Archivos para 29 enero, 2014


PRONUNCIAMIENTO 

Peruanos en Suecia contra campaña de terror en Perú 

En el transcurso de la semana hemos visto con preocupación, al gremio de empresarios  – premiados por la minera Yanacocha y el gobierno de Ollanta Humala – que a través de los medios de comunicación, concentrados en el grupo El Comercio, han desatado una mentirosa y virulenta campaña de terror contra los pacíficos guardianes de los lagunas, ronderos, comuneros cajamarquinos, pobladores y la solidaridad internacional, acusándolos de violentistas.

La derecha intolerante que no le interesa la democracia ni el desarrollo del pueblo peruano, ha elaborado una estrategia de estado autoritario para profundizar su modelo extractivista y sofocar las protestas populares.

La desaceleración de la economía y la crisis global hace más agresivos a los grupos de poder para imponer sus proyectos extractivistas con represión. Creen que con el garrote y la fuerza bruta pueden quebrar la voluntad popular de defender sus tierras, el agua, el medio ambiente y la vida.

Cajamarca es un ejemplo de resistencia pacífica contra el saqueo de las transnacionales en el Perú.

POR LO QUE RECHAZAMOS

  • La agresiva actitud policial y militar que va dejando decenas de víctimas en diferentes protestas sociales, (criminalización de la protesta)
  • La persecución contra los dirigentes sociales y populares,
  • El reciente archivamiento del caso del asesinato de 5 cajamarquinos en Julio del 2012,
  • Los desalojos violentos de los guardianes de las lagunas,
  • El alquiler de policías mercenarios al servicio de las mineras,
  • El anuncio del establecimiento de puestos policiales y militares cercanos a los mega proyectos mineros,
  • El desalojo a comuneros que se niegan a vender sus tierras a las mineras, como el caso de la familia Chaupe,
  • La generación de paramilitares de choque y la estrategia de enfrentar pueblo contra pueblo para fragmentar la sólida unidad y aprovechar de una posible dispersión de fuerzas que luchan contra el proyecto minero Conga.
  • La reciente Ley 30151 conocida como Ley de licencia para matar,
  • La intensión de dañar a la solidaridad internacional comprometida con la defensa de la tierra, el agua, el medio ambiente y los derechos humanos en el mundo.

En este marco valoramos el llamado al mundo del Papa Francisco al señalar que el neoliberalismo capitalista no resuelve las necesidades humanas, sino la de unos pocos y se requiere de Estados al servicio de los pobres, la justicia y la paz.

Alertamos a la solidaridad internacional de los planes de miedo de la minera Yanacocha y del gobierno de Ollanta Humala e instamos a estar vigilantes en la defensa del pueblo de Cajamarca, de las comunidades afectadas por la minería y la de sus dirigentes populares.

Como peruanos(a) nos reafirmamos en la defensa de la soberanía nacional,  los recursos  naturales, el medio ambiente,  por  una solución dialogada y pacífica de los conflictos medioambientales y por el cumplimiento irrestricto de la Consulta Previa a las comunidades andinas, amazónicas y costeñas.

Conga No Va…Ni hoy ni Nunca!

Estocolmo, 27 de Enero de 2014.

Peruanos en Suecia


 




 


La CNDDHH Perú ha presentado un recurso de impugnación ante el Fiscal de Chiclayo que ha archivado los casos de los muertos de Celendín durante los hechos del 3 de julio de 2012. El fiscal tiene la obligación de elevar el recurso a su superior inmediato para que tome cartas en el asunto.

Esta medida se tomó luego que el fiscal Víctor Pinillos Padilla, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, dispuso que es improcedente formalizar y seguir la investigación preparatoria respecto a la muerte de los comuneros César Medina Aguilar, Paulino García Rojas, Faustino Silva Sánchez y Antonio Sánchez Huamán, el 3 de julio del 2012, en Celendín, en una protesta contra el proyecto Conga; pese a se afirma que sí hay elementos que indican que hubo homicidio doloso de parte de algunos de los miembros de las FFAAs , también señala que incluso algunos de los disparos pudo provenir de helicópteros que sobrevoló en la ciudad durante las manifestaciones contra el proyecto minero Conga.

