Archivos para 11 julio, 2012


Escribe: Jorge Chavez Ortiz
Fotos: Jorge Chavez Ortiz – @ChavezWar

Hoy en Celendín se desarrollo de manera pacifica una vigilia en la plaza de armas, la vigilia inicio a las 8:00 pm luego de una misa, luego la población dio 3 vueltas a la plaza cantando oraciones cristinas y en algunas ocasiones arengas contra del gobierno. Mientras un grupo de efectivos se encontraban parados filmando el desarrollo de la vigilia.
Al promediar las 8:40 pm una camioneta llego con efectivos policiales, armados con sus escudos, varas. Para luego llegaran más pero estos amados con fusiles, perdigoneras, lanza lacrimógenas, lacrimógenas manuales. El detalle es que un grupo de policías patearon las velas, mientras solo un par de policías pedían que se retiren, pero el resto insultaba entre dientes, los insultos no eran gritados debido que estaba presente una cámara de Panamericana TV.
Después llegaron más efectivos, que cerraron los accesos a la plaza de armas, un aproximado de 12 policías fuertemente armados por cada acceso. 
Al cierre de la nota (11:13 pm) se encuentran entre 4 a 5 policías reguardando los accesos a la plaza. 

Fotos: Jorge J. Chavez Ortiz – @ChavezWar

Hay una frase que dice “una imagen vale más que mil palabras”, hay fotos que tal vez impacten más que las que muestran a continuación. Pero este post va dedicado a todos los que perdieron la vida defendiendo a la pachamama.


Wilfredo Ardito Vega
Catedrático universitario. Activista de derechos humanos. Master en Derecho Internacional de los DH y Doctor en Derecho.
Adital / 09.07.12

Miles de personas dentro y fuera del Perú han quedado estremecidas con el video en el que Marco Arana es detenido y brutalmente golpeado en la Plaza de Armas de Cajamarca. Y, lógicamente, muchos se han preguntado: si esto hace la policía en un lugar público, ante las cámaras de televisión, contra una persona premiada en el extranjero… ¿qué hará frente a quienes son menos conocidos? ¿Qué hará cuando no hay prensa cerca?

Podrían contestar al respecto los serenos de la Municipalidad de Espinar. A ellos, parece que la policía los habría torturado en las instalaciones de la empresa Xstrata para obligarlos a declarar que el Alcalde Oscar Mollohuanca los ordenó llevar bombas molotov a los manifestantes en la camioneta de la Municipalidad.

La salvaje detención de Marco Arana fue una de las muchas situaciones dolorosas en la semana más letal del gobierno de Ollanta Humala. El martes 3, una turba de trabajadores de construcción civil atacó violentamente la Municipalidad de Celendín y la respuesta indiscriminada de la policía originó las muertes de Eleuterio García Rojas, José Faustino Silva Sánchez, José Antonio Sánchez Huamán y César Medina, que tenía solamente 16 años. Al día siguiente, el 4 de julio, se produjeron nuevas protestas en Bambamarca y la policía mató a Joselito Vásquez Jambo.

Todo Estado tiene el derecho y la obligación de cuidar el orden y el respeto a la propiedad pública y privada. Sin embargo, bajo el gobierno de Humala se ha hecho la regla disparar a quienes protestan, como ocurrió en Cusco, Cañete, Puerto Maldonado, Sechura y Paita, y hacerlo de forma tan indiscriminada que muchos de los fallecidos eran personas ajenas a las manifestaciones. En once meses, los excesos policiales ya han causado más muertes que en los cinco años del gobierno de Toledo.

En Cajamarca, además, las fuerzas de seguridad actúan como si todos los ciudadanos fueran sus enemigos. Esto ya sucedió en Ayacucho en los años ochenta y más recientemente, en Arequipa en el 2002, bajo el gobierno de Toledo y en Bagua en el 2009, durante el régimen de García. La policía llama perros a los cajamarquinos, apunta a los vecinos que están en sus casas, arroja al suelo ollas con comida, dispara contra adolescentes desarmados, desnuda a periodistas, irrumpe en un funeral… Como resultado, la población ya no rechaza solamente a Yanacocha, sino al propio gobierno, lo que no le ocurrió a Fujimori, Toledo o García, quienes evitaron respaldar a la empresa de forma tan visible y tan brutal.

