Archivos para 8 junio, 2012



LIMA – Luis Enrique Raygada Souza Ferreira es un embajador político nombrado por el régimen de Ollanta Humala y según la cuenta Facebook de la embajada del Perú en Venezuela, realiza mucho activismo político.

Recientemente recibió a un grupo de radicales que marcharon contra el proyecto minero Conga. “Presidente Humala, el proyecto Conga No Va”, se leía en una enorme banderola frente a la sede diplomática del Perú en Venezuela.

El embajador Eduardo Ponce advirtió que Raygada Souza-Ferreira  “es un político” que antes “fue secretario de organización del Partido Nacionalista de Venezuela”.

Fuente: Diario Correo

Comentario: Al parecer que el higado del director de periodico y el editor, esta por explotar esuchar constantemente la palabra RADICAL, es comun escuchar en diarios donde estan a favor del proyecto Conga, pero la pregunta de los manifestantes es, acaso ellos no toman agua, o como dice David Roca Basadre en un articulo en “Hildebrandt en sus Trece” en  Dicimebre de 2011, “la gente cree que el agua sale del caño por arte de magia”, realemente la gente de Lima deberia ponerce a reflexionar el tema del agua y su problema que les amenza que se llama TAMBORAQUE (paso ambiental de origen minero).

Foto: https://www.facebook.com/pages/Embajada-del-Per%C3%BA-en-Caracas/343049565711870
Fecha: 04 de Junio de 2012


Por: JACQUELINE FOWKS 
Perú se polariza y divide una vez más. El presidente peruano, Ollanta Humala, se quedó entre el lunes y el jueves sin cuatro congresistas de su partido, Gana Perú, una señal de su desconexión con los sectores del país a los que -durante la campaña electoral del 2011- prometió defender: los históricamente postergados en regiones andinas y amazónicas que votaron mayoritariamente por él.

Desertó primero la parlamentarios Veronika Mendoza, de Cuzco (sierra sur), indignada con el manejo de la Administración de Humala del conflicto social en la provincia de Espinar, cuyo alcalde fue detenido sin orden judicial la semana pasada tras encabezar desde el 21 de mayo las protestas contra la minera Xstrata-Tintaya, un conflicto social de antigua data.

Alguien tiene que explicarles [el viraje] a los que votaron por el presidente, no responderles desde Twitter”
Javier Velásquez, parlamentario

“El premier [Óscar] Valdés carga con la responsabilidad política de muertos, heridos y de detenciones humillantes y arbitrarias de autoridades locales como el alcalde [Óscar] Mollohuanca y de miembros de instituciones de defensa de los derechos humanos”, afirmó Mendoza en referencia al primer ministro peruano y al regidor arrestado.

Los congresistas Javier Diez Canseco y Rosa Mavila, militantes de partidos de izquierda desde los años 80, se apartaron también del Partido Nacionalista Peruano-Gana Perú. Discrepan con el cambio de rumbo del Gobierno desde diciembre pasado, cuando tomó decisiones a favor de grupos económicos y sectores políticos conservadores. A mediodía del jueves, el congresista por Cusco Rubén Coa, de la provincia de Espinar, también se apartó, reclamando la falta de políticas de Estado de responsabilidad ambiental y su decepción por los “métodos represivos de la protesta social”.

Por otro lado, Cajamarca (sierra norte) ha entrado en su noveno día de paro indefinido contra el proyecto minero Conga, en medio de enfrentamientos de pobladores y universitarios con la policía.

“Alguien tiene que explicarles [el viraje] a los que votaron por el presidente, no responderles desde Twitter”, sugirió el parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén en televisión la noche del miércoles, aludiendo a la decisión de favorecer las actividades de minería e hidrocarburos en vez de defender el agua y la tierra, como ofreció el nacionalista Humala en campaña.

Por su parte, el vicario de la prelatura de Sicuani (provincia de Canchis, Cuzco), el sacerdote y antropólogo Eduardo Adelmann, dijo percibir durante estos recientes conflictos sociales “prejuicios ancestrales de la capital contra estas provincias”.

