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Analista Aldo Panfichi: Si el Gobierno de Humala sigue igual, la calle se hará más fuerte
Asimismo, mencionó que no sabe “si el orgullo de retroceder es o no tan fuerte en Humala Tasso como lo fue con los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo”. Sin embargo, remarcó que no le sorprendería tampoco que dé un giro a uno u otro lado.

El analista Aldo Panfichi manifestó que si el presidente Ollanta Humala decide apostar por más de lo mismo en la conformación de su nuevo Consejo de Ministros y sus políticas públicas, “se le avecinaría un panorama sombrío, en el que la calle se hará cada vez más fuerte”.

“El Perú está atrapado en una tensión entre el funcionamiento institucional del sistema político y el funcionamiento político basado en los movimientos sociales y en la acción directa de las calles”, sostuvo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Asimismo, mencionó que no sabe “si el orgullo de retroceder es o no tan fuerte en Humala Tasso como lo fue con los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo”. Sin embargo, remarcó que no le sorprendería tampoco que dé un giro a uno u otro lado.

“Pareciera que el presidente ha tenido en la campaña grandes ideas muy poco desarrolladas y no mucha lealtad con esas ideas”, mencionó

HUMALA NECESITA A LERNER

Por otro lado, Panfichi consideró que el mandatario necesita del ex presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, porque consideró es un personaje que tiene como capital político el haber sido puente entre los distintos sectores y el gobernante peruano.

En un contexto en la cual los partidos son ausentes o débiles el operador sofisticado como es él y muy bien conectado adquiere una relevancia importantísima que no tendría en otro contexto. Pero, en este contexto, ese es su capital, su capital es ser puente entre distintos sectores”, reiteró.

Fuente: La Republica

Palabra. Pese a rumor de relevo, Valdés se hace presente.
El premier Óscar Valdés emplazó a los opositores del proyecto Conga a sustentar las razones por las que lo consideran inviable, tras señalar que los argumentos que alegaban en un principio han sido desestimados por el peritaje del Estudio de Impacto Ambiental.

“Habría que preguntarse por qué en estos momentos están pidiendo que Conga no vaya, ¿cuáles son los fundamentos que ellos exhiben? Inicialmente hablaban que era el tema ambiental, que era por falta de agua, de las cabezas de cuenca, de las aguas subterráneas, de las superficiales, y eso ya desapareció con el peritaje. ¿Por qué mantener una posición radical de decir ‘Conga no va’, si ya no tienen argumentos? Si los tienen, que los expongan”, manifestó en RPP.

De otro lado, Valdés mostró su confianza en el resultado del diálogo encabezado por monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea, y consideró que los religiosos realizarán un “trabajo extraordinario” de mediación con las autoridades cajamarquinas.

En el marco de las movilizaciones registradas en Cajamarca, el premier enfatizó que el gobierno vigilará el cumplimiento del estado de emergencia y dijo se tomarán medidas que garanticen la tranquilidad y la seguridad de la población mientras perdure la medida.

Agregó a lo anterior que las personas que incumplan las condiciones del estado de excepción serán denunciadas por la autoridad competente.

Asimismo, adelantó que hoy o el lunes el Ejecutivo designará a sus representantes para el diálogo en Cajamarca. Detalló que el ministro de Justicia, Juan José Jiménez, se encuentra trabajando en ello.

En otro momento, Valdés lamentó que solo se responsabilice al gobierno de las muertes tras las protestas.

Fuente: La Republica

 
Por: Alan Ele – Hotel al Paso
Que todo el mundo es azuzado en este país para ir contra el modelo económico implica que nadie está descontento de verdad, sino que la gran mayoría padece de  una ominosa debilidad mental ante el embrujo de cualquier prédica barata. Que todos los provincianos son ovejas de un rebaño de consignas repetidas es obviamente un insulto a la inteligencia de cualquier hombre y mujer dignos de este país que conocen a fondo su realidad.