En Cajamarca y también en Espinar, las autoridades parecen perder todos los escrúpulos: la reiterada práctica de tortura, la siembra de pruebas contra la Vicaría de Sicuani y la Municipalidad de Espinar, la golpiza a Genoveva Gómez, abogada de la Defensoría del Pueblo en la misma comisaría donde golpearon a Marco Arana, el bloqueo de fondos públicos, el realizar los juicios en lugares alejados. Entretanto, en Lima, los Ministros y el propio Presidente niegan los crímenes y difaman a las víctimas. Es verdad que este era el comportamiento de las autoridades peruanas frente a las violaciones de los derechos humanos en los años ochenta, pero ahora los abusos se cometen para respaldar empresas privadas como Newmont o Xstrata, que se sienten así totalmente envalentonadas.

Paralelamente, muchos limeños sienten que las personas que protestan son una amenaza para su bienestar y justifican toda práctica represiva. Ni siquiera hay indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas, como si estuvieran convencidos de que en el Perú unos deben resignarse a sufrir para que otros puedan disfrutar. Es penoso decirlo, pero es la misma mentalidad que imperó durante el conflicto armado. Al día siguiente de las muertes de Espinar, un programa cómico de una radio limeña se burlaba de lo sucedido, imitando el acento andino y la ignorancia de los campesinos.

La mayoría de medios de comunicación limeños han tenido un rol perverso, presentando solamente las protestas violentas y quitándoles todo fundamento racional. Con frecuencia señalan que las protestan “causan muertos”, aunque todos los muertos han sido causados por la policía. Inclusive a Marco Arana, que ha recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos, la distinción de Héroe Ambiental de la revista Time y el Premio Internacional de la Paz de Aquisgrán es presentado como un agitador violentista.

Los grupos de poder económico y sus seguidores en la prensa y el gobierno parecen convencidos de que es necesaria más represión para promover las inversiones. ¿Será que la violencia del gobierno actual recién empieza? ¿O será que todavía es posible recapacitar y optar por la defensa de la vida?

Yo espero que esto último suceda, pero sé que nada podrá hacer reparar el daño causado a tantas familias que han perdido a sus seres queridos y que hace un año votaron por Ollanta Humala, igual que lo hice yo.

Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=68597


…o armonizar los diversos intereses y derechos en conflicto

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

6 de julio, 2012.- Parece que el camino de la violencia, de la confrontación y la imposición de las ideas de parte del Gobierno y de quienes se oponen a Conga, va ganando terreno en Cajamarca. Al momento de terminar este artículo la prensa daba cuenta de las primeras víctimas, 5 muertos y una veintena de heridos. Asimismo, se informa que el Gobierno ya declaró el Estado de emergencia en Celendín, Hualgayoc y Cajamarca.

A continuación, una mirada a los hechos de Cajamarca, desde la perspectiva de los derechos fundamentales.

1.- No tiene fundamento constitucional priorizar un solo bien jurídico y dejar los otros de lado

La promoción del desarrollo a través de la explotación de los recursos naturales, contenido en el artículo 44 y 59 de la Constitución, si bien es un bien jurídico constitucional relevante y digno de protección, no es el único contenido en nuestro ordenamiento constitucional. Cuando uno escucha al Presidente Ollanta Humala declarar que “Conga va”, parece que la necesidad de contar con recursos económicos para la gran transformación es la única razón que cuenta en la solución de los conflictos sociales (1).

