Archivos para 24 enero, 2012


Ideeleradio.- El presidente Ollanta Humala demostró la incoherencia de su discurso y una desubicación histórica en la entrevista que concedió al diario El País, cuando ratificó su deseo de restablecer la confianza a través del diálogo y en el momento en que sostuvo que la minería y la agricultura pueden convivir, manifestó el ambientalista Marco Arana.
“Gran parte de la declaración es algo en lo que yo estoy sumamente de acuerdo y digo que interesante que esto, estas declaraciones, estén en los labios del Presidente. Sin embargo, me preocupan varias cosas. Primero, que el comienza diciendo que siempre la minería ha coexistido con actividades agrícolas, daría la impresión de que él está hablando de otro país, no del Perú”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Recordemos que la minería ha causado la contaminación de 16 de los 53 ríos de la costa, que Yanacocha ha afectado la calidad y cantidad de agua y que por eso tiene a cientos de campesinos denunciados. Recordemos la contaminación de Southern en el sur, la cuenca del Mantaro muerta por actividades mineras o el río Rímac muerto, entre otras cosas, por la contaminación de las mineras. Daría la impresión de que hay una grave desubicación histórica del presidente Humala en relación a cómo la minería ha estado afectando el agua y las actividades agrícolas”, puntualizó.
La incoherencia de Humala
Arana Zegarra dijo que el segundo tema tiene que ver ya no con un aspecto de desinformación, sino con una incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Citó, como ejemplo, el caso del peritaje internacional, el cual dijo solo es una ‘justificación técnica’ para imponer una decisión política que ya se tomó desde Palacio y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“El hecho de que se pretende impulsar un peritaje técnico desde la PCM, no para encontrar elementos técnicos de decisión, en razón de si ese proyecto debe ser reformulado, postergado o cancelado, sino que están buscando hacer un peritaje para justificar el sí o sí que ya dieron desde Palacio de Gobierno, y entonces, hacer que el peritaje técnico esté guiado por una decisión política previa”, manifestó.
“Por un lado, decir que queremos una solución dialogada de un presidente que le impuso a Cajamarca estados de emergencia y que impone un peritaje técnico […], por otro lado, se haya manipulado el espacio de diálogo con autoridades no representativas de Cajamarca, sin duda desdice lo que, por un lado, se afirma en el discurso y, de otro lado, se hace en la práctica. Me parecen bien las declaraciones, pero tengo estas preocupaciones”, anotó.
El peritaje del proyecto Conga y tres escenarios
En otro momento, el activista estimó que si las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, se concretan y si en 40 días, los peritos confirman que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no estuvo mal, se vislumbrarían tres escenarios posibles: la suspensión del proyecto Conga, que el Gobierno fomente la división de la población y la criminalización, o que se apruebe la inversión y se busque una salida policial o militar.
“El primero es que se revise el EIA, se garantice las aguas y se dé la posibilidad de que este proyecto pueda suspenderse y se busque cambiar los marcos constitucionales para que en otros proyectos mineros, no hayan estos impactos con los que se somete a la población a un grave riesgo. Se podría buscar una salida institucional por la que haciendo bien los estudios y garantizando procesos de consulta, proyectos de esa manera son suspendidos y se puede lograr que haya nuevas normas para proyectos a futuro en Cajamarca o en otras regiones, esa podría ser una salida pacífica”, explicó.
“Hay un segundo escenario y es el que nos preocupa y es el manejo que el Gobierno viene haciendo para dividir a la población, para actuar en pared con las mineras y denunciar dirigentes, buscar dividir a las autoridades locales a través de uso masivo de medios de comunicación y propaganda, criminalizando a aquellos que son críticos del proyecto, ese escenario es el que nos preocupa y ese es el que están implementado”, apuntó.
Mencionó que la tercera posibilidad es la más peligrosa de todas y que desde una opción ética y cristiana, se debe procurar que esta no ocurra porque estaría referida a una imposición que comprometería el uso de la fuerza.
“También es un escenario posible que el Gobierno diga sí o sí, la salida es policial o militar, no quieran dialogar y quieran imponer el proyecto y en ese sentido que el primer ministro ya le haya puesto fecha al inicio de un proyecto que lo que podría provocar es una reacción masiva de la población con resultados impredecibles y que podrían –como sectores de la prensa ultraderechista quisieran– generar un ‘congazo’ y esto dejaría un costo social político de vidas humanas y para los defensores de derechos humanos sería inaceptable que quieran imponer el proyecto a sangre y fuego”, concluyó.

En el Centro de Convenciones Ollanta José de Echave y Carlos Monge explicarán la problemática ambiental en Cajamarca y el país

Por: Eliana Torres Jiménez

Con el fin de conocer en detalle los cuestionamientos al Estudio de Impacto Ambiental (IEA) del proyecto minero Conga, el Gobierno Regional, la ONG GRUFIDES y las organizaciones populares y sindicales invitaron a Cajamarca al Exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave y al historiador Carlos Monge, con la finalidad de explicar a la población las observaciones al IEA del proyecto minero Conga, así como hacer un análisis sobre “minería; conflictos sociales y modelo de desarrollo en el Perú”, evento se desarrollará a las 6 pm en el Centro de Convenciones Ollanta-Cajamarca.

Antecedentes profesionales:

– El Ex – Viceministro del ambiente José Echave, Doctor en Economía por la Universidad de Paris, Sorbonne Nouvelle. Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración del estudio “Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el Sector Minero en el Perú” y corresponsable de la investigación sobre Minería y Comunidades: Manejo de Recursos Naturales y Pobreza para la Universidad de Massachussets y el Political Economy Research Institute (Economía Política del Instituto de Investigación) en EE.UU, Igualmente, es miembro del grupo promotor de la Red Mundial sobre Minería.

– Carlos Monge Salgado, antropólogo peruano con doctorado en Historia Latinoamericana, investigador y especialista en formulación y evaluación de proyectos, actualmente integrante del grupo propuesta ciudadana del Perú.

El objetivo principal de esta conferencia magistral es conocer y participar de un proceso de planificación para un desarrollo integral de la Región Cajamarca que armonice el crecimiento económico con la realidad geográfica, el desarrollo social, equitativo y la conservación de los recursos naturales y ambientales, evitando los conflictos sociales, de tal manera que contribuya al mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de la población del presente y futuro.

Cajamarca viene luchando a favor del medio ambiente desde hace 20 años atrás. Este proceso se está logrando gracias a la difusión y sensibilización de personas comprometidas con la preservación y conservación de nuestros recursos naturales que se interesan por un desarrollo sostenible y sustentable de nuestra región.

Así mismo es necesario contribuir con una educación ambiental que plantea la comprensión y actuación en relación con el medio como objetivo esencial, por ello resulta necesario partir de la realidad cotidiana y del conocimiento común a la hora de elaborar un conocimiento propiamente académico; es decir, considerar una ciencia de lo cotidiano que preste especial atención a los intereses y necesidades de la gente, al mundo laboral, al uso racional de los recursos propios de cada zona.

Consideramos que los avances de la ciencia y la tecnología son muy importantes, pero es necesario sembrar conciencia para que uno asuma un rol protagónico en la defensa de los recursos del medio ambiente y los explote de manera racional y no devastadora que devora y destruya nuestros recursos naturales.


27 mil médicos y profesionales de la salud piden parar la mega minería
Argentina – General
MIÉRCOLES 04 DE ENERO DE 2012 10:31

Mediante Resolución del Congreso de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), gremio con 27 mil afiliados a lo largo y a lo ancho de todo el país, sobre la situación particular en Famatina, La Rioja, y general en todo el país: “La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR), organización de base de la FESPROSA, viene llevando a cabo una lucha sostenida en esta temática en conjunto con la población afectada, generando un apoyo político y solidario del conjunto de las regionales de todo el país presentes en el Congreso. Por lo tanto, el Congreso resuelve:

A) Apoyar en particular los reclamos de la población de La Rioja, rechazando el nuevo emprendimiento de la empresa Osisko que el gobierno provincial de La Rioja impulsa para el Cordón de Famatina, pronunciándonos contra el saqueo y la depredación del valle de Famatina, y haciendo nuestros los reclamos de la población organizada, a saber:

1. La urgente revisión de la legislación Nacional minera derogando las leyes que permiten el saqueo de los recursos naturales, la exención impositiva a este sector y la contaminación de la biosfera.

