Archivos para 22 febrero, 2012


En los últimos días se han publicado en www.infos.pe que dicen pertenecer al Instituto Prensa y Sociedad, artículos que difaman a dirigentes de la PIC. En estos artículos, en referencia a periodistas de Celendín, mencionan cosas como:

Autor de los Artículos Luis Alarcón

  • Los han amenazado, arrojado piedras a sus casas.
  • Nadie ha denunciado los abusos ante una instancia competente como la Policía o la Defensoría del Pueblo. Poco  a poco han sido acallados por los dirigentes de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) o por lugareños azuzados por éstos. En Celendín, ser un periodista independiente se paga caro.
  • La situación es simple: ningún periodista puede decir en público que el proyecto minero tiene puntos positivos. Tampoco, entrevistar a representantes de Yanacocha.

 Edinson Díaz Traverso

  • Era imposible avalar la intransigencia de la PIC.
  • El 29 de noviembre apagamos la radioDecidimos no ser cómplices del discurso mentiroso que manejaba la PIC a través de sus dirigentes: como eso de que Conga iba a acabar el agua de toda la zona.
  • Nunca cambiamos nuestra posición neutral.
Nixon Villanueva 
  • Las formas de presionar a la prensa no son todas físicas.
Jesús Chávez Pereyra
  • El 29 de noviembre, cuando la PIC y sus seguidores quemaron las oficinas de Conga y Galeno (otro proyecto minero), le advirtieron a Jesús que mejor no salga de su casa. Que la turba quiere periodistas. Que son unos vendidos. Y que él es el primero en la mira.
Elí Guerrero Vílchez 
  • Reconoce que presión sí ha habido pero no acusa a nadie en particular. Prefiere ni mencionar a la PIC.

Cuando la prensa no investiga y no profundiza en la información, como dice hacerlo www.infos.pe, se comete violación a los principios del periodismo como: respeto a la verdad, estar siempre abierto a la investigación de los hechos, perseguir la objetividad, contrastar los datos, DIFERENCIAR CON CLARIDAD ENTRE INFORMACIÓN Y OPINIÓN, contrastar las versiones de un hecho no solo con los presuntos denunciantes, también con otro actor clave que es la población; pero sin embargo, creemos que este medio puede rectificarse por todas la informaciones erróneas que han vertido que los consideramos como difamación. La población celendina será quien mejor juzgue estos artículos. Así mismo nos reservamos el derecho de iniciar acciones legales frente a estas calumnias vertidas.

Veamos los artículos difundidos por INFOS:

Cajamarca: la región más insegura para ser periodista

(Vea aquí la primera parte de nuestro informe). En Celendín, que alberga al proyecto Minas Conga, la peor parte se la llevan los periodistas locales quienes tienen literalmente prohibido emitir informaciones que no provengan de los opositores a la minería. 

Manifestantes contra la minera frente a las instalaciones de radio El Edén.

texto y fotografías  Luis Alarcón

La furia de los manifestantes contra Conga llegó también a las instalaciones de radio El Edén, sus periodistas y su propietario. Libre Expresión, su noticiero bandera, no cedió a las exigencias de los dirigentes de PIC (Plataforma Interinstitucional Celendina). A cambio, como ya es costumbre, les llovieron insultos y amedrentamiento.

—Un día llegan hasta la radio. Por supuesto, cerramos la puerta. Nos gritaron de todo —recuerda Edinson Díaz Traverso, gerente de la  emisora—.

Según nos narra, al principio la radio dio cobertura absoluta a los primeros llamados de la PIC. Con el paso del tiempo y conforme se desbordaba la protesta, Edinson y su equipo tuvieron que autoevaluarse. Era imposible avalar la intransigencia de la PIC.

Radio El Edén terminó entre la espada y la pared: entre las amenazas de los manifestantes y su conciencia.

—Así que el 29 de noviembre apagamos la radioDecidimos no ser cómplicesdel discurso mentiroso que manejaba la PIC a través de sus dirigentes: como eso de que Conga iba a acabar el agua de toda la zona.

La radio volvió al aire el 4 de diciembre. Entonces tuvo que soportar una arremetida que los señalaba como indeseables. Pero Éler Alcántara Rojas, el joven periodista estrella de la estación, se siente orgulloso de haber podido con el temporal pese a llamadas telefónicas que recibían y ponían al aire la mayor de veces para desafiarlos  e insultarlos.

Nunca cambiamos nuestra posición neutral. Mantuvimos la línea de la democracia. No nos dejamos finalmente manejar por los ronderos.

 

Edinson Díaz, gerente y periodista de radio El Edén. En los momentos más álgidos de la protesta, tuvo que cerrar la emisora. 

Y LA PUBLICIDAD TAMBIÉN

Las formas de presionar a la prensa no son todas físicasNixon Villanueva Torres, propietario y periodista de Radio Caliente, denuncia que, además de las imposiciones de la PIC y las amenazas de toma de las radios y televisoras, tambiénapuntaron al financiamiento del que viven:

—En el mitin del 24 de noviembre, el ingeniero Agustín Medina, de la PIC, agitó a los empresarios para que retire la publicidad de las radioemisoras y la televisión.

El Noticiario Caliente, espacio central de la radio, conducido por Villanueva y su  hermano, sintió las presiones. Siguieron al aire pero tocando el tema de la mina demanera superficial, sin comentarios en pro o contra. Al poco tiempo cerraron el espacio, por las vacaciones de fin de año. Ahora no volverán sino hasta marzo y esperan que puedan hacerlo en un mejor clima.

Vamos a esperar el peritaje internacional sobre el impacto de medio ambiente del proyecto. Con eso sabremos mejor qué postura tomar como periodista. Y no se trata de tener miedo, pero debemos estar cautos a ver cómo reaccionan los dirigentes y el pueblo.

Nixon Villanueva, dueño y periodista de Radio Caliente. Su radio sufrió presión de los anunciantes.

DESCONOZCO MAYORMENTE

INFOS buscó y llamó insistentemente a Milton Sánchez Cubas, secretario general de la PIC.

La PIC está conformada por representantes de rondas, barrios, comunidades campesinas y una fuerte base del SUTEP. Aunque aseguran ocuparse de varios temas, por estos días el motivo principal de sus protestas es la minería y, básicamente, el proyecto Conga.

Cuando Sánchez finalmente accede a contestarnos el teléfono, en estos días de calma chicha después de las protestas, su actitud ya no es la del dirigente radical de los días del paro. Pero lo que nos asegura sobre las agresiones a los periodistasde Celendín nos sorprende más.

Es la primera vez que me entero de eso.  En todo caso, y es bueno que lo reconozca, las agresiones no han venido de la PIC ni de sus dirigentes sino de la población.

En este tipo de manifestaciones hay dos bandos, explica Sánchez: uno es de la población que se alza y el otro, quienes defienden al proyecto minero. No hay más. Según él, son los pobladores quienes se exacerban, pierden el control y, en su protesta desbordada, atacan a quienes no piensan como ellos: los periodistas.

Pero la PIC no tiene nada que ver, jura.

