Archivos para enero, 2014


En este texto, John Perkins presenta un panorama claro de cómo Estados Unidos se convirtió en una de las naciones más poderosas del mundo, haciendo pronósticos económicos falsos en los países del Tercer Mundo y manipulando a sus líderes corruptos.

John Perkins fue contratado como economista por una compañía constructora con el fin de que convenciera a los países del Tercer Mundo a pedir cuantiosos préstamos al Banco Mundial y que, de este modo, quedaran endeudados durante años.

Pero no sólo quedarían endeudados económicamente, sino que se les haría pagar la deuda a través de favores que beneficiarían a Estados Unidos, tales como: bases militares, votos favorables en las Naciones Unidas y acceso a los recursos naturales. Esta es la historia de John Perkins, un sicario económico.


 
 Por: Rocio Silva Santisteban M. (@pavese)
 
El domingo en La República se publicó un reportaje sobre lo sucedido en Cajamarca con las trabajadoras sexuales de los night club Alondra y PK2 que fueron golpeadas por las rondas urbanas. A mi entender, el reportaje adolece de confusión en relación con los que implica la institución “rondas” y en la medida que he trabajado el tema desde hace muchos años quería aclarar algunos puntos.

Ante todo quiero dejar constancia de mi indignación por lo sucedido: simplemente lo que hicieron las rondas urbanas es un delito y se tipifica de lesiones contra el cuerpo y la salud. Las fotografías de las piernas de las lesionadas las expusieron ellos mismos y dan cuenta de un atropello y violación de los derechos humanos de todas estas jóvenes y, desde que sé, las rondas siempre han respetado la constitución y la legalidad. Me solidarizo con todas las mujeres agredidas y espero que se inicie una investigación fiscal que termine en sanción a los culpables.

Sin embargo, creo que la percepción de esta situación en el contexto del inminente inicio de trabajos mineros para desaguar la laguna El Perol, así como de las declaraciones de ayer de Vladimiro Huaroc (“Si no se rescata el Estado de derecho en Cajamarca puede devenir el descontrol”), está siendo aprovechada por ciertos sectores para mellar la credibilidad de las rondas campesinas y desacreditar una lucha justa contra el Proyecto Minero Conga, que poco a poco está siendo cercada por los contratos entre la PNP y las empresas mineras, así como por la flexibilidad que permite a la policía y los efectivos del Ejército hacer uso de la fuerza letal incluso si es con otras armas de fuego que no son las reglamentarias (Ley 30151 publicada ayer en El Peruano).

El reportaje de Oscar Miranda del domingo apenas plantea una diferencia entre las rondas urbanas y las rondas campesinas, pero ni en Lima ni en otras ciudades del Perú se percibe la diferencia. Por la forma como Miranda narra los hechos, se entiende que los ronderos urbanos, con Chuquilín a la cabeza, se imponen como moralizadores autoritarios sin, por supuesto, tener ningún tipo de acreditación para ello. Y eso es cierto, pero los ronderos que yo conozco, también perciben esta actuación de las rondas urbanas como algo contrario al mandamiento ronderil. Recordemos que las rondas campesinas están reconocidas en el art. 149 de la Constitución, y sus funciones y límites en un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema.

El día viernes estuve en El Tambo, en las alturas de Bambamarca, y le pregunté a Manuel Ramos, uno de los líderes más reconocidos de las rondas en todo el departamento, sobre su opinión de lo sucedido en el Alondra. Ramos me dijo: “jamás las rondas de El Tambo le han pegado a una mujer, jamás hubiéramos actuado de esa manera. Y si tendríamos que entrar a un lugar donde se ejerce la prostitución clandestina, hubiéramos sancionado a los cafichos y a los explotadores, no a las explotadas”. Entiendo que en Lima se percibe la prostitución como un ejercicio de libertad de trabajo y de uso del cuerpo como espacio de mercancía dentro de los anchos límites del mercado. Quizás esto sea cierto para un porcentaje muy reducido de trabajadoras sexuales, en términos generales en nuestro país, la prostitución implica una situación de explotación de jóvenes mujeres, sobre todo, en zonas alrededor de campamentos mineros legales e ilegales.

Pero el debate sobre la prostitución es otro tema. Regresando a las rondas y sus funciones, considero que Vladimiro Huaroc y las autoridades de este gobierno tendrán que saber que los ronderos y ronderas de Cajamarca, Piura, Amazonas, y de otros lugares, no están “jugando a la ronda”. Estamos hablando de una institución muy compleja que surge en los vacíos de poder del Estado, no por ausencia como suponen muchos, sino por corrupción entre los jueces, policías y operadores de justicia como sucedió en Cuyumalca, Chota, en 1976. ¿Las rondas campesinas administran justicia? Por supuesto que sí, desde hace más de veinte años legalmente. ¿Esto implica que el Estado ha cedido el monopolio de la administración de justicia? Claro que sí, pero en el contexto de una realidad signada por el difícil acceso a la justicia en zonas rurales.

Las rondas campesinas son una institución con varios éxitos además del control del abigeato y de echar a Sendero Luminoso. Por eso, lo sucedido así como la hipótesis de que los ronderos son aliados del narcotráfico, se están blandiendo como excusa para entrar a reprimir a fuego letal a los ronderos y otros manifestantes que luchan por las Lagunas de Conga

 

Previene. Vladimiro Huaroc anota que la influencia de grupos anti inversión en Cajamarca aún es fuerte y que es imperativo tomar decisiones de Estado.
 
Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Elízabeth Prado.

El jefe de la Oficina de Diálogo señala que las comunidades exigen al Estado que ponga orden para garantizar proyectos de desarrollo y el ingreso de programas sociales. También aborda el reconocimiento de comunidades indígenas en costa y sierra, y el uso de remanentes de cobre para artesanía en las zonas cupríferas del país.

Doctor Vladimiro Huaroc, el 2013 la oficina de Conflictos Sociales consiguió importantes acuerdos con las comunidades del sur del país. Las mesas de diálogo, acompañadas de inversiones, dieron resultados. Sin embargo no logró lo mismo en el norte ¿por qué, qué pasó?

Lo que hemos logrado en el sur también lo hemos logrado en el norte.
Probablemente usted tenga esa percepción por el caso Conga.

Conga, Cañaris, Piura.

No, Cañariaco ha tenido un proceso auspicioso.

Cañariaco solo avanzó al 20%.

Cañariaco es un proyecto que ya culminó la etapa de exploración, pero ha quedado sin recursos. Están buscando socio para gestionar la otra etapa y no venderlo. Con relación a las comunidades, en diciembre pasado concluimos la mesa de diálogo con acuerdos para desarrollar proyectos.

Falta la consulta previa.

El grueso de la población está de acuerdo en llevar el proceso de consulta para que la empresa obtenga la licencia social. Hay condiciones para apoyar este proyecto que deberá implementarse con políticas de prevención ambiental y social.

¿Conga reinicia labores este año?

Se ha culminado la construcción del reservorio Challhuagón, está iniciándose El Perol. Hubo protestas durante este proceso de los sectores que siempre lo han hecho. Lo nuevo es que las poblaciones que rodean Conga están de acuerdo con el proyecto, tenemos el acta con esta decisión.

Será en cualquier momento…

Hay una particularidad: los comuneros que vendieron sus tierras a Yanacocha se han convertido en 200 pequeños empresarios de servicios que quieren negociar con Yanacocha. Esto está deteniendo el desarrollo del proyecto cuprífero. Los comuneros no aceptan que Yanacocha contrate empresas fuera de Cajamarca, pero la minera cree que hay más eficiencia en el servicio foráneo.

Cajamarca sigue convulsionada, hay dificultades para que el Estado lleve programas sociales a la zona. Un reinicio en estas condiciones podría sonar a imposición, más si se van a instalar otras comisarías en Celendín, Bambamarca y Cajamarca.

La mayoría de comunidades exige que el Estado ponga orden en el lugar. Un grupo de ronderos está asumiendo roles excesivos en el control de la gente y en las sanciones. La última semana han detenido y castigado a dirigentes que bajaron a reunirse con nosotros. Para nadie es una novedad que hay zonas en Cajamarca donde el Estado no puede ingresar.

¿Está hablando de zonas liberadas?

Son casi zonas liberadas y tiene que modificarse. Esos grupos siempre van a oponerse a toda inversión. Pero decir que la oposición contra el proyecto Conga es sólida no es verdad. Decir que están dadas todas las condiciones para que salga adelante, tampoco. Lo que sí hay son indicadores de un buen escenario.

Si hay buen escenario ¿para qué instalar más comisarías?

Para llevar más presencia del Estado. Cuando hay una comisaría el resto del Estado puede ir a cumplir con los programas sociales y con las demandas de agua, saneamiento, electrificación. A mí me han demandado agencias bancarias, que no habrá si no hay seguridad. Hay que verlo en ese contexto.

¿Se trata entonces de afirmar el imperio de la ley?

Hay distritos en Celendín, San Ignacio, donde no se puede entrar. Por supuesto que el Estado puede ingresar, pero eso significa desplazar tropa y eso no queremos. Tenemos información y evidencias de que en toda esa zona hay narcotráfico, Naciones Unidas lo ha demostrado. Son las rutas del opio. Aparentemente aquí hay una mezcla muy extraña entre las rondas y sectores del narcotráfico. Por eso a ellos no les interesa dialogar.

Un ex funcionario de Yanacocha, Ramón Huapaya Raygada, ha sido nombrado en la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Esto no es contraproducente políticamente en momentos que se plantea reiniciar Conga?

El es el nuevo secretario general de la PCM. Conozco a Ramón Huapaya como un funcionario vinculado al Estado. Él viene aquí por ser un gerente calificado del programa Servir. No interviene en absoluto en políticas de prevención y gestión de conflictos. Eso lo dirijo yo. Él es secretario general, coordina con los viceministerios las políticas sectoriales.

Han pesado más las capacidades del señor Huapaya.

Bueno, yo no lo he nombrado, lo nombra el Primer Ministro. Sí, es un servidor público de trayectoria, conoce el Estado y creo que va ser un buen articulador del Estado.

Chadín II es un proyecto hidroenergético que la población de Cajamarca rechaza porque alegan que el embalsamiento del río Marañón los obligará a emigrar, además de otras consideraciones. El caso es que han acordado no vender sus tierras para el proyecto. ¿Cómo se va a afrontar esta situación?