Durante una conferencia de prensa en Lima, el vicario Adelmann aseguró que debe haber un reconocimiento de corresponsabilidad en los conflictos sociales por parte del Gobierno, las mineras y la sociedad civil: sin embargo, enfatizó que una autoridad electa como el alcalde Mollohuanca, “es el líder reconocido en la provincia, es considerado honesto, que no roba”, y mientras está detenido no hay con quién retomar el diálogo.

En la última semana, el presidente del país andino y miembros de su gabinete han acusado a quienes encabezan las protestas de antimineros y extremistas, motivados por objetivos políticos y no por preocupaciones medioambientales. A esa opinión se han sumado el presidente del Poder Judicial, César San Martín, y el fiscal de la Nación, José Peláez.

El martes, el primer ministro Valdés calificó en Twitter a estos sectores como “podridos e incendiarios”. Ese mismo día, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, durante un mitin invitó a la población a “sacar” al presidente porque traicionó sus promesas. En respuesta, la presidencia del Congreso exigió un proceso judicial contra Santos por “apología a la rebelión”.

El historiador Nelson Manrique explicó a este diario que “el Gobierno va mostrándose crecientemente autoritario, recurriendo a medidas anticonstitucionales para descabezar los movimientos sociales que defienden lo mismo que él [Humala] prometió como candidato: defensa del agua y del medio ambiente”.

Los ganadores

El bloque oficialista se ha quedado con 42 congresistas, de un total de 130, y el segundo grupo es el fujimorismo. La politóloga peruana Paula Muñoz sostiene que estas deserciones “pueden hacer que la geografía política vuelva a pesar. Tal vez la popularidad de Humala se vea mellada en la sierra sur y norte [sus votantes de primera vuelta], pero probablemente se refuerce en los sectores mas ‘integrados’ al mercado”, añadió Muñoz.

“Mendoza, el congresista cuzqueño Rubén Coa y Jorge Rimarachín [congresista por Cajamarca], están desempeñando una buena labor de representación política de sus bases que votaron por algo que el gobierno no está cumpliendo”, precisó la experta.

Según la politóloga, la parlamentaria Mendoza “es el cuadro más orgánico del nacionalismo en Cuzco, una de las que apoyó la poca organización del partido en estos años”. Además, era muy próxima a la pareja presidencial desde que coincidieron en París, cuando Humala trabajó como agregado militar.

Diversas fuentes coinciden en que el presidente descuidó su vínculo con sus representantes en el Legislativo. “Las tensiones desde el año pasado son evidentes: nunca fue una bancada muy disciplinada y orgánica. También se manifiesta la mala o ausente relación del Ejecutivo con su bancada. Del estilo presidencial queda más claro su falta de liderazgo y ‘muñeca política’, su falta de interés en dialogar y negociar, su pragmatismo y mentalidad militar”, considera la analista.

Para el catedrático de Harvard Steve Levistky, “no hay ganadores en este divorcio, excepto la derecha. Humala casi no prestó atención a su bancada y está empezando a pagar un precio por eso”.

“La oposición de derecha emerge como la ganadora: puede ahora tener más confianza en que Humala no volverá a la izquierda. Más aun, con el derrumbe de Humala de la coalición original [la alianza con Perú Posible del expresidente Toledo], podría ahora ser necesario para Humala buscar aliados en cualquier lugar del Legislativo, esto significa de la derecha, incluso del fujimorismo”, explica el politólogo estadounidense a este diario.

“En 2011, Gana Perú y Perú Posible y otros aliados representaron una potencial mayoría de centro izquierda. Si ello se quiebra, como parece estar ocurriendo, a medida que se den más renuncias veremos una coalición Gana Perú con el fujimorismo”, sugirió.

“Mientras Humala se mueve a la derecha y se enfrenta a conflictos con comunidades, de donde legisladores específicos fueron elegidos, uno verá más renuncias”, aseguró.

Sin embargo, el congresista Javier Bedoya de Vivanco, del Partido Popular Cristiano, considera que el beneficiado es el Gobierno “que se ha liberado de esta carga, que le espetaba el programa de gobierno con el que postularon”.