Veamos. Si por Lima fuese, PPK hubiese sido elegido presidente del Perú en primera vuelta, o Keiko Fujimori, la hija del dictador preso, en la segunda. Y esto es un decir, ya que los famosos ppkausas quisieron organizar un referéndum para que el PPKuy fuese incluido en la segunda vuelta sin más ni más. Pero las provincias hicieron todo lo posible para torcerle el brazo a la intención de la capital y lo lograron con la elección de Ollanta Humala.

 ¿No son acaso los limeños los más fáciles de azuzar por la caja boba?

¿Qué autoridad tiene Lima para criticar a Cajamarca? Ninguna, por su puesto.

Lima no solo es una de las ciudades más cochinas del Perú, sino unas de las más sucias de Latinoamérica. Lima tiene los ríos más marrones del territorio nacional producto de una natural convivencia con los muladares y posee un smog tan denso que el azul del cielo y las estrellas por la noche son casi una leyenda urbana. Y hay que agregarle a ello que Lima prácticamente no aporta nada al llamado “boom” minero. No sabemos, salvo que nos contradigan, de inmensos tajos abiertos en Miraflores o San Isidro.

Que el descontento, impotencia y rabia de Cajamarca se debe a azuzadores profesionales, por supuesto. Hemos identificado a cuatro agentes:

En primer lugar, el presidente Ollanta Humala, el mismo de: “beben agua o beben oro”. Ollanta Humala, al igual que Gregorio Santos, encarnó la esperanza de Cajamarca de lograr una verdadera justicia ante los atropellos de las empresas mineras. Cajamarca es 70% rural y siempre tuvo una inclinación fujimorista. Pero gracias al trabajo de diversos colectivos políticos y civiles en toda la región se logró revertir la intención de voto de la primera vuelta donde ganó Keiko Fujimori: en la segunda en Cajamarca ganó Humala. Cuando Humala era candidato le recomendó al empresario Roque Benavides que forme su propio partido político, y que no siembre a través de su ONG sus candidatos como liendres para luego nazcan como piojos. Luego Humala dijo: ¡Conga va!, dijo que Santos era como Pol Pot, y que Marco Arana se ponía un cartelito para victimizarse.. Traicionarse a sí mismo es también traicionar a los que creyeron en uno. El descontento contra la empresa minera y el presidente que prometió y no cumplió están en el mismo nivel de intensidad.

También tenemos al señor Roque Benavides, que poquísimos cajamarquinos han conocido en persona en veinte años de minería en Cajamarca, tiene un doctorado en generar conflictos a través de sus declaraciones. Para el gran Roque la licencia social no tiene mayor importancia y no debe ser vinculante a la hora de decidir sobre un proyecto. Para Roque, un experto en nociones de hidrogeología moderna, el peritaje contratado por el premier Valdés para el Ejecutivo ha destruido para siempre el concepto de “cabecera de cuenca”, nada menos. Para Roque las recomendaciones del peritaje son solo eso, recomendaciones, y no un mandato, por lo tanto verán si como empresa Yanacocha podrán cumplirlas o no. Por lo pronto ya ningunearon al mismo Humala al no presentar un documento escrito donde se especifique tiempos y montos de cómo implementar esas recomendaciones y al declarar que seguirán los trabajos en el nuevo reservorio y que este conflicto social es entre el gobierno central y el regional, donde ellos no tienen nada que ver.

El tercer agente es el premier Oscar Valdés,
para quien todos los que protestan son radicales violentistas azuzadores del caos. Valdés es el tipo irascible y pragmático aupado por el poder de Nadine Heredia y el ministro de economía Miguel Castilla. Valdés es el chico rudo que hace el trabajo que ni los ministros -y operadores políticos- Pulgar Vidal y René Cornejo se atreverían a hacer. Es el hombre que ve “rojos” detrás de todas las protestas y sale a hacerles frente con la bota en alto. Valdés es quien le dice a Humala que debe olvidarse de sus promesas electorales y que en Cajamarca la gran mayoría está a favor del proyecto minero de Yanacocha, y que los que se oponen son un grupo reducido, o sea cuatro gatos.

