Archivos para 24 julio, 2012


Un documento de doce páginas respecto a cómo deberían ser las políticas sobre la nueva minería en el país fue presentado por Tierra y Libertad.

En conferencia de prensa, José de Echave, Marco Arana y Marisa Glave recomendaron el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, la afirmación de los derechos de las poblaciones impactadas por operaciones mineras, así como  la consolidación del proceso de descentralización, y mayor transparencia y rendición de cuentas sobre los aportes mineros.

También solicitaron al gobierno que en el mensaje de 28 de julio anuncie la convocatoria de una mesa ambiental nacional y participativa.

Fuente: La Republica

Primer ministro también adelantó que Ejecutivo pedirá delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana y promoción de la inversión
Juan Jiménez
El flamante presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, anunció hoy que el nuevo enfoque para resolver conflictos sociales en el Perú pasa por la reestructuración de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales que pasará a llamarse Oficina de Diálogo Nacional y que contará con la asesoría de un Consejo Consultivo integrado por figuras políticas y destacados profesionales.

Jiménez Mayor asumió el cargo esta mañana en un breve acto de transferencia con la asistencia de su antecesor, Oscar Valdés Dancuart. Luego sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la PCM.

Según dijo, solo en dictaduras no hay conflictos, porque se reprimen o se esconden, pero en democracia existen y es un fenómeno que está en muchos países.

FACULTADES LEGISLATIVAS

El primer ministro adelantó que el Ejecutivo alista un paquete normativo que permita hacer frente al crimen organizado; la lucha contra la corrupción en todo el Estado y las estrategias para agilizar la inversión pública y privada.

En el primer caso habrá incidencia en la reorganización policial, en la línea de carrera y en la remuneración de policías, dijo Jiménez. En el segundo caso, señaló que se busca promover las inversiones nacionales y extranjeras, y se trabajará en temas como la reforma de ProInversión.

Sobre Óscar Valdés, comentó que “ha mantenido una estabilidad económica y política importante en los meses que condujo el Gobierno”.

Fuente: El Comercio

En el 2005, la Policía de Huancabamba lo responsabilizó por la organización y ejecución de los hechos sangrientos contra la empresa minera. Sin embargo, el Poder Judicial lo excluyó del proceso.
Santos acumula una serie de acciones violentas como consecuencia de sus actividades antimineras. (Heiner Aparicio)
Era su modus operandi. Perú21 tuvo acceso a la investigación que realizó la Policía de Huancabamba (Piura) sobre los violentos enfrentamientos contra la exminera Majaz, en el año 2005, por los cuales Gregorio Santos –uno de los principales promotores– fue acusado por cuatro delitos (coacción y secuestro, entre ellos), pero excluido del proceso por el Poder Judicial.
Inexplicablemente, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba no tomó en cuenta el protagonismo del ahora presidente regional de Cajamarca en esta asonada antiminera. La misma que fue la antesala de una serie de hechos sangrientos que dejaron el saldo de siete muertos en cinco años.
“El paro antiConga, que ahora lidera Santos, se realiza bajo los mismos lineamientos que utilizó contra la exminera Majaz”, asegura la Policía.
LA HISTORIA SE REPITE
En esa época, según el atestado No 072-2005, Santos era delegado nacional de las Rondas Campesinas y secretario de prensa de las comisión organizadora del I Congreso Nacional de Rondas Campesinas. Para la Policía, “era uno de los que se oponía de manera violenta desde el 2004 a la continuación de los trabajos de exploración de la Compañía Minera Majaz”.
Las acciones que impulsó Santos se radicalizaron desde el 27 de julio de 2005, cuando comenzaron las reuniones de coordinación “para realizar estos hechos punibles y que lindan con el delito, con el único fin de querer llamar la atención de la población”, en una época electoral, sostuvo la Policía de Huancabamba, que agregó que el objetivo de los antimineros que integraba Santos era incitar a la población “para que prosigan con sus medidas de fuerza, por la supuesta contaminación de las aguas del río Blanco, cuando en realidad, por dicha zona, no se observan cultivos y menos ganadería que vengan realizando los comuneros”.
Es más, la minera Majaz y “la Universidad Católica del Perú, ya estaban realizando estudios de investigación con el conocimiento y consentimientos de comuneros”.
De la misma forma –señala la Policía– Gregorio Santos fue uno de los activistas que comenzaron a enviar documentos “de invitación” a los diversos presidentes de las rondas campesinas de Huancabamba para luchar contra la minera.
Incluso, se incluyó como prueba fehaciente en el atestado el oficio N° 009-2005-COINR-C, del 25 de julio 2005, que envió el presidente de la Base de Rondas Campesinas de Guaquillas a Gregorio Santos, pidiéndole su apoyo, con un grupo de 10 a 20 ronderos, para exigir el retiro de minera Majaz.
Lo que también confirma la Policía es que toda esta organización de Santos y sus socios desencadenó el ingreso ilegal de los ronderos al campamento de la compañía que desencadenó una tragedia.
PAGÓ A LOS MEDIOS
En el atestado policial también se consigna que Santos estuvo involucrado en el pago a las emisoras radiales locales para que se lean sus comunicados antiminero. Además, una de sus amenazas era que aquel comunero “que no acuda a las marchas que han programado, serían castigados con latigazos, con una multa de dinero en efectivo y con el despojo de sus lotes de terrenos que tienen en posesión”.
Esta afirmación policial también se desprende de las manifestaciones de algunos intervenidos, que fueron tomadas en presencia del representante del Ministerio Público, lo cual, al no tener otra posibilidad de vida en la zona, tuvieron que acatar. “Es una forma de coacción que vienen realizando contra estos (comuneros), así como que a estos (ronderos antimineros) después les niegan el acceso al agua para sus parcelas”, dice la Policía.
DATOS
– En el caso Majaz, Santos fue acusado por el delito contra la libertad personal (coacción y secuestro) y contra la seguridad, tranquilidad y administración pública.
– En el caso Conga, tiene 17 denuncias en su contra por delitos de función, pero una de ellas es por el uso de recursos públicos para financiar el paro del 9 de noviembre de 2011.
– Este miércoles se definirá si Santos continúa en libertad o es detenido preventivamente mientras dura el proceso por el secuestro y tortura contra Petronila Vargas y el asesinato de Eliseo Vargas en el año 2005.
Fuente: Peru21

