Archivos para 30 enero, 2012


Por: Carlos Monge

El conflicto en torno a Mina Conga es una herencia directa del extractivismo neoliberal. Mina Conga es un proyecto de la empresa Yanacocha, que a su vez es propiedad de las empresas Newmont(Estados Unidos, accionista mayoritario) y Buenaventura (Perú, accionista mino- ritario). El Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), es accionista minoritario de la empresa Yanacocha. La inversión programada es de casi cinco mil millones de dólares y, de concretarse, sería el proyecto minero más grande del país hasta la fecha.

La oposición de la población y las autoridades locales a Mina Conga se sustenta en varias razones.

Falta de credibilidad del mensajero

La empresa Yanacocha tiene severos problemas de credibilidad. Su actual proyecto en la provincia de Cajamarca se ha caracterizado por una sucesión de conflictos con las poblaciones rurales, que después se extendieron a una confrontación generalizada con la población y las autoridades de la ciudad de Cajamarca cuando la empresa pretendió extender sus operaciones al Cerro Quilish, el acuífero de la ciudad. Recientemente, ha sido acusada de ser la responsable de la desaparición de las aguas del cauce del río Grande, razón por la cual la ciudad estaría consumiendo agua usada por la mina, reciclada y vertida nuevamente al lecho seco del río.
 

Falta de credibilidad de los procesos

El Proyecto Conga fue desarrollado en el marco de las normas y procedimientos vigentes durante la década anterior. Hasta el año 2007 no había Ministerio del Ambiente (MINAM) (1) y todos los aspectos ambientales relativos a la minería estaban a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el mis- mo que era responsable de promover la inversión. Cuando fue creado, al MINAM no se le dieron competencias en materia de grandes proyectos como este. Además, no se había iniciado en la región el proceso de la zonificación económica y ecológica ni había un plan de ordenamiento territorial.

Los procesos de consulta que la empresa Yanacocha ha realizado en torno al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fueron hechos cuando no había aún Ley de Consulta y no era el Estado sino la empresa la que los llevaba adelante, así como las audiencias sobre los EIA como parte de su estrategia de promoción de la inversión. El propio presidente de Yanacocha ha reconocido que el 70% de los participantes en la consulta eran en ese momento trabajadores de la empresa.

Falta de credibilidad del mensaje

Mina Conga planea destruir cuatro lagunas en las alturas de Celendín, dos para hacer el tajo y dos para usarlas como botaderos de deshechos. En compensación, ofrece hacer reservorios ubicados entre dos y cuatro kilómetros de distancia de las lagunas actuales, prometiendo más agua y una reproducción perfecta del sistema interno que -desde esas lagunas- alimenta los actuales bofedales y el sistema hídrico de las cuencas de los tres distritos circundantes. La gente no cree que esto sea posible. Además, el actual MINAM ha realizado un análisis del referido EIA, le encuentra serias debilidades al componente hidrológico y sugiere —al respecto— un estudio independiente que lo valide antes de seguir adelante con las operaciones.(2)

El presidente Humala: Camino al neoextractivismo

El concepto del neoextractivismo (3) refiere a gobiernos de la región que han nacionalizado la renta extractiva (Bolivia y Ecuador) o estatizado la industria (Venezuela) pero que siguen viendo a las industrias extractivas como palanca fundamental del desarrollo, subordinando a esa lógica los derechos de la población y el medio ambiente.

La política de Gana Perú parece orientarse en esa dirección. En agosto de este año, el premier Lerner anunció la negociación de un aporte adicional de tres mil millones de soles por parte del sector minero10 y la viabilidad de una cartera de inversión por cuarenta y seis mil millones de dólares. El Presidente ha ratificado el mensaje diciendo que:

“El proyecto Conga es importante para Perú porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano”.(5)

Y fue más allá al anunciar que la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del MINAM se trasladaría a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y que lo mismo ocurriría con la evaluación y aprobación de los EIA (ahora en el MINEM) y con la Autoridad Nacional del Agua (ahora en el Ministerio de Agricultura, MINAG), anuncios que van en sentido totalmente opuesto a la agenda del ministro Giesecke y su equipo, quienes han venido reclamando que se mantenga y fortalezca la OEFA en el MINAM y se pasen a este Ministerio las evaluaciones y fiscalizaciones ambientales y los EIA, para evitar el conflicto de intereses que significa que esa responsabilidad esté en un MINEM encargado de promover las inversiones.

Un análisis malicioso diría que la decisión tomada busca asegurar para el Presidente y el Premier el manejo político de los aspectos ambientales de la minería, en lugar de apuntalar en el MINAM una gestión técnica con relativa autonomía de las negociaciones entre el gobierno y las empresas mineras.