Y el cuarto azuzador, como no, la prensa con su limeñocentrismo muchas veces abiertamente racista. Luego de la tragedia del Baguazo los medios hicieron un mea culpa y volvieron a hablar de inclusión social. La autocrítica duró lo que una estrella fugaz. La prensa ha atacado a Cajamarca con la misma ferocidad con que quiso destruir a Humala. La prensa genera impotencia y rabia en la gente que se desgañita para hacer conocer su verdad, y luego la ve recortada, editada y manipulada entre editoriales burlescos y anuncios de lo bien que estamos como ya casi primer mundo.

¿Quién azuza más a Cajamarca, Santos, Arana, Saavedra e Ydelso Hernández o Humala, Roque Benavides, Valdés y el 90% de la prensa nacional?




El destacado politólogo Julio Cotler señaló que la función de Óscar Valdés como primer ministro “se ha agotado”; sin embargo, consideró que sería terrible que Luis Castañeda lo reemplace.
“Sería terrible porque ya le hemos visto el desprecio mayúsculo que tiene por la ciudadanía. Es más militar que Óscar Valdés. Ya lo hemos visto. ¿Alguna vez explicó por qué hacía tales cosas?, ¿alguna vez hizo caso a las críticas? Si es que lo ponen, él sería peor que Valdés”, indicó en el programa de TV “Agenda Política”.
Refirió que para ocupar el cargo de primer ministro se necesita buscar una persona que tenga “cabeza política y trayectoria política”. Destacó la capacidad de Nadine Heredia, pero consideró que no debe ocupar un cargo.
“Nadine es una política nata, le sale fácil, ella podría convencer políticamente (…) pero no digo que debería salir a hacer política, más allá de lo que hace cualquier primera dama”, indicó.
En cambió, resaltó la labor del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien “ha dado muestras de saber hacer política” dentro del gabinete ministerial, de donde puede salir un eventual reemplazo de Óscar Valdés.

Fuente: El Comercio


En el día 22 de paralización, antimineros recalcaron que la Constitución con la que gobierna Ollanta Humala “no sirve”
En el día 22 del paro indefinido de Cajamarca en contra de la ejecución del proyecto minero Conga, un grupo de manifestantes quemó las Constitución Política del Perú, en el lugar donde el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, realizó un mitin.

En el video difundido por “América noticias” se muestra a un hombre que desde el estrado prende fuego a un texto que tiene como portada la bandera nacional, y luego se lo alcanza a un grupo de manifestantes que celebra el acto.

Además, se logra escuchar las arengas provenientes del escenario que dicen: “Señor presidente Ollanta Humala, esta Constitución con que usted está gobernando no sirve. Escuche, le advertimos que escuche, el pueblo se pone de pie”.

Durante la jornada de radicalización de la violencia, la plaza Bolognesi fue tomada por un grupo de manifestantes. El lugar se ha convertido en un punto de encuentro de los radicales. Al final del día hubo siete personas detenidas, dos manifestantes. Cinco policías también fueron agredidos.

Fuente: El Comercio


Stephanie Boyd

He promised to make The Great Transformation. This “radical change” would be a “democratic alternative” to neoliberalism, which he blamed for “social inequality, deprivation of natural resources”, and a failure to generate development.

He vowed to listen to farming and indigenous communities.

He said that water was more important than gold.

One year ago, Ollanta Humala, a former army captain, was swept to electoral victory by Peru’s majority poor: the peasant farmers, urban street vendors and Amazonian indigenous peoples.

But once in power, Humala cast off his jeans and blue work shirt, donned a suit and adopted the same neoliberal policies he criticised during his campaign.

His voters were not amused.

Since Humala took office, ten people have died in social conflicts in Peru, more than 120 civilians have been wounded, and states of emergency have been declared in two regions. More than 120 farming leaders and human rights defenders are reportedly under criminal investigation for their alleged involvement in protests against foreign mining companies, including one provincial and one state governor, a priest, and two Catholic Church workers.

The president’s honeymoon with voters ended abruptly in November, when the state of Cajamarca in Peru’s northern Andes declared a strike against a proposed mine. The shutdown paralysed several provinces, with schools and businesses closed and transport routes blocked.

