Archivos para mayo, 2013


“Esperan ganar la confianza de la población y una licencia social que reconocen que no han tenido”, explicó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal

(EFE). La minera Yanacocha, y su accionista mayoritario Newmont, decidirá si continúa con el proyecto aurífero Conga, en Cajamarca, cuando termine con la construcción de dos reservorios de agua para el consumo humano, declaró hoy el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Pulgar Vidal mencionó que “la empresa considera que la culminación de los reservorios será el punto de quiebre para tomar una decisión”, tras la suspensión del proyecto minero en 2011 por una violenta protesta de la población aledaña.

“Con los reservorios esperan ganar la confianza de la población” y “una licencia social que reconocen que no han tenido”, añadió el ministro.

El proyecto Conga, de 4.000 millones de dólares, tenía previsto vaciar cuatro lagunas en la región Cajamarca para poder extraer el oro del subsuelo, pero las comunidades aledañas se movilizaron para protestar al considerar que dañaría irremediablemente su medio ambiente y el acceso al agua para el consumo humano.

Pulgar Vidal afirmó que “las actividades de construcción de los reservorios, que fueron una condición establecida por el Estado peruano, continúan” y que “no se ha movido ni una piedra en relación a la actividad minera”.

La construcción del primer reservorio, en la laguna Chaiguagón, está concluida y se está iniciando la del segundo, en la laguna El Perol, que consiste “fundamentalmente en un dique que amplíe la capacidad de almacenamiento y una infraestructura que permita regular el abastecimiento de agua”, según explicó.

POLICÍA NO RECURRIRÁ A LA FUERZA


Esta semana, los comuneros de las zonas de influencia del proyecto Conga marcharon hacia El Perol para impedir la construcción del segundo reservorio y, en un enfrentamiento con la policía, uno de los manifestantes resultó herido.

El ministro peruano aclaró que “la policía tiene órdenes de no recurrir a la fuerza” y que, en ese caso, se usaron “armas no letales”.

Pulgar Vidal dijo que “el trasvase de agua de una laguna a otra es parte de la manera como están escritos los estudios ambientales” aprobados para ese proyecto, al ratificar que la empresa cuenta con la autorización del Estado.

En tal sentido, “el bombeo (de agua al que se oponen los pobladores) es para empezar a establecer un regulación hídrica en el reservorio que ya está listo y poder construir el otro”. “Nosotros verificaremos que eso se cumpla”, precisó.

Pulgar Vidal explicó que “en el Perú, la concesión minera se puede mantener hasta un máximo de 20 años”, sin que haya operaciones activas, con la condición de que la empresa pague por ese derecho.

MULTAS AMBIENTALES


De otro lado, el ministro informó que el Estado peruano, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha impuesto multas por infracciones ambientales por 61 millones de soles (22 millones de dólares) en lo que va de año y que de 121 empresas sancionadas, 50 eran de la actividad minera.
 

Yanacocha decidirá si continúa con Conga cuando termine reservorios

Por Omar Mariluz

LIMA (Reuters) – La economía de Perú, un importante productor de materias primas, crecería este año menos de lo esperado si se profundiza la caída de los precios de los metales y no se recupera el dinamismo de la inversión privada, claves en el desarrollo del país andino.

El Gobierno del presidente Ollanta Humala mantuvo esta semana su proyección de crecimiento económico de al menos un 6 por ciento, pero no ha descartado un escenario de “mayor riesgo”, principalmente por factores exógenos y en ese horizonte asegura que la expansión se desaceleraría a un 4 por ciento.

Para crecer a la mayor tasa será fundamental el impulso de la demanda interna, que ha sostenido la economía en los últimos meses, aunque también será vital el retorno de la confianza de los empresarios mellada por algunas intenciones del Gobierno de promover mayor injerencia del Estado en la economía del país, dijeron analistas.

Humala evaluó adquirir una participación en una refinería local de la española Repsol a través de la estatal Petroperú. Eso fue leído por el empresariado local como una antesala a un monopolio de la producción de combustibles. Y, tras la ola de fuertes críticas, el mandatario desistió.

La alarma sonó en el país en el primer trimestre del 2013 al registrar una expansión de 4,8 por ciento, el menor desempeño trimestral desde los últimos tres meses del 2009, por el retroceso de sectores clave como la minería y manufactura.

“Pero todo va a depender de cómo se comporten los precios internacionales de los commodities. Lo que estoy señalando es que el Perú sigue siendo tremendamente dependiente de su frente externo”, dijo a Reuters Juan José Marthans, economista de la peruana Universidad de Piura.

Marthans afirmó que los precios de los metales todavía tienen amplios márgenes como para seguir cayendo en el corto plazo, tras varios años de fuertes ganancias y en que Perú registró crecimientos de hasta casi un 10 por ciento anual.

Perú es un gran productor de oro, cobre, zinc y plata y las ventas mineras representan alrededor del 60 por ciento de las exportaciones totales del país andino.

“Los precios de las materias primas son bastante volátiles y están sujetos a bruscas fluctuaciones, así por ejemplo estos pueden caer 50 por ciento (desde el nivel máximo al mínimo), con incluso mayores caídas en los precios de los metales”, advirtió el Ministerio de Economía en su último reporte de proyecciones macroeconómicas para el período 2014-2016.

ATENTOS A FED

Otro factor que podría golpear a Perú es una prevista venta de bonos de mercados emergentes, desencadenada por una probable reducción del estímulo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Castilla, dijo el jueves en Londres que el superávit fiscal y la baja necesidad de financiamiento de Perú lo hace menos vulnerable que la mayoría de mercados emergentes.

La moneda peruana, el sol cayó esta semana a mínimos de casi un año, en línea con la baja de otras monedas emergentes y de bonos golpeados por el alza del dólar y de los rendimientos de la deuda del Tesoro estadounidense ante las estimaciones de una reducción en el programa de compra de bonos por parte de la Fed.

“Estoy preocupado. Obviamente habrá un cambio repentino en la aversión al riesgo y una liquidación de bonos de los mercados emergentes, pero el hecho (es) que nosotros somos un país que ha estado mostrando superávit fiscales”, dijo Castilla a Reuters.

“Algo que es traumático nos afectaría, (pero) hay diferentes historias en los mercados emergentes. Sentimos que la historia peruana es una basada en fundamentos sólidos”, explicó.

La volatilidad de los precios de los metales obligó al Gobierno a revisar a la baja su proyección de superávit comercial a 644 millones de dólares para este año, desde los 4.470 millones de dólares previstos en agosto del año pasado.

El ministerio de Economía sustenta sus proyecciones macroeconómicas en base a un precio de 1.475 dólares la onza de oro y de 330 centavos de dólar la libra de cobre para el presente año, con una ligera tendencia a la baja para el 2014.

Sin embargo, el precio del oro ya rompió la barrera de los 1.400 dólares la onza y en la actualidad se cotiza alrededor de los 1.380 dólares, mientras que el cobre todavía se mantiene alrededor de los 330 centavos de dólar la libra.

El jefe del área de estudios económicos del BBVA Banco Continental, Hugo Perea, dijo que buena parte de la corrección en los precios de los metales ya se ha realizado y que en el corto plazo experimentarán una estabilización paulatina.

“Hay una baja probabilidad de ver precios de los metales por debajo de los niveles actuales, pero en todo caso es un ejercicio que hace el Ministerio para ilustrar que aún en ese escenario estresado la economía todavía podría crecer a un ritmo de 4 por ciento”, destacó el economista.

CONFIANZA

La confianza empresarial, traducida en mayor inversión privada, es otro de los pilares que puede ayudar a sostener el crecimiento económico del país andino por encima del 6 por ciento este año y el próximo y evitar la temida desaceleración, según el propio Gobierno.

Y para mejorar la confianza empresarial, el presidente Humala declaró la semana pasada de “interés nacional” la promoción de las inversiones en el país y anunció una serie de medidas para agilizar proyectos de infraestructura y del clave sector minero.

El Ministerio de Economía ha proyectado que la inversión privada crecerá en torno del 10 por ciento anual entre el 2013 y 2016, en la medida que se mantengan elevadas las expectativas de los agentes y se materialicen los proyectos de inversión.

La inversión privada representa alrededor del 75 por ciento de la toda la inversión en el país sudamericano.

“Este ritmo de expansión será más moderado que el observado en la última década (12,8 por ciento) y explicará cerca del 40 por ciento del crecimiento del PIB”, dijo el ministerio.

(Reporte de Omar Mariluz. Colaboración de Sujata Rao y Carolyn Chon en Londres. Editado por Manuel Farías)


CATAPA Deutsche Bank AGM protest
 
CATAPA’s protest at Deutsche Bank’s AGM – see report below

Hundreds of protesters were locked in a standoff with police in northern Peru on Wednesday as they vowed to stop Newmont Mining from transferring water from a lake to a reservoir as part of its $5 billion Conga gold project.