La apuesta central es pues asegurar las grandes inversiones mineras para que estas financien la inclusión social. Resulta conveniente entonces una institucionalidad ambiental fragmentada y manejada políticamente desde la PCM. En este marco, que calza perfectamente con el concepto de neoextractivismo, la gran inversión minera es la condición primera y más importante para el crecimiento y la inclusión, y todo lo demás (medio ambiente y poblaciones locales) se le debe subordinar.

Buscando salidas hacia un escenario post-extractivista

Se ha planteado como medida inmediata paralizar el proyecto hasta realizar una evaluación seria e independiente del EIA elaborado por Yanacocha y aprobado por el MINEM. En esta dirección apunta el informe realizado por el MINAM. Sin embargo, el ministro Giesecke ha buscado limar los ángulos más afilados del informe, enfatizando que el EIA ya está aprobado y que el proyecto va y que se trata apenas de mejorar algunos de sus aspectos. Habrá que ver qué sucede en los próximos días.

De manera más amplia, se está planteando la necesidad de un Acuerdo Nacional sobre la Minería y el Medio Ambiente que permita construir consensos básicos sobre el rol de la minería en la economía nacional, regional y local, y sobre los marcos institucionales para la toma de decisiones respecto de los grandes proyectos mineros.

Sin mencionar aún los temas referidos a la reglamentación de la Ley de Consulta, los elementos a la base de un nuevo consenso nacional sobre el tema debieran incluir al menos, entre otros, los siguientes temas:

• Cambio en el procedimiento de las concesiones mineras e hidrocarburíferas

En un nuevo diseño, la entrega de concesiones debe estar supeditada a lo que digan la zonificación y el ordenamiento del territorio y a la consulta previa, y debe suponer el compromiso empresarial de hacer exploración y producción, evitando el uso especulativo de las concesiones.

• Fortalecimiento del Ministerio del Ambiente

Se debe mantener en el MINAM y fortalecer la OEFA y transferirle la evaluación de los EIA y la conducción de la Autori- dad Nacional del Agua (ANA), con los recursos necesarios para que haga bien su trabajo.

• Aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial

Hay que proceder de inmediato a un debate nacional sobre la nueva Ley de Ordenamiento Territorial, la que debe estar sustentada en una estrategia de zonificación económica y ecológica concertada con los ministerios, los gobiernos regionales y locales, y las organizaciones sociales y del sector empresarial.

• Definición de las competencias y funciones de los gobiernos regionales y locales en la gestión del sector extractivo

Los gobiernos regionales y locales no participan en el otorgamiento de concesiones ni en la negociación de contratos; tampoco en la evaluación de los EIA ni la evaluación y fiscalización ambiental, etc. El marco normativo que no les da competencia en estos temas es hoy inviable, y de hecho ya está rebasado por la propia realidad. En efecto, los gobiernos regionales y locales ya intervienen en el tema mediante los procesos de zonificación económica y ecológica y las consultas ciudadanas.

Si se hacen consultas, en algunos casos la población local dirá que NO. Y si se realiza la zonificación ecológica y económica, en algunas zonas NO se podrá hacer minería. No es pues realista pensar que tendrán luz verde los 46 proyectos que se encuentran registrados en la cartera de proyectos del MINEM y que se materializarán todas las inversiones anunciadas.

Lo responsable como país es comenzar a pensar en estrategias de diversificación de fuentes de renta pública, divisas por exportaciones, y empleo para no depender tanto de un sector que genera tal nivel de resistencia social. Asimismo, construir un marco institucional que garantice que las decisiones sobre actividades extractivas (y otras grandes inversiones) se hagan respetando la voluntad de las poblaciones locales y protegiendo los recursos naturales no renovables para las futuras generaciones, y definir una estrategia de crecimiento y bienestar que dependa cada vez menos del sector extractivo.

Tales son los componentes mínimos de una transición posextractivista. En el Perú este es un debate que recién comienza en círculos limitados,(7) pero la realidad hace cada vez más urgente llevarlo al plano de la política regional y nacional. Las decisiones que tome el gobierno en estos días y semanas sobre Conga, los proyectos de inversión en zonas aledañas, y la minería en general, nos dirán si vamos por el camino ya probado del neoextractivismo nacionalista redistributivo, o si somos capaces de explorar nuevos caminos que nos lleven a romper con el extractivismo en cualquiera de sus variantes. Esa sí que sería una gran transformación.

Publicado en Quehacer, en diciembre de 2011

Notas:
(1) Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado el 14 de mayo del 2008.

(2) El análisis y sus recomendaciones se hicieron en los días previos al inicio del paro regional contra Mina Conga, pero sus contenidos fueron difundidos por el gobierno recién el domingo 27. IDL Reporteros lo obtuvo y comentó días antes

(3) Eduardo Gudynas, Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. Lima: Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES, 2009.

(4) Impuesto extraordinario + gravamen extraor- dinario + nuevo esquema de regalías. Mis esti- mados y varios otros señalan que en realidad el aporte adicional estaría entre 1000 y 1500 millones de soles.

(5) En Peru.com, miércoles 16 de noviembre del 2011.

(6) La República, 28 de noviembre del 2011.

(7) Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE y CLAES, Transiciones, post extractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú. Lima, 2011


La ‘Marcha del Agua’ es un evento convocado por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y en el que participarán diversas organizaciones sociales de esa región contra el proyecto minero Conga.

Este evento se iniciará el 1 de febrero en Cajamarca, donde se realizarán ceremonias de pago a la tierra y al agua en las lagunas ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero. Al día siguiente se dará inicio a la marcha con dirección a Lima; se tiene previsto que lleguen el jueves 9. Tres días después, el 12 de febrero, culminará con la inauguración del Foro Nacional de Justicia Hídrica, en el cual se debatirá la problemática del agua y las propuestas de leyes y políticas que se impulsarán en adelante.

Estos son algunos de los puntos mencionados en la llamada “Declaración de los Caminantes de la Marcha del Agua”:

  1. Que nuestra marcha está animada por un espíritu pacifista y por tanto rechazamos la presencia e intromisión que pudiera haber de grupos políticos violentistas, delincuentes comunes o personas que pretendieran infiltrarse para desvirtuar nuestra movilización o intentaran aprovecharse de la legitimidad y justeza de la misma.
  2. Que los objetivos de la Marcha del Agua son plenamente sociales y ecológicos: la defensa de las aguas y de la Madre Tierra, la prohibición de la minería en zonas de recarga hídrica en cuencas altas, medias y bajas; la prohibición de la minería de cianuro y mercurio, el derecho a la consulta previa a los pueblos, la defensa de la ordenanza 036 que declara la inviabilidad del proyecto Minas Conga.

Sin embargo, la marcha en cuestión ha recibido críticas desde diversos frentes. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), César Acuña, instó a Santos a “apoyar el progreso del país y no caer en el uso político” del agua para paralizar obras de desarrollo.

De igual manera, el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Jorge Caillaux, coincidió en que dicha movilización debe aprovecharse para resaltar la importancia de los recursos hídricos de nuestro país y no debe usarse con fines políticos.

“La marcha por el agua coincide con el Día Mundial de los Humedales, que se celebra este 2 de febrero. Esta marcha es una buena oportunidad para generar conciencia en toda la población -ya no solo de Cajamarca sino de todo el país-, sobre el valor de las cuencas y del sistema hídrico”, dijo Caillaux.

Cabe recordar que, días atrás, Gregorio Santos expresó nuevamente su rechazo a la minería a través de su cuenta en Twitter (@gregorio_goyo): “Enérgico rechazo a designación de peritos, acto unilateral y arbitrario. Valdés sabe resultados. Adelantó opinión. Operador de Minera Yanacocha no pasará”.
 

 
 Fuente: La Mula


Curiosas formas en que se expresa el imaginario andino y el paroxismo religioso en las protestas sociales; paroxismo proyectado, casi siempre, en lágrimas sentidas. En la sierra aún pervive la expresión de cantar llorando -o llorar cantando-, una forma cultural ancestral que mezcla la tristeza con el consuelo del canto.

Más de un centenar de evangelistas del centro poblado de Otuzco (Cajamarca) oraron y lloraron por las cuatro lagunas de Conga. Los comuneros, con sus esposas e hijos, llegaron hasta la primera tranquera que resguarda el proyecto minero, la que está resguardad por efectivos de seguridad.

Con sus rezos y canciones pidieron que se “deje correr el agua para la vida eterna”.

Uno de los evangelistas comentó que pidieron permiso para ingresar hasta las lagunas pero no los dejaron.

Trascendió que quien sí pudo ingresar, con algunos inconvenientes, fue el congresista aún oficialista Jorge Rimarachín, quien hizo un juramento a las lagunas de defenderlas.

Fuente: La Mula 




Pasacalle Marcha en Lima

Publicado: 30 enero, 2012 en DOCUMENTOS, NOTICIAS
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PDTG, 16 de diciembre de 2011. El Programa de Democracia y Transformación Global – PDTG quiere compartir algunas miradas al conflicto provocado por el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Cajamarca que han estado ausente ó poco presente en los artículos periodísticos y analíticos sobre el caso. Más que afirmaciones son hipótesis que buscan ampliar las explicaciones e interpretaciones sobre lo que está ocurriendo, y sobre lo que va a implicar para los años que vienen. Ellos se basan en nuestro trabajo colaborativo con comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que trabajan con estas en los últimos años.

I.
El gobierno con Ollanta Humala siempre iba a ser un campo de disputa. Sin un proyecto y aparato político sólido, en un país con poca institucionalidad, el curso del gobierno dependerá de la eficacia de incidir en ello de distintos actores que al parecer buscan convencerlo de pertinencia sus intereses. Da la impresión que en este juego, las negociaciones del gravamen minero implicaron un acuerdo político de respaldo mutuo: las empresas mineras pagando un poco más de impuestos, y el gobierno respaldando las empresas para mantener sus privilegios con casos de proyectos controversiales como lo de Conga.