At stake is the $4.8bn Minas Conga project, owned by Newmont Mining of Colorado. It would be the biggest mining investment in Peru’s history, paying $2bn in taxes over the mine’s lifetime. But the project would destroy four sacred lakes, the source of water for an entire farming region.

Humala has taken a hard-line on Conga, insisting it is a project of “national interest” and must go forward. The government says it needs mining revenues to fund development programmes, and has secured a $1.1bn increase in taxes from the industry.

Peruvian groups such as Red Muqui and CONACAMI, a nation-wide coalition of mining communities, say they are not against mining. They want a national zoning plan to designate areas for mining and other industry, agriculture and protected reserves. They’re also demanding a moratorium on mining in watersheds and the use of cyanide in gold mining operations.

Conga, located in a fragile watershed, has become the first major test of Humala’s government, pitting environmentalists against the mining industry, regional politicians against the president, and farmers and indigenous communities against the urban, upper-middle class (who don’t understand why the Technology Gods can’t build artificial lakes to replace real ones, as though natural ecosystems were as easy to create as images on their iPads).

During the strike in November, Humala’s prime minister, Salomon Lerner, a left-leaning businessman, was sent to negotiate. He wasn’t given much time. One day after Lerner initiated talks, the president trumped him by declaring a state of emergency. This meant that civil liberties were suspended and martial law was in effect. At least 28 people were injured during brutal police repression, including a young farmer who was reportedly paralysed by a rubber bullet fired by police.

Lerner resigned, allowing Humala to re-stock his cabinet with a decided shift to the right. The new prime minister, Oscar Valdés, was Humala’s army instructor and reportedly owns a mining concession. Peru’s National Intelligence Service is headed by Victor Gómez, another of the president’s old army buddies and former head of security [Sp] at the Antamina copper mine.

The president’s national security advisor is Adrian Villafuerte, an ex-colonel with alleged ties to Vladimiro Montesinos, the notorious security adviser to former president Alberto Fujimori. Both Fujimori and Montesinos are currently in jail for human rights abuses and corruption.

Humala himself was an army captain during Fujimori’s rule, and had been accused of crimes such as torture and forced disappearances when he was in charge of the Madre Mia military base. The case against Humala was shelved, but human rights groups in Peru are not satisfied and want to see the former captain on trial.

The Conga uprising isn’t the government’s only worry. Humala has faced demonstrations against a proposed hydro-electric plant in the south, uprisings against illegal miners in the jungle region of Madre de Dios and Andahuaylas, and protests against a prison expansion in Arequipa.

In late May, Humala declared his second state of emergency, this time in the southern Andean province of Espinar. On May 21, farming leaders declared a strike to pressure the Tintaya copper mine to negotiate a new social contract. Leaders want improved environmental standards, independent monitoring and increased funds for development projects.

Many Peruvians oppose the Minas Conga project, the biggest mining investment in the country’s history
[Photo courtesy of Grufides]

Thousands of unarmed civilians blocked access routes to the mine, owned by Xstrata of Switzerland. In response, the government sent in hundreds of special police commandos trained in counter-insurgency and anti-terrorism. These heavily armed officers were charged with “subduing” peasant farmers, teachers, lawyers and other urban professionals.

Two civilians were killed (one of them, a school teacher, leaves behind a pregnant widow), two remain hospitalised in a coma, and more than 100 people were wounded. Police allegedly detained 22 people without arrest warrants inside the mine’s compound, including two employees of the human rights office operated by the local Catholic bishop.

After several days in captivity, the detained persons were freed, but many say they suffered torture. Rather than investigating these allegations, judiciary authorities have charged the detainees with crimes related to terrorism.

In an attempt to end the conflict, Oscar Mollohuanca, Espinar’s provincial governor, asked the national government to mediate talks with the mining company. The following day, while Mollohuanca met with local leaders to plan the negotiations, about 50 police commandos reportedly burst into his office in a scene reminiscent of the reality show Cops.