See http://www.reuters.com/article/2013/05/29/us-peru-mining-conga-idUSBRE94S1EI20130529.

Newmont is a US company with British investment: among investors in Newmont are UK-based Blackrock World Mining Trust and AXA Investment Managers UK.

See http://moneytometal.org/index.php?title=Special%3ASearch&button=&search=newmont.

Catapa goes to Deutsche Bank’s AGM

On May 23rd, LMN member group Catapa, together with FairFin, Urgewald and Facing Finance, attended Deutsche Banks’ AGM: the annual shareholders’ meeting. Catapa came with a clear message: Deutsche Bank, Stop investing in irresponsible mining! Deutsche Bank claims – in speeches, quotes, statements, reports and messages on their website – that they do not invest in irresponsible projects. As Deutsche Bank owns 2.15% of Newmont Mining’s stocks, equal to an investment of 407 million euros, Catapa feels this message is just windowdressing. Newmont Mining owns 51% of the Yanacocha mine in Cajamarca, Peru, as well as the planned expansion of Yanacocha: the CONGA project. If the Conga project is realised, over 300,000 people will lose their access to clean water.

See http://catapa.be/en/news/1516.

 

Servindi, 28 de mayo, 2013.- Un comunero identificado como José Cueva Huamán fue herido por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes) en las inmediaciones de la laguna El Perol, en Cajamarca, la misma que será afectada por el proyecto minero Conga de Yanacocha.

La información se conoció a través de la cuenta de Twitter de Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC), quien acompañó su mensaje con una imagen del herido.

En otro de sus mensajes, Sánchez precisó que hasta el lugar llegó el fiscal Ember Ramos Tenorio de Celendín quien realizó la correspondiente inspección para luego afirmar que la competencia del caso le corresponde a Chiclayo.

En más de una ocasión el dirigente de la PIC denunció que efectivos policiales, que resguardan los intereses de la minera, constantemente los venían hostigando y al parecer esta vez llegaron más lejos al hacer uso de sus armas.

Es conocido que dentro de los campamentos mineros se hallan por lo general fuertes contingentes policiales. Esto lo confirmó hace poco un representante de la propia compañía.

Por el momento no se tiene mayor información de la situación del herido.

De otro lago circulan rumores de habrían otros enfrentamientos entre comuneros y policía en Sorochuco y Celendín, aunque no hemos podido confirmar esta información.

 
Fuente: SERVINDI –  http://servindi.org/actualidad/88306

Servindi, 28 de mayo, 2013.- El anuncio presidencial de destrabar los obstáculos a la inversión privada tuvo hoy su expresión más cruenta cuando la policía desató una brutal represión con balas de goma y bombas lacrimógenas contra comuneros de la provincia de Sorochuco, en la región Cajamarca.

La acción represiva se inició cuando 1500 comuneros se trasladaban a pie hacia la Laguna El Perol a fin de acampar pacíficamente en sus alrededores a fin de resguardarla, como lo han venido haciendo en los últimos meses.

Fuentes policiales indican que un grupo de comuneros los atacó con piedras cuando la policía les demandó abandonar su camino.

El portal web Celendín Joven reportó como heridos a humildes campesinos que se hallaban en la vía pública y que no efectuaban ningún daño ni representaban ninguna amenaza a la propiedad privada.

El líder ambiental Marco Arana sostuvo que el anuncio del presidente Ollanta Humala y de la gerencia de Yanacocha de iniciar el bombeo de la laguna El Perol preocupó y alertó a la población que se han convertido en los guardianes de la laguna.

Arana señaló que ante la agresión policial la población comunera se replegó y evitó un mayor enfrentamiento.

Asimismo denunció que los efectivos policiales están al servicio de la empresa Yanacocha quién los contrata de forma particular para su servicio y no cumplen de manera imparcial su función de resguardo del orden público.

Eddye Benavides, presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, en una entrevista con Radio Líder rechazó la actitud de las mineras “que piensan que a punto de bala y a punta de represión van a ejecutar sus proyectos que para nosotros son y serán inviables”.

Según reportó Servicios Educativos Rurales (Ser), Eddye Benavides coincidió con Marco Arana en responsabilizar a los directivos del proyecto minero y al Presidente de la República, Ollanta Humala, de todo lo que pueda ocurrir.

“Hasta el momento hemos sido muy tolerantes pero la paciencia se nos está agotando”, manifestó.

El comunero herido

José Cueva Huamán, de 30 años, es el comunero herido por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Dinoes) en las inmediaciones de la laguna El Perol, en Cajamarca.

Así lo informó Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC), quien acompañó su mensaje con una imagen del herido.

En otro de sus mensajes, Sánchez precisó que hasta el lugar llegó el fiscal Ember Ramos Tenorio de Celendín quien realizó la correspondiente inspección para luego afirmar que la competencia del caso le corresponde a Chiclayo.

En más de una ocasión el dirigente de la PIC denunció que efectivos policiales, que resguardan los intereses de la minera, constantemente los venían hostigando y al parecer esta vez llegaron más lejos al hacer uso de sus armas.

Es conocido que dentro de los campamentos mineros se hallan por lo general fuertes contingentes policiales. Esto lo confirmó hace poco un representante de la propia compañía.

Fuente: SERVINDI – http://servindi.org/actualidad/88326


A pesar de la negativa constante y justificada de las comunidades andinas al proyecto minero Conga en Cajamarca, la compañía minera Yanacocha no le importó esta negativa ni la vigencia de la ley de Consulta Previa e inició la construcción del reservorio El Perol que recogerá el agua de la laguna del mismo nombre y que estará listo –según los propios ejecutivas de la empresa- a fines del 2013.

Lo grave de la situación es que el propio gobierno, a través del jefe de Estado Ollanta Humala, aseguró que el proyecto Conga “está avanzando” y refirió la construcción del citado reservorio. En agosto del 2012, Yanacocha había anunciado la paralización de las obras; sin embargo, siguieron construyendo el reservorio de Chailhuagón. Tanto es el respaldo del gobierno central a la compañía de Roque Benavides, que su propio gerente, Javier Velarde, ha dicho que no le importa el ganador de las elecciones municipales del 2014 para definir el futuro del megaproyecto Conga.

En estos momentos en la laguna El Perol se encuentran los denominados “Guardianes de las lagunas” quienes se encuentran viviendo momentos tensos ya que en esa zona también se encuentran un contingente policial al servicio de Yanacocha. Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional de Celendín (PIC), precisó que el agua de los reservorios no será para el uso de la población sino para el de la empresa.

Hoy la situación que se vive en la zona es muy tensa. Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad, denunció que la policía rentada por Yanacocha disparó contra los guardianes de las lagunas cuando caminaban por carretera pública hacia laguna El Perol e hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para su intervención pues la situación puede terminar en un gran conflicto.

Fuente: Coordinadora CAOI – http://www.coordinadoracaoi.org/portal/?q=content/per%C3%BA-tensa-situaci%C3%B3n-en-laguna-perol-despu%C3%A9s-del-anuncio-de-yanacocha-de-iniciar


Escribe: José De Echave C.

Parece que el gobierno nuevamente ha cedido a las presiones. El propio presidente peruano acaba de anunciar un primer paquete de reformas para impulsar las inversiones en el país que coincide con los pedidos que provenían de los gremios empresariales y sus escribidores.
¿Cuáles son algunas de las principales medidas anunciadas y que sin duda generan inquietudes?

La primera es la creación de un equipo de ejecutivos o gestores que se encargarán de darle seguimiento a la implementación de los proyectos de inversión. Este esquipo estará adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. La gran interrogante es cómo se conformará este equipo. ¿Estará integrado solamente por gestores próximos a la Confiep o al Instituto Peruano de Economía o será algo realmente balanceado? ¿Incluirán a representantes de la sociedad civil, sectores académicos, representantes de organizaciones sociales? ¿Serán tomados en cuenta especialistas en aspectos sociales y los impactos ambientales de los proyectos?

Una segunda medida apunta a que el acceso a terrenos para obras de infraestructura se agilice, gracias a una reciente ley que separa el acto de expropiación del pago de un justiprecio. De esta manera se busca acelerar un conjunto de proyectos de infraestructura, sin tomar en cuenta que este tema ha sido fuente de varios conflictos en varias regiones del país.

