Archivos para 11 febrero, 2012



La Marcha Nacional del Agua, que inició hace diez días en Cajamarca, concluyó en Lima con un multitudinario mitin en la Plaza San Martín, al que asistieron diversas organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos de varias regiones del país.

Los manifestantes se congregaron en la céntrica plaza para exigir que el agua sea considerada como un recurso humano y expresar su rechazo a la minería.

Fotos: Esteban Valle-Riestra (@esteman1) y Esteban M. Marchand (@EstebanMarchand)


Foto: Zaidh Tomas (twitter)

Servindi, 11 de febrero de 2012.- Cientos de organizaciones sociales del país estuvieron presentes en la Marcha por el Agua en el último día de manifestación por las calles de la capital. Marco Arana, impulsor de la protesta y líder de Tierra y Libertad, indicó que si el Gobierno y el Congreso no atienden sus reclamos, se evaluará la posibilidad de efectuar un paro nacional.

Lima fue testigo ayer de la confluencia de miles de personas provenientes de la mayoría de regiones del país ante un problema tan sensible como la escasez y la contaminación del agua, cuyo caso más emblemático es el rechazo al proyecto minero Conga de la empresa Newmont.

La marcha recorrió cinco departamentos del norte del país hasta llegar a Lima, sin contar las movilizaciones en otras regiones como Loreto, Cusco, Puno, Piura y Arequipa.

Fueron diez días en que la propuesta programática de la Marcha por el Agua se fusionó con los sentimientos y reclamos de decenas de miles de pobladores del interior que sufren los abusos de la gran minería, de la mala administración del agua y de ineficientes políticas ambientales.

Los manifestantes entregaron dos proyectos de ley a los congresistas del oficialismo Claudia Coari, Jorge Rimarachín y Javier Diez Canseco, uno que propone la intangibilidad de las cabeceras de cuenca y el segundo que prohíbe el uso de cianuro y mercurio en las explotaciones mineras.

La primera propuesta fue suspicazmente modificada en el 2009 durante la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos 29338 por un texto que reconoce a las cabeceras de cuenca como zonas ambientalmente vulnerables y deja en poder de la Autoridad Nacional del Agua, con opinión del ministerio del Ambiente, la posibilidad de declararlas intangibles.

Del Gobierno se espera que recoja el pedido de la población cajamarquina para que no insista en el proyecto minero Conga y las propuestas en materia de agua, ambiente, minería.
 


Servindi, 11 de febrero, 2012.- Nuevamente el lider ambientalista Marco Arana debatió el jueves 9 de febrero con el periodista Jaime de Althaus y dejó una vez más en evidencia la orfandad de argumentos del periodista pro minero.


Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

10 de febrero, 2012.- La prensa informó que el presidente Humala había ordenado que ningún proyecto se paralice por la consulta previa (1). Lo dijo luego de analizar “los mecanismos necesarios para destrabar las inversiones en el país”. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas sostuvo que “la inversión privada será el motor del crecimiento y junto con la inversión pública atenuarán el impacto de la crisis internacional”. Ciertamente, la explotación de los recursos naturales impulsada por el Estado es hoy una actividad clave para el desarrollo del país, necesaria para solventar las políticas sociales, pero no a cualquier precio, no puede darse de cualquier manera, no pisando los derechos de los pueblos indígenas, ni transgrediendo las normas que regulan la protección del medio ambiente.

La pregunta de fondo es: ¿Cuál es la validez de las concesiones mineras, de los contratos petroleros, de las concesiones forestales, expedidas luego del año 1995 –año de entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT- y antes de la publicación de la Ley de consulta previa y que no fueron consultadas a pesar de que afectaban directamente a los pueblos indígenas?
Gobierno y Congreso intentan incumplir el Convenio 169 de la OIT

Si atendemos las normas legales expedidas por el Gobierno concluiríamos que para éste el Convenio 169 de la OIT no existe o no pinta para nada, es decir no tiene efectos jurídicos. En su lugar, el Gobierno y el Congreso pretendieron infructuosamente mantener en vigencia dos normas que lo único que exigían era la realización de talleres informativos. Nos referimos al Decreto Supremo Nº 028-2008-EM (Reglamento de participación ciudadana en el subsector minero) y al Decreto Supremo Nº 012-2008-EM (Reglamento para la participación ciudadana de las actividades de hidrocarburos).