2. La urgente aprobación de la Ley Provincial que prohiba todo tipo de megaemprendimientos mineros, en total consonancia con las Ordenanzas Municipales aprobadas por los Concejos Deliberantes de Famatina y Chilecito.

3. La cancelación de las licencias de exploración y concesión, entregadas hasta la fecha, prohibiendo nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera.

4. La generación de políticas públicas que apunten al verdadero desarrollo sustentable de los pueblos respetando su cultura y sus formas de vida y distribuyendo equitativamente los ingresos.

B) Repudiar a la megaminería contaminante en todo el país y exigir a los gobiernos nacional y provinciales medidas urgentes para preservar los bienes comunes y el futuro de nuestras comunidades, reclamando:

1. Prohibición de la megaminería contaminante con utilización de sustancias tóxicas.

2. Reforma inmediata del Código de Minería y la anulación de todas las leyes que permiten a las corporaciones transnacionales y sus socios locales la explotación irracional y depredadora y el saqueo de nuestras reservas, y que fomentan la cultura extractiva. Prohibición de la minería de uranio en cumplimiento del Plan de Remediación Ambiental de la Minería de Uranio.

3. Gestión pública, consciente y racional de los bienes comunes, consensuando con las organizaciones sociales y poblaciones afectadas.

4. Monitoreo activo de las zonas afectadas por los dieciocho megaemprendimientos que actualmente existen en el país.

5. Judicialización de las empresas y funcionarios responsables de la contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes.

6. Desprocesamiento para los luchadores sociales criminalizados por manifestarse contra la megaminería.”


 

Desde la puerta de su hogar, Santiago Zavala mira la plaza de su pueblo, sin amor: automóviles, casas semiconstruidas y descoloridas, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había concesionado el Perú?

El párrafo anterior es una alegoría de Conversación en La Catedral, la genial novela de Mario Vargas Llosa, pero que representa un mismo estado de ánimo en personajes disímiles, ante un país alejado y ajeno.

Dicen que la mayor virtud puede ser a la vez un terrible defecto. El Perú es un país concesivo; bien por nosotros y sus beneficiarios. No es para menos. La variedad de climas y tierra —biodiversidad, que le llaman—, sumada a la riqueza de mares y subsuelo, convierten a nuestro territorio en un polo de atracción; y, claro, ser egoísta no es la voz. Menos aun cuando el cambio climático jaquea inmisericorde el futuro.

De país concesivo a país concesionado hay más que un juego de palabras. El famoso mapa que desnudaba las cuadrículas en que también está dividido nuestro territorio despertó la indignación en diferentes partes del país. Un número puede valer más que mil imágenes: actualmente casi 60% del territorio está concesionado, y 20% del territorio son concesiones mineras. ¿En qué momento se concesionó el Perú?

El boom de las inversiones entró de a pocos y aprovechando el pánico. Hace 20 años se percibió como algo muy bueno, sin importar las formas. Solo interesaba la inyección líquida y neta. El país no estaba para exquisiteces ambientales.

Acabábamos de salir de la recesión e hiperinflación que nos dejó el gobierno del primer Alan García. El país en bancarrota e inelegible andaba, por ese entonces, divorciado con el destino, pues no era buena plaza ni económica ni turística ni de toros, vaya.

¡Inversiones a mí! fue el grito que enarboló el gobierno de Fujimori acompañado de una serie de reformas económicas promovidas por el Consenso de Washington. Ahora hasta los más críticos del sistema reconocen que en esos tiempos no había otra alternativa. Recibir o morir era el dilema.

Y el Perú recibió. A partir de 1994 las concesiones se empezaron a otorgar con prisa y sin pausa. Por esos tiempos empezó a trabajar una vieja conocida nuestra: la minera Yanacocha. Su relación con los cajamarquinos data de entonces. Reconstruir 18 años de asperezas y encono es pedir bastante.

Luego de cuatro años el Perú ya se había recuperado económicamente y era un ejemplo para la región, de la manera cómo se debían hacer las reformas económicas. Al menos las de la primera ola, que tenía que ver con estabilidad macroeconómica y liberalización de la economía. Dicen que estas reformas fueron las únicas que hizo con cierta eficacia el gobierno de Fujimori, pues las que tenían que ver con democracia, participación y transparencia, cero balas.

Lo curioso es que antes de la ley minera en la que se promovían las inversiones, el gobierno de Fujimori, presionado por los organismos internacionales, impulsó al poco tiempo de haber ejercido su mandato el primer código ambiental. A los pocos meses este reglamento fue desvestido casi en su integridad a favor de la ley minera. Pero el país ya tenía de qué alardear en los foros de la tierra que en ese tiempo empezaban.

Tambogrande
El gobierno de Fujimori declaró de necesidad pública la inversión minera. La empresa Manhattan Minerals Corp. compró 10 mil hectáreas en Tambogrande.
Las protestas congregaron a cerca de 10 mil tambograndinos. El 2 de junio del 2002 una consulta ciudadana señaló que el 94% de la gente rechazaba el proyecto minero. A pesar de ello, la empresa presentó estudios ambientales incompletos, en inglés, y con 21 tópicos faltantes.
Se le hizo llegar al presidente Alejandro Toledo un memorial con cientos de firmas para que dicho estudio no sea aprobado, y finalmente, en noviembre del 2003, después de que la población se negó a participar en las audiencias públicas, CentrominPerú señaló que la empresa Manhattan no había cumplido con obligaciones establecidas en el contrato.

Cosa más fácil de la vida

Actualmente, obtener la concesión de una parte del territorio peruano es la cosa más sencilla del mundo. Te acercas a Ingemmet, te enseñan un mapa, eliges la cuadrícula que más te apetezca, el funcionario lo contrasta con un ralo catastro no minero (que no choque con ninguna ruina o algún Parque Nacional, nada más), pagas un precio módico, y listo: ya tienes tu flamante pedazo de tierra para poder explorarla.

La indignación de nuestro prestado Zavalita se explica por la manera acelerada y sin tapujos en que se ha llevado adelante el proceso de concesiones. La mayoría de los pobladores de los lugares afectados no tenían ni la menor idea de que la mayor parte del suelo que habitaban estaba siendo concesionada.

Hay regiones, como Apurímac o Cajamarca, que han pasado de tener 25% ó 30% de su superficie a mediados de 1990 a 90% ó 95% de su superficie en petitorios mineros. Si comparamos con las cifras del 2010, hay un incremento significativo en varias regiones. En Puno, 53,8%; en Tacna, el 41%; en zonas como Madre de Dios, llama la atención el 33% a pesar del decreto de urgencia por el que supuestamente se ordenaba el otorgamiento de concesiones.

Según la geóloga Silvia Passuni, de Cooperacción, comparar la escala de concesiones sirve para tener una proyección de los conflictos a futuro: “Si tú mirabas el otorgamiento de concesiones a nivel regional hace cinco años, Cajamarca lo lideraba, y ahora es ahí donde se focalizan los conflictos. Ahora lo lidera Arequipa, lo que podría indicar lo que puede suceder dentro de algunos años”.

A la poca transparencia (ya que esta información no es de domino público) hay que agregarle una lamentable desinformación, pues la palabra “concesión” muchas veces se malinterpreta. En realidad, poseer la concesión de un territorio significa solo tener un petitorio para poder examinar las potencialidades del subsuelo. En la teoría, de ahí a comenzar una exploración y después la explotación de los recursos, hay mucho trecho.

Sin embargo, la palabrita y todo el proceso se prestan para malas interpretaciones, y no de manera gratuita. ¿Quién le explica al poblador que una concesión solamente es un petitorio? Es que quien tiene que ver con eso —o sea, el Estado— está ausente, y la empresa tiene vía libre después de haber pagado el peaje de la petición.

“El otorgamiento de concesiones es un procedimiento administrativo que se basa mucho en especulaciones. No necesariamente implica que se va a desarrollar actividad minera y genera suspicacias. Antes de que se inicie la exploración ya empieza generar transformación en el territorio, porque en la práctica sí compite con el derecho de propiedad, pues se le da todo un derecho a un titular que puede usarlo bien para especular bien para presionar al campesino para que le venda sus tierras”, advierte Silvia Passuni.