Jiménez Mayor: “Éste es un gabinete del diálogo y la ponderación”Jefe de gabinete anuncia reestructuración del área de prevención de conflictos de la PCM

El Presidente del Consejo de  Ministros, Juan Jiménez Mayor manifestó que liderará un gabinete del diálogo y la ponderación para trabajar nuevas políticas de acercamiento para la solución de los conflictos y lograr la paz social en todos los rincones del país.

En conferencia de prensa que ofreció esta noche en Palacio de Gobierno, Jiménez Mayor anunció que se reestructurará de manera integral el área de prevención de conflictos de la PCM para lo cual se hará una reingeniería con los recursos  donados por el PNUD y se convocará expertos de primer nivel que ayudarán a replantear las estrategias para hacer frente a los conflictos sociales.

Aclaró además que se cambiará de nombre a la oficina de prevención de conflictos de la PCM. “Ya no será de conflictos, sino de diálogo, ponderación y comunicación”, dijo.

Explicó que en las dictaduras “o no hay conflictos sociales porque la prensa corrupta los esconde o la represión se ensaña con la población, pero en las democracias los conflictos son naturales y es necesario que el sistema político y democrático de respuestas claras para encontrar el clima de paz, pero con respeto a la autoridad”, subrayó.

Destacó que la prioridad del gobierno del Presidente Humala es el respeto a los derechos fundamentales de las personas donde el “agua siempre será primero”.

Anunció también que se reformulará el protocolo de intervención de la policía y las fuerzas armadas en el ámbito de los conflictos sociales “con el debido respeto a los derechos humanos, pero firme y eficaz en el control del orden interno”.

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

El jefe del gabinete indicó además que su equipo ministerial empezará a trabajar en cambio del marco normativo para mejorar las políticas de seguridad ciudadana y defensa nacional.

Invocó a los medios de comunicación y a la población saber distinguir a los movimientos subversivos y grupos ligados al terrorismo que afectaron la democracia en los años setenta y ochenta  “para hacerle frente y luchar contra este flagelo que pretende ingresar a la política para socavar la democracia”.

Asimismo dijo que se replanteará la eficacia del tema persecutorio penal, mediante la unificación de las agencias de control penal, para que la seguridad ciudadana sea el objetivo central del país. “Para ello vamos a proponer una ley contra el crimen organizado”, sostuvo.

Nuevo SNIP y lucha contra la corrupción

De otro lado, ratificó lo que hace unos días anunció el jefe de Estado, en el sentido de reformular el actual Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP por uno más productivo que promueva el desarrollo de las regiones y los gobiernos locales,  “que sirva para proveer de herramientas a las autoridades y puedan hacer una inversión pública responsable en beneficio de su población”.