The governor was arrested and imprisoned in Ica, a coastal town 800 kilometres from Espinar. He was sentenced to five months in jail while judicial authorities investigated charges against him related to the strike. Lawyers from Peruvian human rights groups appealed his imprisonment on the grounds that he had not been given a trial and was a prisoner of conscience.

Amnesty International launched a campaign demanding Mollohuanca’s release, and citizens groups across Peru held vigils and protests. On June 13, two weeks after his arrest, Mollohuanca was freed on conditional release. The criminal investigation against the governor continues, however.

The national and international outcry against the human rights abuses in Espinar has brought some positive results in recent days. Peru’s Congress has now formed a commission to investigate possible environmental contamination from the mine, and Xstrata has agreed to negotiate with provincial leaders.

In a public statement, Xstrata “profoundly lamented the acts of violence” in Espinar, and insisted they have always been open to dialogue. The company claims to adhere to all the environmental requirements “established by legislation”, and pledged to “take part in all the environmental studies that may be required”.

But just as the Espinar conflict was beginning to cool, a new strike began in the state of Cajamarca on May 31 to protest against the Conga mining project.

After the 2011 strike, the Peruvian government commissioned an independent review of the company’s environmental study by European auditors. The review recommended several changes to the company’s plan, such as leaving two of the four lakes intact and increasing the amount of water planned for artificial resevoirs.

Newmont defended its original study, saying it had been approved by Peru’s previous government and would provide farming communities with year-round water supplies. Company officials said they were “evaluating” the recommendations, but that if the changes proved too costly, they would “reallocate” their capital to projects in other countries.

Cajamarca’s leaders accuse the company of using scare tactics to force Humala to cave in and allow them to proceed without following the recommendations. In any case, the state governor and a coalition of civil society groups say that preserving two out of four lakes is not enough: they remain firmly opposed to the mine.

Once again, thousands of citizens took to the streets throughout the state in protest.

President Humala vowed to “restore order”. Police repression in Cajamarca over the past two weeks has resulted in more than 60 wounded civilians. Since the conflict began last year, at least 100 protesters have been charged with crimes under tough new legislation. Once-minor offences such as blocking a road have been turned into criminal acts punishable with 20-year prison sentences.

In Cajamarca, about 60 protesters have been wounded by police [GRUFIDES]

Human rights groups say Humala is criminalising social protest, but the president rejects these charges, saying he is merely “defending the rule of law”. The president has also accused protest leaders of being part of a political conspiracy to overthrow his government.

Father Marco Arana, one of the protest leaders, says the government finds it easier to look for scapegoats than “to admit it has a widespread social problem”. According to Peru’s government ombudsman’s office, there are 171 “active social conflicts” across the nation, most centred on mining, petroleum and hydroelectric projects.

Humala also faces opposition from within his own ranks. Last week, four Congress members resigned from the president’s party, accusing him of abandoning election promises.

The president tried to put on a happy face and insisted that the resignations would “strengthen” his congressional block.

Denial aside, it’s clear that Ollanta Humala faces a crisis on several fronts. But with less than a year in office, political analysts say he still has the chance to make amends.

Gustavo Gorriti, a renowned Peruvian journalist, wrote an impassioned letter to the president last week.

“You were elected to be the champion of democracy, and not plutocracy, Mr President,” wrote Gorriti. “There’s still time to adjust your path. I hope you do so. Your success would be a triumph for all of us.”

Stephanie Boyd is a journalist and documentary film maker who has been living and working in Peru for the past 15 years. Her latest film, ‘The Devil Operation’ can be previewed at: www.guarango.org/diablo

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Al Jazeera’s editorial policy.

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/06/2012614113713713304.html


Durante la campaña electoral y antes de la toma de mando del actual mandatario, se discutía sobre qué características tendría su gobierno: algunos vaticinaban que se parecería al gobierno de Chávez en Venezuela (autoritario, estatista), otros al de Lula en Brasil (crecimiento con redistribución mediante políticas sociales). En aquel tiempo comenté que la comparación con Lula era razonable, pero que su gobierno implicaba también conflictos con el ala izquierda de su partido, que terminaban en divisiones; así como la aparición recurrente de escándalos de corrupción, que felizmente en nuestro caso no han aparecido.

