Archivos para marzo, 2013


Lo elaboró la OMS. Ciudades de Irán,India, Paquistán y Mongolia son las más contaminadas. En el otro extremo están urbes de Canadá y EEUU.

Edición Impresa: miércoles, 28 de septiembre de 2011

Difunden el primer mapa de la contaminación mundial

Las zonas de verde más oscuro son las más contaminadas. (Internet)

Agencias

Ciudades en Irán, India, Paquistán y la capital de Mongolia están entre las más contaminadas del planeta, mientras que las de Estados Unidos y Canadá están entre las mejores, según datos del primer mapa mundial de la contaminación difundido por la Organización Mundial de la Salud.

Ahvaz, en el suroeste de Irán, recibió la “distinción” de tener el nivel más alto de partículas suspendidas en la atmósfera menores de 10 micrómetros o micras, que al ser tan pequeñas pueden penetrar profundamente en los pulmones, pasar a la sangre y dañar muchos sistemas orgánicos.

Ahvaz es una ciudad altamente industrializada, conocida por sus campos petroleros. En el otro extremo de la lista está Whitehorse, la capital de la provincia canadiense de Yukon, la ciudad con el aire más limpio.

La OMS publicó el mapa para subrayar la necesidad de reducir la contaminación del aire, la cual se calcula que ocasiona anualmente 1.300.000 muertes prematuras.

El organismo mundial señaló que las inversiones que se hagan para disminuir los niveles de contaminación se amortizan rápidamente gracias a la disminución de las tasas de enfermedades y, por consiguiente, ocasionan menos costos de atención médica.

La lista, basada en datos reportados por los países en los últimos años, midió los niveles de partículas suspendidas en la atmósfera que midan menos de 10 micras -llamadas PM10- en casi 1.100 ciudades. La OMS recomienda un límite máximo de 20 microgramos de PM10, las cuales pueden ocasionar problemas respiratorios graves a humanos. Se trata mayormente de partículas de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno de centrales eléctricas, tubos de escape de automóviles y la industria.

El promedio anual de PM10 de la iraní Ahvaz fue de 372 microgramos por m3. La industria pesada y la baja calidad del combustible para vehículos son las principales causas de la contaminación del aire en esa ciudad de 1.300.000 habitantes ubicada en el desierto.

El estudio también encontró que Ulan Bator, capital de Mongolia, tenía un promedio anual de densidad de PM10 de 279 microgramos por m3, seguida de otra ciudad del oeste iraní, Sanandaj, con 254 microgramos.

El organismo mundial de salud señaló que difieren las razones por las que existen niveles de contaminación altos, pero indicó que frecuentemente la culpa se debe a la rápida industrialización y el uso de combustibles de baja calidad en el transporte y la generación de electricidad.

En el otro extremo de la lista están ciudades estadounidenses y canadienses, las cuales se benefician de una menor densidad de población, climas favorables y regulaciones más estrictas en materia de contaminación del aire.

Whitehorse, capital del territorio Yukon en el noroeste de Canadá, tuvo un promedio anual de sólo tres microgramos de PM10 por m3, mientras que Santa Fe, Nuevo México (EEUU), midió seis microgramos. Por su parte, Washington, la capital estadounidense, tuvo un nivel de 18 microgramos. Tokio registró 23 microgramos y París tuvo 38 microgramos de PM10 por m3.

En cuanto a los países, Mongolia y Bostwana tienen 10 veces los niveles contaminantes permitidos por la OMS (20 microgramos por metro cúbico). Les siguen Egipto, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, India, Kuwait, Nepal, Nigeria, Paquistán, Arabia Saudí, Senegal, Emiratos Árabes e Irán.

En Europa, los países que presentan más polución son España, Francia, Alemania y Dinamarca. En América Latina, Perú, Bolivia y Venezuela.

Fuente: http://www.losandes.com.ar/notas/2011/9/28/difunden-primer-mapa-contaminacion-mundial-596539.asp


Cajamarca, 27 de Marzo 2013

El día miércoles 27 de marzo, a las 9am cuando la reconocida defensora de derechos humanos, Dra. Mirtha Vásquez Chuquilín, quien se dirigía a realizar algunas diligencias en la Fiscalía Provincial de Cajamarca, fue interceptada por una patrulla policial apenas salía de su domicilio. La intervención policial se realizaba por una requisitoria de su vehículo (BGZ-108), el que supuestamente habría intervenido en un asalto y robo a mano armada en la ciudad del Lima el día 27 de marzo del 2006.

En la requisitoria exhibida por la policía no figura quién es la autoridad que ordena, ni el demandante ni el demandado. No obstante, el vehículo fue conducido a la 2da. Comisaría policial de Cajamarca y allí permanece sin que el comisario explique quién es la autoridad que ordena la captura ni proporcione ninguna otra información.

Después de más de seis horas, al solicitar la Dra. Vásquez, la intervención de la Defensoría del Pueblo, el comisario de la 2da Comisaría de Cajamarca pudo averiguar que se trataría de la Comisaría de Magdalena del Mar en Lima, en una supuesta investigación policial iniciada hace siete años. El comisario de la PNP de Magdalena del Mar ha referido que no hay mandato judicial sino que “solo se trata de una investigación policial y que para resolver eso la afectada debe viajar a la ciudad de Lima (más de 800 kms) “para esclarecer los hechos”.

Al no haber mandato judicial y al haber transcurrido siete años de solo una investigación policial en la que nunca fue notificada la Dra. Mirtha Vásquez, el hecho que su vehículo fuera intervenido no en un operativo de rutina policial sino cuando salía recién de su domicilio el día de hoy (una patrulla que habría actuado con mandato expreso) parece indicar que se solo se trata de un acto arbitrario de la PNP de Cajamarca destinado a hostigar a la Dra. Mirtha Vásquez quien ha realizado denuncias contra el hoy ex Director Nacional de la Policía, Raúl Salazar, y varios jefes y efectivos policiales más por abuso de autoridad, uso indebido de la fuerza y tortura en el conflicto que Yanacocha y el proyecto minas Conga han originado en la región por una disputa al derecho al agua.

Llama la atención que precisamente ocurra esta intervención policial cuando la Dra. Mirtha Vásquez acaba de regresar de una audiencia en la Comisión Interamericana de derechos Humanos en Washington DC, donde junto a miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció los convenios existentes entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú.

