Archivos para 17 julio, 2014


El Comercio levanta la noticia de que Daniel Urresti es el ministro del Interior con más aprobación, según la última encuesta de Ipsos-Perú. Pero detengámonos un momento. No es que Urresti sea el más aprobado entre los actuales ministros, sino que el apoyo a su gestión (25%) es mayor si lo comparamos con las tres gestiones anteriores. Bastante forzada e interesada la intención de El Comercio por levantar más de la cuenta a Urresti, sobre todo cuando el 53% de los encuestados declara no conocer la denuncia que pesa en su contra por el asesinato al periodista Hugo Bustíos en 1988, lo cual perjudicaría su actual aprobación. ¿Estamos ante el ministro que el país necesita?

El ministro Urresti se ha popularizado mostrando medidas efectistas y coyunturales como encabezar megaoperativos contra la delincuencia, así como dando declaraciones altisonantes contra la criminalidad. “Mi intención es destrozarle la cabeza a la delincuencia”, declaró alguna vez el actual ministro del Interior. Por supuesto, dada las preocupantes cifras de inseguridad ciudadana, estas declaraciones caen bien en la población, pero sin acciones de fondo, como atacar la corrupción policial, caen en saco roto.

Pero repasemos la información que el 51% de peruanos parece desconocer. Según el expediente judicial que acusa a Urresti, el actual ministro, como encargado de la Sección  de Inteligencia y Contrainteligencia de la Jefatura Política de Huanta en 1988, habría tenido conocimiento de la detención del senderista “Sabino”, quien habría implicado al periodista Bustíos en las actividades de Sendero Luminoso, lo cual habría sido el motivo de su asesinato. Por tal motivo, se le acusa al ministro Urresti de presunto autor mediato de este crimen. A esta denuncia se suma otra realizada por la Federación Minera de Madre de Dios por el asesinato de Américo Laura Pizarro, ocurrida en una protesta de mineros informales en Mazuco (Inambari).

Por la gravedad de las acusaciones del expediente, diversas organizaciones internacionales de derechos humanos criticaron la posición del gobierno de cerrar filas en favor de Urresti. Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), “la decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

Las declaraciones del Presidente de la República, Ollanta Humala, crean mayores suspicacias sobre este caso. Humala ha dicho que “no ve la culpabilidad” de Urresti en el caso de Bustíos, lo cual, sin dudas, es un ataque a la independencia judicial y supone “recompensar” a una persona acusada de graves violaciones a los derechos humanos.

Muy preocupante que el Presidente Humala ponga las manos al fuego por un ministro cuya temprana labor viene siendo sobredimensionada, y que, por el contrario, bien haría en dar un paso al costado de la cartera del Interior y enfrentar a la justicia como corresponde.

Publicado http://www.otramirada.pe


Terrorismo en Intag

1.- Luego de varios viajes al Ecuador, es la primera vez que estoy personalmente en la zona de Intag. Sus montañas, de una belleza conmovedora y generosidad exuberante, vienen dando que hablar bastante en las últimas décadas. Yo escuché de ellas allá por 2005, cuando empezaba las investigaciones para mi tesis doctoral. Me enteré por entonces de uno de los primeros y más fuertes conflictos provocados por la nueva ola de fiebre mineral que se desató desde la última década del siglo pasado en América Latina. La lucha de las comunidades campesinas de Intag contra la Bishi Metals (empresa minera japonesa ligada al holding de Mitsubishi Corporation) en 1997 y más tarde contra la Ascendant Copper Co. (canadiense) en 2002, sería no sólo una de las pioneras, sino también emblemáticas en la defensa de los sistemas de vida locales, amenazados por las crecientes pretensiones extractivistas. Muchas otras resistencias contra mega-proyectos mineros en la región, se inspirarían más tarde en la valentía de esas comunidades al enfrentar y finalmente expulsar a esas grandes corporaciones, que ya en aquellos años supieron desplegar todo el arsenal de violencia diversificada que les es característico: donaciones y persecuciones, sobornos a líderes locales y dirigentes políticos, agresivas campañas mediáticas prometiendo el “desarrollo” y “nuevos empleos”, y hasta el amedrentamiento y las balas de fuerzas parapoliciales… Nada de eso pudo quebrantar entonces la férrea convicción de esas comunidades; para ellas era claro que ninguna promesa de “desarrollo” y de “oportunidades de enriquecimiento” era siquiera comparable a las riquezas, bellezas y bienestar que ellos ya disfrutaban y cultivaban con sus sistemas de vida. Antes que se transformara en un potente concepto político extendido a lo largo y a lo ancho de Nuestra América, antes de que la cartografía de los imaginarios políticos se viera sacudida por la emergencia de un nuevo horizonte emancipatorio condensado en la voz quecha de Sumaj Kawsay, esas comunidades de Intag ya sabían de qué se trataba el BUEN VIVIR… Ellos viven, practican, cultivan y disfrutan del Buen Vivir. Ya desde entonces, ellos saben que ese Buen Vivir nace y depende de sus montañas; han aprendido, por tanto, muy bien que el “desarrollo” es la principal amenaza, el arma más poderosa que apunta, hoy por hoy, contra el Buen Vivir…