La “magia” que hacen estas normas que regulan la participación ciudadana es increíble: primero reconocen el derecho a la consulta previa con bombos y platillos y hasta citan el Convenio 169 de la OIT (2), y luego dicen que este derecho se ejercerá a través de los mecanismos de participación ciudadana contenido en esas mismas normas. ¿Dónde está la trampa? En que cuando uno revisa los diferentes mecanismos de participación ciudadana de estas normas (art. 6 del DS Nº 028-2008-EM), no encuentra nada que se parezca a la consulta. Lo más cercano son los talleres informativos, que no exoneran al Estado de su responsabilidad de consultar con los pueblos indígenas (06316-2008-AA/TC, f.j. 25) (3).

En efecto, según la primera disposición complementaria del Decreto Supremo Nº 023-2011-EM, publicada el 12 de mayo del año 2011, norma que aprobó el Reglamento del procedimiento del proceso de consulta de actividades minero energéticas, de 1995 hasta el 12 de mayo del año 2011, se aplicarían a las concesiones inconsultas las normas de participación ciudadana que regulan las actividades mineras y petroleras. Luego, el 7 de setiembre del año 2011 se publica la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas (Ley 29785). Según su segunda disposición complementaria final, esta norma no modifica las normas que regulan la participación ciudadana en actividades extractivas. Con lo cual, las concesiones entre el 12 de mayo del 2011 y el 7 de diciembre del mismo año, se sujetarán también a las cuestionadas normas que regulan la participación ciudadana antes mencionadas (D.S. Nº 028-2008-EM, y al D.S. Nº 012-2008-EM). En síntesis, no existiría el Convenio 169 de la OIT y tampoco el derecho a la consulta.

La validez jurídica de las concesiones mineras y petroleras no consultadas

Partiendo de la premisa que el Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional (00022-2009-PI/TC, f.j. 10) y que con o sin desarrollo normativo y reglamentario es vinculante y exigible desde el año 1995 (00022-2009-PI/TC, f.j. 12), podemos identificar cuatro posiciones. Una primera es la tesis de la validez de las concesiones, asumida por el Gobierno y por el TC en su momento. Esta sostiene que todas las concesiones anteriores a la aprobación y publicación son válidas y que el derecho a la consulta en realidad se debe aplicar para las concesiones futuras.

Esta posición está en la sentencia 06316-2008-AA (f.j. 27) y en su resolución aclaratoria (f.j. 7), en el D.S. Nº 023-2011-EM (1ra DT) y en la Ley Nº 29785 (2da DCF). Para ellos, no debería de aplicarse el Convenio 169 de la OIT pues no hay ley y reglamento y además porque se afectaría la buena fe o la “confianza” de las empresas. El problema con esta tesis es que no tiene fundamento constitucional, pues el Convenio 169 de la OIT está vigente desde el año 1995, y la vigencia de los derechos no está subordinada a su desarrollo legislativo y reglamentario.

La otra es la tesis de la nulidad de las concesiones. Ella puede ser hallada en el tercer párrafo del artículo 46 de la Constitución, según el cual son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. El Estado (Minem) carece de competencia para expedir concesiones que afectan pueblos indígenas inconsultamente.

También puede ser hallado el artículo 10.1 de la Ley General de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 27444). El fundamento de esta tesis es la jerarquía normativa de la Constitución (art. 51 y tercer párrafo del art. 138 de la Constitución). La Constitución -y las normas de igual jerarquía como el Convenio 169 de la OIT (4)-, no sólo es la norma de mayor jerarquía, sino que es un criterio de validez del resto del ordenamiento jurídico (00047-2004-AI/TC, f.j. 9).

El problema con esta tesis, es que si se aplicara a todas las concesiones expedidas desde el año 1995, todas estas serían nulas, generando una grave e intolerable afectación a la seguridad jurídica, la cual es un bien jurídico constitucional que debe también ser protegido.

Si bien la tesis de la nulidad es la tesis asumida por la Constitución, bajo determinadas circunstancias excepcionales, podrían plantearse fundamentalmente dos posiciones intermedias: la tesis de la suspensión, y la tesis del plazo para la adecuación. La tesis de la suspensión de las concesiones, es la que ha asumido, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia ante actos administrativos no consultados relacionados con actividades extractivas u obras de infraestructura pública (5). No se declaran nulas las concesiones inconsultas, sino que se suspenden sus efectos hasta que se consulte.