Indicó también que se mejorará la capacidad de gestión de Proinversión para que la inversión privada mueva la economía y permita que la inclusión social liderada por el Presidente Humala sea una realidad. “Haremos que la inversión sea motor del desarrollo”, puntualizó.

En esa línea de la inversión y el gasto eficiente de los recursos del Estado, Juan Jiménez ratificó el compromiso del gobierno de luchar contra la corrupción y anunció la creación de un órgano de transparencia para enfrentar “de manera transversal y con honestidad”, todo acto de corrupción, “en el gobierno central así como en los gobiernos regionales y locales”, finalizó.

Lima 23 de julio de 2012


Por: Jacqueline Fowks 
El gabinete de ministros de Perú que entró en funcionamiento en diciembre de 2011 para encarar “con mano dura” la crisis por el conflicto minero en el departamento de Cajamarca (sierra norte del país) ha llegado a su fin este lunes. Perú tiene a partir de ahora un nuevo primer ministro, Juan Jiménez Mayor, y otros cinco ministros más que sustituyen a otros tantos que han cesado. El problema de la región minera y la falta de reconocimiento de los errores cometidos en la lucha contra remanentes de la narcoguerrilla de Sendero Luminoso han sido las causas principales de este derrumbe gubernamental.
Hace un mes que Jiménez Mayor había asumido en la práctica las funciones del primer ministro Óscar Valdés, deslegitimado porque enfrentó los conflictos sociales ligados a los proyectos mineros con la vía de la confrontación policial masiva y con armas letales en Espinar (Cusco, sierra sur) y enviando al Ejército a Cajamarca. Dos civiles murieron en Espinar y cinco en Cajamarca. Hubo además decenas de heridos en esos choques, y detenciones sin las debidas garantías judiciales, así como la declaración de un estado de excepción y agresiones a representantes de la Defensoría del Pueblo y a abogados de organizaciones de derechos humanos.
Valdés deja la administración del presidente de Perú, Ollanta Humala, con un 40% de desaprobación y 18% de aprobación, según una encuesta de GFK publicada el domingo en el diario La República. Humala cayó de 41% de aprobación en junio a 36% en este mes.
La pérdida de peso político del primer ministro y del titular del Interior saliente, Wilver Calle, se expresa en la misma encuesta con un 64% de peruanos que creen que el manejo del conflicto por el proyecto Conga ha sido uno de los principales errores del gobierno. Además, un 62% estima que el presidente debe buscar solución a los conflictos sociales dialogando con la población.
Los nuevos ministros son, en Interior, el abogado y experto en asuntos penitenciarios Wilfredo Pedraza, exadjunto en la Defensoría del Pueblo y exdirector del Instituto Nacional Penitenciario, y en Defensa, el abogado Pedro Cateriano. Ambos reemplazan a un militar del Ejército y a un policía retirados, respectivamente, cumpliéndose por fin la oferta que hizo Humala cuando era candidato: de que dichos sectores serían liderados por civiles.
La nueva ministra de Justicia es Eda Rivas, exviceministra en esa misma dependencia; y el economista y exalto funcionario del Ministerio de Economía Milton Von Hesse se encargará de Agricultura. Von Hesse es un tecnócrata que también se ha desempeñado como investigador en la Universidad del Pacífico.
Por último, el urólogo y ex árbitro de fútbol Alberto Tejada ha sido reemplazado en el ministerio de Salud por Midori de Habich, economista y ex jefa de proyectos de políticas de salud de USAID, al entidad estadounidense de ayuda al desarrollo.
Pese a que el presidente peruano anunció antes de llegar al poder un plan de gobierno denominado “la gran transformación” -orientado a favorecer a los más pobres y a las poblaciones en tensión con empresas mineras o de hidrocarburos- en el primer año se colocó del lado del sector privado.
Líderes de opinión, políticos y analistas de diversas adscripciones han recomendado públicamente al mandatario que explicara el giro de su política, pero no lo ha hecho aún. Por ejemplo, el politólogo peruano Alberto Vergara ha señalado que su administración evidencia 20 años de un mismo sistema, en tanto que el estadounidense y profesor de Harvard Steve Levitsky opinó el jueves pasado que el conflicto en Cajamarca desnudó “la incapacidad política del gobierno de Humala”.

Fuente: Diario El Pais de España


18/07/12 Por Joan Martínez Alier

Hay muchísimos conflictos pero, aunque parezca mentira, no los cuenta nadie, ni el Pnuma ni el PNUD ni los grupos ecologistas. Hay estimaciones de varios miles. Si ponemos criterios estrictos y sólo contamos conflictos que abarquen a decenas de personas, o conflictos que salgan en la prensa, o conflictos que han causado muertos, el número se reduce, pero sigue siendo grande.