—Nosotros también hemos sentido una serie de agresiones —asegura el dirigente de la PIC—. Infundios, calumnias y mentiras de parte de varios periodistas como Éler Alcántara y Salvador Sánchez. Más bien creo que deberían de capacitarlos para que hagan un mejor trabajo, para que no tengan que exponersea las agresiones.

Sánchez Cubas dice que ya habló con algunos periodistas, en un tono amable, para que las cosas no vuelvan a desbordarse, para que su rol sea neutral, y que las cosas sigan su camino. Y, contradiciendo a todos los periodistas entrevistados y a los videos de las protestas que hemos revisado, vuelve a insistir en que, durante las protestas contra Conga,  en Celendín el periodismo fue libre.

—Nosotros no podemos contenerlos. En los mítines la gente se sube al estrado y expone lo que cree libremente. Hay que entenderlos… Eso es también libertad de expresión.

El local del proyecto Minas Conga en Celendín. Abandonado, vandalizado y con las luna rotas.

PELIGROSA CAJAMARCA

Según los reportes del IPYS para 2011, de las 118 agresiones contra periodistascometidas el año pasado, 27 ocurrieron en Cajamarca. El triste récord puso a Cajamarca como la región más insegura para el trabajo de los periodistas, por encima, incluso, de Lima, donde se registraron 25 agresiones y que, hasta el tercer trimestre de 2011, lideraba el ranking.

Los acosos a los periodistas que, en sus informaciones sobre Conga, consideran consignar la postura de la minera no han cesado. Hace unas semanas, el 23 de enero de este año, Miguel Chumbe Ortiz, conductor de La Rotativa Regional de la filial Cajamarca de RPP fue agredido por unos manifestantes; y Tony Alvarado Aguilar, reportero de Turbo Mix TV, fue pateado por una persona desconocida. Los periodistas salían de una conferencia de prensa que convocaba Yanacocha.

Más periodistas recibieron insultos ese día, según supo INFOS. Pero le restaron importancia y no lo denunciaron. Ya están acostumbrados.

Conga: Periodistas en silencio

14 febrero, 2012

Conflictos Sociales

Sobre los 2,620 metros sobre el nivel del mar, Celendín vive desde mediados de diciembre una calma chicha. Las manifestacionescontra el proyecto minero Conga, que se asienta en sus predios, han cesado por el momento. Pero la población puede volver a levantarse en cualquier momento. En medio de la tensión, la peor parte se la llevan los periodistas locales quienes tienen literalmente prohibido emitir informaciones que no provengan de los opositores a la minería.

escribe Luis Alarcón

Centro poblado de Bellavista, a la entrada de la provincia de Celendín, donde se encuentra el proyecto Minas Conga. Aquí, el periodismo independiente es, sencillamente, imposible. Fotografía: Radio El Edén.

Los han amenazado, arrojado piedras a sus casas y hasta golpeado. Nadie ha denunciado los abusos ante una instancia competente como la Policía o la Defensoría del Pueblo. Poco  a poco han sido acallados por los dirigentes de laPlataforma Interinstitucional Celendina (PIC) o por lugareños azuzados por éstos. En Celendín, ser un periodista independiente se paga caro.

Hoy, de los trece noticieros radiofónicos y televisivos que operaban hasta diciembre del año pasado, sólo queda un par al aire.

En la lucha entre el agua y el oro, el periodismo de Celendín vive su propia encrucijada. La sufre desde que los conflictos entre comuneros y la minera Yanacocha estallaran oficialmente el 24 de  noviembre pasado, al inicio del paro contra el polémico proyecto Conga. Las operaciones de Minas Conga se proyectan por casi 9 mil millones de dólares y proponen usar el agua de las cabeceras de ríos de la zona para explotar hasta el 2032 el mineral más preciado del mundo.

La población celendina se opone a rajatabla al proyecto. Y quisieran que los periodistas también.

La situación es simple: ningún periodista puede decir en público que el proyecto minero tiene puntos positivos. Tampoco, entrevistar a representantes de Yanacocha. Y, por último, está prohibido adjetivar como violentas las manifestaciones, que en alguna ocasión incluyeron la quema de locales de dos empresas mineras, bloqueos de carreteras con apedreamiento de autos, o golpizas eventuales a quien se atreva a pensar distinto a los manifestantes o a no sumarse a su lucha.

Así, es preferible callar.

Jesús Chávez, periodista, fue acusado de trabajar para la minera y golpeado por una turba. Fotografía: Luis Alarcón.

Jesús Chávez Pereyra fue el primero en claudicar. Todo iba bien con Visión Informativa, de Imagen TV (canal 33), el noticiero que conducía hace dos años, de 7 a  8 de la noche. O eso pensaba. Pero un par de días después de iniciado el paro, la violencia desbordada de una turba que había partido de la Plaza de Armas de Celendín hacia Huañambra (salida a Cajamarca) se volvió contra él.

—Yo sólo grababa para el noticiero. Pero alguien gritó que lo hacía para la minera. Quise explicarles. Defenderme. Pero no me dejaron.

Aún estudiante de comunicaciones en la filial local de una universidad limeña, Chávez fue golpeado en el rostro y el torso por varios exaltados manifestantes. Forcejearon con él por su cámara. Se la dañaron. Le quitaron la cinta donde había grabado algunos excesos. Y le advirtieron que ay de él si seguía en lo mismo.

El periodista asegura que los atropellos ocurrieron a vista y paciencia de los dirigentes de la PIC. Ni se inmutaron.

—Lo que más me duele es que uno de ellos me conocía. Sabe quién soy. Sabe que no trabajo para Yanacocha. No sé qué pasó.

Sin imágenes que propalar y con los golpes aún frescos, a partir del 26 de noviembre Chávez canceló el programa. Cambió de rubro y lanzó Zona DJ, un espacio musical de video clips. No más noticias por el momento. Por ahora, los seguidores del noticiario deben conformarse con las caderas de Shakira y los disfuerzos de Justin Bieber.

Sin embargo, el acoso continuó. El 29 de noviembre, cuando la PIC y sus seguidoresquemaron las oficinas de Conga y Galeno (otro proyecto minero), le advirtieron a Jesús que mejor no salga de su casa. Que la turba quiere periodistas. Que son unos vendidos. Y que él es el primero en la mira.

—Pero con mi operador salimos. Corrimos a las oficinas del canal a sacar los equipos para evitar que los dañen.

Los periodistas de Celendín, en general, se preguntan en qué momento la PIC y la población de la provincia apuntó hacia el objetivo equivocado. Primero fue la minera misma, luego los enviados especiales de Lima que estuvieron algunos días cubriendo los hechos, pero de un momento a otro se ensañaron con los periodistas locales, incluso cuando algunos son recordados por sus compañeros mismos como simpatizantes de la protesta.

Por ejemplo, Jabán Vásquez Huancacuri. En Antena 1, el informativo Prensa Veraz apoyaba los reclamos con la voz alzada. Pero igual recibió amenazas y ataques. En total, según nos cuenta, seis llamadas anónimas a sus teléfonos y una visita inopinada de una turba que le exige cobertura total de los hechos.