Esta tesis también la propuso el Comité de Expertos de la OIT del año 2010(6) e incluso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso Saramaka vs. Suriname (párrafo 196.a). A esta tesis debieran recurrir los tribunales ante casos específicos, cuando se ha detectado una concesión inconsulta en un caso concreto, sin embargo, no es una buena opción como regla general en determinadas circunstancias como por ejemplo, la explotación de hidrocarburos, pues la suspensión generalizada de esta actividad, podría afectar la política energética del país, el normal funcionamiento de este, además de generar caos jurídico, todo lo cual afectaría el principio de seguridad jurídica y la gobernabilidad del país, lo cual no es finalidad del derecho a la consulta.

En nuestra opinión, si lo que se quiere es emitir una norma de carácter general, debería hacerse una ponderación entre el principio de seguridad jurídica y el derecho a la consulta previa, buscándose optimizar ambos bienes jurídicos. En ese sentido, proponemos una tesis del plazo para la adecuación de las concesiones al Convenio 169 de la OIT. Esta ponderación debería de conducirnos a una fórmula intermedia donde los dos mencionados bienes jurídicos sean protegidos. Esto sólo es posible de lograr, si se otorga al Ejecutivo un plazo razonable para realizar la consulta de las decisiones administrativas o normativas, posteriores a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, y anteriores a la publicación de la ley de consulta. En caso que los órganos competentes no hayan realizado la consulta en el plazo concedido, las concesiones deberán ser suspendidas por un plazo y de persistir la negativa, declaradas nulas.

Asimismo, debería de precisarse que, si las actividades han generado condiciones intolerables para la salud, la alimentación, el medio ambiente o la dignidad de los pueblos indígenas, las concesiones deberán ser objeto de cancelación, dado que no son compatibles con la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

¿Qué hacer con las concesiones inconsultas de los años anteriores? En principio, no se trata de violaciones al derecho a la consulta pasadas, irreversibles y en consecuencia irrevisables en sede judicial. Estamos ante violaciones presentes y continuas, mientras dure la exploración y la explotación.

En tal sentido, se debe requerir al ente público que ha tomado la decisión inconsulta, que realice el proceso de consulta. En caso de que este se resista, se debe recurrir a un proceso de amparo. Tenemos 60 días hábiles para hacerlo desde la fecha de la expedición del hecho lesivo (la concesión). El “acceso a la consulta” es parte del contenido constitucional protegido del derecho a la consulta (00022-2009-PI/TC, f.j. 37), y sabemos que las demandas de amparo tiene que estar referidas necesariamente al contenido constitucional de un derecho, si no quieren ser declaradas improcedentes (art. 5.1 del Código Procesal Constitucional – Ley Nº 28237). ¿Qué hacer cuando las concesiones fueron expedidas hace 4 ó 5 años? En principio deberían ser declaradas improcedentes (art. 5.10 del Código Procesal Constitucional). Sin embargo, en aquellos casos, el hecho lesivo que se deberá cuestionar no debería ser la concesión, sino la omisión del Estado de realizar el proceso de consulta. Solo en ese caso, podríamos aplicar el artículo 44.5 del Código Procesal Constitucional, el cual precisa que “Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista”. En conclusión, la vía del amparo constituye el procedimiento idóneo para el control constitucional de los actos administrativos posteriores al año 1995 que no fueron consultados.

Notas:

(1) Ver: http://peru21.pe/2012/02/03/economia/humala-ordeno-que-ningun-proyecto-se-paralice-consulta-previa-2010354, también http://gestion.pe/noticia/1369485/humala-ordena-que-ningun-proyecto-se-paralice-consulta-previa.

(2) Ver el artículo II del Título Preliminar del Decreto Supremo 012-2008-EM y el artículo 4 del DS 028-2008-EM.

(3) Una explicación más detallada en: Juan Carlos Ruiz Molleda, La implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. IDL, Lima, 2011, pág. 295. Revisar en: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/publicaciones/archivo20122011-150924.pdf.

(4) STC Nº 00025-2005-PI/TC y 00026-2005-PI/TC, acumulados, f.j. 34.