El Perú tiene un déficit inmenso de energía y será dramático si no avanzamos. La influencia de los sectores anti inversión en la zona es aún fuerte, como usted lo ha dicho, han tomado la decisión de no vender sus tierras. Bueno, esto no es decisión de los comuneros, es acuerdo de los grupos radicales que influyen también en la sierra de Piura donde tienen paralizado el proyecto Río Blanco. Igual influyeron en la sierra de Lambayeque. Se tendrán que tomar decisiones de Estado.

¿Como cuáles?

Esta es una zona en que si el Estado no restablece el estado de Derecho, dados los antecedentes –corredor de droga, presencia autoritaria de sectores de rondas campesinas– puede devenir en descontrol y generar serios problemas al país.

Hablemos del traslado de Morococha a otro lugar para dar paso al proyecto Toromocho.
Ha sido la primera reubicación en la historia del Perú. Este mes está terminando de trasladarse el último grupo.

Fue duro dejar el lugar donde ellos y sus ancestros nacieron.

No, porque el proceso ha sido tan cuidadoso que se ha llevado la iglesia, los muertos, todo. Ahora que están instalados surgen otros problemas, como la discusión del Acuerdo Marco que es un acuerdo social y económico a largo plazo con la empresa. Queremos que el proyecto Toromocho beneficie a las esposas, que se incorporen a la actividad económica, la empresa ya se ha comprometido.

¿De qué actividad se trata?

Necesitamos que parte del cobre de Toromocho se convierta en artesanía, como se hace en Chile, donde la exportan. Hay que hacerlo en todos los lugares donde tengamos cobre. Morococha va ser un modelo.

Está pendiente el reconocimiento de comunidades andinas y costeñas como indígenas, por tanto con derecho a consulta. Es un conflicto en ciernes.

A nivel del Ejecutivo no se ha discutido, y está pendiente la aplicación de la consulta en el mundo andino y costeño. Yo creo que el segundo trimestre tiene que empezarse a discutir.

Mesa de diálogo e inversión han dado buenos resultados. ¿Tienen nuevas estrategias para tratar los conflictos?

Estamos promoviendo entre las empresas el Centro de Excelencia y Buenas Prácticas Empresariales, para un mejor relacionamiento con las comunidades. También estamos proponiendo la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos, para que acompañe el proceso de inversiones y dificultades sociales. Finalmente, la creación del Instituto del Diálogo y el Consenso, a nivel de sociedad civil. 

 

investigación. De Echave realizó junto a varios técnicos un análisis del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. Será expuesto este viernes en Cocachacra.


María Chauca Castillo.

Arequipa.

José de Echave formó parte del primer gabinete de Ollanta Humala y fue invitado a participar en la audiencia pública que los agricultores del Valle del Tambo harán el próximo viernes sobre el EIA del proyecto minero Tía María. Dice que no podrá asistir, pero enviará a técnicos para que expongan su análisis. Autor del libro Más allá de Conga, De Echave nos concedió esta entrevista vía telefónica. Explica su punto de vista sobre el proyecto de Southern.

¿Qué similitudes hay entre Tía María y el proyecto Conga?

Cada proyecto tiene sus particularidades. El piso ecológico de Tía María no es el mismo que el de Conga, donde un ecosistema de lagunas altoandinas iban a ser afectados por la minería. Tía María tiene otras particularidades. El hecho de estar en un valle cerca de la costa se asemeja más al de Tambogrande (Piura), porque son casos donde finalmente la actividad minera contrasta con el riesgo para la actividad agrícola.

¿Tía María es un caso aislado de conflicto social?

Arequipa es la región del Perú con más terrenos concesionados y donde se concentra el mayor número de proyectos de inversión minera. Creo que es un error ver el proyecto como un caso aislado. Se debe ver como un proceso en el que el Estado pretende desarrollar en una zona agrícola una zona de creciente minería, que sin duda va a desplazar a las actividades económicas tradicionales. Hay que leer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde esta perspectiva y comenzar a ver los impactos acumulativos que se pueden generar en una zona si es que se van a desarrollar varios proyectos mineros. Los EIA tienen una limitación y es que evalúan de manera aislada un proyecto.

¿Debió el ministro Merino afirmar que Tía María obtuvo, con la realización de la audiencia, la licencia social?

Decir eso fue mostrar un desconocimiento total de qué significa obtener una licencia social. Si pensamos que una licencia social se logra con una audiencia pública que trae una movilización impresionante de policías, donde miran quién entra y quién no al auditorio, con escaso diálogo y poco tiempo para que la población revise el EIA, es no entender lo que ha pasado en el país en los últimos años.

¿Cómo el Estado logra equidad en afrontar estos conflictos cuando parece que está a favor del proyecto?

Un gobierno tiene la obligación de abordar estos temas con equidad, transparencia, sin precipitación y generando condiciones adecuadas para que se dé un diálogo democrático, participativo e informado. El Estado Peruano y las autoridades deberían ser percibidas por la población como neutrales. En Cocachacra se ve a las autoridades con un afán por sacar adelante el proyecto y de no trabajar en función del bien común. Nadie dice que no haya inversión minera, pero se deben generar condiciones adecuadas y en el caso de Tía María no las hay.

¿Debería ejecutarse este proyecto teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrollaron los talleres y la audiencia pública?

