Archivos para 20 junio, 2014


Esto es lo que pasa mientras vemos el Mundial:

Hace una semana, el presidente Humala anunció que en el Consejo de Ministros se aprobó un paquete de medidas para reactivar la economía peruana, que serán enviados al Congreso. Sin embargo, se conoció que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra de estas medidas propuestas por el MEF. Los rumores decían, incluso, que se encontraba al borde de la renuncia. ¿Por qué?

 
Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, ha realizado un análisis al respecto. Cada uno de los puntos podría aclararnos las razones por las que Pulgar-Vidal no está nada contento con este paquete de medidas. Veamos.

1. Reducción de las multas de la OEFA

¿Qué es la OEFA? Basta con decir esto: la OEFA ha sido visto como una amenaza para ciertas empresas que ya han sido sancionadas por atentar contra el medio ambiente. Y ahora, como explica Noticias SER, las medidas reducen las competencias del Minam en relación a las labores de fiscalización de la OEFA. El análisis de Lanegra precisa un poco más este punto:

Por 3 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA deberá sancionar excepcionalmente. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas (no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta por el 35% del máximo que podría imponer actualmente.

A esto hay que sumarle que lo recaudado en multas irá directamente al Tesoro Público. Pero, ¿por qué este tipo de medidas? El Comercio señala que el reajuste se da en base a las críticas del sector minero-energético por su “desmedida severidad sancionadora”.

2. El Minam ya no creará Zonas Reservadas

Primero, ¿qué cosa es una Zona Reservada? Se trata de una categoría temporal, que se otorga a un área para ser protegida mientras se estudia si debe ser considerada Área Natural Protegida. Hasta el momento, el Minam era el encargado de crearlas, pero con el paquete de medidas todo cambia:

Las Zonas Reservadas (categoría transitoria, que se usa en tanto se realizan estudios para categorizar un Área Natural Protegida) se crearán mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Hoy es función del Ministerio del Ambiente – MINAM (solo necesita Resolución Ministerial de la autoridad ambiental).

Para el director de la SPDA, Pedro Solano, esta medida favorece a un grupo específico de empresas:

“Nos hemos reunido con los empresarios, el gremio y el Minam más de tres veces para explicarles esto. Es falso que sus derechos se vean afectados, pues la Ley de Áreas Protegidas dice expresamente que los derechos preexistentes se respetan. Están mintiendo y lo están haciendo porque a las empresas no les gusta que vaya a haber más ojos encima de sus operaciones”, dice Solano al advertir que de aprobarse la medida solo hará que los conflictos sociales se incrementen.

Y aún hay más.

 
3. Solo 30 días para opinar sobre EIA

El paquete también propone un plazo de 30 días para la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). ¿Qué pasa si se pasan de este tiempo? Lanegra tiene de nuevo la respuesta:

No hacerlo será falta grave y se sancionará al funcionario responsable. Si además dicha opinión técnica es además vinculante (es decir, no es posible aprobar el EIA sin una opinión favorable de la correspondiente entidad), el Titular de la entidad deberá opinar bajo responsabilidad.

Lanegra dice también que “emitir opiniones técnicas vinculantes sobre los EIAs de gran complejidad en menos de 30 días es –al menos–una invitación al error“.

Aquí Pedro Solano sí tiene una opinión favorable; sin embargo, igual asegura que se menosprecia la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones.

4. Análisis económico para los estándares de calidad ambiental

Existen dos herramientas para advertirnos de la contaminación, explica Lanegra:

  • El ECA (Estándares de Calidad Ambiental) define cuándo el aire, el río o el suelo en el que vivimos están contaminados.
  • El LMP (Límites Máximos Permisibles) define cuánta contaminación puede emitir cada empresa.

Hasta el momento, el Minam los aprueba mediante Decreto Supremo y sólo se necesitaba una opinión previa del sector correspondiente. Sin embargo, el paquete del MEF propone algo diferente:

…sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.

De esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.

Para Isabel Calle, directora del programa de política y gestión ambiental de la SPDA, se está desconociendo con esta medida la autoridad ambiental del Minam:

“Así funcionaba antes de que existiera el Minam. Están desconociendo que tenemos una autoridad ambiental competente. Están desvalorando y debilitando el sector (…) Es falso que no puedan intervenir en la decisión. Y tampoco afectan la inversión, pues no son exigibles jurídicamente a las empresas”.

5. Más y más recortes

A todo esto, el análisis de Lanegra agrega que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignarán usos ni exclusiones de uso“. Además, El Comercio indica que se incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros“con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día“.

Las críticas no se han hecho esperar. César Gamboa de DAR asegura que los procesos técnicos se volverán más políticos, ahora que el Consejo de Ministros decidirá. Por eso, más de 30 organizaciones civiles rechazan estas medidas.


Todo esto ocurre este año, en el que somos la sede de la Cumbre del Cambio Climático COP 20. Es la reunión más importante ambiental (de una de las anteriores COPs salió el Protocolo de Kyoto). Algunos dicen que esta es la única razón por la que que Pulgar Vidal aún no renuncia.
 

¿El jardinero infiel?