Otra medida tiene relación con el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM, que aplica el silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos, para que los empresarios privados y el propio Estado certifiquen que no existen sitios arqueológicos en las zonas en donde se pretenden desarrollar proyectos de inversión. Cabe señalar que, como han señalado algunos expertos, esta norma vulnera las obligaciones internacionales contraídas por el Perú (UNESCO y otros protocolos internacionales) para la protección de nuestro patrimonio arqueológico. 

Quizás una de las medidas del paquete que más preocupa tiene que ver con el decreto supremo

060-2013-PCM, publicado el pasado 25 de mayo, que busca agilizar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados.

  Desde ahora estos estudios deberán ser aprobados en menos de 100 días. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que una decisión de este tipo aportará a relajar aún más el filtro ambiental que representa los EIA, en la medida que ni la institucionalidad ambiental que está en los ministerios está preparada para realizar evaluaciones ambientales rigurosas en esos plazos y el nuevo sistema nacional de certificación ambiental (SENACE) recién comenzará a operar desde abril del próximo año.

 

Lo cierto es que este primer paquete despierta justificadas preocupaciones. No está mal que un gobierno busque desarrollar proyectos de inversión en beneficio del país; sin embargo no tomar en cuenta lo que la propia realidad nos ha venido mostrando en los últimos años (la mayoría de conflictos tienen que ver con demandas sociales y ambientales), es una demostración que estamos frente a una gestión que ha perdido los necesarios equilibrios sociales y ambientales. ¿Cómo serán los próximos paquetes?

 

Cada vez son más evidentes los retrocesos, mensajes contradictorios y la debilidad que muestra el gobierno frente a las presiones de los principales grupos económicos. Pasó con el tema de Repsol y la posible compra de sus activos, luego con el entrampamiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y ahora con este paquete de promoción de las inversiones. Con mucha razón los que perdieron las elecciones deben sentir que al final ganaron.



El presidente Ollanta Humala destacó que en lo que va del año no se hayan producido grandes conflictos sociales

El presidente Ollanta Humala manifestó que tiene confianza en que continúe el proyecto minero Quellaveco (Moquegua), para la explotación de cobre, y aseguró que el proyecto Conga, en Cajamarca, “está avanzando”.

En declaraciones a la prensa, indicó que en el caso del primero de aquellos, a cargo de la empresa Anglo American, “lo que están haciendo es la revisión de su inversión en cada país producto de la caída del precio de los minerales”.

“Tengo confianza en que el proyecto Quellaveco continúe, es un proceso normal que se está dando en una coyuntura como la que se ha vivido”, manifestó el mandatario.

“CONGA ESTÁ AVANZANDO”
Respecto de Conga, Humala señaló que los reservorios de agua son una muestra de que “también está avanzando”. “Los reservorios fueron una de las exigencias hechas al Gobierno; era parte de las medidas de confianza que debe dar ese proyecto”, dijo.

Subrayó que no se puede ganar la confianza de la población con decretos y el Gobierno “debe trabajar con las empresas para darle importancia a la responsabilidad social”.

“NO HEMOS TENIDO CONFLICTOS”
Asimismo, destacó el trabajo de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad para tratar los conflictos sociales mediante mesas de diálogo.

“Esto nos ha ayudado a manejar muchos conflictos avanzados y colocarlos a nivel de mesa de dialogo. Este año no hemos tenido grandes conflictos en lo que respecta al tema minero”, afirmó.

También resaltó que la Ley de Consulta Previa debe ser vista “como un instrumento que permita legitimar una inversión, y no un obstáculo”.

SÁBADO 25 DE MAYO DEL 2013
http://elcomercio.pe

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Edgar Jara. (La República)
Cajamarca (Lunes, 27 de mayo de 2013)

¿En qué está abocado ahora?
Hay que construir una nueva imagen para la empresa, hemos cambiado a todala plana mayor, seguiremos haciendo los cambios que se necesitan, es progresivo, lo más importante es dar señales. Cosas que estamos haciendo distintas, por ejemplo en el pasado definíamos un plan de trabajo y decíamos tenemos que llegar a este objetivo, ahora hay que cambiarlo pero si no hay condiciones será otra fecha, El Perol, es super significativo, coincido con Roque (Benavides) que va a ser un hito muy importante para el proyecto.
¿Van a tomar las aguas de El Perol?
Vamos a transvasar la laguna El Perol hacia una zona de mayor captación.
¿Cómo se hace, lo artificial puede superar a lo natural?
En todas las grandes sociedades del mundo hay reservorios que sirven para almacenar el agua, descargar y poder abastecer a las ciudades, nosotros ya terminamos Chailluagón la próxima semana y entra en funcionamiento en dos o tres semanas.
¿A quién va a beneficiar?
Chailluagón consiste en construir aguas abajo de la laguna Chailluagón, a unos 60 metros de las lagunas, un dique, y eso permitirá que la laguna crezca, el vaso natural se agrande y se convierta en uno más grande, que permite un dique almacenando el agua. Las lagunas naturales solo rebosan por encima en la época de lluvia y genera la escorrentía que beneficia a los usuarios aguas abajo, en secano cuando termina de llenar, el nivel de la laguna baja hasta cierto nivel y después ya no corre más, algo corre a través de la percolación, pero muy poco, y la prueba de eso es que si estuviera drenando bastante agua se secaría al final de la temporada seca, pero uno ve que la laguna llega a un tope y ahí queda hasta el siguiente año.
¿Por qué no invitar a que la gente lo observe?
La laguna El Perol y el reservorio, este último es adyacente a la laguna y será igual que Chailluagón, la zona donde se construirá el dique, ya está identificada y eso permitiría que las aguas de la laguna El Perol sean transvasadas, lo que permitirá descargar el agua en época de lluvia y en secano.
¿Por qué cree que no lo entienden las comunidades, una explicación tan sencilla?
No sólo las comunidades, sino gran parte de la ciudad de Cajamarca. En primer lugar porque no hemos hecho el esfuerzo suficiente de comunicar; segundo, porque a veces quizás cometemos el error de ser demasiados técnicos en explicaciones, se construyen muchos mitos, hay gente interesada en desprestigiar esta iniciativa de la laguna El Perol en algo negativo y ahí crean mitos diciendo que los reservorios en cabecera de cuenca son dañinos,que no se pueden comparar con las obras de Dios. Algunos han dicho que los reservorios son una caja de cemento que se van a construir para preservar el agua.
¿Cuándo se darán las condiciones para que Conga sea ejecutable?
No lo sé…
¿Hoy cómo está?
Creo que hoy día estamos en un proceso de construcción de credibilidad y de reservorios.
¿La credibilidad es lo más importante?
Por supuesto, pero eso no se construye con palabras sino con hechos y por eso tenemos que darle contenido a este mensaje y parte de ello son las obras que estamos construyendo.
¿Que pasará con los “guardianes de las lagunas” que están cerca de ustedes?
Bueno, quisiera que conozcan también los reservorios, no los puedo convencer a todos, hay gente que no cree en la minería como una fuente de desarrollo, a ellos no los vamos a poder convencer probablemente.
Cuando estalló el conflicto el 2011, el presidente regional estuvo a punto de firmar el acuerdo con el Gobierno para que Conga vaya. ¿Qué cree que pasó?
No lo sé, sería simplificar la problemática decir todo se cayó porque una persona dejó de firmar un acta.
Los antimineros habían perdido toda esperanza en Conga, ¿qué falló con ustedes?, ¿se confiaron?
Hubo un  escenario sociopolítico que nadie anticipó. Cuando se dieron las elecciones regionales había un escenario político que podíamos seguir avanzando con los trabajos que estamos haciendo, pero después las elecciones presidenciales generaron el descontento en la región y tuvo una gran repercusión. Ese desencuentro exacerbó las dudas o temores que pudieron haber existido en el proyecto.
¿Ollanta lo estimuló, el presidente de la República es nocivo para Yanacocha?
Soy respetuoso de las autoridades. En todo proceso sociopolítico hay personas que influyen, pero espero que todo lo que ha sucedido no se deba a una u otra persona, sino hay muchos componentes…
Que se revertirá con las próximas elecciones.
Quiero que se revierta con las cosas que estamos haciendo, no podemos confiarnos, sería hasta irresponsable de nosotros que estemos sentados a esperar que las elecciones terminen definiendo el futuro de la empresa. Nosotros tenemos una responsabilidad y esa es, mejorar el relacionamiento con Cajamarca, para que la gente crea en nosotros.
¿La frustración de Conga le ha hecho daño a la minería?
Tiene implicancia de los procesos sociales que se replican en el país. No es que una cosa sea consecuencia de otra necesariamente, alguien dijo en algún momento que había una práctica que se quería franquiciar en el país, eso es cierto.
¿El conflicto de Cañariaco arrincona al gobierno?
Todos tenemos que hacer más y mejor, el Estado tiene que actuar con más energía, no para reprimir sino para comunicar mejor, para informar a la población para ser parte de la comunicación, es malo que solo la empresa tenga que dar las explicaciones a la comunidad de lo que quiere hacer. En general en el país la credibilidad es mala, hay desconfianza mutua.
¿Qué mensaje le daría a los líderes antimineros?
Que tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y mal y cómo nos afecta a nosotros y a los vecinos y a Cajamarca, el mismo mensaje les daría a ellos, todos hemos fallado. 