Este proyecto no tiene licencia social. Hoy en día las empresas mineras modernas no ejecutan proyectos si no consiguen esta aprobación. En el 2011, cuando se iba a presentar el EIA, que fue observado por la Unops, tampoco se tenía licencia social. En ese momento se le dijo a la empresa que debía desalinizar el agua en lugar de utilizar la del valle de Tambo, y ésta se negó porque el proyecto sería más caro o inviable. Ahora Southern asegura que desalinizará y cree que con esa afirmación la situación va a cambiar de manera sustantiva, sin darse cuenta que al verse negado años atrás rompió la confianza y creó que la imagen de una empresa que trataba de minimizar costos para obtener mayores ganancias, sin interesarle los temas ambientales. Recuperar la confianza no se hace de un día para el otro. Mal se haría en forzar una situación si no hay las condiciones adecuadas. La minería es una actividad importante, pero debe desarrollarse de manera armónica con los intereses de la población y sin afectar los derechos económicos, sociales, culturales.

¿Cómo se obtiene la licencia social si no hay normativas que lo regulan?

En un país donde hay recursos mineros se debería avanzar en definir cómo se obtiene una licencia social. El ministro de Energía y Minas nos ha dado una lección impresionante de que para él la licencia social se obtiene con una audiencia pública. Los procesos de licencia social están relacionados con procesos de construcción de confianza, aceptación mutua. Tienen su tiempo de maduración y las empresas modernas aceptan y reconocen que es un proceso complicado y complejo.

Los talleres y la audiencia del proyecto fueron accidentadas, con violencia y exposiciones que poco se entendían. ¿Cuáles deberían ser las condiciones para realizar estos eventos?

Esas definitivamente no fueron las condiciones adecuadas, más bien fue una caricatura de un proceso participativo. La participación ciudadana para estos temas tiene que ser oportuna e informada y no fue ninguna de las dos. El EIA del proyecto Tía María tiene un poco más de dos mil páginas. No es un estudio muy largo a comparación del proyecto Conga que tenía poco más de 20 mil hojas. ¿Una población agrícola está en condiciones de revisar en menos de un mes un EIA complejo desde un punto de vista técnico? No. Así tenga los recursos sería difícil porque es un proceso complicado y complejo. Se necesita el concurso de varias especialidades. Las audiencias públicas tienen que ser mejoradas de manera sustantiva.

¿Cuál es papel del Ministerio del Ambiente en estos aspectos?

Se espera que con la creación del Nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) sea el Ministerio del Ambiente quien revise y apruebe los proyectos y no el Minem.

¿Debería la Unops revisar este EIA?

Podría ser. La Unops jugó un rol importante la vez pasada. Es una alternativa interesante. ♣

 

Protesta social en Celendin – Cajamarca contra el proyecto minero Conga. Foto: Jorge Chavez Ortiz

Se modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.
Quedarán “exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”, según reza una ley publicada hoy el diario oficial “El Peruano” y firmada este lunes 13 de enero por el jefe del Estado, Ollanta Humala, y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.
La Ley 30151 fue aprobada por sesión plenaria del Parlamento en junio del 2013 y comunicada por el presidente del Congreso, Fredy Otárola, al Gobierno en diciembre del año pasado.
La iniciativa legislativa permitirá dotar a los miembros de los institutos armados y policiales demecanismos que puedan utilizar en legítima defensa propia y de terceros. En ese sentido, se modificó el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, referido al uso de armas u otro medio de defensa.

Pertenecen al género Ameiva. Proyectos hidroeléctricos amenazan su hábitat.
Hallan nuevas lagartijas en bosques secos del MarañónTodos los datos sobre los hallazgos acaban de ser publicados en la revista especializada Zootaxa. (Foto: Claudia Koch)

Por: Marcos Chumpitaz

En los bosques secos del valle del Marañón (entre los departamentos de Cajamarca y Amazonas), un grupo de científicos descubrió algo inesperado: dos especies nuevas de lagartijas que permanecieron aisladas por mucho tiempo.

Las nuevas especies pertenecen al género Ameiva, un grupo de lagartijas que viven en los bosques y sabanas de las Indias Orientales y en diferentes partes de América. Suelen ser cazadoras muy activas y sus presas son principalmente insectos.

Estas nuevas especies son abundantes en su hábitat y son fáciles de encontrar en días soleados. Sin embargo, no fueron descubiertas hasta ahora debido a que los bosques secos del Marañón no han sido explorados exhaustivamente. Son zonas muy áridas, nunca llamaron la atención de la ciencia. Pero ahora, nos damos cuenta de que son ricas en nuevas especies endémicasº, señala Pablo Venegas, herpetólogo del Centro de Ornitología y Biodiversidad (Cordibi) y uno de los responsables de este hallazgo, que hoy sorprende al mundo.

En los últimos dos años, Venegas junto a la bióloga alemana Claudia Koch (Universidad de Bonn) han venido estudiando y describiendo a estas dos nuevas especies, bautizadas como Ameiva nodam y Ameiva aggerecusans. Ambos nombres quieren decir no a la represaº (en inglés y latín), ello debido a que el hábitat de estos reptiles se encuentra amenazado por la construcción de varios proyectos hidroeléctricos en la zona. Estas lagartijas son endémicas del bosque seco del Marañón, lo que quiere decir que solo existen en esta área. No hay en otras partes del mundo. De llevarse a cabo estos proyectos hidroeléctricos, corren el riesgo de desaparecerº, indica Claudia Koch.

Aunque parecen similares a simple vista, ambas especies tienen sus diferencias bien marcadas. La Ameiva nodam destaca por su coloración en cinco filas longitudinales en el dorso, donde destaca el amarillo. En cambio, las Ameiva aggerecusans llevan una banda vertebral de color crema sobre un color básico oscuro.