La Dra. Vásquez ha repetido en todos los tonos ante el comisario de Cajamarca que, aunque ella puede probar que el vehículo que obra en su propiedad desde el año 2002 nunca estuvo en Lima desde que lo adquirió y que, por tanto, de haber una investigación judicial en curso que puede tratarse de delincuentes que clonaron las placas de su vehículo, se somete plenamente a los requerimientos judiciales, y por ello precisamente rechaza las arbitrariedades que la PNP de Cajamarca está cometiendo contra su persona.

GRUFIDES, se solidariza con la Dra. Mirtha Vásquez, Secretaria Ejecutiva de nuestra organización y expresa su rechazo a estos actos de hostigamiento policial, cuyo móvil sería las múltiples denuncias que en instancias nacionales e internacional está realizando nuestra organización contra malos policías que han infringido la ley y han violado derechos humanos.


Imágenes integradas 1


Este 22 de marzo, en el día mundial del agua, el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, nuevamente se convierte en el escenario de la defensa de la vida y del medio ambiente. A las 09 de la mañana se realizará el gran encuentro interprovincial, delegaciones de las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca se concentran en la histórica plaza de armas del Distrito de Sorochuco.

Invitamos a ser parte de este encuentro histórico de los pueblos que hemos decidido no someternos a la humillación, al despojo y a la devastación de nuestros nuestras vidas, de nuestra cultura de nuestro territorio. Nuestros pueblos de hombres y mujeres valientes no se rinde, ni militarizaciones, ni las balas, ni la muerte nos podrá detener; nuestro pueblo ahora está más fuerte que nunca y el pueblo una vez más ratifica la defensa del agua, de la vida, de nuestros derechos.

 

¡En nuestro territorio manda el pueblo, el Gobierno obedece!

¡En defensa del agua y la vida! ¡Conga no va!

¡Viva el pueblo valiente de Celendín!

¡Viva el pueblo valiente de Hualgayoc!

¡Viva el pueblo valiente de Cajamarca! 

 

Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC)

Frente de Defensa de Hualgayoc – Bambamarca

Comando Unitario de Lucha de la Región Cajamarca

22 de marzo dia mundial del agua


Hoy se celebra el dia internacional de los rios y contra las represas. En conjunto con Forum Solidaridad Perú,  Tierra y Libertad Paris, Aldeah y El FAME decidimos respaldar la campaña contra el proyecto Chadin 2 sobre el río Marañón  La acción se inscribe dentro de las actividades promovidas por International Rivers:


http://www.internationalrivers.org/resources/2013-actions-stories-7789

El dia de hoy procedimos a la entrega de la carta con las firmas- en versión francesa y castellana- a la embajada peruana en Paris. No sin dificultad porque se nos negaba la recepción y el cargo: “no hay nadie habilitado”, “la secretaria ha salido” etc etc. Luego de insistir y decir que diriamos que la embajada nos negaba la recepción, aceptaron firmar un cargo.

La campaña de firmas sigue aún en la pagina web del FAME:

http://www.fame2012.org/es/2013/02/pronunciamiento-en-contra-del-proyecto-chadin-ii/

http://www.fame2012.org/fr/2013/02/27/lettre-contre-le-projet-chadin-ll-perou/


Les adjuntamos la carta en sus dos versiones con las últimas firmas y los logos de las organizaciones que enviaron con el ruego de su difusión.

14 de marzo: Día Internacional de Acción por los Ríos y contra las Represas

Pronunciamiento de organizaciones en contra del proyecto Chadin II

***

Sra. Embajadora Cristina Velita de Laboureix
Sr. Ministro Merino Tafur, MEM

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación y rechazo a la construcción de más de 15 represas sobre el rio Marañon y en particular contra la construcción del megaproyecto Chadin II entre las provincias de Celendin, Cajamarca y Luya, Amazonas, Peru.

Este megaproyecto de potencia de 600 MW, un costo de 819 millones de dólares a cargo de la empresa brasilera Odebrecht involucraría a 21 comunidades. Prevee la construcción de una presa de 175 metros de altura que formaría un embalse de 196 mil m3 de aguaDe llevarse a cabo, el proyecto tendría como consecuencia directa la desaparición de numerosos poblados como Choropampa, San Lucas, Tupén Grande, Tupén Chico, la Mushca, Mendán y sus terrenos dedicados a la agricultura como el cacao shilico, provocaría la desaparición de especies animales protegidas como el oso de anteojos y la riquisima flora y fauna amazónicas . Asi mismo, el agua empozada provoca el aumento de CO2 y la producción de metano que favorecen el calentamiento global.

La energía producida seria en su mayor parte exportada hacia el Brasil pasando asi el Perú a ser un proveedor de materia enérgetica del Brasil; aumentando su dependencia hacia ese pais y haciendo parte de su matriz energética.

La otra parte de la energía serviría para alimentar las actividades del controvertido proyecto minero Conga, ampliamente rechazado por la población no solo cajamarquina. Como se sabe, este proyecto prevee la destrucción de centenares de hectáreas de humedales, de miles de m3 de agua de las lagunas, que tanto hacen falta a la población para su sustento y la agricultura.

La consulta a las poblaciones aun no ha sido realizada pero desde ya las diversas organizaciones de los dos departamentos como las rondas campesinas y los frentes de defensa y pobladores en general de Cortegana, Chimuch, Amazonas, etc han manifestado su rechazo a este nuevo proyecto extractivista. Un gobierno democráticamente elegido se debe de respetar la voz y el sentir de sus mayorias.

Estaremos atentos a todo agravio en contra del medioambiente y de la voluntad popular.

Atentamente.

Tierra y Libertad Paris – Collectif ALDEAH – Coordination EAU Ile-de-France – Eau Secours 34 – Food & Water Europe – Justice et Paix – Collectif Causse Méjean Gaz de schiste NON – Alliance Ecologiste Indépendante – ACME France – Aquattac – Yogash – Coordination Rhône-Méditerranée des Associations des Usagers de l’Eau – France Libertés – France Amérique Latine – IDeAL, Idées neuves sur l’Amérique Latine – Amis de la Terre – ColomVienne – FranceCOLAP – NPA – Attac France – EELV –  Comité de solidarité avec Cajamarca…


Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: “Se está privatizando la Policía Nacional del Perú”

En el marco del 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo hoy lunes 11 de marzo la audiencia titulada “Derechos humanos y protesta social en Perú”. En la parte peticionaria estuvieron Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.

De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.

Recordando la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, “privatizando la Policía Nacional del Perú”. Silva Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.

Mar Pérez denunció que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha servido como el “escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza”. Velazco, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles, creando un “escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra”. Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.


Presidente Gregorio Santos solicitó al Ministerio Público investigar agresión policial en contra de campesinos del Valle de Condebamba-Cajabamba.