(5) Ver por ejemplo T-652/98, T-880/06, T-769/09.

(6) La CEACR precisa que “suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el Convenio en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza, en aplicación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio”.


* Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha. Se tituló en Derecho con la Tesis: “Control Parlamentario de los Decretos de Urgencia en el Perú”.
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Fuente: Publicado el 09 de febrero en el portal informativo de Justicia Viva:http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=749
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Lima 10 Feb. 2012 (PERUMUNDOTV NOTICIAS).- El mitin convocado por el movimiento Tierra y Libertad para el día de hoy en la plaza 2 de mayo, contó con la participación de diferentes Partidos políticos organizaciones gremiales, colectivos, organizaciones de base ONG’s y diferentes personas que se constituyeron al histórico espacio a fin de apoyar la denominada Marcha Nacional del Agua, iniciada el 1 del presente mes en las alturas de Cajamarca.

Las organizaciones políticas que estuvieron presentes fueron: Partido Comunista Peruano, Unidad Popular Mariateguista, Partido Socialista de los Trabajadores Partido Nacionalista (PST).

También el Movimiento de Afirmación Social, La Coordinadora Patriótica de Liberación Nacional (COPLAN), El Movimiento Mujeres Dignidad, Colectivos Dignidad, Y Colectivo Indignados. Cada uno de ellos portaban pancartas alusivas a la defensa del agua y contra la minería irresponsable.

La marcha al congreso estuvo encabezado por el Presidente Regional de Cajamarca Gregorio santos, El líder del Movimiento Tierra y Libertad, Marco Arana y el Presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca Wilfredo Saavedra, estuvo acompañada de un marco nutrido de manifestantes provenientes de distintas partes del país con muestras de folklore alegorías y expresiones artísticas.

Con el paso hacia el Paseo dela República los manifestantes y activistas fueron incrementando hasta llegar a formar un río de gente de aproximadamente 5 a 6 mil integrantes.

El evento, denominado Marcha Pacífica Ecológica y Social inició en horas de la mañana con el Foro del Agua donde se plasmaron en acuerdos y suscripción al proyecto de Ley que presentaron ente el congreso de la República para declarar intangible las cabeceras de cuenca y preservar así sus recursos hídricos.


Fuente: http://perumundotvnoticias.wordpress.com/2012/02/10/marcha-nacional-del-agua-convoco-a-mas-de-5-mil-personas-en-su-marcha-al-congreso-perumundotv-noticias/


Por: Raul Wiener

Ayer debe haber sido un día de sentimientos encontrados para el presidente Ollanta Humala. En la mañana despertar con la noticia de que Datum ya le da 58% de aprobación, a dos puntos apenas del simbólico 60% y con posibilidades de que hacia el fin de semana CPI y Apoyo lo sitúen más arriba, y en la tarde encontrarse con una marcha multitudinaria con representantes de las provincias movilizadas sobre la capital, y de limeños solidarios con la lucha cajamarquina contra el proyecto Conga.

Seguramente Favre, Valdés y Castilla deben haberle insistido en que no hay razón para alarmarse ya que unas decenas de miles de manifestantes son poca cosa en una ciudad de 7 millones y en un país de casi 30 millones. Pero conociendo a Ollanta estoy seguro que este debe haber sido uno de los momentos más amargos de su gobierno. La razón es simple: esta ha sido LA PRIMERA vez que se arma en términos prácticos el frente del 30% que le hizo pasar a la segunda vuelta y que quedó de lado en sus decisiones posteriores.

La Marcha del Agua que algunos despistados habían ninguneado antes de tiempo afirmando que una movilización de mil personas desde el norte era un fracaso de los organizadores (como si fuera fácil juntar gente para recorrer la costa en una semana), se convirtió en un gigantesco abrazo deLima con los pueblos del interior. Una victoria política de los que hasta hace unos días se daban por los derrotados. Y si hay alguien que debe haber entendido el significado de lo que ha pasado, es el presidente Humala.

Los marchistas de esta semana hicieron un recorrido pacífico ciudad por ciudad, sembrando la idea de que no debemos dejarnos avasallar por el poder de las transnacionales.

Si uno ve lo que significó cada uno de esos encuentros y los que ocurrieron en el sur del Perúantes de la partida de sus delegaciones concluirá en que ciertamente ha habido un país movilizado contra los excesos de la minería y exigiendo un cambio de política ahora, que implique a los proyectos que ya dejaron firmados los anteriores gobiernos.