Hasta donde se sabe, son insectívoras: se alimentan de arañas, saltamontes y larvas de escarabajo. Sin embargo, no se descarta que coman algunos frutos de arbustos.

Gracias a este descubrimiento, el número de especies de lagartijas del género Ameiva llega ahora a los 30. En el Perú, aparte de las dos nuevas especies, existen otras dos más: la A. ameiva y la A. concolor. Son parecidas externamente, pero las investigaciones genéticas confirman que son especies distintas, acota Koch.

Cabe indicar que estos ejemplares aún no han sido categorizados por organismos de conservación, pero es probable que en el futuro queden dentro de alguna categoría de riesgo, principalmente por su aislamiento geográfico.

Arriba, la A. nodam, abajo la A. aggerecusans. Todos los datos sobre su hallazgo acaban de ser publicados en la
prestigiosa revista Zootaxa, con sede en Nueva Zelanda, y ya han dado la vuelta al mundo. / CLAUDIA KOCH

Fuente: http://publimetro.pe/actualidad/noticia-hallan-nuevas-lagartijas-bosques-secos-maranon-19150



 TORONTO/BUCAREST (Reuters) – Facebook y otras redes sociales están ayudando a facilitar el trabajo de los activistas que protestan contra la minería para bloquear proyectos, logrando que se difunda el mensaje que promueven y a organizarse con mayor rapidez contra una industria que ya enfrenta altos costes y precios volátiles.
Desde Rumania a Perú y Canadá, los movimientos de protesta han bloqueado proyectos mineros en los últimos años, en parte porque los activistas han aprovechado el poder de las redes sociales y la tecnología móvil, señalan ambas partes del conflicto.
El malestar social puede presagiar desastres para los proyectos mineros en cualquiera de sus etapas, incluso después de que se hayan invertido miles de millones de dólares. Y eso no es nada nuevo.
Lo que ha cambiado es la capacidad de los activistas para movilizarse, una tendencia que recuerda los levantamientos políticos que las redes sociales ayudaron a encender a lo largo de Oriente Próximo y el norte de África.
El caso de Rosia Montana, la región rumana donde la canadiense Gabriel Resources Ltd quiere construir la mayor mina de oro a tajo abierto en Europa, ofrece una clara ilustración de cómo las redes sociales han modificado la balanza del poder.
El esfuerzo de Gabriel para que se aprobara el proyecto sufrió una serie de reveses el pasado verano después de que los activistas utilizaron a Facebook para organizar manifestaciones en todo el país.
“Nuestra experiencia en Rumania no es única, pero ciertamente el resultado es que el mejor proyecto del mundo puede convertirse en el peor a menos que el gobierno anfitrión se imponga a la minoría”, dijo el presidente ejecutivo Jonathan Henry al referirse al impacto de las campañas por Facebook contra Rosia Montana.
Sin el apoyo a través de las redes sociales, las protestas no habrían estado tan bien organizadas, aseguró Henry.
VULNERABLE A LAS PROTESTAS
La experiencia de Gabriel en Rumania es semejante a lo que han afrontado muchas otras compañías mineras en todo el mundo. La industria está bajo presión para cumplir unas normas ambientales estrictas y compartir más ingresos con el país anfitrión y las comunidades cercanas a las minas.
En un informe del mes pasado sobre los riesgos que enfrenta la industria minera, la firma contable y de asesoría Deloitte advirtió de la intensificación de las demandas de las comunidades locales, que dijo han sido “elevadas” por las redes sociales. Sostuvo que el acceso de la industria de la minería a nuevos recursos “está en riesgo como nunca antes”.
Es difícil medir el impacto del nuevo activismo porque no hay disponibles de inmediato datos más amplios sobre los costes de los proyectos y las razones de las demoras, pero abundan los ejemplos.
Newmont Mining Corp suspendió la construcción de su enorme mina de oro y cobre Conga en Perú en el 2011 después de unas violentas protestas y la compañía sigue trabajando para tratar de ganar el respaldo de las comunidades cercanas al proyecto.
Jamie Sokalsky, presidente ejecutivo de Barrick Gold Corp, dijo en una entrevista hace unos meses que las redes sociales pueden ayudar a generar malestar social, lo que, a su vez, envalentona a los gobiernos para sus negociaciones con las empresas mineras.
“Tenemos que hacer un mejor trabajo de lo que hemos hecho, al no sólo describir los costos reales, sino también los beneficios”, dijo.
El recientemente archivado proyecto Pascua-Lama de Barrick en la frontera de Chile y Argentina, fue impopular entre los defensores del medio ambiente desde el comienzo debido a su proximidad a los glaciares. Las comunidades cercanas lanzaron protestas y algunos activistas se organizaron por las redes de internet.
El año pasado, las protestas golpearon a Eldorado Gold Corp en Grecia, a Centerra Gold Inc en Kirguistán, a HudBay Minerals en la provincia canadiense de Manitoba, y a la mina Victor, de De Beers, en el norte de Canadá, solo por mencionar algunas.
La naturaleza de la industria minera la hace vulnerable a las protestas. Hacen falta años de trabajo y millones de dólares para asegurar permisos y comenzar la construcción, y los legisladores pueden frenar las aprobaciones o imponer nuevos impuestos antes de que se recupere la inversión.
Seguir adelante con un proyecto en problemas es con frecuencia mucho más barato que comenzar a escudriñar las posibilidades de uno nuevo en otro lugar, de manera que en muchos casos, las compañías ceden a las presiones públicas.
REDES GLOBALES
Las redes sociales se están convirtiendo en una herramienta más poderosa porque cada vez más gente, incluso en economías menos desarrolladas donde se localizan muchos proyectos mineros, tiene acceso a internet.
No obstante, las redes sociales no son una herramienta para organizar movimientos en todos los conflictos. Muchos que viven en economías emergentes y en desarrollo no cuentan con conexiones confiables.
Pero incluso donde el acceso a las redes es irregular, una rápida llamada vía celular a alguien que tenga acceso a internet puede llevar más pronto que nunca antes el mensaje de quienes protestan a líderes políticos, votantes e inversores.
Los activistas que se oponen al proyecto Conga de Newmont transmiten informes telefónicos a páginas web locales, que luego los difunden ampliamente. Estos grupos piensan que la publicidad los ha ayudado a ganar un respaldo crucial en Lima, la capital de Perú, al tiempo que contribuyen a que las manifestaciones sean más seguras para quienes protestan.
Marco Arana, un ex sacerdote católico y fundador del partido de tendencia izquierdista Tierra y Dignidad en Perú, dijo que estuvo en una protesta en marzo cuando muchos policías armados ordenaron a los activistas a dispersarse.
Arana colocó fotos en internet, otros llamaron a las estaciones locales de radio y la policía tuvo que retirarse. Afirma que sin el escrutinio del público, “las cosas pudieron haberse puesto realmente feas”.
“Me uní a Twitter porque me dijeron que era una buena herramienta para mostrarle al mundo lo que está pasando y porque puede evitar situaciones peligrosas”, dijo. “Nunca pensé que (Twitter) sería tan importante”.
/Por Allison Martell y Ioana Patran/