Como Ollanta Humala, Gregorio Santos (presidente regional de Cajamarca, proveniente de las filas de Patria Roja) se mueve en base de los cálculos de la política institucional. El resultado de esto marcará el curso, la popularidad y el éxito tanto del gobierno nacional, como del regional. Por lo dicho, tiene tan poco sentido actuar desde la tesis “Ollanta traidor”, como de la tesis “Tenemos que cuidar al gobierno para no caer en el juego de la derecha”. Más bien, requerimos de análisis más complejos y políticos del curso del gobierno que permita desarrollar estrategias organizadas y articuladas de presión y a la vez construir cambios desde abajo por parte de todas y todos que se sienten comprometid@s con la gran transformación del Perú.

II.
En el conflicto provocado por el proyecto Conga está en juego el futuro de la relación industrias extractivas-comunidades-población urbana – Estado, y no solo el futuro de este mismo proyecto: Se puede ver a Conga como un piloto que definirá la viabilidad de varios otros proyectos controversiales en Cajamarca y en el país en el contexto de un gobierno nacionalista. En los últimos años proyectos que contaron con la oposición masiva de la población local en alianza (real o impuesta por la fuerza de la organización social) con los autoridades locales no han logrado proceder (Islay, Ayavaca, Huancabamba, Tambogrande, Quilish, etc.). Si un proyecto con tantas objeciones técnicas, procedimentales y sociales como Conga logra proceder bajo el discurso de la “minería más responsable” abrirá incluso la puerta a estos proyectos suspendidos. En Cajamarca podría terminar siendo una palanca para que avanzan las otras explotaciones pretendidas, consolidando un distrito (o departamento) minero sin precedentes en el país.

En segundo lugar, Conga marca la pauta para la política del gobierno nacionalista frente a los conflictos y protestas sociales. Y en este sentido, la declaración de estado emergencia, medida muy prematura y excesiva, genera mucha preocupación. Las acciones desarrolladas previa y durante el dialogo tenían las características de una operación militar que buscaba controlar un territorio. Lejos de ver a los conflictos como oportunidades para corregir los males del Estado peruano, se los sigue viendo como amenazas que requieren de respuestas que evidencian la fuerza del gobierno, muy parecido a la política del gobierno aprista anterior. A ello se suma que se utiliza un marco legal muy cuestionable como es el DL 1095. La detención arbitraria de los dirigentes cajamarquinos en Lima, la represión de un plantón de solidaridad en Lima, y la congelación ilegal de los fondos del gobierno regional confirman la preocupación que el gobierno nacionalista recurre con facilidad y prematuramente a medidas autoritarias ante situaciones que percibe como crisis. Esperamos que esta tendencia se corrija.

En tercer lugar, el discurso de la “minería responsable para la inclusión social” busca restablecer la hegemonía del modelo extractivista en el país, que se encuentra debilitado por tanto conflicto, violencia, abusos y oposición. El éxito de ello definirá cuanto compromiso y solidaridad pueda haber en Lima (y otros centros urbanos) y en las clases medias con la protección del medio ambiente y el territorio en las otras regiones del país. Esta dimensión geo-política del conflicto Conga se obvia sistemáticamente de la mayoría de los análisis del caso, inclusive por autores independientes de los intereses económicos detrás de la minería. Curiosamente para los(as) campesinos(as) cajamarquinos(as) esta dimensión está muy clara (más que todo en relación al futuro de su región) y explica el compromiso con las protestas, desmintiendo las viejos tesis vanguardistas que ellos no tendrían consciencia política, y por tanto son manipulados (como plantea la derecha) ó requieren dirección (como plantean algunos sectores de izquierda).

III.

En los conflictos mineros de los últimos años uno puede percibir un desarrollo tanto organizativo, como discursivo. Si bien es cierto que no ha resultado en la consolidación de una organización representativa que presenta una agenda concertada -como planteaba Anahí Durand-, se puede percibir que los reclamos en los distintos conflictos están cada vez más articulados y son cada vez más programáticos y propositivos. Parcialmente se explica por las relaciones y redes entre líderes, organizaciones e instituciones presentes en estos casos que se han venido tejiendo, y parcialmente por la crítica de fondo al modelo de desarrollo que se viene generando a raíz de conflictos constantes e irresueltos en el país.