A partir de aquí estamos en un nuevo escenario para el desarrollo de los conflictos socioambientales que ya no son ocurrencias distantes y esporádicas sino un sentimiento de una nación que no quiere convertirse en un campamento minero. Después de la escalada prominera, la marcha representa, aun sin proponérselos, una respuesta de dignidad: preferimos el agua limpia y vivir de nuestro trabajo, antes de ver desaparecer las lagunas, los cerros y los bosques a ritmo del tajo abierto.

Ollanta ya lo sabe: le podrán contar que la marcha es prosenderista porque cogieron una bandera roja que era de Patria Roja, o que hay un complot de la izquierda, o que vamos a Conga y después todo se calma, pero lo que no va a poder sacarse de encima es que esos que estaban ayer en las calles lo llevaron al primer plano de la política y esos que tratan de tranquilizarlo para que no hayan nuevos virajes son los que conspiraron cinco años para cerrarle el paso. Tal vez sus nuevos aliados lo ayuden a gobernar con el timón a la derecha. Pero los otros son los que han marcado la política nacional en el último período.


• Empresa Befesa a cargo del proyecto en San Pedro de Lloc, región La Libertad, no cuenta con la aprobación del proyecto de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, por lo que no podrá instalarse en la zona

Lima, 11 de febrero de 2012.- Frente a las denuncias de la construcción de un relleno de seguridad por parte de la empresa BEFESA PERU S.A. en el distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo, región La Libertad; el Ministerio del Ambiente señala que, de acuerdo con la legislación vigente, para la construcción y operación de una infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos no municipales se requiere contar, por lo menos, con dos autorizaciones: Estudio de Impacto Ambiental, EIA, aprobado; así como con la aprobación del proyecto de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

En el caso del proyecto de relleno de seguridad en San Pedro de Lloc, según información pública, la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, aprobó en el año 2010 el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de “Relleno de Seguridad y Planta de Incineración de residuos peligrosos” de BEFESA PERU S.A; ubicado en el Distrito de San Pedro de Lloc, sin embargo, en relación a la aprobación del proyecto de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos, la citada empresa no cuenta con la autorización respectiva de la DIGESA, institución adscrita al Ministerio de Salud. En tal sentido, al no contar con la totalidad de las aprobaciones que la normativa exige, no se puede iniciar la construcción ni operación de este relleno de seguridad ni de la planta de incineración de residuos peligrosos.

El MINAM, en su condición de Autoridad Ambiental Nacional y Autoridad Competente para coordinar, promover y concertar el adecuado cumplimiento y aplicación de la Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nª 27314, señala que los rellenos de seguridad son necesarios para asegurar la disposición final de los residuos peligrosos y que, por ello, requieren de un manejo especial que incluye la aplicación de medidas de control y registro sistemático del origen, tipo, características, volumen y ubicación del lugar de confinamiento de los residuos; con la finalidad de minimizar los riesgos ambientales y sanitarios.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente ha coordinando con la DIGESA las acciones correspondientes para atender las denuncias de la población en el marco de sus competencias y funciones establecidas en la normatividad vigente, así como para asegurar el cumplimiento de los estándares ambientales y sociales necesarios exigibles a las inversiones en materia de manejo adecuado de residuos sólidos.

 
Fuente: Ministerio del Ambiente



¿Porque defiendo el agua y la vida me califican de extremista y radical?

Pues, sí lo soy.