Si seguimos haciendo comparaciones, podríamos decir que el gobierno de Humala enfrenta problemas similares al de otros que llegaron al poder con agendas “progresistas” en los últimos años. Estas izquierdas ganaron en medio de una gran ambigüedad: de un lado, fueron herederas de una tradición “nacional–popular” asociada al populismo tradicional; es decir, una lógica según la cual lo central es recuperar un “control nacional” de los recursos naturales, para destinarlos a esfuerzos redistributivos e industrialistas, arrebatándolos de intereses transnacionales, oligárquicos. Y del otro, llegaron al poder de la mano del fortalecimiento de movimientos indígenas y agendas ecologistas, más bien contrarias a lógicas “extractivistas” y que apuestan por un modelo de desarrollo “alternativo”.

Vistas así las cosas, los dilemas de Humala no se ven muy diferentes a los que enfrentan otros gobiernos de izquierda: encontramos políticas de “recuperación” o “nacionalización” de recursos naturales como el gas y el petróleo en Bolivia y Argentina, pero sin mayores preocupaciones ambientales o sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas iniciativas; la propuesta de construcción de grandes obras de infraestructura en Brasil o Bolivia, pero que enfrentan serias objeciones por sus impactos ambientales y la oposición de la población afectada por las mismas; y en general, el progresivo distanciamiento y la movilización de organizaciones sociales en contra de gobiernos que supuestamente los representaban. A estas alturas, Rafael Correa y Evo Morales enfrentan ya la oposición de los movimientos indígenas, por ejemplo.

Pero así como hay similitudes, hay también grandes diferencias: la principal es que Humala no cuenta con fuerza propia, ni con un partido ni con un núcleo político o intelectual o técnico de confianza, ni cuenta él con la formación y el liderazgo suficientes para avanzar en un camino de transformaciones, ni ha implementado una política de cooptación de individuos o grupos que le permitan suplir la ausencia de cuadros propios. Es esa orfandad la que crecientemente lo “derechiza”, esa es su debilidad principal. Si Humala quiere recuperar la posibilidad de que su gobierno tenga alguna significación y no sea más que la continuidad de los anteriores, debe retomar su espíritu reformista, en la línea propuesta por la “Hoja de Ruta”. Es la lógica que debería primar en el recambio ministerial antes del 28 de julio próximo; para ello, es imprescindible ampliar la base de sustentación de su gobierno, crecientemente ensimismado.


En las últimas semanas las decisiones y el accionar del primer ministro Oscar Valdés han sido muy criticadas por diversos analistas y políticos. La ciudadanía no es ajena a los cuestionamientos contra el premier y también opina.
El estudio de Imasen muestra que un 48.9% desaprueba el trabajo que viene realizando Valdés. Apenas un 16.9% cree que está llevando a cabo una buena gestión, mientras que un 34.2% no responde.
Pero lo que llama la atención es que en el mismo estudio de opinión pública el primer ministro es considerado como el segundo peor ministro que tiene el presidente Humala.
El primer lugar lo ocupa el exministro del Interior Daniel Lozada, quien renunció al cargo tras su paupérrima gestión en dicha cartera durante los ataques terroristas en el VRAE. Es muy probable que en el próximo sondeo Valdés lidere la lista de los peores ministros.
De otro lado, un 45% de encuestados considera necesario un cambio de gabinete antes del 28 de julio. Un 26.3% afirma que esto debe darse recién en esa fecha, y un 17.2% cree que no debe darse. 
Fuente: Diario 16


Según la congresista, la primera dama es quien vela por la permanencia del premier. Además, anunció que la izquierda que rompió con el Gobierno tendrá su propia bancada.
La congresista Rosa Mavila, disidente de Gana Perú, reiteró sus críticas hacia la gestión de Óscar Valdés como jefe del gabinete y sostuvo que la esposa del presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, es la que vela por su permanencia en el cargo.

“Creo que la principal asesora del gobernante ahora lo está asesorando mal y es la principal aliada de Valdés”, dijo en Abre los ojos en alusión a Heredia Alarcón, tras insistir en que espera que el primer ministro renuncie.