—Vienen de una forma cobarde a amenazarme a mí y a mi familia. Denunciar hubiera sido echar más leña al fuego. Mejor era esperar a que calme la tormenta.

NADIE DENUNCIA

Agustín Moreno es el Defensor del Pueblo en Cajamarca. Cuando recibe nuestra primera llamada para saber qué había hecho su dependencia, se sorprende.

—Nosotros no hemos tenido conocimiento de agresiones a periodistas. Como no nos hemos enterado no hemos actuado de oficio. Vamos a tratar de indagar.

Dos semanas después, el Defensor del Pueblo no ha indagado el tema aún. Ahora, en nuestra segunda comunicación, precisa que para comenzar indagaciones alguien tiene que identificarse como afectado y eso es lo que precisamente no hay.

En efecto, ningún periodista ha denunciado ante el Ministerio Público ninguna agresión en su contra. Elías Herrera, asistente del sistema fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín no encuentra en su base de datos a algún denunciante que se identificara como periodista ni ninguno de los nombres que manejamos nosotros.

Los periodistas tampoco han ido a la policía a denunciar agresiones. El brigadierPablo Díaz nos confirma eso en la puerta de la delegación policial de Celendín. Asegura que tampoco ha visto u oído nada sospechoso contra algún hombre de prensa. Que ha conversado con alguno que otro periodista y nadie le ha dicho esta boca es mía. Pero que de todas maneras, si es que ha habido agresiones, éstas han sido no solo contra los periodistas. Vaya consuelo.

El oficial reconoce que se vivieron días de furia. Que a los 29 oficiales asignados a la provincia tuvieron que sumarse, primero, 50 cuando se venían venir las cosas y luego muchos más para tratar de controlar lo que luego se tornó incontrolable.

Llegamos a ser 500 efectivos. Nos enviaron refuerzos de Lima, Trujillo, Piura y Cajamarca. Ahora ya volvieron a sus sedes. Ahora todo está tranquilo.

Tranquilo. Sí. Nadie sabe por cuánto tiempo.

Dirigente de la Plataforma Interinstitucional Celendina. Encabezan los bloqueos de carretera y azuzan las amenazas a los periodistas. Fotografía: Jesús Chávez.

¿COINCIDENCIAS?

Elí Guerrero Vílchez accede a hablar. Pero no quiere fotos. “En estas circunstancias, es mejor no”, insiste. Hemos pactado una entrevista. Ha asistido. Es cauto, mide sus palabras. No sólo queremos que nos cuente que le pasó como conductor de Onda Informativa, noticiero oficial de Radio Éxito, sino que siente su posición como Presidente de la Federación de Periodistas de Celendín.

Guerrero intenta ser prudente. Reconoce que presión sí ha habido pero no acusa a nadie en particular. Prefiere ni mencionar a la PIC. Se abstiene de dar nombres. Pero no niega las agresiones. El 24 y 25 de noviembre, en plena efervescencia del paro, su casa fue blanco de piedras lanzadas para advertirle que se alineara.

—Seguí con el programa pero tuve que limitar… digamos, en un 40%, las informaciones que abordaran el tema de la minera.

A esa autocensura, le tocó vivir un capítulo personal, como sacado de tragedia griega. Su madre fue atropellada por un vehículo en plenas manifestaciones. Tuvo que ser evacuada a Trujillo para un tratamiento especial, donde falleció.

—Cuando con mi hermano decidimos salir a Trujillo para recoger los restos de mi madre, la turba se opuso, nos impidió la salida.

Pero Guerrero prefiere no ahondar en estos episodios. Cuando le pedimos que, como Presidente de la Federación de Periodistas, evalúe la situación que atraviesan él y sus colegas en Celendín, admite que las presiones van a seguir. Y que le preocupa la autocensura. Pero qué se va a hacer: hay hijos y esposa de por medio.

¿Por qué finalmente soportar tanto? ¿Por qué no denunciar? ¿Por qué no confiar en las autoridades?, le preguntamos.

Celendín no es Lima. Acá no hay Defensoría (del Pueblo). Acá, hacer una denuncia significa encontrarte después con el denunciado por la calle… es incómodo.

Insistimos. No denunciar los abusos a la prensa no solo significa proteger a los periodistas sino también a los ciudadanos en su derecho a estar informados. ¿No le parece que hoy, con la disminución de informativos, a la población celendina se le está privando de un derecho?

Es solo coincidencia. Es una época en que los periodistas transamos con los dueños de los medios los contratos y la formación de equipos. Además, está el carnaval que nos está dando una tregua en todos los sentidos. Ahora los periodistas preferimos dejar que pase (pues toma todo febrero) y ver cómo volvemos.

Guerrero Vílchez añade que la mayoría de informativos no cerró con las presiones de la PIC o los manifestantes. Sólo acomodaron su línea. Si después cerraron fue por una tradición de fin de año, que es cuando se detienenen los noticiarios, acá y en cualquier parte.

Algo ha de haber olvidado el Presidente de la Federación, según su colegaSalvador Sánchez Núñez, con quien conducía La Voz del Pueblo cada sábado al medio día. El espacio —suerte de magazine con análisis político y social, que iba en radio Antena 1 en cadena con Radio Caliente y con una versión filmada en diferido para Imagen TV— tuvo que cancelarse porque ambos conductores sintieron que las presiones no les dejaban otra salida, asegura Sánchez.

El periodista ya había recibido llamadas telefónicas y encaramientos amenazantes hasta que un día la tensión se rompió. El 29 de noviembre,  tras reportar sobre unos sucesos violentos a RPP, en su calidad de corresponsal de Celendín, unos 40 supuestos ronderos lo interceptaron cerca de su casa para darle de latigazos.

—Querían que me sume a las manifestaciones e incluso que suba al estrado de la plaza de armas para que haga mis descargos.

Como Salvador Sánchez no accedió a los pedidos de rectificación, en los días siguientes su nombre fue  vapuleado desde los altoparlantes con los que se potencia el tono de las consignas de “Prensa vendida” y “Periodistas enemigos del pueblo”.

—Se dedican a descalificarme, mellando mi honor y además los años que tengo como profesor. La turba tiene la intención de ajusticiarme. Yo no pude salir de casa durante ocho días.

 


 

En el marco del nombramiento de los tres peritos contratados por el Gobierno peruano para realizar el controversial y mafioso Peritaje de Conga, escribió el dirigente medioambiental cajamarquino Marco Arana Zegarra, en el último número del semanario Hildebrandt en sus trece publicado este viernes 17 de febrero, un muy buen y centrado -además de coherente históricamente- artículo titulado “Agua de colonia”. Para entender el sarcasmo del título hay que leerlo. Corto, pero conciso.

 

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Hacía 500 años y durante casi tres siglos, los problemas que aquejaban a estas comarcas se consultaban con el rey. El único soberano era él.