El gobierno regional de Cajamarca expresa su enérgico rechazo a las agresiones sufridas esta mañana por efectivos policiales en contra de cientos de campesinos del Valle de Condebamba, quienes se movilizaban en forma pacífica contra la empresa Sulliden-Shahuindo, ubicada en el distrito de Cachachi.

La represión se produjo a las 10 am, en momentos en que un promedio de 400 campesinos se trasladaban por el puente Chuquibamba y Tabacal, informó la presidenta de las Rondas Campesina de Cajabamba Sra. Violeta Cabanillas Villareal.

La autoridad ronderil informó que producto de la represión policial, resultaron heridos 8 ciudadanos: Guillermina Izquierdo Leyva (38), Carlos Ulloa Barrios (28), Lucio Nicasio Santos (20), Ezequiel Liñán Villanueva (55), Inocencio Melón Trujillo (40), Isidro Sarmiento Rodríguez (50), Edín Risco Olórtegui (25) y Aquilina Calderón Jacinto (20), ésta última en estado de gestación.

Tras conocer los hechos, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, expresó su enérgico rechazo al Gobierno Central y Ministerio del Interior, por utilizar las fuerzas del orden para reprimir a la población que expresa su descontento en contra de empresas mineras.

“Todo proyecto que atente contra la vida y la salud de las personas, contra los recursos naturales, es inviable”, indicó Santos.

Expresamos nuestra solidaridad con los hermanos del Valle de Condebamba y demandamos al Ministerio Público investigación y sanción para los responsables de la represión en contra los hermanos de Cajabamba, afirmó la autoridad regional.

El presidente Santos dispuso que la Dirección Regional de Salud, Red de Salud Cajabamba, Centros y Puestos de Salud brinden una atención prioritaria a los hermanos heridos.

DATOS

Las Rondas Campesinas del Valle de Condebamba, el último fin de semana decidieron acatar una paro distrital por 72 horas desde hoy en contra de la empresa minera Sulliden-Shahuindo.

La minera canadiense Sulliden Gold Corporation adquirió una participación de 100% en las concesiones mineras Vikingo, ubicadas junto a su proyecto de oro y plata Shahuindo, localizado en Cajabamba (Cajamarca).

Un promedio de 300 ronderos continúan apostados en los puentes de Chuquibamba y Tabacal. Según informaron no permitirán la audiencia pública programada para este miércoles con el objetivo de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

 

Por: Jorge J. Chávez Ortiz*


En este último mes, la población de Cajamarca ha puesto en tela de juicio la efectividad de la Policía Nacional del Perú – PNP, debido a los últimos asesinatos a taxistas de esta ciudad, más aún debido al gran desplazamiento de efectivos policiales a la zona del Proyecto Conga de Minera Yanacocha.

Por lo general la gente cree que es el gobierno quien moviliza los policías a la zona de Conga, pero resulta que este movimiento se debe a los convenios institucionales entre la DIROES y la empresa minera Yanacocha. Hasta el momento se tiene conocimiento que Yanacocha posee dos convenios[1] firmados uno en el 2007 y el otro en el 2011, estos son respaldados por el Decreto Supremo[2] N° 004-2009-IN, decreto que aprueba el reglamento de prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial.

Pero a donde queremos llegar, es saber que hay antecedentes de empresas mineras que usan a los efectivos policiales como “mercenarios a sueldo” que solo protegen los intereses de la empresa minera y no de la población, para la cual mencionaremos algunos casos, que no solo pasa en Perú sino también a nivel mundial.

Como primer antecedente[3] tenemos, el 7 de agosto de 1996, en Tanzania – África, la empresa junior SUTTON de capital canadiense, con sus excavadoras y respaldados por la “policía militar”, expulsaron a miles de mineros de los campos de oro de Bulyanhulu y otros fueron enterrados vivos por los bulldozers que rastrillaron el terreno, a parte, varias personas perdieron sus tierras sin explicación alguna, en otras palabras se les fue expropiada, en este caso, deja claro que la “policía militar de Tanzania” participò como respaldo para evitar que los pobladores se opongan al desalojo; actualmente la mina Bulyanhulu es ahora propiedad de la canadiense Barrick Gold.

Como segundo antecedente tenemos, el 16 de agosto de 2012, en Sudáfrica – África, miles de trabajadores de la mina Marikana (extracción de platino) que pertenece a la británica Lonmin, salieron a protestar por mejoras laborales y salariales, los mineros estaban armados de palos, lanzas y machetes pero estos fueron reprimidos por más 3 000 efectivos, incluidos miembros de la unidad de control de disturbios, respaldada por helicópteros y caballos, estos efectivos fueron desplegados por el gobierno sudafricano con el objetivo de salvaguardar los intereses de la minera. Este enfrentamiento dejo alrededor de 34 muertos y 250 heridos, todos producidos por armas de fuego y en ocasiones los disparos fueron a quemarropa. Este suceso fue catalogado como una “masacre” y recordó los tiempos del apartheid que vivió Sudáfrica, la mejor prueba sobre esta masacre fue un video filmado por Reuters[4] y publicado por varios sitios internaciones, donde se observa el avance de un grupo de mineros contra una formación de policías que imprevistamente disparan sus ametralladoras y pistolas contra los trabajadores desarmados. Esta masacre le valió a Lonmin ser nominada para el premio Public Eye Adwards 2013 (premio que se da a la peor empresa del mundo) que es promovida por Greenpace y BD.

Masacre de la policía en Caso Lomin en Sudafrica. Foto: Reuters

Masacre de la policía en Caso Lomin, foto de heridos y muertos. Foto: Reuters

Como tercer antecedente[5][6] tenemos, entre el 1 y 3 de agosto de 2005 en Ayabaca – Piura, en el campamento de la empresa minera Majaz S.A, 29 comuneros entre ellos 2 mujeres fueron torturados por la DINOES y la empresa de seguridad FORZA, ahora conocida como SECURITAS, parte de la tortura consistía en golpes, maltratos psicológicos y en el caso de las mujeres violentación sexual, dentro del grupo un comunero no soporto los golpes y murió desangrado, después de 3 días, los 28 comuneros fueron liberados y denunciados por terrorismo, luego de que se filtraran las fotografías de la tortura, decidieron denunciar a la empresa minera, a los policías y a la empresa de seguridad, en el 2010 los 28 comuneros ganaron el juicio en la Altas Cortes Británicas contra la empresa Majaz, actualmente se sigue las investigaciones a la policías, trabajadores de la empresa minera como también a la empresa de seguridad.


