ACCIÓN URGENTE: Familia en peligro de violencia y desalojo forzoso

Publicado: 23 julio, 2013 en NOTICIAS
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Familia en peligro de violencia y desalojo forzoso en Perú

Amnistía Internacional: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR46/004/2013/es

Amnistía Perú: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR46/004/2013/es

DESCARGAR DOCUMENTO: AQUÍ 24600413.aus (AU 182-13 PERÚ)

 

ACCIÓN URGENTE

Familia en peligro de violencia y desalojo forzoso 

Máxima Acuña y su familia mantienen una disputa con una empresa minera sobre la propiedad de la tierra en la que viven, en Tragadero Grande, distrito de Sorochuco, región de Cajamarca. La empresa, Minera Yanacocha, afirma ser la propietaria de la tierra. Máxima Acuña y su familia llevan viviendo en esa tierra desde 1994, fecha en la que afirman haberla comprado. 

El abogado de Máxima Acuña ha dicho a Amnistía Internacional que, en los dos últimos años, la policía ha acosado y atacado a la familia, que corre peligro de volver a ser víctima de ese tipo de violencia. La policía también ha intentado desalojar por la fuerza a la familia. Al atardecer del 8 de agosto de 2011, unos policías se presentaron en la casa de Máxima Acuña y le dijeron que se marchara. Al día siguiente regresaron, dañaron su cabaña, los golpearon a ella y a sus hijos y, sin presentar orden de desalojo alguna, los sacaron por la fuerza, dejando a la familia sin hogar.  El 30 de enero de 2013, los policías volvieron a la casa de Máxima Acuña, los golpearon a ella y a su familia, volvieron a dañar su propiedad y, una vez más, trataron de desalojarlos por la fuerza. Según Máxima Acuña, la policía no se marchó hasta que ella llamó a los medios de comunicación locales y a organizaciones de derechos humanos.

El 29 de octubre de 2012, tras una querella presentada por la empresa, un tribunal local resolvió que la familia era culpable de ocupación ilegal de la tierra. El tribunal dictó una condena condicional de tres años de prisión contra la familia y les ordenó el pago de daños y perjuicios. Sin embargo, Máxima Acuña y el Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) –la organización de derechos humanos que la apoya– han recurrido esta decisión ante la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, cuya decisión debería anunciarse en breve.

Información complementaria

Según el derecho internacional, los desalojos forzosos son violaciones graves de varios derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, garantizado por el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en el propio domicilio, consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluso cuando se considera que un desalojo está justificado, éste debe llevarse a cabo de estricta conformidad con el derecho internacional y con los requisitos del proceso debido. Todo uso de la fuerza debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

Perú es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por tanto, sus autoridades están obligadas a respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a una vivienda adecuada, que incluye la prohibición y la prevención de los desalojos forzosos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU define los desalojos forzosos como “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.

El Comité ha subrayado que los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, y únicamente cuando se hayan explorado, en consulta auténtica con las personas afectadas, todas las alternativas factibles al desalojo. Incluso cuando se considere que los desalojos están justificados, éstos deben llevarse a cabo de estricta conformidad con los principios del derecho internacional y con los requisitos del proceso debido. El Comité ha aclarado que los desalojos sólo pueden llevarse a cabo cuando existan las salvaguardias adecuadas de procedimiento, entre ellas:

  • una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas;
  • un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo;
  • facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas;
  • la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo;
  • identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo;
  • no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento;
  • ofrecer recursos jurídicos;
  • ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales;
  • proporcionar una vivienda alternativa adecuada a quienes no pueden conseguirla por sí mismos;
  • indemnizar por todas las pérdidas.

Estos requisitos se aplican a todos los desalojos, sea cual sea la situación en cuanto a tenencia de las personas que van a ser desalojadas. Los desalojos no deben “dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”.

Los desalojos llevados a cabo sin los requisitos del proceso debido arriba expuestos son desalojos forzosos, que constituyen una grave violación de derechos humanos.

Amnistía Internacional: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR46/004/2013/es

Amnistía Perú: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR46/004/2013/es

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