2.- Estoy por primera vez en esa políticamente densa zona de Nuestra América que es Intag. Me encuentro en medio de una reunión de vecina/os de distintas localidades y pueblitos que se llegaron –no fácilmente- a la sede de la cooperativa de tamberos de Chalguayacu Alto. Más que los obstáculos del relieve, debieron esforzarse para pasar los “filtros” que los cuerpos de la policía nacional han instalado en los caminos para controlar e impedir, según los casos, el tránsito de la/os vecina/os por sus propios caminos… Veo rostros de aflicción; las voces suenan trémulas; como apagadas; unas como ahogadas en el dolor y la desesperanza; otras intentando contener tanta rabia y tanta indignación… Un vecino cuenta el estado de desesperación de la esposa de Javier Ramirez Piedra, presidente electo de la comunidad de Junín, detenido en condiciones irregulares (por decir lo menos) desde el 10 de abril de 2014 bajo los cargos de “rebelión, sabotaje y terrorismo”; es que lo que se creía una medida intimidatoria extrema pero de corta duración, ya va para largo: más de tres meses de detención, sumando arbitrariedades judiciales, unas tras otras… Otra vecina comparte el estado de angustia de su hija adolescente: “Nidia”, de trece años, tiene desde hace unas semanas trastornos de sueño y digestivos; padece de insomnio, y de noche, despierta sollozando; de día, le acompaña un estado de náuseas y vómitos… No quiere ir a la escuela; siente temor de tener que atravesar las propias calles del pueblo donde nació, ahora surcadas y ocupadas por numerosos policías, uniformados, de civil, y hasta con el torso desnudo. Están ahí, exhibiendo la “presencia del Estado”, haciendo saber que están ahora controlados y vigilados; lo escuchan y lo ven todo; que ellos son la fuerza, la razón y la ley. Están, unos acampando en las escuelas y otros, “alquilando” camas a vecinos a razón de 10 dólares la noche, a modo de “adelanto” de la prosperidad que traerá la minería… Ya las primeras voladuras han sido detonadas; no todavía en los cerros, sino en el tejido social de la comunidad. El dinero ofrecido es más ácido que el drenaje de mina: dinamita los vínculos y las relaciones; produce fracturas prácticamente irreversibles. Por qué aceptar la limosna estatal; por qué oponerse a lo que parece “inevitable”; dejarse vencer y traicionar a la comunidad; darse cuenta a tiempo y “aprovechar lo que sea posible”: las acusaciones cruzadas surcan los territorios de solidaridades históricas… Y con esas primeras grietas se “cuela” el poder de fuego de la voracidad extractivista en ciernes

3.- Quién hubiera pensado unos pocos años atrás que el gobierno nacido y construido bajo el espíritu revolucionario del proceso constituyente que legara no sólo al Ecuador, ni sólo a Nuestra America, sino a la humanidad toda, la Constitución de Montecristi (2008), quien hubiera imaginado que ese gobierno terminara luego persiguiendo, judicializando, criminalizando y reprimiendo a los defensores de los Derechos de la Naturaleza. Más todavía, un gobierno que ejerce el poder en nombre de una supuesta “revolución ciudadana” acusando de terroristas a “simples” campesina/os, cafetalera/os, agricultora/es, criadores de vacas, de frutas, de ríos y de bosques, simplemente porque quieren seguir manteniendo y cuidando sus sistemas de vida, la salud y vitalidad de sus territorios; simplemente porque no quieren saber nada con una minería que no tiene nada que ver con ellos, con sus modos de producir y habitar sus montañas: porque la tecnología es extraña, como extraños son los motivos y los fines de la explotación; porque el cobre es deseado por otros y para otros; porque los caminos y la infraestructura, serán para usufructo de la “empresa”… Porque nada de lo que ofrecen compensará las pérdidas… Y hacer la voluntad de lo extraño en el propio territorio, produce extrañamiento, alienación ecobiopolítica.