Para Claudia Cisneros, el paquete de medidas del Ejecutivo confirma que el ministro Mayorga declaró la guerra al Minam y a la consulta previa.

El ministro Eleodoro Mayorga dijo que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa (…) han significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. ¿Cómo es posible que en un país en el que aún no se resuelve lo que pasó hace 5 años por el mismo concepto de hacer caja y de despreciar el cuidado del medio ambiente y el derecho de quienes subsisten a partir de él, se permita que un ministro diga algo así? ¿No es acaso elocuente el silencio del presidente, de su esposa, o de otros ministros que no han salido a enmendarle la plana? reflexiona la periodista Claudia Cisneros en su columna de hoy en La República, la cual compartimos a continuación.

Ya estábamos advertidos. Cuando en marzo pasado Beatriz Merino, ex defensora del Pueblo, hoy presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, presentó el llamado Libro Blanco. El flamante ministro delMinem, Mayorga, apadrinó la presentación del Nuevo Testamento del empresariado extractivo, opinó a favor de la flexibilización de normas ambientales y mintió asegurando que había un consenso con el Minam.

Los usuales mercenarios mediáticos, a sueldo, auspicio o bono, apoyaron el relajamiento del cuidado medioambiental minimizando su verdadero riesgo. El gobierno preparaba (con vaselina) a la opinión pública para lo que se venía. Tres meses después nos presentan al monstruo: Se culpa de la desaceleración económica al Minam. Los empresarios han encontrado en esta delicada coyuntura económica la coartada perfecta para deshacerse del único ministerio que representaba al país más que a sus intereses empresariales.

El paquete de normas que para ellos han presentado disminuye las atribuciones del Minam en cosas tan elementales como la facultad de declarar Zonas Reservadas o elaborar los Estándares de Calidad Ambiental, rebaja multas por contaminación. Esto es un verdadero escándalo. Como dice César Gamboa, de DAR, los “procesos técnicos serán políticos porque los decidirá el Consejo de Ministros”.

Este contraataque empresarial, acogido y promovido por el Ejecutivo, configura una de las más altas traiciones de este gobierno. No solo porque la solución de la desaceleración no pasa solo por incentivar inversiones rápidas en ese sector (de hecho pone en evidencia cuánto no ha hecho lo debido Castilla para diversificar y sustentar nuestra economía en otros rubros), sino que la factura que nos va a dejar es una huella enorme y potencialmente dinamita social para el siguiente, sino también este gobierno.

Para todos los involucrados la ecuación parece ser: hagamos caja, hagámosla ya. ¿Alguien puede creer que a esos empresarios y a esos políticos les interesa principalmente nuestra economía, la tuya, la mía, la de los que menos tienen? El susto económico funciona, pero como dice José de Echave, es un “falso y peligroso dilema para un país entre regulaciones ambientales e inversiones”.

Mayorga ha llegado a decir en público, y para que escuchen todos, que “la creación del Ministerio del Ambiente, la consulta previa (…) han significadoun bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. ¿Cómo es posible que en un país en el que aún no se resuelve lo que pasó hace 5 años en que murieron 32 peruanos (uno desaparecido) por el mismo concepto de hacer caja y de despreciar el cuidado del medioambiente y el derecho de quienes subsisten a partir de él, se permita que un ministro diga algo así? ¿No es acaso elocuente el silencio del presidente, de su esposa, o de otros ministros que no han salido a enmendarle la plana?

Es obligación legal y moral del Estado y del Minam resguardar lo poco avanzado y de ninguna manera aceptar un retroceso. Nadie en la sociedad civil sabe qué más esconde el paquetazo antiambiental. El ministroPulgar Vidal tiene una responsabilidad, primero, frente a la población a la que sirve, antes que a un gobierno. Y aún no se le escucha, pese a que el Minam va rumbo al cadalso. ¿Será que lo habremos perdido? ¿Se alineará y preferirá quedarse de jardinero, en vez de defender el ministerio y las causas del país y de la gente por las que ha trabajado toda su vida?

 


 Mural en Celendin, Cajamarca region, PeruFront Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders – http://www.frontlinedefenders.org/node/26271


 
Editorial Noticias SER
PUBLICADO: 2014-06-19

Los recientes anuncios hechos por el ministro de Economía sobre un paquete de medidas que buscan frenar la desaceleración económica parecen ser una victoria más de los gremios empresariales que han realizado una intensa campaña mediática en contra de un conjunto de normas y políticas que forman parte de las competencias del Ministerio del Ambiente y que han sido englobadas, junto con otras normas, bajo el término de la “permisología”.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado por el gobierno de Alan García en el año 2008, sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, como parte de un paquete de decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que se dieron para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como TLC. Es decir, nació como consecuencia de dicha negociación y no necesariamente como producto de la voluntad política de dicho gobierno.

