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Carlos Hernando Enciso, gerente de Asuntos Corporativos del proyecto minero La Colosa, aseguró que la compañía no tiene ninguna posición u opinión relacionada con una posible solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.

Luego de que se conociera la pretensión de la Administración seccional, la Personería de Ibagué y otras organizaciones de llevar hasta instancias internacionales la discusión sobre la conveniencia del proyecto minero La Colosa, existe un precedente que podría ser clave para ese propósito.

Se trata del megaproyecto minero Conga, que se desarrolla en zona de influencia de Cajamarca, Perú, población que de manera coincidente, lleva el mismo nombre de la ‘Despensa agrícola de Colombia’.

Representantes del movimiento Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, en esa población Inca, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la protección de 46 líderes que se oponen al desarrollo de actividades mineras en su territorio.

La solicitud efectuada en 2011 generó sus frutos en mayo de este año, cuando la Cidh otorgó la medida cautelar a 46 líderes de la comunidad.

Ello obligó al estado peruano a ordenar medidas de protección para los opositores de la iniciativa, entre los que se encuentran población campesina e indígena.

Aunque el proyecto minero Conga se desarrolla a miles de kilómetros de la Cajamarca colombiana, la medida cautelar otorgada por la Comisión podría servir como asidero jurídico de los opositores al proyecto minero La Colosa, que se ubica a solo 14 kilómetros del casco urbano del municipio tolimense.

Panorama internacional

En una reunión efectuada entre el gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón; y el personero de Ibagué, Isaac Vargas, se determinaron los posibles efectos que, según ellos, generaría el proyecto que está en etapa de exploración.

Los dos funcionarios advirtieron que el proyecto de la multinacional Anglogold Ashanti (AGA) podría afectar las fuentes hídricas y el medio ambiente, y poner en riesgo la seguridad alimentaria de la región.

Las dos advertencias no representan una novedad, de hecho podrían parecer conclusiones trilladas si se revisan los antecedentes y la oposición que ha causado entre varios sectores de la ciudadanía tolimense el proyecto minero de AGA.

Sin embargo, las dos podrían servir como argumentos para la solicitud de medidas cautelares ante la Cidh, como opina Juan Diego Gómez Vásquez, secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), una organización de carácter sindical.

Según él, quien estuvo en la reunión del Gobernador y el Personero, con la explotación en La Colosa se violarían derechos colectivos fundamentales, que incluye recursos tan preciados como el agua.

A eso, se suma el caso de la consulta popular de Piedras, que según Gómez Vásquez, “hace parte del derecho de la actividad pública para convocar consultas populares, en el que los ciudadanos deciden si es adecuado o no aceptar el proyecto”, lo cual podría ser materia de protección por la Comisión.

En términos generales, lo que se pretende es que esas posibles violaciones a los derechos de la población sean protegidos por la CIDH, mediante una medida cautelar, situación que según el líder, puede gestarse con base en el caso del proyecto Conga de Perú.

Pero para ello, el Secretario del PSI reconoce que el caso del proyecto en Cajamarca, Tolima debe ser analizado desde ámbitos más amplios, por lo que para octubre de este año se prevé organizar y llevar a cabo un Foro internacional.

En él, participarían representantes de comunidades que han tenido que convivir cerca de proyectos mineros a gran escala y a cielo abierto como está planteado en el proyecto minero de La Colosa.

“Lo que queremos es propiciar un intercambio de experiencias entre la resistencia y la lucha que han tenido que dar las comunidades organizadas de Cajamarca, Perú, y toda la región (Tolima)”, afirmó.

Medidas cautelares

De acuerdo con la definición de la Cidh, “lo que establece el Reglamento, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente”. En cuanto a quienes pueden solicitar el mecanismo, la Cidh precisa que: “estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables”.

Estudiando el caso
Juan Diego Gómez Vásquez asegura que se está pendiente de analizar junto a algunos especialistas que han puesto casos ante la Cidh, el proceso para llevar ante la Comisión la situación de La Colosa.

Con respecto al caso específico del megaproyecto de AGA en el Cajamarca, el líder sindical afirmó que “hay varios derechos que están en juego”, y que darían lugar a presentar la solicitud ante la Cidh.