Las comunidades de Intag lo saben y por eso se oponen. Esa oposición los ha convertido en enemigos declarados de la “causa nacional”, la nueva ola desarrollista que sopla ahora bajo los discursos grandilocuentes de la “revolución ciudadana”. Extraña revolución, que se parece tanto a las formas y los modos de una dictadura; extraña apelación a la “ciudadanía”, cuando los que salen a las calles a expresar su voluntad son perseguidos y judicializados; cuando las propias autoridades electas son acusadas de “terrorismo” por intentar cumplir el contrato político con sus electores…. Javier Ramirez Piedra es, como me lo describen sus vecinos, “un campesino honrado, pacífico y solidario”, comprometido desde siempre con la defensa de esa parte de la Cordillera de Toisán que es hoy su hogar. En reconocimiento precisamente a su honestidad y compromiso, ha sido electo presidente de la comunidad de Junín. En cumplimiento de su “mandato electoral” ha participado y apoyado las manifestaciones populares contra el ingreso de la ENAMI (Empresa Nacional de Minería) a la zona. Esta empresa, creada por Rafael Correa, para arremeter en la zona con el proyecto Llurimagua, de explotación de cobre en casi 5000 hectáreas, en alianza con la transnacional chilena, oneroso legado de la dictadura de Pinochet, la CODELCO, procura ahora “revestir” de presuntamente “nacional” una explotación que por sus características, condiciones, modalidades y objetivos, es, más que transnacional, de carácter insoslayablemente (neo)colonial.

Javier Ramirez ha sido acusado de “rebelión, sabotaje y terrorismo” presuntamente por participar en una manifestación de vecinos que intentaron impedir el paso de agentes de la ENAMI a iniciar una nueva exploración de la zona. Desde el 10 de abril hasta la fecha permanece detenido. El 8 de mayo de este año, empleados de la ENAMI ingresaron a la fuerza, a la zona de Intag, escoltados por un cuerpo de 250 policías y fuerzas especiales anti-motines, en más de 30 vehículos policiales y acompañados por el gobernador de Imbabura. En su cuenta de Twitter, la ENAMI publicó la “noticia” con un lacónico y cínico comentario: “Una entrada pacífica y con apoyo de la comunidad a la zona de Llurimagua. Mineria Responsable”… Para más, esos policías ingresaron para no salir: han hecho de Junín y sus alrededores un territorio literalmente ocupado. Controlan y administran a su propio antojo y arbitrio no sólo el ingreso de “externos y foráneos” a la región, sino incluso, el propio tránsito de los mismos vecinos entre pueblo y pueblo. El 14 de junio pasado, el día antes de mi llegada a la zona, las comunidades de la región decidieron reunirse en Cotacachi y emprender una caravana en solidaridad con Junín y con su presidente detenido y en defensa de Intag. Se congregaron más de 400 personas en la plaza. El alcalde de Cotacachi, los concejales y funcionarios municipales, vecinos de localidades vecinas, vieron sin embargo, frustradas sus intenciones: la Policía Nacional les negó el paso en nombre de las medidas de seguridad tomada por el “Operativo Nacional Intag”, bajo órdenes directas del Ministerio del Interior, según respondieron… Ese sábado 14 de junio, la prepotencia estatal ejercida bajo el discurso legitimador de “revolución ciudadana” aplastó toda pretensión de mínima de ciudadanía; cobró las formas y los gestos de la más tosca dictadura. Ese día quedó claro que desde abril por lo menos a esta parte, Intag pasó a estar bajo un régimen de estado de sitio de facto.

Durante los procesos de resistencia de Intag, sus pobladores se han tenido que enfrentar incluso a los paramilitares de la empresa minera