En consecuencia –al contrario de hace cinco años- en las protestas de hoy está presente una agenda de cambios que permitirían cambiar la política minera en el país, si habría la voluntad política para ello. Esta agenda incluyera políticas de ordenamiento territorial participativo, reglamentación afianzada de la consulta (que se debe dar antes de dar concesiones), la transferencia de los EIAs al Ministerio del Medio Ambiente o una autoridad independiente, la definición de zonas libres de minería, la moratoria de concesiones mineras, la planificación estratégica del uso de agua, revisión de EIAs controversiales, inversión en el agro como alternativa económica, etc.

Hasta ahora el gobierno persiste en tratar caso por caso, sin tocar las cuestiones de fondo y sin impulsar una política minera distinta e integral. Esto implicará muy probablemente nuevas Congas en los años que viene.

IV.
Con todo ello, no es casual que el primer conflicto minero grande de este gobierno ocurra en Cajamarca. De un lado, no hay región del país que conozca mejor las implicancias de la minería “moderna” debido a la presencia de Yanacocha desde las noventas, en cuanto a contaminación, daños a la salud humana, escasez de agua, etc.. Por lo tanto, decir que los cajamarquinos no saben de qué hablan o que actúan por manipulación externa, es de un racismo y tutelaje escandaloso.

De otro lado, en Cajamarca persiste un nivel de organización social y política mayor a otras partes del país (pese a la caracterización por algunos académicos de que habría conflictos sin movimientos), incluyendo la presencia de líderes muy capacitados ligados a movimientos nacionales (como Tierra y Libertad y Movimiento Nueva Izquierda) y acompañados por técnicos e intelectuales locales. Uno no puede negar que en Cajamarca también existe apoyo a Yanacocha, que se sostiene en las redes amplias de trabajo y el asistencialismo de las empresas mineras, pero a la vez, es evidente que una parte mayor de la población después de abusos, de haber visto daños permanentes a la naturaleza y la salud humana, y después de haber compartido tan poco de los supuestos beneficios, están convencidos y convencidas que la minería no puede ser el futuro de la región.

Al contrario de lo que pretenden presentar los medios de comunicación: esto no implica que están en contra de la “minería como tal”, pero sí que plantean que deben haber límites a esta actividad, que no puede desarrollarse en todo sitio y de forma indiscriminada, y que la población tiene el derecho de elegir su propio modelo de desarrollo y futuro. Las protestas en Cajamarca en este sentido representan varias críticas y posiciones, como también varias propuestas: una de ellas mayor inversión estatal en la actividad agrícola. Sumado a ello la fuerza organizativa deja en claro que el Estado de Emergencia no va a resolver el conflicto, sino más bien aumenta la indignación de la población sobre lo vivido.

V.
Como el conflicto en Cajamarca será un punto de inflexión para el gobierno y para la actividad minera en el país, pueda ser un momento (re)fundacional también para el campo progresista (para poner un nombre no del todo arbitrario, que se refiere al sector de organizaciones, instituciones, colectivos y personas que creen en cambios de fondo en el país para construir un Perú más justo y democrático).

Definitivamente el curso de gobierno, la persistencia (o nueva etapa) del modelo extractivista en el país y las respuestas desde abajo frente a ello permiten repensar a los proyectos de transformar la realidad peruana, y podrían favorecer a que surjan nuevas formas de relación entre ellas, redes e iniciativas compartidas. Un ejemplo inmediato podría ser la Marcha Nacional del Agua como iniciativa articuladora para impulsar cambios en la regulación de las industrias extractivas en el país, como también el Pacto de Unidad de organizaciones campesinas e indígenas que se viene forjando. Dentro de Gana Perú implica además que los y las congresistas electos están definiendo su relación con los movimientos sociales en el país, y su autonomía frente al gobierno.

Creemos que hay cuatro cuestiones fundamentales en este momento de potencial reconstitución del campo progresista y de las relaciones entre los sujetos sociales y políticos en el país (y en el mundo en general frente al escenario de múltiples crisis):
– La discusión del modelo de desarrollo – el modelo de desarrollo extractivista es el fondo de los conflictos mal llamados socio ambientales. Una política de cambio en este momento en el mundo, en América Latina y en el Perú es una política que transforma el modelo extractivista, generando otra economía, otra política y otra cultura en función del bien estar (o buen vivir) de todas y todos, y de los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones para gozar un mundo sano.
– La cuestión del Estado y de la autonomía – el curso de los distintos gobiernos progresistas en la región muestran las enormes limitaciones de generar cambios fundamentales (solo) desde el Estado. Aunque creemos que siempre hay que tratar de incidir en el Estado, la construcción de cambios culturales, económicos y políticos desde abajo, impulsando alternativas y autonomías es una dimensión fundamental de una política de cambio. Es además una condición indispensable para que pueda haber victorias electorales y políticas estatales transformadoras.
– La cuestión de la relación entre las distintas luchas y opresiones – una política de cambio ya no puede (y nunca pude) asumir solo una lucha, desde un sujeto principal con una agenda propia. Es necesario combatir todas las opresiones a la vez que mantienen el sistema actual, y ello requiere diálogo y articulación entre los movimientos sociales del país.
– La construcción de una nueva cultura política – las construcciones políticas caudillistas, autoritarias, machistas, coloniales, vanguardistas y sectaristas que hemos conocido en todo este tiempo ya no puedan servir para generar cambios de fondo. Creemos que para nueva política se requiere la construcción profunda, lenta, pero segura, de un proceso colectivo y personal del cambio. Para el periodo que viene esto implica mayor apertura a la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones, instituciones, frentes y colectivos basados en los intereses comunes de los pueblos en vez de los intereses particulares de cada uno. Visto la cultura política del campo progresista en el país, esto va a ser un desafío grande y de suma importancia.