Cuando creíamos que, guerras de independencia de por medio, esa situación había cambiado nos venimos a enterar que será uno de los peritos (que es premio Rey Jaime I) el que conformará la controvertida comisión que ha convocado el ministro Valdés para que “aclare las dudas de la población” sobre el proyecto Conga y, claro, este pueda seguir con luz verde para destruir lagunas, humedales, entubar ríos y cambiar los cauces de las aguas; todo lo que, precisamente, una gran mayoría de cajamarquinos y, después de la Marcha Nacional por el Agua, miles de peruanos y peruanas no queremos que ocurra.

¿Quién es el perito del rey?

Al señor Rafael Fernández Rubio no le faltan credenciales. Él es doctor, ingeniero de minas, catedrático y profesor emérito y, por si fuera poco, premio Rey Jaime I a la Protección del Medio Ambiente. Sus credenciales podrían no ser cuestionables si no fuera porque el ilustre perito es conocido en nuestro medio por sus vínculos e intervenciones en un espacio de socios pro empresas mineras denominado “Grupo de Diálogo Minero”, el cual se ha distinguido por tener un discurso muy publicitado de responsabilidad social. En el Grupo de Diálogo Minero se debatió en 2003 e inicios de 2004 el conflicto del Quilish antes de que se diera, pero obviamente sin alcanzar ningún resultado; allí se hizo oídos sordos frente a las violaciones de Derechos Humanos (detenciones, torturas y asesinatos de la minera Río Blanco en Piura), del espionaje telefónico, el reglaje y de las amenazas contra defensores ambientales de Yanacocha, y solo hubo un tímido pronunciamiento contra Doe Run por no cumplir sus compromisos ambientales y contaminar a la población, algo que podría afectar la “buena imagen” de las demás empresas.

Fue en ese espacio de socios que surgió la figura de uno de los tres peritos que hoy Valdés presenta. Rafael Fernández Rubio es un científico que tiene su corazoncito real: los súbditos que se sublevan contra la sacrosanta inversión minera son “incivilizados”. Así se desprende del contenido de un email de este señor disponible on line, cuando, refiriéndose a la oposición de los agricultores de Islay contra el proyecto minero Tía María, escribió el 10 de noviembre del año pasado una comunicación a sus amigos del Grupo de Diálogo Minero: El más absoluto rechazo a esas muestras de incivilización en Islay. Posiblemente detrás de esas posturas radicales anda el fundamentalismo antiminero, alentado por ciertos grupos “pacifistas”.

Vamos, hombre, que yo no tengo nada en contra de ciudadanos españoles y distinguidos profesionales, con muchos y muchas de los cuales, además, me unen grandes lazos de amistad y solidaridad, pero, coño, esto de que nos presentan peritos de “altísimo nivel académico y gran reputación académica” que piensan de antemano que los ciudadanos peruanos que cuestionan la viabilidad de un proyecto minero son parte de la “incivilización” me trae el indignado recuerdo de que la civilización que nos impusieron fue la de la encomienda, la de la mita para el socavón, la de la destrucción de una de las civilizaciones más avanzadas en agricultura, para dictarnos, precisamente, el modelo económico minero que ni siquiera a ellos les trajo progreso, sino solo mayor dependencia de sociedades más desarrolladas al norte que les vendieron tecnología, productos con valor agregado mientras el Reino de España gozaba de la riqueza mal extraída y del expolio genocida al que nos sometían en sus colonias.

¡Cuánto más alineado me siento con los ronderos de Cajamarca que se resisten a la destrucción de sus fuentes naturales de agua cuando corean a voz en cuello: “¡el peritaje de Valdés no tiene validez!”.

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Son pues los tres peritos ibéricos (dos españoles y un portugués) contratados por el Gobierno peruano los siguientes señores:

1) Rafael Fernández Rubio: ciudadanos español e ingeniero de minas que ha trabajado en más de 350 proyectos mineros y muy vinculado a una ONG financiada por mineros llamada Grupo de Diálogo Minero, a la cual le hizo llegar un correo electrónico en el que, groseramente, califica de incivilizados” a los agricultores de Piura que en 2011 se opusieron al proyecto minero Tía María en lo que fue una masacre policial (bajo órdenes del entonces Presidente, Alan García Pérez) que cobró la vida de 3 manifestantes en marzo de 2011. Este señor, además, suele hacer grandes negocios con los relaves mineros y las aguas contaminadas.

2) Luis López García: ciudadano español que fue consultor interno en hidráulica e hidrografía de la empresa INTECSA-INARSA que pertenece al consorcio internacional Grupo SNC-Lavalin, dedicado a las consultorías de ingeniería de todo tipo, y que en España -en 1998, en Andalucía- saltó a la luz pública cuando la minera sueca Boliden causó el desastre ecológico del Parque Nacional de Doñana al colapsar uno de los diques de contención de relaves. Los proyectos sobre viabilidad los realizó INTECSA-INARSA en 1976. De más está decir que dicha minera sueca no ha pagado una sola peseta por el atentado ecológico hasta el día de hoy. Lo curioso es que el señor López García sigue trabajando para la consultora INTECSA-INARSA, pero en su hoja de vida presentada no dice que sigue trabajando para dicha consultora. Y es más, este señor trabajará en la delegación de esta consultora acá en Lima.

3) José Martins Carvalho: ciudadano portugués propietario de la consultora portuguesa Terra, Ambiente e Recursos Hídricos (TAHRH) que es conocida por estar siempre al servicio de sus clientes, y en este caso, su cliente es Óscar Valdés.

 

Claro está que el famoso Peritaje de Conga contratado por el Gobierno del Perú -es decir, por Humala y Valdés- no es más que una farsa para tener la excusa perfecta para poder llevar a cabo, y como sea, el proyecto minero Conga, el cual destruirá el Medio Ambiente de Cajamarca. Cualquier parecido con la época colonial es solo una extraña coincidencia. ¡El Perú avanza!

 

Sábado 18 de febrero de 2012.
(Información extraída de Hildebrandt en sus trece, Nº 94).
Tomado de (GianGian Producciones.)

Fuente: (http://napa.com.pe/)

Hace unos días muchas personas de todo el país salieron a las calles para protestar por el cuidado y defensa de las fuentes agua. En esta marcha iniciada en Cajamarca la semana pasada, miles de personas llegaron caminando a Lima, y los niños, niñas y adolescentes hicieron sentir sus molestias y reclamos. ¡Escúchalos en el siguiente reportaje!

 

Otro video más de nuestros amigos de NAPA


 

En carta dirigida al Viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), expresó que la Comisión Multisectorial conformada para consensuar la reglamentación de la Ley de consulta Previa “no cuenta con la legitimidad y representatividad que se requiere para un proceso tan importante”.

“De las 6 organizaciones nacionales que venían participando en el proceso, actualmente sólo han quedado dos (CCP y CONAP) mientras que las cuatro, es decir la mayoría (AIDESEP, CONACAMI, ONAMIAP y CNA) están al margen”, señala el documento.