El economista jefe de la institución, Pablo Secada, advirtió que la caída de la actividad económica en Cajamarca está relacionada no solo a la minería, sino a la menor producción de café y el mal manejo del agua.

Guillermo Westreicher H
gwestreicher@diariogestion.com.pe

¿Qué tan grave es la recesión que reportaron en Cajamarca?
Para empezar, lo que motivó que el IPE armara el Indicador Compuesto de Actividad Económica (INCAE) regional, que se puede reportar mensual o trimestralmente, es que el Estado solo hace un cálculo de la producción de las regiones una vez al año, y encima lo publica con cierto retraso.

No tienes buena información. Entonces, cuando en Cusco tienes el desborde del río Urubamba o en Cajamarca hay un enfrentamiento alrededor de un proyecto minero, no sabes bien qué está pasando con la actividad. Pero no es cuestión solamente de ver si la actividad cayó.

¿Qué nos dice el indicador sobre Cajamarca?
Normalmente, el referente de una recesión económica es dos trimestres sucesivos con retroceso en la actividad. En Cajamarca hay siete trimestres, al punto que debe haber terminado cayendo 5% este año, es decir, exactamente al revés que el Perú. Este indicador no se nos ha ocurrido, sino que seguimos una metodología internacional aceptada del Conference Board. Cajamarca está en una recesión profunda y que no mejora.

¿La recesión está relacionada principalmente a la minería?
No, no realmente. El IPE ganó un concurso de la fundación Manuel Bustamante que nos permitió viajar a tres regiones. En San Martín ves inversiones y proyectos. En Cusco también porque hay iniciativas como el aeropuerto de Chinchero, pero en Cajamarca todo lo que escuchas es negativo. Hay un problema con la producción de café en Jaén, que está en retroceso porque el precio está cayendo a nivel internacional, se siembra con una semilla deteriorada, se utiliza mal el agua, etc. Es decir, hay temas que no tienen que ver con el precio internacional o Conga. Los productores de Jaén nos decían que había una serie de problemas que no tenían nada que ver con la minería.

Además, la caída de la inversión minera no empezó ayer. Ya tiene entre siete y ocho años retrocediendo. La novedad es que han concurrido factores distintos, algunos asociados a la producción de café, el manejo del agua, etc. El problema con la minería fue la suspensión de Conga. Todas las empresas que le brindaban bienes o servicios dejaron de hacerlo. Ese fue el problema este año.

¿Qué tan grave es el tema del agua?

Hay un tema de agua que cruza Cajamarca y los especialistas nos dicen que sucede incluso en lugares donde no tiene nada que ver la minería, ni la actual ni la antigua del Estado que fue tan contaminante. Es simplemente que estás botando el agua, no la estás infiltrando en los reservorios, no trabajas en las cuencas, y es un problema que va a crecer en nuestro país por el cambio climático y por el mal uso del recurso.

Casi todo lo que hemos escuchado son críticas, pero hay buenas noticias. Un grupo de funcionarios, que sale de Pronamachcs (Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelo), ha seguido trabajando con las comunidades en la cosecha de agua, armando microreservorios en las partes altas de los cerros para que las aguas de las lluvias no terminen en los ríos y vayan al mar. Son pequeños, suficientes para que una familia pueda tener agua todo el año, y así en el momento de seca -cuando los productos suben- ellos todavía tienen agua. Además, si tienes agua que tú controlas, puedes sembrar cosas diferentes. En este viaje a Cajamarca, hemos visto a gente que siembra flores, que eventualmente llevan al mercado y las venden todos los días. En algunos casos, han recibido cooperación y con plásticos han construido invernaderos.