“El derecho fundamental al agua como derecho humano, el derecho a la seguridad alimentaria que se va a ver de alguna manera lesionada con el proyecto que tienen en La Colosa.

“Y el tercero, es el derecho de los pueblos de decidir por sí mismos, y que se tengan en cuenta ya decisiones tomadas por algunas comunidades, como en Piedras que le ha dicho ‘no’, mediante una consulta popular, al megaproyecto en la región”, explica Gómez Vásquez.

Y agregó que, “(…) la Comisión fácilmente puede estudiar esto, estos derechos fundamentales que están siendo violentados (…)”, aunque reconoció que no se tiene aún certeza de cómo y quién podría efectuar la solicitud de medidas cautelares, pero están explorando alternativas. Es de recordar, que de acuerdo con el reglamento de la CIDH (Ver medidas cautelares), cualquier ciudadano, comunidad, autoridad pública o ente puede solicitar ante el organismo la activación de ese mecanismo.

Un antecedente incómodo

Las comparaciones son odiosas, sin embargo, para Juan Diego Gómez Vásquez el caso del megaproyecto minero Conga de la empresa Yanacocha en Perú, no dista mucho del de La Colosa que se pretende ejecutar en el Tolima.

Aparte de afectar poblaciones que tienen el mismo nombre, Cajamarca, ambas iniciativas son de minería a gran escala y en ambos existe oposición de varios sectores de la comunidad.

De ahí parte la posibilidad planteada por Gómez Vásquez, quien opina que el caso de AGA en el Tolima no es exclusivo del Departamento, sino general, por lo cual, afirma, debe ser llevado a una discusión en escenarios mundiales.

En el caso del proyecto Conga, el líder resalta la unión y la organización de la comunidad con las autoridades públicas y las organizaciones sociales, para hacerle frente, según él, a los efectos nocivos que les ha generado el proyecto.

Y es que la petición formulada por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú en diciembre de 2011, se registró por varios motivos, que hicieron posible el otorgamiento de la medida cautelar.

Entre ellos, se enumeran una serie de agresiones contra los ‘antimineros’, como son denominados en Perú los opositores al proyecto minero Conga.

La CIDH, en su Resolución 9/2014, del 5 de mayo de 2014, que determina la medida cautelar, señala que la comunidad (campesinos e indígenas) que se ha opuesto al proyecto, se encuentra en “situación de riesgo”.

De acuerdo con el organismo con sede en Washington, en el caso del megaproyecto minero Conga, se cumplen tres requisitos fundamentales para otorgar la medida cautelar: gravedad, urgencia e irreparabilidad.

En el documento se habla de “continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia que los líderes y lideresas identificados estarían recibiendo”.

Asimismo, la Cidh en la Resolución considera que el requisito de urgencia se cumple “en la medida que los alegados factores de riesgo se han mantenido activos y han aumentado con el transcurso del tiempo”.

En referencia al tercer requisito, el de irreparabilidad, la Comisión estima que también se cumple, debido a “la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.

¿Puede parar ‘la locomotora’?

No obstante, y aunque para los grupos opositores del proyecto Conga fue un éxito el fallo de la Comisión, habría que mirar si un fallo de la Cidh puede ‘parar’ o evitar que un proyecto como el de La Colosa no se ejecute.

En el caso del megaproyecto minero Conga, no solo se solicitó la protección de las comunidades que se oponen a la extracción de oro, plata y cobre, en Cajamarca.

También se pidió la protección del territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, y esa solicitud efectuada ante la CIDH en 2012, sigue su trámite por otra vía.

Así las cosas, la Comisión no ha tomado una decisión acerca de esa petición, con la que se exigiría al estado peruano que no otorgue los permisos para la continuación del proyecto Conga, que podría ser cancelado.

Eso, en últimas, constituye el tema de fondo en el conflicto minero de Cajamarca (Perú), porque es el objetivo que persiguen los denomina dos antimineros peruanos. En cuanto al caso del proyecto La Colosa, por ahora se están pensando en solicitar medidas ca utelares para la protección de los derechos colectivos de las comunidades que se oponen a la iniciativa de AGA.