4.- Yo llegué a Intag al otro día, de ese soberano atropello a la voluntad popular. El domingo 15 de junio era un día especial para todo Ecuador: ese día no sólo se festejaba el día del padre, sino que además debutaba la selección en el mundial de fútbol contra Suiza. Mientras en todo el país se vivía un clima de fiesta, en la zona de Intag predominaba un ambiente de terror. El terror alude no sólo a un estado fisiológico que se apodera de los cuerpos, sino también a un estado social donde las prácticas y las relaciones se hallan bajo el dominio del miedo y la angustia. Eso era lo que veía y percibía en cada rostro y en cada palabra que intercambiaba con la/os pobladores de la zona. La empresa minera, la ENAMI, como es del protocolo de sus políticas de fabricación de “consenso”, organizó un festejo para los padres, pero fueron muy pocos. Las calles estaban habitadas por el silencio y la mirada vigilante de patrulleros y policías de a pie. La gente, en la reunión convocada para hablar de la marcha frustrada del día anterior, hablaba bajito y mirando para el suelo… El miedo se percibía en el silencio y en los gestos. El proceso de “socialización” minera ya ha empezado; el clima de angustia y de terror es uno de sus primeros efectos/resultados. Pareciera ser que lo que no lograron años atrás grandes empresas extranjeras, ahora sería factible bajo la fachada de una “empresa nacional” que, encima, actúa con todo el poder de un gobierno que dice haber dejado atrás la larga noche neoliberal y gobernar ahora en nombre del “socialismo del siglo XXI” y la “revolución ciudadana”… Extraña situación en la que los nuevas administraciones progresistas y o de izquierda vienen ahora a continuar la agenda y los planes de gobierno que no pudieron ejecutar y completar los “neoliberales”… Extraña situación en la que las poblaciones que actúan en defensa de los principios de la Constitución de Montecristi, los defensores de los Derechos de la Madre Tierra, son ahora perseguidas y acusadas bajo el cargo de “terrorismo”; donde los “terroristas” viven literalmente aterrorizados por los atropellos del Estado… Es que así es la ecuación de la gobernanza neocolonial del extractivismo: el “desarrollo” minero, desde sus primeros pasos, desde la etapa de la “exploración”, no puede avanzar sino por medio de la fabricación e implantación de un estado social y corporal de terror… Bajo ese régimen está hoy Intag. El terrorismo extractivista –que pareciera más peligroso aún bajo los ropajes del “progresismo desarrollista”- está asfixiando las esperanzas y semillas del Buen Vivir que hay ahí guardadas en la cordillera de Toisán. Esa zona que fue pionera y emblema en la lucha por el Buen Vivir, pionera en la defensa de los Derechos de la Madre Tierra, y madre de tantas otras luchas semejantes en Nuestra América, está hoy bajo amenaza; literalmente sitiada; bajo estado de excepción… Precisa, hoy, de nuestras miradas y de nuestro corazón, de nuestra comprometida atención y apoyo… Allí en Intag se está librando una batalla clave por la revolución civilizatoria del Buen Vivir.



Horacio Machado Aráoz. Investigador del Conicet, Argentina

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes


Ollanta Humala (Foto: Perú 21)

Mediante una carta dirigida al presidente Ollanta Humala, más de 100 organizaciones internacionales que participan en el proceso de la negociación climática, expresaron su preocupación por las modificaciones ambientales incluidas en el “paquete reactivador” de la economía propuesto por el gobierno peruano.

En la misiva –que suscriben Oxfam, WWF International, Third World Network, Friends of the Earth (Europa, Estados Unidos, Reino Unido) y otros– señalan que la iniciativa gubernamental debilita las capacidades de fiscalización ambiental, los procesos de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica, así como los estándares de calidad ambiental.

“En un contexto de crisis climática global, donde se requieren acciones concretas y urgentes, esta propuesta constituye una muy mala señal, que es aún más grave considerando el rol de la presidencia peruana de la COP20″, manifestaron.

Las organizaciones invocaron al gobierno peruano a ejercer con coherencia nacional e internacional el encargo que el mundo le ha encomendado.

Agregaron que su aprobación constituye un grave retroceso para el Perú en materia ambiental, fortaleciendo una visión errada en la cual la fiscalización y regulación ambiental se perciben como limitantes de las inversiones.

Sobre el tema, el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, reconoció que estas entidades están inmersas en la agenda ambiental mundial, pero su intervención no afecta al Perú en su papel de organizador de la COP 20.

RESPUESTA OFICIAL

Con respecto a las críticas de que el paquete económico puede afectar los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos, voceros del gobierno negaron esta posibilidad.

En la víspera, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señaló que un TLC puede ser pasible de sanciones cuando las medidas adoptadas incurren en discriminación o incumplen el principio de reciprocidad comercial, como en el caso con Estados Unidos.

“Cuando los acuerdos de comercio contienen restricciones a la disminución de la exigibilidad de normas ambientales, se señala que las sanciones son aplicadas cuando existe un ánimo discriminatorio para el comercio internacional”, dijo.

