Conga: La política de lo técnico

Publicado: 26 mayo, 2013 en NOTICIAS
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Enviado el 22/05/2013

Mauricio Zavaleta

Por lo general, el surgimiento de conflictos sociales responde a coyunturas específicas que abren ventanas de oportunidad, pero sus causas se encuentran insertas en procesos complejos que comprometen períodos de mayor duración. Ello resalta particularmente en la región Cajamarca, cuya historia reciente está ligada a la actividad de Minera Yanacocha. La empresa, constituida originalmente por capitales estadounidenses (Newmont Mining Company, 32,3%), peruanos (Compañía de Minas Buenaventura, 32,3%) y franceses (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 24,7%), más la participación del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (5%), ingresó a Cajamarca en 1992 y empezó sus operaciones extractivas en el segundo semestre de 1993 (1).

Como resultado de las actividades de la empresa, el crecimiento del PBI de Cajamarca fue exponencial, hecho especial si se consideran más de dos décadas de estancamiento económico por el descenso de la productividad ganadera en la región (2). En este período, la capital del departamento experimentó un rápido proceso de cambio gracias al efecto multiplicador de la actividad minera. No obstante, desde el inicio de sus actividades Yanacocha mantuvo relaciones tensas con la población, sobre todo rural. Un factor de estas desavenencias radica en el método de extracción utilizado en el yacimiento. A diferencia del viejo socavón, la nueva minería a «tajo abierto» compromete un uso abundante de recursos naturales, específicamente tierra y agua, por lo que se encuentra en competencia con las actividades agropecuarias.

Las transacciones económicas rurales principalmente agrícolas fueron transformadas por el surgimiento del nuevo núcleo productivo. Muy pronto, el cierre de canales de riego y la contaminación de las fuentes de agua enfrentaron a la población rural con la empresa. Esta pugna es un fenómeno “natural” de la reconfiguración del territorio, al que se añaden factores específicos que han determinado el rechazo a la empresa. Entre ellos, destacan los accidentes ambientales, como el derrame de mercurio en los centros poblados de San Juan, Magdalena y Choropampa, que contaminó alrededor de 1,200 personas. Aunque los funcionarios de Yanacocha no lo percibieron en su momento, la inacción respecto a “escándalos de contaminación” como el ocurrido en Chorapampa y la ausencia de una estrategia estructurada de relacionamiento con la población, tendría altos costos en el mediano plazo para el desarrollo de sus actividades económicas.

Debido a los errores cometidos, a doce años de iniciadas sus actividades, Yanacocha sufría de un amplio desprestigio social que afectó las pretensiones de expansión (3). El primer conflicto de magnitud se inició el año 2000, cuando la empresa hizo pública su intención de extender el complejo minero al cerro Quilish, ubicado a escasos kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Luego de tres años de disputas legales el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) concedió el permiso para la explotación y la empresa movilizó maquinaria a la zona en el 2004. La historia es conocida: la población inició una movilización indefinida con el objetivo de impedir la instalación de maquinarias y luego de cerca de 15 días de manifestaciones el MINEM emitió una resolución que suspendía el permiso otorgado a Yanacocha.

La llamada “gesta por Quilish” reconfiguraría el escenario de la región. A los comités de regantes y las rondas campesinas —actores rurales que habían sido hasta el momento la oposición más visible frente al proyecto— se sumaron actores principalmente urbanos que cumplieron un papel importante en las manifestaciones: el Frente de Defensa de Cajamarca, creado durante la década de 1990 por activistas de izquierda, y un conjunto de ONG ambientalistas recientemente creadas en la región, como GRUFIDES y ADEA. Ello permitió a organizaciones sociales y partidos políticos canalizar el descontento frente a la empresa minera. Aunque la movilización no devino en la formación de un movimiento social, fue útil para que los opositores a Yanacocha, dispersos hasta el momento, estrecharan vínculos entre sí. A partir de entonces, la defensa del medio ambiente adquirió un carácter predominante en el debate político regional.