La organización solicitó además ampliar el proceso de la Comisión con el fin de no terminar con el diálogo para consensuar el Reglamento porque “sería una señal importante de que se tiene la voluntad de lograr un Reglamento legítimo y representativo, y no se busca impornerlo”.

La CNDDHH también recomendó al Gobierno atender el pedido de algunas organizaciones indígenas, como Aidesep, que demandaron la modificación de la Ley de Consulta (artículos 1, 2, 4,7, 15, 19 y la segunda disposición complementaria final), pero que ello no afecte el consenso respecto al reglamento “puesto que se puede correr de manera paralela”.

AIDESEP PREPARA DEMANDA ANTE LA CIDH

En conferencia de prensa, el lunes pasado, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep) anunció que se iniciará los trámites para la declaratoria de la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta ante el Tribunal Constitucional y la elaboración del cuadernillo para la presentación de una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que recomiende al Estado la modificatoria de esta norma.

Aidesep sostiene que el Gobierno no tomó en cuenta para la elaboración del borrador de la Ley los puntos acordados en los seis talleres macrorregionales y el Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas, desarrollado a mediados del presente mes.

Según el presidente de dicha organización, Alberto Pizango, se han ignorado los acuerdos “por un tema de plazos, de compromisos económicos. El Estado, en un acto de mala fe, está atropellando los derechos de los pueblos indígenas; cuando en un principio indicamos la necesidad de que otras organizaciones participaran de los talleres, el Gobierno no lo permitió”.

LANEGRA AFIRMA QUE EL ESTADO CUMPLIRÁ LOS PLAZOS

El viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, señaló que el Gobierno cumplirá con los plazos para reglamentar la Ley de Consulta Previa y con el recojo de aportes de las comunidades originarias de la selva y los Andes.

“El compromiso del ministro de Cultura, Luis Peirano, es cumplir con los plazos. (…) El Gobierno cumple con sus promesas, cumple con lo que señala, porque hay una serie de compromisos que cumplir”, manifestó.

Lanegra aseguró que hoy miércoles continuará el diálogo con los representantes de las comunidades originarias, para recoger sus planteamientos en torno al reglamento. De ese conjunto mencionó que solo la Confederación Nacional Amazónica de Perú (Conap) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) presentaron sus propuestas.

Las organizaciones que no lo hicieron son la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

En entrevista con LaMula, Lanegra señaló que de no llegarse a un acuerdo con cada una de las partes involucradas en el proceso de Reglamentación, el Estado trabajará con otros actores y de esta manera continuará con el debido proceso de la Ley de Consulta.

“El Estado tiene varios actores con los cuales ha interlocutado. Hay otros dos actores que están actuando cumpliendo con los compromisos previamente acordados”, señaló.

CONSULTA PREVIA EN UN PUNTO MUERTO

En su columna del Diario 16, el especialista de la organización Servicios Educativos Rurales (SER), Javier Torres, sostuvo que “el proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa parece haber caído en un punto muerto”, debido a que algunas organizaciones indígenas no acudieron al diálogo convocado por el Gobierno.

“El problema de la posición maximalista que han tomado sus dirigentes (de las organizaciones indígenas) lleva a la consulta a un punto muerto. Con ello terminan haciéndole un enorme favor a quienes desde hace varios años, desde la burocracia estatal, el sector privado y algunos medios de comunicación, han negado los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo Torres.

Ver carta de la CNDDHH:


Servindi, 21 de febrero, 2012.- Las organizaciones indígenas reunidas en el Pacto de Unidad anunciaron este último lunes que presentarán una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que la Ley de Consulta Previa “viola derechos indígenas ya ganados”.

Gladis Vila, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres indígenas y Amazónicas del Perú (Onamiap) que forma parte del Pacto, expuso ante la prensa nacional y extranjera las razones de la medida.

En un inicio se le dio un plazo de 30 días (a partir del último día del encuentro nacional para evaluar el reglamento, 15 de febrero) al Gobierno para que se pronuncie sobre la modificación de la norma, sin embargo, el Ejecutivo continúa en conversaciones con dirigentes indígenas que no forman parte de la Comisión Multisectorial, explicó Vila Pihue.

En este sentido señaló que el Gobierno está buscando el apoyo de dirigentes al margen de la Comisión para conseguir así el respaldo que necesitan para la aprobación del reglamento de la Ley de Consulta.

Los dirigentes del Pacto reafirmaron que lo único que le piden al Estado es que se respete las conclusiones a las que se llegó en los seis encuentros macroregionales donde se evaluó el borrador del reglamento así como la propia Ley de Consulta.

Los encuentros observaron los artículos 1, 2, 4, 7, 15, 19 y algunas disposiciones complementarias. El artículo más polémico es el referido a que el Ejecutivo es quien tendrá la decisión final en caso de que los pueblos indígenas y el Gobierno no lleguen a un acuerdo.

El Pacto de Unidad lo conforman además de Onamiap, la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).


08:29 En el sector eléctrico hay seis proyectos retrasados. Las líneas de transmisión no se ejecutan porque los reguladores no otorgan permisos por falta de reglamento de consulta previa.

PATRICIA VÉLEZ
Reuters

La falta de inversión y planificación a largo plazo en el sistema eléctrico del Perú amenaza con frustrar multimillonarios proyectos mineros, vitales para asegurar su crecimiento económico.

El Perú debería invertir al menos US$ 1,000 millones por año, tomando en cuenta el actual crecimiento de la demanda, para extender su red eléctrica y alimentar el apetito de su minería, que tiene en carpeta planes por US$ 50,000 millones.

Sin medidas urgentes, los analistas creen que el país podría sufrir en el 2017 la misma suerte que le tocó a Sudáfrica en el 2008 o a Chile tres años más tarde, cuando distintas crisis energéticas afectaron a las mineras y dispararon los precios de los metales.

Las demoras en la ejecución de los proyectos eléctricos y en implementar normas clave, la falta de planes de largo plazo, un sistema de distribución malo y un creciente rechazo social tienen en duda a por lo menos media docena de planes.

Cinco años puede parecer mucho tiempo, pero no lo es cuando se trata de una hidroeléctrica o un gasoducto.

Panorama complicado

“Somos terriblemente vulnerables” en materia energética, dijo Carlos Gálvez, gerente financiero de Buenaventura, la mayor productora de metales preciosos de Perú.

El reloj corre y la puesta en marcha de proyectos mineros de alta demanda, sumada al creciente consumo de otras industrias y de los hogares, puede hacer colapsar a una red que está al límite de su capacidad.

La capacidad instalada creció apenas un 1% el año pasado, mientras que la demanda aumentó cerca de un 10%. Esto deja al colchón de la red eléctrica extremadamente delgado, con una demanda de 5,000 megavatios que consume rápidamente la potencia efectiva de 6,415 megavatios disponible actualmente.

Sin vigía

El ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, señaló el peligro de la falta de un programa central.

“El sistema no tiene vigía, no existe nadie en todo el sistema energético y en especial eléctrico que realice la función de planeamiento global (…) El desarrollo que el país está planeando tener, y que puede tener, realmente puede ser frenado por falta de electricidad”, dijo.