“El mensaje que le daría a los líderes antimineros es que debemos  reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y mal y cómo nos afecta, a nosotros y a Cajamarca”.


Enviado el 22/05/2013

Mauricio Zavaleta

Por lo general, el surgimiento de conflictos sociales responde a coyunturas específicas que abren ventanas de oportunidad, pero sus causas se encuentran insertas en procesos complejos que comprometen períodos de mayor duración. Ello resalta particularmente en la región Cajamarca, cuya historia reciente está ligada a la actividad de Minera Yanacocha. La empresa, constituida originalmente por capitales estadounidenses (Newmont Mining Company, 32,3%), peruanos (Compañía de Minas Buenaventura, 32,3%) y franceses (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 24,7%), más la participación del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (5%), ingresó a Cajamarca en 1992 y empezó sus operaciones extractivas en el segundo semestre de 1993 (1).

Como resultado de las actividades de la empresa, el crecimiento del PBI de Cajamarca fue exponencial, hecho especial si se consideran más de dos décadas de estancamiento económico por el descenso de la productividad ganadera en la región (2). En este período, la capital del departamento experimentó un rápido proceso de cambio gracias al efecto multiplicador de la actividad minera. No obstante, desde el inicio de sus actividades Yanacocha mantuvo relaciones tensas con la población, sobre todo rural. Un factor de estas desavenencias radica en el método de extracción utilizado en el yacimiento. A diferencia del viejo socavón, la nueva minería a «tajo abierto» compromete un uso abundante de recursos naturales, específicamente tierra y agua, por lo que se encuentra en competencia con las actividades agropecuarias.

Las transacciones económicas rurales principalmente agrícolas fueron transformadas por el surgimiento del nuevo núcleo productivo. Muy pronto, el cierre de canales de riego y la contaminación de las fuentes de agua enfrentaron a la población rural con la empresa. Esta pugna es un fenómeno “natural” de la reconfiguración del territorio, al que se añaden factores específicos que han determinado el rechazo a la empresa. Entre ellos, destacan los accidentes ambientales, como el derrame de mercurio en los centros poblados de San Juan, Magdalena y Choropampa, que contaminó alrededor de 1,200 personas. Aunque los funcionarios de Yanacocha no lo percibieron en su momento, la inacción respecto a “escándalos de contaminación” como el ocurrido en Chorapampa y la ausencia de una estrategia estructurada de relacionamiento con la población, tendría altos costos en el mediano plazo para el desarrollo de sus actividades económicas.

Debido a los errores cometidos, a doce años de iniciadas sus actividades, Yanacocha sufría de un amplio desprestigio social que afectó las pretensiones de expansión (3). El primer conflicto de magnitud se inició el año 2000, cuando la empresa hizo pública su intención de extender el complejo minero al cerro Quilish, ubicado a escasos kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Luego de tres años de disputas legales el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) concedió el permiso para la explotación y la empresa movilizó maquinaria a la zona en el 2004. La historia es conocida: la población inició una movilización indefinida con el objetivo de impedir la instalación de maquinarias y luego de cerca de 15 días de manifestaciones el MINEM emitió una resolución que suspendía el permiso otorgado a Yanacocha.

La llamada “gesta por Quilish” reconfiguraría el escenario de la región. A los comités de regantes y las rondas campesinas —actores rurales que habían sido hasta el momento la oposición más visible frente al proyecto— se sumaron actores principalmente urbanos que cumplieron un papel importante en las manifestaciones: el Frente de Defensa de Cajamarca, creado durante la década de 1990 por activistas de izquierda, y un conjunto de ONG ambientalistas recientemente creadas en la región, como GRUFIDES y ADEA. Ello permitió a organizaciones sociales y partidos políticos canalizar el descontento frente a la empresa minera. Aunque la movilización no devino en la formación de un movimiento social, fue útil para que los opositores a Yanacocha, dispersos hasta el momento, estrecharan vínculos entre sí. A partir de entonces, la defensa del medio ambiente adquirió un carácter predominante en el debate político regional.

Por su parte, la empresa entendió que para permanecer en Cajamarca y explotar su cartera de proyectos la estrategia de relacionamiento con la comunidad debía cambiar. A partir de 2006 destinó más de 267 millones de soles a través del Fondo Solidaridad con Cajamarca para proyectos de desarrollo en la región en áreas de salud, nutrición, educación e infraestructura. Si bien muchos de estos programas sociales privados lograron mejorar la calidad de vida de un sector de la población rural, esta fue la manera más pragmática de establecer relaciones que facilitaran la convivencia entre ambos actores creando vínculos de carácter clientelista, lo cual estableció un escenario asimétrico durante los procesos de negociación.

En ese contexto, sin haber logrado revertir un amplio desprestigio social y con la vida útil del yacimiento base en expiración, Yanacocha buscaría llevar a cabo su proyecto expansivo más importante: Minas Conga.

La batalla por Cajamarca

El año 2004 Buenaventura adquirió la Compañía de Exploraciones, Desarrollo e Inversiones Mineras (CEDIMIN) la cual exploraba desde 1991 los yacimientos mineros de Chailhuagón y Perol, los que conformaban el proyecto Minas Conga, ubicados a 25 kilómetros del complejo Yanacocha. Con la compra de CEDEMIN, entre 2004 y 2010 Yanacocha completó el proceso de exploración y planificación del proyecto.

Conscientes de su desprestigio, la empresa desarrolló una nueva estrategia de comunicación y relacionamiento con las comunidades que se encontraban dentro del área de influencia del nuevo proyecto. Desde enero del 2009, el equipo de Asuntos Externos de Yanacocha, en coordinación con la agencia de publicidad limeña Toronja, inició una estrategia de relacionamiento que permitiese presentar el proyecto en el área de influencia directa y facilitar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a cargo de la empresa consultora Knight Piésold Consulting. El documento presentado en las comunidades estipulaba que se contribuirían reservorios artificiales con la finalidad de garantizar la cantidad y calidad del agua. No obstante ello, el plan era especialmente controversial porque significaba que las lagunas de Mala, Azul, Chica y Perol serían trasvasadas a los depósitos.

Hay que mencionar que la inversión en una zona de baja productividad, altos niveles de pobreza y débil presencia estatal hace que la población experimente una fuerte sensación de incertidumbre. Por un lado, existe temor frente a los efectos negativos que puede ocasionar la minería, principalmente la contaminación de las aguas y un posible descenso en la productividad agrícola; por otro lado, se crean expectativas de obtener beneficios materiales además de empleos. Estos dos aspectos, incertidumbre y expectativas, generan un ambiente propicio para la acción política, tanto para la empresa como para sus opositores.

Por parte de la empresa, la estrategia diseñada consistía en generar vínculos con los 32 caseríos del área de influencia a través de “pre acuerdos” relativos a la construcción de obras de infraestructura, transferencia de tecnología y empleo. Los testimonios de las personas relacionadas con la empresa como los de aquellas que están en contra del proyecto coinciden en que el proceso de información a la ciudadanía del EIA tuvo una connotación visiblemente política: fue el escenario en el cual la empresa demostró respaldo social a sus actividades a través de la movilización social. Lo importante del asunto es que ilustra cómo objetivos que inspiran el proceso de participación ciudadana, acceso a la información y diálogo, son reconfigurados por la propia asimetría existente entre un actor pletórico en recursos y una población mayoritariamente pobre.

Debido a este contexto, el proceso se convirtió en un espacio de negociación política. Para los ciudadanos, fue el escenario donde se podía establecer demandas hacia la empresa, las cuales no estaban ligadas, en su gran mayoría, a establecer salvaguardas a favor del medio ambiente (aspectos altamente técnicos, los cuales son comprendidos por un reducido grupo de expertos) sino a obtener beneficios de la explotación como trabajo, servicios e infraestructura; mientras que para la empresa se trataba de una plataforma política para obtener respaldo a sus actividades a través de la movilización social. Como resultado de este proceso, las 32 comunidades del área de influencia aprobaron el EIA del proyecto en la audiencia pública celebrada en San Nicolás de Chailhuagón, la cual tuvo la participación aproximada de tres mil personas, un record de asistencia en este tipo de actividades.