En tanto el viceministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, sostuvo que el paquete económico no implica la reducción de los estándares ambientales enmarcados en los TLC que suscribió el país.
“A raíz de estos comentarios acerca de los TLC, debo precisar que tenemos provisiones relacionadas a medio ambiente solo en cuatro tratados: con Estados Unidos, Canadá, Corea y la Unión Europea, de los cuales solo el acuerdo con Estados Unidos tiene provisiones vinculantes”, indicó.

Por su parte, el jefe del Gabinete de Asesores del MEF, Alonso Segura, explicó que con la reducción temporal (3 años) de las multas ambientales a las empresas extractivas se quiere “evitar que el Estado se vaya al lado extremo de interferir indebidamente la conducción de actividades económicas”.’

La República

CARTA ENVIADA AL GOBIERNO PERUANO POR ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL INTERNACIONAL INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE LA COP20

Lima, 8 de Julio del 2014

Señor
Ollanta Humala Tasso
Presidente de la República del Perú
Presente.-
Asunto: Organizaciones de sociedad civil internacional piden coherencia a la Presidencia Peruana de la COP20.

De nuestra consideración,

Por medio de la presente reciba el saludo de las organizaciones abajo firmantes, las que nos dirigimos a usted en su condición de Jefe de Estado del Perú y, asimismo, de Presidente de la Conferencia de las Partes frente al Cambio Climático – COP20, para expresarle nuestra más alta preocupación por las medidas que viene promoviendo el Gobierno Peruano para la promoción de inversiones en el marco del Proyecto de Ley N° 3627/2013-PE, que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País.

Resulta de particular preocupación que dicho Proyecto promueva medidas que afectan la institucionalidad ambiental del Perú como los cambios en: a) las capacidades de fiscalización del Ministerio del Ambiente del Perú – MINAM y su Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA; b) los procesos de Ordenamiento Territorial y de Zonificación Económica y Ecológica en el país; c) los protocolos y tiempos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental – EIA, d) en el proceso de creación de Zonas Reservadas y Áreas Naturales Protegidas –ANP, así como e) la flexibilización de los criterios para establecer Límites Máximos Permisibles – LMP y Estándares de Calidad Ambiental– ECA.

Consideramos que dichas medidas constituyen un grave retroceso para el Perú en el campo ambiental, e instamos al Gobierno Peruano a reconsiderar y retirar esta iniciativa.

En un contexto de crisis climática global, donde se requieren acciones concretas y urgentes, esta propuesta constituye una muy mala señal, que es aún más más grave considerando el rol de la Presidencia Peruana de la COP20. El Proyecto de Ley permite premiar a quienes no cumplen con las normas ambientales vigentes en el país y cede ante la fuerte presión de actores económicos por flexibilizar los estándares y facilitar la expansión de los sectores del gas, petróleo y minería, cuyo impacto en relación al medio ambiente; incluyendo el fenómeno del Cambio Climático; es ampliamente conocido. Estas presiones ocurren también en el marco de la negociación climática global y se espera que la Presidencia Peruana de la COP20 asuma un liderazgo que logre neutralizar esta influencia, la que constituye un serio obstáculo para lograr los avances que el mundo requiere hacia el nuevo Acuerdo Climático Global.

La orientación de las reformas en Perú es de alta preocupación para nosotros, ya que fortalecen una visión errada en la cual la fiscalización y regulación ambiental se perciben como limitantes de las inversiones y dinamización de las economías. Este es un momento histórico en el cual los países reconocen a la institucionalidad ambiental y el respeto a un ambiente sano como condiciones fundamentales para el desarrollo de nuestros países sobre la base de la gobernabilidad y uso sostenible de los recursos naturales. En el contexto de la lucha global contra el cambio climático esta es una visión que debemos promover juntos de cara a lograr avances en la negociación climática.

Este sensible contexto requiere del Perú un liderazgo consistente que debe expresarse en la coherencia interna para el desarrollo de sus políticas ambientales y el hacer frente al cambio climático. Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado al Gobierno Peruano para demostrar un liderazgo global fuerte en materia ambiental tanto interna como externamente y conducir de esta manera a las naciones del mundo hacia una COP20 productiva y memorable.

Agradeciendo de antemano su atención, y reiterando nuestro compromiso por promover un Acuerdo Climático Global ambicioso, justo y equitativo.