Al parecer, todas las demás razones, sean estas jurídicas o constitucionales, deberán subordinarse a esta. Esta actitud de “esencializar” y hacer de la necesidad de recursos, un dogma o pensamiento único, resulta cuestionable desde una perspectiva constitucional. No obstante, el Gobierno olvida que existe un conjunto de principios, valores y derechos que merecen igual protección: El derecho a vivir y disfrutar de un medio ambiente adecuado y equilibrado, el derecho a la integridad física y a la salud de la población aledaña, el derecho al agua, los derechos de los pueblos indígenas en general y de manera concreta, el derecho al territorio y a los recursos naturales. El fundamento de esto es la propia fuerza normativa de la Constitución reconocida en los artículos 51, 45 y 138.

2.- La solución que aporta la Constitución no es la imposición si no la armonización de los bienes jurídicos involucrados

Todos los bienes jurídicos constitucionales, es decir, el conjunto de valores, derechos y principios contenidos en la Constitución deben ser protegidos. En la vida cotidiana, estos entran en tensión o en colisión constantemente (libertad de expresión vs honor, libertad de reunión vs. orden público, etc.). ¿Qué hacer entonces? Hay dos opciones, primero intentar armonizar los bienes jurídicos en conflicto, tratar de compatibilizarlos a efecto de optimizarlos. Ahora en caso que ello no sea posible, se deberá optar por aquellos bienes jurídicos que tengan un mayor peso o importancia constitucional o que tengan una relación más estrecha con la vida, la dignidad, la salud, es decir, con derechos que son condición de otros.

Esto lo saben los constitucionalistas y lo hace todo tribunal o corte constitucional (2), y se hace a través de la ponderación constitucional en aplicación del test de proporcionalidad, el cual permite evaluar cuando una restricción de derechos es idónea, necesaria y proporcional. El Tribunal Constitucional en doctrina jurisprudencial vinculante (3) ha señalado que el presupuesto para la aplicación del principio de proporcionalidad es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y/o una decisión que afecta alguno de los dos.

3.- La Constitución no sólo exige la observación de procedimientos si no que el contenido de las decisiones se ajuste a sus preceptos

Existe una estrecha relación entre el Constitucionalismo y la democracia. En efecto, el Estado Constitucional de Derecho permite enriquecer el concepto de democracia, pasando de una noción formal y adjetiva a una noción sustancial. La Constitución garantiza las dos dimensiones de la democracia. No sólo exige el respeto de normas de procedimiento, referidas a quién y cómo toma las decisiones, se entiende, democráticamente. También asegura una dimensión sustancial de la democracia, cuya observancia define la validez de lo anterior. En este caso, garantizan esta dimensión las normas sustanciales referidas a qué cosa se debe o no se debe decidir, identificándose con los derechos constitucionales que el Estado no debe violar.

En otras palabras, Constitución no solo exige “cómo” se toman decisiones sino “qué” decisiones se toman. La democracia ya no serán elecciones periódicas y el respeto a determinados procedimientos, sino que democracia también significará respeto a un conjunto de derechos, principios y valores constitucionales.

4.- La insoslayable obligación del Gobierno de dar las razones de su decisión

El Gobierno puede decidir impulsar Conga o rechazarla, poner condiciones o no, puede, en general, optar por autorizar proyectos extractivos que causen un menor impacto ecológico, el que produzca un trastorno menor de la vida social, el más corto, el que más rentabilice la inversión por su mayor capacidad de absorber un tráfico más abundante, el que redima del aislamiento a mayor número de núcleos de población, etc. Optar por uno o por otro camino es su derecho, pero, razonar el por qué de su elección es su deber, su inexcusable deber. El mero «porque sí» está constitucionalmente excluido, como lo está la nada infrecuente apelación al carácter discrecional de la elección y, con mayor motivo todavía, el simple silencio al respecto”(4).

Señala con razón Tomás Ramón Fernández que “Por muy grande que sea la libertad de decisión que reclame la naturaleza especifica de un poder determinado, por mucha que sea la discrecionalidad que tenga reconocida su titularidad […] ese poder no tiene que ser, ni puede ser arbitrario, no puede afirmarse sobre el solo asiento de la voluntad o el capricho de quien lo detenta, porque inexcusablemente con el apoyo de la razón para poder ser aceptado como poder legítimo”.