Pero así como en Cajamarca, Perú, habría que esperar si una solicitud que contenga la protección de recursos como el agua, y el resguardo de la seguridad alimentaria y el medio ambiente, podría por ende ‘parar’ la ejecución de un proyecto minero a gran escala.

La Colosa está catalogada como uno de los 10 proyectos mineros más grandes del mundo, con el que se prevé la explotación de una reserva de oro que supera los 35 millones de onzas.

Según Gómez Vásquez, las medidas cautelares no detendrían de forma definitiva la posible explotación de La Colosa, pero sí obligaría al Gobierno a repensar el proyecto.

Y, de manera adicional, opina que propiciaría que las comunidades formularan una propuesta que permita armonizar el desarrollo económico con los derechos colectivos: agua, seguridad alimentaria y el derecho a decidir si desean o no la ejecución de proyectos como el planteado para La Colosa.

“No estamos en una postura paquidérmica que estanque el desarrollo económico, necesitamos que el desarrollo económico esté armonizado con los derechos colectivos e individuales”, añade el Secretario.

Por ahora, lo único cierto es que una solicitud ante la Cidh es cada vez más factible en el caso de La Colosa, debido a antecedentes como los del Perú. Sin embargo, habría que esperar si un fallo de ese organismo puede detener el embate de un proyecto que es impulsado por la denominada ‘locomotora minera’, que es una de las banderas mejor cuidadas dentro de la actual política económica del Gobierno nacional.

Fuente: El Nuevo Dia – http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/223450-el-antecedente-en-la-cidh-que-incomoda-al-proyecto-minero-la-colosa


Hoy se dictó el mandato de detención preventiva contra Gregorio Santos por 14 meses. ¿Cuál es el caso por el que Goyo pasará una temporada en prisión? Del archivo de La República, que no es precisamente un medio pro Yanacocha:

Según el requerimiento fiscal, al que ha tenido acceso La República, Santos sería la cabeza de una organización criminal que benefició con la adjudicación de 11 obras de infraestructura pública por 130 millones de soles, desde el año 2011.

En el 2013, la Contraloría General de la República aplicó una acción de fiscalización de las actividades del Gobierno Regional de Cajamarca en el periodo 2011-2012. Como resultado, detectó una concertación entre autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca con los proveedores de este organismo para obtener supuestos beneficios ilegales.

Santos y sus colaboradores deberán responder por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho, colusión, falsificación de documentos y falsa declaración en procedimientos administrativos, entre otros.

(…)

De acuerdo con el reporte del organismo de control, Gregorio Santos dispuso latransferencia de 600 millones de soles a Prorregión para ejecutar obras públicas, entre ellas 11 que se entregaron a las empresas de Wilson Vallejos.

Ojo que el caso ya tiene bastante tiempo investigándose y hoy, durante la audiencia, se presentó bastante evidencia. Y si bien es cierto que las suspicacias se ponen a la orden cuando vemos que el asesor de Nadine Heredia es bastante amigo del gerente de Yanacocha, también resulta cierto que a Santos le han impuesto la misma medida preventiva que a otros 3 presidentes regionales (dos en prisión, uno prófugo).

Pero antes que comiencen a descorchar el Moet Chandon en Yanacocha, hay dos atingencias que hacer.

La primera es que, dado que no tiene sentencia firme, Gregorio Santos puede postular aún estando en prisión. Es más, hasta puede ganar. De hecho, ya tuvimos un caso similar en Madre de Dios hace algunos años. Y aquí la campaña en Cajamarca puede variar en su escenario, con un Goyo que tranquilamente puede victimizarse. Para complicar las cosas, el arma de la acusación de corrupción podría ser neutralizada, debido a que sus principales competidores son Absalón Vásquez – cuya trayectoria no requiere mayores comentarios – y Osías Ramírez, quien representa orgánicamente al fujimorismo. A menos, claro está, que en el lado zurdo decidan reemplazar a Santos por otro de los líderes opositores a Conga.