Sin embargo, un proceso de connotaciones políticas opuestas se gestaba en paralelo. Desde el año 2010 una serie de organizaciones sociales, entre las que destaca el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y, sobre todo, la Plataforma Interinstitucional de Celendín, cuestionaron públicamente la viabilidad del proyecto y se opusieron a su realización. Estas organizaciones en su mayoría integradas por actores urbanos con vínculos en las zonas rurales, realizaron trabajo político en las comunidades cercanas al proyecto —pero fuera del área de influencia establecida por la propia empresa— que estaban inseguras frente a la posibilidad de que las aguas fueran contaminadas o disminuidas por la actividad extractiva sin recibir ningún tipo de beneficio en compensación, inseguridad que se acrecentó por la mala reputación de Yanacocha en materia ambiental.

Paradójicamente, la creación de reservorios artificiales, que había sido planificado como el principal mecanismo de mitigación ambiental, se transformó en el eje de la lucha política de los operadores opuestos al proyecto, los cuales mostraron material gráfico sobre desastres de contaminación durante la primeros años de la actividad minera. Como la complejidad del debate sobre la calidad del EIA concernía a especialistas en la materia, los opositores sociales articularon su discurso sobre la base de supuestos socializados a partir del conflicto Quilish. Así, el argumento central esgrimido contra la actividad minera pude ser resumido de la siguiente forma: el ecosistema de Cajamarca consiste en un sistema complejo, cuyas aguas se encuentran interconectadas de manera subterránea y cualquier alteración a una parte afecta al conjunto.

Este discurso ambientalista, difundido con éxito en menos de una década, constituye la respuesta política al impacto profundo que han dejado las actividades mineras y los errores en torno a gestión ambiental en los cuales la empresa incurrió durante sus primeros años de operación. Ello ha derivado en que, tanto Yanacocha como su oposición, reivindican argumentos técnicos para lograr sus objetivos centrales: realizar el proyecto o paralizarlo, respectivamente. En ese sentido, el conflicto surgido en torno a Conga constituye un capítulo, acaso el último, del enfrentamiento entre una élite local y la población rural con la empresa respecto al uso y cuidado de los recursos de la región.

Cuando la empresa anunció el desembolso del saldo de ejecución del proyecto el 27 de julio del 2011, un día antes de la toma de mando de presidente Ollanta Humala, las fichas ya estaban alineadas, con gran anticipación, para el inicio del conflicto.

Notas:

(1) Posteriormente, debido a un enfrentamiento de las empresas asociadas, la composición accionaria cambió de la siguiente forma: Newmont: 51,35%, Buenaventura: 43,65%, International Finance Corporation: 5%.

(2) De acuerdo con Mendoza y Gallardo (2011), entre 1992 y 2005 el PBI de Cajamarca experimentó crecimiento constante, que se detuvo a partir de 2005. El desaceleramiento de la economía responde a la reducción productiva de Yanacocha y la oposición a la expansión de los proyectos mineros.

(3) Desde el 2004 en adelante, sus proyectos fueron bloqueados por la oposición de la población en Cerro Quilish (2004), Carachugo II (2006), La Quinua Sur (2007), Solitario (2009) y, finalmente, Minas Conga (2011).

Artículo publicado en la revista VOCES Nro. 45. Abril 2013. Cajamarca. Asociación SER. Resumen del estudio “La política de lo técnico: una aproximación al desarrollo del conflicto Conga”, publicado en el libro “Los límites de la expansión minera en el Perú”, (Asociación SER, 2013).


22 de mayo de 2013

Fuente: noticias.terra.com.co

Amnistía Internacional denunció hoy “detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y torturas y otros malos tratos” por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas contra proyectos mineros en Perú.

En su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2012 presentado en Londres, AI también destaca que los progresos sobre casos de violaciones de derechos humanos relativos al conflicto armado interno (1980-2000) “fueron lentos”, y expresa preocupación por la ausencia de consultas con los pueblos indígenas.

AI recuerda que al menos 30 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y decenas resultaron heridos en enfrentamientos con elementos remanentes del grupo armado Sendero Luminoso, y que Florindo Eleuterio Flores Hala (conocido como “Camarada Artemio”) fue detenido en febrero.

Entre otros casos de víctimas de violencia, AI menciona el de seis hombres, uno de ellos de 17 años, que murieron “por disparos presuntamente realizados por las fuerzas de seguridad” en Espinar, departamento de Cuzco, y en Celendin, departamento de Cajamarca, así como el de Nemesio Poma, quien murió en una manifestación contra una empresa minera en Huaraz, departamento de Áncash.

La ONG también denuncia que defensores de los derechos humanos fueron “víctimas de amenazas, detención arbitraria y malos tratos”.

AI destaca los casos de la defensora de los derechos humanos Amparo Abanto, abogada de la ONG local Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y el de Genoveva Gómez, empleada de la Defensoría del Pueblo peruana, quienes fueron presuntamente golpeadas por policías del departamento de Cajamarca.

Ambas habían intentado ponerse en contacto con personas detenidas durante las protestas contra un proyecto minero.

El informe de AI subraya que aunque en mayo el Congreso aprobó legislación que concedía acceso a una reparación para todas las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, al concluir el año esta norma aun no había entrado en vigor.

AI se refiere también a que las mujeres y las niñas encuentran impedimentos para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos.

La organización humanitaria expresa además su preocupación porque el proceso de consulta con los pueblos indígenas para redactar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios fue “insuficiente”.

El informe de AI recuerda que aunque Perú ratificó en septiembre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, al concluir el año no había reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar comunicaciones individuales.

Ver: https://celendinlibre.wordpress.com/2012/page/40/


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El informe anual de Amnistía Internacional expresa una gran preocupación por la ausencia de consultas adecuadas a los pueblos indígenas y por el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales.

María Elena Castillo (La República, 23.5.13)

Un lento avance en la judicialización de violaciones a derechos humanos cometidas en los años de violencia política, así como el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales  marcaron nuestro país en el 2012, señala Amnistía Internacional (AI) en el informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo,  publicado hoy.

El informe precisa que el proceso para garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000 ha registrado un lento progreso porque el Ministerio de Defensa no ha colaborado plenamente con brindar información relevante sobre los presuntos responsables.

El director de la sección peruana de Amnistía Internacional, Juan Carlos La Puente, refirió que por ello solo se ha podido dictar un reducido número de sentencias en los casos producidos en los años de violencia política.

“El Ministerio de Defensa no ha ayudado de manera eficaz a la justicia peruana en la identificación de responsables de violaciones a derechos humanos en los casos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó hace diez años al Ministerio Público”, dijo.

Asimismo, el documento recuerda que aún no ha entrado en vigor la norma que aprobó el Congreso para que todas las víctimas de violencia sexual, además de las que han sufrido violación, en el marco de la violencia política, accedan a la reparación.

Amnistía Internacional da cuenta también que al menos 30 miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida y decenas resultaron heridos en enfrentamientos con Sendero Luminoso.

uso excesivo de fuerza

Además, el informe detalla que se produjeron masivas protestas para exigir derechos laborales o contra la industria extractiva, como la minería, en las que se aplicó el uso excesivo de la fuerza, así como torturas y malos tratos por parte de miembros de seguridad.

Da cuenta que seis personas perdieron la vida por disparos, presuntamente realizados por fuerzas del orden, en enfrentamientos con la población en la provincia de Espinar, en Cusco, y Celendín, en Cajamarca, así como en la comunidad de Mareniyoc, en Huaraz.

Refiere   que defensores de derechos humanos fueron amenazados, maltratados y detenidos arbitrariamente como los trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani,  Jaime Borda Pari y Romualdo Tito Pinto, así como del líder comunitario Sergio Huamaní, en Espinar; y el padre Marco Arana, de GRUFIDES, durante protestas contra el proyecto minero Conga, en Cajamarca.

Pueblos indígenas

El documento indica que si bien se publicó el Reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, varias organizaciones afirman que no hubo un trabajo eficiente para consultar a los pueblos indígenas sobre la redaccción de la norma.

Agrega que, en agosto, el gobierno anunció el primer proceso de consulta, con arreglo al nuevo reglamento, para los indígenas achuar, quechua y kichwa sobre un proyecto de extracción petrolífera en Loreto, el que hasta ahora no se realiza.

El director de la sección peruana de AI, La Puente, advirtió que no se lleva a cabo de forma eficaz el derecho de los pobladores a la consulta. “El Estado es responsable de garantizar el derecho al consentimiento previo, informado y libre de los pueblos indígenas. Perú ha avanzado en cierta medida, pero urge claridad en estos instrumentos, como la base de datos de los pueblos indígenas”, exhortó.