Por su parte, la empresa entendió que para permanecer en Cajamarca y explotar su cartera de proyectos la estrategia de relacionamiento con la comunidad debía cambiar. A partir de 2006 destinó más de 267 millones de soles a través del Fondo Solidaridad con Cajamarca para proyectos de desarrollo en la región en áreas de salud, nutrición, educación e infraestructura. Si bien muchos de estos programas sociales privados lograron mejorar la calidad de vida de un sector de la población rural, esta fue la manera más pragmática de establecer relaciones que facilitaran la convivencia entre ambos actores creando vínculos de carácter clientelista, lo cual estableció un escenario asimétrico durante los procesos de negociación.

En ese contexto, sin haber logrado revertir un amplio desprestigio social y con la vida útil del yacimiento base en expiración, Yanacocha buscaría llevar a cabo su proyecto expansivo más importante: Minas Conga.

La batalla por Cajamarca

El año 2004 Buenaventura adquirió la Compañía de Exploraciones, Desarrollo e Inversiones Mineras (CEDIMIN) la cual exploraba desde 1991 los yacimientos mineros de Chailhuagón y Perol, los que conformaban el proyecto Minas Conga, ubicados a 25 kilómetros del complejo Yanacocha. Con la compra de CEDEMIN, entre 2004 y 2010 Yanacocha completó el proceso de exploración y planificación del proyecto.

Conscientes de su desprestigio, la empresa desarrolló una nueva estrategia de comunicación y relacionamiento con las comunidades que se encontraban dentro del área de influencia del nuevo proyecto. Desde enero del 2009, el equipo de Asuntos Externos de Yanacocha, en coordinación con la agencia de publicidad limeña Toronja, inició una estrategia de relacionamiento que permitiese presentar el proyecto en el área de influencia directa y facilitar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a cargo de la empresa consultora Knight Piésold Consulting. El documento presentado en las comunidades estipulaba que se contribuirían reservorios artificiales con la finalidad de garantizar la cantidad y calidad del agua. No obstante ello, el plan era especialmente controversial porque significaba que las lagunas de Mala, Azul, Chica y Perol serían trasvasadas a los depósitos.

Hay que mencionar que la inversión en una zona de baja productividad, altos niveles de pobreza y débil presencia estatal hace que la población experimente una fuerte sensación de incertidumbre. Por un lado, existe temor frente a los efectos negativos que puede ocasionar la minería, principalmente la contaminación de las aguas y un posible descenso en la productividad agrícola; por otro lado, se crean expectativas de obtener beneficios materiales además de empleos. Estos dos aspectos, incertidumbre y expectativas, generan un ambiente propicio para la acción política, tanto para la empresa como para sus opositores.

Por parte de la empresa, la estrategia diseñada consistía en generar vínculos con los 32 caseríos del área de influencia a través de “pre acuerdos” relativos a la construcción de obras de infraestructura, transferencia de tecnología y empleo. Los testimonios de las personas relacionadas con la empresa como los de aquellas que están en contra del proyecto coinciden en que el proceso de información a la ciudadanía del EIA tuvo una connotación visiblemente política: fue el escenario en el cual la empresa demostró respaldo social a sus actividades a través de la movilización social. Lo importante del asunto es que ilustra cómo objetivos que inspiran el proceso de participación ciudadana, acceso a la información y diálogo, son reconfigurados por la propia asimetría existente entre un actor pletórico en recursos y una población mayoritariamente pobre.

Debido a este contexto, el proceso se convirtió en un espacio de negociación política. Para los ciudadanos, fue el escenario donde se podía establecer demandas hacia la empresa, las cuales no estaban ligadas, en su gran mayoría, a establecer salvaguardas a favor del medio ambiente (aspectos altamente técnicos, los cuales son comprendidos por un reducido grupo de expertos) sino a obtener beneficios de la explotación como trabajo, servicios e infraestructura; mientras que para la empresa se trataba de una plataforma política para obtener respaldo a sus actividades a través de la movilización social. Como resultado de este proceso, las 32 comunidades del área de influencia aprobaron el EIA del proyecto en la audiencia pública celebrada en San Nicolás de Chailhuagón, la cual tuvo la participación aproximada de tres mil personas, un record de asistencia en este tipo de actividades.