Comuneros detenidos ilegalmente en caso Majaz, fueron torturados y golpeados por DINOES. 
Foto: Foto filtrada de la DINOES

La lista de antecedentes donde se ven a mineras y policías que participan juntos en represiones, tortura y desalojos es larga, respecto al Perú hay muchos que incluso no han sido registrado aun por alguna organización. Actualmente la población dice “la policía usa las armas que se compra con dinero del pueblo y estas son usadas para matar al pueblo “. En el caso de Perú urge revisar y eliminar estos tipos de convenios, decretos y demás, pero todo esto depende de la voluntad política del gobierno, pues su obligación es proteger a la población y no estar al servicio de empresas que por tener poder económico, pueden contratar a la policía para hacer lo que ellas quieren, sabiendo que esta contratación va e en contra de los intereses de la población.

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* Jorge J. Chávez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.
[1] Lista incompleta de “convenios” firmados entre la Dirección de Operaciones Especial – DIROES de la PNP y empresas mineras. Disponible en: http://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.html
[2] Decreto Supremo N° 004-2009-IN, disponible para su lectura y descarga en: http://minacorrupta.wordpress.com/2012/08/11/decreto-supremo-n004-2009-in-contratacion-de-policia-para-seguridad-privada-para-minera-petroleras-bancos/
[3]Deneault, Alain; “Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique”; Editorial Ecosociété; Canadá; 2008. Disponible en francés: http://www.congoforum.be/upldocs/EBOOK%20FRan%C3%A7ais%20Noir%20Canada%20Pillage%20corruption%20et%20criminalit%C3%A9%20en%20Afrique%20Al_.pdf
[4] “La policía sudafricana dispara a los mineros en huelga”, video que está disponible en el canal de YouTube de propiedad de Euro News. Disponible en: http://youtu.be/eraSx-EDVpo
[5] Elizabeth Prado; “En Majaz sí se torturó el año 2005”; Diario La República; 09 de enero de 2009. http://www.larepublica.pe/09-01-2009/en-majaz-si-se-torturo-el-ano-2005
[6] “Caso Majaz: Indemnizan a 33 campesinos que fueron torturados en campamento minero”; CNDDHH; 20 de julio de 2011. http://derechoshumanos.pe/2011/07/caso-majaz-indemnizan-a-33-campesinos-que-fueron-torturados-en-campamento-minero/

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 12 y 13 http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa


Por: Jorge J. Chávez Ortiz*
Las protestas sociales son un mecanismo de expresión usado por los ciudadanos, pobladores y demás personas a nivel nacional, al ver que sus pedidos no son escuchados, mucho menos tenidos en cuenta, al ver tanta injusticia que atropellan sus derechos como seres humanos y como miembros de una sociedad, en donde no se les toma en cuenta como actores de su propio desarrollo.
En los últimos años las protestas han ido aumentando, en especial las del tipo socio-ambiental pues está en juego los recursos naturales indispensables para la vida como es el agua y otros recursos que serán de gran utilidad para las siguientes generaciones.
Antes que Alan García terminara su periodo presidencial los dos últimos conflictos socio-ambientales se desarrollaron en Arequipa (Proyecto Tia Maria de Minera Southern Cooper Corp.) y Puno (Santa Ana – Minera Beer Creck) y en las dos ocasiones los proyectos fueron suspendidos por presión social, sin olvidar que en ambas protestas la población salió a las calles y hubo bloqueo de carreteras, como también hubo presencia policial.
Cuando Ollanta Humala toma las riendas del Perú, la población esperaba que sus promesas electorales se cumplieran, una de esas tantas era la protección de zonas vulnerables donde están ubicadas empresas mineras y la otra evaluar los contratos mineros.El dolor de cabeza de Humala comienza luego de más de 5 meses de asumir el poder, cuando Cajamarca decide salir a protestar contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, este marcaría el primer conflicto social relacionado a minera de este gobierno. Las protestas contra Conga, generaron 2 paros indefinidos, el primero que duro dos semanas (Novimebre – Diciembre de 2011), dejando 17 heridos de balas, de perdigones y de bombas lacrimógenas, esta protesta fue detenida con un ESTADO DE EMERGENCIA promulgada por la PCM; el segundo paro indefinido duro no más de 5 semanas (Junio – Julio de 2012), dejando como saldo 4 muertos en Celendín y 1 en Bambamarca, decenas de herido y detenidos, nuevamente se hizo uso del ESTADO DE EMERGENCIA para controlar las masas en Cajamarca, Celendín y Hualgalloc.

 Contigente de DINOES en el Proyecto Conga el pasado 28 de febrero. Foto: Internet

Pero este no era el único problema, las comunidades de Espinar en Cuzco cansados de los atropellos recibidos por Xstrata – Tintaya, deciden salir a protestar. Su paro indefinido duro menos de una semana (Mayo – 2012), este conflicto dejo un saldo de 3 muertos y varios heridos, y como si fuera un patrón normal del gobierno de Humala, se impone nuevamente ESTADO DE EMERGENCIA a Espinar.

Iniciando el año Humala recibe un baldazo de agua fría, en Lambayeque la comunidad indígena de San Juan de Cañarís y alrededores, inician un paro indefinido (Enero – Febrero de 2013) contra el Proyecto Cañariaco de Minera Cañariaco Copper, este conflicto actualmente se encuentra suspendido temporalmente y hasta el momento solo ha dejado 24 heridos ().

Policia y pobladores de Cañaris. Foto: Radio Marañon

 

Pero si nos ponemos a analizar ¿Que hay en común en estos 3 conflictos sociales (Conga, Xstrata – Tintata y Cañariaco)?. Podemos deducir que:
  1. Hay movilización de gran cantidad de efectivos policías (USE, DINOES e incluso DIRANDRO), en el caso de Espinar y Cajamarca declaratorias de ESTADOS DE EMERGENCIA.
  2. En la zona del proyecto o de la mina es resguardada por contingentes policiales.
  3. Hay represión policial, uso de armas de fuego y violación de Derechos Humanos fundamentales.
  4. Masivas denuncias hechas por la fiscalía a los diferentes dirigentes.
  5. Se Instalan mesas de dialogo, donde los actores principales son excluidos y donde son incluidos actores muy llegados al proyecto minero de la zona.
  6. Se destinan grandes sumas de dinero para inversiones y se implementan casi en su totalidad todos los programas sociales de los diferentes ministerios, en las zonas de conflicto.
  7. La información es manipulada por parte de los grandes medios de comunicación.
Estas son algunas de las tantas cosas en común que tienen estos 3 conflictos sociales, pero la pregunta que siguen haciéndose varios personas del campo y la ciudad que residen en estas regiones es ¿Está preparado el gobierno para afrontar estos conflictos sociales, sabiendo que cada uno de ellos es diferente y que tienen un denominador común que es minería en cabeceras de cuenca, destrucción y contaminación de recursos naturales indispensables para la vida? Esta respuesta la sabremos cuando el gobierno de Ollanta Humala termine o tal vez nunca, pero los conflictos sociales continuaran.
La mejor solución será cuando los futuros gobiernos de turno se sientan a dialogar abiertamente y libremente con los actores involucrados en estos conflictos, en donde se respete la decisión de los pueblos, las leyes ambientales y en donde el modelo económico tenga que favorecer a los más necesitados, la población quiere desarrollo pero sin destrucción, sostenible en el tiempo, donde las futuras generaciones vivan en un ambiente sano, libre de contaminación.______