El segundo problema es que, incluso con Goyo en prisión, el proyecto Conga sigue siendo inviable. De un lado, por cuestiones económicas, dado que el precio actual del cobre no logra sostener la inversión que haría la empresa – incluyendo la construcción de reservorios en lugar de las cuatro lagunas que se bajarían -. Y, de otro lado, porque el problema de fondo subsiste: la desconfianza de buena parte de los cajamarquinos en Yanacocha. De hecho, en las últimas semanas se presentaron audios sobre presuntos acercamientos entre consejeros regionales y Yanacocha para financiar actividades políticas. Amen de todo el cerro de errores que la empresa ha cometido durante los últimos 20 años.

Para completar la mala imagen de la empresa, Yanacocha ha aparecido detrás de dos movidas bastante complicadas en contra de derechos fundamentales: intentos para acotar lo más posible la aplicación de la Ley de Consulta Previa y también detrás de cortarle facultades a la OEFA como parte del paquete ambiental (que solo ha pasado por la Comisión de Economía del Congreso y lo aprobaron rapidito nomás – ahí si no hay fútbol que valga -). De hecho, como cuentan en La Mula, hasta Pulgar – Vidal se está mechando con la controvertida empresa:

El ministro informa que Yanacocha -cuyo accionista principal es Buenaventura, capitaneada por Roque Benavides- ha presentado una acción de amparo destinada a eliminar el aporte por regulación, una alicuota que pagan las empresas de los sectores minería y energía para el funcionamiento del OEFA. “Yanacocha ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial argumentando que ese aporte tiene carácter confiscatorio”, contó Pulgar Vidal. Se trata de “cerrarle el caño” al OEFA. “Buscan desaparecer al OEFA y como gobierno no lo permitiremos”, ha insistido días después Pulgar Vidal.

A agosto de 2013, Yanacocha fue, con cinco procesos por incumplimiento de límites máximos permisibles o a sus instrumentos de gestión ambiental, la segunda empresa más sancionada por OEFA.

Así las cosas, puede que Goyo hasta sea condenado, pero, ni con esas la empresa minera podría ver su proyecto avanzar. Mientras, Cajamarca espera un mejor gobierno (nacional y regional) para los siguientes años.

(Foto: La República)





Jueza Mercedes Caballero acogió pedido de la fiscalía de prisión preventiva por 14 meses para Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, al considerar que si hay peligro de fuga por la gravedad de la pena que recibiría.

Luego del dictamen de la jueza, personal de la policía se acercó rápidamente donde se encontraba Santos, quien levantó los brazos antes de ser retirado a la fuerza de la sala.

Durante la audiencia, que se inició poco después de las 9 de la mañana, el fiscal Walter Delgado presentó un material que sería la prueba de los actos de corrupción que pesan sobre Santos. En esta grabación se puede oír una conversación, según un testigo, entre Gregorio Santos Guerrero, Gilmer Idrogo Cruzado y Percy Flores del Castillo.

Gregorio Santos, quien es acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión agravada contra el Estado, deberá permanecer 14 meses en prisión. Hasta el momento no se conoce a que centro penitenciario será trasladado.


(Foto: Twitter / @Caligari_Macs)

Fuente: Espacio 360 – http://espacio360.pe/noticia/actualidad/detenido-ordenan-prision-preventiva-para-gregorio-santos-0a0d#.U6ssDfl5MSN


Javier Velarde y “Coco” Salazar. Foto: Facebook

Estos días un polémico paquete de medidas para la reactivación de la economía está siendo discutido en el Congreso. Uno de los principales afectados es el Ministerio del Ambiente. En medio del debate, el propio ministro Manuel Pulgar Vidal ha señalado que la minera Yanacocha “intenta desaparecer” a la OEFA, el organismo fiscalizador del MinAm.

¿Tan grave está la cosa como para que el ministro de Ambiente se haya enfrentado directamente a Yanacocha? Al parecer sí.

En este contexto, es hora de echarle una mirada a Facebook.
Dos amigos pasean en moto

Jorge ‘Coco’ Salazar es uno de los hombres más importantes de Nadine Heredia. Aunque él diga que se trata de un mito más que de una realidad, lo cierto es que en Palacio su importancia y efectividad son más que conocidas.