En el resto del mundo

El informe 2013 de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en el mundo, documenta la situación por la que atravesaron 159 países durante el 2012.

Advierte que existen gobiernos que violan los derechos humanos utilizando como pretexto la seguridad nacional o su preocupación por la seguridad pública.

Alerta que hay gobiernos que abusan del concepto de soberanía para ocultar matanzas, corrupción, opresión,  desalojos forzosos, la afectación a pueblos indígenas, entre otras violaciones a derechos humanos.

Entre los casos más saltantes figura Siria, Afganistán, Angola, China, donde se han producido miles de muertos y detenidos.


Los Mártires de las Lagunas. El 3 de julio se cumplirá el primer año del crimen alevoso.

La lucha también es política. Las próximas elecciones municipales y regionales deben ser ganadas por el pueblo y no por los candidatos sembrados y engrasados por la Minera. Esto es un deber histórico, una responsabilidad que nos incumbe a todos. Ha llegado el momento de no dejarse manipular más y de vencer para defender la voluntad del pueblo. El Comité de Apoyo a Celendín, en Lima, ha emitido un pronunciamiento que nuestra asociación, Celendín Pueblo Mágico, suscribe plenamente (CPM).
LA VOZ DEL PUEBLO ES LA LEY
El movimiento de protección de la cabecera de cuenca de Conga, en Celendín, vivirá un momento crucial con motivo de las elecciones regionales y municipales que se avecinan. En ellas, sin duda, se pondrá en juego todo lo que hasta el momento hemos conseguido para frenar la voracidad de la Newmont Mining y de Buenaventura (Yanacocha), así como la miserable avidez de sus cómplices y de los felipillos que pululan en su entorno.
La defensa del agua no sólo es ecológica, también es política, por lo que tenemos la obligación de ganar esas elecciones. Si las perdemos, las ganarán la Minera, así de simple. Es por esta razón que debemos elegir con sumo cuidado a los mejores candidatos, a los hombres y mujeres que garantizarán la defensa de Celendín y de Cajamarca. El peligro es que, olvidando las lecciones del pasado, algunos sectores del pueblo se lancen a ciegas, a intentar ganarlo todo en una jugada. Sería un error fatal, pues el riesgo es que lo perdamos todo en esa jugada. Nuestros candidatos deben tener el aval de las bases, del pueblo, no sólo de un grupo o partido. Estamos en lucha y nuestros candidatos deben surgir de esa primera fila que hasta ahora ha conducido bien la Resistencia.
Cualquier confusión en las filas del pueblo no hará sino agravar el peligro que ya crea en el panorama electoral la presencia de grupos regionales sin sustento político ni programático, que más bien obedecen a mezquinos intereses personales y, sobre todo, sirven a la estrategia de la Minera, que quiere, que necesita, entronizar a uno de sus candidatos. A nadie se le escapa que ella está atenta a las idas y venidas del pueblo y que intentará cualquier cosa para confundirlo, experta como es en el “divide y reinarás”.
Los celendinos sabemos de lo que es capaz el enemigo, conocemos todas sus artimañas: corrupción de funcionarios, compra de candidatos, subvención de campañas para los aspirantes promineros, fanfarrias, bailes tipo chino, obsequio de kilos de arroz, de fideos, de gorros, de politos y hasta un mísero billete en una caja de fósforos. El monstruo está dispuesto a todo. Ha olisqueado a su presa y no la va a soltar fácilmente. Pero nosotros lo hemos visto de cerca, conocemos su mala entraña y nuestra honda será la de David.
En esta lucha, que los traidores y venales condenan de mil maneras, pero que el mundo inteligente y responsable aplaude, se han dado situaciones que nos pueden costar caro, como el que, de alguna manera, algunos políticos profesionales se subieran al carro con la evidente intención de obtener réditos. Esto ha servido para que la derecha bruta y achorada nos tilde de ser gente opuesta al progreso, de comunistas y hasta de terroristas. Los celendinos responsables y pensantes que somos sabemos que nada de eso es cierto y lo vamos a demostrar en las elecciones. Para ello debemos ir a un consenso: lograr un único y verdadero candidato que garantice el triunfo y la defensa de Celendín. Sólo una autoridad auténtica que emane del pueblo nos representará y nos dará garantías.
Por estas razones, lamentamos el desbande de algunos compañeros que llevados por la vieja inercia política han lanzado candidaturas a nombre de partidos regionalistas cuando está más que claro, a la luz de la lucha, que sólo las bases de la Resistencia celendina tienen voz y voto para nombrar a los candidatos del pueblo. Las opciones que se reclamen del pueblo, pero que no emanen del pueblo, serán apócrifas y sospechosas de estarle haciendo el juego político a la Minera, por lo que obviamente serán condenadas.
En este sentido, saludamos la democrática decisión de nuestro principal órgano de lucha en la provincia, la Plataforma Interinstitucional Celendina, PIC, de convocar a todas sus bases a una reunión que se llevará a cabo en la Casa del Maestro, el día 24 de mayo, para una consulta de la que saldrán los legítimos representantes del pueblo celendino.
Comité de Apoyo a Celendín – Lima

Asociación Celendín Pueblo Mágico

Por Luis Hallazi*

22 de mayo, 2013.- A más de un año y medio de la promulgación de la Ley de la Consulta Previa, la “novedosa” posibilidad de su no aplicación en territorios destinados a la minería, nos permite plantear nuevos retos al volvernos a topar con la magra institucionalidad democrática del Estado, pero además nos da la oportunidad de seguir desmitificando viejos discursos que de tanto repetirse van generando “verdades” incuestionables, dogmas económicos que operan sin ser sometidos a prueba científica alguna y que sin duda, no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones.

Una de esas viejas etiquetas es la de “Perú, un país minero” (1) mensaje que en sí mismo, contiene una fuerte carga discriminatoria que bajo la variable de mayor rentabilidad relega a otras formas culturales de generar bienestar social.

Esta presunción de universalidad lo que hace es reducir todas las diferencias culturales en un discurso que busca identificar a la minería metálica como la única forma de alcanzar el “desarrollo”, el “principal” medio para seguir generando este entusiasmo desmedido por el “crecimiento” económico; sin permitir otras definiciones de desarrollo o al menos asegurarse que el mensaje es entendido por los principales actores. Es decir, a través de meras palabras como “éxito”, “progreso”, “modernidad” se excluyen otras alternativas a ese tipo de desarrollo convencional y también se obstaculiza procesos de transición (2) que ya están en marcha ante la actual crisis energética, crisis climática y alimentaria en cada vez más lugares de Latinoamérica.

El modelo minero no dialoga, impone. En lugar de generar condiciones para un debate democrático intercultural, entorpece los mecanismos participativos como los del derecho a la consulta previa, para solo adjetivizar esas otras voces, convirtiéndolos en antimineros o enemigos del “progreso”.

Ese discurso del “país preminentemente minero”, es el mismo discurso de “comunidades agrarias” que Ollanta Humala intenta imponer para eludir el derecho a la consulta previa en comunidades campesinas de los Andes peruanos; es también el discurso de casi la totalidad de los medios de comunicación masiva que reproducen las “ventajas” y “oportunidades” de dicho modelo.

Un discurso, pues, que goza de la máxima investidura en caso del Gobierno peruano y que sus funcionarios solo se prestan a poner en práctica sin la observancia de los derechos fundamentales. Como es lógico, una Ley como la consulta previa, un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT o la jurisprudencia de la Corte Interamericana relacionada a los derechos humanos de los pueblos indígenas, son meros obstáculos que el Estado está dispuesto a evadir, eludir e incluso a desconocer el mismo derecho que emana de su fuero.

Cuando los Derechos Humanos son un Obstáculo para los Estados

Para nadie es un secreto la fuerte presión que vienen ejerciendo las actividades extractivas, especialmente la minería, sobre los territorios indígenas y sus recursos naturales. Es increíble pero nadie cuenta la cantidad de conflictos ambientales en minería que hay en el mundo, ni el PNUMA ni el PNUD tiene cifras al respecto (3). En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha reportado a la fecha 154 casos de conflictos socioambientales de los cuales 112 están relacionados a la actividad minera (4); basta pues revisar las publicaciones de los diarios o de medios especializados (5) para observar una cantidad acumulativa de conflictos mineros con poblaciones originarias.

Muchos de esos casos se presentan de manera directa entre las empresas/Estados frente a los pueblos indígenas, sin intermediario alguno que permita que el conflicto se encamine a una solución justa y pacífica. Lamentablemente, la promoción de inversiones a cargo de los Estados, no solo se remite a ofrecer y promocionar una cartera de proyectos con las normas y procedimientos claros, sino más bien que los Estados a través del respectivo gobierno de turno, ofrecen una cartera de proyectos con acuerdos y asentimientos pre establecidos, sin consulta ni consentimiento previo de las poblaciones indígenas que recibirán los principales impactos; reducidos a una especie de lo que en derecho civil se llama contrato por adscripción.