Ante la inminencia de la concesión, los pobladores pueden rebelarse o empezar a negociar con la empresa, pero estas negociaciones se dan en condiciones desiguales, ya que una parte cuenta con toda la información y la otra ha sido expresamente desinformada. Cuando caen en la cuenta, ya es demasiado tarde, pues los trámites han seguido, impertérritos, su curso.

Procesos privatizados

Pero, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Nos quedamos en que el proceso de concesiones se inicia cuando una empresa va a Ingemmet y hace su petitorio. Luego de esta etapa viene la de exploración, y si todo está tranqui continúa la explotación y, posteriormente, el cierre.

Cada una de estas etapas tiene algunos requisitos. Antes de iniciar una exploración la empresa debe presentar una declaración de impacto ambiental (DIA). Esto sucede cuando el yacimiento es pequeño. Cuando es extenso, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado.

Una vez que el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado ese estudio y la empresa ha realizado la exploración, se debe presentar un estudio de factibilidad. Ésta es una parte crucial en este proceso. Casi-casi es el punto de inflexión para el Estado. Dicho estudio implica cuán viable y rentable es el proyecto.

A medio camino entre la exploración y la explotación se deben hacer tres talleres participativos y una asamblea. Luego de ello viene el tan discutido Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El estilo delivery que se ha impuesto ha desatado cuestionamientos y conflictos.

“La calidad de los primeros EIA era lamentable. Eso de pegar y copiar partes era cosa común para una empresa consultora. Por ejemplo, yo he leído un EIA aprobado referido al viejo lote 77 en Madre de Dios que habla del río Napo: es evidente que lo habían traspuesto”, relata el especialista Manuel Glave, de GRADE.

Es difícil saber cuánto han abusado las empresas en sus EIA. Pero el hecho de tener la potestad de mandar a hacer la investigación a tu consultora favorita se presta para muy malas interpretaciones. El problema real, más allá de los estudios fuleros, es la privatización del proceso de otorgamiento de concesiones. El Estado espera de brazos cruzados que la empresa se encargue de todo, y ésta lo hace a lo Frank Sinatra: a su manera (y medida). Los EIA son encargados y pagados por la propia empresa interesada en la explotación del yacimiento. Lo mismo ocurre con los talleres consultivos, las asambleas y la licencia social. No es que en algún momento el Estado haya abdicado de sus funciones, sino que desde el inicio se eximió de esa responsabilidad.

Algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial.

A cocachos aprendí

Como en la década de los 90 existía una compulsión por acaparar inversiones, no se hizo ningún cambio en la legislación hasta el decenio siguiente. Pero ninguno de los agregados posteriores se hicieron motu proprio, sino más bien a raíz de conflictos sociales que costaron vidas y cuantiosas pérdidas económicas. Un error repetido a la enésima.

“El Estado hace cambios a regañadientes. Sucesos como el de Tambogrande traen consigo modificaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un lugar común que los conflictos terminan transformando instituciones del Estado. Es que el Estado persigue no ponerle traba a la inversión, y, por lo tanto, si modifica el sistema para que sea más estricto y transparente, para el empresariado es una traba”, sostiene Glave.

Los conflictos de Tambogrande y Tambopata le demostraron al Estado que un simple petitorio no puede ser patente de corso para iniciar el proceso de exploración; por eso luego de aquellos sucesos se implementaron las herramientas de talleres participativos y asambleas. De igual manera, el revés en Cerro Quilish demostró que los procesos de exploración debían contar con una licencia social. Ahora, en la minería post-Conga, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo esquema de “minería responsable”, aunque aún no se sabe bien cómo se come eso.

Si el Estado hubiese tomado en serio el proceso de la segunda ola de reformas y no hubiera hecho los cambios solo para llenar una plantilla de requerimientos internacionales, se habrían podido evitar estos conflictos.

Pozos tomados
Las aguas del río Cachiyacu, fuente de vida de los Shipibos-Konibo durante siglos, son ahora el origen de sus males. Según los líderes de la comunidad Canaán de Cachiyacu, la empresa Maple Gas Corp., afiliada al británico Maple Group, ha contaminado sus suelos y aguas, con lo que generado importantes daños ambientales, problemas de salud en la población (dolores estomacales y de cabeza, problemas de piel, neumonía, diarrea, tumores, etcétera) y un aumento de fallecimientos anormales. Los trabajadores de la petrolera serían también responsables de abusos sexuales perpetrados contra mujeres nativas.
La veracidad de las denuncias fue comprobada, en junio del 2005, por representantes de la ONG Earth Rights: “A pocos metros del pozo MA31, una ruptura de la línea de flujo provoca un pequeño pero permanente derrame de crudo […] se puede observar reflejos arco-iris y espuma de color beige”.
El 8 de julio del 2005, frente a la inacción y a la indiferencia, tanto de parte la empresa como del Estado, los nativos alzaron su voz de protesta. Tomando de sorpresa a los obreros, quienes se encontraban almorzando, aproximadamente 80 shipibos ingresaron a las instalaciones de Maple en la base Maquía y cerraron las válvulas de 9 pozos ubicados en del lote 31-B (que cuenta un campamento minero, una estación de separación del crudo, un terminal petrolero fluvial y 26 pozos, de los cuales 9 se encuentran dentro del territorio Shipibo, y son conectados a la base de Maquía por tubos y caminos).

El Perú avanza de Ollanta

El panorama actual del proceso de concesiones no ha cambiado mucho desde que se empezó a implementar, hace casi 20 años. En todo este tiempo, si bien hubo cuestionamientos crecientes, no habían existido promesas de cambio que generaran expectativas. Y sí que el candidato Ollanta Humala las generó. A veces con un discurso irresponsable que en ningún momento llegó a plasmar en ninguno de sus planes de gobierno.

Contra lo que muchos creen ahora, Humala no asumió el programa ambientalista, y esto lo saben bien los mismos activistas ecológicos. Su propuesta de gobierno se basó sobre todo en las reivindicaciones de la izquierda clásica: que las grandes empresas mineras aporten más rentas al Estado. El impuesto a las sobreganancias mineras fue una de sus banderas de primera vuelta. Quizá ya en esos momentos pensaba que mediante este impuesto podían financiar programas sociales. O quizá en esos tiempos ni pensaba que podía llegar al gobierno. Quién sabe.

Si bien Ollanta Humala no prometió grandes reformas en los estudios ambientales, ni habló de manera profusa de reformar el Ministerio del Ambiente (aunque en una encuesta realizada por esta revista afirmó que el Ministerio del Ambiente debía reforzarse), sí puso énfasis en que el país abandone el modelo primario-exportador y que dejemos de depender de la minería. “Lo justo, pe’ varón”, fue su programa; jamás el “Mina No”. Sin embargo, en sus incursiones a provincias, donde se veía obligado a tocar problemas concretos, hizo alianza con los grupos ambientalistas y las comunidades que tenían conflictos con las mineras.

Por ello se recuerda tanto cuando agitaba el dilema “agua u oro” en Cajamarca. Ahora los mismos pobladores con quienes al unísono agitaron que el agua vale más que el oro, lo ven en cadena por televisión peruana y no entienden nada: solemne, fruncido y enternado, lo escuchan decir que el agua y el oro son compatibles. Y claro que Conga va (iba) de todas mangas.

¿Moratoria now?

Las ganas de pisar el freno a las concesiones, si alguna vez las tuvo, se le quitaron seguramente después de ver el cuadro de crecimiento. Es sostenido desde hace 10 años y en los últimos 4 se ha desbordado. El click concesiones-inversiones-más ingresos para el Estado puede ser automático, pero también una ilusión óptica, pues, como hemos visto, una vez asignada la concesión pueden pasar muchos años para que se traduzca en dinero.

Por el contrario, está probado que una mayor asignación de concesiones acelera y multiplica los conflictos sociales. Es decir, en una nueva concesión minera el conflicto llega más rápido que el dinero contante y sonante de la inversión.

Pero tampoco un mayor número de concesiones debería traducirse, sí o sí, en fuentes de conflicto. Es el sistema de otorgamiento y fiscalización de los proyectos mineros el que hace que eso sea así.