Consciente de los problemas del sector, el Gobierno de Humala ha pedido acelerar las inversiones eléctricas y lanzó una batería de iniciativas para ponerse al frente de las obras.

Humala se ha comprometido a apurar las concesiones para la construcción de líneas de transmisión, invertir en un gasoducto para alimentar de energía al sur y fomentar la construcción de hidroeléctricas.

Apurar obras

“Hoy en día la demanda está alrededor de los 5,000 megavatios, pero si nosotros como país queremos seguir creciendo a tasas sobre 7% anuales implica que esa demanda se podría duplicar cada 10 años”, afirmó el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

Uno de los principales escollos es la demora en la implementación de la ley de consulta previa, que da más voz a las comunidades indígenas frente al desarrollo de proyectos energéticos y mineros, para aplacar los más de 200 conflictos sociales.

La ley obliga a los inversores a negociar sus proyectos con los poblados que se puedan ver afectados.

Y el problema es que muchos peruanos rechazan la extracción de los vastos recursos naturales y la construcción de proyectos eléctricos por el temor a quedarse sin sus tierras o sin recursos hídricos.

“Hemos dado instrucciones precisas aquí a nuestros funcionarios de que tenemos que adelantar y acelerar las conversaciones con las zonas donde tenemos que hacer las consultas”, dijo el ministro Merino.

El actual Gobierno ya lidia con el rechazo popular al gigantesco proyecto de cobre y oro Minas Conga.

El conflicto plantea un dilema para Humala, que llegó al poder gracias al apoyo de las comunidades rurales e indígenas del país, y ahora debe buscar un equilibrio para atender los reclamos y fomentar los proyectos mineros y eléctricos.

Castillo de naipes

Por años, la nueva capacidad instalada eléctrica se ha concentrado en el centro del país.

El norte y sur, que paradójicamente albergan la mayoría de los proyectos mineros más prometedores, han estado huérfanos de inversiones eléctricas de largo plazo.

Los bajos precios del gas en la década del 2000 desalentaron la inversión en otras fuentes de generación, como la hidroeléctrica, haciendo que la matriz energética sea cada vez más dependiente del gas.

“Estamos no solamente generando (electricidad) limitados al gas, estamos centralizados en un solo tubo de gas”, dijo Gálvez, de Buenaventura.

En unos pocos años, el 50% de la generación de electricidad en Perú derivaría del gas natural. Las plantas que lo procesarán fueron o están siendo construidas casi todas en Chilca.

“No se está progresando con un tubo de gas que debiera estar llegando a las costas en el sur y que debiera justificar la instalación de plantas de generación en el sur”, agregó Gálvez.

El norte y el sur tienen luz principalmente gracias a líneas de transmisión, que demandan inversiones que podrían demorarse aún más por la ley de consulta previa.

Actualmente hay una decena de planes para construir termoeléctricas y líneas de transmisión para hacer frente a una demanda de electricidad que aumentaría 8% en el 2012, según el Comité de Operación Económica Nacional (COES).

Varias líneas de transmisión están demoradas porque los reguladores no otorgan las concesiones hasta que se reglamente la consulta a los pobladores, explicó César Butrón, presidente del directorio del COES.

El caso chileno

Chile, el mayor productor mundial de cobre, es un ejemplo de lo que podría pasarle al Perú si no acelera y eleva las inversiones en el sector eléctrico.

Varios yacimientos en el centro-sur de Chile han sufrido apagones en los últimos años por fallas en el sistema eléctrico que opera al límite.

El presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, advirtió que algunos proyectos mineros podrían retrasarse debido a que la entrada de nuevas iniciativas eléctricas tardaría más de lo estimado.

Y los planes de generación hidráulica y termoeléctrica también están en duda por el fuerte rechazo de comunidades y ambientalistas.

Más allá del 2017

Perú podría respirar aliviado una vez que operen las centrales termoeléctricas y líneas de transmisión previstas hasta el 2016.

Pero el oxígeno duraría apenas unos cinco años, lo que planteará una gran interrogante a los proyectos mineros que prevén entrar en funcionamiento después de esa fecha, así como al planeamiento de planes futuros.

“Se necesitan entre 400 y 500 megavatios nuevos al año y eso está cubierto hasta el 2017, porque hay varios proyectos en marcha que van a cubrir hasta el 2017, más allá de eso no hay nada”, enfatizó Butrón.

La situación tiene en alerta a las mineras, cuyos nuevos proyectos ayudarán a contrarrestar el declive en las leyes de los minerales -o el grado de pureza en que se halla el mineral en la roca de un yacimiento- y el agotamiento de las reservas que han hecho mella en la producción de metales.

Para Buenaventura, el panorama de aquí al 2017 ya es algo sombrío.

“Si usted pone Conga, Michiquillay, La Granja, eso inmediatamente significa un incremento de 500 megavatios en la demanda en el norte”, explicó Gálvez. “Y si pone la ampliación de Cerro Verde, la de Toquepala y pone Las Bambas, Tía María, allí tendría otros 500 megavatios” en el sur, agregó.

Esos proyectos, que serán desarrollados por mineras de talla mundial como Xstrata, Freeport-McMoRan, Newmont y Southern, entre otras, entrarían en funcionamiento entre el 2012 y 2016.

Qué hacen las mineras

Las mineras no se han quedado cruzadas de brazos.

Volcan construyó una pequeña hidroeléctrica de 13 megavatios y tiene planes de edificar cuatro más para agregar unos 250 megavatios. La firma genera el 15% de su requerimiento eléctrico y tiene tres contratos con Electroperú que vencen en diciembre del 2017.

“En caso de una interrupción o falla de algunas de nuestras fuentes de electricidad o en las líneas de transmisión o en cualquier parte de la red no podemos garantizar que tendremos acceso a otras fuentes de energía a los mismos precios y condiciones”, dijo recientemente la minera.

“Esto podría afectar material y adversamente nuestros resultados operativos y tener un efecto adverso en nuestro negocio, condiciones financieras y resultado de operaciones”, agregó.

Southern también genera parte de la energía en sus operaciones en el sur y Buenaventura construye una hidroeléctrica que abastecerá con 90 megavatios sus operaciones directas.

No obstante, Gálvez aclaró que esta opción no es una solución definitiva. En caso de una emergencia que obligue a racionar la electricidad, la energía de las plantas de las mineras será redirigida al sistema nacional.

El año pasado, un breve racionamiento en el norte fue paliado con compras por parte del Estado a Ecuador.

Cuando eso ocurre, el costo del megavatio/hora puede dispararse de US$ 50 a US$ 300, explicó el ex ministro Herrera.

El ministro Merino afirmó que el Gobierno pondrá en la lista de prioridades la construcción de hidroeléctricas. También Petroperú participará en la construcción de un gasoducto en el sur.

Además Merino dijo que apurará las concesiones para la construcción de líneas de transmisión y que revivirá los planes para la edificación de hidroeléctricas a través de la también estatal Electroperú.

Aún así, la ecuación eléctrica de Perú es complicada.