Atentamente,

Suscriben:

País

1. Actions Communautaires pour le Development Integral (Congo)
2. Alamanga (Francia)
3. All Nepal Peasants Federation (Nepal)
4. Amigos de la Tierra España (España)
5. Asociación Ambientalista Mayu Sumaj (Argentina)
6. Association Québécoise de Lutte contre la Pollution Atmosphériques -AQLPA (Canadá)
7. Ateneo School of Government (Filipinas)
8. Australian Conservation Foundation (Australia)
9. ACEER Cusco (Perú)
10. ACEMAA (Perú)
11. Bangladesh Krishok Federation (Bangladesh)
12. Bianca Jagger Human Rights Foundation (Estados Unidos)
13. Birdbusta Marketing (Australia)
14. Both ENDS (Netherlands)
15. Brown University (Estados Unidos)
16. Burness Communications (Estados Unidos)
17. CATAPA (Bélgica)
18. Catherine Money Consulting (Australia)
19. CCTNE (Reino Unido)
20. Center for International Environmental Law – CIEL (Estados Unidos)
21. Centre National de Coopération au Développement – CNCD 11.11.11 (Bélgica)
22. Centro Alexander Von Humboldt (Nicaragua)
23. Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES (Uruguay)
24. Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (México)
25. Climate Action Monaro (Australia)
26. Climate Action Network Tanzania (Tanzania)
27. Climate Action Network Uganda (Uganda)
28. Climate Change Network Nigeria (Nigeria)
29. Climate Justice Programme (Australia)
30. Coalition of the Flemish North-South Movement – 11.11.11 (Bélgica)
31. Comision Justicia y Paz (Bélgica)
32. Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras CONPAH (Honduras)
33. Consejo Nacional de la Mujer Indígena – CONAMI (Argentina)
34. Consumers Addociation of Penang (Malaysia)
35. Costa Rica Limpia (Costa Rica)
36. Digital Democracy (Estados Unidos)
37. EADES SAS (Colombia)
38. EC (Bélgica)
39. EcoEquity (Estados Unidos)
40. Ecological Christian Organisation -ECO (Uganda)
41. Eco-worriers (Reino Unido)
42. Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas Región Sur – ECMIARS (América del Sur)
43. Entraide & Fraternité (Bélgica)
44. Environmental Investigation Agency -EIA (Estados Unidos)
45. FECODESA- CIPRES (Nicaragua)
46. Foundation for Environment and Agriculture (Bulgaria)
47. Freedom from Debt Coalition – Women’s Committee (Filipinas)
48. Friends of the Baltic (Rusia)
49. Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland (Reino Unido)
50. Friends of the Earth Europe (Europa)
51. Friends of the Earth Malaysia (Malaysia)
52. Friends of the Earth US (Estados Unidos)
53. Friends of the Siberian Forests (Rusia)
54. FUCEERA (Argentina)
55. Fundación Biosfera (Argentina)
56. Fundación Popol Na (Nicaragua)
57. Global Alliance for Incinerator Alternatives- GAIA (International)
58. Green Impact International (Nigeria)
59. Iceland Nature Conservation Association (Iceland)
60. Informationsstelle Peru E.V. (Alemania)
61. Iniciativa Construyendo Puentes – Redes Latinoamericana frente al Cambio Climático (América Latina)
62. Iniciativa Radial (Argentina)
63. Instituto de Derecho Ambiental de Honduras-IDAMHO (Honduras)
64. International Tribal Association (Estados Unidos)
65. ITDP México (México)
66. Jubilee South – Asia/Pacific Movement on Debt and Development (Filipinas)
67. Jugendbündnis Zukunftsenergie (Alemania)
68. Justicia Climática República Dominicana (República Dominicana)
69. Keyhaven Pty Ltd. (Australia)
70. Labor, Health and Human Rights Development Centre (Nigeria)
71. Legambiente (Italia)
72. MHN – Cusco (Perú)
73. Misioneros de Maria Inmaculada (Italia)
74. MNGR (Nicaragua)
75. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC (Perú)
76. Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
77. Museo de Historia Natural del Cusco, Universidad Nacional San Antonio Abad (Perú)
78. New York Climate Action Group (Estados Unidos)
79. New Zealand Youth Delegation (Nueva Zelanda)
80. NGO Coalition for Environment -NGOCE (Nigeria)
81. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL (América Latina)
82. Omilacombe (Canadá)
83. OXFAM (International)
84. Pacific Calling Partnership (Australia)
85. Peru Support Group (Reino Unido)
86. PUIC-UNAM sede Oaxaca (México)
87. Rainforest Relief (Estados Unidos)
88. Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE (Perú)
89. RENACAMIH (Honduras)
90. Save (Francia)
91. Sierra Club (Estados Unidos)
92. St-John River Watershed Organization (Canadá)
93. Sustainable Population Australia (Australia)
94. SustainUS (Estados Unidos)
95. Taiwan Environmental Protection Union (Taiwán)
96. Tcktcktck (Estados Unidos)
97. Tebtebba -Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education (Filipinas)
98. Third World Network – TWN (International)