Sostuvo que esto se ve en los gestos de apoyo de la primera dama hacia Valdés en eventos públicos y en medio de una coyuntura donde diversos sectores critican el manejo del Ejecutivo de los conflictos sociales como los de Cajamarca y Espinar (Cusco). “En política nada es casual”, añadió.

BANCADA DE IZQUIERDA
Consultada sobre su futuro en el Parlamento, Mavila señaló que, junto con los otros tres renunciantes a Gana Perú, están buscando crear una nueva bancada a los que sumarían otros congresistas.

“Creo que la izquierda va a tener su propia bancada. (…) Por ejemplo, el Partido Descentralista de Puno ya decidió por unanimidad pedirle a Claudia Coari que se defina. El movimiento Apu de Cusco ya le está diciendo a (Hernán de la Torre) que se defina. (También) puede haber disidentes de otros partidos”, aseguró.

Fuente: Peru21


En entrevista exclusiva con Buenos Días Perú, el presidente del Consejo de Ministros Óscar Valdés se refirió a los manifestantes violentistas de Espinar y Cajamarca como “podridos”, “congelados” e “incendiarios” que necesitan cambiar su posición por el bien del país. 

“Pobladores violentistas de Espinar tienen antecedentes desde el 2005. Como primer ministro no permito que se deteriore la autoridad; esa clase minoritaria torpedean  los gobiernos”, indicó el premier tras insistir en la viabilidad del proyecto minero Conga.  

Asimismo, el premier descartó renunciar al cargo y consideró que por el momento no viajará a Cajamarca para no incentivar más acciones violentas.

Fuente: Panamericana TV


El primer ministro indicó que Ollanta Humala tiene que gobernar para el 100% de los peruanos y no solo para un sector
El primer ministro, Óscar Valdés Dancuart, justificó esta mañana los cambios que ha dado el Gobierno humalista en los últimos meses. “Lo que yo esperaba y creo todos los peruanos debemos esperar es que nuestro presidente (Ollanta Humala) ya elegido ya debe olvidarse de sus ofertas electorales, cumplir sus promesas, pero debe gobernar para el 100% de los peruanos”.

En entrevista con “Buenos días, Perú”, el jefe del Gabinete también dijo que el Ejecutivo seguirá el camino del diálogo para darle una solución a los conflictos en Cajamarca y la provincia cusqueña de Espinar, pero sostuvo que harán respetar las leyes “con mano firme”.

“En estos dos tipos de conflictos (Cajamarca y Espinar), lo que debemos hacer es continuar el diálogo y tener mano firme para que se respete la ley y la Constitución”, manifestó.

CRITICÓ A SANTOS
Valdés Dancuart reiteró sus críticas en contra del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por su actitud ante el conflicto generado por la ejecución del proyecto Conga. “El pueblo cajamarquino se da cuenta de que el presidente regional no está trabajando para ellos, está en campaña y ayer estuvo en Ica de campaña”, añadió.

Indicó que no va a Cajamarca para “no levantar los ánimos” y sostuvo que no necesita que los opositores a Conga, entre ellos Santos, Wilfredo Saavedra y Marco Arana, le otorguen una licencia social para seguir al frente del Ejecutivo. “No les tengo que pedir permisos a ellos para seguir en el Gobierno”, expresó.

La alta autoridad del Gobierno humalista también negó que el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, sea un preso político, como lo dijo Santos.

Señaló que el Ejecutivo ha conversado con los alcaldes distritales y jefes de las comunidades de la zona de influencia de la minera Xstrata Tintaya. “Hay mucho miedo por la reacción del Frente de Defensa. Todavía no hay condiciones de diálogo en este momento”, acotó.

CASO RUDY PALMA
Sobre el caso del ex periodista de Perú.21 Rudy Palma, encarcelado por ingresar a correos de autoridades del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Valdés dijo que el proceso es manejado por el Poder Judicial tras conocer que se ordenó interceptar los teléfonos de 17 personas, entre ellas el legislador de oposición Luis Galarreta.

Fuente: El Comercio