El caso de Colombia (de quien ahora se busca imitar “el modelo” para destrabar proyectos (6)) muestra a través de un reciente informe sobre Minería en Colombia, elaborado por encargo de la Contraloría General de la Republica Colombiana, conclusiones claras como aquella que afirma que las actuaciones del Gobierno en el sector minería, están por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Una de las causas que el informe menciona es la “(…) indiscriminada dación de títulos mineros y el desarrollo expansivo de estas actividades que han venido violando, sistemáticamente, los derechos fundamentales y colectivos, desconociendo los procesos ambientales, territoriales, sociales y económicos” (7). Aparentemente el modelo Colombiano es efectivo a la hora de “destrabar” proyectos más no si se trata de respetar los derechos fundamentales. Lo mismo ocurre con el derecho a la consulta previa, donde somos inducidos a pensar que el desarrollo de este derecho en Colombia es también un “modelo” a seguir(8).

Se nos dice que Colombia viene realizando consultas desde 1994 y que a mayor cantidad de procesos se consulta que ha tenido este país, han sido también mayores los acuerdos que se han obtenido con los pueblos indígenas; todo esto presentado como garantía al respeto de los derechos de los pueblos indígenas y además se asegura que ese mismo año, se tuvo el record histórico de inversión extrajera directa. Lo que no se menciona es que la legislación de consulta previa es deficiente y está enmarcado en el Ministerio del Interior precisamente para agilizar los procesos de consulta y convertirlos en meros tramites, desnaturalizando su contenido, a pesar de que algunos de esos procesos terminan tutelados por la Corte Constitucional de Colombia que lamentablemente, no puede garantizar el derecho a la consulta previa en todos los demás procesos.

Sin embargo, no solo es el caso de países políticamente conservadores y económicamente neoliberales como Colombia y Perú. Esta tensión por los recursos naturales, entre pueblos indígenas y Estados Latinoamericanos, también alcanzan a Gobiernos con constituciones tan progresistas como la de Ecuador de 2008, donde no solo se reconoce el derecho a la Consulta Previa (art. 57 numeral 17) sino también se le otorgan derechos a la Naturaleza (art. 71); claro que todo es letra muerta cuando el Estado invoca el “interés nacional” o la “necesidad pública” de las actividades extractivas para su explotación (9).

En cuanto al derecho de consulta el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha observado que el Estado ecuatoriano debe iniciar procesos de consulta antes de la aprobación de normas como el Código de Minería que recientemente se quiere modificar(10), la Ley de Recursos Hídricos y el Código Ambiental donde se pretende seguir imponiendo proyectos extractivos y leyes sin consulta alguna.

Ante este contexto, lo más reciente que ofrece la fallida implementación de consulta previa en Perú, la cual busca excluir a los proyectos mineros con el grosero argumento que las comunidades campesinas en su gran totalidad no son pueblos indígenas, ponen en evidencia esa misma lógica de instrumentalización del derecho a las razones del mercado minero.

Que después se haya ido devaluando en versiones como los 32 proyectos que el Ministerio de Energía y Minas solicitó información para saber sobre la existencia de pueblos indígenas (11) y que finalmente sean 14 proyectos los que si necesitan de consulta previa, según el Viceministerio de Interculturalidad, son cuestiones anecdóticas. No hay documentación al respecto y como es lógico, los nombres de los proyectos, es secreto de Estado; razón suficiente para presumir que todos los proyectos están obligados (previa verificación de derecho) a someterse al proceso de consulta previa.

Sin embargo, también debemos presumir que no solo son 14 proyectos, ni 32 los que necesitan de consulta; para ello es necesario saber con exactitud cuántas comunidades campesinas existen en el Perú y en cuántas de ellas hay una solicitud de concesión minera, así también cuántas están en situación de exploración, ampliación o explotación minera. Una vez realizada esa tarea someter a cada caso a un test de consulta por parte de una institución estatal imparcial, de la que actualmente carecemos.

Como vemos, la actual situación de latente vulnerabilidad de los derechos humanos de los pueblos indígenas precisa de una alarma constate, en la medida que son ya muchos los Estados que suelen utilizar el aparato institucional para desnaturalizar los derechos humanos de las poblaciones indígenas y facilitar el ingreso de este sector en los territorios indígenas sin derecho a la consulta, ni consentimiento previo, libre e informado, cuyo incumplimiento suelen tener consecuencias sobre los demás derechos indígenas.

Los Estados si es necesario, declaran el Estado de Emergencia, como en el caso del Gobierno de Guatemala, donde su presidente el ex militar Otto Pérez Molina, declaró en Estado de Sitio los departamentos de Jalapa y Santa Rosa para reprimir al pueblo indígena Xinca (12), en defensa directa de los intereses del proyecto minero San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources, lo cual nos lleva a recordar similar medida en el caso Conga.

En definitiva la realpolitik nos muestra una situación crítica, donde los mecanismos de defensa del derecho internacional van por detrás de historias de injusticia y despojo que las poblaciones originarias vienen acumulando, es pues la trivialización de los instrumentos económicos y jurídicos a disposición de ese mercado llamado minería.

Notas:

(1) En la versión de Alan Garcia “El Perú no es un país agrario sino eminentemente minero” Diario La Primera, El Perú es minero, no agrario”, 11-09-2010http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/el-per-es-minero-no-agrario_69937.html

(2) Los movimientos de incitativa de Transición están emergiendo principalmente en Europa se configuran como propuestas creativas a la crisis energética o climática.

(3) Martínez Alier Joan ¿Cuánto Coflictos mineros hay en el mundo?http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Cuantos_conflictos_ambientales_por_mineria_hay_en_el_mundo

(4) Reporte de Conflictos Sociales N.- 110 – Abril 2013:http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2013/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-110-Abril-2013.pdf

(5) Observatorio para los conflictos de minería en América Latina OCMALhttp://www.conflictosmineros.net/home

(6) Declaraciones de la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino ahora flamante presidenta de la Sociedad peruanos de Hidrocarburos: http://www.larepublica.pe/07-03-2013/nombran-beatriz-merino-como-presidenta-de-la-sociedad-peruana-de-hidrocarburos

(7) Informe de la Contraloría de la Republica Colombiana:http://www.rebelion.org/docs/167838.pdf

(8) Declaraciones del Adjunto para Pueblos Indígenas … entrevista en Rumbo Económicohttps://www.youtube.com/watch?v=q_FmXoM0Utg

(9) En el caso de la Federación del Pueblo Shuar (FIPSE) con la compañía petrolera ARCO, el Estado Ecuatoriano arguyo que “los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos son motores del crecimiento económico y por tanto obedecen al interés de desarrollo nacional”.

(10) Gobierno ecuatoriano evalúa reformas a Ley Minera para impulsar el sector.http://www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/12970-gobierno-ecuatoriano-evalua-reformas-a-ley-minera-para-impulsar-el-sector

(11) El Comercio, Gobierno sabe que 14 proyectos mineros requieren consultahttp://elcomercio.pe/actualidad/1572596/noticia-mapa-gobierno-sabe-que-14-proyectos-mineros-requieren-consulta

(12) Guatemala: Violación a los derechos humanos, durante Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/derechos-humanos-mainmenu-40/1728-guatemala-violacion-a-los-derechos-humanos-durante-estado-de-sitio-en-jalapa-y-santa-rosa

*Luis Hallazi es abogado, actualmente asesor técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, Postgrado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.com


Fuente: Radio Cutivalú

Servindi, 21 de mayo, 2013.- El temor a que el proyecto Río Blanco se ejecute en la región Piura impactando negativamente en el modelo de desarrollo de las comunidades no ha desaparecido y muestra de ello ha sido la reciente movilización de más de dos mil ronderos y comuneros de las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

Ellos salieron a las calles para demandar al gobierno nacional y regional se declare la inviabilidad del proyecto que cubre la sierra piurana donde se encuentran los frágiles ecosistemas conformados por páramos y bosques de neblinas.

Hasta la capital de la región llegaron miembros de las organizaciones que conforman el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), todos ellos con la consigna de exigir se respeten sus fuentes de agua.
Demandas

A través de un comunicado (ver al final), las organizaciones miembros del FDSFNP recuerdan que los dueños de las tierras donde se piense ejecutar el proyecto son las comunidades campesinas.