Son intervenciones en desarrollo rural, pero que parten por el agua. Estuvimos con el asesor principal de Gregorio Santos y han armado 134 proyectos de cosecha de agua, pero desde el sector público, y exigen el perfil SNIP, pasar por contraloría, por el sistema de compras del Estado, etc. Les dije que hicieran una Asociación Público Privada (APP), pero me respondieron que no era el sistema que usaban. No se pueden hacer 134 proyectos en un gobierno regional. Harán 20 o 30 y chau.

¿Por qué las autoridades no consideran la posibilidad de una APP?
La mayoría no piensan en la APP para estas cosas. Creen que la APP es para el aeropuerto o la carretera, pero no para la cosecha de agua o en Lima para hacer caminos, muros y lozas en los cerros. Podrían ‘empaquetarlos’ en una APP. Ni el gobierno de Cajamarca ni en Lima se les ha ocurrido.

¿Cuál es el sentir de la población de Cajamarca?
En Cajamarca hay un problema de expectativas salvaje. Se niegan a aceptarlo, pero la minería de hoy genera 9 empleos indirectos por cada empleo directo. Nuestra matriz insumo producto del 2007 demuestra que la minería mueve toda la economía de Cajamarca. Entonces, no es como construir o no una carretera en Lima. Es un golpe fuerte. Y el tema fue cómo ocurrió el proceso, a patadas, porque hay una desconfianza increíble. Han cambiado a los funcionarios en la empresa, e incluso quien va a hablar con la gente es un cajamarquino. Están haciendo esfuerzos.

En resumen, en Cajamarca no es simplemente una recesión producto de la caída de la inversión minera culpa de Santos…
Así no es. Hay el tema del agua, el café. No han sabido hacer nada importante con el dinero. Recién el municipio de Cajamarca comenzó a trabajar proyectos de agua con Yanacocha. Bien moscas porque Yanacocha está desde el 92 (risas).
En Cajamarca hay dos horas de agua al día, es un desastre. Una ciudad que ha generado ese nivel de canon y no ha priorizado el agua, que es lo primero…Un niño puede enfermarse y morir o perder tanto peso o capacidad cognitiva que le fregaste la vida. Se está despoblando la zona rural. Los jóvenes están yendo a otros sitios porque no encuentran oportunidades. Cajamarca está perdiendo población. Lo que sucede es algo dramático y ciertamente no podemos reducirlo a Yanacocha.

Tampoco a Santos…
Santos tiene más responsabilidad porque no supo negociar con la mina ni utilizar los recursos, pero el alcalde de la ciudad de Cajamarca no es él, y tampoco ha sabido hacer las cosas. Yanacocha está desde el 92 y en esa época Santos era un chiquillo.

 


(VIDEO) Grave denuncia en contra de Yanacocha

Joven trabajador asegura que fue contaminado con mercurio mientras trabajaba en una de las áreas de mayor riesgo de la minera, en donde se producen las barras doré

Fredy Silva López, manifiesta que un día, mientras desempeñaba labores de mantenimiento en el Área de refinería, empezó a sentir malestares: Dolor de cabeza, mareos, fallas en la visibilidad, arcadas y le salieron ronchas en el cuerpo

“Escupí en mi mano y me di cuenta de que tenía pequeñas partículas plateadas en mi boca, era mercurio”, expresa el joven trabajador

El muchacho manifiesta que fue trasladado a la clínica Limatambo, en donde, luego de practicarle algunos exámenes, detectaron que tenía 18 microgramos de mercurio en la sangre, sin embargo le dieron de alta sin ningún tratamiento

Silva López dice que acudió a otros médicos de la capital, dado que el malestar continuaba, y éstos le practicaron exámenes encontrando más de 40 microgramos de mercurio en la sangre, muy por encima de los límites permisibles

Ahora se encuentra muy preocupado por su salud ya que los doctores le han dicho que tiene que tomar costosos medicamentes para limpiar sus organismo, sin embargo, éstos solamente aplacan la enfermedad, ya que ésta, según Silva López, es irreversible

El trabajador, a quien le dieron vacaciones luego del incidente, está denunciando a la minera y ha pedido una indemnización de más de un millón de soles

Vea y escuche el testimonio completo en el video


Chugur se “moviliza” hoy contra de empresa mineraPobladores llegarán hasta las oficinas de Coimolache ante incumplimiento de promesas.

Chugur (Hualgayoc).- Pobladores convocados por el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Chugur se movilizarán hoy hasta las oficinas de la compañía minera Coimolache, en protesta por el incumplimiento de una serie de promesas y el despido de trabajadores de este distrito de la provincia de Hualgayoc.

Así lo dio a conocer el presidente de esa organización, Nelter Guevara Alarcón, quien denunció que son varios los chuguranos que han sido sacados de sus puestos en las empresas contratistas, para dar paso a personas de otras localidades. “Esta situación ha mermado la ya magra economía de los pobladores que han empezado a desconfiar de la minera”, enfatizó.

Señaló que en el área de procesos se prefiere contratar a personas llegadas de la región La Libertad, haciendo a un lado a ciudadanos locales cuya mayoría tiene capacidad técnica para desempeñarse en las labores que la empresa les pueda asignar, pero ni siquiera los toman en cuenta.