En Chilca Kallpa desarrolla una turbina de ciclo combinado de 400 millones de dólares que entraría en operación en el primer semestre de este año y que se sumará a otras tres turbinas de ciclo simple existentes. La capacidad de esas turbinas será de 850 megavatios.

Enersur construye una turbina de ciclo combinado que sería puesta en marcha en el 2013 y que con otras tres turbinas de ciclo simple llevaría la capacidad total a 800 megavatios.

Luego de que una empresa generadora erige una central debe ir a comprar el gas a la selva donde está el campo Camisea.

El único proyecto con reservas y capacidad de transporte garantizadas es el de exportación de gas natural licuado inaugurado en el 2010, remarca el ex ministro Herrera.

Para llevar la electricidad al resto del país lo que se ha hecho principalmente es “enmallar” al norte y sur con líneas de transmisión, pero las trabas abundan.

En esas zonas no hay gasoductos tendidos porque las empresas no quieren construirlos hasta no tener garantizada la demanda, y las generadoras esperan que se instale una tubería como condición para edificar una central.

Esto ha ayudado a que las líneas de transporte de energía se sobrecarguen y lleguen al límite de su capacidad, dijo Butrón.

“Ya no hay reserva (…) Un sistema, al igual que un partido de fútbol, necesita una banca de suplentes, entonces si falla la línea no hay nada más en el sur que supla lo que la línea transportaba”, añade.

Impulso o letargo

Los potenciales problemas de electricidad ya tienen en alerta a los inversores, especialmente a los mineros.

“Queremos una decisión política rápida para que estos proyectos continúen, si no continúan sí podríamos eventualmente tener algunas interrupciones y algunos de otra envergadura como los mineros podrían no entrar en las fechas”, dijo Pedro Martínez, presidente de la privada Sociedad de Minería, Energía y Petróleo de Perú.

Martínez detalló que en el sector eléctrico hay unos seis proyectos retrasados, mientras que en el de hidrocarburos hay 18 contratos de exploración y dos de explotación demorados.

Perú corre contrarreloj para reforzar y diversificar su red eléctrica. Lograr acuerdos entre Gobierno, inversores y pobladores será clave para que estos proyectos no queden en penumbras.

“Si no se resuelven estas dificultades ambientales, sociales, políticas y regulatorias (…) en el 2017 y 2018 vamos a estar nuevamente con los mismos problemas”, dijo Butrón.

Fuente: Gestion – 22/02/12

 
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El proyecto de ley presentado ante el Congreso que permitiría una nueva ampliación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Complejo Metalúrgico de La Oroya fue elaborado por un grupo de trabajadores de la empresa minera Doe Run.
Lo hicieron en forma conjunta con las autoridades del distrito de Santa Rosa de Sacco y de la provincia de Yauli (La Oroya), según indicó el congresista Casio Huaire.

“En el proyecto han participado algunos dirigentes [del sindicato], algunos ingenieros que trabajan también en la empresa y que conocen obviamente cuál es la realidad y cómo se podría reiniciar [el complejo].

Es un acuerdo consensuado entre los trabajadores, ha estado presente el señor alcalde de la provincia, el señor alcalde de Santa Rosa de Sacco y el vicepresidente de la región”, explicó.

Un día antes, especialistas de la ONG Cooperacción indicaban que el proyecto de ley 636/2011 que permitirá la ampliación del PAMA de Doe Run era una norma hecha a la medida de la minera, pues no solo daba la posibilidad de una nueva prórroga en caso de fuerza mayor, sino que permitía que la empresa no sea fiscalizada con nuevos estándares ambientales en un plazo de cinco años, lo cual se traduce en la posibilidad de seguir contaminando el aire y suelo de La Oroya, sin ser sancionada.

Huaire, quien presentó la iniciativa ante el Poder Legislativo, realizó ayer una conferencia de prensa en el Congreso acompañado del alcalde provincial de Yauli, Javier García; del secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, Roiberto Guzmán; y la presidenta del Comité de Lucha de La Oroya, Coqui Ríos.

Los representantes indicaron que el proyecto de ley no es una nueva ampliación del PAMA –pese a que considera una extensión del plazo por 24 meses y seis meses para arrancar la planta de ácido sulfúrico– sino una “aclaración de la Ley 29410” que fue la norma que en el 2009 amplió el PAMA a Doe Run por un plazo de diez meses.

Huaire explicó que es una aclaración de la referida norma para permitir el inicio de la operación del Complejo Metalúrgico.

El congresista señaló que la norma deberá pasar por la Comisión de Energía y Minas del Congreso y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, donde podría verse modificada y enriquecida con el debate.

El Comercio (Ed. Impresa 22/02/12, Pág. b4)


Foto referencial de la protesta contra Southern en Toquepala

debate del día. El reordenamiento del uso de las fuentes de agua de Tacna será planteado hoy por las representaciones de la región sureña en la reunión con el Premier Óscar Valdés.

Edmundo Cruz

Tres meses atrás, se supo que Southern Peru Cooper Corporation se proponía reciclar las aguas de relaves para emplearlas en el proceso de extracción de cobre. El plan se conoció en el marco de una frustrada Audiencia Pública de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de Ampliación de Toquepala.

Fue una buena noticia, porque, de ser así, implicaba que la minera dejaba de lado el patrón tradicional de usar en su actividad productiva aguas dulces que deben ser destinadas prioritariamente al consumo humano y agrícola.

Pero al mismo tiempo surgió una obligada pregunta: ¿Southern va a reciclar el agua de relaves únicamente para la ampliación de Toquepala o también para sus operaciones actuales?

218 litros por segundo

La respuesta había que buscarla en los detalles del proyecto. Hay que partir de señalar que Southern consume en sus operaciones actuales 1,400 litros por segundo y que la cantidad de agua de relaves que la minera se propone reciclar al futuro es sólo de 218 litros por segundo. Volumen suficiente para cubrir únicamente y nada más que las necesidades de la Ampliación de Toquepala.

Información obtenida del ingeniero Fermín Gárnica, miembro del soporte técnico del subgrupo de Recursos Hídricos de la Mesa de Trabajo Multisectorial, creada tras el fracaso de la Audiencia Pública de fines de año.

El dato-respuesta es elocuente. Quiere decir que, por lo pronto, Southern no proyecta emplear agua reciclada en sus operaciones de vieja data en Toquepala. Estas tendrán que seguirse abasteciendo, según su decisión, de las fuentes de aguas dulces de las que viene disfrutando desde el inicio de sus operaciones en 1960, hace 52 años.

Los relaves son las aguas contaminadas de cobre que se acumulan en una represa llamada cancha de relaves. Desde hace 15 años, Southern deposita los relaves de Toquepala (3200 metros de altura) en Quebrada Honda (800 msnm) a través de un sistema de tuberías.

Si Southern estuviera de acuerdo en comenzar a liberar las aguas dulces que hoy utiliza, Quebrada Honda podría ser parte de la solución. Podría reciclar no 218 litros por segundo sino 780 litros, de acuerdo a deducciones técnicas estimadas por el ingeniero Gárnica.