“Ello obligará al Gobierno a buscar cercanía con otras colectividades y un entendimiento más perenne con Toledo. La bancada oficialista ha sido un barco a la deriva: no tienen interlocutores y no había cercanía entre la bancada y el Ejecutivo”, acotó.

Se ha cumplido un año de la elección de Humala respaldado por sectores progresistas y liberales como Mario Vargas Llosa, porque ofreció un manejo responsable de la economía e “inclusión social” de los postergados por el Estado. Algunos analistas lo ven ya en un camino autoritario; otros, más cercanos a las empresas, opinan que actúa bien al reprimir a quienes protestan porque se requiere orden.


Imagen: Carlincatura de Carlos Tovar, diario La República
Servindi, 7 de junio, 2012.- El 5 de junio de 2009 una protesta indígena que reclamaba la derogación de decretos de urgencia que los afectaban y que no fueron consultados, fue sofocada con violencia y negligencia por el gobierno de Alan García. El saldo del desalojo en Bagua fue de 33 personas muertas y una desaparecida, entre civiles y policías. ¿Qué lecciones y mecanismos de diálogo han aprendido nuestras autoridades desde aquella fatídica fecha?
Luego del “Baguazo”, el reclamo popular era el de la aprobación de la Ley de Consulta Previa para los pueblos indígenas con el fin de prevenir posibles conflictos y para que los nativos del país pudieran participar de las decisiones que los afectasen directamente.
El gobierno de Alan García se mantuvo ciego a los pedidos de las comunidades y, fiel a su política del “perro del hortelano”, terminaba su periodo en julio de 2011. Humala ganó las elecciones con el apoyo mayoritario del sector rural e indígena y una de sus primeras decisiones más aplaudidas fue la aprobación de la Ley de Consulta Previa. En acto simbólico realizado en la provincia de Bagua, Humala firmó la ley en setiembre de 2011.
Si bien la Ley de Consulta Previa presentaba deficiencias y no era del total apoyo del sector indígena, hubo consenso en que se trataba de una norma importante y positiva, cuyas limitaciones podrían corregirse y superarse con las precisiones de su reglamento.
Sin embargo, la reglamentación de la Ley de Consulta tuvo serias deficiencias y el texto final fue manipulado por el Ejecutivo que introdujo cambios sin ninguna aprobación ni consulta de las organizaciones indígenas.
De esta manera, se vulneró tanto la ley cuanto el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la luz de las cuales debía elaborarse el reglamento, incluido además la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así lo ha sustentado el informe técnico elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (1).
Ampliando los alcances del reglamento, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra,  informó en mayo último que cada sector estatal decidirá el momento en que deba consultar a los pueblos indígenas, pudiendo ser antes o después de la firma de contratos para el otorgamiento de concesiones mineras, hidrocarburíferas o forestales.
Ausencia de diálogo en Conga
El desarrollo del conflicto por el proyecto minero Conga no hizo sino confirmar que el actual gobierno de Ollanta Humala no ha aprendido nada en cuanto a mecanismos de diálogo en caso de conflictos sociales.
Pese a que el entonces candidato Ollanta ofreció ayudar a los campesinos de las provincias de Cajamarca frente al proyecto aurífero Conga, una vez asumido el cargo de presidente mostró su apoyo incondicional al proyecto de la firma estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura.
El descontento de la población Cajamarquina fue rotundo y en noviembre de 2011 se convocó a un paro regional que trató de sofocarse con la declaratoria del estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca, en diciembre de 2011.
Distintas instituciones de derechos humanos, así como líderes de opinión criticaron la medida exagerada del Gobierno y denunciaron la creciente militarización del régimen de Humala que ya lleva catorce civiles muertos por represión de protestas sociales en diez meses de mandato.
Hacia el militarismo
Con la salida del primer ministro Salomón Lerner, el gabinete de ministros dio un giro hacia la derecha, hacia la “mano dura”, e incluso la cabeza del gabinete de ministros, Óscar Valdés, manifestó abiertamente su admiración por el “pragmatismo” del régimen fujimontesinista.