Por eso algunos especialistas se animan a declarar una moratoria de concesiones mineras hasta que se haya dado el ordenamiento territorial. Eso significa suspender todo tipo de petitorio hasta que exista un ordenamiento territorial, oleado y sacramentado. “Debe evaluarse la posibilidad de hacer moratoria de concesiones hasta que se tenga un ordenamiento del territorio. El catastro no minero debería ser revisado por las regiones e incorporar otros criterios”, plantea Silvi Passuni.

El principal argumento contra la moratoria es la eventual pérdida económica para el país. Pero ése es un error, ya que si se comienzan a explotar todas las concesiones que actualmente se tienen bastarían y sobrarían los recursos por lo menos de aquí a 15 años. Por el contrario, con la moratoria se eliminaría una inagotable fuente de conflictos, se daría un mensaje político de que existe voluntad para hacer las cosas de manera distinta, lo cual daría un respiro para evaluar mejor el sistema.

Sin embargo, la moratoria no tendría ningún sentido si no va acompañada de otras reformas que se convierten en inevitables si se quiere evitar futuros conflictos. Una de ellas es que el mismo petitorio debería contar con una licencia social que haga viable el proyecto.

Aun así, estas medidas deben pasar por otorgarle mayor poder de decisión a las regiones. Una alternativa que por el momento está muy lejos del discurso presidencial, cada vez más centralista y confrontacional. Para Glave es muy importante que los gobiernos regionales metan su cuchara en este asunto, para que se reconozca desde el Ejecutivo la legitimidad de esa cuchara. No vaya a pasar lo que ocurrió con una empresa de harina de pescado en Arequipa, que empezó a hacer su fábrica en unos humedales. Cuando el Gobierno Regional les llamó la atención sobre eso, la empresa le respondió: “Sorry, viejo, PRODUCE ya me autorizó”. El caso descansa hace años en el Tribunal Constitucional.

Tía María
En julio del 2009, la empresa Southern Copper tenía como objetivo poner en marcha el proyecto minero “Tía María” en el territorio de Islay, en el departamento de Arequipa. Este proyecto podría haber tenido efectos negativos, porque ponía en riesgo el medio natural agrario de los agricultores y campesinos. Los pobladores no estaban de acuerdo con esto, y así lo manifestaron en la consulta vecinal que se efectuó en septiembre de ese año.
El Estado dejó de lado los resultados de la consulta vecinal. La población de Islay reaccionó mediante movilizaciones, lo que obligó al presidente regional, Juan Manuel Guillén, a firmar un acta en febrero del 2010, por la que se acordaba respetar el resultado de la consulta popular y, además, que se debía paralizar la aprobación del Estudio del Impacto Ambiental presentado por Southern Perú, hecho que fue desconocido por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Southern, quienes convocaron a una audiencia pública. En abril del 2010 los pobladores se van a la huelga y un año después estalla una protesta que deja como saldo tres muertos y cincuenta heridos. Ante esto, el gobierno central decide cancelar el proyecto y manda retirar a la empresa del territorio.

Cada Gobierno Regional tendría que hacer su plan de ordenamiento territorial, y los proyectos en curso deberían hacer un plan de adecuación, tal como sucedió en los años 90 con las empresas que venían años trabajando y no habían hecho un estudio de impacto ambiental. En ese entonces se les pidió un plan de adecuación a las normas internacionales aprobadas. No debería haber ninguna actividad minera que no tuviera relación con el Plan de Ordenamiento Territorial y con el Plan de Desarrollo Regional. Si se exige desde el saque a la empresa contar con licencia social, y que el proyecto esté comprendido dentro del ordenamiento territorial de la región, no habría posibilidad para que después, al momento de la exploración, como en el Cerro Quilish, o cuando ya se va a empezar la explotación, como en Conga, la población diga: ¿A quién le han preguntado?

“El Ingemmet no debería otorgar un petitorio si no tiene opinión favorable de los gobiernos regionales donde se encuentran los proyectos. El Gobierno Central no quiere de ninguna manera darles a los gobiernos regionales capacidad de decir dónde invertir, y ahí perro pericote y gato caen en el mismo saco, porque Toledo, García y Ollanta están en la misma situación: se han resistido a dar a los gobiernos regionales capacidad de decisión”, plantea Glave.

Otro de los elementos de conflicto en este sistema es que los proyectos son aprobados por el mismo sector al que pertenecen. La misma institución que promueve la inversión en un determinado rublo no puede ser la misma que otorgue el permiso y apruebe su viabilidad. Eso se remonta a la adecuación a las normas internacionales ambientales que se hizo durante el gobierno de Fujimori. Como todo lo relacionado con este tema, fue hecho a la champa, para cumplir con las exigencias de los organismos internacionales, y así generó un tremendo problema. Es como poner al gato de despensero.

Es que la relación en el país entre la empresa privada y el Estado adolece de una promiscuidad histórica. Ahí está el famoso carrusel de funcionarios que pasan del Estado a la empresa privada usando al primero para favorecer sus asuntos particulares. Una anécdota sabrosa, pero que evidencia de manera clamorosa esta situación, es la de Hans Flury, quien fue gerente general de la Southern. En calidad de funcionario privado presentó al Estado una ampliación del programa de adecuación ambiental de su empresa. Esta adecuación fue aceptada, sin rubor, por el Estado, y quien firmó esta autorización fue el Ministro de Energía y Minas del gobierno de Toledo. Su nombre era Hans Flury, y no se trata de un homónimo. Él mismito era.

La vecindad

El ejercicio de repensar el sistema de concesiones y explotación minera, que el Perú se ha visto obligado a realizar, es compartido por sus pares regionales. Solo que en algunos casos han tenido la claridad de adelantarse a los conflictos, como ha sucedido en Ecuador, donde se promulgó una ley que liquidaba las concesiones mineras que no hubieran realizado ninguna inversión en sus proyectos y las que se estaban realizando en fuentes de agua. Pero tampoco esa posición los libró de un enfrentamiento con las poblaciones indígenas. Muchas ONG, luego, han cuestionado este proceso, porque nunca se terminó de realizar.

En Bolivia, a pesar del discurso a favor del respeto a la interculturalidad y la pachamama, hace poco les estalló en la cara un conflicto por una carretera en la que el Gobierno se había empeñado. Esta carretera cortaba el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que no fue aceptado por las comunidades. El presidente Evo Morales lo dijo en todos los idiomas: TIPNIS sí va. Y TIPNIS no fue. La resistencia indígena fue mucho más de lo que el Presidente boliviano estaba dispuesto a presionar. Actualmente en Bolivia están esperando por una nueva ley de minas.

Hay otros países, como Costa Rica y Honduras, donde han prohibido la minería de tajo abierto. Han preferido no entrar en discusiones exquisitas y han tomado la decisión política de priorizar otro tipo de inversiones y de ingresos. Algunos bromean diciendo que ser el estado 52 de la Unión le permite a Costa Rica ese tipo de lujos.

En Colombia existía hasta hace poco una ley que prohibía la minería en los páramos, o en cabeceras de cuenca, para que lo entendamos mejor acá (¿les suena parecido a Conga?). Sin embargo, la administración de Uribe revisó esa ley. Se avecinan tiempos ambientalmente complicados en la casa de al lado.

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Realizar cambios en política ambiental no significa necesariamente poner en jaque el modelo económico. Así, tal cual, sin mayores aspavientos pero ajustando la maquinaria con rigurosidad, las cosas pueden ir mejor. Basta con entender dos asuntos que nos recuerda Glave: no siempre pueden ganar todos todo, y el que gana no puede ganar siempre. El problema es que en nuestro país siempre pierden los mismos.

Primicia, chocherita: Han encontrado gas en Machu Picchu. ¿Va o no va?