El agua reciclada empezaría a reemplazar la provisión de las fuentes de agua dulce tradicionales: los pozos de Titijones (que aportan a la minería 400 l/s), el río Callazas (300 l/s), los pozos de Suches y Huaytire (400 l/s) y las quebradas de Tacalaya y Cinto (250 l/s).

Licencias

El líquido elemento es dado en concesión por el Estado a las empresas privadas mediante licencias de uso. Southern posee unas nueve licencias. Fueron expedidas hace 50 y 35 años.

Las primeras fueron otorgadas a fines de los años 50. Para la explotación de Toquepala solicitó 340 litros por segundo. A mediados de los 70 amplió el derecho a las aguas subterráneas de Huaytire y Suches. Y en la actualidad puede disponer hasta de 1950 litros por segundo de aguas dulces.

El tiempo transcurrido justifica una revisión de licencias de uso. Revisar no es anular. Pero lo cierto es que los contextos tan diferentes en que fueron concedidas las hacen extemporáneas. “En un acto de soberanía el gobierno podría disponer un reordenamiento del sistema de usos de agua”, apunta José Luis López Follegatti.

Diálogo con premier

Las posiciones de los sectores representativos de Tacna divergen, pero el encuentro de hoy con el Presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés es decisivo.

El Gobierno Regional encabezado por Tito Chocano, los alcaldes provinciales y distritales, los personeros de la sociedad civil, han expuesto posiciones divergentes, pero han mostrando coincidencias en puntos básicos. El Gobierno Central ha insistido en busca de acuerdos. La empresa tampoco ha rehuido el diálogo.

“Southern debe asumir el reto”

“Progresivamente, la minería debe dejar el agua dulce para la agricultura y la población, y usar en su actividad productiva agua reciclada, embalsada o agua de mar”, opinó José Luis López Follegatti, de la ONG Labor.

“Es necesario un diálogo abierto, franco y positivo que afirme una minería que conviva con la agricultura y los pueblos”, sostuvo el promotor de “Diálogo minero”.

“Southern debería asumir el reto”, declaró López Follegatti, educador y ambientalista de trayectoria reconocida en la región.

 
Fuente: La Republica

Hoy, de no mediar inconvenientes, el primer ministro, Óscar Valdés, recibirá en su despacho a autoridades de Tacna para abordar la problemática minera.

Será en esa cita que el presidente de la región, Tito Chocano, pondrá sobre la mesa su propuesta para que las mineras en actividad, como Southern y Minsur, así como los nuevos proyectos, desistan de usar el agua de los ríos y lagunas.

“Si quieren trabajar que vayan al mar, que desalinicen el agua marina. La posición del pueblo es clara: queremos una minería responsable que no dañe nuestros ríos y lagunas”, declaró a Gestión.

Chocano comentó que la mayor parte de las 1,024 concesiones mineras tituladas, y las 285 que está en trámite (petitorios), buscan explotar oro, básicamente.

“Los estamos poniendo en aviso, no permitiremos que les resulte tan fácil contaminar nuestro suelo, aire y agua como ya lo ha hecho Southern durante 51 años”, refirió.

Hay dos mineras que trabajan en Tacna; Southern, hace 51 años, y Minsur, desde hace algunos meses. Newmont está por iniciar sus trabajos de exploración.

Mesa de diálogo
El encuentro entre Chocano y Valdés se dará luego de que un sector de los tacneños rechazara la ampliación de la mina Toquepala (propiedad de Southern), por lo que se instaló dos mesas de diálogo, uno para abordar la problemática minera y otra para coordinar obras de desarrollo.

Respecto al caso Toquepala, el presidente regional de Tacna dijo a Gestión que esta mina “está dejando sin agua” a la provincia de Candarave, por lo que exige la paralización de los respectivos trabajos.

También demandó la suspensión de las operaciones del proyecto Pucamarca Minsur y de las actividades de exploración de la empresa Newmont.

Sin recursos
El director de Catastro Minero del Instituto Geográfico, Metalúrgico y Minero (Ingemmet), Henry Luna, subrayó que el 14% del territorio nacional está otorgado como derecho minero, pero “solo el 1% está en exploración y explotación”.

La concesión minera, según la Dirección de Promoción Minera, otorga el derecho a explorar y explotar los minerales que se encuentran en el subsuelo del área de concesión.

Y en el caso de Tacna, Luna precisó que si bien el 35% de su suelo está otorgado como concesión, el 1.24% está en etapa de producción y el 0.11% se encuentra en exploración.
“Tacna es una de las regiones más beneficiadas con recursos del canon, teniendo a Southern como única mina en funcionamiento, y si sacamos a esta empresa, prácticamente se quedarían sin nada”, refirió.

Gestión (Ed. Impresa 22/02/12, Pág. 25)


Las Organizaciones Sociales de la provincia de Espinar y la Municipalidad Provincial de Espinar, respondiendo a la estrategia desestabilizadora de la empresa minera Xstrata Tintaya en la provincia de Espinar, pone en conocimiento del pueblo peruano lo siguiente:

Primero.

En la actualidad, Xstrata Tintaya tiene deudas sociales y ambientales pendientes de solución con la provincia de Espinar por lo cual, el Pueblo de Espinar conminó a Xstrata a iniciar el Proceso de Reformulación del Convenio Marco por el Desarrollo de la Provincia de Espinar, lo que en efecto, aceptó el día 02 de febrero del presente. Se inició auspiciosamente el proceso de entendimiento y sin embargo no asistió a la última reunión de fecha 16 de febrero con lo cual, una vez más, la empresa rompe el diálogo.

Segundo.

Xstrata pone como excusa de su inasistencia que en este proceso hay “irregularidades” o que está siendo “coaccionada”, términos que el Pueblo de Espinar rechaza absolutamente. Afirma que éste no es un proceso de Reformulación del Convenio Marco sino de Revisión, Evaluación y Actualización, anteponiendo los términos a la discusión de los problemas de fondo como su estrategia de manipulación social a través de los medios de comunicación en la provincia. Afirma también que la formación de la Mesa de Trabajo de Comunidades Afectadas por la Minería es una “imposición unilateral” que no está dispuesta a aceptar con lo cual persiste en no abordar los problemas reales de la provincia y demuestra que no está dispuesta a cambiar sus prácticas habituales y por tanto, mantiene su irresponsabilidad social y ambiental.

Tercero.

Frente a esta situación, las organizaciones sociales de Espinar y la Municipalidad Provincial de Espinar le están remitiendo a Xstrata Tintaya, una carta de invitación a la próxima reunión de Reformulación del Convenio Marco que se realizará el día jueves 23 de febrero a horas 5.00 en el auditorio de la Municipalidad. Si la empresa minera Xstrata Tintaya no asiste, el Pueblo de Espinar pone en conocimiento del Pueblo cusqueño y peruano que, con todo derecho, dará por concluido el proceso de diálogo, lo cual será de entera responsabilidad de la empresa minera.

Publicado por Vicaria de Solidaridad Sicuani