Ensayo de Interpretación en Bagua

Entrevista por David Roca Basadre

Dina Ananco (wampís) e Isaac Paz (awajún): encargados de la difícil interpretación de textos jurídicos en castellano a sus respectivas lenguas y visión del mundo

En la tradición awajún y wampís, el momento de la muerte es controlado por un personaje llamado el Ságkuch, de los que hay uno para los varones y otro para las mujeres. Su labor es singular, pues inicia el tránsito con un acto sexual por medio de un falo o una vagina de gran tamaño. Cuando los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), elaboraron el diccionario awajún-castellano, decidieron que Ságkuch era el equivalente más conveniente para demonio, uno que viola a las personas como primer castigo en la puerta del infierno.

De esas incomprensiones desmesuradas está hecha la relación entre el Estado peruano criollo, más cercano al ILV, heredero de los invasores europeos coloniales, y los pueblos indígenas. Hasta el día de hoy.

Por eso, durante el juicio a los indígenas en Bagua los jueces debieron retardar el proceso, porque la intérprete wampís Dina Ananco Ahuananchi expresó la necesidad de que se explicara a los encausados cada uno de los términos en que consistía la acusación. Ocurre que la mayoría de los indígenas no entendía por qué estaban siendo enjuiciados.

Isaac Paz Suikai, el intérprete awajún, explica que ellos mismos no estaban preparados. “Nos convocaron de un momento a otro para ir a traducir, no era fácil. Estábamos siendo capacitados para la consulta previa, pero no para un juicio”, dice.

Una palabra como “motín”, por ejemplo, carece de explicación en awajún o wampís. O “alevosía”, que no tiene ningún sentido, porque no existe la idea de mayor o menor gravedad en un delito. “Si robas, robas; y si matas, matas”, explica Isaac Paz.

Dina Ananco se vio obligada a traducir “agravio al Estado” como “fastidio al Estado”, pero tampoco quedó claro lo que “Estado” significa. Y lo de “Motín en agravio del Estado peruano” tuvo que contextualizarlo en los acontecimientos del baguazopara que se entendiera algo.

No es práctica bloquear carreteras, poner piedras, porque antes nunca hubo eso entre esos pueblos. Explica Isaac Paz que “a nosotros nos educan diciendo: ‘hijo, no se camina en el camino ajeno, se camina por nuestro camino que es como nuestra casa’, pero había que protestar”. Y agrega que “antes no había formas de manifestación, no había reclamo. Pero como se aprende en los medios que los andinos obtienen cosas con esos reclamos, que en las ciudades también lo hacen, protestan, hacen paros, huelgas, saliendo a la calle, eso lo estamos aprendiendo, imitando”. Por eso fue que “los acusados declararon que el bloqueo de la carretera no era delito, que era reclamar por algo que veían injusto”.

Y es que eso fueron las movilizaciones de hace cinco años: protestar contra lo que viene de fuera que es sentido como invasión, trátese de colonos o de actividades extractivas.

“Las leyes, la Constitución, son obra de otros, nos las han impuesto”, dice Isaac Paz. “Mis antepasados nunca han tenido un espacio de participación para elaborar esas leyes. No es cosa fácil entenderlas de un día para otro”, añade.

Proceso judicial en Bagua contra indígenas y mestizos

Las leyes que no sirvieron

Otra expresión de difícil comprensión es “cadena perpetua”. Cuando Isaac Paz y Dina Ananco explicaron que se trataba de quedar encarcelado hasta morir, fue la desolación total. “La gente se pregunta: ¿qué hemos hecho?, ¿por qué nos castigan? ¿Por qué tenemos que recibir esto? Y entonces lo toman como un castigo malintencionado y sin sentido. Porque dicen: ‘a mí me provocan, me invaden, reacciono, me defiendo y el más grande me castiga encima’. Esa es la percepción. Esto nunca se ha visto en los pueblos awajún y wampís”, relata Paz.