Recortar para explotar
En el 2007, el Ministerio de Energía y Minas elaboró un proyecto de ley con la finalidad de cercenar en más de 200 mil hectáreas la extensión del Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido como “la última selva sin hombres”, que posee una alta y única diversidad biológica, protege las cabeceras de las cuencas de varios ríos y forma parte del territorio ancestral del pueblo amazónico originario Esse’eja.
¿El objetivo? Establecer lotes de explotación y exploración hidrocarburífera.
El proyecto de ley sostenía que el recorte convenía “a los intereses del país y al desarrollo nacional”, dado que beneficiaría “principalmente a las Regiones Puno y Madre de Dios; y, en general, a todo el sur del Perú”. Sobre este punto, el potencial productivo “probado, probable y posible” del yacimiento Candamo fue uno de los principales motivos por los que se planteó la nueva delimitación del Bahuaja.
La propuesta, sin embargo, fue recibida con fuerte rechazo, tanto a nivel nacional como internacional. Según el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), dicho proyecto era irreconciliable con el mandato constitucional del Estado sobre la conservación de las áreas naturales protegidas, los compromisos internacionales asumidos por el país, así como el protocolo de enmienda al TLC Perú-EE.UU, que comprometió a ambas partes a no debilitar sus legislaciones de protección ambiental.

Fuente: Revista IDEELE
http://www.revistaideele.com/content/%C2%BFen-qu%C3%A9-momento-se-concesion%C3%B3-el-per%C3%BA



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FECHA HORA ACCIÓN RESPONSABLES LUGAR

Lun 23.01 Hora: 9 am:  Platón, volanteo y pregón Plaza de Armas

Martes 24.01 Hora: 10 am:  Conferencia de Prensa Municipalidad Provincial de Cajamarca

Miércoles 25.01 Hora 10am:  Conferencia de Prensa con José de Echave Local: Gobierno Regional

Hora: 6 pm: Conferencia Magistral Organiza Gobierno Regional – GRUFIDES Local: Auditorio de la Universidad Nacional de Cajamarca – Ollanta

Jueves 26.02 Hora 9 a.m: Asamblea Regional de Rondas sobre Ordenanza 036 Instituto Pedagógico Victorino Elorz Goycochea

Viernes 27 Hora: 9am: Festival del Agua: Concurso de Pintura Plaza de Armas

Hora: 6 pm:  Acto Cultural Plaza de Armas

Hora: 9 am:  Asamblea Nacional de la CUNARC CUNARC – Casa del Maestro

Hora: 9 am: Asamblea Jequetepeque Frente de Defensa del medio Ambiente de la parte Baja de la Cuenca del JequetepequeComité Central de Defensa y Desarrollo de la Cuenca del Jequetepeque Guadalupe

Sáb 28 Hora 8 am

Evaluación y Planificación Marcha Comité Unitario y de Apoyo a la Marcha Parroquia Guadalupe

Dom 29 9 am: 2do Pregón de la Marcha y perifoneo Comité Unitario Plaza de Armas

9 y 30 a.m. Plantón de apoyo a la Marcha del Agua Colectivo Ciudadanos en Defensa del Agua y la Vida Chiclayo

6pm Oración en Iglesias por la Marcha Pquia Guadalupe y Universitaria Diversas Iglesias Cajamarca

Lun 30 9am: Perifoneo en la ciudad y volanteo en la plaza pecuaria Plaza Pecuaria

7pm Vigilia Pquia Guadalupe y Universitaria Pza de Armas

Martes 31 Hora: 10 am

Conferencia de Prensa: Itinerario y participantes de la Marcha

FEBRERO

Miércoles 01 Hora: 10am

Ceremonia de Inicio de la Marcha en diversas Lagunas Celendín y Hualgayoc

6 p.m.

Presentación de Banda de Músicos para recibir a delegaciones de Chota, Cutervo, Bambamarca y Celendin Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca

7 p.m.

Bienvenida a cargo de dos representantes del Frente de Defensa Ambiental y Gobierno Regional Gabriel Gonzales- Vicepresidente FDAC

9 p.m.

Cena Ambiental hídrica con todos los hermanos de provincias. Comisión Especial de recepción Frente de Defensa Ambiental

7 p.m.

Evento Cultural con artistas cajamarquinos para incentivar a los marchantes Plaza de Armas Cajamarca

Marcha al Huaytapallana Huancayo

Jueves 02 8am

Marcha de los Cántaros Cajamarca

Hora 10 am

Salida a la Costa Cajamarca

Hora: 1 pm

Choropampa

Hora: 7 pm

Evento Cultural y Fiesta del Agua Frente de Defensa del medio Ambiente de la parte Baja de la Cuenca del Jequetepeque

Comité Central de Defensa y Desarrollo de la Cuenca del Jequetepeque Ciudad de Dios

Jueves 02

Vigilia en Catedral Huancayo

Viernes 03 Hora: 7a.m

Ciudad de Dios a Pacasmayo A Trujillo Acto Cultural Trujillo

Mishkipada (Diálogo de la Comunidad) Plaza Bambamarca y caminata a La Oroya Huancayo

Foro Regional Por el Agua y La Vida Arequipa

Sábado 04 Hora: 9am

Pasacalle del Agua y movilización Trujillo

Dom 5 9am Pasacalle del Agua y movilización Chimbote -Casma

Evento Económico Cultural Arequipa

Lunes 06

Pasacalle del Agua y movilización Huarmey

Martes 07

Pasacalle del Agua y movilización Pativilca, Supe y Paramonga

Miercoles 08

Pasacalle del Agua y movilización Huacho

Inicia FORO PROGRAMATICO Lima

Jueves 09 Hora: 5y30 am

• Sale de Huacho Marcha Macro Norte

Hora: 7 y 30

• Llegada a Lima de Cajamarca (Reciben en PRO) Lima

• Llegada de Huancayo (Ovalo de Sta. Anita) Lima

• Continúa FORO PROGRAMATICO “Cajamarca Post Minera” Lima

Hora: 6 pm

INSTALAC FORO JUSTICIA HÍDRICA Lima

Viernes 10

• Conferencia de Prensa de Comisión Nacional y entrega de propuestas legislativas.

• Movilización Central en Lima


09:55 Ministro del Ambiente dijo que postergación se debe a complejidad del sistema de contrataciones de Estado.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, estimó que los peritos que se encargarán de analizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga “deben ser anunciados en los próximos días”.

El funcionario explicó que la postergación del anuncio se debe a la complejidad del sistema de contratación del Estado.

“Muchos se preguntarán por qué el presidente del Consejo de Ministros dijo un día y luego lo postergó. Es por cuestiones de contratación con el Estado. Los sistemas de contratación con el Estado son muy formales, son muy complejos, y requieren una serie de procedimientos que llevan incluso a una publicación”, dijo en RPP.

“Solo cuando esto está listo es que uno puede anunciar quién ha sido contratado. Hay que esperar ello para que el presidente del Consejo de Ministros haga el anuncio. (…) El peritaje espero que dé respuestas claras que el Gobierno de hecho sabrá escuchar. Para eso son peritos, para eso son expertos”, agregó.

Fuent: Gestion 24/1/2012

El orden del caos

Publicado: 24 enero, 2012 en Uncategorized
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Minería: en cualquier parte. Concesiones: como pan caliente. Estudios de impacto ambiental: saludos a la bandera. Lotes petroleros: con derrame incluido. Territorio: abonado para faenones. Después de dos décadas de desenfreno, la pregunta es: ¿Un ordenamiento territorial es posible?

El Ministerio de Energía y Minas ha dividido al país en cuadrículas y las ha repartido sin escrúpulo ni remordimiento, a cualquier postor, previo pago suculento. Como dicen los andahuaylinos: “Hasta la tumba de Arguedas está concesionada”. En la Amazonía se han otorgado concesiones que se superponen: un lote petrolero puede ser una concesión forestal, un área destinada al ecoturismo y estar dentro de un área de protección estricta, como si sufriera un trastorno de identidad disociativo. Las autoridades regionales y las comunidades afectadas son las últimas en enterarse: solo lo hacen cuando ven entrar las maquinarias a sus tierras y a unos extraños con un contrato bajo el brazo. El derecho de concesión se publica en un rincón perdido en El Peruano. Hay provincias que tienen el 90% de su territorio concesionado, lo que no significa que el proyecto minero o de hidrocarburos se vaya a ejecutar. Solo el 1% del territorio es explotado actualmente. Pero el malestar se ha instalado en el ambiente.