Para nosotr@s el horizonte de todo ello sigue siendo la construcción de un Estado laico, plurinacional, descentralizado y realmente democrático, en lo cual se celebra la diversidad de nuestro país, se promueve la libertad y la autonomía de las personas y de los pueblos, y se impulsa una economía diversa, social y sostenible que coloque como parte a los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras. Ello requiere de un cambio radical de las relaciones entre la sociedad y el Estado, entre los pueblos y los gobiernos, entre las organizaciones del campo progresista, que a su vez implica la necesidad de una cultura diferente. Todo esto está en disputa hoy en día, y seguirá estándolo en los años que vienen.


Por Mario Zúñiga Lossio

 

Luego de 40 años de explotación petrolera en Loreto (principalmente en el Lote 1AB, actualmente operado por Pluspetrol), las poblaciones indígenas que recibieron la bendición del extractivismo aún viven en situación de pobreza, con problemas de salud no resueltos, con grandes incertidumbres sobre su futuro, en espacios de vida degradados y deteriorados y bajo condiciones de dependencia y/o de negocio inequitativo hacia las empresas que operan en sus territorios.

Ante esta situación, las organizaciones representativas de las diversas cuencas de Loreto afectadas por la actividad petrolera, tales como la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) y la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT), reunidas en la plataforma “Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios” (PUINAMUDT), han venido llevando a cabo diversas reuniones en el Congreso a través de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE ) y en distintos ministerios, con el fin de plantear una agenda que lleve a construir nuevos pactos sociales, en un escenario de relaciones de control, gestión y planificación territorial que les permita redefinir la situación de daño ambiental, injusticia, pobreza e incertidumbre en la que se encuentran.

La plataforma PUINAMUDT, plantea propuestas sobre los temas de consulta y la necesidad de una amplia y sincera participación y alcance; la posibilidad de la suspensión de concesiones hasta resolver los temas ambientales y sociales pendientes (con estudios integrales de salud, económicos y sociales para entender la magnitud del impacto histórico de las operaciones); el respeto por la integralidad de los territorios indígenas y con ello de sus formas institucionales de organización y justicia en un marco de diálogo con el Estado, cuyo fin es construir verdaderos contextos de desarrollo social; y por último, el cese de la persecución de líderes que defienden sus derechos territoriales.

De hecho, la PUINAMUDT, es un ejemplo más de la capacidad de los Pueblos Amazónicos para plantear escenarios de diálogo, en los que la justicia, la diversidad y el entendimiento mutuo son la opción real para poder definir un modelo de sociedad justa, equitativa, sostenible y plural. A partir de ello, es que la Plataforma y el Estado han llegado a un acuerdo para definir un Plan de trabajo con la CPAAAAE, para que se conformen comisiones por un periodo de 120 días calendario, que indaguen sobre la problemática de la zona con los diversos actores involucrados.

Este camino tendría que plantear escenarios de relaciones entre Empresa, pueblos indígenas y Estado, que se basen en un fuerte componente de interculturalidad, es decir, espacios de participación diversa, decisoria, equitativa e igualitaria de diálogo; además con un claro mensaje discursivo y práctico de reconocimiento y sanción de los errores y daños causados, y que a la vez tengan la capacidad de elaborar propuestas con una mirada estratégica, planificada (Evaluaciones Ambientales Estratégicas, Ordenamiento Territorial, Planes de Vida, etc.), transparente, participativa, con información adecuada y prácticas reales de cumplimiento. Por otro lado, se requiere una institucionalidad capaz de sostener, medir y hacer seguimiento a estos procesos en estos términos, bajo una visión clara de sostenibilidad y proyección de la importancia de un ambiente ecológico, infraestructural y cultural, que permita el desarrollo sostenible y real del bienestar local, priorizando el universo de vida de las poblaciones indígenas y sus derechos a cualquier decisión administrativa sobre su territorio y una proyección al cambio del modelo extractivo y la matriz energética tradicional no sustentable.

Esta transformación permitirá que las incertidumbres se transformen en confianza y además en posibilidad, ya que las personas se sentirán parte de un proceso de participación ciudadana importante para fortalecer las relaciones entre el Estado y los pueblos. De hecho, es necesario insistir en que la participación de la población y sus organizaciones representativas complementarán siempre esta dimensión y puedan plantear soluciones alternativas a los problemas ambientales existentes.

