El citado decreto supremo también reduce plazos en los procedimientos de las otras autorizaciones. Es evidente, que estas reducciones presionan sobre la autoridad administrativa que deberá resolver en los nuevos plazos. La pregunta es si existen condiciones para que esa presión sea manejada o si afectará el desempeño. Una cosa es que la autoridad administrativa tenga 60 días de plazo para inspeccionar la construcción de una planta de beneficio y otra muy distinta que tenga solo 15 días.

– Otros cambios preocupantes.

No se tendrá que seguir el procedimiento de modificación de concesión de beneficio cuando se requiera modificar : (1) la capacidad instalada de una planta de beneficio o la instalación de nuevos componentes en nuevas áreas, siempre que éstos se encuentren dentro del área aprobada en el estudio ambiental; (2) la capacidad instalada para instalaciones adicionales y/o mejora tecnológica de procesos sin ampliación del área; (3) instalaciones adicionales sin modificación de la capacidad instalada y sin ampliación del área. Bastará para ello, contar con un informe técnico minero(2). Asimismo, se elimina el requisito de monitoreo ambiental actualizado que se exigía para obtener la autorización de inicio de actividades de exploración.

Cabe preguntarse si la simplificación de los procedimientos garantiza la seguridad en el desarrollo de las actividades comprendidas y que se minimicen sus impactos, o si por el contrario, bajarán los estándares poniendo en riesgo a la población y el entorno.

Notas:

(1) Es la obtención de un derecho que permite extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado de minerales mediante un conjunto de procesos físicos, químicos y/o físicos-químicos. Para ello, se modifica el Reglamento de Procedimientos Mineros aprobado por D.S. 018-92-EM.

(2) El informe técnico minero es un informe sustentatorio que presenta la empresa para justificar la modificación de componentes de un proyecto de inversión con impacto no significativo. Cuando los impactos son significativos se debe seguir el procedimiento de modificación del estudio de impacto ambiental. La pregunta a realizarse es si los supuestos de modificación establecidos en el DS. 001-2015- EM realmente son no significativos, considerando que se trata de cambios en las instalaciones de las plantas de beneficio.

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Fuente: CooperAcción: http://cooperaccion.org.pe/opina/43-cooperaccion-opina/2532-continuan-los-cambios-en-los-procedimientos-mineros-idesregulacion-o-simplificacion-administrativa


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JUICIO. Mexicano Oscar González Rocha es procesado por contaminación del aire y arrojar arsénico al mar de Ilo. Emisiones de minera superaron los límites permisibles.

Karen Rodríguez. 

Ilo.

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, en audiencia de juicio oral, solicitó dos años y seis meses de pena privativa de la libertad contra el presidente ejecutivo de la empresa minera Southern Perú , Oscar González Rocha y el pago de una reparación civil de un millón de dólares por el delito de contaminación ambiental en la modalidad de culposa.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), tras una auditoría ambiental, detectó  que  la empresa minera incumplía con los límites máximos permisibles para la emisión de arsénico.

Ante la complejidad del caso, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hizo suyo el informe de Osinergmin y lo evaluó en la ciudad de Lima.

La conclusión fue que la contaminación del aire supera en un 100% el límite permisible y en un 800% de vertimiento de arsénico al mar y a 3 afluentes  para los cuales no tenían autorización.

El proceso se sigue desde el año 2008. La minera, a través de su abogado, dijo en la audiencia que existe un proceso contencioso administrativo que tendría que concluir para iniciar el juicio contra González Rocha. Sin embargo, la fiscal Ángela Marroquín, firme en el proceso acusatorio, logró que el juez Erly Alejo, programe una audiencia para el próximo 26 de enero, donde  dos peritos de la OEFA fundamentarán el informe realizado con pruebas documentarias. El acusado, González Rocha, no declaró durante la audiencia al haber hecho uso del beneficio de la no declaración.

La República


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