Jorge Salazar, junto a Roxana Altuna, fueron quienes conversaron con Isabel Miró Quesada, la editora de la revista Cosas, para solicitarle que ciertas partes de la famosa entrevista a Nadine no se publiquen. La posición de “Coco” –como lo conocen sus amigos periodistas– al lado de la Primera Dama es privilegiada.

– Lo que pasa es que me han visto en más eventos públicos con ella que con el presidente –nos dijo. Todo es un mito, insiste.

Para alimentar el mito de ser un hombre todoterreno, hay personas que aseguran haberlo visto salir de Palacio de Gobierno, en la madrugada, manejando una Harley-Davidson a toda velocidad, rumbo a Barranco.

Coco y Javier hacen un alto en la carretera para una foto. Foto: Facebook.

Javier Velarde es el Gerente General de Yanacocha. También es el responsable de Asuntos Corporativos y Vice Presidente de Newmont.

Velarde es, además, uno de los más íntimos amigos del asesor de Nadine Heredia. Ambos pasaron juntos la fiesta de Año Nuevo y cada cierto tiempo se reúnen para disfrutar de alguna paella en un almuerzo familiar. Sin embargo, lo que más comparten es el amor por las Harley-Davidson.

Otra foto de Facebook.

Salazar y Velarde pertenecen a un grupo de aficionados a estas lujosas motocicletas que suelen dejarse ver por las calles limeñas del sur de la ciudad.

Todo indica que su amistad es más fuerte que nunca.



 Mural en Celendin, Cajamarca region, PeruFront Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas.

Tras esta visita, Front Line Defenders publica hoy un informe basado en investigación en el terreno y entrevistas con defensores de derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un video de 12 minutos sobre dicho informe ha sido asimismo producido por Front Line Defenders.

En este informe, Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades locales e indígenas y de los que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron de manera contundente el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

Fuente: Front Line Defenders – http://www.frontlinedefenders.org/node/26271


 
Editorial Noticias SER
PUBLICADO: 2014-06-19

Los recientes anuncios hechos por el ministro de Economía sobre un paquete de medidas que buscan frenar la desaceleración económica parecen ser una victoria más de los gremios empresariales que han realizado una intensa campaña mediática en contra de un conjunto de normas y políticas que forman parte de las competencias del Ministerio del Ambiente y que han sido englobadas, junto con otras normas, bajo el término de la “permisología”.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) fue creado por el gobierno de Alan García en el año 2008, sobre la base del Consejo Nacional del Ambiente, como parte de un paquete de decretos legislativos en el marco de la delegación de facultades que se dieron para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, más conocido como TLC. Es decir, nació como consecuencia de dicha negociación y no necesariamente como producto de la voluntad política de dicho gobierno.

Es bueno señalar que desde su creación hasta la fecha, los tres ministros que han estado a cargo del sector, Antonio Brack, Ricardo Gisecke y Manuel Pulgar Vidal, buscaron –con diferente ritmo y no siempre con la firmeza que se requería- el desarrollo de un conjunto de normas y políticas que permitieran cumplir con el objetivo central del MINAM que es “la conservación del ambiente y el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales”. Y es por esta razón, desde el momento mismo de su creación, que el sector ha sido visto como una amenaza a los intereses de algunas empresas que se resisten a que en nuestro país existan estándares ambientales de calidad; empresas que además han sido sancionadas por la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por diversas razones.

El problema es que no solo los gremios empresariales han estado en contra de las políticas del sector, al que ya habían logrado mediatizar frenando la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles(SENACE), sino que incluso algunos ministros del actual gabinete, como el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, se han convertido en los principales enemigos del MINAM llegando a afirmar que “la creación del ministerio del Ambiente, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás”. Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, ha declarado al diario El Comercio que “Hay trámites que demoran mucho tiempo por aspectos burocráticos, que entorpecen proyectos convenientes para el país”, refiriéndose a los plazos de aprobación de los estudios de impacto ambiental.