El TC es muy claro en reconocer que el requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. Según este, “la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada caso. Una decisión arbitraria, contraria a la razón (entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una solución está determinada por las normas y principios que lo integran, y no sólo por principios de pura razón), es esencialmente antijurídica”. (Exp. Nº 0090-2004-AA/TC, f.j. 12).

5.- Las preguntas que el Gobierno debe responder

a) ¿Cuál es el valor de los ecosistemas y la biodiversidad para el país en términos de fuentes de agua, aire, descontaminación, de servicios ambientales, etc.?;

b) ¿Si bien toda actividad extractiva genera impacto en el medio ambiente, no todos los impactos son tolerables y mitigables?;

c) ¿Las lagunas y los ecosistemas son un lujo o un bien natural que busca el equilibrio ante la afectación que se efectúa del medio ambiente en otras zonas del país o del hemisferio? En otras palabras, ¿Se debe proteger el medio ambiente porque se trata de algo bonito o necesario?;

d) ¿Cuánto cuesta descontaminar un río por el tipo de explotación que se usa en la extracción de minerales?;

e) ¿A largo plazo, qué es más conveniente para el interés nacional, la existencia de bienes por regalías, canon, impuestos y demás contribuciones derivados de la explotación de los recursos naturales, o la existencia y protección de dichos recursos naturales para las generaciones presentes y futuras?;

f) ¿En qué medida se afecta el contenido constitucional protegido del derecho a gozar un medio ambiente equilibrado y adecuado con la desaparición de cuatro lagunas y la alteración sustantiva e irreversible de ecosistemas frágiles como son los humedales?;

g) ¿La necesidad de recursos para solventar las políticas sociales por el actual gobierno, la seguridad jurídica y la altísima indemnización son criterios “jurídicos constitucionales” suficientes para definir la prevalencia del proyecto Conga sobre el medio ambiente?;

6.- La Conclusión: La última palabra no la tiene el Gobierno sino la Constitución

Esto es lo que el Gobierno no termina de entender. En casos de conflictos graves, y siempre y cuando se afectan derechos constitucionales, la última palabra no la tiene el poder político sino el juez constitucional. Hay decisiones que no están en el ámbito de discrecionalidad del poder político pues han sido adoptadas por el poder constituyente. Ese ámbito está referido a los límites que la Constitución establece, fundamentalmente a los derechos constitucionales. La última palabra entonces la tiene la Constitución.

Notas:

(1) El Gobierno ha sostenido que Conga básicamente por tres motivos: a) Necesitamos recursos fiscales para solventar las políticas sociales del Gobierno: “el proyecto Conga le va a permitir al Estado la gran transformación”. http://www.larepublica.pe/16-11-2011/ollanta-humala-sobre-conga-queremos-el-agua-y-el-oro; b) La indemnización a Yanacocha sería altísima si es que no realiza Conga. http://www.larepublica.pe/23-01-2012/si-yanacoha-nos-denuncia-la-indemnizacion-seria-enorme; c) Hay un tema de seguridad jurídica (nos dejaron un embarazo de seis meses). “es un hecho jurídico que no se puede desconocer”.http://www.larepublica.pe/31-12-2011/humala-hablo-sobre-conga-y-reconocio-gestion-de-lerner-para-el-gravamen-minero; y finalmente tenemos la propuesta de Salomón Lerner, para quien hay Un fondo social y otro ambiental: http://peru21.pe/2011/12/02/actualidad/lerner-yanacocha-tendra-que-aceptar-fondo-social-y-otro-ambiental-2001519.

(2) Como dice el TC en la sentencia 03343-2007-AA en su parte resolutiva, “queda prohibida la realización de la última fase de la etapa de exploración y la etapa de explotación dentro del Área de Conservación Regional denominada Cordillera Escalera hasta que no se cuente con el Plan Maestro, pudiendo reiniciar tal actividad una vez que éste haya sido elaborado y se establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración y explotación y los objetivos…”. (subrayado nuestro).