“Contra Ecuador en los años 80 los awajún y wampís fuimos los que defendimos la frontera. Nos hemos enfrentado con los shuar que estaban armados por Ecuador. Siempre hemos participado y somos parte de las fronteras vivas”, explica Paz, “y así tenemos que defender nuestro territorio, nuestro espacio porque nuestra existencia no depende de la economía sino de la naturaleza a la que no se explota sino que se convive con ella, se intercambia, se depende de ella. Y cuando un grupo político nos amenaza, nos invade tenemos que defendernos, pero ya no en forma violenta sino por medio de las leyes nacionales o internacionales que nos asisten. Se pensó que los gobernantes nos harían caso con esos instrumentos, pero no fue así y eso generó el problema. Y al final terminamos siendo culpables de algo que no se entiende”.

Los tuvieron que capacitar en tres días para entender los términos más importantes. Dice Dina Ananco que “desde que revisamos el texto de la acusación fiscal descubrimos varios términos que necesitábamos interpretar y pensar en wampís y awajún, pero con el apoyo del fiscal, del juez, porque de lo contrario iba a dar mi comprensión del término y no la del fiscal”.

Explica Ananco que “para evitar eso iba preguntando, y la situación generó bastante fastidio en el juzgado porque evidenció que no estábamos preparados y que el Poder Judicial – lo que es cierto – no tiene especialistas para ejercer el rol de intérpretes, no solo en Bagua, sino en diversas instancias donde juzgan a indígenas”.

Dina Ananco continúa con su explicación y dice que “hay cierto desconcierto con todo esto, porque no hay la costumbre de llevar un juicio con intérpretes, oficialmente. Pero luego que la noticia salió en los medios, se ha dado un mejor ambiente. El juez consultó con nosotros, se siguió aceptando nuestras preguntas, y se dijo a los abogados y fiscales que expliquen los términos usados”.

Las movilizaciones en Condorcanqui fueron sin armas de fuego, para protestar no para guerrear

Ikmamu

Para el caso de las muertes un juez awajún hubiera dicho que se trataba de ikmamu, que es la acción de devolver el agravio de manera equivalente. “No es venganza”, explican Isaac y Dina, “porque eso significaría resentimiento. El ikmamu existe porque si a mí algo me afecta, es mejor que tú también sientas lo que me afecta a mí, para estar a la par y que en el futuro nuestros hijos no estén peleando”.

Dice Paz: “Los awajún y wampís siempre van al origen de las cosas, a la causa de las cosas. ¿Cuál fue el inicio? Un juez awajún hubiera juzgado a los que entraron, a los que invadieron”.

Y agrega Ananco que “son dos visiones diferentes, por eso esas incomprensiones. Un juez awajún o wampís hubiera visto que los awajún y wampís no provocaron el conflicto, que hubo muertos en ambos lados, y que entonces tiene que haber justicia en ambos lados. Hubo policías muertos e indígenas muertos. Si a mí me castigas, también castígate a ti.

La gente está de acuerdo en que haya justicia para los policías muertos, pero que también la haya para los indígenas y mestizos muertos. Pero como la discriminación es histórica, entonces hay más sensibilidad por unos, y primero le haces justicia a ellos y luego, de repente, a los otros”.

Dina Ananco durante el juicio, esforzándose en la interpretación

Aprendizajes tardíos

“Nosotros no somos expertos en derecho”, razona Dina Ananco, y reflexiona: “no creo que ningún experto haya pensado los términos jurídicos en wampís y en awajún. Un trabajo pendiente es elaborar un glosario de términos que tenga en cuenta cómo entendemos nosotros el mundo. Habría que hacer uno para cada pueblo. Y no estaría mal que los códigos se traduzcan”.

La buena noticia es que van a inaugurar una dependencia de traductores judiciales para todas las lenguas en la Oficina Nacional de Justicia, Paz y de Pueblos Indígenas (ONAJUP) del Poder Judicial. Como dice Isaac Paz: “esto es un derecho, no es un favor. Y es un comienzo, algo tarde, pero es un comienzo. Ojalá que cuando se hable de presupuesto esto no cambie”.

Cuando uno sabe que hay traductores para diversas lenguas europeas en el Poder Judicial, en contraste con esta realidad que es atendida efectivamente tarde, no puede menos que preguntarse sobre el país en el que se vive, los dirigentes que se tiene, y la justicia que se hace.

Entrevista publicada en la revista "Hildebrandt en sus Trece, N° 210, del 11 de julio de 2014.