Es por ello que se anuncia dentro del paquete de normas medidas tales como la reducción de las competencias del MINAM en relación a las labores de fiscalización de la OEFA, a la creación de zonas reservadas o al establecimiento de los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental que ahora requerirían del voto aprobatorio del Consejo de Ministros, lo cual neutralizaría totalmente al Ministerio del Ambiente, convirtiendo al sector en un mero tramitador. Todo ello cuando los ojos del mundo se posan sobre nuestro país que se prepara a recibir a la cumbre mundial sobre el cambio climático – COP 20.

Por esta razón, Noticias SER quiere expresar su rechazo al conjunto de medidas que viene anunciando el gobierno del presidente Ollanta Humala porque, más que resolver los problemas que afectan a nuestra economía lo único que harán será resolver los problemas de algunas empresas, y sobre todo porque su aprobación significará la partida de defunción del Ministerio del Ambiente y la desprotección total de nuestros recursos naturales.

 

Hugo Fuentes y Cervando Puerta hablaron con Andrés Oliveros para poder financiar campaña contra proyecto Conga y Gregorio Santos.

Un audio en que se escucharía a los consejeros regionales de Cajamarca, Hugo Fuentes(por la provincia de Chota), así como a Cervando Puerta y José Luis Chiwan (ambos por la provincia de San Ignacio) aparentemente pidiendo dinero a un funcionario de la empresa minera Yanacocha, a cambio de continuar su oposición contra el proyecto Conga y el presidente regional Gregorio Santos Guerrero; fue difundido hoy.

El audio, que tiene un tiempo de más de 9 minutos, fue difundido por el periodista Jorge Pereira, quien invitó a conferencia de prensa y denunciar a los tres consejeros regionales, quienes acudieron al funcionario de la empresa minera, Andrés Oliveros.

En el audio se escucha como se presenta cada uno de los consejeros y exponen sus demandas, no sin antes detallar que la reunión fue una iniciativa del Hugo Fuentes.

Un tercer interlocutor inicia la reunión exponiendo las demandas de los funcionarios; incluso anunciando que los consejeros preliminarmente ya habían tomado la decisión de conformar un bloque de oposición total ante las decisiones que pueda tomar Gregorio Santos.

“El Primer Punto principal de esta coordinación, de esta forma de acción que están planteando, de este bloque de consejeros regionales, es de que ellos desea retirar sus expedientes de sus obras para encaminarlo –digamos- por el lado del gobierno central, en este presupuesto de emergencia de 6 mil millones de soles que se está canalizando para Cajamarca, pero que la aspiración de ellos es llegar a la alcaldía de sus provincias”, se escucha en el audio por un interlocutor desconocido.

Asimismo, el supuesto consejero Fuentes refuerza la idea agregando que “aparte de los proyectos tenemos que tener una base económica que nos permite poder hacer ese trabajo, sino nos va a limitar; para ver si era posible frente al riesgo que le estoy manifestando una posible ayuda económica a cada consejero de estas provincias”.

A lo que el Andrés Oliveros responde: “¿Usted lo pide a la empresa Yanacocha…?”

HUGO FUENTES: “en ese tema, a la empresa minera, toda vez que está en juego un proyecto grande…”

El consejero incluso detalla que la ayuda económica serviría para las campañas políticas que asumirían en los próximos comicios electorales, en los cuales podrían gastar hasta 6 millones de soles.

Respuestas

Tras la propagación del audio, un medio local de Cajamarca se comunicó con Hugo Fuentes, quien negó que sea su voz y acusó a sus detractores de iniciar una campaña en su contra, editando un audio cualquiera.

Por su parte, la empresa minera Yanacocha difundió un comunicado en el cual indica que iniciará una investigación para descartar cualquier conducta ilegal.

”Una vez culminada la investigación, la empresa tomará las medidas pertinentes de acuerdo con sus políticas. La política de transparencia y legitimidad asumida por la empresa nos encamina al diálogo permanente y al trabajo social que busca el desarrollo de Cajamarca”, se lee en dicho comunicado.

Fuente: La Republica –  http://www.larepublica.pe/20-05-2014/cajamarca-revelan-audio-en-que-consejeros-regionales-piden-dinero-a-yanacocha-audio