Es bueno señalar que desde su creación hasta la fecha, los tres ministros que han estado a cargo del sector, Antonio Brack, Ricardo Gisecke y Manuel Pulgar Vidal, buscaron –con diferente ritmo y no siempre con la firmeza que se requería- el desarrollo de un conjunto de normas y políticas que permitieran cumplir con el objetivo central del MINAM que es “la conservación del ambiente y el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales”. Y es por esta razón, desde el momento mismo de su creación, que el sector ha sido visto como una amenaza a los intereses de algunas empresas que se resisten a que en nuestro país existan estándares ambientales de calidad; empresas que además han sido sancionadas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por diversas razones.

El problema es que no solo los gremios empresariales han estado en contra de las políticas del sector, al que ya habían logrado mediatizar frenando la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE), sino que incluso algunos ministros del actual gabinete, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se han convertido en los principales enemigos del MINAM llegando a afirmar que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha declarado al diario El Comercio que “Hay trámites que demoran mucho tiempo por aspectos burocráticos, que entorpecen proyectos convenientes para el país”, refiriéndose a los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.

Es por ello que se anuncia dentro del paquete de normas medidas tales como la reducción de las competencias del MINAM en relación a las labores de fiscalización de la OEFA, a la creación de zonas reservadas o al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental que ahora requerirían del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual neutralizaría totalmente al Ministerio del Ambiente, convirtiendo al sector en un mero tramitador. Todo ello cuando los ojos del mundo se posan sobre nuestro país que se prepara a recibir a la cumbre mundial sobre el cambio climático – COP 20.

Por esta razón, Noticias SER quiere expresar su rechazo al conjunto de medidas que viene anunciando el gobierno del presidente Ollanta Humala porque, más que resolver los problemas que afectan a nuestra economía lo único que harán será resolver los problemas de algunas empresas, y sobre todo porque su aprobación significará la partida de defunción del Ministerio del Ambiente y la desprotección total de nuestros recursos naturales.

 

Foto: OEFA

– Tacna, Ayacucho y Madre de Dios son las regiones que menos fiscalizan. Dirección General de Minería ocupa el duodécimo lugar.

Servindi, 18 de junio, 2014.- “Ningún gobierno regional aprobó la evaluación de fiscalización ambiental”, sostuvo el funcionario Mauricio Cuadra Moreno durante la presentación de la publicación: Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. Informe 2013: Índice de cumplimiento de los gobierno regionales.

“En una escala vigesimal (de cero a veinte) todos están desaprobados”, manifestó Cuadra Moreno, subdirector de Supervisión a Entidades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) durante la presentación efectuada el martes 17 de junio.

Ni siquiera Piura que ocupó el primer puesto aprobó el examen; mientras que Ayacucho, Madre de Dios y Tacna se ubicaron en los últimos lugares en la evaluación sobre el control de la pequeña minería, la minería artesanal e informal e ilegal, indicó.

El OEFA es un organismo público, técnico especializado, adscrito al ministerio del Ambiente. Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).

Como ente rector del SINEFA, supervisa que las funciones de fiscalización ambiental a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional y local se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

El examen califica sobre cien puntos la eficiencia de los gobiernos regionales en su función de fiscalizadores ambientales y comprende el antes, durante y después de la acreditación para las actividades de las unidades mineras.

Si bien la OEFA no lleva la responsabilidad de vigilar a las pequeñas unidades mineras pequeñas, sino a la mediana y gran minería, sí tiene la potestad de supervisar a los gobiernos regionales y a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La situación es grave en Madre de Dios que ocupa el antepenúltimo puesto de 25 gobiernos regionales, a pesar que el impacto ambiental de la minería informal e ilegal en dicha jurisdicción es ampliamente conocido.
Falta de personal capacitado

“En los gobiernos regionales solo hay uno o dos funcionarios responsables de la fiscalización cuando los mineros informales son muchos más”, agregó Mauricio Cuadra Moreno.

Por su parte Delia Morales Cuti, directora de Supervisión de la OEFA destacó la incapacidad del personal regional encargado de la fiscalización.

“No hay perfiles asociados en el personal encargado de fiscalizar. Es como si pusieran a un médico en vez de un ingeniero ambiental”, expresó.

Según el índice de cumplimiento de la función de fiscalización ambiental minera la Dirección General de Minería del ministerio de Energía y Minas ocupa el duodécimo lugar con un puntaje vigesimal de 06.22.

¿Hay voluntad política?

Mauricio Cuadra Moreno dijo que el contexto no facilita la transferencia de recursos para fiscalización ambiental a los gobiernos regionales ya que “hay un escenario en el que funcionarios están relacionados a la minería ilegal”.

Si bien existe un mecanismo entre la OEFA y los gobiernos regionales para unir esfuerzos y fiscalizar de manera conjunta a la pequeña y marginal actividad minera, hasta el momento “ningún gobierno regional nos ha pedido ayuda”, aseguró.

La situación se complica con la aproximación de las elecciones regionales y la posición flexible del ministro de Economía y Finanzas, quién hace pocos días anunció medidas para flexibilizar las sanciones ambientales y “evitar sobrecostos innecesarios a las empresas”.

Acceda a la publicación con un clic en el siguiente enlace:
Fiscalización ambiental a la pequeña minería y minería artesanal. Informe 2013: Índice de cumplimiento de los gobierno regionales. (PDF, 142 páginas)

Fuente: SERVINDI