El Gobierno quiso solucionar el problema con la contratación de un peritaje internacional que ayudara a “despejar las dudas” en torno al proyecto. Cabe destacar que las principales autoridades políticas y sociales de Cajamarca repudiaron la firma del acta en donde se fijaron las condiciones del peritaje, acta en la cual no participaron (2).
Conflicto en Espinar
Por otro lado, el conflicto en la provincia cusqueña de Espinar, donde los pobladores se oponen a que la minera de cobre Xstrata Tintaya siga contaminando sus ríos y perjudicando sus formas de vida, es el más reciente ejemplo de ausencia de diálogo en la resolución de conflictos.
La población de Espinar reclamaba dialogar con una comisión de alto nivel del Gobierno con el fin de dar solución a sus reclamos y negociar un nuevo convenio marco con la minera, pero al no lograr el diálogo convocaron a un paro regional en mayo de este año.
La repuesta del Gobierno fue la misma: el Presidente decretó la provincia de Espinar en estado de emergencia y decidió encarcelar a su alcalde, Óscar Mollohuanca, una autoridad edil legítimamente electa.
Igual suerte corrieron dos miembros de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, institución católica de larga y reconocida trayectoria por su trabajo a favor de la paz y la defensa de los derechos humanos.
Autoritarismo se va quedando sin respaldo
Recientemente, cuatro congresistas de la bancada oficialista Gana Perú renunciaron a dicha agrupación como muestra de su disconformidad con la manera como el Gobierno enfrenta los conflictos sociales.
La congresista cusqueña Verónika Mendoza, que renunció al Partido Nacionalista con una carta abierta a la militancia (3), ha sugerido que el viraje del Gobierno hacia la represión de la protesta social responde a que el Presidente obedece incondicionalmente al servicio de inteligencia nacional, tal cual el estilo fujimontesinista de la década del noventa (4).
El congresista Javier Diez Canseco –otro renunciante a la bancada oficialista- ha denunciado como una acción psicosocial que el Gobierno acuse a la Vicaría de Sicuani de poseer cartuchos de balas en una de las camionetas en que transportaba a un fiscal. Este fue el pretexto para detener a dos de los miembros de la Vicaría.
La organización nacional indígena amazónica Aidesep, representativa de los pueblos indígenas de la selva peruana, también ha denunciado las “campañas psicosociales para ocultar las justas demandas de derechos ambientales y sociales de los pueblos con el cuco de “radicalismos” “antisistema” (5).
Como lo advierte un artículo de Roger Merino (6) se siguen atribuyendo las protestas sociales a personas manipuladas que van en contra del “desarrollo” y que no se justifican por que los gobiernos locales tienen dinero.
Luego, cuando el conflicto está abierto se instalan “mesas de diálogo” y, como corolario, se termina por imponer con medidas de fuerza “el Estado de derecho” para hacer respetar la autoridad.
Al aplicar la misma política de los gobiernos anteriores el gobierno de Ollanta Humala, defrauda a quienes vieron en su gobierno la esperanza de una Gran Transformación.
Esto lleva a analistas respetables como Óscar Ugarteche a sostener que “lo que hay en el Perú, a un año de electo el nuevo gobierno, es un régimen mafioso y matonesco no muy distinto al de Fujimori” y “que pueda que no acabe su periodo” (7).
Notas:
(2) Ver nota informativa: “Dirigentes rechazan acuerdos sobre peritaje internacional a Conga” en: http://servindi.org/actualidad/56477
(4) Ver nota informativa: “Verónika Mendoza: Humala mira al país con los lentes del servicio de inteligencia” en: http://www.ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=4732&tip=red
(5) Ver nota de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana en: http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/1574.pdf
(6) Ver: “En defensa de lo comunal: cinco errores en el análisis de los conflictos socio-ambientales” en: http://servindi.org/actualidad/65708
(7) Ver Oscar Ugarteche: “Adios, Humala”, en http://servindi.org/actualidad/65700

Servindi, 6 de junio, 2012.- Un video del grupo Siembra ayuda a comprender la importancia de los ríos amazónicos como ecosistemas complejos, con diferentes elementos vivos y no vivos entrelazados en ciclo y ritmos de reproducción y descomposición. Un río no es un canal de agua, sino un ecosistema. La producción corresponde al Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y a la organización Amo Amazonía.