* Jorge J. Chavez Ortiz: Bloguero, estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, Premio Nacional de DDHH y Periodismo de la CNDDHH – año 2012.

Fuente: Semanario El Cajamarquino, Pág. 11  –  http://issuu.com/elcajamarquino/docs/edici_n_cuatroa



Por: Raúl Zibechi
Cuando el remolino de los acontecimientos locales y globales tiende a convertir la cotidianeidad en caos, opacando los caminos, la resistencia de los abajos es el mejor norte para no perdernos en la turbulencia. Esas resistencias permiten comprender tanto las estrategias de las clases dominantes como los notables aprendizajes de los sectores populares, indígenas y campesinos, rurales y urbanos, y el modo como están resolviendo los errores del pasado y como están enrumbando la nave de los procesos emancipatorios.

Los guardianes de las lagunas, las rondas campesinas, los frentes de defensa, provinciales y departamentales y los comandos unitarios de lucha son algunas de las expresiones organizativas de estos movimientos. Los paros locales, las consultas comunales, los bloqueos de rutas para impedir la actividad de las trasnacionales mineras, las marchas y enfrentamientos directos con las fuerzas policiales y militares, son las formas de lucha empleadas por las comunidades y pueblos en la defensa de la vida contra los proyectos de muerte de empresas y gobiernos.

Los estados de excepción y la militarización de varias provincias se saldaron con 17 muertos entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 según la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). El gobierno de Ollanta Humala aplica el Decreto 1095 emitido por el anterior gobierno de Alan García que autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno y califica a los que protestan como grupo hostil, mientras las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales militares.

La justicia altera las jurisdicciones de los procesos contra los manifestantes, trasladando los juicios a otras provincias a las que los familiares tienen grandes dificultades para trasladarse. Las grandes mineras como Yanacocha y Antamina realizan convenios con el Estado para emplear efectivos policiales en labores de seguridad privada, mostrando cuál es el papel de los estados en este periodo de acumulación por robo, destrucción y guerra. En el distrito de Kañaris, en la norteña sierra de Lambayeque, en un solo día, el 25 de enero, la policía hirió a 24 campesinos durante un bloqueo de rutas para evitar que la canadiense Candente Copper siga adelante con su proyecto de explotar tres yacimientos de cobre.

Las estrategias represivas del arriba se combinan con políticas sociales que en las regiones en conflicto se denominan Mesas de Desarrollo a cargo de Ministerio de Energía y Minas. Hasta ahora se instalaron en los departamentos de Apurímac, Cusco y Lambayeque, donde existen proyectos mineros, con la finalidad de llevar la presencia del Estado y mejorar la calidad de vida de la población y generar desarrollo y trabajo, según confesó el viceministro de esa cartera, Guillermo Shinno (Agencia Andina, 22 de enero de 2013). Pero el verdadero objetivo de estos programassociales, que no son exclusivos de los gobiernos progresistas es, en boca de Shinno, evitar que estos elementos radicales sigan trabando las inversiones y el desarrollo del país.

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú establece que 19 por ciento del territorio nacional fue concesionado a la minería y que los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido en conflictos políticos de envergadura. El informe concluye que la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los conflictos es la del complot, es decir, que todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias antimineras (cooperaccion.org.pe, 17 de diciembre de 2012).

Luego de más de un año de resistencia al proyecto aurífero Conga, el centro de la protesta se ha trasladado al distrito de San Juan de Kañaris, en el norteño departamento de Lambayeque, que tiene 96 por ciento de su superficie concesionada a la minería. Kañaris tiene 15 mil habitantes en 38 caseríos, dos tercios de los cuales sólo hablan quechua. El 30 de septiembre la población organizó una consulta ciudadana en la que 95 por ciento de la comunidad rechazó los proyectos mineros y el 20 de enero realizaron un paro regional con apoyo del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.

Cuatro elementos a tener en cuenta. El primero es que la consulta se ha convertido en método de lucha, pero no tiene ninguna relación con el sistema electoral: busca mostrar la cohesión comunitaria contra la minería, no es un mecanismo estatal sino comunitario y popular a través del cual se afianzan posiciones y aliados. El segundo es la aparición de nuevas formas de acción como las que encarnan los guardianes de las lagunas, estrechamente vincu­lados a las rondas campesinas, quienes acampan por turnos a 4 mil metros de altura, desafían los vientos y el frío, la represión y a las empresas, para proteger las fuentes de agua y vida.

El tercero es que estos movimientos territoriales están formando una camada de dirigentes jóvenes, con elevada presencia femenina, fuerte ligazón comunitaria y sólido control de las bases. Por último, como apunta Hugo Blanco,los grupos locales tienen ventajas porque son más representativos de las luchas reales y son los pasos iniciales para un reagrupamiento por abajo. Lo que el sistema político califica comofragmentación y localismo incapaces de modificar la correlación de fuerzases un modo de eludir la burocratización y la cooptación propias de las grandes estructuras organizativas, porque los de abajo quieren controlar más y más a sus dirigentes.

La coordinación se da en las luchas, durante las que se abren espacios de interconexión para potenciar las acciones, que luego se disuelven para que no sean apropiadas por extraños. Son algunas de las lecciones aprendidas por los-de-abajo-en-movimiento en las dos últimas décadas, para garantizar la cohesión comunitaria, sin la cual no hay ni habrá cambios.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/03/08/index.php?section=opinion&article=027a2pol


Por Alan Ele

En la primera semana de marzo se realizó en Cajamarca una asamblea en las lagunas de la zona de Conga, que tuvo como conclusión de las organizaciones participantes dar un plazo de quince días a la minera Yanacocha para que retire su maquinaria del lugar. Allí, en las alturas, encontramos a una pequeña mujer, emblema de la resistencia cajamarquina y nacional en torno al derecho sobre la tierra.

Los cerros le roban el ánimo a los cristianos cuando no avanzan rápido; eso asegura, entre bromas y en serio, uno de los recios comuneros que avanza sin pausa entre montes y peñascos por el camino que conduce al mismo corazón de Conga, la laguna Azul. Otro comunero, bolo de coca y cañazo encima, le responde que esas son cojudeces, que hay que avanzar nomás. Los últimos de la caravana vemos como se pierden sus espaldas tras unas enormes y verdes colinas. Ya no están. Nos hemos quedado solos.

Santiago, un carismático antropólogo neoyorquino, avanza a paso acelerado para dar alcance a la primera comitiva encabezada por el líder ambientalista Marco Arana y los dirigentes Milton Sánchez y Eddy Benavides, además de cientos de comuneros que tienen como objetivo la laguna El Perol para realizar una Asamblea de coordinación de resistencia. Santiago, de poblada barba castaña, realiza un doctorado en conflictos sociales y ha elegido a Cajamarca como uno de sus centros de estudio. Es un tipo divertido, hasta que le toca hablar de los derechos del campesino peruano sobre el agua y la tierra, entonces su gesto se torna serio.

Kilómetros adelante, documentalistas canadienses y europeos utilizan mulas para transportas sus carpas y equipos. Tienen tanta resistencia al frío y a la altura que podrían competir con los mismos comuneros de la zona.

Nos hemos quedado atrás. Alguien previó –erradamente- dos horas de caminata desde la comunidad de Jadibamba, donde quedaron estacionados los vehículos, hasta las famosas lagunas en conflicto en el proyecto minero Conga. Para algunos la marcha duró cinco o seis horas, siendo sorprendidos al final del camino por la noche y la niebla cubriendo hasta el último rincón del horizonte.

Horas antes, aún con la luz de la tarde, llegó un momento en que los rezagados nos rendimos y decidimos aguardar el frío y la noche a la intemperie de la jalca, pero un guía, forjado en las artes misteriosas de Huancabamba, brindaba con el cerro para que nos “soltara” y nos dejara seguir. Era necesario brindar con el Apu con harto pisco, bolo de coca e inclusos caramelos de limón. Lo más probable es que la sugestión nos haya ayudado a recuperar las fuerzas y a seguir a paso firme por páramos desolados, ichus húmedos, y bofedales que mojaban hasta las rodillas.

La visión de dos siluetas en el horizonte fue lo más parecido a la alegría de descubrir un continente nuevo. Eran dos comuneros filmando el valle. “Estos trabajan para la mina”, comenta el guía. Los  hombres son jóvenes y se ponen algo nerviosos. Estamos esperando a nuestro alcalde, se defienden. No queremos empezar una discusión, les pedimos una indicación y nos la dan. Nos señalan un extraño oasis en medio de tanta soledad, una carretera resguardada por dos ómnibus de la Dinoes.

Avanzamos por más peñas magistrales y riachuelos, y por fin flanqueamos el camino. Luego rodeamos una tranquera y subimos hasta un bosque de piedras, el mismo que sirvió de fortín para que los emblemáticos Guardianes de las lagunas acampasen en forma rústica, entre palos y plásticos, y vigilasen que no se acerquen la maquinaria de la mina y los efectivos policiales contratados por Yanacocha.

Una casa solitaria se erige en esas alturas de la comunidad denominada Tragadero Grande, le pertenece a la familia Chaupe. Es la última casa del lugar.

El sol, que es un brillo fantasmal, está a punto de ocultarse tras la enorme cordillera que enmarca la laguna Azul. Su brillo rebota apenas sobre el agua, y la niebla que nos rodea es un humillo rastrero. En ese pequeño bosque de piedras encontramos a Máxima Acuña Atalaya, la mujer emblema de la resistencia cajamarquina.

Máxima Acuña es costurera, tiene 42 años y es natural del caserío de Marcucho, distrito de Sorochuco – Celendín, tiene el gesto curtido pero la sonrisa amable, en casa la acompañan sus cuatro hijos y su esposo, el comunero agricultor Jaime Chaupe Lozano; pero ella es conocida en varias partes del mundo como la Señora Chaupe, a secas.

La lluvia vuelve a caer por veintiunava vez ese día, y la Señora Chaupe nos invita a guarecernos bajo un plástico azul. El frío es increíblemente intenso, y bajo ese plástico nos permite hacerle algunas preguntas.

¿Cuál fue el resultado del proceso judicial que tiene por estas tierras con la minera Yanacocha?

La fiscalía y los jueces de Celendín en vez de seguir mi caso dicen que han perdido los documentos que presenté en la misma mesa de partes, y al final le han dado la razón a los ingenieros de Conga de que yo estoy usurpando sus terrenos cuando eso no es verdad. Y me han dado una sentencia de pena suspendida donde yo debo firmar cada cierto tiempo, además de pagar 200 soles como reparación civil a la minera. Existe justicia para el pobre, dígame usted.

¿A quién le pertenece exactamente el terreno que estamos pisando?

Esta tierra que estamos pisando, donde están nuestros hermanos ronderos, los Guardianes de las lagunas, es de mi propiedad; y colinda con los terrenos comprados por la mina. Yo exijo que Yanacocha respete la linderación, los terrenos de nuestros hermanos campesinos, y que no invada nuestras propiedades. Yo tengo mi certificado de posesión de compra y venta de esta zona. Pero la empresa, servida de la prensa vendida, sale a decir que todito esto es de ellos por derecho, cuando en realidad está usurpando nuestra dignidad.

¿Cómo adquirieron ustedes estos terrenos?

Todos estos terrenos han sido antes una comunidad, y las autoridades de esta comunidad hicieron llamar a los comuneros de Chugurmayo, Cruzpampa y Salacate para hacer una división y entregar a cada uno su parcela con su respectivo documento y su certificado de posesión. Con el tiempo muchos comuneros han hecho sus traspasos o han vendido sus terrenos porque ya no querían vivir en estas alturas. Mi terreno me costó mi plata y lo compré en el año 1994. No es que yo haya venido a invadir como la mina lo dice en los medios de comunicación echados. Yanacocha ha dicho primero que le compró las tierras a la comunidad, luego dizque a los colindantes, pero en los documentos presentados ante la policía del distrito de Sorochuco dice que compró los terrenos a mi suegro Esteban Chaupe Rodríguez, y eso deja mi terreno libre. Nunca he vendido a nadie mi terreno.

¿Cuántas veces la han intentado desalojar?

Desde el 22 de mayo del 2011 que han intentado pegarme, quitarme mis cosas, quemarme mi choza, botaron mis linderos, han desmayado a mis hijos. Mi hija de dieciocho años tuvo que arrodillarse frente a una maquinaria diciéndoles que la pasaran por encima si querían seguir, ahí la golpearon en la cabeza. Luego, en agosto, que se llevaron mis maderas, mis cosas, mi comida, todo lo han llevado a sus oficinas en la mina. Recién a los quince días han llevado las cosas a la fiscalía de Celendín. Y cuando fui a ver al fiscal dijo que no sabía nada y que no tenía nada. Después con sus maquinarias y su Dinoes han matado incluso mi perro pastor y se han robado a dos de mis ovejas en medio de risas y carcajadas. Yo soy una mujer pobre que vive de  hilar y tejer, y de vender lo que confecciono.  Mi esposo se dedica a la chacra para comer lo que sembramos, y ahorita la mina quiere que les paguemos reparación civil.

¿Hasta cuándo cree que pueda resistir el inevitable desalojo?

Voy a apelar a las instancias de la ciudad de Cajamarca, si no me dan la razón, iré a instancias más altas. ¿Hasta cuándo resistiré?, hasta que me mate la Dinoes, pues será. Pero eso sí, siempre luchando. Y Conga no va.

La lluvia arrecia y ya no es posible seguir en ese lugar. La señora Chaupe invita a los comuneros a pernoctar en su casa. Bajamos la colina y la oscuridad no deja ver ni siquiera nuestras propias manos. Aves chillonas cruzan nuestras cabezas mientras los perros ladran a la distancia. El miedo puede ser una alerta necesaria. El suelo lodoso requiere pisadas precisas y fuertes, y la luz de un fogón nos indica el camino hacia la casa. Somos varios, pero siempre hay forma de acomodarse. Nuestro aliento es puro humo. Estamos a bajo cero.

Los comuneros que llegaron hasta la misma laguna El Perol y que están de regreso comentan que una fila de maquinarias de la minera salió en huida al verlos llegar. Están removiendo tierra a quinientos metros de la laguna, aseguran. Hemos constatado que Conga nunca paralizó, concluyen. También comentan que los dirigentes pusieron una denuncia ante la fiscalía de prevención del delito por las tranqueras que coloca Yanacocha en las carreteras que son de libre tránsito.

Los comuneros son hombres recios, de caras tostadas por el sol y el frío. Ya en confianza, empiezan los chistes y la chacota, la casa invita la coca para el bolo y ellos ponen el cañazo. Se reparten caramelos, mientras los Chaupe preparan una sopa caliente revive muertos mezcla de arroz, fideos y arvejas. También comparten unas aguas calientes hechas con hoja de berenjena.

Hay luces que se acercan, algunos temen que sea la Dinoes provocando como siempre. Pero, no. Son Marco Arana, su agente de seguridad, y el dirigente de la PIC (Plataforma Interinstitucional Celendina) Milton Sánchez. Están empapados como todos. El fogón se convierte en un secador improvisado de medias, zapatos y pantalones. Algunas medias se calientan más de lo debido y se cocinan con las cenizas.

Solo las velas alumbran la noche, no hay luz eléctrica, y los celulares deben cargarse al bajar al pueblo una o dos veces por semana.

Los comuneros cuentan historias de fantasmas y comparan habilidades para los chistes. La coca y el cañazo los mantienen despiertos hasta bien entrada la madrugada. Pero es a las tres de la mañana cuando el frío se vuelve insoportable a pesar de los ponchos y frazadas. El hombre de la casa, don Jaime Chaupe, cuenta que alguna vez los funcionarios de la mina y los fiscales le pidieron hacer un trato para vender sus tierras a un precio considerable, pero no aceptó.

Son las cuatro y media de la mañana, y lo primero que hace Máxima Acuña Atalaya, alumbrada apenas por una linterna, es pelar papas y dejar todo listo para que su nuera preparare el almuerzo durante el día. En medio de la oscuridad, una presencia. Es Santiago, el antropólogo neoyorquino, llega mojado diciendo que ha vivido un infierno congelado al perderse en el camino. Le brindan un lugar para dormir.

Es viernes, 5:30 a.m., día de mercado. La Señora Chaupe lleva un pesado quipe y, junto a su esposo, toma la combi que la llevará a la comunidad de Santa Rosa para vender sus productos. Se despide de los comuneros y dirigentes.

La claridad de las mañanas a 4 000 metros de alturas impacta en las retinas no preparadas.

La Dinoes, desde sus buses, vigila a los Guardianes de las lagunas, camionetas de la minera filman todo a cierta distancia, y agentes del Ministerio público –con chalecos antibalas– hacen presencia constante. Será una semana movida y fría para todos.


Debido a que últimamente el gobierno peruano ha sido seriamente cuestionado por los famosos CONVENIOS MILITARES entre la DIROES y LAS EMPRESAS MINERAS, presentamos una lista incompleta de convenio entre ambas partes, algunas fuentes que aportaron de datos son de carácter reservado. Por motivos de seguridad, nuestra fuente también entra en reserva. Para los que no creen este es la pantalla capturada donde se puede ver solo algunos convenios entre DIROES y PNP. Link: http://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/convenios.html hay que recalcar que estos convenios no están disponibles para que cualquier ciudadano lo pueda revisar.

Atte – MMC Comunicaciones

Foto tomada el pasado 28 de febrero de 2013, SECURITAS cerrando acceso a via publica. Foto: Internet

El día 28 de febrero a las 19.17 horas, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, en la persona de los Dres. Gloria Torres Díaz y Marco Terán Arribasplata constata la comisión de un presunto ilícito que es denunciado por Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC). El defensor ambientalista denuncia a Minera Yanacocha-Conga por presunto delito de perturbación a los medios de transporte y comunicación en la vía pública. En el acta fiscal se deja constancia que la empresa minera a través del personal de seguridad de Securitas (Ex Forza) y con colaboración de la Dinoes ha puesto una tranquera de tubos de fierro que impiden el libre tránsito en la carretera pública que conduce al Centro Poblado Menor Santa Rosa, Distrito de Huasmín, provincia de Celendín.

En el acto de constatación estuvo presente por parte de minera Yanacocha un funcionario de seguridad de la minera, Paul Sagástegui Alvarez, identificado con DNI 09450949.