En los últimos años han aterrizado en el bosque empresas de todo tipo. El secretario técnico del Sistema de Áreas Protegidas, Carlos Soria, sostiene que en algunos casos se puede hablar de especulación económica: “Vienen empresas pequeñitas que recién están comenzando y ponen 150 millones de dólares. Consiguen el yacimiento, pero no tienen los fondos para comenzar la operación y luego se van a conseguir capitales afuera. El lote se convierte en un valor real en el mercado”. Se han firmado contratos con empresas de muy mala reputación ambiental, como es el caso de algunas asiáticas. Las grandes empresas de hidrocarburos que están en exploración avanzada, como Plus Petrol, no garantizan necesariamente un buen estándar ambiental. La contaminación del río Corrientes será su eterno karma.

La idea de que en los páramos andinos se hace minería donde hay mineral corresponde a la era Paleozoica, y es previa a la preocupación por el cambio climático y a los conflictos globales generados por la expansión compulsivo-invasiva de la minería en el mundo desde hace veinte años. Los dueños del negocio saben que, en unos cuarenta años, la explotación minera en ecosistemas frágiles o que comprometan recursos escasos como el agua se considerará un atentado contra la humanidad.

El impacto que supone la minería en las cuencas altas, varía. En la sierra norte, los inmensos páramos cubiertos de ichu son esponjas de agua. Según el experto en hidrología de cuencas Luis Acosta, esos suelos retienen mucha agua que después alimenta los ríos en las épocas secas. “Todos los casos no son iguales. En Conga, la población depende del agua de la cuenca. En cambio en el proyecto Las Bambas, ubicado en Apurímac, no hay un poblado grande cercano que sea afectado”, precisa.

Las tecnologías tampoco son iguales. El tajo abierto implica una actividad a gran escala, más traumática y agresiva. El caso de Cerro de Pasco es dramático. Desde la época colonial fue un asiento minero, y hasta los años 1950 la ciudad vivía encima del socavón y la convivencia era tolerable. Pocos años después se le cercena con el tajo abierto para extraer cobre y, como en el cuento Casa tomada de Cortázar, los afectados se vieron obligados a desplazarse hacia la zona de San Juan Pampa, hasta que el tajo devoró esa área también, y ya no queda más que reubicar toda la ciudad con carácter de urgencia.

En Chile, por ejemplo, los grandes proyectos mineros están en zonas desérticas, sin poblaciones cercanas. No es el caso peruano, pero, como explicó el experto, no todos los proyectos son dinamita pura. Unas horas antes de retirarse del Ministerio del Ambiente, después de haber renunciado al Viceministerio de Gestión Ambiental, José de Echave enumera algunos que no hacen olas: “Pronto entrará en producción Las Bambas, que supone una inversión de más de cuatro mil millones de dólares. Está Toro Mocho en Yauli. Es un proyecto grande de un poco más de dos mil millones que es conflictivo porque se está reubicando a la gente de Morococha, pero se está tratando bien”. Otro proyecto que controla su turbulencia es el de Antapacay, al costado de Tintaya. Para evitar mayores impactos, los desechos de esa mina se colocarán en el tajo abierto de Tintaya.

El paquete

Los especialistas plantean un conjunto de medidas para evitar más Congas. Para Carlos Monge, de Revenue Watch Institute, el paquete es un trío compuesto por la ley de consulta previa y su reglamento, una megaestrategia de zonificación territorial y un robusto Ministerio del Ambiente. “Humala comete un error estratégico: primero negocia la gran contribución de tres millones de soles, que no era tal, en vez de anunciar un shock legislativo que norme las zonificaciones, las leyes de los diferentes sectores, un súper ministerio, y recién después sentarse a negociar. Se amarran desde el saque”, sostiene Monge. Ahora resulta obvio que no se trató de una contribución generosa de los mineros, sino de un toma y daca.

El ordenamiento territorial, término tan en boga últimamente, es una pieza indispensable para parar el aluvión social y un instrumento clave para la protección del ambiente. Es una política de Estado que se incorpora a la normativa nacional en la década de 1990. Se supone que la mayoría de los departamentos ha avanzado en su zonificación ecológico-económica, pero ésta es letra muerta a juzgar por los reiterados inadecuados usos del territorio. El caso más insólito es el de Madre de Dios, una de las primeras regiones donde el gobierno regional efectuó un ordenamiento territorial, con participación de las autoridades y de las organizaciones indígenas. Desafortunadamente, en el 2002 asumió la presidencia regional Rafael Pihuicho Ríos, el cuestionado representante de la Federación de Pequeños Extractores Forestales, de quien se dijo que era el agente político de los madereros y mineros. Ríos autorizó la tala de los castañales para construir puentes de madera que permitieran el ingreso a las zonas que hoy han sido deforestadas y ‘arenizadas’ por la minería informal, cometiendo un ‘ecosidio’. Una de las primeras medidas del nuevo Presidente Regional fue desestimar el ordenamiento, con las consabidas y fatales consecuencias.

En cambio, la provincia Datem del Marañón, en Loreto, se curó en salud. Fue radical al introducir en su zonificación el concepto de territorio indígena inalienable, inembargable e imprescriptible. Por lo tanto, el 80% de esa provincia es intocable.

Otro caso que se ha convertido en un verdadero triunfo de la conservación ambiental es el del Cerro Escalera, ubicado en un área de conservación regional de bosques nubosos, habitado por especies en peligro, muy cerca de Tarapoto. Como suele suceder, los límites de esa zona protegida se superpusieron a la de una concesión minera: el lote 103. El gobierno regional reacciona y emite, en el año 2007, la ordenanza 025 y lleva la pelea al Tribunal Constitucional, que declara fundada la acción de amparo contra las actividades de las empresas Occidental Petrolera, Talismán, Repsol y Petrobras “por afectar una zona donde nacen importantes cuencas hidrográficas de las que dependen más de 180 mil personas”. ¡Histórico!

La zonificación determina cuál es la vocación del terreno y se le dan valoraciones. Según Javier Torres, de Servicios Educativos Rurales (SER): “Después del proceso técnico viene el proceso político, en el que se tiene que decidir si la zona será de reserva, agrícola o minera. En esta decisión deben participar los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No está establecido el procedimiento”.

Para saber cómo actuar, se necesita una ley de ordenamiento territorial. El responsable de elaborar la propuesta es el Ministerio del Ambiente, pero la tarea fue congelada por la gestión Brack y ha sido retomada por el actual Ministerio, que ha agachado la cabeza y perdido autonomía y un poco de dignidad.

Para Carlos Monge, “esta propuesta de ordenamiento supone que algunos proyectos mineros deben suspenderse y que, por lo tanto, no van a entrar los 46 millones de inversión, que no va la cartera de treinta megaproyectos y que debe haber una diversificación de las fuentes de renta”. Sin embargo, fue una promesa del presidente Humala en su discurso inaugural que volvió a repetir ante las Naciones Unidas en Nueva York. (¿Se convertirá en otra omisión de “La Gran Transformación”?)

Dejando de lado el escepticismo: si el ordenamiento empieza a funcionar como debe, va a generar un cruce y muchos encontronazos. Hasta el momento, si existe un estudio de impacto ambiental aprobado, el proyecto va, así el ordenamiento territorial diga lo contrario. Resulta abrumador y sospechoso el peso que se les otorga a los poco confiables estudios de impacto ambiental, pagados por las propias empresas y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, que ha funcionado como lugartenientes de la Sociedad de Minería.

Historia de un ordenamiento

Hace veinte años, Cajamarca era un departamento tranquilo, con una campiña idílica y un sector rural muy pobre que no ha revertido sus condiciones de vida. El paisaje cambió radicalmente con la llegada de Yanacocha y de la actividad minera, que antes era despiadada solo en la provincia de Hualgayoc. La zozobra es un sentimiento nuevo que invade a los pobladores que temen por sus ríos y lagunas.

Como dice De Echave, “en Cajamarca hay un estrés por la minería”. Cuenta la anécdota de una campesina que se acercó donde un funcionario de Yanacocha y le dijo: “Ingeniero, usted dice que la nueva agua que nos están dando es buena, pero mi vaquita no la quiere tomar”.