(3) STC No 01209-2006-PA/TC, f.j. 55.

(4) Hacemos nuestras las palabras de Tomás Ramón Fernández recogidas por la sentencia del TC en 0090-2004-AA/TC, f.j. 12.

*Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha. Se tituló en Derecho con la Tesis: “Control Parlamentario de los Decretos de Urgencia en el Perú”.
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Fuente: Publicado en el portal informativo de Justicia Viva:http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840


Por Rocío Silva Santisteban

1) No se quiso dialogar: como recuerda Salomón Lerner en una entrevista reciente en este diario cuando Óscar Valdés optó por imponer el estado de emergencia en Cajamarca se cortó con el proceso de diálogo, si se hubiera permitido que las dirigencias consultaran con sus bases, se habría abierto un proceso difícil pero posible hacia un diálogo legítimo.

2) La movilización está dirigida, promovida y manejada por Saavedra, Santos y Arana: la realidad es que la movilización está dirigida por dirigentes ronderos de Sorochuco, Huasmín, La Encañada, Llaucán, Hualgayoc, Chugur, El Tambo, Llanguat entre otros, por rondas urbanas, asociaciones de mercados, frentes de defensa ambiental, federaciones de estudiantes de universidades públicas y privadas, gremios locales de la CGTP, CUT, así como profesores del Sutep de las 13 provincias de Cajamarca, que en casi todo momento les están poniendo la agenda a los primeros mencionados.

3) Las movilizaciones están financiadas por el narcotráfico y las ONG internacionales: totalmente falso, las movilizaciones están básicamente autofinanciadas por los cientos de comités de rondas campesinas, ganaderos, pequeños comerciantes y algunas instituciones incluyendo a las franciscanas y los franciscanos como Isaac Chaguano Murrieta, prior de la Iglesia.

4) En Cajamarca la población está dividida en 50% Congavá/ Conganová: las áreas rurales de las 13 provincias de Cajamarca están en su mayoría opuestos al proyecto según encuesta del Grupo Norte citada por el diario Gestión. En la ciudad una mayoría es indiferente, un grupo muy activo está en contra del proyecto y otro grupo lo respalda y cuenta con el poder mediático no solo de Cajamarca sino de Lima (Willax, Althaus, Peru21, las increíbles editoriales de El Comercio y las fuerzas de choque de Correo).

5) Los muertos en Celendín fueron causados por piedras: todos los datos médicos, fotografías y videos que circulan en redes prueban que los muertos fueron baleados por armamento israelí Galil que utilizan las Fuerzas Armadas.

6) Los dos policías heridos en Celendín fueron por balas de armamento usado por la población: hoy jueves personalmente estuve en el Hospital Regional de Cajamarca y, según información recogida de los médicos ahí, los policías tienen heridas superficiales de roces por quemadura que pueden haber sido de cohetes, fuegos artificiales u otros artefactos pirotécnicos.

7) Marco Arana estaba azuzando a la población y se resistió a la autoridad cuando fue capturado por una orden del fiscal: los videos que circulan en las redes contradicen el canallesco editorial de El Comercio, que sostiene esta mentira absoluta: no hubo orden de captura, Arana estaba sentado en un banco en la plaza e imposible poder resistirse a los golpes en los riñones de 25 a 30 policías.

8 ) La población es pacífica: la población, ya sea con cohetes, fuegos artificiales o gasolina, ha quemado totalmente la oficina de serenazgo de la Municipalidad de Celendín, motivo por el cual empezaron los hechos que ocasionaron 4 muertos, múltiples heridos y 19 detenidos. Las movilizaciones pacíficas que duraron un mes completo en la ciudad de Cajamarca fueron posibles debido al liderazgo del Comando Unitario de Lucha y al respaldo decidido de los ronderos. El desborde se produce con el cierre institucional de todos los canales locales junto con una movilización de construcción civil y la ira de la población frente a las declaraciones del alcalde.


