Perú: Amnistía Internacional expresa preocupación por el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales.

Publicado: 26 mayo, 2013 en NOTICIAS
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El informe anual de Amnistía Internacional expresa una gran preocupación por la ausencia de consultas adecuadas a los pueblos indígenas y por el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales.

María Elena Castillo (La República, 23.5.13)

Un lento avance en la judicialización de violaciones a derechos humanos cometidas en los años de violencia política, así como el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales  marcaron nuestro país en el 2012, señala Amnistía Internacional (AI) en el informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo,  publicado hoy.

El informe precisa que el proceso para garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000 ha registrado un lento progreso porque el Ministerio de Defensa no ha colaborado plenamente con brindar información relevante sobre los presuntos responsables.

El director de la sección peruana de Amnistía Internacional, Juan Carlos La Puente, refirió que por ello solo se ha podido dictar un reducido número de sentencias en los casos producidos en los años de violencia política.

“El Ministerio de Defensa no ha ayudado de manera eficaz a la justicia peruana en la identificación de responsables de violaciones a derechos humanos en los casos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó hace diez años al Ministerio Público”, dijo.

Asimismo, el documento recuerda que aún no ha entrado en vigor la norma que aprobó el Congreso para que todas las víctimas de violencia sexual, además de las que han sufrido violación, en el marco de la violencia política, accedan a la reparación.

Amnistía Internacional da cuenta también que al menos 30 miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida y decenas resultaron heridos en enfrentamientos con Sendero Luminoso.

uso excesivo de fuerza

Además, el informe detalla que se produjeron masivas protestas para exigir derechos laborales o contra la industria extractiva, como la minería, en las que se aplicó el uso excesivo de la fuerza, así como torturas y malos tratos por parte de miembros de seguridad.

Da cuenta que seis personas perdieron la vida por disparos, presuntamente realizados por fuerzas del orden, en enfrentamientos con la población en la provincia de Espinar, en Cusco, y Celendín, en Cajamarca, así como en la comunidad de Mareniyoc, en Huaraz.

Refiere   que defensores de derechos humanos fueron amenazados, maltratados y detenidos arbitrariamente como los trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani,  Jaime Borda Pari y Romualdo Tito Pinto, así como del líder comunitario Sergio Huamaní, en Espinar; y el padre Marco Arana, de GRUFIDES, durante protestas contra el proyecto minero Conga, en Cajamarca.

Pueblos indígenas

El documento indica que si bien se publicó el Reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, varias organizaciones afirman que no hubo un trabajo eficiente para consultar a los pueblos indígenas sobre la redaccción de la norma.

Agrega que, en agosto, el gobierno anunció el primer proceso de consulta, con arreglo al nuevo reglamento, para los indígenas achuar, quechua y kichwa sobre un proyecto de extracción petrolífera en Loreto, el que hasta ahora no se realiza.

El director de la sección peruana de AI, La Puente, advirtió que no se lleva a cabo de forma eficaz el derecho de los pobladores a la consulta. “El Estado es responsable de garantizar el derecho al consentimiento previo, informado y libre de los pueblos indígenas. Perú ha avanzado en cierta medida, pero urge claridad en estos instrumentos, como la base de datos de los pueblos indígenas”, exhortó.

En el resto del mundo

El informe 2013 de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en el mundo, documenta la situación por la que atravesaron 159 países durante el 2012.

Advierte que existen gobiernos que violan los derechos humanos utilizando como pretexto la seguridad nacional o su preocupación por la seguridad pública.

Alerta que hay gobiernos que abusan del concepto de soberanía para ocultar matanzas, corrupción, opresión,  desalojos forzosos, la afectación a pueblos indígenas, entre otras violaciones a derechos humanos.

Entre los casos más saltantes figura Siria, Afganistán, Angola, China, donde se han producido miles de muertos y detenidos.

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