Piden, además, respetar la decisión de las comunidades que el año 2002 y 2007, en consulta vecinales, realizadas en Tambogrande, Ayabaca, Pacaipampa y en el Carmen de la Frontera, donde una abrumadora mayoría dijo no a la minería.

Asimismo, exigen al gobierno regional que haga público un pronunciamiento claro y firme respecto de la actividad minera llamada “formal”, así como sobre la ilegal.

Otros puntos también demandados son el vinculado al Ordenamiento Territorial, la suspensión de otorgamientos de concesiones mineras en la región y la aplicación del derecho a la Consulta previa, previa libre e informada de acuerdo al Convenio num. 169 de la OIT.
Presidente regional acoge demanda de las comunidades

Las dudas sobre la posible ejecución del proyecto minero, hoy despejadas de algún modo, se reavivaron luego de que se conociera que el Gobierno Regional, que encabeza Javier Atkins, contemplaba su realización en el marco de las inversiones programadas para el 2013.

Esto a raíz de una publicación del propio gobierno regional de diciembre de 2012.

Es por ello y para dejar claro la posición de la citada autoridad que se desarrolló en la parte final de la marcha una reunión en la que estuvieron presentes representantes de las comunidades de Ayabaca y Huancabamba y el propio presidente regional.

Atkins Lerggios explicó tras el encuentro que la ejecución del proyecto minero, hoy de capitales chinos, que se respetará la posición que adopten las comunidades, la misma que en dos ocasiones ha ratificado su negativa a la ejecución de Río Blanco.

En presencia de los dirigentes de las comunidades, la autoridad procedió a arrancar la hoja del citado boletín que despertaba el rechazo de la población.

Cabe recordar que Atkins ya había calificado, en más de una entrevista, de “irrealizable” el proyecto Río Blanco Copper debido a la oposición de las comunidades campesinas a cambiar su modelo de desarrollo y por el temor a los posibles impactos ambientales.

A continuación compartimos el pliego de demandas de las organizaciones miembros del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP).

MEMORIAL

POR LA INTANGIBILIDAD DE LAS CUENCAS Y LAS FUENTES DE AGUA DE LA REGIÓN PIURA Y EL RESPETO AL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE, BASADO EN LA AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA, AGROEXPORTACIÓN, GANADERIA Y TURISMO

Las Comunidades y Rondas Campesinas, Municipalidades Provinciales y distritales y otras organizaciones sociales de las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba y los distritos de Tambogrande y Pacaipampa, miembros del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, venimos desde nuestras localidades hacia la capital regional, unidos en torno de un ideal común: la defensa y preservación de nuestras fuentes de agua; sin interés político partidario alguno, de manera libre, democrática y pacífica para exigir, al Gobierno Nacional y Regional:

1. La intangibilidad de las cuencas y fuentes de agua de la región Piura, cuyas nacientes se ubican en los ecosistemas de páramos y bosque de neblina en las provincias de Ayabaca y Huancabamba las que se encuentran en riesgo por la actividad minera “formal” y la minería ilegal, las cuales son amparadas por el propio Estado, contraviniendo las decisiones de los propietarios de las tierras que son las Comunidades Campesinas. Para lo cual se requiere la modificación de la Ley de Recursos Hídricos por el Congreso de la República.

2. Se respete la reiterada decisión de nuestros pueblos, que expresaron su voluntad libre y democráticamente tanto el año 2002 como el 2007, en consultas vecinales realizadas en Tambogrande, Ayabaca, Pacaipampa y en el Carmen de la Frontera, donde el 98% y 95% de los votantes, respectivamente, rechazaron la minería, por ser una actividad altamente riesgosas para las fuentes de agua y ecosistemas frágiles.

3. Se haga público un pronunciamiento claro y firme del Gobierno Regional de Piura, respecto de la actividad minera llamada “formal”, así como sobre la ilegal; más aún, si en su memoria institucional por los 24 primeros meses de gestión, se incluyó como uno de los “proyectos más importantes” de inversión “el proyecto cuprífero Río Blanco”, contraviniendo lo ofrecido en la campaña electoral. Dicho proyecto pretende iniciar todo un distrito minero de 5 tajos abiertos que contaminaría no sólo las provincias de la sierra de Piura, sino los principales valles agrícolas costeros; atentando también, contra los proyectos de irrigación Alto Piura y Olmos (Lambayeque), ya que causaría la disminución y contaminación de las aguas, afectando con ello la economía regional.

4. Al Gobierno Regional, intensifique la protección definitiva e integral de los páramos y bosques de neblina, a través de mecanismos formales de conservación que incluyan a las comunidades, evitando se continúe otorgando concesiones para actividades extractivas en dichas zonas.

5. Asimismo, que se continúe con el proceso de Ordenamiento Territorial, con participación activa de las Comunidades y Rondas Campesinas, a fin de que se definan las políticas regionales del uso de los suelos, que incluyan la protección de las fuentes de agua y ecosistemas frágiles, y se disponga la no realización de actividad minera en dichas zonas, ni en los valles costeros que sostienen la economía regional y garantizan la soberanía alimentaria.

6. Demandamos al Gobierno Nacional Y Regional suspendan el otorgamiento de concesiones mineras en la región y dispongan los tramites respectivos para declarar la nulidad de las concesiones otorgadas desde el 03 de febrero de 1995, por violar el derecho a la consulta previa e informada en el Convenio 169 de la OIT.

7. A las instancias de Gobierno Local, Regional y Nacional, que antes de tomar cualquier decisión legislativa o administrativa que pueda afectar directa o indirectamente los derechos colectivos de nuestras Comunidades Campesinas, apliquen el derecho a la Consulta previa libre e informada, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, vigente en el país desde el 02 de Febrero de 1995.

8. Demandamos a las autoridades del Gobierno Nacional y Regional, particularmente al Ministerio Publico, SUNAT y Policía Nacional dejen de la extremada negligencia en el cumplimiento de su obligación de control, fiscalización y erradicación de toda actividad ilegal, la cual resulta mucha más censurable cuando está de por medio la salud y la vida de la población, como viene sucediendo con el caso de la minería ilegal, la cual va aparejada de la comercialización, transporte y utilización de productos altamente peligrosos para la salud pública como lo son los explosivos, cianuro, mercurio, etc. A la empresa china, minera Rio Blanco Cooper S.A (antes Minera Majaz), le exigimos que respete el acto de administración de justicia, plasmado en el acta del 16 de abril pasado, firmada por su Gerente General, Li Zheng, con la Comunidad Campesina de Yanta y la Central Provincial de Rondas Campesinas con sede Hualcuy, Ayabaca; en la cual, se comprometió que no ingresaran nunca más a nuestros territorios comunales, ni perturbaran nuestra paz y tranquilidad, especialmente de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, y de todo el Alto Piura.

9. Asimismo, notificamos a la empresa minera para que no realice ningún acercamiento a las tierras de propiedad comunal, por no tener permiso alguno y ser ilegal por ello, ni tampoco amenace o pretenda sobornar a nuestros dirigentes, pues, cualquier decisión se tomo a nivel de Asamblea Comunal, de acuerdo a la Ley y los Estatutos, y, en las Comunidades, desde el año 2004 hay reiteradas decisiones expresas y firmes rechazando su presencia en la zona.

10. Asimismo, exigimos a otras empresas mineras como Buenaventura en Tambogrande, la cual viene acosando constantemente a la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, cesa en sus pretensiones de dividir a la Comunidad con dadivas y manipulaciones para tratar de conseguir la Licencia Social.

En tanto sea aclarada la postura del Gobierno Regional de Piura esperamos retomar el diálogo que iniciamos con la actual gestión, y con las diversas instancias competentes del Gobierno Nacional, esperando lograr una solución pacífica y definitiva a los conflictos sociales que continúan presentándose en la región desde hace más de 10 años.

Piura, 16 de mayo de 2013

FRENTE POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FRONTERA NORTE DEL PERÚ

Municipalidad Provincial de Huancabamba – Piura
Municipalidad Provincial de Ayabaca – Piura
Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio – Cajamarca
Municipalidad Distrital de El Carmen de la Frontera – Huancabamba, Piura
Municipalidad Distrital de Pacaipampa – Ayabaca, Piura
Municipalidad Distrital de Tambogrande – Piura
Comunidad Campesina de Segunda y Cajas – Huancabamba
Comunidad Campesina de Yanta – Ayabaca
Comunidad Campesina de Santa Rosa – Pacaipampa
Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca – FEPROCCA
Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba
Comité Ejecutivo Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca – Sede Hualcuy
Rondas Campesinas del Distrito de El Carmen de la Frontera
Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba
Frente de Defensa del Medio Ambiente de Tambogrande
Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayabaca
Jóvenes Organizados en Defensa de la Ecología Regional – Ayabaca
Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande