Archivos para 10 agosto, 2012


Científicos prevén cien años de “megasequías” para el planeta

Por: TeleSUR | Martes, 31/07/2012

“Se prevé que las áreas que ya están secas se sequen aún más”, señaló la investigadora Beverly Law, de la Universidad Estatal de Oregón (noroeste) citada por la revista Nature Geoscience.

Asimismo, dijo que “esperamos más extremos y son estos periodos extremos los que realmente pueden causar daños a los ecosistemas, conducir a la desaparición de bosques inducida por el clima y pueden convertir algunas áreas en matorrales o pastizales”.

Los investigadores estadounidenses explicaron que durante la sequía que se inició a principio de este siglo los bosques se secaron, las cuencas hidrográficas se quedaron sin recursos, la productividad agrícola se redujo y el secuestro de carbono (la captura natural de carbono en la atmósfera) disminuyó a la mitad en todo el oeste de Estados Unidos, Canadá y México.

“Eso es un enorme descenso”, dijo Law, tras asegurar que estas condiciones podrían tener graves consecuencias ambientales.

Los pronósticos de precipitaciones bajas y la sequía más extrema significan que el sumidero de carbono podría desaparecer, lo que podría aumentar el calentamiento global y dañar los ecosistemas, aseguraron los expertos.

Fuente: http://www.aporrea.org/internacionales/n211004.html

Río Grande destruido por Yanacocha

Nacientes del Río Grande - Cajamarca

Vertiente del Río Grande. 
Nacientes del río Grande, Yanacocha los Reemplazó por tubos. Foto: Milton Sánchez

 


¿Ultimátum en Conga?

Fuente: La República
Por: Augusto Álvarez Rodrich

El proceso de facilitación entra en una fase crítica.

Conga está entrando a una fase crítica pues la facilitación avanza en una dirección que unos previeron y otros alentaron: el pésimo escenario de que todo se vaya al agua.

El ‘diálogo’ se rompió el viernes  pasado tras la prórroga del estado de emergencia por la recomendación hecha a Palacio por la DINI.

A pedido de monseñor Miguel Cabrejos, el gobierno evaluó la suspensión de la emergencia a cambio de un documento firmado por Gregorio Santos en el que se comprometiera a garantizar la tranquilidad en Cajamarca, obteniéndose como respuesta que eso era imposible pues él influye pero no controla la región.

En el camino, la posibilidad del diálogo se ha seguido deteriorando. En Cajamarca se ha convocado un paro para los días 21 y 22, y Santos ha dicho que “el gobierno no puede ocultarse detrás de los sacerdotes, poniéndolos como escudos, porque la responsabilidad de resolver el problema no es del sacerdote ni del presidente regional, sino estrictamente del presidente y su gabinete”.

En este contexto, el comunicado emitido ayer por monseñor Cabrejos y el padre Gastón Garatea les propone a los gobiernos central y regional que, simultáneamente, hagan lo siguiente:

a) El levantamiento del estado de emergencia por parte del gobierno nacional; b) el levantamiento de las acciones de fuerza por parte del gobierno regional y otras autoridades de Cajamarca para preservar la paz y la armonía de la región; y c) el nombramiento de comisiones de ambas partes para establecer una agenda para un proceso de diálogo.

En un contexto en el que la próxima semana viene al Perú, por un par de días, el CEO de Newmont, Richard O’Brien, el comunicado de los facilitadores tiene un aire de ultimátum ante la sensación comprensible de impotencia por no poder avanzar debido a la poca disposición de las partes para dar señales reales, en los hechos, de que se pretende establecer un diálogo que, en la práctica, aún no ha empezado más allá de la intermediación de Cabrejos y Garatea con todas las partes.

El riesgo de la renuncia de ambos facilitadores, que seguramente existe, sería una pésima noticia para el país y en particular para Cajamarca, así como un baldazo de agua helada para el aún joven ‘gabinete del diálogo’.

Al margen del callejón sin salida en el que parece encontrarse la facilitación, no debiera olvidarse que estos procesos de negociación complejos enfrentan altas y bajas y que suelen tomar tiempo.

Este es el momento de que el gobierno central, y en particular el presidente Humala y el premier Juan Jiménez, demuestren que, si realmente les interesa el diálogo, y tienen liderazgo, tomen la iniciativa.



Represión y muerte en Cajamarca, Perú:

¿Ollanta Humala gobierna para las mineras?

Marcela Salas Cassani, Desinformémonos/Ojarasca, 14 de julio. Cuatro muertos —entre ellos un menor de edad–— 45 heridos, 25 detenidos y una ciudad militarizada debido al decreto de estado de excepción, es el saldo de las protestas del 3 de julio en Cajamarca, Perú, donde indígenas, campesinos y militantes ambientalistas protestaban contra la minera Yanacocha que —con el proyecto Conga— pretende apropiarse del agua de la región para extraer oro y cobre.

Desde hace más de un mes, pobladores de Celendín, provincia de Cajamarca, mantienen un paro indefinido contra la iniciativa Conga, millonario proyecto de la Yanacocha, empresa que pertenece a un conglomerado minero en el que figuran la megaempresa peruana Buenaventura, la multinacional estadounidense Newmont Mining y el Banco Mundial.

 Para llevar a cabo la explotación de yacimientos auríferos y cupríferos sería necesario vaciar al menos cuatro lagunas naturales que abastecen el nacimiento de los ríos de donde la población de Cajamarca se provee de agua.

 Tras una evaluación de impacto ambiental realizada por un equipo de expertos internacionales, los peritos recomendaron que la operación no destruya las lagunas. La minera indicó que aceptaría algunas recomendaciones, sin asegurar que preservaría las lagunas. A cambio, ofreció la construcción de “depósitos artificiales” para “garantizar” el agua a la comunidad.

La minera, denuncian grupos indígenas y campesinos, no garantizó que se ajustará a los lineamientos de viabilidad ambiental, por lo que no debería tener licencia social para operar. No obstante, obtuvo un permiso oficial del gobierno peruano para llevar adelante su iniciativa ecocida.

En días pasados Newmont y Yanacocha anunciaron el inicio de la construcción de depósitos con los que “reemplazarán” el almacenamiento del agua que hoy se encuentra en las lagunas destinadas al proyecto Conga, por lo que solicitaron al gobierno peruano garantías de seguridad para comenzar las obras. La respuesta del presidente peruano, Ollanta Humala, fue terminante: “Tendrán que atenerse a las consecuencias quienes no respeten la propiedad privada”. Y cumplió su palabra.

El 3 de julio, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (FDAC)  cumplía el trigésimo cuarto día del paro regional indefinido en esta ciudad. Las delegaciones de manifestantes estaban concentradas tanto en la plazuela Bolognesi como frente al atrio de la iglesia San Francisco.

Esa mañana, 300 integrantes del Sindicato de Trabajadores no Docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca, se movilizaron de la universidad a la plazuela Bolognesi, y luego avanzaron hacia la Plaza de Armas, hasta donde habían llegado también una delegación de campesino del valle de Llanguay y un centenar de choferes de moto taxis a bordo de sus vehículos, para manifestar su apoyo a los paristas.

El ex sacerdote Marco Arana, líder de la organización Tierra y Libertad, señaló que los enfrentamientos con la policía comenzaron cuando “un grupo de obreros de construcción exigía, afuera del Ayuntamiento, el pago atrasado por trabajos realizados en una escuela y protestaba en solidaridad con la población de Celendín contra la iniciativa Conga”.

Entonces, apunta el FDAC en un comunicado, “se realizó un ataque irracional de la policía nacional en contra de la población manifestante que se encontraba en la Plaza de Armas”. Hubo cuatro muertos, entre ellos un menor de edad, 45 heridos y 25 detenidos, y la respuesta del gobierno fue la inmediata instauración del estado de emergencia, durante el cual “quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.

Un día después del violento enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden, y a pesar del estado de emergencia, los opositores salieron de nuevo a las calles para protestar por los muertos y heridos de Celendín y para reclamar la libertad de quienes habían sido detenidos el día anterior.

Los inconformes se reunieron en la Plaza de Armas de Cajamarca, y allí, luego de pronunciar un discurso, el ex sacerdote Marco Arana, dirigente del movimiento político-ecologista Tierra y Libertad, y uno de los más férreos opositores del proyecto minero, fue aprehendido por la policía. Casi 24 horas más tarde, Arana fue liberado por considerar la fiscalía que “no había motivo para que fuera detenido”. Sin embargo, en un mensaje publicado en Twitter, el dirigente denunció haber sido torturado: “Me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos”.

Ésta es quizá la peor crisis del gobierno encabezado por el ex militar izquierdista, Ollanta Humala, quien en junio de 2011 ganó en segunda vuelta la presidencia de Perú, tras vencer por estrecho margen a Keiko Fujimori.

Residentes de Celedín dijeron durante el entierro de los manifestantes asesinados: “Ollanta Humala ya no es nuestro presidente, él gobierna para las mineras extranjeras. Nos ha traicionado. En la campaña electoral prometió defender el agua de la minería”.

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales señaló también el empecinamiento del gobierno de Humala: “Su tozudez está desoyendo sistemáticamente la voluntad de los pueblos en virtud de presiones corporativas, y ahora está desplegando una estrategia represiva que asesina campesinos, arresta curas e indígenas y amenaza las libertades de un pueblo que defiende su legítimo derecho a la vida, la salud y a un medio ambiente libre de contaminación.

La Central Trabajadora Peruana (CGTP) y el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca demandaron al gobierno el cese de la represión. “Estas muertes, con las que llega a 15 el número de asesinados durante el régimen de Humala, demuestran que la estrategia de gobierno sigue apostando por la criminalización de la protesta y la declaración de estados de emergencia como instrumentos políticos para privilegiar los intereses de los grupos económicos que se beneficiaron con regímenes anteriores”.

Mientras el millonario plan aurífero avanza y la calma no parece volver a la región de Cajamaca, la cgtp ha instado al gobierno a “dialogar para solucionar un conflicto que se agudiza conforme avanzan los días”.

Desafiando el estado de emergencia, miles de opositores del proyecto Conga marcharon el pasado 12 julio —día en que la CGTP convocó a la Jornada Nacional de Lucha— para insistir en el rechazo absoluto al ecocida proyecto minero. Por su parte, el Comité de Solidaridad con Cajamarca en Francia, anunció que el 20 de julio se realizarán manifestaciones ante las embajadas o consulados del Perú en París, Berlín, Bruselas, Madrid, Londres, Estocolmo y Milán.

http://www.grain.org/article/entries/4558-ataques-politicas-resistencia-relatos