  • Porque el agua es un derecho imprescindible para el ejercicio de los demás derechos humanos. El agua es vida y la vida vale más que el oro.
  • Porque el estudio de impacto ambiental de Conga y el peritaje Valdés constituyen una farsa y una burla nacional.
  • Porque defiendo el medio ambiente, los ecosistemas, los humedales, las cabeceras de cuenca hidrográfica y las lagunas altoandinas. Las lagunas son entes dinámicos que tienen vida y dan vida.
  • Porque quiero un ambiente sano, sostenible en el que se respete la biodiversidad en todas sus manifestaciones y puedan vivir estas y las futuras generaciones humanas.
  • Porque no quiero que destruyan la belleza paisajística andina y no permitan el turismo vivencial y ecológico. ¡ Los niños cajamarquinos quieren y deben conocer sus lagunas ¡.
  • Porque soy radical para defender el medio ambiente y el agua, desde sus orígenes, aguas subterráneas, manantiales y lagunas, vale decir en forma figurada desde su raíz.
  • Porque soy extremista, para defender un extremo que es la vida y rechazar el otro extremo que es la muerte, como consecuencia de la actividad minera.
  • Porque la minería a cielo abierto es la actividad económica más perversa que depreda el medio ambiente y atenta contra los derechos humanos.
  • Porque la minería formal e informal, como actividad extractivista es la forma más fácil de hacer riqueza, contaminando el ambiente y devastando las instituciones democráticas.
  • Porque creo y afirmo que nunca la tecnología más avanzada reemplazará a la madre naturaleza. En la naturaleza debemos cuidar y respetar el ciclo del agua.
  • Porque creo y trabajo en la organización y respuesta popular hacia los gobiernos entreguistas, mediante la lucha pacífica.
  • Porque no tengo las manos manchadas de sangre, como los tienen aquellos militares que actúan en contra del pueblo, y porque respeto la vida de los hombres y mujeres del campo y la ciudad que luchan por objetivos comunes.
  • Porque los gobiernos del Perú deben ser democráticos y soberanos, deben estar libres de la complicidad e influencia de la mafia e inmoralidad minera.
  • Porque debo decirle no al demagogo y traidor presidente, que la palabra empeñada se honra, es decir, lo que se ofrece se cumple y si se solicita el voto del pueblo hay que respetar la decisión popular.
  • Porque en el Perú no gobiernan los presidentes elegidos por el pueblo sino las empresas transnacionales, en el caso de nuestra región: minera Yanacocha- Newmont y un grupo de aventureros y codiciosos empresarios.
  • Porque rechazo todo tipo de terrorismo: terrorismo polpotiano, terrorismo de estado, terrorismo minero y el terrorismo biológico de las aguas contaminadas con cianuro y mercurio: ¡ tengo miedo tomar esa agua ¡.
  • Porque quiero que se rompa la inhumana y centralista forma de gobernar al viejo estilo republicano, que no respeta a los gobiernos regionales, locales ni a las comunidades indígenas, campesinas y los pueblos del Perú.
  • Porque creo en la transparencia y organización democrática de los Frentes de Defensa Ambiental, que luchan ligados a su pueblo respetando las sabias decisiones que éste les sugiere.
  • Porque tengo el deber político de rechazar a este modelo neoliberal expoliador de nuestra riqueza y depredador del medio ambiente.
  • Porque tengo el deber moral de no permitir que se repita la historia en Cajamarca, como hace 500 años con el saqueo de nuestro oro. Ayer fueron los españoles, hoy son los neoliberales peruanos y norteamericanos.
¡ Conga es inviable !. Porque el pueblo lo ha decretado.

¡ Conga no va, ahora ni nunca ¡

¡ Abajo los traidores y entreguistas de nuestra recursos naturales ¡

¡ Abajo los congresistas que vendieron su conciencia a las transnacionales mineras ¡

Profesor Luis Espino D.
Ex – Secretario Dptal. del SUTEC Cajamarca.



José De Echave, ex Viceministro de Ministro de Medio Ambiente, calificó de lamentable la poca transparencia con la cual se vienen realizando los arreglos para el peritaje al proyecto minero Conga, del cual aún no se conoce quién será la entidad encargada de ejecutarlo.
 

“Estamos hablado de un peritaje casi clandestino. Un peritaje con esas características no tiene ninguna seriedad”, sostuvo De Echave en la plaza San Martín, lugar donde se congregaron diversas organizaciones y colectivos civiles por el cierre de la ‘Marcha Nacional por el Agua’.
 
Por su parte, Alberto Adrianzén, parlamentario andino por el partido oficialista Gana Perú, también se pronunció sobre la falta de transparencia del peritaje, el cual pretende resolver la duda acerca de la viabilidad y sostenibilidad ambiental del cuestionado proyecto minero en Cajamarca.

“Es importante que se transparenten las negociaciones. La gente tiene derecho a decir no a este proyecto”, resaltó.