Así, los 40 años de explotación y de un mal desarrollo para la zona afectada son una clara enseñanza que nos puede plantear una mirada diferente sobre las actividades que el Estado determine hacer (como la proyección de Petroperú sobre el Lote 1AB por ejemplo) y que necesitan de criterios más amplios para poder definir la factibilidad de las actividades, su continuidad bajo nuevos términos, más justos y equitativos y de modelos de desarrollo que tengan verdaderos resultados en la población, no sólo para el presente sino también hacia el futuro y por ende, para todos nosotros.

Posted by CooperAcción Ene 27, 2012 Actualizado: Ene 27, 2012

Publicado por Soc.Latinoamericana de Des.Sost. el enero 26, 2012 a las 10:00pm

Por MsC. MARCELA CHAMAN CHAVEZ

Directora Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Instituto Comercio y Producción (ICP)

ANTECEDENTES:

  • En 1991 la Compañía de Exploraciones, Desarrollo e Inversiones Mineras CEDIMIN S.A.C. descubrió los yacimientos de oro Chailhuagón y Perol.
  • Entre 1994 y 2000 realizó investigaciones en ambos depósitos.
  • En el 2001 el proyecto Conga se unió a las operaciones de Minera Yanacocha que desde entonces desarrolló los estudios de geotecnia e hidrogeología, así como la adquisición de tierras y permisos para el inicio de actividades de exploración.
  • Las actividades de exploración del Proyecto Conga se iniciaron en el 2004 en los depósitos de Chailhuagón y Perol.
  • Del 2005 al 2007 se iniciaron los estudios de línea base ambiental
  • A partir de 2008 se actualizaron los estudios de línea de base ambiental para empezar a desarrollarse la ingeniería del proyecto, mientras se continuaba con actividades de perforación durante el 2009.
  • En el 2008 se aprobó mediante Resolución Directoral N° 243-2008-MEM/AAM, el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) del Proyecto de Exploración Conga.
  • Posteriormente, en abril de 2009, mediante Resolución Directoral N° 081-2009-MEM/AAM, se aprobó la Primera Modificación del EIAsd del Proyecto de Exploración Conga y luego se presentó una segunda modificación.
  • El 31 de marzo del 2010 se realizó una Audiencia Pública en el caserío Chailhuagón para presentar el EIA de Conga.
  • El 2011 la población indica que la aprobación del EIA estuvo plagada de irregularidades por lo que se pide su revisión.
  • Se denunció que este proyecto afectaría a 4 lagunas: Azul, Perol, Mala, Chica que abastece al río Jadibamba.
  • Yanacocha respondió que construiría 4 reservorios para reemplazar el agua de las lagunas, y que además, abarcarían 3 veces más su capacidad, a favor del consumo humano y las actividades agrícolas.

ANALISIS
Si bien es cierto que el país requiere de inversiones que la rindan beneficios económicos para su desarrollo sostenible, éstas deben de realizarse responsablemente, de manera ordenada y coherente, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos el privilegio de ser el cuarto país megadiverso del mundo y el tercer país más extenso en Sudamérica, además de ser uno de los países más valiosos del Planeta Tierra, por su altísima diversidad de paisajes, recursos vivos o biodiversidad, sus riquezas minerales y la contribución valiosa de sus gentes al bienestar del mundo. (…sigue)



 

LA MARCHA POR EL AGUA EN LA LIBERTAD.

La marcha por el agua es una cuestión política, claro que lo es. Desde  que esta realidad enfrenta al pueblo contra el Estado, es un conflicto político.

Por un lado tenemos enfrentados los intereses de las comunidades y de la humanidad en preservar las cabeceras de cuenca y sus ríos de la contaminación y devastación del recurso hídrico por la empresa minera. Y por otro lado tenemos; a un estado, a un gobierno que continúa con una política neoliberal depradatoria y colonizante, que defiende los intereses de la gran empresa minera de maximizar sus ganancias a causa de costos sociales y ambientales.

Sin embargo este tipo de cuestión política la aceptamos. Y la estamos afrontando de lado de los intereses del pueblo y la humanidad.  

La otra cuestión política de esta realidad, que rechazamos es hacer de la defensa del agua el bote que les lleve al voto. No negamos el fin, pero repudiamos los medios. Que en plena lucha estemos en campaña política, sectorizando, protagonizando, arribando en una lucha que es del pueblo, y no de unos cuantos “dirigentes”. Despojémonos de nuestros ropajes e intereses políticos y golpeemos juntos al verdadero enemigo.  