Manifestó que pese a existir un constante requerimiento de personal en diferentes áreas del proyecto Tantahuatay, los ejecutivos de Coimolache se esmeran en traer gente de otros sitios. “A ello se agrega que las empresas locales no son consideradas para que presten servicios a esta compañía”, indicó.

GENERA DESCONFIANZA

Guevara fue claro al afirmar que estas actitudes de Coimolache han comenzado a generar desconfianza en la población, especialmente en aquella que estaba a favor de la inversión minera. “Los funcionarios de Coimolache prometen una cosa y al final no cumplen y eso hace que la ciudadanía empiece a mirarlos con recelo”, expresó.

Añadió que hoy miércoles tratarán de reunirse con los funcionarios de la minera, especialmente con el gerente de operaciones, Ricardo Huancaya, con la finalidad de expresarle el malestar de la población.

Agregó que mientras tanto, desde el domingo 5 de enero, se ha establecido un grupo de vigilancia que está atento a las actividades de la empresa para evitar que personas de otras localidades realicen sus labores.

 

Chiclayo. Según informó el presidente de la comunidad campesina de San Juan Cañaris y actual presidente de las Rondas Campesinas y Urbanas de Lambayeque, Cristóbal Barrios, representantes de la empresa Candente Cooper, encargada del proyecto de exploración minera en la zona, habrían anunciado que las actividades se retomarán a partir del 15 de enero.
Por esto, Barrios sostuvo que en una asamblea realizada en la comunidad campesina se decidió que desde el 17 de febrero se iniciarán nuevamente las protestas contra el desarrollo de la actividad minera en Cañaris.
El dirigente de la comunidad sostuvo que la resistencia contra la actividad minera continúa en Cañaris, por lo que la empresa está realizando “trabajo social” con la intención de convencer a los comuneros de aceptar el desarrollo de Cañariaco.
Añadió que la comunidad no obtuvo ningún beneficio de las mesas de diálogo y que por el contrario, aseguró que estas se hicieron para paralizar las protestas de la comunidad. “Las mesas de diálogo solo buscaban engañarnos y congelar la lucha”, indicó Barrios.

CLAVES
El proyecto de exploración minera de Cañariaco, que está a cargo de la empresa Candente Cooper, lleva paralizado más de un año.
Campesinos aseguran que no se ha aprobado ningún proyecto de desarrollo propuesto en las mesas de diálogo. 

 

Los departamentos de Arequipa, Apurímac y Cajamarca concentran más del 60% del stock de inversiones mineras en Perú, el mismo que asciende a US$ 70.000 millones, afirmó el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

“El país ha ido desarrollándose en base a los aportes de la minería. Lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar nuestro stock de inversión lo antes posible”, declaró a la agencia Andina.

Precisó que este 60% equivale a US$ 42.000 millones, y solo Cajamarca posee un stock de inversiones de US$ 23.000 millones en megaproyectos. Destacan La Granja, Michiquillay, Conga y Galeno.

Refirió que desde el 2011 el Estado invirtió en Cajamarca casi S/. 4.000 millones en carreteras, 440 millones en saneamiento, energía y otros sectores. Por su parte, Arequipa y Apurímac tienen entre los dos un stock de inversiones por casi US$ 20.000 millones. Además resaltó el liderazgo de Arequipa, que impulsa proyectos como Cerro Verde, Majes Siguas, entre otros.



e25b8-13_img_0300El dia de 7 de enero a las 9 am tuvo lugar la última audiencia oral en el caso del juicio que Yanacocha sigue a la familia Chaupe bajo el cargo de ursurpación de tierras.

Un nuevo juez se presentó a la audiencia declarando que por principio de inmediatez y para que los acusados puedan hacer uso correcto del derecho de defensa que la justicia les confiere y que el juez que dicte sentencia , deberia de ser el mismo juez que siga todo el proceso de principio a fin. Es por eso que el nuevo juez declaró la anulación de todo lo actuado y el quiebre del proceso. Las partes fueron nuevamente citadas para el dia 10 de marzo a las 10 am para reiniciar el proceso.

La abogada de la familia Chaupe, la Dra Rosa Quedana que actúa en reemplazo de la Dra Mirtha Vasquez que como sabemos se encuentra en descanso de maternidad, aceptó el dictamen. Ese nuevo plazo permitiría la presentación de nuevas pruebas en favor de la familia Chaupe.

Por otro lado, curiosamente el fiscal, irritado por la medida, salió en defensa de la familia Chaupe alegando que les costaba tiempo y dinero para desplazarse a Celendin. Este hecho le importaba poco anteriormente. Lo que sucede es que el fiscal, que a todas luces actúa a favor de la mina, ve con preocupación el retraso en los trabajos en la laguna El Perol al no poder desalojar a la familia Chaupe. Además, en el mes de marzo se cumple el plazo de instalación del frente policial en la zona de Conga con la construcción de las nuevas comisarías y del helipuerto. Estas bases deben de albergar a cientos de DINOES dispuestos a intervenir en contra de los defensores del medioambiente.

El abogado de Yanacocha se expresó en contra de la decisión del juez.

Saludamos la imparcialidad del nuevo juez celendino que actúa respetando el derecho y el juramento de hacer respetar la justicia. Cabe resaltar que resoluciones del Tribunal Constitucional respaldan este derecho.

RN