Sin embargo, un proceso de connotaciones políticas opuestas se gestaba en paralelo. Desde el año 2010 una serie de organizaciones sociales, entre las que destaca el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y, sobre todo, la Plataforma Interinstitucional de Celendín, cuestionaron públicamente la viabilidad del proyecto y se opusieron a su realización. Estas organizaciones en su mayoría integradas por actores urbanos con vínculos en las zonas rurales, realizaron trabajo político en las comunidades cercanas al proyecto —pero fuera del área de influencia establecida por la propia empresa— que estaban inseguras frente a la posibilidad de que las aguas fueran contaminadas o disminuidas por la actividad extractiva sin recibir ningún tipo de beneficio en compensación, inseguridad que se acrecentó por la mala reputación de Yanacocha en materia ambiental.

Paradójicamente, la creación de reservorios artificiales, que había sido planificado como el principal mecanismo de mitigación ambiental, se transformó en el eje de la lucha política de los operadores opuestos al proyecto, los cuales mostraron material gráfico sobre desastres de contaminación durante la primeros años de la actividad minera. Como la complejidad del debate sobre la calidad del EIA concernía a especialistas en la materia, los opositores sociales articularon su discurso sobre la base de supuestos socializados a partir del conflicto Quilish. Así, el argumento central esgrimido contra la actividad minera pude ser resumido de la siguiente forma: el ecosistema de Cajamarca consiste en un sistema complejo, cuyas aguas se encuentran interconectadas de manera subterránea y cualquier alteración a una parte afecta al conjunto.

Este discurso ambientalista, difundido con éxito en menos de una década, constituye la respuesta política al impacto profundo que han dejado las actividades mineras y los errores en torno a gestión ambiental en los cuales la empresa incurrió durante sus primeros años de operación. Ello ha derivado en que, tanto Yanacocha como su oposición, reivindican argumentos técnicos para lograr sus objetivos centrales: realizar el proyecto o paralizarlo, respectivamente. En ese sentido, el conflicto surgido en torno a Conga constituye un capítulo, acaso el último, del enfrentamiento entre una élite local y la población rural con la empresa respecto al uso y cuidado de los recursos de la región.

Cuando la empresa anunció el desembolso del saldo de ejecución del proyecto el 27 de julio del 2011, un día antes de la toma de mando de presidente Ollanta Humala, las fichas ya estaban alineadas, con gran anticipación, para el inicio del conflicto.

Notas:

(1) Posteriormente, debido a un enfrentamiento de las empresas asociadas, la composición accionaria cambió de la siguiente forma: Newmont: 51,35%, Buenaventura: 43,65%, International Finance Corporation: 5%.

(2) De acuerdo con Mendoza y Gallardo (2011), entre 1992 y 2005 el PBI de Cajamarca experimentó crecimiento constante, que se detuvo a partir de 2005. El desaceleramiento de la economía responde a la reducción productiva de Yanacocha y la oposición a la expansión de los proyectos mineros.

(3) Desde el 2004 en adelante, sus proyectos fueron bloqueados por la oposición de la población en Cerro Quilish (2004), Carachugo II (2006), La Quinua Sur (2007), Solitario (2009) y, finalmente, Minas Conga (2011).

Artículo publicado en la revista VOCES Nro. 45. Abril 2013. Cajamarca. Asociación SER. Resumen del estudio “La política de lo técnico: una aproximación al desarrollo del conflicto Conga”, publicado en el libro “Los límites de la expansión minera en el Perú”, (Asociación SER, 2013).

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