Enlaces relacionados
 

Lamula – Dirigentes de la marcha por el agua desconfían del peritaje internacional
 
Fuente: La Mula

En el día de ayer, miembros de la Misión de Observadores de la Marcha del Agua, Pedro Arrojo, David Barkin, Maribel Álvarez y J.Luis Martínez, se encontraron con la Marcha en Barranca. El alcalde de la localidad, Romel Ullilen, abrió el encuentro de la comisión de observadores internacionales, con una amplia representación dirigentes de las rondas campesinas* y de los frentes de defensa de Cajamarca, La Libertad, Áncash y Barranca. Entre los que tomaron la palabra para explicar las razones de la movilización a los representantes de la Misión Internacional, destacaron dirigentes de los Frentes de Defensa, como Idelso Hernández, Wilfredo Saavedrra, Eddy Benavides; y de las Rondas Campesinas, como Lenin Bazán y Vicente Burgos; además del Padre Marco Arana.

Saavedra explicó la historia de 20 años de agresiones y destrucción de su territorio a cargo de las mineras que les llevó en los últimos años a reorganizar y unificar los Frentes de Defensa, en los últimos 3 años. Un largo proceso alimentado, dijo Saavedra, por el dolor y la humillación, que arrancó con la primera asamblea de los Frentes de Defensa de 5 provincias, en Celendín; siguió la asamblea de San Marcos, con 7 provincias; luego en Bambamarca para, finalmente, en San Pablo, concretar la tabla de necesidades y reivindicaciones, que acabaría asumiendo el actual Presidente Regional. Desgraciadamente seguimos siendo ignorados y criminalizados por el Gobierno Nacional, añadió. “Burlados y humillados durante tanto tiempo”, el 24 de noviembre se puso plazo límite y saltó la rebelión.

Idelso Hernández dirigente de la Central Única de Rondas Campesinas y Carlos Daniel Briceño, integrante de las Rondas Campesinas de Hualgayoc-Bambamarca, explicaron la historia de los 35 últimos años en los que se ha asentado el compromiso de las Rondas Campesinas de Cajamarca, como articulación social y administración de justicia en el medio rural, con un alto nivel de legitimidad en las comunidades y un reconocimiento por norma legal. Durante muchos años Yanacocha y los gobiernos anteriores compraron y corrompieron dirigentes, explicaron. “Pero hoy estamos unidos y hemos ofrecido nuestra experiencia y nuestra fuerza moral para preservar y mantener el principio de no violencia que preside esta Marcha”, concluyó Idelso Hernández. “65 hectáreas de espejo de agua” pueden ser destruidas, explicó Briseño. Hoy se registran 1,262 pasivos ambientales que contaminan nuestros ríos y los gobiernos locales y regionales no pueden hacer nada porque el Estado les quitó competencias.

Igualmente, Milton Sánchez, del frente de defensa de Cajamarca precisó que alrededor de 800 manantiales y 100 captaciones de agua para consumo humano serían comprometidos si Conga fuera adelante. Durante 17 años, Yanacocha ha levantado 92 mil toneladas de roca por día. “La minera pretende confundir a la opinión pública diciendo que las lagunas distribuyen mal el agua y que construyendo reservorios la gestión será mejor… “, Conga es parte de una serie de inminentes proyectos en las cabeceras de cuenca: “El Galeno”, por una empresa china; “La Pishiquiya” por capital ingles y “Conga”, por Yanacocha”, agregó.

Jorge Spelucín, maestro, e integrante de la Comisión Nacional del Agua, suscitó la denuncia del largo proceso de criminalización que los distintos dirigentes sufren, “no queremos que continúe la criminalización de la protesta que impuso el anterior gobierno, los pobres hemos soportado por 20 años la violencia política y social de Yanacocha”, dijo.

Falta un día para que la Gran Marcha por el Agua llegue a Lima, el jueves 9 de febrero. Por otro lado, hoy arrancó el Foro “Agua. Mimería y Desarrollo en el Perú de Hoy”.

Mayor información: http://observacionenperu.blogspot.com

* Las rondas campesinas son un tipo de organización comunal surgido de manera autónoma en las zonas rurales del Perú principalmente en los departamentos de Cajamarca y Piura. Surgieron como una respuesta a la carencia de protección estatal. Su actividad está regulada por la Ley Nº 27908y su reglamento les reconoce el derecho a participar de la vida política del país, capacidad conciliatoria, y apoyo a la administración de justicia en general.