* Roció Silva Santisteban es presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

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Fuente: Publicado en la revista Domingo de La República


Servindi, 10 de julio, 2012.- Tras concluir la primera reunión que sostuvieron este lunes autoridades de Cajamarca con enviados de la Iglesia para dar solución al conflicto por el proyecto Conga, dirigentes de Celendín y Bambamarca reafirmaron su rechazo al proyecto minero que pese a los enfrentamientos suscitados se ha empezado a ejecutar.

En conferencia de prensa Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín y Eddy Benavides, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Bambamarca, afirmaron que han demostrado en presencia de los representantes de la Iglesia que técnica, legal y socialmente el proyecto Conga es inviable.

Ambos dirigentes formaron parte de las conversaciones que sostuvieron monseñor Miguel Cabrejos y el sacerdote Gastón Garatea con el presidente regional Gregorio Santos y otras autoridades de la zona de influencia del proyecto minero en la iglesia evangélica presbiteriana de Cajamarca.

Sánchez Cubas sostuvo respecto a los daños que provocará en su región la puesta en marcha del proyecto Conga que “el desarrollo del país no depende de la desdicha de los cajamarquinos”. Agregó en este sentido que es posible demostrar democráticamente a través de un referéndum que el proyecto es rechazado por la población.

Nadie nos manipula

El dirigente de Celendín rechazó las versiones difundidas en Lima que sostiene que los cajamarquinos están manipulados. Indicó de este modo que ”los cajamarquinos de las provincias, de las comunidades, de los centros poblados sabemos pensar y nadie nos manipula”.

Pidió por tanto a los analistas y políticos que están en Lima primero conocer el tema a profundidad para después opinar. Reconoció de otro lado que la reunión ha servido para llevar una serie de peticiones al gobierno y también a la prensa para resolver este conflicto sin violencia.

Proyecto minero ha habría sido consultado

Eddy Benavides, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, afirmó a su turno que en la reunión sostenida con los enviados de la Iglesia han “tumbado la teoría de que el proyecto minero ha sido consultado”.

Explicó de esta manera que alcaldes de centros poblados, dirigentes de base, rondas campesinas y frentes de defensa de los caseríos de la zona de influencia del proyecto Conga han afirmado ante los representantes de la Iglesia que nunca han sido consultados.

Los dirigentes que estuvieron acompañados por Gregorio Santos y los miembros de la Iglesia, pidieron al presidente Ollanta Humala el levantamiento del estado de emergencia. Asimismo cuestionaron que Newmont, a cargo del proyecto Conga, haya empezado sus operaciones. Calificaron este hecho de provocación.

“El pueblo no le ha dado la licencia social y no le ha dado el consentimiento, por lo tanto no deben estar operando y no deben invadir las tierras de nuestros hermanos campesinos a través de sus carreteras y poniendo tranqueras para no circular libremente”, aseveró Benavides.

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Jorge Aliaga, alcalde de José Galvez de Celendín; José Marín Agusti, alacalde de Huasmín; Jorge Vásquez Bazán, alcalde de La Encañada; Hernán Vásquez Saavedra, alcalde de Hualgayoc, Bambamarca y Jesús Julca, alcalde de Baños del Inca.

Construcción de reservorio no se detiene

Tal como lo comprobó un medio de comunicación hace algunos días la construcción del primer reservorio de agua anunciados como parte del cumplimiento a las condiciones impuestas por el gobierno para la ejecución del proyecto Conga sigue en curso.

La construcción del reservorio de Chailhuagón se lleva a cabo pese a que el proceso de diálogo sobre la ejecución del proyecto apenas empieza.

Al respecto Roque Benavides, presidente de Buenaventura, empresa socia de la transnacional Newmont en el proyecto minero Conga, manifestó en su momento que la construcción de los reservorios no se detendrá hasta que el Gobierno lo ordene.

El encuentro celebrado en Cajamarca fue calificado de positivo por los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, así como por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, para facilitar el diálogo sobre el proyecto minero. Se espera la visita de los sacerdotes a las lagunas de Conga la próxima semana.

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