Recurso de impugnación

 

 

 


Acción ante Corte Federal de Estados Unidos solicita información a Newmont sobre represión de protestas sociales en el proyecto minero Conga

Contact:

Rick Herz (U.S.): (860) 233-4938, rick@earthrights.org
Benjamin Hoffman (Peru): +51-959-284295, benjamin@earthrights.org

Denver, 24 de enero de 2014 – EarthRights International (ERI) presentó hoy una demanda ante la Corte Federal en representación de Elmer Eduardo Campos Álvarez (32), manifestante herido por la violencia policial en la zona del proyecto minero Conga. Con esta acción, ERI busca obtener información y documentos de la empresa Newmont que asistan a los procesos judiciales abiertos en el Perú relativos a la represión de la protesta social contra el proyecto.

El demandante, residente del departamento de Cajamarca, donde está ubicado el proyecto, recibió dos impactos de bala en la espalda el 29 de noviembre de 2011, mientras protestaba pacíficamente en el lugar donde se propone la mina. Por las lesiones sufridas, Campos perdió un riñón y quedó parapléjico. Fue uno de los 24 manifestantes heridos por la policía durante aquella jornada.

La empresa minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont, firmó un contrato con la Policía Nacional del Perú para la prestación de servicios de seguridad. Los agentes de policía implicados en la represión del 29 de noviembre afirmaron ante los fiscales locales que estaban proporcionando seguridad a la empresa. El proyecto Conga generó una fuerte oposición en las comunidades cercanas, ya que supone la destrucción de lagunas altoandinas vitales para el sistema hídrico, y consideradas como fuente fundamental de vida por la población local.

“La represión policial a la protesta social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú”, dijo Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía están al servicio de la seguridad privada. Esperamos que esta acción contribuya a esclarecer la situación y facilite la obtención de justicia en el Perú”.

El demandante busca información de la empresa Newmont – como evidencias fotográficas y de video, informes de seguridad de empleados de Minera Yanacocha, registros de comunicaciones con la policía y comunicaciones internas – que aporten claridad sobre lo ocurrido.

Si se proporciona, la información solicitada ayudará a las autoridades judiciales peruanas que investigan los hechos, tanto en la investigación penal pendiente contra los dos agentes al mando de la policía aquel día, como en una demanda civil presentada por el señor Campos contra la Policía Nacional de Perú y otros oficiales públicos.

“Justicia significa, en primer lugar, que haya una verdadera investigación para determinar quiénes fueron los responsables y que paguen por sus crímenes. En segundo lugar, significa que el gobierno cumpla con su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y el medioambiente, en lugar de imponer un proyecto minero destructivo mediante conductas policiales abusivas”, señaló Elmer Campos.

La actividad minera es conflictiva en el Perú: en septiembre de 2012 la Defensoría del Pueblo reportó 223 conflictos sociales activos, dos tercios de ellos vinculados a la extracción de minerales. La Defensoría registra además 196 muertos y 2369 heridos en conflictos por los recursos naturales entre 2006 y 2011.

“Esperamos que la acción en los Estados Unidos apoye los esfuerzos legales en curso en el Perú para buscar justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos humanos, y ayude a poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión policial de las actividades de protesta legítimas”, señaló Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, institución que representa al señor Campos como parte civil agraviada en la investigación penal.

La acción legal ante la Corte Federal fue presentada bajo el Estatuto 28 USC § 1782, ley que permite a las partes de procedimientos judiciales en el exterior obtener documentos e información de personas o empresas en los Estados Unidos.

Además de EarthRights International, el señor Campos es representado en la acción ante la Corte Federal estadounidense por Gail Johnson, de Johnson, Brenner & Klein, PLLC, con sede en Boulder, Colorado.


EarthRights International (ERI) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que combina el poder de la ley y los pueblos en defensa de los derechos humanos y el medioambiente, definidos de manera conjunta como “derechos de la tierra”. Nos especializamos en investigación y acciones legales contra quienes violan estos derechos, capacitamos a líderes comunitarios y promovemos campañas de incidencia pública y tenemos oficinas en el Sur Este de Asia, Estados Unidos y Peru.

Documents: