Archivos para 5 agosto, 2012


AGUA FRÍA. El arzobispo de Trujillo Miguel Cabrejos en su visita a una de las lagunas de Conga. Al costado, Gastón Garatea. Sus gestiones ante Santos y el gobierno fueron infructuosas.
AGUA FRÍA. El arzobispo de Trujillo Miguel Cabrejos en su visita a una de las lagunas de Conga.
Al costado, Gastón Garatea. Sus gestiones ante Santos y el gobierno fueron infructuosas.
En la primera semana de funciones del Alto Comisionado para los conflictos sociales, el gobierno prorroga el estado de emergencia en Cajamarca contra la opinión del mediador, el arzobispo Miguel Cabrejos. Gregorio Santos patea el tablero, que aún permanece en el suelo.

Ricardo Uceda.
INFOS/

El abandono del proceso de diálogo hecho por el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos ha interrumpido la música celestial que acompañaba los primeros días del premier Juan Jiménez. Santos responsabilizó al gobierno de su decisión, por haber prorrogado por treinta días más el estado de emergencia en tres provincias del departamento.   Aunque los facilitadores de la Iglesia Católica replicaron que insistirán hasta el fin, y el premier Juan Jiménez declaró que en Cajamarca se dialogará “con quien quiera dialogar”, todos saben que con Santos afuera no hay entendimiento posible.

¿Qué hacer? La pregunta no termina de ser respondida en Palacio de Gobierno.

La declaratoria de estado de emergencia anterior vencía el 3 de agosto. La prórroga fue justificada por el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, con la necesidad de mantener el orden público. Pedraza pidió a los opositores al proyecto Conga un gesto político, una expresión de seguridades de que no habrá violencia, para revisar la medida. Pero Santos insinuó más protestas.

Al mismo tiempo, Santos le quitó el respaldo a Gastón Garatea, tras haberlo admitido como mediador. Había aceptado su intervención por escrito, en una carta al defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien propuso inicialmente al sacerdote. Pero ahora Santos puede decir que es el gobierno el que está contra los mediadores. En efecto, es su primera discrepancia de consideración.

EL PASTOR Y EL PREMIER

A comienzos de semana, el premier Jiménez habló telefónicamente con monseñor Cabrejos, quien le explicó que no era conveniente para el diálogo que se prorrogara el estado de emergencia en Cajamarca. Desde el inicio del proceso de facilitación no había habido disturbios. Jiménez estuvo de acuerdo, pero con el paso de los días cambió de posición.

El miércoles 1, Jiménez llamó a Cabrejos para decirle que el gobierno necesitaba ciertas seguridades políticas de que la violencia no se fuera a desbordar en el departamento. El gobierno tenía informes de movilizaciones que se desarrollarían durante la segunda semana del mes. ¿Sería posible obtener de Santos una declaración que asegurara que habría buen clima social?

Cabrejos llamó a Santos para sugerirle firmar una declaración conjunta que expresara buenas intenciones de diálogo sin violencia. Le dijo que con este gesto el gobierno restablecería las garantías suspendidas en el departamento. Cabrejos le propuso un texto que aparece en estas páginas, proporcionado por una fuente de Cajamarca.

Santos dijo que no podía firmar el documento. Tenía mucha influencia, pero no controlaba todas las movilizaciones, especialmente las de los frentes de defensa. Cabrejos transmitió la información, junto con su opinión de que, aun así, no era conveniente para el diálogo mantener el estado de emergencia.

En el gobierno, el temperamento que había para levantar la medida cambió. Hasta entonces, en minoría, el ministro del Interior sostenía que lo más sensato era prorrogarlo. Finalmente la medida se aprobó sin oposición en el Consejo de Ministros. A todo esto, el flamante Alto Comisionado para los conflictos, Vladimiro Huaroc, también estuvo en desacuerdo al comienzo y después cambió de opinión.

Las primeras horas de Huaroc en el cargo fueron de estudio. Ahora ya salió a la cancha para justificar la prórroga del estado de emergencia. El perfil de su puesto aún está delineándose.

UNA IDEA ANTIGUA

En su último día en el cargo, el premier Óscar Valdés presentó al equipo de su despacho a su sucesor, Juan Jiménez. Cada uno explicó a lo que se dedicaba. Era pura formalidad, porque Jiménez los conocía, y también se sabía que la mayoría de ellos dejaría la PCM. Jiménez dijo unas pocas palabras, también de cortesía, y al final, delante de todos, llamó a una reunión al jefe de la Oficina de Conflictos, Víctor Caballero.

Caballero había renunciado ante Valdés una semana atrás. Valdés  rechazó la dimisión: no quería dar la impresión de que desmantelaba su despacho antes de su partida. Ahora, producido el cambio,  Jiménez quería hablar con Caballero para pedirle que se quedara como asesor. Caballero agradeció y declinó. En la reunión estaba presente Vladimiro Huaroc, quien lo reemplazaría. Aunque reemplazar no es la palabra indicada.

En realidad, Huaroc se haría cargo de una oficina nueva, con mayores atribuciones políticas. Iba a ser Alto Comisionado, una figura inexistente en el escalafón de la PCM. Parecería una nomenclatura importada de las Naciones Unidas, donde Huaroc trabajó más de diez años, y por lo tanto sugerida por él.

Sin embargo, la idea surgió un año atrás, durante el proceso de transferencia. Volver hasta entonces es importante, porque los recién elegidos gobernantes reflexionaron durante dos semanas respecto de la mejor manera de afrontar la conflictividad nacional, que las expectativas sobre el nuevo gobierno iba a intensificar. Tuvieron ante sí dos opciones, ya que no dos modelos. ¿Creaban un sistema de pacificación social o perfeccionaban el mecanismo existente para apagar los incendios? Al final se decidieron por lo último.

ALGUIEN IMPORTANTE

La propuesta de un Alto Comisionado vino de un equipo de quince profesionales, entre ellos varios especialistas, coordinados por la vicepresidenta elegida Marisol Espinoza. Ellos recibieron del anterior gobierno toda la información sobre los conflictos sociales. Su diagnóstico fue que el Estado estaba incapacitado para responder a la creciente conflictividad y que la oficina especializada de la PCM ni siquiera hacía bien la función de bombero. En el documento, de 86 páginas,  se pedía una unidad “del más alto nivel político” para afrontar el problema.

La máxima importancia, según la propuesta, podía darse bajo la forma de una dependencia que excepcionalmente tuviera rango ministerial o de un alto comisionado. Este debía tener comunicación horizontal con los ministros y coordinar por encargo del Presidente de la República con el Premier y su gabinete.

¿Vladimiro Huaroc es esa figura?  Antes veamos qué pasó con la propuesta.

No fue considerada. Carlos Alza, el redactor de la iniciativa, la expuso el 27 de julio a los integrantes del gabinete ya designado, en el local del PNUD. En algún momento Marisol Espinoza sondeó  a Alza, quien actualmente coordina la especialidad de Políticas Públicas en la Universidad Católica, para que se encargara de los conflictos sociales en el gobierno, pero  sin garantizarle que sus competencias serían mayúsculas. Finalmente, Salomón Lerner le propuso el cargo a Víctor Caballero, quien venía de encargarse de conflictos sociales en el MEF y había escrito un ensayo para el PNUD sobre cómo afrontarlos.

–Prefirieron mantener la gobernabilidad, el corto plazo –dice ahora Alza–. Nosotros planteábamos atacar simultáneamente los problemas de fondo.

QUIÉN MANDA A QUIÉN

Las diferencias entre el documento de la Comisión de Transferencia y el de Caballero no podían ser mayores. El primero, más ambicioso,  implicaba reformar el Estado en varios sectores para construir una política nacional de transformación de conflictos. El de Caballero, más pragmático, proponía recuperar el rol directivo de la PCM –perdido dramáticamente con los sucesos de Bagua en el 2009– y fortalecer a las autoridades regionales en los procesos de negociación. Uno partía desde los “problemas estructurales” para llegar al largo plazo; el segundo estaba enfocado en mantener la gobernabilidad. En una entrevista con Lerner y Espinoza, Caballero les explicó lo que en su visión eran las necesidades inmediatas: que hubiera menos muertos y que los frentes de defensa, motores de la conflictividad, fueran aislados políticamente.

En suma, el gobierno prefirió una oficina que no fuera a la causa de los problemas sino que los gestionara.

En cuanto al Alto Comisionado, un asesor de la PCM de entonces dijo para esta nota que la idea fue desechada porque sus potestades iban a chocar con otras en varios campos.

–Se iba a producir un conocido problema –añadió–: quién manda a quién.

¿BAJO, ALTO, ALTÍSIMO?

Crear un Zar Anticonflictos o como se llamara implicaba modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que tuviera autonomía y poderes. Había dos obstáculos, en la visión de quienes temían una figura de este calado. Por un lado, necesitaba el máximo apoyo político del Presidente, lo cual  ponía a tiro de piedra al mandatario. Por otro, interfería con competencias de gobiernos regionales y del propio Poder Ejecutivo para resolver conflictos en su sector. ¿Tienen vigencia estas objeciones, ahora que existe un Alto Comisionado con algunas características que se propusieron hace un año? La oficina de Huaroc, hasta donde se sabe, no colisionará en sus atribuciones con otras del Poder Ejecutivo.

Pero sí requiere el máximo apoyo político. Preguntado Carlos Alza sobre si aún cree que esta figura preponderante sigue siendo indispensable para encarar los conflictos contestó que era aun más necesaria que hace un año, y que sus atribuciones legales eran menos importantes que su peso político. Añadió:
–¿Y quién le va a dar peso político si no el Presidente o el Premier? Si no aparece con Humala al costado, ni los otros ministros ni los dirigentes sociales le van a hacer caso.

A Vladimiro Huaroc no le gusta que no le hagan caso. Volviendo a examinar el pasado, hay dos datos relevantes sobre los personajes del próximo periodo. Uno es la trayectoria personal de Huaroc, un ejecutivo político extremadamente eficaz e intolerante con los errores, y acostumbrado a tener y hacerse un espacio propio. Y el otro es el espacio grande e irrenunciable de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que terminaron manejando directamente el conflicto de Conga en sus dos picos de crisis –diciembre del 2011 y junio del 2012– prescindiendo del primer ministro de turno.

De momento, el conflicto de Conga lo maneja directamente el premier Juan Jiménez. El Alto Comisionado aún no se reúne con los facilitadores eclesiásticos, y un encuentro de este tipo parece no estar en agenda. De momento, en suma, Conga no va y el diálogo tampoco.

Fuente: La República


Fuente: http://www.larepublica.pe

Domingo, 05 de agosto de 2012

Por: Rocío Silva Santisteban. 

Durante los primeros minutos del discurso presidencial un grupo de ciudadanos en Celendín, Cajamarca, sacó a la plaza de armas un televisor grande para poder escuchar y ver el mensaje, uno de los más esperados desde ese lejano lugar de Lima, sobre todo, por la esperanza de que Ollanta Humala se refiera de alguna manera a los cuatro shilicos muertos bajo las balas Galil del Ejército Peruano durante la jornada de protesta y violencia de hace un mes. Los shilicos esperaban que el presidente detenga de una vez la violencia desatada y haga un mea culpa por Joselito, Faustino, José Antonio y sobre todo por César, el chiquillo de 16 años, que cayó sobre la pista con el cráneo destrozado.

Cuando aún el Congreso no había recibido la presencia ni de la primera dama ni de los ministros, en Celendín un grupo de policías confiscó el televisor, lo introdujo en una bodega, mientras un joven periodista y estudiante de ingeniería ambiental tomaba fotos y grababa un video. Los policías lo grabaron también a él, pero quisieron quitarle su cámara, él se resistió y entonces uno le tiró una patada, lo redujo violentamente, lo “retuvieron” en una camioneta, lo llevaron a la comisaría donde le volvieron a pegar, y posteriormente lo trasladaron a Cajamarca, a tres horas y media, donde lo retuvieron por ocho horas más. ¿Cuál fue su delito? Intentar grabar un hecho noticioso. ¿Qué dijeron los grandes medios de comunicación? No sé. Creo que nada.

Ese periodista de provincia lejana, estudiante, cachueleando hasta en 28 de julio, de 22 años, delgado, tranquilo, con lentes de nerd, y como dicen en Cajamarca de aspecto guañulingo, se llama Jorge Chávez Ortiz y es lo suficientemente joven y osado como para no importarle nada excepto el objetivo principal de su lucha: detener el proyecto minero que golpeará indefectiblemente el medio ambiente donde vive. No es objetivo, porque como lo sabemos muchos, eso de la objetividad periodística que nos restriegan los grandes medios es apenas una excusa para pasarse al lado de los más poderosos disimuladamente. Este Jorge Chávez lo que hace es tratar de difundir imágenes que capta con su lente ciudadano y que generalmente no se retransmiten por los canales ni de señal abierta ni de cable. Como Alan L (Ybrahim Luna) o los anónimos autores de Celendín Libre, o como Jorge Pereyra o Lalo Valera desde la televisión local cajamarquina, se trata de periodistas que defienden una independencia que solo les otorga pobreza, pero reconocimiento. Pobreza pero libertad. Pobreza pero dignidad. Por eso detuvieron a Jorge Chávez o cercaron el canal de TV donde transmitía Lalo Valera el 3 de julio. Es increíble el poder de un periodismo valiente: desde Lima tenemos tanto que aprender.