Las autoridades regionales se demoraron en reaccionar, pero lo hicieron a mediados del 2009: convocaron a la sociedad civil organizada y a los sectores público y privado para construir una visión de desarrollo que se plasmara en un plan de ordenamiento territorial. El proceso tomó tres años. Javier Torres, del SER, fue uno de los convocados: “El que impulsó la zonificación económico-ecológica fue el anterior presidente regional, José Coronel, quien tuvo una gestión cuestionada. Fue un proceso participativo que recogió la opinión de los campesinos. Contó con el apoyo de la cooperación alemana y de ONG como GRUFIDES, ligada a Marco Arana. En un inicio las mineras no participaron. Recién, luego de dos años, se incorpora el Grupo Norte”.

Pero la pataleta de los mineros y de la Cámara de Comercio no se hizo esperar. En la fase de validación y aprobación de la propuesta se hicieron a un lado y solicitaron al nuevo presidente regional, Gregorio Santos, que suspendiera el proceso. “Frente a esto, Brack tomó partido por las empresas y declaró frente a los periodistas que la zonificación estaba mal hecha, que había observaciones con respecto al cambio climático y que no iba”, sostiene Torres.

En medio de este impasse, el gerente de Yanacocha, César Santa Cruz, declara que el cerro Quilish, intocable para los cajamarquinos, entrará en explotación en el 2016. Una torpeza que puso el dedo en la llaga y reactivó el Frente de Defensa Ambiental. Al poco tiempo explotó Conga.

Parece que el tiempo es cíclico y volvemos al de Redoble por Rancas. Dos décadas con tierras de nadie, de tierras con tajos.

Fuente: Resvista IDEELE
http://www.revistaideele.com/content/el-orden-del-caos


El director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, respondió hoy a los cuestionamientos aparecidos en las redes sociales sobre el último reportaje titulado “Hoy ministro, ayer casi Gerente de Yanacocha”en la columna de reporteros respondiendo “a un supuesto trato injusto al ministro Pulgar Vidal”.

A continuación, la columna de Gorriti:

La publicación de la nota de IDL-R, “Hoy ministro, ayer casi gerente de Yanacocha”, el sábado 21, provocó una inusitada actividad en las redes sociales de personas que salieron a criticar nuestro reportaje aduciendo un supuesto trato injusto al ministro Pulgar Vidal.

Respondo: ¿Está mal el reportaje? ¿Por qué? ¿Reseña incorrectamente algún hecho que no existió? ¿Distorsiona o deforma algo que existió de otra manera? ¿Le da desmesurada importancia a lo que no la tiene?

¿Es eso? Veamos ¿Hubo o no oferta laboral de Yanacocha a Pulgar Vidal? ¿Fue para el puesto que mencionamos o no? ¿La oferta inicial escaló en una negociación o no? ¿Esta negociación se prolongó a lo largo de algunos meses o no? ¿Se dio cuando ya se había desatado la controversia actual o no?

Y después de eso, ¿va a tener importancia la gestión de Pulgar Vidal con relación al proyecto Conga o no? ¿Debió él haber declarado pública y abiertamente cualquier caso, hecho o acción que pudiera afectar potencialmente su decisión o no? ¿Era un hecho de interés público saber que estuvo en negociaciones con Yanacocha o no? ¿O es que solo Yanacocha y él deberían tener la información pero no el público? ¿Es obligación de un político la transparencia en un asunto tan básico como ese o no?

En IDL-R, ¿Debimos habernos quedado callados en cuanto lo supimos y consideramos que esa información tenía interés público o no? ¿Debimos haber preguntado a todos los interlocutores importantes sobre ese hecho o no?

¿Tiene o no tiene importancia que un ministro que estará en una posición decisiva al resolver ese conflicto oculte que hasta la víspera de asumir el cargo estuvo en largas negociaciones de empleo con uno de los actores fundamentales de la controversia?

Si supiéramos algo parecido de un funcionario fujimorista o de uno aprista, ¿deberíamos publicarlo o no? ¿Fiscalizamos o investigamos solo a los enemigos?

¿Tuvo Pulgar Vidal la obligación o no de declarar sus negociaciones previas con Yanacocha antes de asumir el ministerio? ¿Por qué no lo hizo? ¿Estaba tan ocupado buscando el informe que dio por perdido y que hasta un ciego en medio de un tiroteo hubiera ubicado sin dificultad?

No tengo ni tendré problema en reconocer errores, en caso de cometerlos. Pero ¿aquí, aquí, en este caso? Me parece increíble leer el argumento de que IDL-R ‘está mal’ al haber cumplido un deber periodístico elemental.

Añado que este reportaje no es una denuncia ni una investigación que calatea las cutras o los crímenes de algún bribón. Hemos, sí, revelado un hecho que tiene ciertamente importancia pública. Eso es lo que debe hacer el periodismo un día sí y el otro también en una democracia funcional.

Lo que Pulgar Vidal debería hacer, si tiene los mínimos reflejos necesarios para la política y la limpieza de conciencia que debe acompañarlo, es declarar públicamente lo que pasó, desde cuándo hasta cuándo, pedir disculpas por no haberlo hecho hasta ahora, e indicar que da la bienvenida a la fiscalización de su gestión, para que esta sea presidida por un espíritu de transparencia y servicio a los intereses de la nación. Punto y aparte.

Espero que sea así. Porque hoy leí la entrevista de Mariella Balbi al premier Valdés, en El Comercio. Cuando ésta pregunta: “¿El informe hecho durante la gestión anterior del Ministerio del Ambiente sirve?”, Valdés responde: “Mientras no sea oficial no lo reconocemos. Lo he leído parcialmente, es una opinión del señor Echave, ex viceministro”.

¿Están más claras las cosas ahora? ¿El informe que no se encuentra en el ministerio del Ambiente, pese a que trabajaron en él durante quince días más de una docena de altos funcionarios del ministerio, entre los cuales varios directores generales, bajo la dirección del viceministro de Echave? ¿Está claro o no lo que viene? ¿Alguno cree ahora que Pulgar Vidal va a “encontrar” el informe? ¿De Echave quizá?

Fuente: La Mula

Yanacocha asegura que lagunas de Conga no alimentan manantiales

Minera insiste en que no pondrá en riesgo el agua para consumo humano. Mientras tanto, opositores al proyecto alistan marcha por el agua

Conflictos sociales, Cajamarca, Yanacocha, Protestas antimineras, Proyecto Conga

EL COMERCIO

Después de haber mantenido silencio por varias semanas, funcionarios deYanacocha ofrecieron ayer una conferencia de prensa y expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto minero Conga, que esperan desarrollar en las alturas de Cajamarca.

El gerente de Medio Ambiente del proyecto Conga, Carlomagno Bazán Melgar, aseguró que las cuatro lagunas por intervenir no alimentan los acuíferos ubicados en la parte baja de la cabecera de cuenca. Esto –dijo– se encuentra establecido en los estudios hidrogeológicos que tienen de la zona.

“[…] Se ha determinado que las lagunas principalmente son cuerpos de agua que en su base contienen un lecho de arcilla endurecida o consolidada que evita la infiltración del agua por el fondo, por lo tanto no hay conexión con manantiales en las partes bajas”, aseguró el funcionario. De esta manera, intentó desacreditar las afirmaciones de los opositores al proyecto, quienes aseguran que peligrarían las fuentes de agua para consumo humano y regadío.

Bazán Melgar consideró importante que la gestión del agua se realice con reservorios, porque el recurso se capta en la zona principalmente de las lluvias. “Es aquí donde debe estar enfocada la propuesta [de Yanacocha] de mejorar la gestión del agua a través de los reservorios [artificiales]. La gestión tiene que estar concentrada en aprovechar esta abundancia de agua [cuando llueve]”, señaló.

Mientras se llevaba a cabo esta conferencia, en los exteriores del local se concentraron alrededor de veinte dirigentes antimineros, quienes gritaban frases contra los asistentes.

El dirigente ambientalista de la provincia de San Marcos, Jorge Spelucín Aliaga, manifestó estar en contra del peritaje internacional al que será sometido el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Conga. Además, calificó de provocación la conferencia organizada por los funcionarios de la empresa minera.

“Lo que ha hecho Yanacocha es un acto distractivo para ver cómo respondemos los cajamarquinos. No creemos en el peritaje internacional […] lo único que intenta hacer es maquillar la realidad que vivimos los cajamarquinos”, sostuvo.