Hasta cuando señores “dirigentes” aprenderán la lección. Ya tendrán tiempo para la campaña. Por ahora si quieren servir realmente al pueblo. Luchen con el corazón y la razón, pero no con el interés. Porque en estos momentos sea el interés económico o político, es igual de dañino para el movimiento social. La política no es cuestión solo de ideologías, es también de moral.

Señores “dirigentes” pensemos por un momento de lado de lo humano, del dolor, del sufrimiento, de la miseria, de la pobreza de la población. Pero como sentirlas, si no las conocemos de cerca. Desde acá es difícil entender una realidad de allá.  La lucha necesita de amor, pero para ello hay que conocer.

Un acercamiento a la realidad de las comunidades nos permitiría verlos como lo que son: humanos. Con sus contradicciones. Aparentes fortalezas. Y, no verlos desde la izquierda como “carne de cañón”, “cantidad”, “masa” y desde la derecha como mercancías. Es obvio que la segunda percepción en este tema no tiene participación.

Lo decimos porque hay grupos de izquierda que actúan por ideología y no por conocimiento de causa. Luchan por imponer sus ideas sin conocer la realidad de nuestras comunidades. Se movilizan en respaldo al fortalecimiento de la imagen de sus “dirigentes” y no en la defensa de una realidad miserable.

En La Libertad, hay una realidad problemática que tiene su propia plataforma. La cuestión de la defensa del agua y la vida, no pasa por la solidaridad con el pueblo de Cajamarca, sino por la integración de todos los movimientos sociales regionales a nivel nacional. Por ello la gran marcha nacional por el agua y la vida. Si no estaríamos hablando de la marcha regional…

 

La participación mayoritaria para la gran marcha será de la población de las comunidades afectadas por los proyectos mineros en el ande liberteño, organizados en nuestras rondas campesinas de Santiago de Chuco, Huamachuco, Pataz y Otuzco. 

La lucha emblemática es contra el proyecto minero de exploración las lagunas sur de la empresa minera Barrick, que afecta a las lagunas: Los Ángeles, El Toro y Verdes; que son cabecera de cuenca de los ríos Santa, Chicama y Marañón. Así como subcuencas de los ríos Chuyugual (Sánchez Carrión), Caballo Moro (Santiago de Chuco) y Perejil (Otuzco), es en las comunidades afectadas de este proyecto minero donde se ha realizado un trabajo de bases, y de donde esperamos la mayor movilización de masas. Aclarando que son las centrales de rondas campesinas las responsables de la convocatoria y movilización de bases, con el apoyo y coordinación de las municipalidades: distrital de Quiruvilca y provincial de Santiago de Chuco.

Nuestra plataforma es:

  • Validez de la ordenanza municipal N° 12-2011-MPSCH, que declara de necesidad e interés pública zona de reserva municipal las lagunas El Toro, Los Ángeles y Verdes.
  • Nulidad del contrato de concesión del proyecto las lagunas sur de Barrick.
  • Intangibilidad de las cabeceras de cuenca en todo el territorio nacional
  • Nacionalización de la minería como recurso estratégico, con participación de las comunidades y control de los obreros, para evitar la burocratización de la actividad empresarial del Estado.
  • Fondo de compensación por daños ambientales ocurridos antes de la aprobación de este fondo.

 

Nuestro recorrido es:

  • Ofrenda a las cochas (lagunas: Los Ángeles, El Toro y Verdes): viernes 03 de febrero: 9:00am.
  • Marcha de sacrificio de las lagunas hasta Quiruvilca: viernes 03 de febrero: 12:00 pm.
  • Llegada al ovalo del distrito de Laredo, donde nos uniremos con las juntas de regantes de Laredo, Conache y frentes de defensa de la región. Viernes 03 de febrero: 5:00 p.m.
  • Marcha hasta la plaza de armas de Trujillo, donde nos uniremos con los hermanos de Cajamarca,  Valle Jequetepeque, Lambayeque, Piura. Viernes 03 de febrero: 6:00pm.
  • Olla Común: Universidad Nacional de Trujillo.
  • Verbena artística cultural: plaza de armas de Trujillo: 8:00 pm.
  • Lugar de pernoctación: Universidad Nacional de Trujillo.
  • Movilización: sábado 4 de febrero
  • Marcha de sacrificio al pueblo de Virú: sábado 4 de febrero.
  • Partida a la ciudad de Chimbote… continuaremos la ruta …

 

La consigna es: por la defensa del agua y la vida. El pedido a las organizaciones políticas y sociales es guardar cualquier tipo de propaganda y bandera política.

Humala hazte una y defiende la laguna

Conga y Las Lagunas sur, proyectos inviables.

Central Única Regional de Rondas Campesinas La Libertad

Comisión Organizadora

Presidente de la Comisión Organizadora.

Lenin Fernando Bazán Villanueva

Asesor Legal de la CUR. de RC. La Libertad

RPM: *435850

Cel.: 978347498

Jr. Independencia 201 – Centro Trujillo