El acta da cuenta de que la tranquera que impide el libre tránsito hacia el distrito de Huasmín está en las cercanías de la laguna Azul. Los comuneros presentes en el momento de la constatación fiscal refieren que la vía pública tiene una antigüedad aproximada de 30 años, es decir diez años antes de que llegara la empresa minera a Cajamarca y muestran su justo reclamo además porque la laguna azul es un recurso hídrico que es del Estado y que como se estipula en la legislación peruana al ser un bien público es de libre acceso. No obstante, la empresa Securitas que proporciona servicios de seguridad a Yanacocha ha impuesto una tranquera de tubos de fierros con un candado al centro y al costado una garita de control y vigilancia que solo permite el acceso de vehículos de la empresa minera o la policía nacional que trabaja contratada para la minera, mientras que impide el libre tránsito de los pobladores que tienen una actitud opuesta a la imposición del proyecto minas Conga a los cuales se les impide el paso, se les filma y aún con apoyo de la Dinoes se les exige identificarse para ser registrados lo cual vulnera definitivamente el derecho de libre tránsito. (Fotos adjuntas)

El ingeniero Paul Sagástegui del personal de seguridad de Yanacocha firma el acta fiscal argumentando “que la tranquera existe por es propiedad de su representada”. Milton Sánchez por su parte, denuncia que la tranquera que viola el derecho de libre tránsito ha sido instalada desde hace un año sin que la autoridad impida la comisión de este delito.

El día sábado 02 de marzo a las 10 am, los fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en prevención del Delito de Cajamarca , doctores Sandra Flores y Johny Díaz toman constancia en acta fiscal de denuncias de ronderos sobre abusos policiales y piden se investigue a los que han intervenido en el desmantelamiento del campamento de los guardianes de las aguas en terrenos de propiedad privada de la familia Chaupe hecho ocurrido el 10 de enero pasado, igualmente piden que se investigue a Yanacocha por el delito contra libre tránsito al haber instalado dos tranqueras y casetas de control que impiden que los pobladores y los guardianes de las aguas se desplacen libremente por la carretera a Huasmín.

La instalación de las tranqueras que impiden el libre tránsito en las vías públicas apunta a amedrentar a los defensores de las aguas o hacer desistir a quienes circulen por las lagunas que van a ser destruidas por minas Conga ya que la policía los interviene arbitrariamente como ha ocurrido con periodistas o investigadores académicos nacionales y extranjeros. La ilícita situación reviste gravedad cuando se impide la libre circulación del personal de salud del puesto de Santa Rosa como ocurrió el día 1ro de marzo por la tarde o se impidió el derecho de tránsito a Elmer Campos, un rondero con discapacidad desde que una balacera policial le causó paraplejia.

Cajamarca, 04 de marzo 2013.
Observatorio de Conflictos Mineros.GRUFIDES.


El día 28 de febrero a las 19.17 horas, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, en la persona de los Dres. Gloria Torres Díaz y Marco Terán Arribasplata constata la comisión de un presunto ilícito que es denunciado por Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).
El defensor ambientalista denuncia a Minera Yanacocha-Conga por presunto delito de perturbación a los medios de transporte y comunicación en la vía pública.
En el acta fiscal se deja constancia que la empresa minera a través del personal de seguridad de Securitas (Ex Forza) y con colaboración de la Dinoes ha puesto una tranquera de tubos de fierro que impiden el libre tránsito en la carretera pública que conduce al Centro Poblado Menor Santa Rosa, Distrito de Huasmín, provincia de Celendín.
En el acto de constatación estuvo presente por parte de minera Yanacocha un funcionario de seguridad de la minera, Paul Sagástegui Alvarez, identificado con DNI 09450949.
El acta da cuenta de que la tranquera que impide el libre tránsito hacia el distrito de Huasmín está en las cercanías de la laguna Azul. Los comuneros presentes en el momento de la constatación fiscal refieren que la vía pública tiene una antigüedad aproximada de 30 años, es decir diez años antes de que llegara la empresa minera a Cajamarca y muestran su justo reclamo además porque la laguna azul es un recurso hídrico que es del Estado y que como se estipula en la legislación peruana al ser un bien público es de libre acceso. No obstante, la empresa Securitas que proporciona servicios de seguridad a Yanacocha ha impuesto una tranquera de tubos de fierros con un candado al centro y al costado una garita de control y vigilancia que solo permite el acceso de vehículos de la empresa minera o la policía nacional que trabaja contratada para la minera, mientras que impide el libre tránsito de los pobladores que tienen una actitud opuesta a la imposición del proyecto minas Conga a los cuales se les impide el paso, se les filma y aún con apoyo de la Dinoes se les exige identificarse para ser registrados lo cual vulnera definitivamente el derecho de libre tránsito.
El ingeniero Paul Sagástegui del personal de seguridad de Yanacocha firma el acta fiscal argumentando “que la tranquera existe por es propiedad de su representada”. Milton Sánchez por su parte, denuncia que la tranquera que viola el derecho de libre tránsito ha sido instalada desde hace un año sin que la autoridad impida la comisión de este delito.
El día sábado 02 de marzo a las 10 am, los fiscales de la Fiscalía Provincial Especializada en prevención del Delito de Cajamarca , doctores Sandra Flores y Johny Díaz toman constancia en acta fiscal de denuncias de ronderos sobre abusos policiales y piden se investigue a los que han intervenido en el desmantelamiento del campamento de los guardianes de las aguas en terrenos de propiedad privada de la familia Chaupe hecho ocurrido el 10 de enero pasado, igualmente piden que se investigue a Yanacocha por el delito contra libre tránsito al haber instalado dos tranqueras y casetas de control que impiden que los pobladores y los guardianes de las aguas se desplacen libremente por la carretera a Huasmín.
La instalación de las tranqueras que impiden el libre tránsito en las vías públicas apunta a amedrentar a los defensores de las aguas o hacer desistir a quienes circulen por las lagunas que van a ser destruidas por minas Conga ya que la policía los interviene arbitrariamente como ha ocurrido con periodistas o investigadores académicos nacionales y extranjeros. La ilícita situación reviste gravedad cuando se impide la libre circulación del personal de salud del puesto de Santa Rosa como ocurrió el día 1ro de marzo por la tarde o se impidió el derecho de tránsito a Elmer Campos, un rondero con discapacidad desde que una balacera policial le causó paraplejia.

Testimonio Fotográfico


Cajamarca, 04 de marzo 2013

Observatorio de Conflictos Mineros.
GRUFIDES.