Es erróneo buscar causas locales o nacionales de esos numerosos conflictos. Sus raíces están en el aumento del metabolismo social (los flujos de materiales y energía) que llega a los últimos confines. En esas fronteras de la extracción hay gente pobre, hay muchas veces indígenas que protestan, como en el cerro Wirikuta, en México, o en la Niyamgiri Hill, en Odisha, India. Mientras en Perú el gobierno de Ollanta Humala ve ex terroristas de Sendero Luminoso o del MRTA detrás de esos movimientos, justo al lado, en Ecuador o en Bolivia, se acusa a las ONG derechistas financiadas por dinero europeo o estadunidense.

Mientras, las víctimas del ecologismo popular van cayendo una tras otra.

Y como hay tantos conflictos, surgen redes de información y apoyo como la REMA en México, como Ocmal (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina).

Las compañías mineras a veces son nacionales, ya sea privadas (los Benavides, en Perú, o el Grupo México) o estatales (como Codelco, de Chile). A menudo son extranjeras, de Estados Unidos o Canadá, de Australia o Europa, y también llegan de China. El 5 de marzo de 2012 ocurrió en Quito un hecho sin precedente: un grupo de valientes mujeres ambientalistas okupó durante unas horas la embajada de la China para protestar el contrato que permitiría empezar operaciones en una mina de cobre a cielo abierto, El Mirador, en la Cordillera del Cóndor, en el sudeste de la Amazonia ecuatoriana, en territorio shuar. El embajador se portó correctamente. Uno imagina su asombro. Debía preguntarse, ¿ésas vienen por el Tíbet? ¿Vendrán por algún disidente en China? Tal vez adivinó que ya venían por el imperialismo chino. Por primera vez.

La causa de los conflictos de minería, al igual que los conflictos por extracción de petróleo o gas, o los conflictos por extracción de biomasa (deforestación, agrocombustibles, plantaciones de eucaliptos para pasta de papel…) no está en el neoliberalismo, como se suele decir. La causa es el aumento del metabolismo social. Da la mismo que la economía mundial siga una política neoliberal o que siguiera una senda keynesiana y socialdemócrata. De hecho, no podemos decir que la economía de China sea una economía neoliberal. ¿El embajador de China en Quito será representante de un partido neoliberal comunista, o tal vez representa un capitalismo de Estado? El hecho es que está detrás del cobre y el petróleo.

En tantas protestas, hay muchas veces muertos. Por lo menos 10 ecologistas populares perdieron la vida en Perú, en Filipinas, en Brasil mismo; sabemos sus nombres, al tiempo que en junio de 2012 se reunía la conferencia internacional Río+20. De esas injusticias ambientales, de esos muertos, no se habló en esa conferencia oficial.

Muchas veces hay muertos en los conflictos ambientales. Pero también hay resistencia y a veces hay ejemplos exitosos de cómo parar proyectos o proponer alternativas. Así ocurrió en otro proyecto minero de cobre en Ecuador, en Intag, en el norte del país.

Surgen nuevos activistas y líderes, como Marco Arana, en Perú, brutamente detenido el 4 de julio de 2012 por la policía en la plaza de armas de Cajamarca (muy cerca del llamado cuarto del rescate donde se dice que Atahualpa hizo depositar oro para calmar infructuosamente a Pizarro). Marco Arana se manifestaba contra el proyecto Conga de la minera Yanacocha de la Newmont (de Estados Unidos), proyecto apoyado por el presidente Humala y al cual se oponen las autoridades regionales elegidas y muchos pobladores. Marco Arana se sentó en un banco de la plaza, lo acompañaba un periodista y un custodio personal, tres personas solamente. Se puso un cartel, Vida sí, oro no. Se quedó sentado pacíficamente. Unos 15 policías vestidos como para la guerra lo atacaron físicamente, lo detuvieron, lo golpearon. Lo dejaron el libertad al cabo de 12 horas con un maxilar fracturado. Como él mismo dijo, si a él, dirigente del movimiento Tierra y Libertad (recientemente legalizado como partido político), reconocido internacionalmente, le ocurrió eso a la vista de periodistas que inmediatamente pusieron en YouTube un video de la brutal detención, pensemos qué le puede ocurrir a cualquier campesino de una aldea remota.www.ecoportal.net

Joan Martínez Alier – Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador del proyecto EJOLT. Autor de El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración.

Fuente: www.ecoportal.net