SEPA MÁS
El 1 de febrero los organizadores de la Marcha del Agua emprenderán su recorrido hacia Lima desde las lagunas ubicadas en Conga. El objetivo de la iniciativa es lograr la inviabilidad del proyecto.

Al día siguiente harán la Marcha de los Cántaros en la ciudad de Cajamarca. Esperan llegar a Lima el viernes 10 de febrero.


Por Guillermo Olivera Díaz;
Fecha: 21-1-2012

¡No solo Pulgar Vidal de Ambiente, también Merino Tafur de Energía y Minas!

Ojalá que IDL Reporteros, que indagó la gestación de Pulgar Vidal a AMBIENTE, efectúe la misma indagación del actual Ministro de Energía y Minas, Jorge Humberto Merino Tafur.

Un ocasional amigo (Ing° Alvarez, ligado a Barrick) me confirmó que días antes de ser ministro, o mejor, antes que renuncie Salomón Lerner, confesaba en el SARCLETY del distrito de San Borja que estaba en tratos para desde la cartera ministerial impulsar proyectos mineros como CONGA y como sea.

Que antes de la renuncia de Lerner y de su ida a Cajamarca para “dialogar” un nuevo gabinete estaba listo con Valdés a la cabeza.

¡Este es Ollanta Humala que elegimos, qué les parece!

Fuente: La Mula
http://herbertmujicarojas.lamula.pe/2012/01/21/ministros-de-ambiente-y-energia-minas-patrullan-predios-de-yanacocha/herbertmujicarojas


Cajamarca: Gerente de Conga opina que minería en cabecera de cuenca sí es viable

Ayer en horas de la mañana, en el Hotel Gran Continental, varios representantes de la empresa minera Yanacocha y funcionarios del proyecto Conga dieron a conocer información sobre la construcción de los reservorios, así como el estudio de impacto ambiental cuestionado.

Luis Arguelles, Gerente del Proyecto Conga dijo que a pesar de no haber empezado a operar dicho proyecto, se viene implementando una serie de proyectos en su zona de influencia directa, con la finalidad de aportar en el desarrollo sostenible de las comunidades, en una labor conjunta y permanente con autoridades y población.

“Proyectos como varias hectáreas de pasto cultivado, animales inseminados, genéticamente mejorados y dosificados; mejoramiento de producción lechera y construcción e implementación de un invernadero aeropónico para la producción de semilla de papa de calidad garantizada aseguran desarrollo sostenible de la región. Cabe mencionar que 51 empresas locales están inscritas en el padrón institucional y los empresarios han constituido un comité que los representa. En cuanto a los principales tributos desde el año 2014 al 2032 son: 630 millones de dólares en regalías, 2 mil 297 millones de dólares en renta y mil 149 millones de dólares en canon”, expresó.

Indicó además que el proyecto incluye dos tajos abiertos, dos depósitos de rocas sin valor, una planta concentradora, un depósito para el almacenamiento de relaves e instalaciones auxiliares de la mina como almacenes, oficinas y talleres.

El gerente de Medio Ambiente del proyecto Conga, Carlomagno Bazán dijo que las lagunas existentes naturalmente almacenan el exceso del agua que discurre por las laderas de las micro cuencas durante la época de lluvias (octubre-abril). Durante los meses de estiaje o sequía (mayo-setiembre), estas lagunas tienden a secarse o a disminuir su capacidad. La cantidad de agua que estas lagunas aportan a las cuencas en época seca es reducida y no puede ser aprovechada para actividades agrícolas en la zona. Por el contrario, las represas que construirá Conga se ubica en lugares que pueden captar toda el agua que genera la micro cuenca y han sido diseñados para almacenar casi el triple del agua que almacenan las lagunas actualmente.

“El objetivo es que el agua pueda ser utilizada todo el año, no solo en la época de lluvias. Los reservorios se alimentarán de lluvia, así como del agua de las lagunas trasvasadas. Así mismo, estarán revestidos con el mismo material de la zona”, puntualizó.

Panorama Cajamarquino


El pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió hoy la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la ordenanza del gobierno regional de Cajamarca, que declara inviable el proyecto minero Conga.

La denuncia fue interpuesta por el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, por infringir los artículos 189, 190, 191 y otros de la Constitución.

En su resolución, el TC señala que la demanda fue presentada dentro del plazo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Constitucional y cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 101 y 102 para su admisión.

Al mismo tiempo, el tribunal dispuso correr traslado de la demanda al gobierno regional de Cajamarca, encabezado por Gregorio Santos, para que en un plazo de 30 días conteste la demanda, conforme lo dispone el artículo 107 del Código Procesal Constitucional.

El fiscal de la Nación está facultado para presentar una demanda de inconstitucionalidad, conforme lo establece la Constitución, así como el segundo párrafo del artículo 99 del Código Procesal Constitucional.

El gobierno regional emitió la Ordenanza 036-2011-GR.CAJ.CR, que declara inviable el proyecto minero Conga, pese a que no se realiza aún el peritaje internacional al estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, que busca absolver las dudas sobre las objeciones ambientales a esa inversión.

El estudio es financiado por el Poder Ejecutivo y se realizará en un plazo de 40 días.

ANDINA


Pulgar-Vidal: “Aparte del estudio de impacto ambiental debe haber un plan de inclusión y desarrollo en minería”

El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Manuel Pulgar-Vidal, sostuvo que los proyectos mineros en nuestro país, aparte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), debe contemplar también un plan de inclusión y desarrollo social, principalmente para la zona en donde se realizarán las actividades extractivas.

“No hay minería si primero no hay enfoque de desarrollo y eso es algo que tenemos que construir. Yo diría que tal como se presenta un EIA, estimo, y en eso trabajaremos, que debe haber un plan de inclusión y desarrollo”, manifestó en entrevista con RPP.

Esta propuesta, según Pulgar-Vidal, debe ser parte de varios principios a los que debería responder la minería, para mejorar significativamente el desarrollo de esa actividad en el futuro. Para ello, antes de realizar un proyecto minero, la empresa debería decirle al Estado cuál es su propuesta de desarrollo para la zona y cómo se suma a la que viene implementando el Estado.

Señaló además que otro principio debe ser que los impactos ambientales que genere la minería deben ser compensados, como se hace en otras partes del mundo. Para este caso, agregó, se puede trabajar el mecanismo de “pago por servicios ecosistémicos, es decir, si se va utilizar el agua de una cuenta, entonces debería compensarse a esa cuenta”

Para el Ministro, las empresas deben tener capacidad de conversar y ser las primeras promotoras del diálogo con las comunidades donde se proyecta desarrollar un proyecto hídrico; porque si no lo hace pone en una posición difícil al Estado.

El titular del Ambiente también anunció que en los próximos días se conocerán a los peritos que se encargarán de analizar el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga.

Por otro lado, respecto a la oferta de trabajo que le hizo Yanacocha antes de ocupar la cartera ministerial,dijo que “como profesional, más bien me preocuparía si no tengo ofertas de trabajo, pues eso significaría que soy un incompetente”.

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Foto: Andina
Fuente: SPDA – Actualidad Ambiental 


La misma fue presentada por el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales

El Pleno del Tribunal Constitucional decidió admitir el trámite de la demanda de inconstitucionalidad Nº 001-2012-PI/TC interpuesta por el fiscal de la Nación, José Antonio Pelaez Bardales en contra la Ordenanza Regional Nº 036-2011-GR.CAJ.CR que presentara el gobierno regional de Cajamarca “por supuestamente infringir los artículos 189º, 190º, 191º y otros de la Constitución”.

La Resolución del TC señala que la demanda ha sido interpuesta por el Fiscal de la Nación, dentro del plazo establecido en el artículo 100º del Código Procesal Constitucional y cumple con todos los requisitos y recaudos establecidos en el artículo 101º y 102º del Código mencionado, por lo que debe ser admitida.

Al mismo tiempo, el Tribunal dispuso correr traslado de la demanda al Gobierno Regional de Cajamarca para que en un plazo de 30 días conteste la demanda, conforme lo dispone el artículo 107º del Código Procesal Constitucional.

Por otro lado, el Fiscal de la Nación se encuentra legitimado para interponer demanda de inconstitucionalidad conforme lo establece la Constitución así como el segundo párrafo del artículo 99° del Código Procesal Constitucional.